Tercera fuerza

La tercera fuerza

En la historia política colombiana del siglo XX, la expresión tercera fuerza nombra el intento —repetido, siempre frustrado— de romper el monopolio que los partidos Liberal y Conservador ejercieron sobre el poder desde el siglo XIX. Su formulación más nítida ocurrió entre 1954 y 1957 como proyecto político del general Gustavo Rojas Pinilla durante su dictadura, pero la categoría desborda ese momento: se alimenta del gaitanismo trunco de los años cuarenta y se prolonga, ya en clave electoral, en la Alianza Nacional Popular (ANAPO) hasta el fraude de 1970. En los tres momentos, la tercera fuerza aparece cuando el bipartidismo entra en crisis de legitimidad —bajo el peso de La Violencia, del deterioro dictatorial, del clientelismo del Frente Nacional— y en los tres es desactivada por una reunificación defensiva del duopolio, que responde a la amenaza cerrando filas y, cuando es preciso, reescribiendo las reglas del juego.

El antecedente gaitanista: el país real contra el país político

La primera formulación práctica de algo parecido a una tercera fuerza en el siglo XX vino de dentro del Partido Liberal, no de fuera. Jorge Eliécer Gaitán construyó en los años cuarenta un discurso que fracturaba la nación en dos: el país real —campesinos, artesanos, obreros, sectores urbanos empobrecidos— y el país político de la oligarquía bipartidista que lo administraba a sus espaldas. La distinción, deudora del socialismo liberal pero teñida de una conciencia directa de los intereses populares, no encajaba en el molde tradicional del bipartidismo: era una doctrina híbrida que apelaba a una identidad amplia de pueblo, capaz de atraer a las bases obreras por encima de la propia dirigencia sindical de la Confederación de Trabajadores de Colombia.

Gaitán llegó incluso a fundar transitoriamente un grupo disidente —la UNIR— antes de retornar al liberalismo bajo la táctica que él mismo llamó Caballo de Troya: operar dentro del partido para orientarlo hacia los intereses populares. La estrategia tuvo un éxito rotundo. En las elecciones presidenciales de 1946 se impuso al candidato oficialista liberal, Gabriel Turbay, e incluso al conservador Mariano Ospina Pérez en las grandes ciudades de concentración obrera, con la excepción de Medellín. Pero la división liberal entre Turbay y Gaitán entregó la presidencia a Ospina, pese a que la suma de los dos liberales era mayoritaria: la primera lección de que romper el bipartidismo desde adentro tenía un costo mayor que romperlo desde afuera.

Convertido en jefe único del liberalismo tras la derrota, Gaitán se enfrentó al recrudecimiento de la violencia partidista bajo el gobierno de Ospina. Convocó entonces la Marcha del Silencio en Bogotá —una multitud portando banderas negras avanzando en silencio absoluto por la carrera Séptima— y pronunció un discurso que exigía al presidente el cese inmediato de la violencia. El 9 de abril de 1948, en el centro de Bogotá, cuatro disparos de revólver terminaron con su vida. De los grandes líderes populistas latinoamericanos de la época —Lázaro Cárdenas en México, Juan Domingo Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil, Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú—, Gaitán fue el único asesinado. El hecho truncó abruptamente el único programa populista colombiano que había logrado en el siglo XX una base electoral urbana propia y una doctrina articulada.

El Bogotazo que siguió al magnicidio —saqueos, incendios, destrucción del centro de la capital y estallidos en varias ciudades— no derivó en toma del poder. La escalada de La Violencia interpartidista, iniciada con el retorno conservador en 1946 y ya reconocible como reedición de patrones desde 1930, se convirtió a partir de abril de 1948 en el telón de fondo permanente de la política colombiana. Con la muerte de Gaitán quedó abierta la pregunta que el rojismo intentaría responder cinco años después: si el bipartidismo había demostrado ser incapaz de contener la violencia que él mismo generaba, ¿qué fuerza política podía sustituirlo?

El 13 de junio de 1953: un régimen suprapartidista

El golpe militar del 13 de junio de 1953 no fue una irrupción exterior contra el sistema, sino una operación quirúrgica pactada dentro de él. El gobierno derrocado era, formalmente, el de Laureano Gómez, aunque el ejecutivo lo ejercía en la práctica Roberto Urdaneta Arbeláez como presidente encargado. El golpe fue organizado principalmente por el ospinismo cafetero, contó con el respaldo del liberalismo y con la bendición de la jerarquía eclesiástica. El sector laureanista del conservatismo quedó, desde el primer día, excluido de la coalición triunfante. Rojas Pinilla, general con fuertes lazos con el ospinismo y popular dentro de las Fuerzas Armadas, era el instrumento previsto para pacificar el país sin alterar el orden de fondo.

El régimen se autodenominó Gobierno de las Fuerzas Armadas y se presentó retóricamente como árbitro suprapartidista. En sus alocuciones iniciales, Rojas proclamó frases que marcarían el tono del período: No más depredaciones, no más sangre; llamó a la paz, la justicia y la libertad para todos, especialmente para los trabajadores y los pobres. La Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) legalizó el golpe mediante el Acto Legislativo N° 1 de 1953, declarando legítimo el título presidencial de Rojas para completar el período en curso. El régimen invocó el legado de Simón Bolívar y la doctrina social católica como pilares ideológicos unificadores.

La legitimidad inicial del rojismo se apoyó en un programa concreto de pacificación. Entre julio y septiembre de 1953, más de diez mil guerrilleros aceptaron los términos de amnistía; a finales de ese año, cerca de cinco mil desplazados habían regresado a sus hogares con asistencia estatal. Para materializar la promesa de tierra a los excombatientes y titulación de baldíos a los colonos, el gobierno expidió en julio de 1953 el Decreto 1894, que creó el Instituto de Colonización e Inmigración (ICI). Era el momento de mayor consenso: liberales, ospinistas, Iglesia y opinión pública mayoritaria respaldaban al general.

La autonomía del régimen era desde el inicio relativa. Las decisiones económicas y sociales permanecían en manos de políticos y ejecutivos vinculados a la burguesía agroexportadora, es decir, en manos de los mismos que habían pactado el golpe. Rojas era, en las primeras semanas, un presidente militar tutelado por sus patrocinadores civiles. Que ese tutelaje se rompiera —y que Rojas intentara emanciparse construyendo una base política propia— es lo que abrió el camino a la formulación explícita de la tercera fuerza.

La construcción de una base popular: SENDAS y el discurso del hombre común

El giro decisivo del régimen fue la conversión de la retórica pacificadora en una política social con destinatarios definidos: las clases populares urbanas, los desclasados de las grandes ciudades, los sectores marginales que ningún partido tradicional había representado orgánicamente desde el asesinato de Gaitán. El instrumento central de esa política fue el Secretariado Nacional de Asistencia Social (SENDAS), dirigido por María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, hija del general.

SENDAS repartió víveres, ropa y juguetes navideños en los barrios tuguriales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y desplegó una asistencia visible a ancianos y niños de sectores populares que se convertiría en uno de los pilares del apoyo popular al régimen. Los balances de enero de 1955 dieron la medida de la operación: préstamos individuales de hasta 9.000 pesos, 7,4 millones canalizados hacia campesinos y pequeños agricultores de los Llanos Orientales, otros 16,6 millones hacia 11.700 damnificados en distintas regiones y 18.500 personas atendidas directamente solo en Bogotá. La geografía de esa asistencia coincidía casi punto por punto con el mapa de la violencia reciente y con las periferias donde se concentraba la migración forzada: allí donde el país estaba más roto, el régimen depositaba su promesa social y esperaba extraer, a cambio, la legitimidad que sus patrocinadores civiles empezaban a regatearle.

La deuda con la Fundación Eva Perón resulta evidente y no fue casual: el asistencialismo estatal como cemento de una base popular al margen de los partidos, la centralidad de una figura femenina cercana al líder, el discurso del hombre común. Entre 1953 y 1957, ese discurso vinculó los intereses de las clases populares con las Fuerzas Armadas para prometer oportunidades económicas, sociales, políticas y educativas a la mayoría desprivilegiada. Rojas se distanció progresivamente del ala ospinista del Partido Conservador y retomó, con acento militar, el tono del gaitanismo: la denuncia de la oligarquía como responsable de la política partidista disfuncional.

La operación no se limitó a la asistencia. Rojas formó su propia federación laboral para competir con las federaciones dirigidas por la Iglesia Católica y por el Partido Liberal, disputando así el terreno organizativo del mundo del trabajo. El conjunto configuraba una estrategia clara: construir una clientela popular propia que permitiera al régimen sobrevivir sin depender de sus patrocinadores originales. Esa autonomización personal del general respecto de los ospinistas que lo habían llevado al poder fue percibida por el bloque de poder tradicional como una amenaza mayor que cualquier exceso represivo. Y fue esa percepción, más que ningún acto puntual, la que precipitaría su caída.

La tercera fuerza que no llegó a ser partido

Fue en ese contexto —entre 1954 y 1956— cuando el régimen formuló explícitamente el proyecto de una tercera fuerza política que rompiera el molde bipartidista. La idea era construir un movimiento integrado por los desheredados de los dos partidos tradicionales, capaz de sostener electoralmente al rojismo más allá del período constituyente. La prensa oficial lo promovió, la retórica presidencial lo enarboló, y algunos operadores políticos —figuras como Lucio Pabón Núñez— trabajaron para darle forma.

El proyecto tropezó desde el inicio con obstáculos formidables. La Iglesia Católica, que había respaldado al régimen en términos generales, rechazó explícitamente la creación de una tercera fuerza como partido obrero: el temor a un populismo laboral autónomo, con ecos del peronismo bajo tensión con el Vaticano por esos mismos años, resultó decisivo para la jerarquía. Los partidos tradicionales, por su parte, cerraron toda posibilidad de que la nueva formación reclutara cuadros de peso. Y la propia ANAC, en lugar de convertirse en instrumento de una alternativa política real, aprobó una enmienda que autorizaba al presidente a designar 25 nuevos miembros en representación de las corporaciones: un ensanchamiento del control ejecutivo sobre el órgano que legitimaba constitucionalmente al régimen, con un evidente componente reeleccionista antes que refundacional.

El resultado fue un proyecto que nunca cristalizó en organización. La tercera fuerza rojista careció de partido, de cuadros formados fuera del aparato estatal, de estructura territorial y de programa articulado. Fue un instrumento retórico de supervivencia política del régimen, no una construcción autónoma. La fragilidad era interna antes que externa: un populismo sin organización propia, dependiente del carisma personal del general y de la maquinaria asistencial del Estado, tenía muy poco con qué resistir el cierre defensivo del bipartidismo.

Y ese cierre estaba ya en marcha. Para fines de 1956, Rojas había perdido el respaldo de todos los partidos tradicionales: el laureanismo había sido el primer grupo opositor, los alzatistas —seguidores de Gilberto Alzate Avendaño— se habían separado hacia 1955, y los ospinistas pasaron a la oposición a mediados de 1956. La embajada de Estados Unidos informó ese mismo año que Rojas ya no tenía base política, aunque los partidos no parecían inclinados a derribarlo por la fuerza. El aislamiento era la condición en la que el régimen intentaba articular su tercera fuerza. Faltaban meses para el desenlace.

Represión, censura y el desgaste del pacificador

El deterioro del régimen no se explica únicamente por el cálculo de las élites partidistas. La imagen del pacificador comenzó a resquebrajarse antes, en episodios de violencia directa contra sectores sociales que el régimen había prometido escuchar. Los días 8 y 9 de junio de 1954, manifestaciones estudiantiles en Bogotá —las primeras protestas urbanas antigubernamentales desde el 9 de abril de 1948— terminaron con trece universitarios muertos, entre ellos Uriel Gutiérrez, abatidos por el Ejército. La conmoción atravesó a la dirigencia liberal y a sectores del conservatismo, y obligó a Rojas a adoptar actitudes conciliatorias. El 13 de junio de 1954, en el primer aniversario del golpe, firmó un decreto que extendía el indulto a presos por delitos explicables por extralimitación en el apoyo o adhesión al gobierno. Poco después, el gobierno nombró a un coronel como rector de la Universidad Nacional: un gesto que agravó, antes que remediar, la percepción de militarización de las instituciones civiles.

La represión estudiantil fue, en ese sentido, el primer aviso público de que la coalición del 13 de junio se estaba deshilachando: el liberalismo tomó nota, la Iglesia empezó a distanciarse en privado, y los sectores civiles del ospinismo comprendieron que el general al que habían aupado no era ya un instrumento manejable. Lo que a partir de entonces se aceleró fue una doble dinámica: el régimen endureció sus controles y multiplicó los agravios, mientras las élites desplazadas iniciaban las conversaciones que desembocarían, dos años más tarde, en el pacto de Benidorm.

En agosto de 1955, el régimen cerró los grandes periódicos liberales El Tiempo y El Espectador, junto con el conservador El Siglo. La medida silenció a las plataformas críticas justo cuando los dos partidos tradicionales avanzaban hacia un acuerdo opositor, y engrosó la lista de agravios que la coalición gobernante había acumulado contra el general. Ese mismo año, la caída de los precios internacionales del café inauguró un ciclo recesivo que erosionó el apoyo empresarial: las críticas por la intervención estatal en la economía privada se hicieron audibles, y el régimen perdió el margen fiscal con el que había sostenido la política asistencial.

La violencia rural, por su parte, no se había resuelto. Los planes de colonización del ICI fracasaron, y sus funciones, bienes y cuantiosas deudas fueron transferidas a la Caja Agraria en marzo de 1956: la promesa de tierra a los guerrilleros amnistiados quedó incumplida. Ex combatientes como Teófilo Rojas —Chispas—, que se movía entre el Tolima y el Quindío, encontraron fácil reclutar nuevos adeptos convenciendo a sus antiguos compañeros de que la paz había sido una trampa. A comienzos de 1955, el gobierno declaró varias regiones como zona de operaciones militares y lanzó la ofensiva conocida como la Guerra de Villarrica, que involucró cerca de 4.000 hombres, artillería y más de 50 aviones. La operación no quebró la resistencia campesina: provocó desplazamientos masivos hacia El Guayabero, El Pato y otras zonas del Meta, donde los desplazados conformaron columnas de marcha y fundaron nuevos asentamientos armados. Núcleos de campesinos comunistas y liberales que se habían negado a aceptar la amnistía —desconfiando de los liberales llamados Limpios— mantuvieron su organización y protegieron a la población civil que se sumaba a sus filas. Ese proceso consolidaría, en los años siguientes, los núcleos de población armada que serían el antecedente del movimiento guerrillero moderno.

Benidorm: la reunificación defensiva del bipartidismo

Con el régimen económicamente asfixiado, militarmente empantanado en el sur del Tolima y políticamente aislado, las élites desplazadas encontraron por fin la ocasión y el pretexto para pactar. El 24 de julio de 1956, en el exilio alicantino de Benidorm, España, Alberto Lleras Camargo por el liberalismo y Laureano Gómez por el conservatismo firmaron el acuerdo que sellaba la reunificación del bipartidismo contra el régimen militar. El texto planteó tres puntos fundamentales: unión de los dos partidos contra la dictadura, retorno al gobierno civil y formación de gobiernos bipartidistas. En marzo de 1957 se firmó un nuevo pacto que incorporó al sector conservador ospinista, dirigido contra la reelección de Rojas y a favor de la restauración democrática. El acuerdo se protocolizó luego en Sitges, completando el diseño de lo que sería el Frente Nacional.

La cronología no es incidental. Mientras el proyecto rojista seguía siendo, en lo esencial, una consigna sin partido, el bipartidismo se reorganizaba con velocidad y precisión. Los mismos partidos que durante ocho años se habían masacrado en el campo bajo La Violencia encontraron en la amenaza de un tercero —un régimen militar con base popular propia, con SENDAS, con federación laboral autónoma, con retórica anti-oligárquica— la razón para deponer sus diferencias. El motor del pacto fue doble: derrocar a Rojas y cerrar estructuralmente el sistema para que nadie más pudiera intentar lo que él había intentado. Pesaba sobre los firmantes la constatación de que el mandato de Rojas había comenzado a funcionar como un tercer partido capaz de desplazar a los dos tradicionales.

En mayo de 1957, la resistencia cívica —con participación decisiva de sectores económicos y universitarios— precipitó la caída del régimen. La Iglesia Católica, cuyo apoyo se había mantenido hasta mediados de 1955 y que había quedado incómoda con las muertes de estudiantes, el rechazo al partido obrero de la tercera fuerza y el atropello en la Plaza de Toros de Santamaría, retiró definitivamente su respaldo: el cardenal Crisanto Luque dirigió a Rojas una carta impugnando su reelección y pidiéndole propiciar el retorno a la democracia, carta conocida por la prensa días después de la caída. Rojas fue reemplazado por una junta militar de transición y partió al exilio en España.

El Frente Nacional: la exclusión hecha norma

El Frente Nacional, aprobado por plebiscito, estableció durante veinte años la alternancia presidencial entre los dos partidos tradicionales y la distribución paritaria de la burocracia, los ministerios, las gobernaciones, las alcaldías y las corporaciones públicas. Lo que había sido durante siglo y medio un monopolio de facto pasó a ser un monopolio de iure: la Constitución misma establecía que solo liberales y conservadores podían aspirar al poder. Cualquier partido distinto quedaba, por diseño constitucional, fuera de la contienda presidencial en igualdad de condiciones.

La lógica del pacto era clara: pacificar el país poniendo fin al conflicto interpartidista mediante el reparto milimétrico del Estado, y bloquear al mismo tiempo el surgimiento de terceras fuerzas capaces de repetir el ensayo rojista. En términos de estabilidad institucional, el Frente Nacional funcionó: las presidencias se alternaron sin sobresaltos entre Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero. En términos de calidad democrática, produjo el sistema clientelar más intensivo de la historia colombiana. Los cargos públicos fueron repartidos entre familias, subalternos y cuadros partidistas; la burocracia estatal se convirtió en el principal instrumento de reproducción electoral del sistema; la fusión entre aparatos partidistas y estructuras del Estado se hizo prácticamente indistinguible.

El costo se pagó también en el campo. El tratamiento meramente militar de los reductos campesinos heredados de La Violencia, en lugar de una solución política o social, alimentó el nacimiento de las guerrillas modernas. Durante el gobierno de Guillermo León Valencia, una operación militar con más de 16.000 hombres y apoyo estadounidense fracasó en liquidar un reducto guerrillero campesino de origen liberal en Marquetalia: el antecedente inmediato de la conformación de las FARC. El Frente Nacional no creó la violencia rural, pero al agravar los defectos estructurales preexistentes —clientelismo, corrupción, abandono de las regiones— y al cerrar las vías institucionales de expresión política, consolidó el terreno en el que la insurgencia armada echaría raíces por décadas.

ANAPO: la tercera fuerza vuelve como electorado

Rojas Pinilla recuperó sus derechos políticos por sentencia del Tribunal Superior de Bogotá el 20 de diciembre de 1966, confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 18 de octubre de 1967. La rehabilitación jurídica le permitió capitalizar una imagen que la memoria popular había preservado con notable fidelidad: la del general que había repartido víveres en los tugurios, prometido tierra a los campesinos, cerrado los periódicos de las élites. Alrededor de esa imagen construyó la Alianza Nacional Popular (ANAPO), formada nominalmente en torno a 1960 y consolidada como fuerza electoral en la segunda mitad de la década.

La ANAPO fue concebida como un movimiento de los desheredados de los dos partidos tradicionales. Sus apoyos electorales provenían principalmente de los estratos bajos urbanos, los desempleados, los inmigrantes rurales y los pobladores de tugurios en las grandes ciudades. Su plataforma era reformista antes que revolucionaria —acogía la ideología de la cogestión en las empresas y no cuestionaba la hegemonía económica del capitalismo—, pero su cuestionamiento del cierre bipartidista era frontal. En términos estructurales, la ANAPO fue la heredera directa del proyecto de tercera fuerza no consumado durante la dictadura: aquello que en 1955 había quedado en consigna oficial de un régimen se materializó, quince años después, como movimiento electoral opositor bajo el Frente Nacional.

El desenlace fue el fraude electoral del 19 de abril de 1970. La ANAPO acusó al gobierno de robar el triunfo de Rojas Pinilla en las elecciones presidenciales; miles de sus seguidores salieron espontáneamente a las calles de las principales ciudades, provocando disturbios que fueron reprimidos bajo estado de sitio. Pero Rojas llamó a la calma y no organizó resistencia activa: mientras sus colegas recogían los pedazos del partido, el general se retiró a sus propiedades en España. Fue la segunda vez que el proyecto de tercera fuerza en Colombia dependía enteramente del carisma de una figura personal y se disolvía cuando esa figura declinaba actuar.

Las consecuencias del 19 de abril se prolongaron durante décadas. La izquierda interpretó el fraude como prueba de que la vía electoral era inútil, y organizó campañas de abstención revolucionaria entre 1970 y 1978. Sectores radicales vinculados a la ANAPO —figuras como Jaime Bateman— fundaron un nuevo movimiento político revolucionario que adoptaría precisamente esa fecha como nombre: el M-19. Sus fundadores provinieron de ex miembros de las FARC, militantes radicales de la ANAPO y cuadros del Partido Comunista. La elección del nombre no era decorativa: fijaba la naturaleza cerrada del sistema político colombiano y el fraude como acto fundacional del rechazo a las reglas del Frente Nacional. La tercera fuerza, expulsada del terreno electoral, encontró en el armado un desvío que ninguno de sus impulsores originales había previsto.

AD M-19 y la Constitución de 1991: el retorno institucional

En 1990, la desmovilización del M-19 y su conversión en Alianza Democrática M-19 introdujeron por primera vez desde 1970 un actor con vocación de tercera fuerza en el juego institucional. Se trataba de un ensayo distinto a los anteriores: no un caudillo con base asistencial ni un movimiento electoral opositor bajo un sistema cerrado, sino una organización proveniente de la desmovilización guerrillera que aceptaba las reglas del juego democrático y aspiraba a modificarlas desde adentro. El precio de entrada había sido alto —el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez durante la campaña presidencial de 1990 lo dejó a la vista— y la operación se producía sobre el fondo aún caliente de la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, cuyo saldo pesaba sobre el propio movimiento y sobre la legitimidad del sistema que ahora aceptaba su incorporación.

En las elecciones presidenciales de 1990, con Antonio Navarro Wolff como candidato tras la muerte de Pizarro, la AD M-19 obtuvo una votación que la ubicó como tercera fuerza real por primera vez en dos décadas. Meses después, en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, el movimiento consolidó ese resultado: obtuvo una copresidencia junto al liberalismo y al conservatismo, y un peso doctrinal notable en el diseño de la nueva carta. La composición misma de la Constituyente —tripartita en su presidencia, plural en su integración— era ya un desmentido del blindaje bipartidista de 1957, y colocó por primera vez a un tercerismo colombiano en posición de escribir las reglas y no solo de padecerlas.

La Constitución de 1991 fue, en muchos aspectos, la primera respuesta institucional al cierre bipartidista que había definido al Frente Nacional. Introdujo mecanismos de participación ciudadana, amplió el catálogo de derechos, creó la acción de tutela y la Corte Constitucional, reconoció la diversidad étnica y cultural de la nación, y desmontó buena parte del andamiaje excluyente heredado del pacto de 1957. La AD M-19 fue uno de los actores centrales de ese diseño, y aportó nervio doctrinal en debates que iban desde la reforma del régimen político hasta el estatuto de los derechos sociales. Su presencia en la Constituyente marcó el punto más alto alcanzado por un tercerismo colombiano en el terreno institucional: por primera vez, una fuerza distinta al bipartidismo no se limitaba a impugnar el marco, sino que lo reescribía.

El desenlace, sin embargo, fue familiar. Sin maquinaria territorial, sin cuadros formados fuera del legado guerrillero, sin capacidad de sostener el impulso más allá de sus figuras fundadoras, la AD M-19 se fragmentó en las elecciones de 1994 y desapareció como fuerza autónoma poco después. Buena parte de sus dirigentes se dispersó por el arco político —algunos hacia el liberalismo, otros hacia la izquierda que en años siguientes se recompondría en el Polo Democrático—, en un patrón de absorción que el sistema había practicado ya con Gaitán, con Rojas y con la ANAPO. El logro constitucional sobrevivió al partido que lo había impulsado; el partido no sobrevivió al logro.

La huella: una categoría que no cesa

El destino histórico de la tercera fuerza en Colombia dibuja un patrón. En los años cuarenta, el gaitanismo fue neutralizado por el asesinato de su líder y por la reabsorción de sus bases en el aparato liberal tradicional. En los años cincuenta, la tercera fuerza rojista fue desactivada por la reunificación defensiva del bipartidismo en Benidorm y por su cierre constitucional en el Frente Nacional. En los años setenta, la ANAPO fue derrotada por un fraude que la propia lógica del Frente Nacional hizo funcional. En los noventa, la AD M-19 se disolvió por fragmentación interna tras alcanzar su punto más alto en la Constituyente. En los cuatro casos, el sistema respondió a la amenaza con una combinación de violencia, reglas de exclusión y absorción clientelar; en tres de los cuatro, la respuesta produjo consecuencias no previstas: el Bogotazo y La Violencia después del primer cierre, las FARC y las autodefensas campesinas después del segundo, el M-19 y la deslegitimación de la vía electoral después del tercero.

Dos fragilidades operaron a la vez. De un lado, un bipartidismo capaz de reunificarse cada vez que se sintió amenazado, dispuesto a pactar antes que a abrir el sistema y a codificar el pacto en reglas —constitucionales cuando hizo falta— que blindaran el sistema hacia adelante. Del otro, unos proyectos populistas y terceristas que sustituyeron la construcción de organización política autónoma por el carisma personal y el asistencialismo estatal, o, en el caso de la AD M-19, por el legado simbólico de la desmovilización. Ni el gaitanismo, ni el rojismo, ni la ANAPO, ni la AD M-19 construyeron partidos capaces de sobrevivir a sus fundadores; los cuatro dependieron de una figura irrepetible y de una coyuntura de crisis del bipartidismo, y los cuatro fueron capturados o disueltos con relativa facilidad cuando esa coyuntura se cerró.

Lo específico del caso colombiano no es la existencia de esos ciclos —comunes a buena parte de América Latina— sino la eficacia con que el duopolio los procesó. En otros países de la región, los populismos de mediados de siglo produjeron partidos duraderos, con maquinaria propia y capacidad de alternancia; en Colombia, la respuesta bipartidista fue lo bastante flexible para absorber lo asimilable y lo bastante dura para expulsar lo que no. La tercera fuerza quedó así atrapada en una alternancia estrecha entre el carisma que la hacía posible y la excepcionalidad —el magnicidio, el exilio, la desmovilización armada— que la traía al centro de la escena sin permitirle nunca instalarse en él. El vocabulario político colombiano posterior siguió invocando la expresión con regularidad; la historia, en cambio, muestra que cada vez que la tercera fuerza estuvo cerca de ser algo más que un nombre, encontró frente a sí a un bipartidismo dispuesto a rehacerse para impedirlo.