Pacto de Sogamoso (1951)

El Pacto de Sogamoso

En febrero de 1951, en la ciudad boyacense de Sogamoso, un grupo de hacendados y ganaderos del piedemonte llanero firmó con oficiales del Ejército un acuerdo reservado que retiraba el patrocinio económico y logístico hasta entonces prestado a las guerrillas liberales alzadas contra el gobierno de Laureano Gómez. El pacto no fue una batalla ni una emboscada: fue un realineamiento de clase. Los terratenientes que habían armado y alimentado a peones, sabaneros y baquianos convertidos en guerrilleros —para defender sus hatos de la violencia oficial y de la ofensiva conservadora sobre San Martín, Restrepo y Acacías— aceptaron entregar esa función represiva al Ejército y comprometieron a algunos representantes guerrilleros a respetar la autoridad, dedicarse al trabajo honrado y colaborar con las Fuerzas Armadas. A cambio recibieron la promesa de un Fondo Ganadero cuyos estatutos, se dijo entonces, estaban por terminarse.

El acuerdo fracasó en su propósito inmediato: las guerrillas no se desmovilizaron. Pero al romper el vínculo social que subordinaba el alzamiento a los intereses del hato, Sogamoso empujó al movimiento hacia un lugar que ni el régimen conservador ni la élite liberal habían anticipado: el de una revolución campesina con programa propio, con leyes escritas, con contribuciones forzosas sobre el ganado y con la voluntad declarada de derrocar al gobierno. Es en ese sentido —no en el de un pacto cumplido, sino en el de una traición fundacional— que Sogamoso importa: fue el momento en que la guerrilla llanera dejó de ser milicia patronal para convertirse en actor autónomo, y en que la coalición hacendados-Ejército inauguró en Colombia una forma duradera de delegación privada de la contrainsurgencia.

El mundo del hato antes del pacto

La sociedad llanera de mediados del siglo XX estaba organizada alrededor del hato ganadero y de una jerarquía rural nítida. En la cúspide, los hacendados —muchos de ellos liberales de vieja alcurnia bogotana o boyacense con propiedades en Casanare, Meta y Arauca— disponían de la tierra, del ganado y del acceso a los mercados de Sogamoso y Villavicencio. Debajo, los caporales administraban los hatos y organizaban las faenas; los vaqueros y peones vivían de un salario precario y del trabajo estacional del ganado; los conuqueros ocupaban el estrato más bajo, sin derecho a tener reses propias, sospechosos permanentes de cuatrerismo, sometidos al registro de sus viviendas por orden de los propios señores del hato. Los vegueros, cultivadores de las vegas fluviales, ocupaban una posición igualmente subalterna. Esa jerarquía era el trasfondo material de todo lo que vino después: cuando la Violencia estalló en los Llanos, quienes empuñaron las armas fueron mayoritariamente hombres de los estratos inferiores, pero quienes las pusieron en sus manos —al menos al comienzo— fueron los hacendados que ocupaban los estratos superiores.

Desde 1948, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el estallido de la persecución conservadora, la Comisaría del Meta y los territorios de Casanare, Arauca y Vichada se convirtieron en refugio de campesinos liberales desplazados de Boyacá, Cundinamarca y el Tolima. Familiares de víctimas del terror oficial, aparceros expulsados de sus parcelas, peones huidos de veredas incendiadas fueron engrosando bandas armadas que, en un primer momento, funcionaron como guardia privada de los hatos liberales frente a la ofensiva conservadora y frente a las patrullas de policía chulavita. Eliseo Velásquez, primer jefe guerrillero llanero de nombre reconocido, encarnó esa fase inicial: se alzó en armas para defenderse de la persecución del régimen y organizó los primeros comandos. Su liderazgo, sin embargo, fue rápidamente cuestionado por otros jefes que emergieron a su lado —los hermanos Bautista (Tulio, Pablo y Manuel), los hermanos Fonseca Galán (Eulogio, Jorge y Eduardo), Eduardo Franco Isaza y Guadalupe Salcedo Unda, llanero de sangre indígena nacido en Santa Helena de Cusiana—, críticos de su sectarismo y de sus errores de mando. Velásquez fue asesinado en circunstancias que quedaron opacas, y el mando pasó, hacia 1950, a un núcleo dirigente asentado en Yopal, en el que Salcedo y Franco Isaza tomaron progresivamente el timón.

Ese núcleo tenía, a comienzos de 1950, cerca de 2.500 combatientes organizados y operaba una emisora clandestina, La Voz de la Libertad, Radio Libre de Colombia, con simpatizantes en pueblos y regiones circundantes. Pero seguía siendo, en lo esencial, una fuerza patrocinada: los hacendados liberales financiaban armas, caballos y vituallas, y a cambio la guerrilla protegía sus hatos de los conservadores y del Ejército. La Dirección Liberal en Bogotá, presidida por dirigentes que oscilaban entre la denuncia periodística y el pragmatismo político, respaldó tácitamente esa arquitectura durante los primeros años. En terreno, los guerrilleros la reconocían a veces como mentor supremo, y otras veces la trataban con abierto rencor por limitarse a polémicas de gaceta mientras los campesinos eran masacrados.

La respuesta del gobierno Gómez fue frontal. El 1 de abril de 1950 firmó el decreto que creó la Jefatura Civil y Militar de los Llanos, concentrando en un solo funcionario funciones administrativas, legislativas y judiciales sobre un territorio inmenso. Poco después se creó un destacamento militar específico para la región. Se decretó que todo el que se opusiera a las Fuerzas Armadas sería considerado bandido, y se autorizaron ejecuciones sumarias a discreción de los oficiales. Las tácticas de zanahoria o garrote produjeron avances militares, aunque en ciertas zonas oficiales pro-liberales llegaron a acuerdos tácitos de vivir y dejar vivir con los rebeldes, saboteando operaciones policiales. En este contexto de ofensiva estatal y de patrocinio patronal condicionado maduró el movimiento guerrillero durante 1950. Y en ese contexto, también, empezó a producirse la fractura interna que Sogamoso vendría a formalizar.

La grieta interna: el decreto de contribución forzosa

A comienzos de 1951, el comando guerrillero llanero tomó una decisión que trastocó la ecuación completa: decretó una contribución forzosa a los propietarios de la zona. La medida buscaba dar autonomía financiera al movimiento —hasta entonces dependiente de la caridad interesada de los hacendados— y traducía una toma de conciencia progresiva sobre los límites del patrocinio. Si la guerrilla dependía del hato, la guerrilla no podría cuestionar el orden del hato. La contribución forzosa fue, en ese sentido, el primer gesto de autonomía política del movimiento: dejaba de pedir para empezar a exigir.

Los hacendados leyeron el gesto con precisión. Habían tolerado —incluso agradecido— que campesinos armados protegieran su ganado de la violencia conservadora, siempre que el arreglo no cuestionara la propiedad ni desplazara la autoridad sobre los peones. Una contribución forzosa era exactamente lo contrario: convertía a los antiguos guardianes en soberanos fiscales del territorio, con capacidad de imponer cargas sobre el patrimonio que decían proteger. La lógica del patrocinio se invertía. Y esa inversión, para la clase hacendada, era intolerable.

Fue entonces —y no antes— cuando los hacendados liberales del Llano se reunieron con militares en Sogamoso. La secuencia importa: no fue una traición gratuita ni una defección oportunista, sino una respuesta calculada a un desplazamiento estructural que ellos mismos habían contribuido a incubar. Al armar a peones y conuqueros para defender sus hatos, los hacendados habían creado una fuerza social con dinámica propia; cuando esa fuerza empezó a asumir contenido de clase, la única opción de la élite ganadera era volver a asociarse con el Estado que hasta entonces la reprimía. Sogamoso fue el nombre geográfico de esa recolocación.

Febrero de 1951: el pacto reservado

El acuerdo se firmó en Sogamoso en febrero de 1951, en condiciones de reserva que respondían a una doble incomodidad. Para los hacendados liberales, sellar un pacto con el Ejército de Gómez era un acto que, si se divulgaba, los deslegitimaba frente a su propia clientela política y frente a la Dirección Liberal en Bogotá. Para el gobierno conservador, reconocer públicamente que negociaba con notables liberales del Llano contradecía la narrativa oficial que reducía la insurrección a un asunto de bandidos. La reserva era, entonces, condición de posibilidad del acuerdo mismo.

Los términos exigidos a los representantes guerrilleros llevados o inducidos a suscribir compromisos con esa mediación eran claros: respetar la autoridad legítima, dedicarse al trabajo honrado, propender por la paz y tranquilidad del Llano colaborando con el Gobierno y las Fuerzas Armadas, y rechazar cualquier intervención extraña que buscara alterar el orden público. Ese último punto —la fórmula sobre la intervención extraña— apuntaba simultáneamente al comunismo internacional que la retórica oficial invocaba y a cualquier proyecto político que trascendiera el marco interpartidista. La contraparte gubernamental ofrecía, como concesión visible, la creación de un Fondo Ganadero, cuyos estatutos se decía terminar de redactar y que empezaría a operar apenas concluyera ese trámite.

El Fondo Ganadero no era detalle menor. Era el símbolo de lo que el pacto realmente ofrecía a los hacendados: la reconstitución del circuito económico del hato bajo garantía estatal, la restauración de un orden agrario en el que el ganado volvería a moverse hacia los mercados de Sogamoso sin sobresaltos ni contribuciones revolucionarias. Se ofrecía a los terratenientes exactamente aquello que el decreto guerrillero de contribución forzosa amenazaba: seguridad sobre su patrimonio. Y se les ofrecía por la vía institucional que hasta entonces habían rehuido por lealtad partidista.

Del lado guerrillero, el acuerdo tuvo firmantes o interlocutores parciales, no una adhesión del comando central. Salcedo y Franco Isaza —que ya se distanciaban de la línea dominada por los hacendados— no aceptaron la desmovilización. Otros comandos, más ligados económicamente a hatos específicos, sí modularon sus acciones. La ambigüedad fue, en la práctica, funcional al pacto: permitió a los hacendados retirar su patrocinio sin necesidad de una ruptura pública y espectacular, y permitió al Ejército presentar cualquier reducción temporal de hostilidades como éxito de su política.

Los meses posteriores: reconstrucción y radicalización

El pacto fracasó como instrumento de pacificación. Entre mediados de 1951 y junio de 1952, lejos de disolverse, el movimiento guerrillero llanero atravesó una etapa que sus propios protagonistas describirían después como de reconstrucción y cualificación. Los guerrilleros se sabían desprotegidos en dos frentes simultáneos: los dirigentes de la Dirección Liberal en Bogotá los habían desatendido, y los ganaderos que los habían patrocinado los habían entregado. Esa doble orfandad, paradójicamente, fue liberadora. Al quedarse sin patrones, la guerrilla quedó sin restricciones; al quedarse sin voceros nacionales, empezó a hablar por sí misma.

Salcedo consolidó en estos meses su reputación como el Terror de los Llanos. Junto con Dumar Aljure y con apoyo residual de hacendados que aún no habían roto del todo, evitó el intento conservador de conservatizar San Martín y golpeó sistemáticamente a los adversarios políticos, obligándolos a atrincherarse en Restrepo, Acacías, Guamal y Cubarral. Atacó San Luis de Palenque, causando veinticinco muertos entre la policía, y extendió su control sobre Maní, Cusiana, Guanapalo, Pauto y Cravo Sur hasta el río Meta. Alrededor del comando de Yopal se consolidó una plana mayor —Guadalupe Salcedo, Eduardo Franco Isaza, Eduardo Nossa, Dumar Aljure, Bernardo Giraldo, José Alvear Restrepo, Plinio Murillo— cuyas victorias frente a la policía y al Ejército le daban al movimiento una legitimidad militar que ningún pacto de notables podía ya revocar.

En diciembre de 1951, Alfonso López Pumarejo, con autorización del gobierno, intentó una segunda vía. Sostuvo contactos y entrevistas con jefes guerrilleros buscando un acuerdo que llevara a su desarme. El ejercicio no produjo desmovilización, pero sí una consecuencia paralela importante: contradijo, en la práctica, la narrativa oficial de que se trataba solo de bandidos. Que un expresidente se sentara a conversar con caudillos llaneros era, en sí mismo, un reconocimiento político involuntario. Los guerrilleros, sin embargo, leyeron esas gestiones con la desconfianza acumulada de años: para muchos, eran maniobras desmovilizadoras más que reconocimiento genuino, y confirmaban que la Dirección Liberal seguía prefiriendo la polémica de salón al respaldo material.

Mientras tanto, el gobierno guardaba silencio. En su mensaje presidencial de 1951, Laureano Gómez no mencionó ni al Llano ni a la rebelión llanera. El silencio no era descuido: era estrategia. La mitología republicana convertía a los Llanos en cuna de la libertad de 1819, en tierra de Páez y de la Campaña Libertadora. Reconocer que, ciento treinta años después, los llaneros se habían vuelto a alzar en armas —esta vez contra un gobierno conservador— era políticamente ruinoso para un régimen que se presentaba como custodio del orden hispánico. Ocultar la rebelión era, para Gómez, más eficaz que combatirla en el papel. En el terreno, sin embargo, la ocultación no impedía nada: los 2.500 combatientes de comienzos de 1950 se acercaban ya, en 1952, a una cifra que oscilaba entre 2.000 y 3.000 hombres armados combinando trabajos rurales con acciones militares, sostenidos ya no por el patrocinio patronal sino por la contribución forzosa que ellos mismos imponían.

Las Leyes del Llano: la autonomía convertida en programa

La consecuencia política del pacto de Sogamoso no se cifró en ninguna batalla concreta sino en un documento: la Primera Ley del Llano, redactada con la ayuda de abogados y dirigentes urbanos que se sumaron a la guerrilla para dotarla de un ideario más preciso. Esa primera ley reguló la vida económica del territorio controlado por la insurrección. Ordenó que la ganadería —principal riqueza de la región— pagara contribuciones para la revolución, y estableció que los hatos que no cumplieran a los seis meses verían su ganado confiscado. Estableció asimismo que el sostenimiento de la guerrilla se sacaría preferentemente de hatos con más de 500 reses, criterio que combinaba pragmatismo militar con demarcación de clase: eran los grandes propietarios, no los pequeños ganaderos ni los conuqueros, quienes debían financiar la revolución.

En ese articulado —cuya redacción es impensable sin la ruptura previa con los hacendados— se cifra el paso decisivo. Un movimiento patrocinado por terratenientes no puede legislar sobre el ganado de sus patrocinadores; un movimiento autónomo, sí. Las Leyes del Llano fueron el acto de habla de esa autonomía. Al escribirse en forma de ley —con articulado, con procedimientos, con plazos—, la guerrilla se comportaba como Estado dentro del Estado, ejercía soberanía fiscal sobre un territorio que le disputaba a Bogotá, y hacía explícito lo que Sogamoso había vuelto irreversible: la clase hacendada había pasado a ser adversaria.

La escalada militar acompañó la escalada normativa. Guerrilleros llaneros atacaron Orocué, causando muertes entre los soldados y bajas civiles; tomaron la base militar de Palanquero en Cundinamarca, en una operación cuya audacia rebasó el marco regional. El 22 de julio de 1952, en la emboscada de El Turpial, cayeron 96 miembros de las Fuerzas Armadas, en una de las acciones más costosas para el Ejército en toda la campaña llanera. El gobierno de Roberto Urdaneta Arbeláez —que ejercía la presidencia en ausencia de Gómez— temía ya no solo la extensión del conflicto sino algo más grave: que la relación fluida de los guerrilleros con Venezuela terminara rompiendo la unidad territorial del país. Un territorio con leyes propias, con dirigentes propios, con emisora propia y con contactos internacionales empezaba a parecerse peligrosamente a otra cosa que a una insurrección partidista.

Para 1952, un sector importante de las guerrillas llaneras había declarado explícitamente su lucha como una revolución con miras a derrocar al gobierno. El vocabulario había cambiado: ya no se hablaba solo de resistencia liberal contra la persecución conservadora, sino de revolución agraria, de defensa de la tierra y de los peones, de organización política del territorio. Salcedo se había alejado de manera definitiva de la línea patronal. La Segunda Ley del Llano, expedida cinco días después del golpe de Rojas Pinilla en 1953 y titulada Ley que organiza la Revolución en los Llanos orientales de Colombia, contenía 224 artículos y adoptó una postura aún más enérgica frente a los latifundistas ganaderos: amenazaba con la confiscación de bienes en caso de impago de contribuciones y admitía, junto a la propiedad individual, la existencia de granjas o colonias colectivas. Entre la Primera y la Segunda Ley se mide la distancia recorrida desde Sogamoso: de milicia patronal desafiante a proyecto de Estado revolucionario territorializado.

Causas de la ruptura: estructurales y coyunturales

Sogamoso no fue accidente ni traición individual. Respondió a causas estructurales y a detonantes coyunturales que conviene distinguir.

La causa estructural más profunda fue la contradicción interna del propio patrocinio. Los hacendados liberales habían armado a peones y conuqueros para defender un orden agrario del que esos peones y conuqueros ocupaban el estrato más bajo. Mientras la amenaza inmediata provino de la policía chulavita y de las cuadrillas conservadoras, la contradicción quedó suspendida: hacendados y peones compartían enemigo. Pero la propia dinámica del alzamiento —la organización militar, la constitución de comandos, el manejo autónomo de armas y de espacio— fue produciendo, mes a mes, una fuerza social con intereses propios. La contradicción entre patrón y peón, congelada por la coyuntura, comenzó a descongelarse desde el interior mismo del movimiento.

La causa estructural complementaria fue la naturaleza cambiante del liderazgo guerrillero. Velásquez —cuya trayectoria expresaba la fase patronal del movimiento— fue desplazado por dirigentes de otro perfil: Salcedo, llanero de raíz indígena, encarcelado y torturado por participar en un intento fallido de derrocar a Ospina, comprometido con la causa revolucionaria de una forma que Velásquez no había sido; Franco Isaza, con capacidad organizativa e ideario más elaborado; los Bautista y los Fonseca Galán, críticos del sectarismo. La renovación dirigente no fue efecto del pacto de Sogamoso sino condición previa de la respuesta al pacto: sin ese cuadro renovado, el movimiento no habría tenido capacidad para redactar leyes, decretar contribuciones y sostener la ofensiva militar de 1952.

El detonante inmediato fue el decreto de contribución forzosa dictado por el comando guerrillero a comienzos de 1951. Fue esa medida la que empujó a los hacendados a Sogamoso. La secuencia causal importa: no fue el pacto el que radicalizó a la guerrilla, sino la radicalización incipiente de la guerrilla la que precipitó el pacto. Pero una vez firmado, este operó como catalizador de una dinámica que no habría alcanzado la misma velocidad por sí sola: al formalizar la alianza hacendados-Ejército, cerró la posibilidad de un retorno al equilibrio anterior y obligó al movimiento a asumir plenamente su nuevo carácter.

Hubo, además, un factor coyuntural de política nacional. El régimen de Gómez había concentrado en la Jefatura Civil y Militar de los Llanos poderes excepcionales, había clasificado a todo opositor como bandido y autorizado ejecuciones sumarias. La brutalidad estatal produjo, del lado guerrillero, endurecimiento correlativo, y del lado hacendado, la percepción de que el orden solo podía restablecerse pactando con el Ejército, aun al costo de romper con los peones armados. Sogamoso fue el punto en el que esas dos dinámicas convergieron: la disciplina estatal impuesta desde Bogotá y la recolocación de clase forzada por la contribución forzosa.

Consecuencias inmediatas y de mediano plazo

En lo inmediato, el pacto no consiguió la desmovilización. Lo que consiguió, en cambio, fue reconfigurar la geografía social del conflicto. Los hacendados que hasta entonces habían sido zona de retaguardia de la guerrilla pasaron a ser zona de contribución forzosa —y, eventualmente, de confiscación—. La emisora La Voz de la Libertad siguió transmitiendo; los comandos siguieron operando; la red de simpatizantes en pueblos y sabanas se sostuvo. Pero la guerrilla ya no protegía hatos: se financiaba con hatos.

En el mediano plazo, la escalada militar de 1952 —Orocué, la toma de Palanquero, El Turpial en julio— convirtió al Llano en el frente más costoso de la Violencia para las Fuerzas Armadas. La consolidación de la plana mayor guerrillera y la expedición de las Leyes del Llano llevaron al gobierno a considerar seriamente la posibilidad de que una parte del territorio nacional quedara efectivamente bajo control revolucionario. El temor no era solo ideológico: era territorial. La fluidez de la frontera con Venezuela, la lejanía de los centros de decisión, la dificultad logística del piedemonte y de la sabana convertían al Llano en un espacio donde el Estado podía perder soberanía real, no solo simbólica.

La respuesta llegó con el golpe de Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953 y la oferta de amnistía que le siguió. En seis semanas, según reportó la propia oficina de propaganda presidencial, se rindieron 3.220 guerrilleros —incluida una contraguerrilla conservadora—, cifra que contradijo por sí sola la narrativa de bandolerismo menor que el gobierno Gómez había sostenido durante años. La rendición fue presentada oficialmente como desbandada de grupos vencidos, con caudillos convertidos en súbditos, aunque el contraste entre esa retórica y el volumen de armas entregadas —y de hombres entregados— hablaba de otra cosa: de una fuerza organizada que había alcanzado dimensión política y que aceptaba deponer las armas en un cálculo, no en una derrota militar clara.

Pero la desmovilización de las guerrillas liberales llaneras no cerró el ciclo abierto en Sogamoso: lo desplazó. La grieta que el pacto había abierto entre movimiento campesino armado y élite política liberal siguió abierta, y se profundizó cuando el Partido Comunista fue ilegalizado en septiembre de 1954 por la Asamblea Nacional Constituyente, en un clima nacional cada vez más marcado por los códigos de la Guerra Fría. Los grupos armados cercanos a los comunistas —las autodefensas de Viotá, de Sumapaz bajo Juan de la Cruz Varela, del sur del Tolima bajo Charro Negro— no entregaron las armas, y a medida que las guerrillas liberales se reintegraban colaborando con el gobierno militar, la brecha entre unos y otros se hizo estructural. Los comunistas llenaron el vacío que dejó la desmovilización liberal. La Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional celebrada en Boyacá el 15 de agosto de 1952 —con delegados del Llano, Santander, Antioquia y Sumapaz— había ya explorado, sin éxito, una alianza entre corrientes liberales y comunistas. La ruptura entre Limpios y Comunes en El Davis, en el sur del Tolima, cristalizó a finales de 1951 la imposibilidad de esa alianza. El Llano, entonces, no cerró la Violencia: la trasladó de escenario y de protagonistas.

Por qué sigue importando

Sogamoso importa por tres razones que se pueden nombrar sin anacronismo.

Primero, porque es el momento preciso en que una insurrección de guardia patronal se convierte en proyecto campesino autónomo. La distinción no es semántica: es la diferencia entre una guerra civil interpartidista —liberales contra conservadores, uno de los dos marcos clásicos de la Violencia— y una insurrección de contenido social, con leyes propias, con contribuciones sobre la propiedad y con voluntad declarada de derrocar al Estado. Sin ese tránsito, las Leyes del Llano son incomprensibles. Sin las Leyes del Llano, la genealogía del conflicto agrario colombiano posterior queda mutilada.

Segundo, porque el pacto inaugura un modelo de relación entre élites terratenientes y Fuerzas Armadas que se prolongaría, mutando de nombre y de forma, en la historia colombiana. En 1951, los hacendados liberales del Llano descubrieron que podían delegar en el Ejército la función represiva que ellos mismos habían ejercido armando peones. La lógica —el terrateniente que patrocina la fuerza que reprime al peón, y que cuando esa fuerza se le sale de las manos la reemplaza por la fuerza estatal, o por una nueva fuerza privada bajo su control— constituye un repertorio que reaparecerá con formas nuevas décadas después, cuando ya no serán hacendados llaneros liberales sino ganaderos y empresarios de otras regiones quienes activen la misma coalición. Nombrar esa continuidad no es proyectar sobre 1951 categorías que no existían: es reconocer que Sogamoso codificó por primera vez un dispositivo político que la historia colombiana no dejaría de ensayar.

Tercero, porque el pacto revela la fragilidad estructural de la alianza policlasista dentro del liberalismo. Los hacendados liberales y los peones liberales podían compartir bandera partidista y odio al chulavita, pero no compartían intereses agrarios. Bastó una contribución forzosa —el gesto elemental de la autonomía— para que la alianza se rompiera y para que la clase hacendada prefiriera pactar con sus adversarios políticos antes que aceptar la autonomía de sus aliados de clase inferior. Esa escena, replicada con variaciones en muchos momentos de la historia colombiana, define un límite duro de la política nacional: la clase alta liberal ha sido capaz, en momentos decisivos, de pactar con la derecha conservadora antes que aceptar cualquier redistribución sustantiva. En 1951, ese pacto se firmó en Sogamoso, en reserva, entre hacendados y militares. Su consecuencia inmediata fue la radicalización de la guerrilla llanera. Su consecuencia de largo plazo fue la instalación, en el imaginario político colombiano, de una desconfianza campesina hacia la promesa liberal que ninguna reforma posterior alcanzaría a disipar del todo.

De aquellos días de febrero, en una ciudad boyacense cuyo nombre casi nadie recuerda cuando se habla de la Violencia, salió más de lo que sus firmantes creyeron firmar. Salió el fin de una etapa —la de la guerrilla patronal— y el comienzo de otra que redactaría leyes, tomaría bases militares, negociaría con expresidentes y solo se rendiría, dos años y medio después, ante un general que ofrecía amnistía. Salió también, sin que nadie lo supiera entonces, el primer ensayo colombiano de un dispositivo político que seguiría reapareciendo. Los hacendados llaneros creyeron estar recuperando sus hatos. Estaban firmando, sin decirlo, el acta de nacimiento de la política agraria armada del siglo XX colombiano.