Golpe de Rojas Pinilla y amnistía a las guerrillas (1953)

El golpe del 13 de junio de 1953 y la amnistía a las guerrillas

En la mañana del 13 de junio de 1953, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, comandante de las Fuerzas Militares, desalojó del poder al presidente Laureano Gómez. El golpe fue breve, casi cortés, y contó con la bendición del ospinismo cafetero y el respaldo del liberalismo: no fue una ruptura del orden institucional sino un acuerdo entre sectores de las élites bipartidistas para sacar al país de la guerra sin tener que discutir el orden agrario que la había parido. Cinco días después, en los Llanos Orientales, la asamblea de comandantes guerrilleros aprobaba la Segunda Ley del Llano; en semanas, miles de hombres entregaban las armas al ejército; en meses, los programas de rehabilitación se habían desmoronado; y en 1957, poco después de la caída de Rojas, Guadalupe Salcedo aparecía acribillado en Bogotá. Entre esas cuatro fechas se juega la pacificación fallida de mediados del siglo XX: un desarme sin garantías que convirtió a buena parte de la guerrilla liberal en bandolerismo endémico y dejó, en los enclaves comunistas que se negaron a entregarse, la semilla de la guerra siguiente.

El país al filo del colapso

A comienzos de 1953, Colombia llevaba casi cinco años atrapada en una violencia bipartidista que había cambiado de escala. La confrontación entre liberales y conservadores, alimentada desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y desatada plenamente durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez, se había vuelto endémica: pueblos incendiados, éxodos campesinos, cuadrillas armadas por ambos partidos y regiones enteras —los Llanos Orientales, el sur del Tolima, buena parte del viejo Caldas y de Santander— fuera del control efectivo del Estado.

Laureano Gómez, elegido en 1950 sin oposición liberal, había profundizado la senda autoritaria. Enfermo, delegaba el mando en el designado Roberto Urdaneta Arbeláez, mientras impulsaba un proyecto de reforma constitucional de corte corporativista que alarmaba tanto a los liberales como al ospinismo, el ala pragmática del propio conservatismo. La violencia oficial en el campo se había recrudecido, pero la guerrilla liberal, lejos de ceder, había alcanzado su punto de mayor cohesión militar en los Llanos, con capacidad para tomarse pueblos como Orocué y bases como Palanquero.

El movimiento armado más numeroso y mejor equipado del país operaba entonces en Casanare, Vichada, Meta y Arauca, bajo el mando de figuras que la prensa oficial retrataba como bandoleros y que en sus territorios funcionaban como autoridades de facto: Guadalupe Salcedo, Eduardo Franco Isaza, Eduardo Nossa, Dumar Aljure, Bernardo Giraldo, José Alvear Restrepo, Plinio Murillo. En el Tolima, guerrillas liberales dirigidas por hacendados colonos convivían y competían con núcleos comunistas surgidos de las ligas agrarias, encabezados por hombres como Isauro Yosa. En el Sumapaz, el veterano dirigente agrario Juan de la Cruz Varela, de estirpe gaitanista, había ido convergiendo con los comunistas hasta encabezar el enclave de la región.

Ese era el mapa cuando Rojas Pinilla resolvió actuar. Comandante popular dentro de las Fuerzas Militares, vinculado políticamente al ospinismo, encarnaba una salida que muchos empezaban a ver como la única viable: interrumpir la deriva de Gómez, ofrecer una tregua a las guerrillas y devolverle al país un piso mínimo de orden.

El 13 de junio: un golpe sin resistencia

El movimiento militar del 13 de junio de 1953 desalojó a Gómez del Palacio de San Carlos sin combate. Fue, en rigor, un golpe pactado: Ospina Pérez y el ala ospinista del conservatismo lo habían orquestado con las Fuerzas Militares, y el liberalismo lo saludó con alivio. La consigna no era refundar el país sino desmontar la maquinaria autoritaria que Gómez había ensamblado y frenar su reforma constitucional.

Rojas presentó el golpe como una respuesta a la violencia que los dos partidos habían llevado al extremo, y prometió un gobierno de conciliación nacional, paz y justicia. Su discurso —modesto, católico, apelando a la doctrina social de la Iglesia, al legado bolivariano, a valores como la lealtad y la moderación— fue recibido con entusiasmo por sectores muy amplios de la opinión. La fórmula "ni victoria ni derrota" para los partidos, y "paz, justicia y libertad" para el pueblo, cristalizó un ánimo real de agotamiento.

Pero el nuevo régimen nació con una autonomía muy relativa. Las decisiones económicas y sociales quedaron en manos de políticos y ejecutivos de la burguesía agroexportadora, y la coalición de partidos que había hecho posible el golpe esperaba usar al general como transición ordenada, no como sustituto del bipartidismo. Rojas, por su parte, empezaría a explorar en los meses siguientes la idea de un movimiento político propio —el Movimiento de Acción Nacional (MAN), y luego la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT)— que se ubicara "por encima" de los partidos, en una lógica que evocaba, sin decirlo, al peronismo argentino que gobernaba entonces en el Río de la Plata.

El capital político inmediato del régimen, sin embargo, no se jugaba en Bogotá sino en los Llanos. Y allí la coyuntura ofrecía una oportunidad inédita.

La Segunda Ley del Llano y el sobresalto de la paz

El 18 de junio de 1953, cinco días después del golpe, y sin saber aún hasta dónde llegaría el nuevo gobierno, los comandantes guerrilleros de los Llanos Orientales aprobaron la Ley que organiza la Revolución en los Llanos Orientales de Colombia, conocida como la Segunda Ley del Llano. El texto, de 224 artículos, era el intento más ambicioso de estatalidad insurgente que había producido la guerrilla liberal: nombraba a Guadalupe Salcedo comandante supremo de las fuerzas revolucionarias y a Eduardo Franco Isaza jefe del estado mayor; codificaba disposiciones sobre reforma agraria —con propiedad individual y granjas colectivas—, control del ganado, organización de Fuerzas Armadas y "Estado" revolucionarios en los Llanos, y medidas de atención a la población civil.

Su contenido tenía filo social. Establecía contribuciones obligatorias para sostener la revolución y ordenaba la confiscación de bienes a los seis meses de incumplimiento; disponía que el sostenimiento militar saldría preferentemente de hatos con más de 500 reses, marcando así una postura más exigente con los grandes propietarios ganaderos. Contemplaba, además, contactos con otros grupos armados del país y declaraba formalmente la revolución contra el gobierno. La ley señalaba un umbral: la vieja alianza que había convertido a los guerrilleros en guardianes de los hatos de los hacendados liberales se estaba resquebrajando, y ahora las armas apuntaban a defender también la tierra y a los peones.

No todos estuvieron de acuerdo. Franco Isaza, considerado el idealista del grupo, se retiró de la reunión por diferencias con los comandantes de orientación comunista, dejando a Salcedo —que apoyaba la ley— como jefe supremo. Aprobada la norma, los comandantes se dispersaron por sus territorios para informar a sus seguidores.

Fue entonces cuando llegaron los primeros comunicados sobre lo ocurrido en Bogotá. La sorpresa fue completa. Los helicópteros del ejército, que hasta días antes habían sido máquinas de bombardeo, ahora repartían mensajes amistosos sobrevolando los hatos. Los guerrilleros, incrédulos, no acababan de creer que la guerra pudiera terminar así. La Segunda Ley del Llano, redactada como programa de una revolución en marcha, quedó suspendida en el aire desde el momento mismo de su firma.

El desarme en los Llanos: la apuesta de Salcedo

Las negociaciones fueron conducidas por el general Alfredo Duarte Blum, oficial de línea que se movió por los Llanos concentrando a los jefes principales en Monterrey (Casanare) y recibiendo las armas en Tame. Los guerrilleros llaneros no llegaron desnudos a la mesa: exigieron apoderados civiles, pusieron restricciones al desarme y presentaron un pliego de condiciones que la propaganda oficial minimizó pero que traducía la desconfianza acumulada. Durante la entrega de armas en Tame retuvieron unas ochenta bombas, espoletas y cerca de cuatro toneladas de dinamita con dos detonadores, con el argumento —tan pragmático como significativo— de que el ejército no estaba capacitado para manejar ese arsenal.

Salcedo fue el primero de los grandes comandantes en rendirse. Aceptó un salvoconducto militar, se comprometió a ayudar en la pacificación de la región y persuadió a cerca de cinco mil guerrilleros de que depusieran las armas. La cifra global que la propaganda oficial atribuyó al proceso en todo el país, incluida una contraguerrilla conservadora, rondó los 3.220 desmovilizados en seis semanas.

La decisión de Salcedo fue todo menos ingenua, y también todo menos indiscutible. Su preocupación central —compartida por muchos comandantes— era menos económica que política: no ser tratados como bandoleros, sino reconocidos como revolucionarios. Consideró que al menos esa demanda sería satisfecha, y sobre ese cálculo apostó. Condicionó públicamente su no retorno a la lucha armada a la existencia de "justicia, libertad, trabajo y entendimiento", entregó a sus hombres y regresó a su finca en Guariamena, cerca de Orocué.

Desde Venezuela, adonde había marchado al exilio, Franco Isaza pasaría más de un año lanzando reproches amargos: Salcedo, decía, había traicionado la revolución al rendirse sin garantías suficientes para el pueblo llanero. Varios comandantes se negaron a deponer las armas y siguieron en las sabanas. La guerrilla se disolvía, pero no unánimemente, y la pregunta de quién había cedido demasiado quedaría flotando durante años.

Tolima y Sumapaz: dos formas de entregarse

Fuera de los Llanos, la amnistía siguió una geografía más accidentada. Las primeras rendiciones incondicionales se produjeron en el Tolima central, con apoyo activo de caciques políticos locales, terratenientes y comerciantes, y fueron amplificadas por la propaganda del régimen como ejemplo para presionar al resto. Allí, los frentes guerrilleros más articulados formularon un programa de contenido democrático como respuesta a la oferta oficial.

Pero el sur del Tolima y el Sumapaz eran otro país. En esa geografía convivían dos familias guerrilleras de raíces sociales distintas: las liberales, organizadas por hacendados que habían colonizado tierra en la región y orientadas por la dirección del Partido Liberal —conocidas como "Limpios"—; y las comunistas, formadas por jornaleros y campesinos vinculados a ligas agrarias, con figuras como Isauro Yosa y un programa que reivindicaba derechos sobre baldíos —"Comunes"—. Ambas se disputaban el control territorial desde comienzos de los años cincuenta, y esa hostilidad no se disolvió con el golpe: se recompuso.

Los "Limpios" fueron sensibles al llamado del gobierno; los "Comunes" desconfiaron desde el primer momento. En el Sumapaz, Juan de la Cruz Varela ensayó una fórmula intermedia y políticamente calculada: el 31 de octubre de 1953 entregó hombres —1.200, según la prensa— para neutralizar la presión militar, pero conservó las armas útiles para prevenir la reacción latifundista. No fue una rendición sino el inicio de lo que en la región se llamó la "tregua": Varela mantuvo el control político de la zona sin desarmarse efectivamente, y en ese gesto ambiguo se prefiguraba una estrategia que los comunistas afinarían en los años siguientes bajo el nombre de autodefensa.

Mientras las guerrillas liberales entregaban armas por reconocimiento político, los comunistas reencuadraban su resistencia como defensa territorial y colonizadora. Tras la desmovilización de los liberales, el Mayor Lister —seudónimo de Isauro Yosa— entró desde El Davis a Villarrica e impulsó una intensa actividad proselitista comunista en zonas hasta entonces bajo la influencia agraria de Varela. La región se estaba reorganizando políticamente en el mismo momento en que la propaganda oficial celebraba su pacificación.

Las promesas de tierra: el ICI y la Oficina de Rehabilitación

Para dar sustancia a la amnistía y persuadir a los reticentes, el gobierno prometió tierra para los campesinos y titulación de baldíos para los colonos. El Decreto 1894 de julio de 1953 creó el Instituto de Colonización e Inmigración (ICI), con el coronel Cuervo Araoz como gerente. Al año siguiente se estableció, dependiente del Servicio Nacional de Asistencia Social (SENDAS), la Oficina de Rehabilitación y Socorro, dirigida por María Eugenia Rojas de Moreno, hija del presidente.

El diseño era vistoso, pero el andamiaje era frágil. El ICI fue liquidado apenas un año y medio después de constituido, arrastrado por los ambiciosos y fallidos planes de colonización de su gerente; en marzo de 1956 sus funciones, bienes y deudas se transfirieron a la Caja Agraria. La Oficina de Rehabilitación operó con presupuestos raquíticos y campañas publicitarias desproporcionadas frente a la escala real del problema. El propio Ministro de Guerra y los generales que habían firmado los acuerdos reconocerían, en los meses siguientes, que las promesas no se estaban cumpliendo.

A los seis meses de la desmovilización, los programas de rehabilitación seguían sin arrancar. Los campesinos que regresaron a sus tierras las encontraron ocupadas o vendidas. Las quejas se multiplicaron. Los que en 1949 y 1950 habían huido de la violencia oficial y en 1953 confiaron en la palabra del general, se encontraron en 1954 sin armas, sin tierra y sin interlocutor. El desarme había funcionado; la reincorporación, no.

Detrás del fracaso técnico había una decisión política de fondo: el nuevo régimen podía ofrecer una amnistía, pero no podía —o no quería— tocar las estructuras de propiedad que estaban en la raíz del conflicto. Las élites bipartidistas que habían patrocinado el golpe habían pactado desactivar la guerra, no redistribuir la tierra. Y sin redistribución, la pacificación era una pausa, no una salida.

La segunda violencia: rearme, ilegalización y Villarrica

En septiembre de 1954, la Asamblea Nacional Constituyente ilegalizó al Partido Comunista Colombiano. La decisión, alineada con el clima anticomunista de la Guerra Fría y con las resoluciones de la X Conferencia Panamericana celebrada ese año en Caracas, tuvo consecuencias inmediatas sobre el mapa insurgente: profundizó la línea que separaba a las guerrillas liberales reinsertadas —muchas ya colaborando activamente con el gobierno— de las autodefensas campesinas de influencia comunista, que conservaban sus armas.

Ese mismo año, Rojas permitió una incursión del ejército contra el Sumapaz cerca de Villarrica, que dejó varios campesinos muertos y abrió una fase abiertamente militar contra los enclaves rojos del oriente del Tolima. La operación desplazó población, dispersó refugiados y empujó a núcleos de resistencia comunistas y liberales provenientes de Huila, Cundinamarca y Tolima hacia el oriente, en lo que se llamó "columnas de marcha": una segunda oleada de colonización, esta vez armada y perseguida, que iría poblando las zonas remotas donde una década más tarde nacerían nuevas guerrillas.

Al mismo tiempo, y ya sin la disciplina del mando insurgente, el país se llenó de cuadrillas. Algunos jefes guerrilleros amnistiados murieron a manos del propio ejército o de rivales políticos. Otros —o sus lugartenientes— rehicieron pequeñas bandas y volvieron al monte. En el sur del Quindío operaba la cuadrilla de Chispas —Teófilo Rojas—, integrada mayoritariamente por jóvenes hijos de jornaleros; su jefe previo, Leonidas Borja alias El Lobo, había aceptado la amnistía de 1953, pero Chispas la rechazó y siguió armado. En otros corredores del centro cafetero apareció Sangrenegra —Jacinto Cruz Usma—, y con ellos toda una generación de figuras que la prensa empezó a llamar bandoleros: no ya guerrilleros con proyecto político, sino jefes locales de violencia sin bandera, encadenados a lealtades de vereda, venganzas familiares y economías de coacción.

La conversión de la guerrilla liberal en bandolerismo no fue solo un cambio de etiqueta. Fue el resultado de tres procesos entrelazados: el incumplimiento estatal, que dejó a los desmovilizados sin herramientas para reincorporarse; la muerte o marginación de los mandos con capacidad de encuadramiento político; y la persistencia de una violencia local —cuentas pendientes, tierras despojadas, enemistades sedimentadas— que ya no necesitaba consignas de partido para reproducirse.

Entre 1954 y 1957, el país vivió lo que se dio en llamar la segunda violencia: una nueva ola de venganza, bandidaje y sadismo protagonizada por grupos formados en la guerra partidista, avivada tanto por el laureanismo desplazado como por los enclaves comunistas perseguidos. Coexistió, paradójicamente, con la propaganda oficial de la paz alcanzada.

La caída de Rojas y el asesinato de Salcedo

El régimen de Rojas Pinilla se erosionó por dentro y por fuera. La represión a la prensa —clausura de El Tiempo, El Espectador y El Siglo en agosto de 1955— y la muerte del estudiante Uriel Gutiérrez y doce compañeros más durante las manifestaciones del 8 y 9 de junio de 1954 —las primeras protestas urbanas de envergadura desde el 9 de abril de 1948— cerraron rápidamente el espacio de la conciliación inicial. La ANAC había reelegido a Rojas el 3 de agosto de 1954 para el período 1954-1958, y el 7 tomó posesión; pero la legitimidad de origen se fue disolviendo en denuncias de gasto excesivo en obras públicas, malversación de fondos y una gestión económica cada vez más frágil.

En el terreno político, el intento de construir un movimiento propio —el MAN, la CNT y, más adelante, ya fuera del poder, la ANAPO— chocó con la resistencia del bipartidismo. En julio de 1956, en Benidorm, el liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el pacto que abrió el camino a una alianza entre el liberalismo y el sector laureanista para enfrentar al régimen militar, prefigurando el Frente Nacional. El aislamiento de Rojas se completó cuando la Iglesia, los gremios y la clase política tradicional convergieron contra él.

El 10 de mayo de 1957, Rojas fue depuesto. El poder pasó a una junta militar de transición que devolvió, en los meses siguientes, el gobierno al bipartidismo. Y en algún momento poco después de esa caída, Guadalupe Salcedo fue asesinado en circunstancias que nunca terminaron de esclarecerse.

Según su abogado, Salcedo fue acribillado a sangre fría, desarmado, con las manos en alto, junto a uno de sus acompañantes. La versión oficial habló de un operativo en el que hubo resistencia; los investigadores especiales que se anunciaron no llegaron a esclarecer el caso. El símbolo, sin embargo, fue inequívoco. El hombre que había persuadido a cinco mil guerrilleros de entregar las armas, que había apostado por el reconocimiento político como sustituto de las garantías materiales, y que había regresado a su finca de Guariamena confiando en la palabra del Estado, moría en circunstancias que confirmaban punto por punto los reproches que Franco Isaza le había hecho desde el exilio.

Salcedo se convirtió en el símbolo del guerrillero amnistiado y traicionado. Los insurgentes de las décadas siguientes lo recordarían como advertencia: la memoria de Guariamena entraría en el cálculo de cada mesa de negociación posterior, un pésimo referente que pesaría en el ánimo de los guerrilleros que rechazaron las amnistías del Frente Nacional y de los que vendrían después.

Lo que quedó

El balance material de la Violencia que la amnistía prometía cerrar es de una magnitud que ninguna oficina de rehabilitación estaba en condiciones de absorber. Se ha estimado en cerca de 393.648 el número de parcelas despojadas, concentradas en Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Caldas y Santander. En el Tolima, el 42,82% del total de propiedades —40.176 predios pertenecientes a 32.400 propietarios— fueron abandonadas transitoria o permanentemente, y el 46% de ese abandono se produjo precisamente entre 1955 y 1956, en pleno proceso de "pacificación". El desplazamiento tomó dos rutas: la migración hacia las ciudades —Bogotá pasó de menos de 500.000 habitantes a comienzos de los años cuarenta a 1.300.000 en 1960— y la colonización espontánea más allá de la frontera agrícola.

En ese segundo movimiento, en las columnas de marcha que huían de Villarrica y del Sumapaz hacia el oriente, apoyadas por el Partido Comunista, se estaba fraguando otra cosa. Los núcleos comunistas que rechazaron la amnistía de 1953 —desconfiando, con razón, de que los "Limpios" pudieran ser usados por el gobierno para exterminarlos— llegarían al Frente Nacional armados, con unos pocos cientos de combatientes en comunas agrícolas de regiones montañosas remotas, y desde allí se proyectarían, una década más tarde, hacia la fundación de las FARC.

El resto de las fuerzas guerrilleras se desmovilizaría con el Frente Nacional en 1958. Pero las amnistías posteriores heredarían el aprendizaje amargo de 1953: los guerrilleros habían descubierto que los pactos no se cumplían, y aprenderían a diseñar sus rendiciones —o sus rechazos— sobre esa base. Cada nueva mesa arrastraría la memoria de Guadalupe Salcedo.

Mirado desde hoy, el golpe del 13 de junio y su amnistía condensan una lección incómoda. No fueron, primariamente, un fracaso técnico: la voluntad política inicial existía, y el aparato de propaganda estaba a la altura. Fueron un fracaso estructural. Las élites bipartidistas que patrocinaron el golpe diseñaron un desarme sin reforma agraria y sin garantías institucionales; el régimen militar, atrapado entre su dependencia de esas élites y su tentación populista, no logró —ni quiso— alterar ese diseño; y el movimiento insurgente, fragmentado entre liberales dispuestos a entregarse por reconocimiento y comunistas convencidos de que la única defensa era territorial, no llegó nunca a negociar en bloque. La amnistía funcionó como desarme; no funcionó como reincorporación. Y la distancia entre esas dos palabras —desarme y reincorporación— es, en buena medida, la distancia que separa el fin de una guerra de la construcción de una paz.

En esa distancia siguen ocurriendo los procesos colombianos de dejación de armas más de setenta años después. El 13 de junio de 1953 no fue el punto en que el país se acercó a la salida y la desperdició por torpeza; fue el punto en que quedó a la vista, para quien quisiera verlo, qué era exactamente lo que ninguna amnistía podía resolver sin tocar la tierra.