Guadalupe Salcedo Unda

El llanero antes del guerrillero

Salcedo nació hacia mediados de los años veinte en Santa Helena de Cusiana, un caserío del piedemonte casanareño donde el hato ganadero organizaba la vida. Los Llanos de esa época eran una región de frontera dentro de Colombia: incorporados al orden republicano como espacio marginal pero codiciado por sus recursos, estructurados por el sistema de hatos que las élites locales usaban como mecanismo de control laboral sobre una población en la que los indígenas seguían siendo componente demográfico decisivo. Sobre esa base agraria se recortaban las figuras del trabajo llanero —conuqueros, vegueros, caballiceros, vaqueros, caporales—, las mismas que en los años cincuenta tomarían parte activa en la insurgencia. Salcedo pertenecía a ese universo, no al de los pequeños propietarios ni al de los hacendados; llegaba a la guerra desde abajo, desde la peonada de a caballo.

Su primer contacto con el Estado fue el calabozo. Antes de la guerra ya practicaba el robo de caballos y ganado —oficio menos escandaloso en el llano que en el altiplano, donde las fronteras entre la sobrevivencia y el delito eran más tajantes— y esa actividad lo llevó a prisión. Allí fue torturado y humillado, y de esa experiencia salió, según sus propios términos posteriores, con conciencia política: comprendió las demandas del pueblo llanero y se comprometió con la causa revolucionaria. La biografía que Colombia le ha construido tiende a leer ese episodio como iluminación; conviene ser más sobrio. Lo que la cárcel produjo en Salcedo fue el pase de un resentimiento personal a una lectura colectiva, un desplazamiento común entre los líderes campesinos del siglo. Al ser liberado regresó a San Pedro de Arimena y retomó, sin pausa moral, el robo de caballos y ganado. La política vendría en el mismo caballo.

El bautismo militar llegó con el ataque a San Luis de Palenque, donde su columna dio muerte a veinticinco policías. La cifra —alta para las escaramuzas del llano— le ganó el apodo con el que entraría en la memoria: el Terror de los Llanos. En pocos meses consolidó un mando territorial sobre las regiones de Maní, Cusiana, Guanapalo, Pauto y Cravo Sur hasta el río Meta, apoyándose en una red de familiares y compadres que es la arquitectura clásica del liderazgo llanero: no un partido, no un sindicato, sino el parentesco extendido operando como estructura militar. Sobre ese zócalo se armaría, después, la guerrilla más grande del país.

El teatro de operaciones: los Llanos como frontera armada

Para entender a Salcedo hay que entender el terreno que lo hizo posible. Los Llanos Orientales —Casanare, Vichada, Meta, Arauca— albergaron durante La Violencia el movimiento guerrillero más numeroso y mejor armado de Colombia. De los cerca de veinte mil hombres que llegaron a tomar las armas en el conjunto de las regiones insurgentes del país, aproximadamente la mitad operó en los Llanos. La cifra, aunque aproximada, marca la escala: ninguna otra región concentró tanta fuerza rebelde ni la sostuvo por tanto tiempo.

Esa densidad no se explica sin dos procesos previos. El primero fue la colonización de las décadas de 1930 y 1940, marcada por una distribución espacial partidaria en la que los liberales que huían de la persecución conservadora del interior engrosaron el poblamiento del llano, sumándose a una estructura de hatos y peonaje ya existente. El segundo fue la identidad regional: los Llanos habían construido, desde la participación de las milicias casanareñas en la campaña libertadora de 1819, un imaginario de libertad y capacidad guerrera que dotaba a cualquier alzamiento del piedemonte oriental de una resonancia mítica que las guerrillas del Sumapaz o del Tolima no tenían de la misma manera. Cuando la represión conservadora de los años cuarenta encontró llaneros armados, lo que encontró fue una sociedad con memoria militar propia.

El detonante inmediato fue la política. En 1949, los chulavitas —policía conservadora al servicio del gobierno de Ospina y luego de Laureano Gómez— sembraron terror en Nunchía y Támara, dos municipios casanareños donde el liberalismo era dominante. El periodista Juan Salagero Bravo, publicando en El Liberal el 4 de mayo, señaló al gobernador de Boyacá, presumiblemente siguiendo instrucciones del Directorio Conservador, como responsable de la operación cuyo objetivo era impedir que los llaneros votaran en las elecciones congresionales del 5 de junio de ese año. El fraude complementó la violencia: en Tame, el corregidor ordenó quemar las boletas después de un conteo que arrojaba 463 votos liberales contra 39 conservadores; el registrador destruyó boletas de otros municipios en presencia de un sargento del ejército. La exclusión política liberal en los Llanos no fue metáfora sino operación material, y a ella siguió el alzamiento.

Los primeros comandos fueron reactivos y locales: pequeños y grandes propietarios, ganaderos, ex militares y campesinos que respondían con las armas al terror partidista. La insurrección llanera de La Violencia fue, en su origen, una insurgencia campesina sin programa político, económico o social revolucionario. No venía de una tradición marxista ni de un proyecto liberal radical; venía del rencor concreto contra los chulavitas y de la costumbre llanera de resolver los agravios a caballo. Los hacendados liberales apoyaron esa primera fase, y la financiaron. Fue después, cuando la guerra duró más de lo esperado y sus banderas cambiaron, cuando la alianza se rompió.

Del comando local al mando unificado

La trayectoria de Salcedo entre 1949 y 1953 puede leerse como el paso del jefe local al comandante general. Al principio operaba en su radio de parentesco; hacia el final coordinaba a miles de hombres en varios departamentos. Ese ascenso no fue automático ni fue el único: los Llanos produjeron simultáneamente varios jefes de peso —Eduardo Franco Isaza, Eduardo Nossa, Dumar Aljure, Bernardo Giraldo, José Alvear Restrepo, Plinio Murillo—, y comandantes locales como los tres hermanos Bautista (Tulio, Pablo y Manuel), muertos por rivalidades internas, o los hermanos Fonseca Galán (Eulogio, Jorge y Eduardo), pequeños propietarios de Cusiana. La guerrilla llanera fue plural desde el principio, y su unificación un proceso lento.

El núcleo dirigente terminó organizándose alrededor del comando de Yopal, formado por Salcedo y Eduardo Franco Isaza. Fue ese binomio —el llanero de sangre indígena y el hombre de mayor formación política— el que dio a la insurgencia una cabeza reconocible y una capacidad de interlocución con el exterior. Los grupos guerrilleros llaneros se coaligaron bajo el mando unificado de Salcedo aproximadamente dos años después de su surgimiento; el proceso fue parcial y estuvo atravesado por tensiones entre facciones, pero produjo algo que ninguna otra región alcanzó: un comandante en jefe reconocido por la mayoría de los comandos.

En términos operativos, Salcedo dirigió entre dos mil y tres mil hombres armados que combinaban trabajos rurales con acciones militares ocasionales —el modelo del guerrillero de tiempo parcial, incrustado en la economía ganadera— y contó con el apoyo de grandes terratenientes liberales de la región. Junto con Dumar Aljure resistió el intento conservador de conservatizar San Martín, atacando sistemáticamente los reductos de la contraparte hasta presionar su repliegue. En su radio de influencia —de Maní al Meta— la autoridad efectiva no era la del gobierno de Bogotá sino la del comando guerrillero, y eso fue lo que empezó a preocupar simultáneamente al régimen conservador y al liberalismo bogotano que había pretendido dirigir la insurrección sin comprometerse con ella.

Porque el liberalismo nacional falló al llano de una manera que definiría todo lo que vino después. La Dirección Liberal Nacional nunca envió las armas prometidas a las guerrillas llaneras, y el dinero que Carlos Lleras Restrepo llegó a girar fue insignificante. Los llaneros no asistieron a la Conferencia Nacional Guerrillera celebrada en Viotá a fines de 1952, dato revelador: el movimiento armado más grande del país no participó en la instancia donde el liberalismo intentaba coordinar la insurgencia. Salcedo peleaba con lo que arrancaba en combate y con lo que aportaban los hacendados de la región. La autonomía llanera no fue un designio; fue el subproducto del abandono.

Las Leyes del Llano

Ese abandono forzó, paradójicamente, la producción del programa más elaborado de la insurgencia colombiana de los cincuenta. A medida que la guerra se prolongaba, abogados y dirigentes se sumaron a las guerrillas llaneras, y con su ayuda las conferencias de jefes guerrilleros expidieron dos textos conocidos como la Primera y la Segunda Ley del Llano. La Segunda —la más ambiciosa— fue promulgada el 18 de junio de 1953, apenas cinco días después del golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla contra Laureano Gómez. La coincidencia de fechas importa: en el momento en que Bogotá cambiaba de manos, el llano organizaba por escrito su propio orden.

La Segunda Ley del Llano se llamó Ley que organiza la Revolución en los Llanos orientales de Colombia, tuvo 224 artículos y reconoció formalmente a José Guadalupe Salcedo como comandante de las fuerzas revolucionarias y a Eduardo Franco Isaza como su jefe de estado mayor. El texto regulaba la propiedad de la tierra —contemplando formas individuales y colectivas—, el control y las contribuciones sobre el ganado, y la organización militar de las zonas insurgentes. Ordenaba el pago de contribuciones para la revolución bajo pena de confiscación a los seis meses, y establecía que el sostenimiento de la guerrilla se obtendría preferentemente de los hatos con más de quinientas reses. El detalle no es menor: al fijar en quinientas cabezas el umbral de la extracción, la ley separaba explícitamente al ganadero pequeño del hacendado, y desplazaba el gravamen hacia la clase que hasta entonces había sido aliada.

Ese desplazamiento explica el resquebrajamiento definitivo de la alianza inicial con los hacendados liberales. Cuando las guerrillas asumieron banderas de defensa de la tierra y los peones, en lugar de banderas puramente partidistas, la mitad de sus financiadores originales dejó de reconocerse en ellas. Para 1952, un sector importante de las guerrillas llaneras había reorientado su lucha hacia el derrocamiento del gobierno, alejándose de la línea dominada por los hacendados; Salcedo estaba en ese sector. La radicalización fue tardía, parcial y forzada por las circunstancias más que planeada desde el inicio, pero produjo un cambio de naturaleza: la guerrilla que Rojas Pinilla iba a encontrar en junio de 1953 no era ya la de los primeros comandos reactivos, era una fuerza con proyecto propio.

A ese proyecto se le añadía una dimensión geopolítica que aterraba al gobierno colombiano: la fluida relación de las guerrillas llaneras con Venezuela generó el temor real de una ruptura territorial y de la formación de un enclave revolucionario en la frontera oriental. Salcedo no controlaba solo un radio de acción; controlaba una zona por la que atravesaban armas, ganado, refugiados y noticias, y esa porosidad convertía al llano en una amenaza estratégica que ningún régimen en Bogotá podía dejar de considerar.

La amnistía de 1953

El 13 de junio de 1953, las Fuerzas Militares al mando del teniente general Rojas Pinilla derrocaron a Laureano Gómez. Rojas llegó al poder con una lectura de la guerrilla que se apartaba de la del presidente encargado Roberto Urdaneta Arbeláez y de la línea dura conservadora: los consideraba no como simples bandoleros sino como víctimas del abandono gubernamental y de los odios partidistas. Sobre esa premisa ofreció amnistía, y la ofreció en serio.

Las condiciones fueron dos: promesa de tierra a los campesinos y titulación de baldíos a los colonos. En julio de 1953, apenas semanas después del golpe, el Decreto 1894 creó el Instituto de Colonización e Inmigración (ICI), y se estableció además una Oficina de Rehabilitación y Socorro. El aparato institucional acompañaba la palabra empeñada. Salcedo aceptó. Persuadió a los suyos —cerca de cinco mil hombres bajo su influencia directa e indirecta— de deponer las armas, convencido de que la promesa era sincera. Entre agosto y octubre de 1953, en apenas seis semanas, rindieron las armas cerca de 3.220 guerrilleros en los Llanos, cifra que incluía una contraguerrilla conservadora; para finales de octubre las cifras oficiales reportaban 3.500 hombres desmovilizados en todo el país. Salcedo y sus principales lugartenientes se situaron en Cubarral, San Antonio y San Martín, en el Meta.

La propaganda oficial presentó la operación como una victoria del general Rojas Pinilla, a quien llamó segundo Libertador, y describió a los guerrilleros como grupos en desbandada y caudillos vencidos. La formulación importa: minimizaba la agencia política de una insurgencia que había producido un cuerpo legal de 224 artículos, y convertía en rendición lo que había sido negociación. Ese vocabulario, ejercido desde el poder en el momento mismo del pacto, prefiguraba ya la relación que el Estado iba a tener con la palabra empeñada.

Porque las promesas se incumplieron rápido. El ICI fue liquidado apenas un año y medio después de su creación, sus planes de colonización fracasaron, y en marzo de 1956 sus funciones, bienes y deudas fueron transferidos a la Caja Agraria. Seis meses después de la entrega de armas, las quejas de campesinos que al regresar encontraban sus tierras ocupadas o vendidas se habían vuelto regulares; los programas de rehabilitación nunca arrancaron con seriedad. El propio general Duarte Blum, que había firmado los acuerdos y recibido las armas, reconoció el incumplimiento de las promesas económicas. En el llano quedó un paisaje que sería recurrente en la historia colombiana: excombatientes desarmados, sin tierra, sin trabajo formal y sin la protección efectiva del Estado que había prometido reintegrarlos.

Un documento interno guerrillero de esos meses conservaba, sin embargo, un rastro de lucidez ante lo que se venía. La frase paz sin previsión, no es segura aparecía junto a la recomendación de conseguir en secreto provisión de lo que no hay remedio, mientras se declaraba trabajar furiosamente por conseguir la paz. Al menos algunos mandos —quizá el propio Salcedo, quizá su entorno— sabían que las garantías del Estado no eran garantía de nada, y contemplaban en voz baja las medidas de precaución que la retórica pública prohibía. La provisión callada era el reverso del pacto público: la duda que el llanero no podía permitirse decir en alto, pero que la experiencia acumulada le imponía prever.

El intervalo Rojas y la caída

Mientras Rojas Pinilla estuvo en el poder, cumplió su palabra con Salcedo. Entre 1953 y mayo de 1957, el líder amnistiado vivió sin ser hostigado por el Estado, aunque los programas prometidos no llegaran a materializarse. La reintegración, sin embargo, tomó formas ambiguas. Algunos ex guerrilleros desmovilizados fueron incorporados a grupos de vigilancia privada organizados por hacendados que eran ellos mismos antiguos guerrilleros convertidos en propietarios: la desmovilización derivó, en varios casos, hacia estructuras de seguridad al servicio de intereses particulares, no hacia una vida civil garantizada por el Estado. En el vacío dejado por las guerrillas liberales, los comunistas empezaron a organizar presencia política y armada en los Llanos, moviendo el eje del campo popular hacia una dirección que Bogotá vigilaría con creciente inquietud.

El 10 de mayo de 1957, Rojas Pinilla fue depuesto. Una junta militar de transición asumió el poder mientras las élites liberales y conservadoras terminaban de acordar el pacto que se llamaría Frente Nacional: alternancia obligatoria en la presidencia y reparto milimétrico de los cargos públicos entre los dos partidos. El bipartidismo volvía al centro del Estado, y con él la lógica que había producido La Violencia en el primer lugar. Salcedo era, para ese orden restaurado, una figura incómoda: no un bandolero al que se pudiera perseguir sin costo, sino un símbolo nacional cuya sola supervivencia recordaba que el Estado había reconocido y negociado con una insurgencia campesina, y que las promesas hechas no se habían cumplido.

Fue asesinado poco después. En el operativo cayó también uno de sus acompañantes y resultaron heridos tres agentes. Según la versión de su abogado, Salcedo fue acribillado a sangre fría cuando se encontraba desarmado y con las manos en alto. Las circunstancias siempre fueron confusas, y —como en tantas otras ocasiones, apunta la fórmula recurrente— se anunció el nombramiento de investigadores especiales para esclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias. El expediente no prosperó. La frase comparativa —como en tantas otras— es la clave: el patrón se repetía, y se seguiría repitiendo.

Su red

Ningún jefe llanero operó solo, y la figura de Salcedo se sostiene sobre una red de nombres que conviene ordenar. Eduardo Franco Isaza fue el hombre de mayor formación política del comando de Yopal, y con Salcedo constituyó el binomio dirigente que sostuvo el mando unificado; su firma como jefe de estado mayor de las fuerzas revolucionarias en la Segunda Ley del Llano da la medida de su peso. Dumar Aljure, comandante propio con jurisdicción sobre San Martín y áreas contiguas del Meta, fue el aliado con quien Salcedo resistió el intento de conservatizar la región; su trayectoria, más larga que la de Salcedo, se prolongaría hasta bien entrados los años sesenta. Eduardo Nossa, Bernardo Giraldo, José Alvear Restrepo y Plinio Murillo completan el círculo de los jefes principales.

Bajo ese estrato operaron los comandantes de segunda línea que sostuvieron el grueso de la guerra: los hermanos Bautista —Tulio, Pablo y Manuel—, muertos por rivalidades internas antes de que la guerra terminara; los hermanos Fonseca Galán —Eulogio, Jorge y Eduardo—, pequeños propietarios de Cusiana que aportaron a la vez soldados y legitimidad social; la trama de familiares y compadres de Salcedo que en el radio de Maní, Guanapalo, Pauto y Cravo Sur constituyó la infraestructura militar del comando central.

En el eje político nacional, los interlocutores fueron menos generosos. La Dirección Liberal Nacional, con Alberto Lleras y Carlos Lleras Restrepo entre sus figuras, prometió armas que nunca llegaron y giró un dinero que no alcanzó a cambiar nada. Del lado del gobierno estuvieron Laureano Gómez, el adversario a derrocar, y luego Gustavo Rojas Pinilla, el militar que ofreció y sostuvo la amnistía mientras estuvo en el poder. Después del 10 de mayo de 1957 los interlocutores pasaron a ser los generales de la junta de transición y las élites bipartidistas del Frente Nacional en formación: para ellos Salcedo no fue un actor con quien negociar sino un problema por resolver.

La huella

La muerte de Salcedo dejó dos huellas que se separaron con el tiempo y hoy conviene volver a juntar. La primera es política: su asesinato se convirtió en el peor referente posible para toda insurgencia colombiana posterior tentada por la vía de la negociación, el desarme y la reincorporación a la vida civil. La lección que quedó grabada en el imaginario armado del país fue directa —el que entrega las armas muere— y esa lección pesó, con nombre propio, en los cálculos de los grupos que se levantarían en los años sesenta y setenta, en las FARC, en el ELN y en las guerrillas urbanas. La desconfianza estructural de la insurgencia colombiana hacia los procesos de paz tiene, entre sus fuentes, la memoria concreta de Guadalupe Salcedo acribillado desarmado y con las manos en alto según la versión de su abogado; tiene la memoria de los cinco mil hombres que él persuadió y de las promesas incumplidas que siguieron a esa persuasión. El Frente Nacional se construyó sobre un pacto de élites que dejaba fuera al llanero desmovilizado, y esa exclusión inicial marcó por décadas la relación entre el Estado colombiano y sus insurgencias.

La segunda huella es simbólica y ha corrido con menos suerte. Salcedo pervive en la memoria colectiva asociado a un puñado de virtudes concretas —lealtad con sus hombres, habilidad estratégica, decisión, firmeza en las convicciones— y como emblema del insurrecto amnistiado y traicionado por el poder. Ha sido, sin embargo, un símbolo menos trabajado que otros de La Violencia. La reivindicación completa por la historia y por el arte —el sitial que en Colombia han ocupado, con matices, figuras como Gaitán o incluso Manuel Marulanda— se le ha demorado. Parte de esa demora es cronológica: Salcedo murió antes de que la izquierda colombiana produjera su propia historiografía, y su figura quedó incómodamente situada entre el bandolerismo social que las élites descartaban y la insurgencia comunista con la que él nunca se identificó. Parte es regional: los Llanos siguieron siendo la frontera cuya épica el centro del país consume estilizada pero no incorpora del todo a su relato.

Lo que su trayectoria sí produjo, y produjo con claridad, fue una demostración: la de que el sujeto llanero podía darse un orden propio. Los 224 artículos de la Segunda Ley del Llano, promulgados cinco días después del golpe militar de 1953, son la evidencia de que una guerrilla campesina —surgida en la reacción defensiva, mal armada por el partido que decía dirigirla, atravesada por rivalidades internas— fue capaz de codificar por escrito un régimen de propiedad, tributación, mando y guerra en el territorio que controlaba. Esa capacidad de autoorganización, arrancada al abandono más que planeada desde una vanguardia política, es probablemente la contribución más duradera de Salcedo a la historia política del país: la prueba de que la periferia sabía, cuando la dejaban, gobernarse.

El pacto que se firmó a sus espaldas en 1957 no toleró esa prueba. El Frente Nacional necesitaba que la guerra llanera fuera episodio, no antecedente; anécdota, no modelo. Al acribillar a Salcedo desarmado —o al permitir que fuera acribillado, o al no investigar cabalmente el crimen— el orden restaurado clausuró simbólicamente la posibilidad de que la insurgencia campesina de La Violencia se leyera como sujeto político, y la redujo, en la retórica oficial, a grupos en desbandada y caudillos vencidos. La historia posterior de Colombia, con sus guerras heredadas y sus paces frustradas, se ha encargado de mostrar que esa clausura fue prematura. El llano que Guadalupe Salcedo comandó volvió a alzarse muchas veces, con otras banderas y otros nombres; y la desconfianza que su muerte sembró sigue estando, con las manos en alto, en cada mesa de negociación que Colombia ha tenido con sus alzados.