Cierre del Congreso y elección de Laureano Gómez (1949–1950)

Cierre del Congreso y elección de Laureano Gómez (1949-1950)

Entre el 9 de noviembre de 1949, cuando Mariano Ospina Pérez decretó el estado de sitio y clausuró el Congreso, y el 7 de agosto de 1950, cuando Laureano Gómez se posesionó de la presidencia en un Capitolio sin parlamentarios, Colombia atravesó un quiebre institucional del que tardaría décadas en salir. En esos nueve meses, la excepción constitucional se volvió régimen ordinario, la contienda electoral se redujo a una candidatura única y el proyecto conservador dejó de ser un turno partidista para convertirse en un intento explícito de refundar el Estado sobre bases corporativas y católicas. La Violencia, hasta entonces conflicto bipartidista y descarga acumulada del asesinato de Gaitán, se acopló al nuevo régimen como instrumento de una ingeniería social conservadora, mientras en los Llanos, el sur del Tolima y el Sumapaz las primeras autodefensas liberales y comunistas se transformaban en guerrillas organizadas. Todo bajo el paraguas de una Guerra Fría recién estrenada, con Colombia enviando tropas a Corea como cuota inicial de un anticomunismo que servía tanto a Washington como a la legitimación doméstica del laureanismo.

El país que se rompe: de la Unión Nacional a la crisis de mayo de 1949

La coalición de Unión Nacional que Ospina Pérez había reconstituido tras el 9 de abril de 1948 duró apenas algo más de un año. Fue un armazón frágil desde el inicio: los liberales entraron al gabinete para contener la deriva conservadora tras el Bogotazo, pero sin capacidad real de frenar los procesos ya en marcha. Desde 1947, Ospina había impulsado la conservatización sistemática de la policía, los organismos de control del orden público y la burocracia territorial. El sistema institucional heredado de la Constitución de 1886 funcionaba con una homogeneidad partidista implacable: el presidente nombraba gobernadores, los gobernadores nombraban alcaldes y los alcaldes nombraban a todos los empleados operativos, desde la policía hasta el magisterio. Una derrota electoral era, en la práctica, una barrida completa del aparato estatal.

Sobre ese esqueleto se montó, desde 1947, la sustitución progresiva de la policía liberal por campesinos reclutados en veredas conservadoras de Boyacá, particularmente en Chulavita, del municipio de Boavita, cuyos habitantes habían profesado adhesión incondicional al Partido Conservador desde 1837. La policía chulavita nació allí, como cuerpo específicamente partidario, y su despliegue en zonas de disputa electoral fue uno de los mecanismos que hicieron imposible sostener la ficción de la Unión Nacional. La remoción de gobernadores liberales, la politización del ejército, la división interna del liberalismo entre las tendencias de Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos y las bases gaitanistas huérfanas, y el hostigamiento sistemático a los electores liberales en las regiones fueron cerrando el espacio.

En mayo de 1949, los liberales abandonaron el gobierno alegando falta de garantías. La ruptura no fue un evento sino la consumación de un proceso. Laureano Gómez, refugiado en la España franquista desde el 9 de abril del año anterior, regresó al país en junio de 1949 para reclamar su turno en la sucesión presidencial. Su presencia radicalizó la lucha faccional dentro del conservatismo: el ala ospinista, más pragmática y ligada al gremio cafetero, convivía con dificultad con el laureanismo doctrinario, hispanista, católico integral. Gilberto Álzate Avendaño encarnaba una tercera vía nacionalista que tampoco cabía en la coalición.

Con mayoría parlamentaria, el liberalismo intentó jugar la carta institucional. Presentó un proyecto de reforma electoral que los conservadores bautizaron contrarreforma: adelantaba las elecciones presidenciales de mediados de 1950 a noviembre de 1949, y aplazaba la revisión del registro de cédulas hasta la posesión del nuevo presidente. El cálculo era transparente: impedir que el gobierno de Ospina completara la depuración del censo electoral —que los liberales consideraban un mecanismo de exclusión y los conservadores un saneamiento contra cédulas fraudulentas— y forzar unas elecciones antes de que la conservatización del aparato estatal terminara de asfixiar cualquier oposición.

El tiroteo en el hemiciclo

La reforma se debatió en un clima de agresividad extrema. En la madrugada del 8 al 9 de septiembre de 1949, en una sesión de la Cámara de Representantes que se había reanudado desde la noche anterior para tramitar el proyecto, el representante conservador boyacense Carlos del Castillo insultó al liberal Gustavo Jiménez Jiménez —presidente del directorio liberal de Boyacá y vocero del electorado llanero de Casanare y Arauca— llamándolo hijo natural y, empuñando su revólver, le gritó "¡Reaccione, reaccione!". Se desató un tiroteo generalizado en pleno hemiciclo. Los testigos hablarían después de cuarenta disparos, o de cuarenta y ocho armas, según el recuento. Antes de la sesión se había dispuesto que los representantes ingresaran desarmados; los conservadores, en su mayoría, entraron armados. Del lado liberal, solo Jiménez y otro representante llevaban armas: ese segundo hombre respondió al fuego y, según los testimonios, salvó la vida del resto de sus copartidarios.

Gustavo Jiménez cayó muerto en el recinto. Jorge Soto del Corral, exministro liberal que había defendido el proyecto de reforma electoral, resultó herido y murió pocos meses después. Entre los conservadores, el exgeneral Amadeo Rodríguez disparaba con la pistola apoyada sobre la muñeca de la mano izquierda; el representante Ricardo Silva quedó herido.

El proyecto, pese al baño de sangre —o quizá por él—, se aprobó. Ospina lo objetó por inconveniencia e inconstitucionalidad, pero la Corte Suprema de Justicia declaró la exequibilidad de la ley y el presidente se vio obligado a sancionarla contra su voluntad. Las elecciones quedaron adelantadas. La imagen del hemiciclo con un cadáver en el suelo se instaló en el país como signo: si el Congreso, sede simbólica del pacto republicano, era ya un campo de tiro, la contienda por venir difícilmente podría llamarse elección.

El decreto del 9 de noviembre

Con las elecciones convocadas para el 27 de noviembre de 1949 y sin posibilidad legal de detenerlas, Ospina optó por la vía más radical. El 9 de noviembre decretó turbado el orden público, declaró el estado de sitio en todo el territorio nacional y cerró el Congreso. En el mismo movimiento, modificó el régimen de votación de la Corte Suprema de Justicia —cuya reciente exequibilidad de la reforma electoral había resultado tan costosa—, impuso censura sobre la prensa, el correo, los telegramas y las llamadas telefónicas, y comenzó a gobernar por decretos-leyes hasta el fin de su mandato.

La decisión tenía dos caras. Formalmente era una medida de excepción, prevista por la Constitución para situaciones extraordinarias de orden público. Materialmente era un golpe: suprimía al poder legislativo justo cuando el liberalismo tenía mayoría en él, sometía al judicial a un régimen procesal alterado por decreto y silenciaba a la opinión pública. La notificación que los presidentes liberales del Congreso habrían recibido sobre una posible acusación constitucional contra el presidente aparece en el fondo del episodio como uno de los detonantes inmediatos, aunque el acto en sí quedó sellado por el propio decreto que cerró la puerta.

El estado de sitio, medida constitucionalmente excepcional, se volvió a partir de ese día un instrumento ordinario de gobierno. Lo que se decretó en noviembre de 1949 no se levantó al terminar la crisis: se mantuvo durante toda la presidencia de Gómez y se convirtió en la forma normal de administrar el país. La excepción devino régimen. Ese fue el cambio más duradero del período: Colombia no volvería a gobernarse plenamente sin herramientas de emergencia hasta muy entrada la segunda mitad del siglo.

La elección sin oposición

En las tres semanas que mediaron entre el cierre del Congreso y la fecha electoral, cualquier esperanza liberal de participar se desvaneció. Sin prensa, sin garantías regionales, con la policía chulavita desplegada en zonas de disputa y los pájaros —la red paramilitar civil que operaba desde el Valle del Cauca bajo el liderazgo de León María Lozano, el Cóndor— actuando como fuerza itinerante de intimidación, la campaña era imposible. Darío Echandía, jurista respetado y figura moderada del liberalismo, había sido señalado como el candidato del partido.

El 25 de noviembre, dos días antes de las elecciones, Echandía caminaba por la carrera 13 de Bogotá acompañado de su hermano Vicente y un grupo de amigos, estudiantes y simpatizantes cuando el grupo fue atacado a tiros. Vicente Echandía murió en el ataque. El episodio, en el corazón mismo de la capital y contra el candidato presidencial de uno de los dos partidos históricos, cerró simbólicamente la campaña. El liberalismo se retiró de la contienda antes de la votación.

El 27 de noviembre de 1949, bajo estado de sitio, con censura de prensa y con el liberalismo abstenido, Laureano Gómez Castro fue elegido presidente de la República con 1.140.619 votos. Era el único candidato. La cifra, en sí misma, no medía respaldo: medía la disciplina de un aparato conservador que se había hecho con todos los resortes del Estado en dos años y medio.

La posesión en el Capitolio vacío

Entre diciembre de 1949 y agosto de 1950, Colombia vivió una suerte de interregno. El Congreso seguía cerrado. Ospina gobernaba por decreto. La violencia rural se intensificaba: los chulavitas actuaban en Boyacá y en los Llanos —donde ya operaban en municipios como Nunchía y Támara desde abril de 1948—, los pájaros extendían su acción por el Valle, el norte de Caldas y Risaralda, y las primeras autodefensas campesinas liberales tomaban forma en el sur del Tolima, el Sumapaz y los llanos de Casanare, Meta y Arauca.

El 7 de agosto de 1950, Laureano Gómez tomó posesión de la presidencia. No pudo hacerlo, como manda la tradición, ante el Congreso pleno, porque el Congreso seguía disuelto por el decreto de estado de sitio firmado por su antecesor. La ceremonia se realizó en el salón elíptico del Capitolio Nacional ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Domingo Sarasty. El nuevo presidente asumía sin contrapeso parlamentario y sin oposición electoral real, con todos los poderes extraordinarios del estado de sitio, incluidas la suspensión del habeas corpus y la posibilidad de sustraer conductas políticas de la jurisdicción ordinaria.

La escena era simbólicamente exacta: un hombre que había pasado buena parte del año anterior en la España de Franco asumía la presidencia de Colombia en un Capitolio sin Congreso, jurando ante un magistrado en lugar de ante los representantes elegidos por el pueblo. Todo lo que vendría después estaba condensado en esa imagen.

El proyecto de refundación: corporativismo, Iglesia y anticomunismo

Gómez no llegaba a administrar la crisis: llegaba a refundar el país. Su proyecto, decantado durante décadas de polémica hispanista y católica, tenía una arquitectura reconocible: transformar el Congreso en un cuerpo parcialmente corporativo, con una cámara alta integrada por asociaciones patronales y profesionales, organizaciones laborales, la Iglesia y otros cuerpos intermedios, en lugar de por representantes elegidos por sufragio individual. La inspiración era falangista, no fascista en sentido estricto, y bebía del corporativismo hispánico de Franco más que de la experiencia italiana o alemana.

Ese proyecto suponía, en la lectura de Gómez, que la democracia liberal —individualista, sufragista, secularizante— era el vehículo por el que Colombia estaba a punto de caer bajo la Cortina de Hierro. En su retórica, liberalismo y comunismo eran variantes del mismo mal moderno: el ataque contra el orden tradicional cristiano. Entre sus enemigos incluía no solo al Partido Liberal sino a los movimientos campesinos, sindicales y populares surgidos en los años treinta bajo la República Liberal de López Pumarejo. La reforma agraria del 36, las federaciones sindicales, las ligas campesinas del Sumapaz y el Tequendama: todo eso formaba, en la lectura laureanista, una misma amenaza continua.

La Iglesia católica actuó, con notables excepciones individuales, como pilar institucional del régimen. Puso su peso del lado del poder, anatematizó a la oposición desde los púlpitos y colaboró en la ejecución de planes oficiales a través de organizaciones como FANAL. Monseñor Ismael Perdomo, arzobispo de Bogotá durante los años decisivos, encarnó esa alianza. El Concordato de 1887 seguía vigente y otorgaba a la Iglesia atribuciones sobre educación, matrimonio y ordenamiento moral. Esas atribuciones sirvieron ahora como red institucional del proyecto laureanista.

El anticomunismo no era un accesorio retórico sino un principio articulador. El gobierno colombiano llegó a afirmar que había setenta mil comunistas en el país —cifra que los propios diplomáticos estadounidenses consideraban groseramente inflada— y esa magnificación cumplía dos funciones: legitimar la represión doméstica y ganar posiciones ante Washington. En 1950 Colombia envió tropas terrestres a la Guerra de Corea, uno de los pocos países latinoamericanos que puso soldados en combate en el conflicto, y aportó la fragata Almirante Padilla, única de la armada nacional. El Batallón Colombia dejaría en la península coreana 163 muertos, 448 heridos, 28 prisioneros canjeados y 47 desaparecidos.

La participación en Corea fue, como se dijo entonces, una cuota inicial para ganar el favor de Washington. En 1952 Colombia firmó con Estados Unidos un acuerdo bilateral bajo el Military Assistance Program para provisión de armas, equipos y entrenamiento. El ejército colombiano, que durante el siglo XIX y buena parte del XX había seguido la doctrina prusiana de guerra convencional, comenzó su americanización: oficiales como Alberto Ruiz Novoa y Álvaro Valencia Tovar, formados en la experiencia coreana, se convertirían más adelante en figuras clave de la doctrina contrainsurgente y llegarían a ministros de Guerra. En 1953, tras el retorno del batallón, se creó el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), con foco en el espionaje anticomunista y las campañas de propaganda: un macartismo criollo.

La respuesta armada: llanos, Tolima, Sumapaz

Mientras Gómez articulaba en Bogotá y ante Washington su proyecto de refundación, en las regiones se organizaba la respuesta. La conservatización de la policía y de la burocracia local, la actuación de chulavitas y pájaros, y las matanzas en distritos de mayoría o empate liberal —que en algunos casos alcanzaron decenas o centenares de víctimas por acción, con pueblos arrasados— forzaron a los campesinos liberales a armarse. En noviembre de 1949, el Partido Comunista Colombiano llamó a la autodefensa de las masas. En muchas regiones, esa consigna coincidió con resistencias que ya emergían entre los liberales gaitanistas huérfanos.

En los Llanos Orientales —Casanare, Vichada, Meta, Arauca— se formó el movimiento guerrillero más numeroso y mejor armado del país, con capacidad para tomarse bases militares como Palanquero y poblaciones enteras como Orocué. Guadalupe Salcedo emergió como uno de sus comandantes centrales, junto con Eduardo Franco Isaza, Dumar Aljure y otros jefes. Salcedo y Aljure, con apoyo de hacendados liberales, frenaron el intento chulavita de conservatizar San Martín. Los hacendados apoyaron inicialmente esa resistencia, pero la alianza se resquebrajó cuando las guerrillas asumieron banderas propias de defensa de la tierra y los peones.

En el sur del Tolima, la geografía fue distinta. Allí operaron guerrillas liberales bajo el liderazgo de Gerardo Loaiza, y guerrillas comunistas organizadas en torno al campamento de El Davis, en Rioblanco, bajo el mando de Isauro Yosa —el Mayor Lister—, Jacobo Prías Alape —Charro Negro— y Raúl Valbuena, alias Baltasar. Durante un tiempo hubo un mando unificado, pero la unidad fue temporal: hacia finales de 1951 el conjunto se dividió en dos sectores, los Comunes (comunistas) y los Limpios (liberales), con ruptura definitiva en 1952. La diferencia iba más allá de la táctica: los Limpios defendían la propiedad privada y la filiación al Partido Liberal; los Comunes actuaban orientados por el Partido Comunista, con un programa que reivindicaba derechos sobre tierras baldías y garantías políticas.

En agosto de 1952, la Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional —conocida como Conferencia de Boyacá— reunió a delegados de guerrillas del Llano, Santander, Antioquia y Sumapaz. Fue el intento más ambicioso de coordinación nacional del movimiento armado liberal-comunista. Para entonces, un sector importante de las guerrillas llaneras había declarado su lucha como revolución con miras a derrocar al gobierno.

La geografía de La Violencia se cristalizó en ese período. Al terminar el ciclo, el despojo alcanzaría unas 393.648 parcelas, concentradas en Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima, Antiguo Caldas y Norte de Santander. Las estimaciones de víctimas mortales del conjunto de La Violencia bipartidista han oscilado entre 200.000 y 300.000, aunque análisis demográficos más recientes reducen las víctimas directas del período 1949-1959 a entre 39.142 y 57.737. Cualquiera de esas cifras, en un país de once millones de habitantes, constituía una hemorragia demográfica.

Las raíces del quiebre

El quiebre de 1949-1950 tuvo raíces estructurales que venían de lejos y detonantes puntuales que se apilaron en pocos meses.

El sistema burocrático heredado de la Regeneración funcionaba como una máquina de suma cero: quien perdía la presidencia perdía todo el aparato estatal, hasta la policía y el magisterio del último municipio. Ese diseño convertía cada transición partidaria en una amenaza existencial para el partido saliente y estimulaba el fraude, la violencia electoral y la instrumentalización de la fuerza pública. La República Liberal (1930-1946) había ejercido esa lógica en su turno; el retorno conservador con Ospina en 1946 la ejerció con intensidad creciente. La homogeneidad partidista del Estado era una bomba de tiempo institucional.

A esa estructura se sumaba una fractura de clase encubierta bajo ropaje bipartidista. Las organizaciones campesinas y sindicales surgidas en los años treinta, las ligas del Sumapaz y del Tequendama, las federaciones obreras, la reforma agraria del 36, habían generado un tejido popular que amenazaba las estructuras de propiedad y poder rural. La conservatización de la policía y la acción de los pájaros —apoyados por terratenientes— apuntaban también contra ese tejido. La Violencia tuvo desde el inicio dos niveles: uno partidista, expresado en el campo con matanzas en distritos de empate o mayoría liberal; y uno clasista, expresado en la represión sistemática de organizaciones populares y sindicales. Ambos se retroalimentaron.

El tercer plano estructural era la fractura intraconservadora. El ospinismo cafetero y el laureanismo doctrinario no coincidían ni en programa ni en estilo. La lucha entre ambas facciones se agudizó desde las elecciones legislativas de septiembre de 1951, cuando la abstención liberal redujo la contienda a una disputa intraconservadora. Esa fractura resultaría decisiva para la salida de la crisis.

Los detonantes coyunturales fueron tres. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, destruyó la contención mutua entre partidos y liquidó al liberalismo popular. La reforma electoral liberal de 1949, que buscó frenar la conservatización adelantando las elecciones, provocó el tiroteo del hemiciclo. Y el retorno de Laureano Gómez desde España en junio de 1949 radicalizó la posición conservadora y aportó el proyecto ideológico que la crisis institucional convirtió en oportunidad refundacional.

Consecuencias inmediatas: el régimen que no supo terminar

Gómez gobernó bajo estado de sitio permanente durante toda su presidencia. Su proyecto de reforma constitucional corporativista avanzó formalmente pero nunca se concretó del todo. La combinación de autoritarismo doctrinario, sectarismo antiliberal y ambición refundacional le enajenó incluso a buena parte de su propio partido. El ospinismo cafetero se distanció progresivamente. Los sectores empresariales moderados, la prensa que sobrevivía a la censura y facciones liberales que oscilaban entre la resistencia armada y la negociación fueron confluyendo en una oposición amplia.

El 13 de junio de 1953, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla —con fuertes lazos con el ospinismo y popularidad interna en las Fuerzas Armadas— derrocó a Gómez. El golpe fue organizado por el ospinismo cafetero con apoyo del liberalismo. No fue una iniciativa autónoma de las Fuerzas Armadas al estilo de otras dictaduras latinoamericanas del período: fue una salida negociada entre facciones de las clases dominantes que ya no soportaban al laureanismo. El plan original era que Rojas pacificara el país y devolviera el poder a los sectores moderados de los dos partidos.

Rojas decretó una amnistía hacia julio de 1953 y logró que entre agosto y octubre de ese año el grueso de las guerrillas llaneras entregara las armas. El Decreto 1814 del 13 de junio de 1953 trasladó la policía al Ministerio de Defensa y la convirtió en fuerza nacional, primer paso para desmantelar sus expresiones subnacionales politizadas. El Partido Comunista, sin embargo, optó por no aceptar la oferta y reencuadró su resistencia como autodefensa campesina, sin desmovilizarse. Rojas ilegalizaría más tarde al partido y con esa medida terminaría fortaleciendo, paradójicamente, los grupos armados del Sumapaz, el Tequendama, el sur del Tolima y el norte del Cauca.

Cuando Rojas quiso perpetuarse en el poder con un proyecto populista propio, la coalición que lo había llevado al gobierno lo derribó en mayo de 1957. Liberales y conservadores formalizaron entonces el Frente Nacional: dieciséis años de reparto milimétrico del poder, alternancia presidencial y paridad burocrática. El sistema que había convertido cada elección en amenaza existencial fue reemplazado por otro que sencillamente suprimió la competencia entre los dos partidos. Fue la respuesta pragmática al problema estructural que había estallado en 1949.

Consecuencias de largo plazo

De aquel quiebre quedaron cuatro herencias duraderas.

La primera fue institucional: el estado de sitio como técnica ordinaria de gobierno. Colombia se acostumbró a administrar sus conflictos con herramientas de emergencia, y esa normalización sobrevivió al Frente Nacional, atravesó los años setenta y ochenta y solo comenzó a desmontarse con la Constitución de 1991.

La segunda fue militar: la americanización del ejército y la instalación de la doctrina contrainsurgente como marco operativo. La experiencia de Corea, el acuerdo bilateral de 1952, la creación del SIC en 1953 y las carreras de oficiales como Ruiz Novoa y Valencia Tovar prepararon el terreno para que la respuesta estatal a los conflictos rurales de las décadas siguientes se pensara en términos de guerra irregular anticomunista, no de conflicto social.

La tercera fue política: el bloqueo del sistema. El Frente Nacional resolvió la guerra entre partidos suprimiendo la competencia, pero al hacerlo cerró el sistema a cualquier fuerza que no fuera liberal o conservadora. Las autodefensas comunistas del Sumapaz y el sur del Tolima, que habían sobrevivido al ciclo de Rojas, dieron origen —al terminar el proceso de autodefensa-guerrilla móvil-autodefensa que el PCC desarrolló entre 1949 y 1964— a las FARC. La insurgencia armada de la segunda mitad del siglo XX se nutrió del cierre político que empezó a construirse en noviembre de 1949.

La cuarta fue social: el despojo. Las cerca de 400.000 parcelas cambiadas de mano durante La Violencia reconfiguraron la propiedad agraria en amplias regiones del país, consolidando estructuras latifundistas y expulsando a poblaciones campesinas hacia zonas de colonización —el Ariari, el Duda, el Guayabero, el Alto Sumapaz— donde emergerían los núcleos armados que definirían la geografía del conflicto durante medio siglo.

Por qué sigue importando

El período que va del 9 de noviembre de 1949 al 7 de agosto de 1950 no fue una anomalía dentro de una historia por lo demás institucional: fue el momento en que Colombia aprendió que el orden constitucional podía suspenderse indefinidamente sin que se rompiera del todo la ficción republicana. Ospina no dio un golpe clásico; Gómez no fundó una dictadura al estilo europeo. Cerraron el Congreso por decreto, ganaron una elección sin oposición, gobernaron bajo estado de sitio permanente, y todo ello dentro de las formas de una república que seguía llamándose democrática.

Esa capacidad de vaciar las instituciones sin destruirlas se instaló como posibilidad permanente en la política colombiana. El Frente Nacional la usaría de otra manera —pactando el poder en lugar de disputarlo—, y las décadas siguientes la reproducirían bajo distintas configuraciones. La pregunta que dejó abierta 1949 no era si Colombia sería una democracia o una dictadura, sino cuánta democracia sustantiva podía sobrevivir dentro de formas democráticas conservadas.

La otra herencia, más silenciosa, es la de las regiones. En los llanos de Casanare y Meta, en el cañón del Cambrín, en el Alto Sumapaz, en los ríos del piedemonte amazónico, las autodefensas que se organizaron entre 1949 y 1953 dejaron nombres, mapas y memorias decisivos para las décadas siguientes. Guadalupe Salcedo, el Mayor Lister, Charro Negro, Gerardo Loaiza no son solo figuras del pasado bipartidista: son eslabones de un ciclo que las FARC prolongarían hasta el siglo XXI. El acuerdo de paz de 2016, en ese sentido, cerró un arco que empezó a trazarse cuando Ospina firmó el decreto del 9 de noviembre y Gómez juró la presidencia ante un Capitolio sin Congreso.

En esos nueve meses se fundió el molde de la segunda mitad del siglo XX colombiano: un país que aprendió a gobernarse por excepción, a resolver sus conflictos suprimiendo la competencia política y a tratar sus insurgencias como enemigos internos en clave de Guerra Fría. Todo eso empezó, con nombre y fecha, cuando el Congreso cerró sus puertas y un solo candidato caminó hacia la urna.