Guerrillas del Llano y autodefensas comunistas del Tolima (1949–1955)

Guerrillas del Llano y autodefensas comunistas del Tolima (1949–1955)

Entre el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 y la política de tierra arrasada aplicada por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla sobre Villarrica a mediados de 1955, dos formaciones armadas campesinas —las guerrillas de los Llanos Orientales y las autodefensas comunistas del sur del Tolima— se levantaron contra el aparato represivo conservador con un rasgo que las separa de la reacción defensiva pura: cada una construyó un proyecto agrario y político propio. Los llaneros codificaron el suyo en las 224 disposiciones de la Segunda Ley del Llano, firmada el 18 de junio de 1953 con vocación de gobierno revolucionario provisional; los tolimenses, bajo orientación del Partido Comunista Colombiano, articularon enclaves de autodefensa territorial con estructuras de poder alternativas al Estado central. No fueron el reverso especular de los chulavitas y los pájaros: fueron cosa distinta. Sus desenlaces entre 1953 y 1955 divergieron radicalmente —amnistía y posterior asesinato de Guadalupe Salcedo para unos, ilegalización del partido y bombardeo aéreo para los otros—, y esa divergencia dejó huella larga en la geografía posterior del conflicto colombiano.

El sustrato agrario: ligas, Ley 200 y la memoria organizativa que precede al 9 de abril

Ni las Leyes del Llano ni los enclaves del sur del Tolima se entienden fuera de las luchas agrarias de los años treinta. En la zona cafetera de Cundinamarca y del Tolima —donde se concentraban 75 de las 153 agremiaciones campesinas con personería jurídica registradas hasta 1939— las ligas campesinas del Alto Sumapaz y el oriente tolimense construyeron, alrededor de figuras como Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela, una tradición organizativa que sobreviviría a tres décadas de represión. El Partido Comunista y la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR) de Gaitán se articularon con esos conflictos, amplificándolos más que originándolos, con estrategias distintas: mientras las ligas uniristas recolectaban fondos para memoriales y abogados dentro del sistema legal, el PCC prevenía a sus afiliados contra el recurso a las autoridades nacionales.

La Ley 200 de 1936, promulgada bajo el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, marcó un compromiso entre la presión campesina y los intereses terratenientes. Estableció que las tierras no explotadas económicamente debían distribuirse. Concedió a los grandes propietarios un plazo de diez años para explotar sus predios con trabajo asalariado. Nunca se pretendió eliminar a los terratenientes como clase. La Corte Suprema fijó el alcance práctico de la reforma: sustituyó la llamada "prueba diabólica" —la exigencia de acreditar la cadena completa de títulos hasta el origen colonial, vigente desde 1926— por el criterio de la destinación económica. En vez de tener que demostrar el linaje de sus escrituras, el propietario debía demostrar que la tierra estaba en uso. El cambio benefició a los grandes propietarios y creó un incentivo estructural a la expulsión de arrendatarios y aparceros que no encajaran en la nueva contabilidad capitalista del campo.

En el Alto Sumapaz y en el oriente y sur del Tolima, la lucha por la tierra no cesó tras 1936, y a partir del 9 de abril de 1948 esas mismas comarcas se transformaron en escenario de guerrillas y autodefensas. Juan de la Cruz Varela, dirigente campesino ligado a los pleitos entre colonos y titulares de mercedes coloniales desde los años treinta, sería un hilo directo entre las ligas y las autodefensas comunistas de la década siguiente. La génesis de las luchas armadas de los cincuenta —y la posterior formación de las FARC en 1964-1966— se remonta a esas movilizaciones agrarias que la ley reformista no supo desactivar. Los nombres de los dirigentes cambiaron poco. Las veredas donde combatieron los hijos eran las mismas veredas donde habían litigado los padres.

El detonante y la conservatización armada del Estado

El asesinato de Gaitán agudizó una escalada que venía gestándose desde la derrota liberal de 1946 y el ascenso de Mariano Ospina Pérez a la presidencia. Ante el temor de revolución social, el régimen conservador respondió con la conservatización de las fuerzas del orden. Los chulavitas —cuyo nombre procede de una vereda del norte de Boyacá, en el municipio de Boavita, de donde eran muchos de sus integrantes— se organizaron como matones adscritos a la policía y al ejército, con violencia sectaria contra liberales y opositores. Los pájaros, apoyados por terratenientes, perseguían guerrillas, sindicalistas y personas de izquierda con tolerancia oficial. La policía política completó un dispositivo represivo que quemaba casas, emboscaba en caminos y asesinaba a campesinos liberales en zonas de arraigo opositor.

La respuesta campesina tomó la forma de autodefensas locales. Bajo el gobierno de Laureano Gómez, además, el criterio oficial endureció el marco jurídico hasta considerar bandido a quien se opusiera a las fuerzas armadas, con autorización de ejecuciones sumarias a discreción de los oficiales. En noviembre de 1949, el Partido Comunista Colombiano llamó a la autodefensa de masas. La violencia también tuvo un cuño de revancha agraria: en Cundinamarca, el Tolima y el Viejo Caldas, el ánimo de los terratenientes contra los colonos que habían empujado las invasiones de los treinta se alimentó de tensiones todavía irresueltas. Los pleitos por linderos de 1936 volvieron con fusil.

En este cuadro —persecución oficial, autodefensas locales, revancha por la tierra— irrumpen las dos formaciones que este artículo distingue del chulavismo. Ambas nacen como resistencia armada. Ninguna se agota en ella.

Los Llanos Orientales: Salcedo, Franco Isaza y la aspiración de gobierno revolucionario

El movimiento guerrillero más numeroso y mejor armado del país operó en los Llanos Orientales, entre Casanare, Vichada, Meta y Arauca. Las estimaciones del período llegan a hablar de hasta 20.000 hombres en armas en el conjunto de las zonas guerrilleras del país, con aproximadamente la mitad concentrada en el Llano; el techo es estimativo, pero el orden de magnitud da la dimensión del alzamiento. Al frente estuvieron Guadalupe Salcedo Unda, nacido en Santa Helena de Cusiana (Casanare), como Comandante en Jefe, y Eduardo Franco Isaza como Jefe del Estado Mayor, con el núcleo dirigente instalado en Yopal.

Al comienzo, los hacendados liberales apoyaron el levantamiento. La alianza era natural: las guerrillas se presentaban como brazo armado del liberalismo perseguido, y los terratenientes de la región compartían con los peones un enemigo político común en el conservatismo bogotano. Pero la relación se resquebrajó a medida que las guerrillas asumieron banderas de defensa de la tierra y de los peones, y que impusieron contribuciones forzosas al ganado. Para 1952, un sector importante de los alzados había declarado su lucha como una revolución con miras a derrocar al gobierno, y figuras como Salcedo se habían alejado de la línea dominada por los hacendados.

La capacidad ofensiva del movimiento fue considerable. El 22 de julio de 1952, guerrilleros llaneros emboscaron en El Turpial —cerca de Puerto López— una columna militar que dejó 96 miembros de las Fuerzas Armadas muertos. Se registraron tomas de bases como Palanquero, en Cundinamarca, y de poblaciones como Orocué, en Casanare. La guerrilla llanera dejó de ser una autodefensa dispersa para operar como fuerza con capacidad de choque frente al ejército regular.

Su rasgo más singular, y el que confirma que aquí había un proyecto propio, fue la codificación normativa. Cinco días después del golpe de Rojas Pinilla contra Gómez del 13 de junio de 1953, los comandantes reunidos en congreso guerrillero suscribieron el 18 de junio la Segunda Ley del Llano, titulada "Ley que organiza la Revolución de los Llanos Orientales de Colombia" y compuesta de 224 artículos. Una Primera Ley del Llano la había antecedido. La Segunda reconoció formalmente a Salcedo como comandante supremo y a Franco Isaza como jefe del Estado Mayor, y codificó materias de organización del territorio revolucionario, regulación de la propiedad individual y colectiva, y control del ganado. No era un manifiesto sino una arquitectura jurídica: un intento —hecho en la selva, con guerra encima— de dotarse de gobierno provisional propio.

Ese proyecto no sobrevivió al golpe. Entre agosto y octubre de 1953, el grueso de las guerrillas llaneras entregó las armas al gobierno de Rojas. La oficina de propaganda presidencial reportó 3.220 guerrilleros rendidos en seis semanas, incluyendo una contraguerrilla conservadora; el propio Salcedo habría persuadido a cerca de cinco mil combatientes de deponer las armas. La cifra es de origen oficial y la desmovilización no fue universal, pero marca el fin del ciclo militar llanero. Salcedo, símbolo nacional del insurrecto amnistiado, sería asesinado poco después de que el bipartidismo retomara el poder tras la caída de Rojas el 10 de mayo de 1957. Fue la primera clausura violenta del pacto de reinserción: el símbolo del guerrillero traicionado.

El sur del Tolima: colonos, El Davis y la fractura entre limpios y comunes

En el mismo período, en las estribaciones de la Cordillera Central, se gestó una formación distinta. Desde 1948, las regiones de Santiago Pérez, Planadas, Gaitania y Chaparral fueron objeto de comisiones de policía chulavita contra colonos liberales, con ataques como el de El Limón, de trece muertos, y comisiones mixtas de policía y civiles operando en el sur del departamento. La respuesta armada campesina se cristalizó hacia 1950 en un paraje del municipio de Rioblanco llamado El Davis, adonde llegó la "Columna de Marcha" de la primera resistencia liberal-comunista.

Convivieron allí, durante un tiempo, dos tradiciones incompatibles. A finales de 1951 la coexistencia se fracturó: El Davis quedó dividido en un sector comunista —los "comunes", mandados por Isauro Yosa (Mayor Lister) y Luis Alfonso Castañeda (Richard)— y un sector liberal —los "limpios" de La Ocasión, donde residía Gerardo Loaiza con sus leales—. El rompimiento definitivo llegó cuando los comunistas adoptaron el programa de la Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional, conocida como Conferencia Boyacá, reunida el 15 de agosto de 1952 con delegados de las guerrillas del Llano, Santander, Antioquia y Sumapaz.

A El Davis, hacia esa misma época, llegó también Pedro Antonio Marín, futuro Manuel Marulanda Vélez, oriundo de la región cafetera de Caldas y Quindío. Había participado en el frustrado intento de tomar Génova el 7 de agosto de 1950. Se incorporó al grupo comunista de Yosa. Cuando la orientación del PCC cambió tras la amnistía de Rojas, Marulanda y Jacobo Prías Alape (Charro Negro) —guerrillero de ascendencia indígena del sur del Tolima, miembro del Comité Central del partido— constituyeron un comando clandestino conocido como "Los Treinta", integrado por 26 hombres y cuatro mujeres, que se asentaría como colonos armados en las regiones de Gaitania y San Miguel.

En El Davis y sus sucesores territoriales existió una organización social alternativa: un líder comunitario con poderes ejecutivos, un parcelador que distribuía tierras y arbitraba conflictos como juez, y un secretario general a cargo de la información. No era el Estado, pero se le parecía funcionalmente en un territorio del que el Estado había sido expulsado o del que nunca se había hecho cargo. La hacienda El Támara, donde Marín acampó un tiempo, sería rebautizada Marquetalia en honor a un pueblo caldense; hoy ese caserío se conoce como Villarrica.

Frente a los llaneros, las diferencias son de raíz. En el Llano hubo aspiración de gobierno revolucionario codificado en 224 artículos y un aparato militar capaz de emboscar columnas del ejército. En el sur del Tolima hubo enclaves campesinos con estructura política interna, orientados por un partido de tradición ideológica, dispuestos a persistir en el tiempo largo antes que a tomarse Bogotá. Y una tensión que no se resolvió: la fractura entre "limpios" y "comunes" atravesaba, por dentro, al movimiento armado de la región.

La amnistía de Rojas y la pacificación diferencial

El 13 de junio de 1953, las Fuerzas Militares al mando del teniente general Gustavo Rojas Pinilla derrocaron al gobierno de Laureano Gómez. La operación fue propiciada por sectores del liberalismo y por una fracción del propio conservatismo, y trajo consigo un ofrecimiento inmediato de amnistía. La respuesta guerrillera fue todo menos homogénea, y esa asimetría fija el punto donde las dos formaciones se separan.

Las guerrillas llaneras, con Salcedo al frente, aceptaron. Los "limpios" del sur del Tolima —los Loaiza, los García y otras jefaturas— también entraron en contacto con el gobierno, aceptaron la amnistía y algunas facciones incluso se pusieron a disposición de las autoridades militares para combatir a los comunistas. Los "comunes", en cambio, siguieron la directriz del Partido Comunista: transformarse en movimientos de autodefensa campesina, sin desmovilizarse y sin entregar las armas. Juan de la Cruz Varela, en el Sumapaz, hizo una entrega simbólica mientras simultáneamente se replegaba a zonas remotas y retomaba la lucha en defensa de colonos y aparceros.

Dentro del propio PCC coexistieron dos corrientes sobre qué hacer después de 1953: una minoritaria que propugnaba un partido clandestino y armado, y otra mayoritaria cuya línea general fue la transformación de las guerrillas en autodefensas territoriales sin entrega de armas. La lógica del argumento comunista era clara: entregar las armas conquistadas al precio de la sangre de sus combatientes sería una traición, y la dictadura militar no constituía la solución a los problemas del pueblo colombiano.

En septiembre de 1954, la Asamblea Constituyente convocada por Rojas ilegalizó al Partido Comunista. El anticomunismo del régimen, alineado con las coordenadas internacionales de la Guerra Fría, transformó a las autodefensas comunistas de guerrillas amnistiables en enemigos de Estado. La ilegalización profundizó la escisión que ya venía: los reinsertados liberales quedaron dentro del pacto de pacificación; los comunes, fuera. La pacificación fue, entonces, diferencial. No fue una amnistía general aplicada con desigualdad: fue una amnistía diseñada para no aplicarse a los enclaves comunistas.

Villarrica y la tierra arrasada: 1954-1955

A mediados de 1955, Villarrica y otros municipios del oriente tolimense fueron declarados por el gobierno de Rojas "zonas de operaciones militares" —o "zonas rojas"—. La política aplicada fue de tierra arrasada: bombardeos aéreos y ametrallamientos indiscriminados contra la población civil. La estructura de los grupos de autodefensa comunistas se había mantenido intacta pese al ofrecimiento de amnistía, y la organización campesina de la zona era percibida por el Estado como una amenaza directa.

El efecto humano fue el desplazamiento forzado de más de cinco mil personas hacia el Alto Sumapaz, hacia las tierras de Duda y El Pato, y hacia las zonas aledañas a los ríos Ariari y Guayabero. Ese desplazamiento no fue una consecuencia lateral: fue la operación misma. Al expulsar a las poblaciones que sostenían a las autodefensas, el Estado buscaba drenar el agua en la que nadaban. Lo que ocurrió fue distinto: los desplazados colonizaron zonas de frontera en las que el Estado no tenía capacidad ni intención de instalarse, y con ellos viajaron las estructuras organizativas del PCC y los cuadros armados que habían resistido en Villarrica. La tierra arrasada del sur del Tolima produjo, sin quererlo, la cartografía de la siguiente guerra.

Aquí la divergencia se hace irrevocable. Los llaneros habían firmado, entregado, desmovilizado. Salcedo esperaría tres años más para ser asesinado en el arranque del bipartidismo restaurado. Los comunistas del Tolima fueron bombardeados en 1955, empujados a la selva y a la cordillera, y allí reconstruyeron los enclaves. Uno de esos enclaves se llamaría Marquetalia.

La política cíclica del PCC y los enclaves comunistas

Entre 1949 y 1964, el Partido Comunista Colombiano desarrolló una política cíclica de autodefensa y guerrilla móvil, articulada a los vaivenes de la situación política nacional: represión conservadora, amnistías, nuevas agresiones militares. Cada fase modificaba la anterior sin cancelarla. Cuando la represión arreciaba, la autodefensa se retraía a los enclaves; cuando el enclave era cercado, la respuesta pasaba a la guerrilla móvil; cuando aflojaba la ofensiva, se reconstruía el enclave. Ese ritmo, más que cualquier documento fundacional, es la matriz de continuidad entre las autodefensas del sur del Tolima y las FARC.

Al iniciarse el Frente Nacional en 1958 —el pacto entre liberales y conservadores que excluía formalmente a las terceras fuerzas, entre ellas al PCC— las guerrillas comunistas no se desmovilizaron. Continuaron en comunas agrícolas dispersas en regiones remotas, retomando la modalidad de autodefensa. En 1959, la inteligencia estadounidense identificó en Colombia la existencia de "enclaves comunistas", señalando en particular la comunidad del Sumapaz bajo influencia de Juan de la Cruz Varela y Víctor Merchán, y advirtiendo sobre su tendencia a expandirse hacia zonas aledañas. Para 1962, el núcleo guerrillero comunista contaba con cerca de trescientos combatientes —sin contar colaboradores ni familiares— repartidos entre Tolima, Cundinamarca y Huila. Entre ellos: Marulanda, Charro Negro, Ciro Trujillo y otros cuadros que serían fundadores de las FARC.

El senador conservador Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez, difundió prominentemente desde el Congreso el término "repúblicas independientes" para nombrar esos enclaves. La expresión fijó objetivos militares. Y en mayo de 1964, bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, la operación contra Marquetalia —denominada en algunas fuentes Operación Soberanía— cerró el ciclo. Pese a la inferioridad numérica, Marulanda y la mayoría de sus hombres lograron escapar del cerco militar y migrar hacia las selvas del suroriente. En medio de los combates, el 20 de julio de 1964, emitieron el Programa Agrario de los Guerrilleros, que abría con una invocación a 1948 e identificaba cuatro guerras —1948, 1954, 1962 y 1964— desatadas contra la comunidad. La lectura histórica que allí se articuló trazó, en piedra, la línea entre La Violencia y las FARC.

Dos conferencias sellaron la transición. La primera se reunió en Riochiquito, en el Cauca, durante 1965, y unificó bajo el nombre de Bloque Sur a los destacamentos de Riochiquito, Natagaima, El Pato, Guayabero y Marquetalia, con unos cien combatientes. La segunda, celebrada al año siguiente en El Pato, en el Meta, adoptó oficialmente el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En ese momento la organización reunía aproximadamente 350 combatientes bajo el mando de Marulanda, acompañado por Ciro Trujillo y Jacobo Arenas. Los comandantes fundadores eran de origen predominantemente campesino: Marulanda, Trujillo, Rigoberto Lozada, Carmelo López, Rogelio Díaz y José de Jesús Rivas. La excepción fue Arenas, de clase obrera urbana. Ese perfil social —campesinos con memoria organizativa de tres décadas, no militantes venidos de la ciudad— explica buena parte del arraigo territorial de la formación en sus primeros años.

Por qué Marquetalia y no Arauca

Tres factores encadenados explican por qué la semilla de las FARC brotó en el sur del Tolima y no en los Llanos Orientales, pese a que el alzamiento llanero había sido más numeroso, mejor armado, más capaz militarmente y dotado de un cuerpo normativo propio.

El primero es la directriz del PCC de no entregar las armas en 1953. Frente a la respuesta llanera —que aceptó la amnistía y desmovilizó a miles de combatientes en pocas semanas—, los "comunes" del sur del Tolima mantuvieron intactas sus estructuras armadas por decisión política del partido. La aspiración de gobierno revolucionario codificada en la Segunda Ley del Llano, con toda su ambición jurídica, era compatible con la desmovilización una vez cayera Gómez; la política de autodefensa territorial del PCC no lo era. Cuando llegó la amnistía, los llaneros habían ganado y podían entregar; los comunistas habían perdido y no podían.

El segundo es la ilegalización del Partido Comunista en septiembre de 1954 y el giro anticomunista de Rojas, alineado con las coordenadas de la Guerra Fría. Ese giro convirtió a los enclaves comunistas del Tolima en objetivos militares específicos, mientras los llaneros amnistiados quedaban dentro —así fuera precariamente— del pacto de pacificación. La tierra arrasada de Villarrica en 1955 fue la aplicación material de esa asimetría.

El tercero es la colonización inducida por La Violencia. El desplazamiento de más de cinco mil personas desde Villarrica hacia el Ariari, El Pato y el Guayabero no dispersó al movimiento: lo reubicó. Los desplazados llevaron consigo la memoria organizativa, los cuadros y las estructuras del PCC hacia zonas de frontera abierta donde el Estado colombiano no tenía presencia efectiva. Los llaneros, en cambio, volvieron a hatos y veredas donde el Estado —o al menos el bipartidismo restaurado— sí llegaba, y con él llegó, en 1957, la bala que mató a Salcedo.

A esos tres factores hay que sumar uno más antiguo: la continuidad organizativa desde las ligas campesinas de los años treinta. Juan de la Cruz Varela, Isauro Yosa, la tradición del PCC en el Sumapaz y el sur del Tolima ofrecían una memoria de tres décadas de lucha agraria que sobrevivió a la represión precisamente porque estaba enraizada en conflictos estructurales anteriores a 1948. Los llaneros, con su alianza inicial con los hacendados liberales y su tradición organizativa más reciente, carecían de esa columna vertebral. Cuando el pacto con los hacendados se rompió en 1952, ya era tarde para construir otra.

Qué queda del período

Confundir el chulavismo con la resistencia armada campesina —tratar a la segunda como mera reacción del primero— borra el hecho de que en el Llano se redactaron 224 artículos con vocación de gobierno provisional, y de que en el sur del Tolima se construyeron enclaves con parceladores, jueces comunitarios y secretarios de información en zonas de las que el Estado había sido expulsado. Los chulavitas y los pájaros fueron dispositivos represivos del Estado conservador y de terratenientes locales; las guerrillas del Llano y las autodefensas del sur del Tolima fueron formaciones campesinas con proyecto agrario y político propio. Son cosas distintas y hay que nombrarlas distinto.

El conflicto armado colombiano no se cerró con la caída de Gómez, ni con la amnistía de Rojas, ni con el Frente Nacional. Se cerró en el Llano y no se cerró en el Tolima. La política institucional colombiana ofreció, entre 1953 y 1957, pacificación para el bandido liberal amnistiado y guerra para el enclave comunista territorial. La geografía de esa asimetría —Yopal amnistiado, Villarrica bombardeado, Salcedo enterrado, Marulanda en la selva— es el mapa sobre el que se construyó la década siguiente.

Cuando la Operación Marquetalia se ejecutó en mayo de 1964, el Estado colombiano no estaba enfrentando un brote nuevo. Estaba enfrentando el residuo, endurecido durante una década, de la parte del conflicto de La Violencia que no había querido —o no había podido— pacificar en 1953. Y el residuo tenía nombres, veredas y una memoria organizativa que venía de mucho antes del 9 de abril.