Jacobo Prías Alape

El hombre y su región

Prías Alape era del sur del Tolima, una franja del flanco oriental de la cordillera Central donde los municipios de Chaparral, Rioblanco, Ataco y Natagaima se descuelgan hacia el valle del Magdalena por un paisaje de cañones, cafetales y bosque húmedo. La colonización había llegado tarde a esas pendientes, y buena parte de las cuchillas altas seguían siendo, hacia los años cuarenta, territorio de trocha y de baldío. Era indígena, o al menos de ascendencia indígena, dato que lo inscribe en un mapa social preciso: el de los pueblos pijao y natagaimuno que habían resistido durante siglos el avance de la hacienda, y cuyos descendientes engrosaban la masa de jornaleros y recolectores de café que trabajaban las tierras de los grandes propietarios de la región. La tierra allí se repartía entre haciendas cafeteras consolidadas en las tierras bajas y una franja de colonización espontánea que trepaba por las cordilleras, ocupando baldíos, abriendo trochas, sembrando maíz y plátano en pendientes que ningún catastro había fijado. En esa frontera vivían los futuros guerrilleros.

Poco se sabe de su vida antes de la política. No hay fecha precisa de nacimiento ni registro de su formación temprana, y su figura entra en la historia por la puerta de la militancia: la Liga Campesina de la vereda El Limón, en el municipio de Chaparral, y las organizaciones agrarias comunistas que, desde los años treinta, habían echado raíces en el sur del Tolima al calor de la reforma agraria fallida de Alfonso López Pumarejo y de la agitación cafetera. Cuando La Violencia estalló, Prías Alape ya era cuadro del Partido Comunista y una figura reconocida en las veredas donde se organizarían los primeros grupos de autodefensa.

El apodo —Charro Negro— circulaba antes de que su nombre alcanzara los expedientes oficiales. Le venía, presumiblemente, del color de la piel y de un porte que los relatos posteriores describen sin adornos: un hombre que hablaba poco, sostenía la mirada y decidía. En el recuerdo de los viejos guerrilleros, el nombre quedó asociado a una autoridad tranquila, ejercida sin estridencia sobre hombres bastante más jóvenes que él, entre ellos un colono caldense llamado Pedro Antonio Marín, futuro Manuel Marulanda Vélez, sobre quien Charro Negro tuvo una jerarquía inequívoca. El colono caldense llegó al sur del Tolima como jefe de un pequeño grupo armado y operó, durante años, en la órbita política de Prías Alape. Su transición ideológica —de guerrillero liberal a comandante comunista— se produjo en ese entorno, en contacto con Isauro Yosa y con el propio Charro Negro.

El sur del Tolima en 1948: chulavitas, pájaros y el desplazamiento

Para entender su trayectoria hay que situar la geografía política que hizo posible su ascenso. El sur del Tolima era, hacia 1948, uno de los frentes más activos de la violencia bipartidista. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de ese año liquidó las juntas de gobierno popular que emergieron en varias ciudades y desencadenó, casi de inmediato, una ofensiva del gobierno conservador contra las regiones donde el liberalismo popular y el comunismo agrario tenían base social. La policía chulavita —así llamada por la vereda conservadora del municipio boyacense de Boavita, de donde procedían muchos de sus agentes— fue el instrumento de esa ofensiva: una policía politizada, sectariamente conservatizada tras el 9 de abril, que operó como brazo represivo del Partido Conservador en el campo.

En Santiago Pérez, Planadas, Gaitania y las veredas de Rioblanco y Chaparral, la chulavita ejecutó desde 1948 operativos sangrientos contra colonos liberales: incendio de casas, robo de ganado, asesinatos, violaciones. Junto a ella actuaban los pájaros —asesinos civiles vinculados a redes policiales y burocráticas conservadoras— y las llamadas guardias cívicas, cuerpos privados de unos trescientos hombres financiados por ganaderos y hacendados, con anuencia del gobierno. Sacerdotes del Tolima, de Antioquia y de los Llanos Orientales llegaron a advertir al gobierno que el ataque indiscriminado contra el mundo rural empujaba a la población a las guerrillas antes que a soportar indefinidamente el trato.

El desplazamiento fue masivo. Campesinos sin formación política se armaron con escopetas rudimentarias para defender sus veredas, y a esa base espontánea llegaron dos direcciones organizadas. Por un lado, el Partido Liberal de Ibagué, que orientó a los hacendados colonizadores Gerardo Loaiza y Leopoldo García —alias Peligro— a levantar guerrillas en la zona de Rioblanco. Por otro, el Partido Comunista, que anunció formalmente su política de autodefensa armada unas dos semanas después de que se hizo evidente que Laureano Gómez ganaría las elecciones presidenciales de 1949. Fue entonces cuando el PCC estableció los tres enclaves que definirían su geografía militar durante los años siguientes: Viotá, en las cercanías de Bogotá; el Sumapaz, bajo Juan de la Cruz Varela; y el extremo sur del Tolima, bajo Jacobo Prías Alape.

El Davis y el Comando: la alianza con los liberales

El enclave comunista del sur del Tolima no nació aislado. Entre 1950 y los primeros años de la década, comunistas y liberales de la región convergieron en un experimento de mando unificado. En lo alto del cañón del Cambrín establecieron el Comando del Davis, un estado mayor común que integró los destacamentos comunistas de Charro Negro y de Isauro Yosa —alias Mayor Líster, indígena natagaimuno que había sido jornalero y recolector de café— con las guerrillas liberales de Gerardo Loaiza y Leopoldo García. En sus flancos operaban columnas más móviles, entre ellas la de Pedro Antonio Marín, que incursionaba por las cuencas de los ríos Ata y Cambrín en la región de San Miguel, aliado con jefes liberales como el propio García y Efraín Valencia, alias general Arboleda.

El Davis fue algo más que un cuartel: fue el punto de convergencia al que llegó en 1950 la llamada Columna de Marcha de la primera resistencia armada, y allí coincidieron figuras que marcarían las décadas siguientes: Ciro Trujillo, Charro Negro, Marulanda. Pero la alianza tenía costuras visibles. Los guerrilleros comunistas intentaron colectivizar la producción agraria bajo el mando de comisarios que ordenaban a los campesinos cuándo cosechar y cómo distribuir lo cosechado, medida que los liberales rechazaban de plano. Detrás de ese conflicto había una diferencia social de base. Las guerrillas liberales estaban comandadas por hacendados colonizadores con tierra e influencia en Rioblanco, respondían al Directorio Liberal de Ibagué y defendían un orden agrario en el que ellos eran propietarios. La guerrilla comunista se había formado con los jornaleros y recolectores de la Liga Campesina de El Limón, bajo la conducción de un indígena como Yosa, y aspiraba a transformar las relaciones de propiedad, no solo a defenderlas.

La ruptura llegó cuando la dirección liberal rechazó la alianza. Gerardo Loaiza convocó una asamblea y declaró la separación con una frase memorable: "Los comunistas nos han traicionado con una ideología traída de Rusia. Aquí rompemos". La asamblea aprobó la decisión. Charro Negro y Pedro Antonio Marín —que aún no era Marulanda— se opusieron y se atrincheraron en Gaitania, alineados con el sector comunista. La bifurcación entre "limpios" —los liberales— y "comunes" —los comunistas— quedó consumada, y con ella se instaló, en el sur del Tolima, una guerra dentro de la guerra que se prolongaría, con intermitencias, más de una década.

Bajo Laureano Gómez: la evacuación a Peñarrica y la fundación de Marquetalia

La llegada al poder de Laureano Gómez en 1950 endureció la ofensiva contra el enclave comunista. Donde antes actuaba la chulavita ahora entraba el Ejército. Fue entonces cuando Tirofijo, Charro Negro e Isauro Yosa tomaron una decisión que marcaría el mapa futuro de la guerrilla: ordenaron evacuar a las familias a Peñarrica, un paraje montañoso alejado de las rutas de acceso principales. Allí se fundó el comando de Marquetalia, bautizado en honor al pueblo caldense del mismo nombre. La hacienda El Támara, donde acampó temporalmente Marín, quedó incorporada a esa geografía nueva.

Marquetalia no fue, en su origen, la ciudadela mítica que la propaganda posterior fabricaría: fue un refugio, una zona de repliegue donde las familias podían sostenerse mientras los combatientes operaban en el terreno más expuesto. Su nombre, sin embargo, quedaría destinado a convertirse, catorce años más tarde, en el símbolo fundacional de las FARC.

La amnistía de Rojas y la desconfianza comunista

El golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla en junio de 1953 y la amnistía general que promulgó abrieron una encrucijada para las guerrillas del sur del Tolima. Los liberales de Loaiza y García aceptaron mayoritariamente los términos: entregaron armas, volvieron a sus haciendas, y en muchos casos se convirtieron —como observaría más tarde Eduardo Pizarro Leongómez— en agentes al servicio de los gamonales de la región. Los comunistas, en cambio, desconfiaron. Charro Negro, Marulanda e Isauro Yosa temían, con razón fundada, que los liberales amnistiados colaboraran con el gobierno militar para exterminarlos. En septiembre de 1954, la Asamblea Constituyente ilegalizó al Partido Comunista Colombiano, en parte por presión de la lógica bipolar de la Guerra Fría, y esa medida ratificó la lectura del sector "común": la amnistía no era paz, era trampa.

Charro Negro preguntó a los combatientes quién quería seguir peleando. Un grupo reducido decidió no acogerse. Con ese núcleo se sostuvo, precariamente, la estructura de autodefensa que Rojas Pinilla golpearía frontalmente en 1955.

Villarrica y la marcha al piedemonte

La guerra de Villarrica fue el punto de inflexión operativo entre la resistencia dispersa de la primera Violencia y la geografía guerrillera que sostendría al comunismo agrario en las décadas siguientes. En 1955, el gobierno de Rojas Pinilla lanzó sobre el oriente del Tolima una ofensiva militar de proporciones inéditas para el país: miles de soldados, aviación, bombardeo de veredas enteras y arreo forzoso de la población civil hacia los cascos urbanos. El objetivo declarado era liquidar los núcleos comunistas que se habían negado a la amnistía; el efecto real fue expulsarlos de sus zonas históricas y forzarlos a abrir frentes nuevos.

Los combatientes y sus familias respondieron con una operación de la que dependería la supervivencia del enclave: la salida en columnas de marcha hacia el sur y el oriente. Procedentes principalmente de Huila, Cundinamarca y Tolima, esas columnas descendieron por los flancos de la cordillera Oriental hacia el piedemonte llanero, arrastrando enfermos, niños, herramientas, ganado menor y armas de dudosa procedencia por trochas que el Estado tardaría décadas en recorrer. Fue una colonización armada, la segunda oleada de poblamiento en muchas de esas zonas, que fue sembrando caseríos y sementeras en El Pato, el Guayabero, el Duda y el Ariari. Sobre esa cartografía —dibujada con familias enteras avanzando por selvas casi vírgenes— operarían, dos décadas más tarde, los frentes de las FARC.

En el reagrupamiento posterior a Villarrica, Charro Negro, Marulanda, Ciro Castaño e Isauro Yosa consolidaron el mando de las autodefensas comunistas. La ofensiva de Rojas no las había destruido; las había obligado a mudar de escenario y, al hacerlo, había ampliado su geografía. Lo que empezó como retirada terminó siendo expansión.

Miembro del Comité Central: el amnistiado que no dejó de ser jefe

La caída de Rojas Pinilla en 1957 y la instauración del Frente Nacional en 1958 abrieron un nuevo ciclo de pacificación. El gobierno de Alberto Lleras Camargo promovió una política de amnistías y programas de rehabilitación para los alzados en armas, y en ese proceso Jacobo Prías Alape fue amnistiado. La medida no significó su retiro de la política armada: Charro Negro era ya miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano, y su posición lo convertía en el enlace privilegiado entre la dirección partidaria de Bogotá y las bases campesinas del sur del Tolima.

Es en este período —1958-1959— cuando la figura de Prías Alape adquiere su densidad histórica plena. No era un comandante rural más: era el cuadro que traducía las decisiones del PCC en política territorial, y a la inversa, el que llevaba las urgencias de los campesinos armados a las deliberaciones del Comité Central. La política del partido en esos años era cíclica —oscilaba, según la coyuntura, entre autodefensa y guerrilla móvil— y Charro Negro encarnaba la posibilidad de sostener ambas cosas al tiempo: la amnistía formal, la militancia legal, la organización agraria en las veredas, y, en la penumbra, la capacidad de rearme si la situación lo exigía.

Esa ambigüedad —negociar sin desarmarse del todo, aceptar la paz sin creerle— era, en sí misma, un logro político. Requería un liderazgo capaz de tener credibilidad simultánea ante Bogotá y ante los combatientes de la montaña, ante los dirigentes urbanos del PCC y ante los campesinos que habían perdido familiares en la chulavitada. Charro Negro tenía esa credibilidad. Cuando la perdió el sur del Tolima, la perdió con él.

En ese trabajo político se apoyaba en una tríada de cuadros militares. Isauro Yosa, su par indígena y veterano, era respetado con particular deferencia por los viejos guerrilleros que años después fundarían las FARC; encarnaba, como Prías Alape, la línea que unía la Liga Campesina de El Limón con la política agraria del PCC. Marulanda, el joven comandante caldense en pleno ascenso, aportaba la movilidad y la capacidad táctica de un jefe formado en el terreno. Ciro Castaño, alias Mayor Ciro, completaba en un plano operativo el mapa de mandos que sobrevivirían a La Violencia y trasladarían su experiencia a la nueva guerrilla. Fuera de ese círculo, en el bando adversario, Gerardo Loaiza y Leopoldo García seguían operando como hacendados pacificados por Rojas Pinilla y reciclados como agentes de los gamonales locales, en una fracción armada que prefigura la genealogía de los grupos privados de seguridad que operarían décadas después en localidades como Puerto Saldaña. Sobre todos ellos gravitaban, a distancia, los ciclos de la política nacional: la muerte de Gaitán que había abierto el ciclo, la ofensiva de Laureano Gómez que consolidó el repliegue comunista, la amnistía de Rojas que dividió el campo guerrillero, la pacificación de Lleras Camargo que permitió el breve interregno legal en el que Prías Alape actuó como cuadro amnistiado.

El asesinato

El detonante inmediato fue un rifle. A finales de 1959 o comienzos de 1960, un guerrillero liberal apodado El Diablo llegó con un arma tomada como botín de guerra. Charro Negro ordenó su confiscación —seguramente en aplicación de acuerdos regionales sobre distribución de armamento— y Gerardo Loaiza, del bando "limpio", montó en cólera. Juró venganza. La disputa, en apariencia menor, condensaba años de resentimiento entre "limpios" y "comunes": el gesto de autoridad de un jefe comunista sobre un botín liberal era, para Loaiza, la enésima intromisión de un poder que se creía superior en un territorio que él consideraba suyo.

El 11 de enero de 1960, tres hombres enviados por Loaiza se presentaron en el cuartel comunista de Gaitania. Pidieron hablar con Charro Negro. Cuando Jacobo Prías Alape apareció, lo mataron a tiros y huyeron. La ejecución fue rápida, calculada, y aprovechó la costumbre de un jefe habituado a recibir visitas y a resolver asuntos cara a cara.

La respuesta comunista fue una guerra abierta. En los meses siguientes se desató en el sur del Tolima un conflicto intraguerrillero que dejó unos cincuenta liberales muertos —entre ellos el propio Gerardo Loaiza— y unos veinticinco comunistas. El liderazgo liberal pasó a Jesús María Oviedo, alias Mariachi, un exministro protestante cuya figura arrastra una atribución alternativa del crimen: en la tradición oral de la región circula una versión que lo señala a él como responsable directo de la muerte de Charro Negro, en lugar de los hombres enviados por Loaiza. La coexistencia de las dos versiones no es un detalle menor. Si el ejecutor material fue Mariachi, la muerte de Prías Alape se lee como un acto premeditado de quien pronto encabezaría el bando "limpio", y no como el desenlace impulsivo de la disputa por el rifle; si fueron los sicarios de Loaiza, encaja en la lógica de la venganza declarada por el viejo hacendado. En cualquiera de las dos versiones, sin embargo, el crimen no es un accidente: es una decisión política del liderazgo liberal contra el jefe comunista que había pretendido imponer autoridad sobre el conjunto del enclave. Que el asesinato quedara asociado, en la memoria regional, a los dos hombres —Loaiza y Mariachi— y no a uno solo, dice más del carácter colectivo del gesto que de la incertidumbre sobre su ejecución.

En el bando comunista, el vacío se llenó con figuras que ya operaban en el terreno —Marulanda, Ciro Trujillo, Isauro Yosa—, pero ninguno reemplazó exactamente la función articuladora que Prías Alape había ejercido entre el partido y la montaña. Su muerte no solo eliminó a un comandante: rompió un mecanismo político que había tardado más de una década en construirse y que dependía enteramente de su biografía.

La huella: el mártir del mito fundacional

El asesinato de Charro Negro no clausuró el conflicto: lo redefinió. Los grupos comunistas, ya sin su articulador político, se replegaron a las zonas más inaccesibles del enclave. Marquetalia, El Pato, el Guayabero, Riochiquito y Natagaima se convirtieron en los llamados enclaves de autodefensa que la prensa conservadora y sectores del establecimiento bautizaron como "repúblicas independientes", con el sello estigmatizador que preparaba el terreno político para la ofensiva militar que vendría.

El 27 de mayo de 1964, el Ejército Nacional lanzó la Operación Soberanía sobre Marquetalia. Fue el ataque militar que las FARC reconocerían, desde entonces y para siempre, como su mito fundacional. Los combatientes que resistieron ese asalto —Marulanda entre ellos— se retiraron a las montañas y comenzaron el proceso que desembocaría en la I Conferencia del Bloque Sur, celebrada en Riochiquito, Cauca, en 1965, con unos cien combatientes; y en la II Conferencia, en 1966, cuando la organización adoptó formalmente el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

El Programa Agrario de los Guerrilleros, emitido el 20 de julio de 1964 en pleno cerco militar a Marquetalia, dio forma discursiva al mito: invocó una continuidad histórica desde 1948, enumeró las guerras sucesivas libradas contra los campesinos del sur del Tolima, Huila y Cauca, y llamó a una reforma agraria revolucionaria. En esa memoria construida, el asesinato de Charro Negro fue uno de los factores que impulsaron el retorno de los grupos comunistas a la lucha armada, junto con la presión militar del Ejército sobre las "repúblicas independientes". La narrativa fundacional de las FARC —según la cual no fueron ellas las que declararon la guerra al Estado, sino el Estado el que atacó primero a las organizaciones agrarias comunistas— encontró en la muerte de Prías Alape un antecedente concreto, un agravio irresuelto que anclaba el relato en el terreno.

En la memoria oral de las comunidades del Tolima, el nombre de Charro Negro sobrevivió con esa doble carga: la del jefe respetado y la del mártir. Sobrevivió también en la deferencia con que los viejos guerrilleros recordaban a sus fundadores, entre los cuales Isauro Yosa —el otro sobreviviente del ciclo del Davis— ocupaba un lugar especial precisamente porque encarnaba la línea de continuidad que Prías Alape no pudo encarnar personalmente por haber muerto antes.

Balance de una bisagra

Jacobo Prías Alape fue, más que un comandante, una bisagra. Articuló la resistencia campesina indígena del sur del Tolima con la política del Partido Comunista Colombiano; sostuvo, en la etapa de las guerrillas de La Violencia, la alianza precaria entre "limpios" y "comunes" mientras esa alianza fue posible; encabezó, tras la ruptura, el enclave comunista de Gaitania y Marquetalia; y, ya como cuadro amnistiado del Comité Central, encarnó durante 1958 y 1959 la posibilidad de un tránsito no estrictamente militar entre la resistencia armada y la política agraria legal.

No fue, sin embargo, el estratega solitario capaz de haber evitado la guerra que vendría. La política cíclica del PCC entre autodefensa y guerrilla móvil, la desconfianza estructural ante amnistías incumplidas y la lógica de la Guerra Fría —que ilegalizó al partido en 1954 y presionó una y otra vez sobre los enclaves campesinos— hacen pensar que el repliegue hacia Marquetalia habría ocurrido con Charro Negro o sin él. Tampoco cabe atribuir su muerte a un simple accidente de la disputa por un rifle: detrás del gesto de Loaiza operaba una tensión de clase y proyecto —hacendados liberales contra campesinos e indígenas comunistas— que llevaba una década incubándose.

Pero su asesinato personalizó y aceleró un proceso que sin él habría sido, quizá, distinto. Retiró del tablero al único jefe que podía sostener simultáneamente la militancia legal en el PCC y la autoridad sobre los combatientes de la montaña; el único cuya biografía indígena, campesina y partidaria integraba las tres dimensiones que las FARC tendrían que reconstruir después con dificultad. Con él murió también la posibilidad —siempre desconfiada, pero real— de una salida política gradual para el enclave comunista del sur del Tolima. Lo que vino después fue el repliegue, Marquetalia, el mito fundacional y medio siglo de guerra.

En su figura se puede leer, con precisión biográfica, la transición entre las guerrillas de La Violencia y la guerrilla insurgente moderna; entre la resistencia bipartidista de los años cincuenta y la guerra revolucionaria de las décadas siguientes; entre el mundo de los cañones cordilleranos y las oficinas del Comité Central en Bogotá. Un eslabón antes que un símbolo, y precisamente por eso —por su condición material, política y biográfica de bisagra— indispensable para entender lo que vino.