La amnistía de Rojas Pinilla de 1953 y las paces incompletas de Colombia

¿Fue la amnistía de Rojas Pinilla de 1953 el molde de todas las paces incompletas que vinieron después?

El 13 de junio de 1953, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla derrocó a Laureano Gómez y, casi enseguida, ordenó lanzar desde aviones de la Fuerza Aérea panfletos firmados por su ministro de guerra, el general Alfredo Duarte Blum, sobre los Llanos, Antioquia y Tolima: garantías a los alzados en armas si deponían las armas. En seis semanas rindieron los fusiles 3.220 guerrilleros —incluida una contraguerrilla conservadora—; en octubre, Juan de la Cruz Varela hizo lo propio en el Sumapaz. Dos años después, la aviación del mismo régimen bombardeaba Villarrica con bombas incendiarias.

Entre una escena y otra caben todos los problemas que la historiografía colombiana ha llamado, con eufemismo o con crudeza, "el fracaso del proceso del 53": la muerte de Guadalupe Salcedo en 1957, la degradación de una parte de la insurgencia liberal en bandolerismo, la persistencia de las autodefensas comunistas del Sumapaz y del sur del Tolima, y, once años más tarde, la fundación de las FARC. Y de ahí la pregunta: ¿aquellos veinticuatro meses inauguraron una matriz —un modo colombiano de firmar la paz sin hacerla— que reaparece en 1984, en 1990, en 2016? ¿O fueron, más modestamente, el desenlace contingente de una dictadura militar con prisa por pacificar?

Por qué importa la respuesta

De ella depende cómo se lee la historia larga del conflicto colombiano. Si 1953 fue accidente, cada proceso posterior es su propia historia: Betancur fracasó por razones de Betancur, el Caguán colapsó por razones del Caguán, La Habana se implementa mal por razones de La Habana. Si 1953 fue matriz, hay una gramática que atraviesa siete décadas y que ningún gobierno ha desarmado: el Estado ofrece pacificación sin reforma, las élites bloquean la redistribución, sectores armados del propio Estado o afines a él eliminan a los reincorporados, y el ciclo se cierra —o se reabre— con una insurgencia nueva o rearmada.

Responderla exige salir de la analogía sugerente y trabajar la evidencia del caso primario: qué firmó Rojas, qué entregaron los guerrilleros, qué prometió el Estado y qué —punto por punto— dejó de cumplir.

Los términos del debate

Hay dos lecturas fuertes en pugna. La primera sostiene que el incumplimiento de 1953 fue estructural: el régimen concibió la amnistía como operación militar, no como pacto político; SENDAS y el Instituto de Colonización e Inmigración (ICI) fueron paternalismo asistencial que sustituyó la reforma agraria; el asesinato de Salcedo en 1957 y la persecución a Rafael Rangel, detenido pese a la promesa escrita de libertad inmediata y recluido primero en Bucaramanga y luego en el Batallón Caldas de Fontibón, no son excepciones sino la regla. En esta lectura, 1953 fija el patrón: desmovilizar sin transformar, capitalizar la entrega y luego dejar morir —literal y políticamente— a los que la aceptaron. Betancur, La Uribe, la Alianza Democrática M-19, La Habana: variaciones del mismo tema.

La segunda lectura es más cauta. Observa que la fractura entre guerrillas Limpias (liberales) y Comunes (comunistas) es de finales de 1951, muy anterior al golpe de Rojas; que la Conferencia Boyacá de agosto de 1952 selló el rompimiento definitivo; que los grupos comunistas del Sumapaz y del sur del Tolima nunca aceptaron plenamente los términos del 53 —Varela entregó hombres pero guardó armas, Manuel Marulanda y Jacobo Prías Alape (Charro Negro) organizaron Los Treinta como comando clandestino en Gaitania y San Miguel—; y que, por tanto, la guerra de Villarrica en 1955 no fue traición sobrevenida sino colisión anunciada entre un Estado que no pensaba reformar y unos actores que no pensaban desarmarse. Bajo esta óptica, 1953 fracasó por coyuntura: un régimen militar sin proyecto agrario, una izquierda armada que se replegaba con las armas puestas, una guerra fría que en septiembre de 1954 llevó a la Asamblea Constituyente a ilegalizar el Partido Comunista.

El debate decide si la historia de los procesos de paz colombianos es una serie de errores repetidos o una estructura que reproduce sus efectos.

La evidencia

La mecánica de la entrega. El 18 de junio de 1953, cinco días después del golpe, las guerrillas de los Llanos emitieron la Segunda Ley del Llano —224 artículos— reconociendo a Guadalupe Salcedo Unda como comandante y a Eduardo Franco Isaza como jefe de estado mayor, con disposiciones sobre reforma agraria y control del ganado. No era el texto de un grupo que se rendía: era un programa. Entre agosto y octubre entregaron las armas 3.220 combatientes; Salcedo y sus lugartenientes se ubicaron en Cubarral, San Antonio y San Martín, en el Ariari, en un intercambio informal de armas por tierras. El único apoyo económico concreto documentado fue un modesto préstamo de la Caja Agraria. No hubo protocolo de verificación, no hubo comisión mixta, no hubo censo de las tierras que la guerrilla había ocupado durante los años de la resistencia. Hubo panfletos, gestiones del general Duarte Blum, y la palabra del régimen.

El diseño agrario. El Decreto 1894 de julio de 1953 creó el ICI como instrumento para entregar tierras y titular baldíos a colonos. Su gerente, el coronel Cuervo Araoz, formuló planes de colonización ambiciosos y descabellados; acumuló deudas; el instituto fue liquidado en marzo de 1956 —dieciocho meses de vida— y sus funciones pasaron a la Caja Agraria. Pero el dato decisivo no es el fracaso administrativo: es la composición del Consejo Nacional de Agricultura, encargado de diseñar los planes. Estaba integrado principalmente por representantes de grandes terratenientes, federaciones cafeteras y arroceras, y ganaderos. La política de colonización dirigida evitó deliberadamente las zonas cafeteras —las de mayor conflictividad— y se presentó como panacea bajo el pretexto de que el problema colombiano era la presión demográfica, no la distribución de la tierra. La Oficina de Rehabilitación y Socorro, creada en 1954 bajo SENDAS y dirigida por María Eugenia Rojas, fue pobremente presupuestada y sus resultados no justificaron el optimismo con que se anunció.

Aquí el argumento del "accidente" se debilita. La reforma no falló por falta de capacidad técnica: falló porque las élites terratenientes bloquearon la redistribución mediante su representación en el Congreso, la captura de funcionarios y el cabildeo en la burocracia agraria. La acción institucional se concentró en colonización fuera de la frontera agrícola —Ariari, piedemonte llanero— en lugar de expropiar y redistribuir tierras ya productivas. Es exactamente el mismo patrón que reproducirá el Incora entre 1962 y 1985, tras la Ley 135 de 1961, y que la implementación del Punto 1 de La Habana enfrentará medio siglo después. No es coincidencia sino continuidad: el veto terrateniente a la reforma es la constante que atraviesa las promesas rotas.

La fractura previa. A finales de 1951, el campamento de El Davis, en el sur del Tolima, se dividió en dos sectores: los Comunes, mandados por Isauro Yosa (Mayor Lister) y Luis Alfonso Castañeda (alias Richard), y los Limpios de Gerardo Loaiza, en La Ocasión. La Conferencia Boyacá del 15 de agosto de 1952, con delegados del Llano, Santander, Antioquia y Sumapaz, adoptó un programa que los liberales rechazaron, y ese rechazo consumó el rompimiento. Cuando llegó la amnistía de Rojas, los dos bandos respondieron distinto: los Limpios entregaron las armas y una parte colaboró con el régimen; los Comunes —y con ellos las autodefensas del Sumapaz de Varela— optaron por no desmovilizarse plenamente. Varela realizó una entrega políticamente calculada el 31 de octubre de 1953: entregó hombres —1.200, según la prensa—, guardó armas y conservó control político sobre el territorio. En Gaitania y San Miguel, Marulanda y Charro Negro constituyeron Los Treinta —26 hombres y cuatro mujeres— como comando clandestino móvil dedicado a la colonización agrícola con redes de enlace en varias regiones.

Este dato matiza —sin desmentir— la tesis del incumplimiento estatal. La parte más organizada políticamente de la insurgencia no confió en Rojas desde el principio; su cálculo no era pacificación sino repliegue táctico. Villarrica no la tomó por sorpresa.

El bombardeo. En septiembre de 1954, la Asamblea Constituyente ilegalizó al Partido Comunista, en parte por la creciente influencia de los marcos de la Guerra Fría. A mediados de 1955, Rojas declaró Villarrica y otros municipios del oriente del Tolima "zonas de operaciones militares" o "zonas rojas", y desplegó una política de tierra arrasada con bombardeos, ametrallamiento y bombas incendiarias sobre los caseríos de autodefensa comunista del Sumapaz-Viotá. Contingentes de varios miles de efectivos avanzaron sobre una región que apenas dos años antes había sido presentada como escenario de pacificación. La retórica anticomunista de Guerra Fría legitimó la ofensiva: los combatientes, ahora, eran agentes del comunismo internacional. Las autodefensas resistieron con tácticas como "la cortina" y, sobre todo, se movilizaron hacia territorios marginales —el Ariari, El Pato, Guayabero, Riochiquito— que pronto serían declarados nuevas zonas de operaciones militares. En vez de apaciguar, Villarrica sembró.

La muerte del símbolo. Guadalupe Salcedo fue asesinado en 1957, tras la caída de Rojas Pinilla el 10 de mayo de ese año. Las circunstancias siempre fueron confusas; su abogado sostuvo que fue acribillado a sangre fría cuando se encontraba desarmado y con las manos en alto. Rafael Rangel, comandante amnistiado, había sido detenido antes pese a la promesa escrita de libertad. La muerte de Salcedo no fue la primera ni la última eliminación de un guerrillero desmovilizado, y su nombre quedó fijado en la memoria de los alzados en armas como el peor referente posible sobre lo que significaba negociar con el Estado colombiano, entregar las armas y acogerse a un programa de reincorporación. Es una lección que se enunciará explícitamente en cada mesa de negociación posterior.

El reciclaje. Después de 1953, una parte de los exguerrilleros liberales degeneró en bandolerismo simple; otra se transformó en autodefensa o guerrilla de inspiración comunista. Oquist contabilizó 18.481 víctimas entre 1958 y 1966, tres de cada cuatro en Cauca, Huila, Tolima, Valle y Viejo Caldas. Las políticas de rehabilitación de Alberto Lleras Camargo lograron una disminución temporal, con muchos campesinos empleados como líderes de obras, pero el efecto se disipó con la persecución a las colonias agrícolas comunistas, que condujo al rearme. En mayo de 1964, la Operación Marquetalia atacó los enclaves campesinos comunistas del sur; dos años después, en la II Conferencia del Bloque Guerrillero del Sur (1966), esas estructuras asumieron el nombre de FARC y aprobaron su plataforma agraria. La línea genealógica no es especulación: es continuidad orgánica. De Los Treinta a las FARC, pasando por Villarrica, hay las mismas personas, los mismos territorios y —en lo esencial— el mismo programa.

Cada uno de estos seis planos —la entrega sin verificación, el diseño agrario capturado por los terratenientes, la fractura interna anterior al pacto, el bombardeo posterior a la desmovilización, la eliminación del símbolo y el reciclaje armado— aporta un fragmento del mismo esqueleto. Leídos juntos, obligan a mover la pregunta inicial de plano.

Entonces, ¿matriz o contingencia?

La amnistía de 1953 no fue un fracaso contingente, pero tampoco fue un designio maquiavélico. Fue la expresión inaugural, y por eso decisiva, de una gramática institucional que Colombia repetirá con variaciones: el Estado firma la desmovilización sin firmar la reforma, las élites terratenientes vetan la redistribución desde adentro del propio aparato encargado de ejecutarla, y sectores del poder —militares, paramilitares, políticos regionales— eliminan selectivamente a los reincorporados que aspiran a hacer política legal. Esa tríada —desmovilización sin reforma, veto agrario, violencia contra reincorporados— es la matriz.

Pero la matriz tiene un ingrediente que la lectura estatalista del incumplimiento suele ocultar: los actores insurgentes más organizados aprendieron desde 1953 a no confiar plenamente en el pacto. Varela entregó hombres y guardó armas; Marulanda y Charro Negro nunca entregaron nada; los Comunes no se desmovilizaron. La desconfianza estructural del actor armado hacia el Estado —racionalísima a la luz de lo que pasó con Salcedo y con Rangel— es el reverso especular del incumplimiento estatal, y ambos se realimentan. La amnistía de 1953 fracasó porque el Estado ofreció pacificación sin reforma y porque una parte significativa de los actores negociaba sin desarmarse; el punto de colapso —Villarrica en 1955— fue el momento en que esa doble asimetría se hizo violencia abierta.

Reconocido esto, la pregunta comparativa se vuelve tratable. En 1984, los Acuerdos de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC contemplaron once puntos, cese al fuego y una Comisión de Verificación; el propósito declarado por las FARC fue desmovilizar paulatinamente su estructura militar y transitar a movimiento político legal. Fracasó, en la lectura de Eduardo Pizarro, porque no logró convertirse en política de Estado ni obtuvo respaldo del conjunto del gobierno ni de partido alguno: se configuró un "bloque opositor a la estrategia de paz" desde sectores fundamentales del poder, y Betancur no tuvo aliados internos. El aniquilamiento subsecuente de la Unión Patriótica y el retorno de las FARC a la guerra son la reactivación exacta del mecanismo del 53: desmovilización política sin garantías institucionalizadas, oposición interna del propio Estado, violencia selectiva contra los reincorporados. En 1990-91, la desmovilización del M-19 y la Constituyente del 91 se dieron con Carlos Pizarro Leongómez asesinado siendo candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19, con excombatientes atacados en el Magdalena Medio, en Caquetá, en Cauca. En 2016, altos tomadores de decisiones dentro del Estado se arrogaron, desde el inicio, el derecho de modificar unilateralmente lo pactado, vulnerando el principio de que las FARC podían vetar cambios a lo firmado, y en muchas ocasiones lo lograron.

El umbral mínimo de una paz que merezca el nombre es sencillo de enunciar: que los desmovilizados no sean exterminados, que las armas no vuelvan a empuñarse, que la violencia no continúe como si el pacto no existiera. Frente a ese umbral, 1984 se cae por su propio peso —la UP fue aniquilada, las FARC volvieron a la guerra— y 2016 se juega su veredicto en la trayectoria de esos mismos indicadores. La coincidencia entre 1953, 1984 y 2016 en la violencia contra reincorporados no es analogía: es el mismo mecanismo actuando en contextos distintos.

La matriz, sin embargo, no es destino. El Acuerdo de 2016 rompe parcialmente el patrón por una razón precisa: incluye un Punto 1 sobre Reforma Rural Integral que aborda —al menos formalmente— la cuestión agraria que 1953 escamoteó con el ICI y con SENDAS, que Lleras Camargo diluyó con la Ley 135, que Betancur ni siquiera puso sobre la mesa. Que la implementación de ese Punto 1 sea deficiente reactiva el patrón, pero la existencia misma del Punto reconoce que hay algo estructural que debe abordarse. La lectura que atribuye la diferencia decisiva entre los procesos al tratamiento de la tierra tiene, aquí, apoyo empírico: donde no se tocó la tenencia, el ciclo se cerró en rearme; donde se pactó tocarla pero se incumple la implementación, el ciclo amenaza con reabrirse.

La respuesta, entonces, no es matriz o contingencia: es matriz con márgenes. Colombia arrastra desde 1953 una gramática de paces incompletas cuyo núcleo es la disociación entre desmovilización y transformación estructural; esa gramática se ha reproducido, con actores y contextos distintos, en 1984, en 1990-91 y en 2016; y solo se rompería —hipótesis que el material sugiere, sin cerrar— si un proceso lograra simultáneamente institucionalizar garantías de seguridad para los reincorporados, blindar la implementación agraria contra el veto de las élites terratenientes, e incorporar como política de Estado —no de gobierno— los compromisos firmados. Ninguno de los cuatro procesos lo ha logrado plenamente. El de 2016 es el que más lejos ha llegado en formularlo; su suerte final está por verse.

Los flancos que la evidencia no cierra

Hay zonas que la evidencia no cierra. Primero, la relación causal exacta entre incumplimiento estatal y degeneración en bandolerismo: la historiografía documenta que una parte de los exguerrilleros liberales derivó en bandidaje, pero no establece con precisión cuánto peso tuvo el incumplimiento de las garantías —tierras no entregadas, promesas rotas, persecuciones— frente a otros factores como la venganza personal, la reproducción de estructuras armadas locales o la instrumentalización política por sectores bipartidistas durante 1954-1958. La distinción entre bandolero puro y guerrillero degradado, que el Estado nunca hizo, tampoco la hace del todo la investigación posterior, y esa indistinción sigue teniendo efectos hermenéuticos: caracterizar a Chispas, Sangrenegra o al propio Marulanda como una misma cosa o como cosas distintas cambia radicalmente el sentido de la posamnistía.

Segundo, el peso relativo de la ilegalización del Partido Comunista en septiembre de 1954 en el desencadenamiento de Villarrica. La secuencia es clara —ilegalización, presión militar, declaración de zonas rojas, ofensiva—; la relación causal precisa entre presión internacional de Guerra Fría, decisiones de política interna y agencia de las autodefensas comunistas locales es más difícil de reconstruir.

Tercero, y quizá lo más delicado: si esta matriz es específicamente colombiana o si es una variante local de un patrón latinoamericano de posguerras civiles incompletas. Que Colombia haya firmado más acuerdos de paz que casi cualquier otro país del continente y siga con guerra sugiere, al menos, que la matriz tiene fuerza propia, aunque no sea únicamente suya.

Cuarto, la cuestión de la agencia. La insurgencia comunista de 1953 no se desmovilizó plenamente, y ese cálculo estratégico —de Varela, de Marulanda, de Charro Negro— pesó tanto como el incumplimiento estatal en el desenlace. La afirmación tiene un corolario incómodo: la continuidad entre las autodefensas del Sumapaz y las FARC no es solo respuesta reactiva a la traición de Rojas; es también acumulación política autónoma de un movimiento agrario con proyecto propio. Reconocerlo no exonera al Estado del incumplimiento —Salcedo fue asesinado, Rangel fue perseguido, la reforma fue bloqueada—, pero impide leer la historia como una simple secuencia de víctimas y verdugos. Los actores tuvieron cálculo, tuvieron programa, tuvieron territorio. La matriz colombiana de paces incompletas no es solo lo que el Estado hace: es también lo que la insurgencia, escaldada, deja de hacer.

Queda, con todo, una consecuencia práctica que la evidencia sí autoriza. Si la matriz opera por la conjunción de tres mecanismos —desmovilización sin reforma, veto agrario interno, violencia selectiva contra reincorporados— y si cada proceso posterior a 1953 los ha reproducido en alguna combinación, entonces la evaluación de un acuerdo no puede hacerse en el momento de la firma. Debe hacerse en los cinco, diez, veinte años siguientes, cuando el veto agrario se manifiesta en la implementación diluida y cuando la violencia contra reincorporados alcanza su masa crítica. En 1953, el veredicto se pronunció en Villarrica dos años después; en 1984, en el aniquilamiento de la UP a lo largo de una década; en 1990-91, en el asesinato de Pizarro Leongómez y de centenares de excombatientes en los años siguientes. El acuerdo de 2016 está apenas en el tramo en que esos indicadores empiezan a decantarse. Los asesinatos de firmantes de paz y de líderes sociales en los territorios PDET, la lentitud de la adjudicación de tierras del Fondo de Tierras, la aritmética legislativa que ha reformado por dentro lo pactado: cada uno de esos hechos, medido contra la matriz, dice más sobre el destino del acuerdo que cualquier declaración oficial.

Entre el 13 de junio de 1953 y el bombardeo de Villarrica median veinticuatro meses. En ese lapso caben las promesas, el ICI, el asesinato futuro de Salcedo, la creación de Los Treinta, la ilegalización del Partido Comunista y el germen de todo lo que vendrá. Setenta años después, la misma gramática sigue dictando los renglones —y saber que los dicta es, quizás, la única condición para empezar a escribir otros.