Idea · Frente Nacional
Reforma agraria fallida
La reforma agraria fallida en Colombia designa el proceso por el cual el Estado intentó redistribuir la tierra rural entre 1961 y 1972 mediante la Ley 135, el INCORA y la ANUC, sin lograr alterar significativamente la concentración de la propiedad, y que fue desmontado por el Pacto de Chicoral dejando irresuelta la cuestión agraria que alimentó el conflicto armado del siglo XX.
Trayectoria de una idea
- 1936
Ley 200: primer intento redistributivo
- 1944
Ley 100: contrarreforma de la aparcería
- 1961
Ley 135 y creación del INCORA
- 1967
Creación de la ANUC y radicalización del reformismo
- 1972
Pacto de Chicoral: desmonte de la reforma
- 1978
Balance: menos del 1% redistribuido
- 2016
Acuerdo de La Habana: retorno de la cuestión agraria
La lectura
La reforma agraria fallida es el gran nudo no resuelto de la historia rural colombiana del siglo XX: un proyecto que existió como ley, como burocracia y como discurso, pero que casi no existió como redistribución. Su fracaso no fue accidental sino estructural: la élite bipartidista que le dio mandato de modificar la propiedad rural nunca toleró que ese mandato se cumpliera, y cuando la movilización campesina que la propia reforma había activado amenazó con forzar el cambio, respondió con el Pacto de Chicoral. La paradoja central es que el Estado colombiano invirtió una década y más de mil millones de dólares en préstamos internacionales para demostrar que la vía institucional podía resolver el problema agrario, y terminó demostrando exactamente lo contrario. La cuestión que Chicoral clausuró reapareció, ampliada y armada, en el conflicto que dominó la segunda mitad del siglo, y volvió a ocupar el primer punto de la agenda en el Acuerdo de La Habana de 2016, cerrando un ciclo de más de ochenta años abierto por la Ley 200 de López Pumarejo.
La reforma agraria del Frente Nacional
En Colombia, la expresión reforma agraria nombra menos un logro que una promesa incumplida: una arquitectura legal armada entre 1961 y 1968 para redistribuir la tierra rural, contener la amenaza revolucionaria y modernizar el campo, que terminó desmontada en enero de 1972 mediante el Pacto de Chicoral. La Ley 135 de 1961, el INCORA, la ANUC y las leyes complementarias del gobierno de Carlos Lleras Restrepo son sus piezas centrales; la Ley 4 de 1973, la Ley 5 de 1973 y la Ley 6 de 1975, sus lápidas. En el medio, una década larga en la que el Estado colombiano intentó tramitar por vía institucional el problema agrario y acabó demostrando que la élite bipartidista que había parido la reforma no toleraba sus consecuencias reales. La cuestión agraria irresuelta que Chicoral clausuró reapareció, ampliada, en el conflicto armado que domina la segunda mitad del siglo XX y llega hasta el Acuerdo de La Habana de 2016, donde volvió a ocupar —significativamente— el primer punto de la agenda.
Qué significa "reforma agraria fallida"
Hablar de reforma agraria fallida en Colombia no es hablar de una ley que no se aprobó ni de un plan que jamás se financió. Al contrario: la Ley 135 fue sancionada el 13 de diciembre de 1961, el INCORA se constituyó dieciséis días después, Estados Unidos y organismos multilaterales prestaron al país más de mil millones de dólares —el 11% del financiamiento total de la Alianza para el Progreso— y buena parte de esos recursos respaldaron al instituto. El fracaso es más denso: entre 1962 y 1978 menos del 1% de la superficie total del país fue afectada por expropiación, y menos del 1% de esas tierras potencialmente afectables fue efectivamente redistribuido. La mayor parte de lo que el INCORA entregó eran baldíos públicos en colonizaciones periféricas, no predios privados dentro de la frontera agrícola. La concentración de la tierra, medida entre 1960 y 1970 —la década de oro del proyecto reformista—, aumentó: las explotaciones menores de diez hectáreas perdieron número y superficie, mientras el estrato superior a cincuenta hectáreas ganó ambas cosas. La reforma existió como marco legal, como aparato burocrático y como discurso; casi no existió como redistribución.
Esa asimetría entre despliegue institucional y resultado material no fue un accidente administrativo. Fue el efecto conjunto de tres fuerzas: la ambigüedad constitutiva del proyecto —contención política y transformación agraria a la vez—, el bloqueo sistemático de una élite terrateniente representada en el Congreso, y la reacción de esa misma élite cuando la reforma, en lugar de aquietar al campesinado, lo activó. Cuando la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, creada por decreto en 1967 para dar base social al reformismo, empezó a invadir haciendas en 1971, la respuesta del sistema fue Chicoral. El límite de la reforma fue exactamente el punto en que amenazaba la estructura de propiedad que le había dado el mandato de modificar.
Antecedentes: la Ley 200 y la herencia inconclusa de López Pumarejo
El expediente colombiano de reforma agraria no empieza en 1961 sino en 1936, cuando el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo hizo aprobar la Ley 200. El texto era en apariencia audaz: los predios rurales sin destinación económica revertirían al Estado al cabo de diez años, y los colonos que hubieran explotado un predio por cinco años de buena fe podrían adquirir su dominio. En la letra, una amenaza redistributiva; en la práctica, un instrumento de presión para que los terratenientes modernizaran la producción bajo pena de expropiación. La ley no buscaba eliminar al latifundio como clase, sino empujarlo hacia formas capitalistas de explotación: trabajo asalariado en lugar de arrendamiento y aparcería.
El efecto paradójico fue conocido y sostenido. Temerosos de que arrendatarios y colonos consolidaran derechos sobre las tierras que trabajaban, los propietarios los expulsaron preventivamente. La modernización imaginada por los legisladores se cumplió por la vía del desalojo, no de la asalarización pactada. Y como respuesta al problema opuesto —la escasez de mano de obra en las haciendas cafeteras—, la Sociedad de Agricultores de Colombia y la Federación Nacional de Cafeteros impulsaron en 1944 la Ley 100, que reactivó legalmente los contratos de aparcería y devolvió a los terratenientes el poder de mantener campesinos dependientes en sus fincas bajo obligaciones tradicionales: entrega de una tercera parte de la cosecha, jornadas obligatorias en tierras del hacendado, participación del propietario en un cuarto de los cultivos de subsistencia, restricciones al comercio del café y trabajo subsidiario en caminos.
Entre 1930 y 1946, los gobiernos liberales adjudicaron baldíos que aumentaron la proporción de pequeñas propiedades —13% del área para predios de menos de veinte hectáreas— y de medianas —55%—, con lo cual crecieron la titulación a colonos y una incipiente clase media rural. Pero las expectativas de reforma agraria que se habían abierto a comienzos de los treinta se cerraron a mediados de los cuarenta, cuando la política pública abandonó la distribución de tierra por el crédito y la tecnología. La Violencia bipartidista, encendida tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en abril de 1948, encontró un campo cuya estructura seguía siendo la que había sido: latifundios ganaderos en la Costa Atlántica y los Llanos, haciendas cafeteras en el oriente y occidente, pequeña propiedad en zonas de colonización y una masa creciente de campesinos sin tierra o con derechos precarios. Sobre ese sedimento operaron las autodefensas campesinas del sur del Tolima —donde militaba, entre otros, Manuel Marulanda Vélez— bajo consignas como "la tierra para el que la trabaja", que serían la materia prima humana de la insurgencia posterior.
El detonante externo: Cuba, Kennedy y la vitrina colombiana
La reforma agraria de 1961 no puede entenderse sin la Revolución Cubana. El triunfo de Fidel Castro en enero de 1959 convirtió lo que Washington había percibido como un peligro remoto en una amenaza próxima de expansión revolucionaria en el hemisferio, y forzó la reformulación completa de la política estadounidense hacia América Latina. La respuesta fue la Alianza para el Progreso, inaugurada formalmente el 17 de agosto de 1961 en Punta del Este mediante un acta que comprometía a Estados Unidos a canalizar unos veinte mil millones de dólares durante la década. Su objetivo declarado era demostrar que el capitalismo progresista, y no el comunismo, era el vehículo eficaz para mejorar las condiciones materiales en la región. Sus asesores lo formulaban con más franqueza: consolidar una clase media que disciplinara a las oligarquías y pacificara a trabajadores y campesinos, como alternativa a una revolución de obreros y campesinos.
John F. Kennedy identificó a Colombia como país vitrina —showpiece— de ese programa. La afinidad histórica entre las dos capitales y el interés estadounidense por exhibir resultados concretos convergieron en un paquete inusualmente generoso: los más de mil millones de dólares que Colombia recibió durante la vigencia de la Alianza equivalen al 11% de todo su financiamiento, y buena parte respaldó al INCORA. En diciembre de 1961, Kennedy y su esposa visitaron Bogotá justo la semana en que se firmaba la Ley 135. La coreografía era transparente.
Ese impulso externo se combinó con dos componentes menos publicitados. Uno fue la doctrina contrainsurgente, que reorientó la misión de los ejércitos latinoamericanos hacia la seguridad interna. Otro fue el Plan LASO (1962-1966), que en Colombia articuló desarrollismo y anticomunismo mediante la acción cívico-militar, y que en mayo de 1964 se materializó en la operación contra Marquetalia, en el sur del Tolima. La reforma agraria y el asalto militar a los enclaves de autodefensa campesina eran, en la lógica del momento, dos caras de una misma política: reformar donde fuera posible, reprimir donde fuera necesario. La operación contra Marquetalia produjo el efecto inverso al buscado: en lugar de eliminar la guerrilla, la radicalizó. En julio de 1964, el reducto atacado proclamaba su Programa Agrario y, dos años después, se autodenominaba Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Tanto Jacobo Arenas como el investigador Pierre Guilhodes sostuvieron que sin la agresión estatal las FARC probablemente no habrían nacido. La reforma agraria colombiana convive desde su gestación con esa contra-imagen armada.
La Ley 135 y el INCORA: diseño, ambigüedades, moderación
La Ley 135 fue aprobada por el Congreso el 23 de noviembre de 1961 y sancionada por el presidente Alberto Lleras Camargo el 13 de diciembre. Su impulsor intelectual y político era Carlos Lleras Restrepo, entonces senador liberal, que había armado un dossier estadístico contundente para justificarla: los predios menores de cinco hectáreas, que representaban el 55% del total de unidades agrarias, ocupaban apenas el 4,18% de la tierra productiva; los mayores de cien hectáreas, el 4,5% de las propiedades, concentraban el 64% del área productiva. Sobre esa evidencia, el proyecto original contemplaba herramientas redistributivas relativamente fuertes: expropiación pagada de tierras incultas y mecanismos ágiles de compra estatal.
Durante el trámite legislativo esas herramientas fueron moderadas. La oposición articulada de grandes propietarios y de facciones legislativas de ambos partidos —el Frente Nacional imponía la paridad entre liberales y conservadores en todos los cuerpos colegiados hasta 1974— produjo un texto ambivalente. La ley declaraba objetivos ambiciosos: eliminar la concentración inequitativa de la propiedad, dotar de tierras a trabajadores sin tierra, mejorar las condiciones del campesinado, fomentar la colonización de baldíos. Introducía procuradores agrarios —análogos a los jueces agrarios de 1936— y corporaciones regionales de desarrollo para promover parcelaciones y colonización. Consagraba la extinción de dominio como figura para expropiar predios por interés social. Pero presumía a la vez que la sola explotación económica de un predio lo protegía de la extinción, dejando la definición operativa de "adecuadamente explotado" al espacio administrativo y judicial, donde los terratenientes tenían ventaja estructural. Y en la adjudicación de baldíos condicionaba al colono a explotar al menos dos terceras partes del predio, señalando cincuenta hectáreas como el tamaño ideal.
El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria fue constituido el 29 de diciembre de 1961 y quedó bajo la dirección de Enrique Peñalosa Camargo, economista de treinta y un años. Sobre su escritorio se depositó un mandato inherentemente contradictorio: redistribuir tierras dentro de la frontera agrícola sin enfrentarse frontalmente al latifundio; titular baldíos en la periferia sin desviar allí el grueso del esfuerzo; disciplinar el conflicto rural sin activar la movilización campesina. Fue esta última contradicción la que primero cedió.
Del papel al fracaso: Peñalosa, Valencia y la orientación hacia baldíos
Bajo la presidencia de Guillermo León Valencia (1962-1966), la Ley 135 encontró una aplicación prudente. El INCORA dirigió durante los sesenta la colonización del piedemonte oriental de la cordillera Oriental, del Magdalena Medio, de la altillanura entre el oriente del Meta y Vichada, del sur de Córdoba y de varias subregiones antioqueñas —bajo Cauca, nordeste, Urabá. Titulaba baldíos, financiaba parcelaciones en zonas de colonización, ejecutaba obras de adecuación. Lo que casi no hacía era expropiar latifundios en las regiones de tenencia consolidada.
La orientación no era técnicamente inevitable: era políticamente elegida. Las élites terratenientes bloquearon la redistribución mediante tres mecanismos que operaron simultáneamente. Primero, la representación directa en el Congreso, que redujo el alcance redistributivo de las normas, restringió las asignaciones presupuestales al INCORA y elevó las barreras legales a la expropiación. Segundo, la captura de funcionarios del propio instituto, mediante el clientelismo y la presión gremial, para que la agencia concentrara su acción en proyectos que no perturbaran la tenencia existente. Tercero, la reorientación efectiva de la política hacia la colonización de la frontera agrícola —tierras que no eran de nadie, o que eran del Estado, o que eran de comunidades indígenas sin títulos reconocidos—, dejando intactas las haciendas centrales.
El resultado fue el que las cifras describen. Hacia finales de 1970, menos del 2% del total de tierras agrícolas colombianas había sido expropiado bajo la Ley 135. La titulación de baldíos se convirtió en la principal labor del INCORA en materia de tenencia, y el programa específico de arrendatarios y aparceros —el que en principio debía transformar las relaciones de trabajo en las haciendas cafeteras y ganaderas— entregó una cantidad insignificante de tierras a un número igualmente reducido de campesinos. La reforma se hacía donde no molestaba.
Carlos Lleras Restrepo: el intento serio y su bloqueo
Cuando Carlos Lleras Restrepo llegó a la presidencia en agosto de 1966, la brecha entre el enunciado y la práctica de la reforma era ya evidente. Lleras se propuso cerrarla. Su estrategia tenía dos frentes: reforzar el marco legal para atacar específicamente las relaciones de arrendamiento y aparcería en las haciendas —donde vivía la mayor parte del campesinado sin tierra—, y crear una organización nacional que le diera al proyecto la base social capaz de sostenerlo frente al bloqueo parlamentario.
El primer frente cristalizó en la Ley 1 de 1968, adoptada contra la oposición del Congreso y de los gremios empresariales, que habilitaba al INCORA para intervenir predios explotados bajo aparcería y arrendamiento y redistribuirlos entre quienes los trabajaban. El segundo frente fue el Decreto 755 de 1967, que autorizó al Ministerio de Agricultura a impulsar la organización del campesinado en asociaciones de usuarios. De ahí nació la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, formalmente constituida en julio de 1970 —al final del mandato llerista— con cerca de 845.000 usuarios inscritos, cifra habitualmente redondeada como "casi un millón". La organización tenía especial fuerza en la Costa Atlántica: Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar. Su función explícita, en el diseño llerista, era darle al campesinado un vehículo de presión institucional que hiciera políticamente viable lo que el Congreso resistía. La apuesta era clara y arriesgada: sin campesinado organizado, la reforma no era viable; con campesinado organizado, se corría el riesgo de desbordarla.
Lleras Restrepo, en un célebre discurso ante la Sociedad de Agricultores de Colombia, fue quien más claramente abordó la dimensión política del proceso. Los sectores que sabotearon la reforma no venían solo del conservatismo. La coalición del Frente Nacional —diseñada en 1957 para pacificar el país tras La Violencia mediante la alternación presidencial y la paridad institucional— convirtió a las mayorías legislativas en una fábrica de bloqueo bipartidista contra cualquier medida que amenazara la propiedad rural. Sectores influyentes de ambos partidos se unieron para socavarla, y al campesinado sin tierra le quedó la certeza —repetida en las memorias del período— de que el reformismo tenía en Colombia un espacio muy limitado.
La ANUC desbordada: invasiones, radicalización, división
La ANUC fue creada para tutelar la movilización campesina; en 1971 empezó a desbordarla. En febrero de ese año, la organización lanzó una campaña nacional de invasiones y recuperaciones de haciendas, con especial intensidad en la Costa Atlántica. Fue la mayor movilización rural de la segunda mitad del siglo XX colombiano, y volvió a alcanzar picos en 1974. En lugar de esperar la aplicación del INCORA sobre los predios que la Ley 1 de 1968 había vuelto teóricamente expropiables, los campesinos ocupaban directamente la tierra bajo la consigna de que la reforma agraria la harían ellos.
La respuesta institucional fue mixta y reveladora. Por un lado, el INCORA distribuyó tierras en muchas de las zonas donde las ocupaciones se consolidaron, aunque prefirió hacerlo bajo la forma de empresas comunitarias —figura de propiedad colectiva que permitía redistribuir sin fragmentar. Hacia 1973 existían unas 850 empresas comunitarias que ocupaban 207.000 hectáreas, concentradas en Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre. Por otro lado, el gobierno de Misael Pastrana Borrero, iniciado en agosto de 1970 en medio de la crisis del fraude electoral que provocaría meses después el nacimiento del M-19, decidió cerrar el ciclo reformista.
El cierre fue simultáneo en dos planos. En el legal, Chicoral y sus leyes derivadas. En el organizativo, la fractura de la ANUC. En 1972, durante el Segundo Congreso realizado en Sincelejo, el gobierno promovió una corriente paralela que se organizó como Línea Armenia —gobiernista, integracionista— frente a la Línea Sincelejo —autónoma, de izquierda, insistente en la vía de la invasión. La ANUC se partió: cerca de 500.000 campesinos abandonaron la organización, la Línea Sincelejo quedó con unos 300.000 afiliados y la Línea Armenia con apenas unos 10.000, cifras que dan cuenta de la desmovilización general más que del éxito de la corriente oficial. La represión contra la Línea Sincelejo se intensificó: militantes perseguidos, encarcelados, y en algunas regiones grupos de choque de los propios terratenientes actuando contra los invasores.
Chicoral: el desmonte
El 9 de enero de 1972, en Chicoral, Tolima, se firmó el pacto que dio por terminada la reforma agraria colombiana. Bajo el gobierno conservador de Pastrana, con apoyo de sectores liberales y de los gremios de la producción, el acuerdo reorientó la política pública hacia la seguridad jurídica de la gran propiedad y el estímulo a la agricultura capitalista. La reforma dejaba de ser redistribución; pasaba a ser fomento sectorial.
Chicoral se tradujo en tres leyes. La Ley 4 de 1973 estableció una barrera de protección de 160 hectáreas contra la afectación por reforma agraria e introdujo nuevos criterios para calificar un predio como adecuadamente explotado, elevando drásticamente el estándar probatorio para expropiar; consagró además la presunción de que los fundos poseídos por particulares son de propiedad privada y no baldíos, dificultando la reversión al Estado. La Ley 5 de 1973 canalizó el aparato público hacia el fomento sectorial de la agricultura capitalista, con crédito y tecnología. La Ley 6 de 1975 —conocida como Ley de Aparcería, aprobada bajo el gobierno de Alfonso López Michelsen— reguló las relaciones de aparcería de forma que evitaba la redistribución: a diferencia de la Ley 200 de 1936 y de la Ley 1 de 1968, no adjudicaba la propiedad al aparcero tras años de trabajo, y admitía obligaciones de servicios personales, rentas en trabajo y pagos en especie, en un dispositivo que analistas contemporáneos calificaron de corte feudal.
El efecto general fue triple. Dejó intacta la concentración de tierra en las zonas agrícolas centrales del país. Desplazó a los campesinos sin tierra hacia la colonización periférica informal, hacia los barrios subnormales de las ciudades o hacia parcelas insuficientes. Y congeló el proceso reformista durante toda la segunda mitad de los setenta y los ochenta. La reforma agraria colombiana no murió por ineficacia técnica ni por falta de recursos: murió porque la coalición bipartidista que la había impulsado, cuando vio la magnitud de la movilización que había activado, prefirió proteger la estructura de propiedad que transformarla. Chicoral fue el momento en que la contradicción constitutiva del proyecto —contener y transformar a la vez— se resolvió a favor de la contención pura.
Herencia armada: guerrillas, colonización, narcotráfico
La cuestión agraria irresuelta que Chicoral consagró alimentó, durante las décadas siguientes, una serie de dinámicas encadenadas. La primera fue la consolidación de las guerrillas. Todos los principales grupos armados colombianos —el ELN aparecido en 1965, las FARC nombradas oficialmente en 1966 a partir del Bloque Sur, el EPL en 1967, el M-19 en 1970— fueron en parte producto del influjo cubano, pero encontraron su combustible interno en la combinación de restricciones políticas del Frente Nacional, pobreza rural persistente y memoria de La Violencia. Las FARC, en particular, mantuvieron el problema agrario como eje de toda su trayectoria: su Programa Agrario de julio de 1964 fue reiterado —con matices— en todos sus textos programáticos posteriores y en cada uno de los procesos de negociación en que participó la organización. La composición predominantemente rural y campesina de las FARC, y su implantación territorial en zonas de colonización, la hacían el heredero armado más directo de la reforma frustrada.
La segunda dinámica fue el desarrollo desordenado de las tierras periféricas hacia las que Chicoral empujó al campesinado. La colonización sin planificación estatal, sin infraestructura y sin mercados legales robustos facilitó el crecimiento de actividades ilegales, entre ellas los cultivos ilícitos. La geografía del narcotráfico colombiano, que estallaría en los ochenta, se construyó sobre esa base: fronteras agrícolas remotas, colonos precarios, ausencia estatal.
La tercera dinámica fue la reversión activa. Desde los años ochenta, en las zonas donde el conflicto armado y la economía del narcotráfico se combinaron, grupos armados vinculados a propietarios y a nuevos ricos del narcotráfico protagonizaron una ola de despojos que revirtió, con creces, los tímidos avances redistributivos anteriores. Las cifras oscilan —8,5 millones de hectáreas despojadas o forzadas a abandono entre 1997 y 2010 según algunos estudios; 6,5 millones entre 1980 y 2010 según otros; 6,65 millones reconocidas oficialmente por el Gobierno nacional, que se comprometió a restituir cerca de 2,5 millones—, pero convergen en un orden de magnitud comparable a la superficie de un país mediano. En los municipios con presencia de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, el coeficiente Gini de concentración de tierra promediaba 0,69; en los de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, 0,64; con picos de 0,81 en Guaduas y Sonsón, y de 0,85 en Santa Helena del Opón. El paramilitarismo consolidó lo que la reforma no había desmontado.
Las intervenciones legislativas del período posterior confirmaron el patrón. La Ley 160 de 1994, que introdujo el mecanismo de mercado de tierras —el Estado subsidiaba al campesino para comprar predios privados—, tuvo resultados igualmente magros: favoreció la titulación de baldíos, afectó marginalmente las tierras dentro de la frontera agrícola, promovió la colonización y mantuvo el modelo dual de latifundio y minifundio que la Ley 135 había prometido superar. En 2016, Oxfam ubicó a Colombia en el primer lugar del ranking latinoamericano de desigualdad en la distribución de la tierra: el 1% de las explotaciones de mayor tamaño controlaba más del 80% de la tierra. Entre 2000 y 2015, el Gini rural aumentó en 21 de los 31 departamentos. En 2021, el Banco Mundial situó al país entre los cinco más desiguales del mundo en concentración de tierras. Sesenta años después de la Ley 135, la fotografía era peor que la que Lleras Restrepo había usado en 1961 para justificarla.
La Habana, 2016: el retorno de una deuda
Cuando el Gobierno colombiano y las FARC anunciaron en 2013 el primer punto acordado en la mesa de negociación de La Habana, el orden no fue casual: el problema agrario encabezaba la agenda. La organización lo había puesto ahí desde su fundación en 1964, y el Estado no podía negarse a ubicarlo en el mismo lugar. El punto uno del Acuerdo Final firmado en 2016 —la Reforma Rural Integral— retomó, con vocabulario aggiornado, una parte sustancial de la agenda que Chicoral había clausurado en 1972: fondo de tierras, catastro multipropósito, titulación masiva, provisión de bienes públicos rurales, planes de desarrollo con enfoque territorial en las zonas más golpeadas por el conflicto.
El regreso de la reforma agraria al centro de la agenda pública tras casi medio siglo confirma tres cosas. Que la coalición bipartidista de 1972 no resolvió el problema que la Ley 135 se había planteado en 1961: lo aplazó. Que la trayectoria del conflicto armado colombiano —de las autodefensas del sur del Tolima en los cincuenta a la mesa de La Habana en los diez— tiene en la cuestión de la tierra una espina dorsal continua. Y que la lección de la reforma frustrada del Frente Nacional —incómoda para los partidos que la protagonizaron— es que las reformas agrarias tramitadas como instrumentos de contención política tienden a ser desmontadas por quienes las promovieron cuando la contención funciona demasiado bien, es decir, cuando la organización campesina que activaron amenaza convertirse en un actor con demandas propias. La reforma agraria del Frente Nacional no fracasó por debilidad técnica ni por falta de convicción de sus principales impulsores. Fracasó porque, en el punto exacto en que empezaba a redistribuir tierra, dejó de servirle al orden político que le había dado vida.
En el archivo
1 apariciones públicas, ordenadas por período y año.
Relaciones
Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.
Relaciones editoriales
- 01Ley 135 de 1961: instrumento legal central de la reforma, moderado durante su trámite y vaciado en su aplicación
- 02INCORA: aparato burocrático creado para ejecutar la reforma, que derivó hacia la titulación de baldíos en lugar de redistribuir predios privados
- 03Pacto de Chicoral: acuerdo político de 1972 que desmontó los mecanismos redistributivos y consagró la contrarreforma agraria
- 04Carlos Lleras Restrepo: principal impulsor intelectual y político de la reforma, tanto como senador en 1961 como presidente entre 1966 y 1970
- 05ANUC: organización campesina creada por el Estado en 1967 que se autonomizó y radicalizó, detonando la reacción terrateniente que produjo Chicoral
- 06Alianza para el Progreso: programa estadounidense que financió con más de mil millones de dólares la reforma colombiana como estrategia anticomunista en el contexto de la Guerra Fría
- 07Latifundio: estructura de propiedad que la reforma pretendía modificar y que sobrevivió intacta gracias al bloqueo parlamentario y al Pacto de Chicoral
- 08FARC-EP: insurgencia cuya gestación en Marquetalia (1964) estuvo directamente vinculada al fracaso de la reforma agraria y a la represión de las autodefensas campesinas del Tolima
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Documentos y fragmentos citados
62 documentos · 80 fragmentos
01Economía y Nación: una breve historia de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1994 · p. 3372 citas
[1]y cómo se indemnizaba a los propietarios por la pér- dida de sus rentas. Nunca se pretendió eliminar a los terratenien- tes como clase, lo cual desentraña a cabalidad el alcance de la reforma vislumbrada por la "Revolución en Marcha". Se dirimía, además, la vía para el desarrollo del capitalismo en el campo; con base…
p. 337
[2]y cómo se indemnizaba a los propietarios por la pér- dida de sus rentas. Nunca se pretendió eliminar a los terratenien- tes como clase, lo cual desentraña a cabalidad el alcance de la reforma vislumbrada por la "Revolución en Marcha". Se dirimía, además, la vía para el desarrollo del capitalismo en el campo; con base…
p. 337
02Nueva Historia de Colombia, Vol. I: Historia Política 1886-1946Álvaro Tirado Mejía (director científico), Jorge Orlando Melo, Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, Eduardo Lemaitre Román, Alfonso López Michelsen, Humberto Vélez Ramírez, Germán Colmenares, Mario Latorre Rueda, Germán Arciniegas, Gustavo Humberto Rodríguez R. · 1989 · p. 3641 cita
[3]I nómicamente explotados. Quien com- probara que por cinco años había ex- plotado económicamente un predio, tenía derecho a adquirir el dominio, si había obrado de buena fe. A su vez, y en desarrollo del principio de la fun- ción social de la propiedad y de que ésta implicaba obligaciones, si un pro- pietario no daba…
p. 364
03Cultura e identidad obrera: Colombia 1910-1945Mauricio Archila Neira · 1992 · p. 541 cita
[4]200 de 1936-- no será sino un apéndice de esa reforma constitucional. Ella pretendía presionar a los terratenientes para que modernizaran la producción agropecuaria mediante la distante amenaza de expropiación, sin que realmente buscara modificar sustancialmente la situación de colonos y arrendatarios.…
p. 54
04Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la colonia a la creación del Frente NacionalAbsalón Machado Cartagena · 2009 · p. 183, 2182 citas
[5]Amaneceres. Historia de tos agrarios de Sumapa^j Oriente del Tolima. Alcaldía Local de Sumapaz, Fondo Editorial UAN, Bogotá, 2007. 71 Sobre los conflictos en las haciendas cafeteras ver Absalón Machado (1988), son innumerables las referencias sobre estos conflictos en los treinta; en el libro de Catherine LeGrand hay…
p. 183
[8]los esfuerzos económicos de toda la comunidad, haciendo más profunda la crisis nacional de materias primas y alimentos. Este era un proceso de fraude a la reforma agraria y a la ancestral aspiración del campesinado a la tierra, ya que el esquema liberal-burgués se orientaba en otra dirección: la incorporación de la…
p. 218
05Manual de Historia de Colombia, Tomo IIIJaime Jaramillo Uribe (director científico), Jesús Antonio Bejarano, Darío Mesa, Miguel Urrutia Montoya, Germán Téllez Castañeda, Germán Rubiano, Rafael Gutiérrez Girardot · 1980 · p. 371 cita
[6]ó n 7. Adicionalmente a su trabajo en las labores del caf é, los trabajadores estaban sometidos a otras obligaciones, como las de trabajo personal subsidiario para la construcci ó n y man tenimiento de caminos, las de polic í a rural y toda una serie de multas por violar las estrictas disposiciones del hacendado. De…
p. 37
06Los trabajadores en la historia latinoamericana. Estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y ColombiaCharles Bergquist · 1988 · p. 3831 cita
[7]a veces una tercera parte de la cosecha. En ciertos lugares eran obligados, además, a trabajar un determinado número de dias en las tierras de la hacienda, con el salario vigente en la región. En otras localidades se les exigia compartir con el propietario una porción, casi siempre una cuarta parte, de los cultivos…
p. 383
07Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 21, 262 citas
[9]títulos de las fincas superiores a 500 hectáreas eran sentencias judiciales de pertenencia obtenidas ante los jueces civiles en los años que siguieron a la Ley 200 de 1936 (Reyes Posada, 1976). Las adjudicaciones de baldíos durante el periodo liberal de 1930-1946 tendieron a corregir el sesgo a favor de las grandes…
p. 21
[27]nivel de bienestar y ampliaran la democracia y el mercado interno. Para los opositores (tanto entonces como ahora) se trataba de la defensa de la propiedad privada contra la expropiación o la extinción del dominio, por una parte, y la defensa de un orden social controlado desde arriba, que no fuera desafiado por mo-…
p. 26
08Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 692 citas
[10]g e nealogía del p a ramilitarismo e n C olombia Ilustración 2: El Colombiano 1960 El triunfo de la Revolución Cubana detonó acuerdos con los Estados Unidos enmarcados en la denomina “alianza para el progreso” (Lleras, 1963) que incluía acuerdos militares de cooperación durante el periodo de Alberto Lleras Camargo 70…
p. 69
[11]g e nealogía del p a ramilitarismo e n C olombia Ilustración 2: El Colombiano 1960 El triunfo de la Revolución Cubana detonó acuerdos con los Estados Unidos enmarcados en la denomina “alianza para el progreso” (Lleras, 1963) que incluía acuerdos militares de cooperación durante el periodo de Alberto Lleras Camargo 70…
p. 69
09El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 892 citas
[12]y Nikita Krushev decidió subir el tono de voz contra Estados Unidos, decla- rando que la Doctrina Monroe moría de “muerte natural”. 9 9 Maurice Lemoine: Les 100 portes de l’Amérique Latine, Ob. cit. 89 Capítulo IV Con la Revolución Cubana, la vida política y militar del hemis- ferio no volvieron a ser las mismas. La…
p. 89
[13]y Nikita Krushev decidió subir el tono de voz contra Estados Unidos, decla- rando que la Doctrina Monroe moría de “muerte natural”. 9 9 Maurice Lemoine: Les 100 portes de l’Amérique Latine, Ob. cit. 89 Capítulo IV Con la Revolución Cubana, la vida política y militar del hemis- ferio no volvieron a ser las mismas. La…
p. 89
10Historia concisa de Colombia 1810-2017Michael J. LaRosa, Germán Mejía · 2017 · p. 2801 cita
[14]virulentamente anticomunista del presidente Laureano Gómez, un político de ultraderecha conocido por sus detractores como “el Monstruo”. Gómez, que saldría del Gobierno en 1953 por un golpe militar, una rareza en la Colombia del siglo XX, 77 esperaba recibir asistencia militar de los Estados Unidos como pago por los…
p. 280
11Colombia: A Concise Contemporary HistoryMichael J. LaRosa, Germán R. Mejía · 2023 · p. 2491 cita
[15]States to pay closer attention to Latin American society as a whole, rather than only the eco- nomic, political, and military elites. John F. Kennedy’s election to the presidency in 1960 represented a new era of youthful, creative leadership, and he was admired in Latin America for his charisma, vitality, and Roman…
p. 249
12Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 60, 692 citas
[16]Lleras Camargo (1958- 1962) sugería que el Frente Nacional inaugurado con su juramento significó el regreso al poder de los gobiernos civiles, pero no la conquista de la paz. Tras una década de desgarradora crueldad y cinco años de dictadura militar, la violencia política persistía –aunque en menor escala– por lo cual…
p. 60
[53]pequeño paso para la organización campesina, pero un gran salto para reformar con equidad la estructura agraria del país. La dureza del discurso del presidente Lleras no era nueva. Tampoco gratuita. En 1968, durante la entrega de títulos de propiedad a antiguos terrajeros y aparceros del bajo Sinú, dejaba un vehemente…
p. 69
13Modernization in Colombia: The Laureano Gómez Years, 1889–1965James D. Henderson · 2001 · p. 4101 cita
[17]President John F. Kennedy in 1961. Kennedy and his wife were on hand in Bogotá the week Law 135 was signed. Before then the United States attempted to make Colombia the showpiece of the Alliance for Progress in Latin America. Over the life of the program the United States and international lending agencies lent…
p. 410
14La crisis agraria en Colombia, 1950-1980Santiago Perry · 1983 · p. 102, 1092 citas
[18]agricultura. Esta es la mane ra racional como la Alianza está atacando el problema de la agricultura" (8). La adaptación tropical de estas opiniones corrió a cargo de los cipayos colombianos. El INCORA sostenía: " La Ley de Re forma Social Agraria no fue el producto de la improvisación, sino el resultado del análisis…
p. 102
[32]1 57. 1 60 IICA-CIRA. " Anotaciones preliminares para el análisis del estado de la - orma Agraria en Colombia ", Inf orme para la F AO, Bogotá, octubre 31 970, págs. 63 a 67. Expropiación signif1ca aquí venta no voluntaria. El hecho de que tan; proporción de tierras hayan sido expropiadas, muestra que la mayor de los…
p. 109
15Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 611 cita
[19]GINI para Bogotá y la Región», 11-12. 118 Archila, Idas y venidas, vueltas y revueltas, 337. 119 Misas Arango, Regímenes de acumulación y modos de regulación: Colombia 1910-2010, 62. 120 Archila, Idas y venidas, vueltas y revueltas, 90. 121 Helg, La educación en Colombia: 1918-1957. Una historia social, económica y…
p. 61
16Makers of Democracy: A Transnational History of the Middle Classes in ColombiaA. Ricardo López · 2019 · p. 471 cita
[20]1961, mobilizing a transnational field of knowledge, the adviser once again told the US president that “the pressing need in Latin Amer i ca is to promote the middle class revolution as speedily as pos si ble. 38 Chapter One The corollary is that, if the possessing classes of Latin Amer i ca make the middle class…
p. 47
17Nueva Historia de Colombia, Vol. III: Relaciones Internacionales, Movimientos SocialesÁlvaro Tirado Mejía, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Cepeda Ulloa, Rodrigo Pardo García-Peña, Germán Zea Hernández, Luis Vitale, Malcolm Deas, Catherine LeGrand, Mauricio Archila Neira, Rocío Londoño Botero, Pierre Gilhodes, Myriam Jimeno Santoyo · p. 3491 cita
[21]oriente del To- lima, fue visto como el preludio a una grave agitación agraria. A pesar de la oposición laureanista dirigida en la Cámara por Hugo Es- cobar Sierra, el proyecto fue aprobado el 23 de noviembre y sancionado por el presidente el 13 de diciembre como ley 135 de 1961, base de toda la polí- tica agraria de…
p. 349
18Territorial Rule in Colombia and the Transformation of the Llanos OrientalesJane M. Rausch · 2013 · p. 891 cita
[22]that in order to receive legal title, the cultivator of baldíos had to develop at least two-thirds of the land that he or she was claiming and that fifty hectares was the ideal size of such a claim. The aim was to help both those peasants whose EBSCOhost: eBook Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:29:25 PM…
p. 89
19Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 801 cita
[23]entonces senador Carlos Lleras Restrepo, quien señaló cómo los predios de menos de cinco hectáreas –el 55 % del total de las unidades agrarias– ocupaban en ese momento apenas el 4,18 % de la tierra productiva, mientras que los predios mayores de 100 hectáreas, que representaban el 4,5 % de las propiedades, ocupaban el…
p. 80
20Forgotten Peace: Reform, Violence, and the Making of Contemporary ColombiaRobert A. Karl · 2017 · p. 2281 cita
[24]reformmonger.” 29 Carlos’s major role directing land reform came in the drafting process, where delegates from the Liberal and Conservative parties, along with the Catholic Church, committed to a program that mixed the two approaches to agrarian reform seen in earlier measures: a new legal regime for frontier…
p. 228
21Estado crítico de la propiedad colectivaDelgado Castaño, P. · 2018 · p. 92 citas
[25]Fondo Nacional Agrario; la clarificación desde el punto de vista jurídico de la situación de las tierras rurales del país, incluso las de carácter -privado; la promoción y la ejecución de labores de recuperación de tierras; y la promoción de la colonización, a través de la prestación de ayuda técnica y financiera en…
p. 9
[26]Fondo Nacional Agrario; la clarificación desde el punto de vista jurídico de la situación de las tierras rurales del país, incluso las de carácter -privado; la promoción y la ejecución de labores de recuperación de tierras; y la promoción de la colonización, a través de la prestación de ayuda técnica y financiera en…
p. 9
22Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 461 cita
[28]Departamentos en los que la ANUC tenía una fuerza muy importante. En aplicación de la Ley 135 de 1961 el Incora dirigió durante los años sesenta la colonización del piedemonte oriental de la cordillera Oriental, el Magdalena Medio, la altillanura entre el oriente del Meta y Vichada, el sur de Córdoba y en varias…
p. 46
23Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 93, 5012 citas
[29]élites terrate - nientes bloquearon la redistribución de tierras, usando la representación directa que tenían en la legislatura, además de la captura de una parte de los funcionarios elegidos, jueces o burócratas, que respondían a la distribución paritaria entre los partidos, y al uso del clientelismo para socavar el…
p. 501
[37]Revolucionario (MOIR), hasta las guerrillas, que emergieron en ese contexto de democracia restringida. Las FARC, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tuvieron influencia en ese amplio y plural campo de la izquierda. Eran tiempos revolucionarios en los cuales la lucha…
p. 93
24Revolutionary Social Change in Colombia: The Origin and Direction of the FARC-EPJames J. Brittain · 2010 · p. 831 cita
[30]130,000 people (Lindqvist, 1979: 102; see also INCORA, 1972). Scholars analytically studying Law 135 came to a different conclusion. They discovered that these numbers were not just greatly misleading, they contradicted the real conditions. Tad Szulc (1964: 245) noted that in its first year, the achievements of Law…
p. 83
25Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 30, 312 citas
[31]hecho de que esta región se encuentra de Santander y del inte- rior del país una cadena de 1nontaúas y llanuras y a la baja densi- dad de población aún más el de la guerra Los términos la distribución de tierra eran tan ambiguos que el Ministerio Agricultura tuvo la determinar tierras podían ser Se llegó a este…
p. 30
[33]Aproximadan1ente 76,9% de los conflictos de tierras en 1971 ocu- rrieron en los latifundios de la costa atlántica, en los valles interandinos y en los Llanos Orientales, donde se desarrollaban los grandes latifun- dios ganaderos y el capitalisrno agrario 49. Los restantes conflictos terri- 62 Sistemas de guerra…
p. 31
26Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 2491 cita
[34]puertas de crédito para la producción agraria, viéndose obligadas a acelerar los flujos migratorios campo-ciudad y a intensificar la ocupación de nuevos territorios. Machado indica que el grado de concentración de la propiedad aumentó entre 1960 y 1970 a pesar de la prolija legislación agraria promulgada alrededor de…
p. 249
27Historia económica de ColombiaJosé Antonio Ocampo Gaviria (compilador), Germán Colmenares, Jaime Jaramillo Uribe, Hermes Tovar Pinzón, Jorge Orlando Melo González, Jesús Antonio Bejarano Ávila, Joaquín Bernal Ramírez, Mauricio Avella Gómez, María Errázuriz Cox, Carmen Astrid Romero Baquero · 2017 · p. 5371 cita
[35]1961 y 1971, el Instituto adecuó 178.000 ha. Solo el 35% de los beneficiarios de estos programas lo eran también de la reforma agraria, 50% minifundistas privados y 15% propietarios medianos y grandes. Con el Acuerdo de Chicoral, se inició el desmonte de la reforma agraria y el diseño de una política alternativa de…
p. 537
28Marijuana Boom: The Rise and Fall of Colombia's First Drug ParadiseLina Britto · 2020 · p. 1181 cita
[36]land redistribution. In the Cauca Valley’s sugar belt, for example, landowners resisted the reform while using it to displace peasants and expand agribusiness. 167 In the Greater Magdalena, landed elites in the banana and cotton sectors also rejected the reform, fearing the loss of the state patronage that had enabled…
p. 118
29Historia de Colombia. Colombia Contemporánea IArturo Alape, Antonio Caballero, Gonzalo Hernández de Alba, Mauricio Archila, Germán Arciniegas, Enrique Sánchez y otros (obra colectiva) · 1988 · p. 1031 cita
[38]y en la prestacion de servicios (crédito y asistencia técnica) que en la re- distribucién de la tierra. Estos gobiernos dedicaron sus esfuerzos a atender algunas zonas criticas, afec- 1778 tadas por la violencia politica en el decenio anterior, y a contrarrestar el surgimiento de las zonas de au- todefensa campesina,…
p. 103
30Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 1761 cita
[39]terratenientes, empresarios y ganaderos a la reforma agraria; la radicalización de la ANUC, bajo la influencia de las distintas vertientes de la izquierda, y la invasión de grandes propiedades que esta promovió, especialmente en los años 1971 y 1974, cuando alcanzó el punto más álgido la movilización campe- sina por…
p. 176
31Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 661 cita
[40]para seguir defendiendo nuestro territorio ancestral». 146 Informe 262-CI-00390. Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) y Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), «El genocidio silencioso del puebo Embera Chamí de Caldas». de las guerrillas liberales a la efervescencia social (1958-1977)…
p. 66
32¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 831 cita
[41]y 1975; la mayoría de ellas entre 1970 y 1973, cuando el movimiento 130 INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica el representante a la cámara Israel Santamaría, el senador Carlos Toledo Plata y un grupo de guerrilleros urbanos encabezados por Jaime Bateman Cayón, escindidos de las FARC, en 1974 conformaron…
p. 83
33Memorias dispersasHumberto De La Calle Lombana · 2021 · p. 2651 cita
[42]olvidar la necesidad de incorporar a grandes masas campesinas a una vida digna y productiva, en un marco de respeto a la propiedad privada. Como se dijo, bajo el Gobierno conservador de Misael Pastrana, con apoyo de sectores liberales y de gremios de la producción, se suscribió el Pacto de Chicoral, que en la práctica…
p. 265
34Patía, de la tierra de nadie a las grandes haciendasCarlos Daniel Quiñonez Rodríguez, Carlos Enrique Osorio Garcés · 2024 · p. 1821 cita
[43]y el Gobierno nacional frenó los intentos de la redistribución de baldíos en el territorio colombiano (Villaveces y Sánchez 2015). Por tal motivo, los propietarios de los grandes latifundios emprendieron un proceso sistemático de demandas, el cual tuvo como resultado la expedición de la Ley 4 de 1973, finiquitada en…
p. 182
35Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 6511 cita
[44]que fue un pañito de agua que se dio con el gobierno de Carlos Lleras. Y ya con el gobierno de Misael Pastrana hubo un reversazo, porque [...] se dio el acuerdo de Chicoral, y en el acuerdo de Chicoral se reversó toda la política de equidad en el campo, de reforma agraria» 2123. Estos antecedentes son clave para…
p. 651
36Los retos de la Colombia contemporánea. Miradas disciplinares diversas en las ciencias socialesMauricio Nieto Olarte (edición académica y compilación), Luis Javier Orjuela, Alix Catalina Rojas, Carlos Felipe Cantor, Juan Carlos Rodríguez, Andrés Guhl, Sandra Borda G., Mateo Morales, Ángela Iranzo Dosdad, Alejandro Castillejo Cuéllar, Juan Ricardo Aparicio, Alhena Caicedo, Pablo Jaramillo, Carlos A. Manrique, Laura Quintana · 2017 · p. 26, 294 citas
[45]36 (López Pumarejo) y 1. ª del 68 (Lleras Restrepo), mediante la adjudicación de la propiedad al aparcero o arrendatario, después de diez años de trabajo sobre ella 3. Así, mediante la Ley 6. ª se evitaba la redistribución de la tierra. Esta relación de aparcería, que incluso podía obligar al campesino a pres - tarle…
p. 29
[46]36 (López Pumarejo) y 1. ª del 68 (Lleras Restrepo), mediante la adjudicación de la propiedad al aparcero o arrendatario, después de diez años de trabajo sobre ella 3. Así, mediante la Ley 6. ª se evitaba la redistribución de la tierra. Esta relación de aparcería, que incluso podía obligar al campesino a pres - tarle…
p. 29
[62]prin - cipio de “la tierra para el que la trabaja”, y las “leyes del Llano” de 1953 que, en un principio, conservaron la orientación liberal al promover “la confiscación de los bienes del enemigo o sea de los godos chulavitas”, y que después mostraron más autonomía al extenderla a todos “los hatos y propiedades de…
p. 26
[63]prin - cipio de “la tierra para el que la trabaja”, y las “leyes del Llano” de 1953 que, en un principio, conservaron la orientación liberal al promover “la confiscación de los bienes del enemigo o sea de los godos chulavitas”, y que después mostraron más autonomía al extenderla a todos “los hatos y propiedades de…
p. 26
37Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 3571 cita
[47]departamentos de Tolima, Antioquia, Huila, Cauca, Valle y Cundinamarca. Muy poco tiempo después, el gobierno de Pastrana iniciaría la contrarreforma agraria con la Declaración de Chicoral, un pacto bipartidista sobre el proyecto de modificación de la Ley de Reforma Agraria que fomentó la división del movimiento…
p. 357
38Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and BeyondJasmin Hristov · 2014 · p. 951 cita
[48]pacifying existing militant peasant and guerrilla groups (Rudqvist 1983). The same law also created the Colombian Institute for Agrarian Reform (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, or INCORA). Mostly in the early 1970s, INCORA bought up farms totalling 472,470 hectares and distributed land to 30,000 families…
p. 95
39Historia doble de la Costa. Tomo 4: Retorno a la tierraOrlando Fals Borda · 2002 · p. 2501 cita
[49]la rutina teórica que ha surgido de los estudios generales de la Violencia y se adelanta en la comprensión de sus factores y condiciones reales. Puede ser que continúe esta saludable tenden- cia de regionalizar el estudio de tan importante proceso. Cf. Russell W. Ramsey, "Critical bibliography on La Violencia in…
p. 250
40Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 521 cita
[50]la capacidad reivindicativa y de lucha de los campesinos, que se fueron radicalizando hasta desprenderse de la tutela del Estado de forma tal que se convirtieron en un elemento políticamente desestabilizador al adelantar una reforma agraria por su cuenta, de hecho, mediante invasiones, recupera- ción y toma de…
p. 52
41Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa FeYamile Salinas Abdala, María Paula Hoyos, Ana María Cristancho · 2018 · p. 291 cita
[51]que se tradujo en la institucionaliza- ción del movimiento campesino bajo el lema “la tierra pa’l que la trabaja” (Archila, 2005, página 97). Con base en el Decreto 755 de 1967, el Ministerio de Agricultura realizó un “empadronamiento masivo de usuarios reales y potenciales de servicios agropecuarios estatales”…
p. 29
42No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1231 cita
[52]de julio de 1970, a un mes de que se terminara el gobierno de Lleras, se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Para entonces, había casi un millón de hombres y mujeres afiliados a las asociaciones campesinas, y un empoderamiento que se reflejaba en las palabras del líder agrario sucreño Francisco…
p. 123
43Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El Movimiento Armado Quintín LameDaniel Ricardo Peñaranda Supelano · 2015 · p. 1391 cita
[54]un énfasis en la dotación de tierras a los arrendata - rios y aparce ros, y la profun dización de la reforma por medio de la organiza ción de los campe sinos. Esta última medida condujo a la creación de la Asocia ción Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que constituía una osada respuesta al ascenso de los movi…
p. 139
449 de marzo de 1990Rafael Pardo Rueda · 2020 · p. 591 cita
[55]su Congreso de 1988, donde un sector trató de liderar una posición más abierta a una negociación basada en parte en el fracaso del paro de octubre de 1987. Ese sector, años después, se separaría y se estructuraría como Corriente de Renovación Socialista y firmaría en 1994 un acuerdo de paz con el Gobierno. 27 — Para…
p. 59
45El Desarrollo de la Agricultura en ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1982 · p. 50, 2962 citas
[56]acaba de otorgar el Incora durante más de 14 años de existencia. Muchas de estas invasiones culminaron en la conformación de empresas comunitarias, que venían conformándose desde 1968, especialmente en los distritos de aparceros y arrendatarios y en los de adecuación de tierras, cuando el Incora cambia su política de…
p. 296
[73]arrendatarios. Como se verá más adelante, el grado de concentración de la pro- piedad también aumentó ostensiblemente. Se puede caracterizar así la información censal analizada: la población del campo sufrió profundas modificaciones en su composición, en su número y en su movilidad. Mientras hubo una notoria…
p. 50
46At the Margins of the Global Market: Making Commodities, Workers, and Crisis in Rural ColombiaPhillip A. Hough · 2022 · p. 2401 cita
[57]activity. The ANUC-Caquetá branch of the national movement was one of its most vibrant since its inception. At fi rst, the bulk of their energies were dedicated to squatting on unused public and private lands. However, over time their actions expanded to civic strikes and occupations of local state agencies to demand…
p. 240
47Un bosque de memoria viva, desde la Alta Montaña de El Carmen de BolívarCentro Nacional de Memoria Histórica, Carmen Andrea Becerra Becerra · 2018 · p. 1021 cita
[58]en comparación con la zona alta. En la zona baja las tierras no producían mucho y [con la reforma agraria] los terratenientes le proponen las tierras más malas al gobierno para comprar. Todas esas tierras que fue- ron las malas como Acetuna, San Rafael, Tacaloa, fueron fincas que fueron vendidas voluntariamente cuando…
p. 102
48The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia: Struggles of the National Peasant Association, 1967-1981Leon Zamosc · 1986 · p. 122, 1722 citas
[59]a moment and again later in this book. The second component of Pastrana's policy of restraint of the peasant movement was increasing repression, which, since late 1971 and early 1972, was directed especially to the areas that had been most affected by the land invasions. Repression, of course, was nothing new. There…
p. 122
[61]land of their own Families with land under other forms of tenancy Families with no access to land Total (%) Number of families 1960/64 46.4 29.1 24.5 100.0 12,112 14,465 26,557 1970/73 52.2 24.0 23.8 100.0 Average amount of land per family 14.9 hectares 28.7 hectares 22.5 hectares 1979 70.1 12.1 17.8 100.0 (total…
p. 172
49Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo ILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · 2022 · p. 771 cita
[60]septiembre). Las tomas de tierras eran antecedidas por la identificación de las veredas donde habitaban familias campesinas sin tierra, las zonas donde había fincas si ser trabajadas y su situación catastral. Estas indagaciones eran hechas por los mismos campesinos, vecinos, solidarios y abogados. Entonces, buscábamos…
p. 77
50Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 311 cita
[64]de Abril (M-19), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) o la guerrilla indigenista Quintín Lame (QL). APARICIÓN E HISTORIA DE LAS FARC, 1964-1998 Como se explicaba, las FARC toman el ataque sobre la República de Marquetalia del 27 de mayo de 1964 como su mito fundacional, si bien esta denominación no aparece…
p. 31
51La batalla por la pazJuan Manuel Santos · 2019 · p. 361 cita
[65]Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez, como “repúblicas independientes” en las que el Estado no ejercía ningún control. Y se convirtieron en un objetivo militar. En mayo de 1964, bajo el gobierno del también conservador Guillermo León Valencia, el Ejército lanzó una operación para acabar con el reducto…
p. 36
52Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in ColombiaWilliam Avilés · 2006 · p. 471 cita
[66]students, who received train- ing in Cuba in 1962, returned to Colombia and officially began the ELN’s insurgency struggle in 1964. The FARC emerged under the leadership of the Communist Party and operated with the support of peasants who sought refuge from the repression of La Violencia. The FARC was largely made up…
p. 47
53¿Otra historia de Colombia? De tiempos prehispánicos a hoy: lo fundamental en 12 capítulosFelipe Arias Escobar · 2023 · p. 941 cita
[67]s ubver s iv os, entre l os que s e des tacó el Movimient o Obrero, E s tudiantil y Campe s ino (MOEC). C o n aquella lógica de la guerra fría, s umada al hech o de que el régimen había delegad o a la s fuerza s armada s el c o ntr o l ca s i ab so lut o de la s eguridad interna, el Gobiern o de Guillerm o León…
p. 94
54Mujeres e insurrección en Colombia: Reconfiguración de la identidad femenina en la guerrillaMaría Eugenia Ibarra Meló · 2009 · p. 871 cita
[68]ente, se transform an en una guerrilla de orientación com unista. Para el sociólogo francés Pierre G uilhodes y para Jacobo Arenas, el fallecido ideólogo de las FARC, la cam paña m ilitar em prendida por el Ejército colom biano contra la región de M arquetalia constituyó el detonante para la reactiva ción de las…
p. 87
5530 hechos que cambiaron la historia de ColombiaRafael Pardo Rueda · 2022 · p. 2191 cita
[69]de fundación fueron: ELN, 1962; Farc, 1964; EPL, 1967; M- 19, 1970. El M-19 se desmovilizó en 1990, el EPL en 1991 y las Farc-Ep en 2016. Todos fueron producto de la revolución cubana. Y, con alguna excepción, a partir de los años ochenta encontraron en el narcotráfico su fuente de financiamiento y expansión,…
p. 219
56Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013Mario Aguilera Peña · 2013 · p. 3251 cita
[70]Pese a que el primer informe de la mesa de negociación no revela los pormenores del pacto, el anuncio resulta muy significa- tivo en tanto que el problema agrario ha ocupado un lugar cen- tral en el conflicto y es una de las razones del mismo. Como se ha mostrado a lo largo del texto, las farc nunca han dejado de…
p. 325
57A lomo de mula. Viajes al corazón de las FarcAlfredo Molano · 2016 · p. 112 citas
[71]Una de las preguntas más inquietantes es por qué el sur del Tolima y el norte del Cauca fueron la cuna de las Farc y por qué son regiones que aún están envueltas en el conflicto. La respuesta está vinculada a dos grandes litigios históricos vigentes en esos territorios: la lucha por la tierra de los indígenas — paeces…
p. 11
[72]Una de las preguntas más inquietantes es por qué el sur del Tolima y el norte del Cauca fueron la cuna de las Farc y por qué son regiones que aún están envueltas en el conflicto. La respuesta está vinculada a dos grandes litigios históricos vigentes en esos territorios: la lucha por la tierra de los indígenas — paeces…
p. 11
5825 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000Mauricio Archila Neira, Álvaro Delgado G., Martha Cecilia García V., Esmeralda Prada M. · 2002 · p. 1461 cita
[74]el 44.63% de la superficie ocupada 37 • Esto muestra que se fragmentó la pequeña propiedad y que los pequeños y medíanos campesinos perdíeron control sobre la tierra. mientras los gran- des propietarios lo aumentaron. Por otra parte, las leyes de reforma agraria han tenido escasos resulta- dos: han favorecido la…
p. 146
59Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 4992 citas
[75]loco - motoras –entre ellas las del agro, la minería y la infraestruc - tura– que demandan grandes extensiones de tierra para su desarrollo. Por esta razón, los baldíos –titulados o no– y las zonas de reserva forestal han adquirido especial relevancia, como también las serias modificaciones a la Unidad Agrícola…
p. 499
[76]loco - motoras –entre ellas las del agro, la minería y la infraestruc - tura– que demandan grandes extensiones de tierra para su desarrollo. Por esta razón, los baldíos –titulados o no– y las zonas de reserva forestal han adquirido especial relevancia, como también las serias modificaciones a la Unidad Agrícola…
p. 499
60Doble discurso, múltiples crímenes. Análisis temático de las ACMM y las ACPBCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández (coordinador) · 2021 · p. 4662 citas
[77]la propiedad, el promedio de los municipios donde hubo presencia de las ACMM reporta un total de 0,69 y para los municipios de presencia de las ACPB se registra un promedio de 0,64. Esto, si bien está por debajo del pro- medio nacional (0,86) no deja de ser una cifra alta, teniendo en cuenta que en el caso de las ACMM…
p. 466
[78]la propiedad, el promedio de los municipios donde hubo presencia de las ACMM reporta un total de 0,69 y para los municipios de presencia de las ACPB se registra un promedio de 0,64. Esto, si bien está por debajo del pro- medio nacional (0,86) no deja de ser una cifra alta, teniendo en cuenta que en el caso de las ACMM…
p. 466
61Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 1361 cita
[79]autores encuentran más bien una relación di- ferenciada entre las etapas del conflicto, el desplazamiento, el 68 Estos informes son la continuación de la línea de investigación sobre tierra y conflicto armado del CNMH, desarrollada para responder al creciente interés que había tomado el tema sobre la estrecha relación…
p. 136
62Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 991 cita
[80]desigualdad no ha dejado de aumentar 223. En 2016, s egún esta organización, Colombia se situaba en primer lugar en el ranking de desigualdad en la distribución de la tierra en Latinoamérica, seguido por Perú, Chile y Paraguay. En el país, el 1 % de las explotaciones de mayor tamaño controlaba más del 80 % de la…
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