Guerrillas liberales y autodefensas campesinas (1949–1953)

Guerrillas liberales y autodefensas campesinas (1949–1953)

Entre el cierre del Congreso por Mariano Ospina Pérez en noviembre de 1949 y la amnistía decretada por Gustavo Rojas Pinilla en la segunda mitad de 1953, en el campo colombiano se armaron dos matrices insurgentes que la memoria posterior tendió a fundir en una sola imagen: la guerrilla liberal de los Llanos Orientales, patrocinada por hacendados y organizada en torno a la identidad partidista, y las autodefensas campesinas de orientación comunista del sur del Tolima, el Sumapaz y Viotá, arraigadas en ligas agrarias con memoria propia. Su convivencia fue breve, su alianza táctica y su ruptura definitiva. La primera aceptó la amnistía y se disolvió; la segunda rechazó desmovilizarse, se replegó hacia las selvas del oriente y, en columnas de marcha que cargaban familias enteras, sembró la geografía que dos décadas después alojaría a las FARC. Aquellos cuatro años concentraron el momento fundacional de la insurgencia rural colombiana contemporánea: no como plan, sino como sedimento de una violencia que ni el gobierno conservador logró contener ni el bipartidismo restaurado supo resolver.

El país que se armó: del 9 de abril al cierre del Congreso

El 9 de abril de 1948, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá abrió una crisis que Ospina Pérez sorteó con una segunda Unión Nacional, un gabinete de cohabitación con el liberalismo que duró alrededor de un año. En mayo de 1949, los liberales, en mayoría parlamentaria, decidieron aprovechar el Congreso para contrarrestar al presidente. La ruptura fue de fondo: impulsaron una reforma electoral que los conservadores llamaron "contrarreforma" y que adelantó los comicios presidenciales a noviembre de 1949. Ospina respondió el 9 de noviembre con un quiebre institucional de gran alcance —medidas de excepción consideradas un autogolpe— pocos días antes de la elección que llevó a Laureano Gómez a la presidencia sin oposición liberal, pues el partido, denunciando la falta de garantías, se declaró en abstención.

Entre esos dos momentos, el país rural ya llevaba años de violencia. Desde 1946 la policía había sido politizada y "conservatizada", convertida en instrumento de represión partidista bajo el nombre popular de chulavita. En su estela operaban los Pájaros, cuadrillas civiles al servicio conservador que dominaban zonas del Eje Cafetero: en el norte del Valle, el noroccidente de Risaralda y Caldas y varios municipios del Quindío, León María Lozano, el Cóndor, ejerció control territorial. La violencia no fue solo sectaria: en las zonas cafeteras del centro y norte del Tolima y el antiguo Caldas se combinó con despojo de tierras, robo de cosechas y ventas forzadas, con un patrón que se agudizaba en época de recolección.

Todo esto ocurrió sin que se materializara la guerra civil que muchos temieron. El ejército permaneció leal al gobierno y fue visto con relativa neutralidad, incluso con simpatía por sectores gaitanistas: el odio popular se redirigió hacia la policía política y las cuadrillas civiles, no hacia la tropa. Cuando el Partido Comunista de Colombia (PCC) emitió su llamado a la autodefensa de masas en noviembre de 1949 —en respuesta, según algunas versiones, al intento de imponer la ley marcial, y según otras, dos semanas después de que quedó clara la victoria de Laureano Gómez—, lo hizo sobre un campo ya en llamas y con la certeza de que el aparato armado del Estado no se fracturaría. No habría guerra civil clásica; habría, en su lugar, una constelación de resistencias regionales.

Los Llanos Orientales: la guerrilla más numerosa

Ninguna región produjo un movimiento armado del tamaño y la organización de los Llanos Orientales. En Casanare, Vichada, Meta y Arauca se levantó la fuerza más numerosa y mejor armada del ciclo. Una estimación de comienzos de 1950 la calculaba en unos 2.500 combatientes; otra, sin fecha precisa pero en pleno ascenso, hablaba de entre 2.000 y 3.000 hombres. Al final, cuando llegó la amnistía de 1953, Guadalupe Salcedo persuadiría a cinco mil guerrilleros de deponer las armas.

Su composición social explica su forma. Los hatos ganaderos del oriente estaban poblados por vaqueros, peones, aparceros, colonos y caporales. Estos últimos, hombres con función de mando sobre los trabajadores en la estructura del latifundio, entraron al monte junto con quienes estaban por debajo de ellos. La chispa fue temprana: Eliseo Velásquez, nativo de Líbano (Tolima), se alzó tras el asesinato de su padre por conservadores en 1946 y encabezó el ataque a Puerto López el mismo 9 de abril de 1948, convirtiéndose en una figura fundacional del alzamiento llanero.

El núcleo dirigente se consolidó después en torno a Guadalupe Salcedo Unda —llanero de sangre indígena, nacido en Santa Helena de Cusiana, Casanare— y Eduardo Franco Isaza, con comando en Yopal. A su alrededor operaron otros jefes cuya coexistencia nunca fue pacífica. Eduardo Nossa y Dumar Aljure mandaban comandos propios; Bernardo Giraldo y José Alvear Restrepo aportaron cuadros de origen urbano; Plinio Murillo se hizo fuerte en su zona; los hermanos Bautista terminarían siendo víctimas de rivalidades internas que revelan hasta qué punto la fuerza militar no fue nunca un cuerpo homogéneo.

La particularidad llanera fue el patronazgo hacendatario. Los grandes propietarios liberales de la sabana entendieron pronto que la insurgencia podía funcionar como guardia armada de sus hatos frente a la policía conservadora, y la financiaron. Esa relación duró mientras las banderas fueron estrictamente partidistas. Cuando la guerrilla comenzó a asumir demandas sobre la tierra y la condición de los peones, la alianza se resquebrajó. Para 1952, sectores importantes del movimiento —Salcedo entre ellos— se habían distanciado de la línea hacendataria y hablaban abiertamente de revolución y de derrocar al gobierno.

En esa deriva, la guerrilla llanera intentó darse instituciones propias. Con el apoyo de abogados y dirigentes que se sumaron a los campamentos, jefes reunidos en asamblea expidieron dos "leyes del Llano" para organizar la vida civil, jurídica y militar de las zonas bajo control insurgente: tribunales, códigos, disciplina interna, relaciones con la población. Fue el momento en que la guerrilla dejó de ser un conjunto disperso de bandas locales y ensayó una forma de Estado paralelo en la sabana. Pero seguía siendo una fuerza de identidad liberal, atada a un partido que en las ciudades no la reconocía ni la respaldaba.

Sumapaz, Viotá y el sur del Tolima: los enclaves comunistas

En simultáneo, el PCC organizó una geografía distinta. Tras el llamado de noviembre de 1949 se establecieron tres enclaves de autodefensa que no dependían de hacendados sino de estructuras agrarias previas. Viotá, cerca de Bogotá, había sido durante décadas núcleo cafetero de organización comunista. La región del Sumapaz, en el sur de Cundinamarca y frontera con el Tolima, cargaba una tradición de lucha campesina más larga aún: el movimiento agrario del Alto Sumapaz y el oriente del Tolima había sido liderado desde los años treinta por Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela, con vínculos con Gaitán, y ya desde 1946 había formado grupos de autodefensa frente a la represión conservadora. El extremo sur del Tolima, tercer enclave, se organizó sobre bases de la Liga Campesina de la vereda El Limón, en Chaparral.

Los liderazgos reflejaban esa base social. Juan de la Cruz Varela encabezó las guerrillas del Sumapaz. Jacobo Prías Alape, Charro Negro, condujo el enclave del sur del Tolima. Isauro Yosa —Mayor Lister—, indígena natagaimuno, jornalero y recolector de café, dirigió la guerrilla comunista tolimense en articulación con Prías Alape. Ninguno era hacendado; ninguno debía su autoridad al patronazgo de una élite local. Su legitimidad venía de una tradición organizativa agraria en la que el PCC llevaba dos décadas trabajando.

El sustrato importa. Los conflictos del Tequendama y el Sumapaz en los años veinte y treinta —disputas sobre el derecho de los aparceros a sembrar café, sobre las tierras aparentemente baldías, sobre las condiciones de trabajo en haciendas de sociedades bogotanas— habían politizado el campo con la intervención del Partido Comunista, el PSR y el movimiento UNIR. En el sur del Tolima, los pleitos habían girado en torno a las pesas y medidas de las haciendas cafeteras, las huelgas de recogedores y las siembras clandestinas de cafetales en zonas altas de los latifundios. Cuando el PCC llamó a la autodefensa en 1949, esa red preexistente se convirtió, casi de inmediato, en infraestructura militar.

El Davis: la alianza que no cuajó

El punto donde las dos matrices se tocaron fue El Davis, en las estribaciones de la Cordillera Central, en el municipio de Rioblanco, sur del Tolima. Allí se estableció un comando unificado que reunió a guerrilleros liberales y comunistas, primer y único ensayo formal de convergencia entre las dos tendencias. La guerrilla liberal de la zona había sido organizada por Gerardo Loaiza y Leopoldo García, alias Peligro, hacendados que habían colonizado tierra en Rioblanco por instrucción del Partido Liberal de Ibagué. La comunista venía de la Liga Campesina de El Limón bajo Isauro Yosa.

El experimento duró poco. Hacia finales de 1951, el campamento se había dividido en dos sectores geográfica y políticamente distintos: los Comunes, en El Davis propiamente dicho, bajo mando de Yosa y Luis Alfonso Castañeda, alias Richard; y los Limpios, en el sector de La Ocasión, donde vivía don Gerardo Loaiza con sus leales. La fractura era de clase antes que de doctrina. Los liberales defendían la propiedad privada y la pertenencia al Partido Liberal; los comunistas impulsaban reforma agraria y formas de colectivización. Los primeros consideraban indisciplinados a los segundos y les atribuían actos de violencia contra pobladores; los segundos veían en los primeros representantes de intereses hacendatarios incompatibles con la lucha campesina.

La ruptura definitiva llegó en agosto de 1952, cuando los comunistas adoptaron el programa aprobado por la Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional —la Conferencia de Boyacá—, reunida el 15 de ese mes con delegados de las guerrillas del Llano, Santander, Antioquia y Sumapaz. La convergencia intentada en Boyacá fracasó por múltiples razones, entre ellas el escepticismo de la élite liberal ante un programa de contenido social, pero su efecto inmediato fue la separación irreversible en El Davis. A partir de ese momento, Limpios y Comunes fueron enemigos, y las rivalidades entre ellos abrieron brechas que la policía, el ejército y las cuadrillas paramilitares aprovecharon para incursiones devastadoras que otros enclaves —Sumapaz, Viotá— lograron evitar por su cohesión interna.

Esa fractura es el momento decisivo del ciclo. No fue un desacuerdo ideológico abstracto: fue el choque entre una guerrilla dirigida por hacendados que armaban campesinos con lógica de guardia partidista y una guerrilla de jornaleros y colonos con memoria agraria. Que los Limpios y los Comunes terminaran combatiéndose entre sí prefiguró todo lo que vendría después: la desconfianza estructural de los comunistas hacia cualquier amnistía negociada por élites liberales, y la convicción de que rendir las armas equivalía a exponerse al exterminio.

La represión y las columnas de marcha

Contra ambos enclaves y contra las zonas de apoyo social, el Estado desplegó una violencia que combinó fuerzas regulares, policía chulavita y cuadrillas civiles. El 2 de diciembre de 1952, la Fuerza Aérea bombardeó la población de Yacopí, en Cundinamarca, destruyendo sus dieciséis manzanas para acabar con el respaldo local a la guerrilla liberal de la zona. Bombardeos, incendios de casas, robos de animales, asesinatos y violaciones fueron tan sistemáticos que sacerdotes del Tolima, Antioquia y los Llanos Orientales documentaron ante el gobierno que la población prefería sumarse a las guerrillas antes que soportar ese trato. La chulavita cometió en el Sumapaz y el Tolima matanzas cuyos cuerpos eran transportados en volquetas y arrojados desde el puente de Pandi al río Sumapaz, en los precipicios de Profundos entre Villarrica y Cunday, o en el alto de Buenavista.

De esa represión surgió el fenómeno que sellaría la geografía insurgente colombiana: las columnas de marcha. Bombardeos como el de Yacopí y el asalto a El Davis en 1952 desplazaron a más de cinco mil personas que buscaron refugio en el Alto Sumapaz, la región del Duda, El Pato y las zonas aledañas a los ríos Ariari y Guayabero. No fueron desplazados corrientes: eran familias enteras acompañadas por combatientes armados que evacuaban en formación. En esa evacuación, la unidad de resistencia era la familia, y dentro de ella las mujeres cumplían funciones combatientes, organizativas y educativas que la historiografía tradicional durante décadas registró como anecdóticas, pero que resultaban centrales para sostener la columna en movimiento. La violencia estatal, al fracasar en destruir los enclaves, los desplazó hacia territorios de colonización marginal donde el Estado apenas existía, y donde la resistencia armada podía reconstituirse sobre bases más protegidas.

Esa segunda oleada de poblamiento del piedemonte de la Cordillera Oriental —sur del Meta, norte del Caquetá, valles del Ariari y el Guayabero— fue producto directo de la violencia y trasladó núcleos organizados de resistencia armada a la selva. La colonización forzada devino escuela de sobrevivencia militar: los mismos hombres y mujeres que huían aprendían a moverse en columna, a fortificar campamentos, a articular economía agraria y estructura combatiente. Décadas después, la reconstrucción histórica señalaría ese éxodo como uno de los antecedentes materiales del conflicto armado posterior.

Rojas Pinilla y la amnistía: dos respuestas divergentes

El 13 de junio de 1953, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla derrocó a Laureano Gómez con el respaldo de las Fuerzas Militares, del directorio conservador ospinista y de sectores liberales. Su fórmula fue la pacificación: amnistía a los guerrilleros a cambio de entrega de armas. La respuesta reveló, con nitidez definitiva, que las dos matrices no eran una sola.

En los Llanos, la guerrilla liberal se desmovilizó. Entre agosto y octubre de 1953, el grueso de los combatientes entregó las armas a las autoridades militares. Se reportó que en seis semanas rindieron armas unos 3.220 hombres, incluyendo una contraguerrilla conservadora. Guadalupe Salcedo persuadió a sus cinco mil guerrilleros de deponer la lucha; en un gesto de ceremonial político, aceptó el llamado del gobierno y encabezó la entrega. La estructura llanera —clientelar, atada al Partido Liberal, dependiente del patronazgo hacendatario— no tenía cómo sostenerse cuando el partido y las élites regionales avalaron la salida negociada.

Juan de la Cruz Varela, en el Sumapaz, entregó a fines de octubre de 1953: 1.200 hombres según la prensa. Pero guardó las armas. El gesto —desmovilizar combatientes sin desarmar el enclave— fue una lectura política precisa: la amnistía era una ventana coyuntural; la amenaza latifundista era permanente. En el sur del Tolima, los Limpios de Loaiza aceptaron la amnistía, y algunos de sus grupos se pusieron a disposición del ejército para combatir a los Comunes. La lógica del Davis se completaba: los amnistiados liberales colaboraban con el Estado contra los comunistas que se negaban a rendirse.

Los Comunes rechazaron desmovilizarse porque desconfiaban de esos mismos Limpios y del gobierno que los recibía. Bajo directriz del PCC, se replegaron y se transformaron en autodefensas campesinas. En septiembre de 1954, Rojas Pinilla obtuvo de la Asamblea Constituyente la ilegalización del Partido Comunista, medida que confirmó lo que las estructuras comunistas ya sabían: la amnistía no las cubría en igualdad de condiciones. La decisión de no entregar las armas, tomada antes, quedó ratificada por los hechos.

En Villarrica, la estructura de autodefensa se mantuvo intacta pese a la amnistía ofrecida. A mediados de 1955, el gobierno declaró la región zona de operaciones militares y aplicó una política de tierra arrasada con bombardeos y ametrallamientos. De esa ofensiva salieron nuevas columnas de marcha que replicaron el patrón de 1952: desplazamiento organizado hacia el oriente, reconstitución del núcleo armado en territorios de colonización.

En esa reconstitución, la presencia femenina dejó de ser marginal. Cuando, tras la desmovilización de la mayoría de los liberales, los comunistas constituyeron el comando clandestino conocido como Los Treinta —bajo mando de Manuel Marulanda Vélez en compañía de Charro Negro—, su composición fue de 26 hombres y cuatro mujeres. La proporción no era simbólica: el grupo se estableció como colono en Gaitania y San Miguel, abrió trochas, sembró café, tendió redes de enlace hacia el Cauca, Huila, Caldas y el Valle, y en todas esas tareas las combatientes participaron. Cuando los sobrevivientes de las columnas de marcha se asentaron en Riochiquito, bajo el mando de Ciro Trujillo, levantaron escuelas y programas educativos que incorporaron a mujeres y hombres campesinos, mestizos e indígenas, en una configuración de colonia agraria armada donde la línea entre combatiente y colono se desdibujaba deliberadamente.

La geografía de la colonización armada

Al terminar el ciclo, el mapa de la insurgencia colombiana había cambiado. Los Llanos, que habían sido el epicentro cuantitativo del alzamiento, se pacificaron y se reintegraron al orden bipartidista con la desmovilización. El eje comunista, en cambio, se desplazó: de Viotá, el Sumapaz y el sur del Tolima —zonas de tradición agraria consolidada— hacia territorios de frontera. Riochiquito, en el Cauca; Marquetalia, en el sur del Tolima; El Pato, en el Caquetá; Guayabero y el Ariari, en el Meta. Estos nombres, que hasta 1949 eran apenas topónimos de colonización, se convirtieron entre 1953 y 1955 en núcleos de asentamiento armado.

Los sobrevivientes de las columnas de marcha configuraron allí colonias agrarias donde la producción campesina —café en las zonas altas, cultivos de pancoger en las bajas— coexistía con estructuras de autodefensa permanente. Un documento estadounidense desclasificado de mayo de 1959 identificaba a Víctor Merchán como figura dominante de la comunidad comunista del Sumapaz y consignaba que los intentos de expansión hacia zonas aledañas habían sido bloqueados por el presidente Alberto Lleras Camargo mediante el envío de tropas. La geografía comunista era ya un dato reconocido de la seguridad nacional.

El Frente Nacional, pactado en 1958, no desmontó estos enclaves. Sobrevivieron a la reconciliación bipartidista sin desmovilizarse, y al inicio de los años sesenta sus combatientes vivían en comunas agrícolas en zonas montañosas remotas. En 1961, el senador Álvaro Gómez Hurtado denunció desde el Congreso la existencia de "repúblicas independientes" en esas regiones, una fórmula que preparó el terreno político para la ofensiva militar contra Marquetalia de 1964. La operación contra ese enclave, y la fundación de las FARC en el mismo año por combatientes provenientes en su mayoría de las columnas de marcha, clausuraron formalmente el ciclo abierto en 1949. Entre los fundadores estaban Manuel Marulanda Vélez, Ciro Trujillo, Rigoberto Lozada, Carmelo López, Rogelio Díaz y José de Jesús Rivas; Jacobo Arenas fue el único cuadro urbano de origen obrero.

Guadalupe Salcedo: el símbolo del amnistiado

La suerte de Guadalupe Salcedo condensa la trayectoria de la matriz liberal. Después de haber convencido a cinco mil hombres de entregarse en 1953, y tras la caída de Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957, el bipartidismo restaurado no lo protegió. Salcedo fue asesinado poco después de esa transición, convertido a partir de ese momento en el símbolo por excelencia del insurrecto amnistiado y traicionado, el hombre que creyó en la palabra del Estado y pagó por creerla. Su muerte confirmó retrospectivamente, ante los ojos de los comunistas que se habían negado a entregar las armas, que la decisión de no desmovilizarse había sido acertada.

Ese contraste operó como pedagogía política durante los años siguientes. Los Llanos, sin dirigencia sobreviviente ni estructura clandestina, se despolitizaron militarmente; algunos jefes desmovilizados como Dumar Aljure derivaron en trayectorias personales de bandidaje o notabilidad regional, sin base insurgente. Los enclaves comunistas, en cambio, contaban con un ejemplo elocuente de por qué debían continuar armados, y con una geografía propia donde el Estado tardaría dos décadas en volver con fuerza suficiente.

El sedimento

Los cuatro años entre el cierre del Congreso de noviembre de 1949 y la amnistía de 1953 no produjeron una guerra civil, no derrocaron al gobierno conservador y no unificaron a las guerrillas del país. Produjeron algo más denso y más duradero: dos maneras distintas de armar el campo colombiano contra el Estado, una compatible con la política bipartidista y otra incompatible con ella. Los Llanos fueron el gran alzamiento partidista de la primera; el Sumapaz, Viotá y el sur del Tolima fueron el laboratorio agrario y comunista de la segunda. Cuando la primera aceptó la amnistía y se disolvió, la segunda heredó, casi por defecto, la representación de la insurgencia rural.

La transferencia no fue mecánica. Requirió una cadena de contingencias: la fractura del Davis en 1952, el fracaso de la Conferencia de Boyacá, los bombardeos de Yacopí y Villarrica, la ilegalización del PCC en 1954, el asesinato de Salcedo, la denuncia de las "repúblicas independientes" y la ofensiva contra Marquetalia. Cada uno de esos episodios podría haberse resuelto de otro modo. Pero el sustrato estructural —una matriz agraria con memoria organizativa propia, protegida por una geografía de colonización marginal producida por el propio desplazamiento— tenía una consistencia que la matriz liberal, dependiente del patrocinio hacendatario y de la identidad partidista, nunca tuvo.

Que las FARC hayan podido reclamar en 1964 una genealogía que iba de las ligas campesinas del Sumapaz de los años treinta a las autodefensas del sur del Tolima de los cincuenta y a las columnas de marcha del Ariari y el Guayabero no fue un artificio propagandístico. Fue el reconocimiento tardío de un hecho: aquellos años dejaron como sedimento una geografía y una tradición organizativa que ninguna amnistía —ni la de Rojas, ni la del Frente Nacional— logró desactivar. La insurgencia colombiana de la segunda mitad del siglo XX nació en la manera en que, entre 1949 y 1953, dos matrices se probaron, se enfrentaron y siguieron caminos irreconciliables.