El Frente Nacional y el origen de las guerrillas colombianas

El Frente Nacional y el origen de las guerrillas colombianas

Entre el 1 de diciembre de 1957 —día del plebiscito que refrendó el pacto bipartidista— y el 7 de agosto de 1974 —cuando Alfonso López Michelsen recibió la banda presidencial fuera ya del régimen de alternancia—, Colombia ensayó un experimento de ingeniería política singular en América Latina: liberales y conservadores acordaron repartirse durante dieciséis años la presidencia y todos los cargos públicos, cerrando la puerta a cualquier tercera fuerza. En ese mismo intervalo nacieron las cuatro guerrillas que definirían medio siglo de conflicto armado: las FARC (1964-1966), el ELN (1964), el EPL (1967) y el M-19 (1970-1974). La coincidencia cronológica es tan estricta que impone la pregunta: ¿fue el diseño excluyente del Frente Nacional la causa estructural de la insurgencia, o las guerrillas fueron ante todo importación ideológica del foquismo cubano y del clima global de la Guerra Fría? La respuesta que sostiene mejor la evidencia es más ajustada que las posiciones dominantes: el pacto de 1957 fue condición necesaria pero no suficiente. Sin el sustrato de exclusión política, agraria y social que el Frente Nacional heredó y consolidó, el catalizador cubano no habría prendido; sin ese catalizador y la reacción contrainsurgente estadounidense, ese sustrato no habría cristalizado en las formas concretas —geografía, timing, doctrina— que tomaron las cuatro organizaciones.

Qué se juega al responder esta pregunta

La pregunta no es académica. De ella depende cómo se lea todo el ciclo largo del conflicto colombiano y, con él, la responsabilidad histórica del propio régimen democrático. Si las guerrillas fueron importación foránea —una franquicia cubana injertada en un país que no la necesitaba—, el Frente Nacional queda absuelto: fue un pacto sensato de pacificación al que le tocó lidiar con una amenaza externa. Si, en cambio, fueron producto del cierre institucional, el arreglo que puso fin a La Violencia bipartidista fabricó, en el mismo acto, el conflicto que la reemplazaría. La distinción tiene consecuencias concretas: define si Marquetalia fue defensa legítima del Estado contra un enclave subversivo o profecía autocumplida de un discurso que criminalizó comunidades campesinas antes de que se alzaran; determina si el M-19 fue vanguardia romántica influida por La Habana o respuesta racional al fraude del 19 de abril de 1970; sitúa las responsabilidades del diseño excluyente frente a las de la coyuntura internacional. Los términos del debate estructuraron las conversaciones de La Habana entre 2012 y 2016, cuando la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas debió pronunciarse justamente sobre los orígenes del conflicto. Nombrar mal el origen es nombrar mal la salida.

Los términos del debate

El campo interpretativo se organiza en torno a tres lecturas que rara vez aparecen en estado puro pero que conviene distinguir con nitidez.

La primera —la lectura institucional— sostiene que el Frente Nacional fue la causa decisiva. Al monopolizar liberales y conservadores toda la representación política mediante el Pacto de Sitges (1957), la alternancia obligatoria y la paridad burocrática, el sistema cerró la válvula legal por la que podían circular las demandas de las fuerzas excluidas. Alfonso López Michelsen, que participó desde dentro fundando el MRL en 1960, caracterizó el arreglo como un régimen de partido único sin oposición real. La consecuencia, según esta lectura, fue mecánica: donde no hay política legal, hay política armada.

La segunda lectura —la geopolítica o externalista— desplaza el peso hacia La Habana. Las guerrillas colombianas serían capítulos locales de un fenómeno continental: la exportación del modelo cubano tras 1959, la teoría del foco de Guevara y Debray, el entrenamiento de cuadros en la isla. El caso del ELN es el más nítido: en 1962, un grupo de jóvenes viajó a Cuba, recibió entrenamiento guerrillero y regresó a Colombia para conformar el núcleo fundador que actuaría por primera vez en Simacota el 7 de enero de 1965. Fabio Vásquez Castaño, Víctor Medina Morón y otros no habrían sido concebibles sin el laboratorio cubano. Desde esta óptica, el Frente Nacional es escenario, no causa.

La tercera lectura —la agrarista, de larga duración— rechaza ambos marcos por cortoplacistas. Las guerrillas colombianas, sobre todo las FARC, serían continuación orgánica de las autodefensas campesinas comunistas de los años cuarenta y cincuenta, forjadas en la violencia bipartidista que empujó al Partido Comunista, a finales de 1949, a ordenar el alzamiento en armas de sus militantes ante la ley marcial de Mariano Ospina Pérez. Pedro Antonio Marín —Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo— no era producto de 1964 ni de 1959: venía de las autodefensas de La Violencia, de un ciclo autodefensa-guerrilla móvil-autodefensa que el Partido Comunista sostuvo entre 1949 y 1964. En esta lectura, el Frente Nacional apenas modificó una dinámica cuyo motor era la cuestión agraria irresuelta: la expansión de haciendas ganaderas que expulsaba colonos y aparceros liberales, el desplazamiento masivo hacia la Amazonia occidental entre 1947 y 1962, la concentración de la tierra.

Las tres lecturas tienen argumentos serios. Ninguna, por sí sola, explica la simultaneidad, la geografía y la forma de las cuatro guerrillas.

Lo que pesa la evidencia

Empecemos por el diseño del pacto. El Frente Nacional se aprobó por plebiscito convocado mediante el decreto 0247 de 1957 de la Junta Militar; la Corte Suprema se declaró inhibida ante la demanda de inconstitucionalidad. El Pacto de Sitges había establecido, unos meses antes, que durante las cuatro elecciones siguientes el poder se repartiría por mitades entre los dos partidos y la presidencia alternaría cada cuatro años. La alternancia rigió de 1958 a 1974 —Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero—, pero la reforma constitucional de 1968 extendió la paridad burocrática hasta 1978. Los diseñadores —Laureano Gómez y Alberto Lleras, reunidos primero en Benidorm el 26 de julio de 1956 y luego en Sitges— buscaban desactivar las animosidades partidistas que habían producido La Violencia. El pacto funcionó para ese objetivo específico: la mayoría de las guerrillas liberales se desmovilizaron en 1958.

Lo que no funcionó fue la incorporación de los sectores que habían quedado fuera del acuerdo. Los dirigentes comunistas fueron excluidos del poder compartido. Sus guerrillas, a diferencia de las liberales, permanecieron armadas. En regiones remotas —Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz— sobrevivieron comunas agrícolas comunistas que operaban al margen del control estatal. Fue Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano, quien desde el Senado popularizó el término "repúblicas independientes" para nombrarlas, y su discurso contribuyó a que fueran percibidas como desafío a la soberanía. La categoría política precedió al hecho militar.

Cuando en mayo de 1964, bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, el Ejército lanzó la Operación Soberanía contra Marquetalia —en el marco del Plan Lazo, con asesoría estadounidense derivada de la misión Yarborough enviada en 1962—, atacaba a comunidades campesinas que no eran todavía guerrilla móvil. Se volvieron guerrilla móvil por el ataque. Marulanda, Jacobo Arenas y Hernando González escaparon del cerco hacia el Huila, el Cauca y Caldas, proclamaron el Programa Agrario de los Guerrilleros el 20 de julio de 1964 y, tras las conferencias del Bloque Sur en Riochiquito (1965) y El Pato (1966), adoptaron formalmente el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sin la agresión a Marquetalia, probablemente las FARC no habrían nacido.

El episodio condensa el argumento central: la insurgencia no se importó, se produjo. Pero se produjo en la intersección entre un sustrato preexistente —autodefensas comunistas de larga duración, exclusión del Partido Comunista del pacto— y una decisión de política contrainsurgente que sí era tributaria del clima internacional. La Alianza para el Progreso lanzada por Kennedy en 1961 incluyó desde el inicio una dimensión contrainsurgente orientada a impedir "una segunda Cuba". La misión Yarborough recomendó en un anexo secreto el desarrollo de una estructura civil y militar capaz de ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y terroristas contra comunistas conocidos, respaldada por Estados Unidos. El Plan Lazo articuló entre 1962 y 1966 acción cívico-militar, redes de inteligencia campesina, bloqueo económico y "agresión punitiva final" contra las repúblicas independientes. Las Fuerzas Armadas colombianas adoptaron la combinación de desarrollismo y anticomunismo, abandonaron la defensa exclusiva de fronteras y redefinieron su misión frente al "enemigo interno". La doctrina no era invención colombiana: en 1957 había ya 40 misiones militares estadounidenses en América Latina y unos 600 asesores; oficiales colombianos se formaban en Fort Knox, Fort Leavenworth, la Escuela de las Américas.

El ELN ilustra el otro polo del argumento. Aquí la conexión cubana es directa: entrenamiento en La Habana en 1962, dependencia parcial de la isla en los primeros años, interés cubano en las primeras acciones militares. Pero incluso el ELN se enraizó en un sustrato local. San Vicente de Chucurí, Simacota, Santa Helena del Opón —la geografía fundacional— eran zonas de la vieja guerrilla gaitanista de Rafael Rangel. Excombatientes como "La Mona Mariela" pasaron del gaitanismo al ELN. Y la incorporación del sacerdote Camilo Torres Restrepo en octubre de 1965 —tras haber liderado el Frente Unido del Pueblo, un movimiento urbano con audiencia real que fue leído como amenaza por el sistema— muestra que el ELN reclutó también en el descontento producido específicamente por el cierre político. Torres murió en combate en Patio Cemento en febrero de 1966, apenas tres o cuatro meses después de tomar las armas: su tránsito relámpago del púlpito y el aula universitaria a la guerrilla es incomprensible sin el bloqueo que la política institucional oponía a cualquier proyecto reformador de raíz.

El caso del M-19 es el más elocuente contra la tesis externalista. En 1970 el candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, fue declarado ganador frente al general Gustavo Rojas Pinilla y su ANAPO en unas elecciones marcadas por un apagón sospechosamente oportuno; los boletines parciales daban a Rojas alrededor de 1,37 millones de votos y ventaja inicial. El escrutinio final invirtió el resultado. Rojas llamó a la calma —no hubo levantamiento— pero la percepción de fraude fue extendida, especialmente en la izquierda. La primera conferencia constitutiva del M-19 se realizó en Cali en 1973 con unos veinticinco participantes —Jaime Bateman, Iván Ospina, Álvaro Fayad, Andrés Almarales, Carlos Toledo Plata, entre otros— y el movimiento apareció públicamente en enero de 1974 con una campaña publicitaria en periódicos. Tomó su nombre de la fecha del fraude para denunciar la clausura del sistema político. Bateman, con trayectoria previa en las FARC, buscó a militantes anapistas como Almarales para fundar el nuevo movimiento. El M-19 no fue franquicia cubana. Fue respuesta interna a un episodio interno: el momento en que el Frente Nacional se percibió incapaz siquiera de perder una elección limpia frente a una fuerza que había nacido, con la ANAPO, como polo de aglutinamiento popular dentro de las reglas del propio sistema.

A esto se suma el fracaso de la única gran política reformista intentada dentro del pacto. Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) impulsó la reforma agraria fortaleciendo el INCORA y creando la ANUC en 1967, con unos 845.000 usuarios inscritos hacia 1970. El propósito era convertir arrendatarios y aparceros en propietarios y canalizar institucionalmente al campesinado. Las élites terratenientes bloquearon la redistribución mediante su representación en el Congreso, la captura de funcionarios y el clientelismo, y el INCORA terminó orientando su actividad a la colonización dirigida fuera de la frontera agrícola —Amazonia, Orinoquia— antes que a redistribuir tierras aptas ya ocupadas. En agosto de 1971, la ANUC aprobó en Fúquene el Mandato Campesino, que rechazaba la colonización como sustituto de la reforma y exigía la extinción del dominio sobre tierras incultas y la expropiación del latifundio. Bajo Pastrana, sectores de ambos partidos se coaligaron para frenar el impulso reformista. El Frente Nacional no solo cerró la política; también, a través del bloqueo terrateniente, cerró la reforma. Y las regiones donde se orientó la colonización oficial fueron precisamente los escenarios donde las guerrillas consolidaron presencia.

Queda la represión de la protesta. La legislación de estado de sitio introducida por Valencia en 1965 autorizó a las tropas a arrestar y someter a consejo de guerra a civiles acusados de "alterar el desarrollo pacífico de la actividad social", y Colombia estuvo bajo ese régimen la mayor parte de los veinticinco años siguientes. En 1975 se alcanzó el pico de movilizaciones sociales del período —246 acciones registradas— con protagonismo de sectores a los que se prohibía la huelga: magisterio, salud pública, telecomunicaciones, banca. Treinta y seis líderes de la huelga de la Unión Sindical Obrera en Barrancabermeja fueron enjuiciados por consejo verbal de guerra tras la toma de la planta petrolera. La criminalización de la protesta legal fue la otra cara del cierre representativo. Donde se reprime la huelga con lógica militar, la frontera entre disidencia y subversión se difumina desde el propio Estado.

La respuesta

El Frente Nacional fue condición necesaria pero no suficiente del surgimiento simultáneo de las cuatro guerrillas. Su responsabilidad estructural es real, específica y mayor de lo que reconocen las narrativas externalistas: institucionalizó la exclusión política de terceras fuerzas, criminalizó la protesta social mediante el estado de sitio, permitió el bloqueo terrateniente de la reforma agraria y dejó irresuelto el conflicto de tierras que venía de La Violencia. Fabricó, en ese sentido preciso, el sustrato sobre el que la insurgencia pudo prender: comunidades campesinas armadas desde los cuarenta que nunca fueron desmovilizadas, un Partido Comunista excluido del pacto, un descontento urbano sin canales legales, un campesinado organizado —la ANUC— cuya principal demanda fue sistemáticamente desatendida. Sin ese sustrato, ni la inspiración cubana ni la doctrina de seguridad nacional habrían encontrado base social. La tesis institucionalista tiene razón en su núcleo: la disidencia se convirtió en alzamiento porque el sistema clausuró las alternativas.

Pero la forma concreta que tomaron las cuatro guerrillas —cuándo aparecieron, dónde, con qué doctrina, con qué armas, con qué modelo organizativo— no se deduce del cierre institucional. Depende de catalizadores internacionales o contingentes. El ELN no habría existido, en la forma en que existió, sin el entrenamiento cubano de 1962. Las FARC no habrían pasado de autodefensa cíclica a guerrilla móvil con proyecto político nacional sin la Operación Marquetalia de mayo de 1964, diseñada bajo la doctrina Yarborough. El M-19 no habría surgido sin el fraude específico del 19 de abril de 1970, que convirtió una crisis de legitimidad coyuntural en combustible armado. La lectura externalista acierta en algo importante: sin Guerra Fría, el momento y la doctrina habrían sido otros. La lectura agrarista acierta en otra cosa: sin el cargamento de La Violencia y el problema de la tierra, no habría habido base rural.

El desacuerdo interesante no es, entonces, si el Frente Nacional causó las guerrillas —lo hizo, en el sentido estructural específico—, sino en qué proporción explica su persistencia frente a los factores externos que explican su forma. La evidencia empuja hacia una conclusión que incomoda a ambos bandos: el peso doméstico-institucional es mayor en la explicación de la durabilidad de las FARC —la única que persistió y se consolidó, arraigada en Tolima, Meta y Caquetá, con base social campesina—, mientras que el peso internacional-ideológico es mayor en la explicación del ELN y su vertiente de teología de la liberación. El EPL, que hacia mediados de los setenta estaba al borde de la extinción militar, y el M-19, que nació del fraude, ocupan posiciones intermedias. Que hacia 1974 el ELN y el EPL estuvieran contra las cuerdas mientras las FARC apenas registraban estancamiento sugiere que las guerrillas más dependientes de repertorios importados fueron también las más vulnerables cuando la coyuntura internacional cambió.

El Frente Nacional no importó las guerrillas, pero las hizo posibles; la Guerra Fría no las creó, pero les dio la forma que tomaron. La responsabilidad del diseño excluyente es doméstica y cae sobre quienes concibieron el pacto sin prever qué hacer con los que quedaban fuera. La responsabilidad de la doctrina contrainsurgente —de convertir campesinos comunistas replegados en enclaves remotos en objetivo militar prioritario— es compartida: la formularon en Washington, la aplicaron en Bogotá, la ejecutaron en Marquetalia. El discurso de las "repúblicas independientes" que Álvaro Gómez llevó al Senado fue el puente entre ambas: nombró a las comunidades campesinas como guerrilla política antes de que existieran militarmente, y con ello autorizó la operación que las convertiría en lo que denunciaba. Profecía autocumplida, pero no por casualidad: por diseño.

Lo que queda abierto

Varios flancos resisten una resolución limpia. El primero: el peso relativo exacto de la doctrina Yarborough en el diseño operacional del Plan Lazo. Que las recomendaciones estadounidenses influyeron es claro; que fueron su fuente exclusiva no lo es. La reorganización institucional del Ejército colombiano en los sesenta absorbió elementos de la doctrina de seguridad nacional que circulaban por todo el continente, y separar lo específicamente Yarborough de lo genéricamente contrainsurgente exigirá archivos aún cerrados.

Queda también en discusión si el Frente Nacional redujo efectivamente la violencia bipartidista que se propuso desactivar. Los mecanismos —alternancia, paridad— desmovilizaron a las guerrillas liberales en 1958, pero la afirmación de que la violencia política interpartidista se redujo drásticamente como efecto probado del pacto es más frágil de lo que sugiere el relato oficial. Es plausible que la violencia se haya transmutado —de bipartidista a contrainsurgente— más que reducido.

Un tercer flanco es hasta qué punto la fragmentación intrapartidista compensó el cierre formal a terceras fuerzas. El MRL, la ANAPO en los bordes del sistema, las disidencias laureanistas y ospinistas, el ossismo: al menos cinco maquinarias operaron con lógicas propias. Si la competencia se trasladó al interior de los partidos mediante dinámicas clientelares, el sistema habría sido menos hermético de lo que la crítica sugiere, aunque a costa de sustituir plataformas ideológicas por reparto de cargos. Queda además el papel del Partido Comunista Colombiano como agente que sostuvo la continuidad entre autodefensas de los cuarenta y guerrilla móvil de los sesenta: cuánto de esa continuidad se debió a decisiones estratégicas del partido y cuánto a inercias regionales de comunidades armadas que el partido acompañó más que dirigió sigue siendo un flanco abierto.

Queda, finalmente, la pregunta contrafáctica: qué habría pasado si el pacto de 1957 hubiera incluido a las fuerzas de izquierda en algún esquema de participación gradual, o si la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo no hubiera sido bloqueada por las élites terratenientes durante el gobierno de Pastrana. La historia no responde a esa pregunta porque no la hace. Pero el hecho de que sea imaginable —de que hubiera márgenes reales de decisión distintos a los que se tomaron— es lo que sostiene la tesis de la responsabilidad institucional. El Frente Nacional no era el único arreglo posible en 1957, y con el que se eligió vino, sin proponérselo pero también sin evitarlo, el conflicto que vendría.