Juntas revolucionarias provinciales y Junta Provisional Socialista del 9 de abril

Juntas revolucionarias provinciales y Junta Provisional Socialista del 9 de abril

El 9 de abril de 1948, mientras Bogotá ardía tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán a la 1:05 de la tarde en la carrera séptima con avenida Jiménez, en al menos cuatro ciudades del país emergieron gobiernos locales que desconocieron a las autoridades constituidas y ensayaron, durante 48 a 72 horas, formas embrionarias de poder popular. En Barrancabermeja, Buga, Ibagué y Líbano se constituyeron juntas revolucionarias que dictaron decretos, organizaron abastecimientos y proclamaron milicias. Desde la Radiodifusora Nacional, tomada por un grupo encabezado por Jorge Zalamea, Gerardo Molina y Diego Montaña Cuéllar, se proclamó una Junta Provisional de gobierno de contenido socialista y se lanzaron al aire consignas que resonaron con fuerza en la provincia. Todas estas experiencias fueron abortadas por la negociación política entre la dirigencia liberal y el presidente Mariano Ospina Pérez el 10 de abril en el Palacio de la Carrera. Bajo el rótulo urbano del Bogotazo se leyó aquello como un motín capitalino; el archipiélago provincial que emergió esas mismas horas obliga a reescribir el acontecimiento como un proceso simultáneo, plural y regionalmente diferenciado, en el que se ensayó —sin coordinación central y con destino frustrado— una alternativa política que el pacto bipartidista restaurado clausuró de raíz.

El asesinato de Gaitán no cayó sobre un país en reposo. Desde 1946, con el ascenso de Mariano Ospina Pérez a la presidencia, la persecución al gaitanismo se había endurecido en el campo y en las cabeceras municipales del centro del país. Los partidarios de Gaitán sufrieron robos de cédulas, constreñimiento electoral, encarcelamientos sin causa justa, apaleamientos y homicidios. En febrero de 1946, el personero de Anapoima, en Cundinamarca, ordenó retirar de sus puestos a todo el personal identificado con el movimiento gaitanista: un ejemplo pequeño y documentado de una práctica extendida. Sobre esa acumulación de agravios se montaron, más tarde, las juntas de abril.

La otra base del acontecimiento estaba en la organización popular acumulada a lo largo de un cuarto de siglo. En Barrancabermeja, la Unión Sindical Obrera se había fundado en 1922 con la colaboración del socialista Raúl Eduardo Mahecha, y desde allí había protagonizado la primera gran huelga contra la Tropical Oil Company en octubre de 1924. Una segunda huelga estalló en 1927, precedida por giras de agitación de dirigentes del partido socialista-comunista —entre ellos Ignacio Torres Giraldo—, con paros de solidaridad de los portuarios a lo largo del Magdalena y una represión mayor que la anterior, con varios enfrentamientos armados con la tropa. Los pliegos de peticiones exigían pago de salarios atrasados, mejoras habitacionales, servicios médicos y abolición del sistema de vales redimibles en almacenes de la compañía: agendas concretas, no metáforas.

La reforma laboral de 1936, apoyada en el Código Laboral, cambió la aritmética. Cuando la vieja Sociedad Unión Obrera se transformó en la USO, el gobierno le reconoció el mismo estatus jurídico que a la Tropical Oil Company y obligó a la compañía a sentarse en la mesa de negociación. Fracasada la primera ronda, cinco mil trabajadores se declararon en huelga y el gobierno militarizó Barrancabermeja. La USO, sin embargo, salió reforzada: lideró un movimiento nacionalista por la soberanía sobre el petróleo, tejió alianzas con la ciudad y con el ala gaitanista del liberalismo, y consiguió un paro cívico en Bogotá con veinticinco mil personas. De esa presión sostenida saldría, más adelante, la creación de una empresa estatal petrolera. Cuando llegó el 9 de abril, Barrancabermeja no fue un puerto sorprendido: fue una comunidad obrera con veinticinco años de práctica sindical, memoria de huelgas y capacidad de convocatoria intacta.

El Tolima traía otra genealogía. El 29 de julio de 1929, antes del amanecer, un grupo de insurgentes armados con rifles Mauser y Gras, portando linternas cubiertas con papel rojo para identificarse mutuamente, protagonizó el levantamiento socialista del Líbano: bombas en la cabecera y en el corregimiento de Dos Quebradas, seis muertos, la toma del vecino Murillo y la exigencia a los funcionarios locales de saludar la bandera roja. La milicia ciudadana que dispersó a los insurgentes fue liderada conjuntamente por el capitán conservador Marco Sáenz y el liberal Juan B. Echeverri, en una alianza bipartidista contra la insurrección de izquierda que prefiguraría, en pequeño, la del 10 de abril de 1948. La memoria de 1929 no se había perdido: cuando Ospina Pérez ganó la presidencia, el periódico local del Líbano declaró que la población "era, es y continuará siendo una ciudadela del liberalismo". El gobernador nombró alcalde al liberal Neftalí Larrate, y en menos de un mes lo reemplazó por el conservador Benjamín Villegas; la protesta liberal ante el gobernador Meléndro Serna fue inmediata y ruidosa. La animosidad estaba servida.

Sobre esa capa de agravios recientes y organización acumulada cayeron los tres tiros de la carrera séptima.

A la 1:05 de la tarde, Juan Roa Sierra disparó tres tiros contra Jorge Eliécer Gaitán frente al edificio Agustín Nieto. Antes de las dos, la noticia estaba en la calle. Turbas incendiaron tranvías, templos, edificios públicos civiles y religiosos, abrieron cárceles y saquearon almacenes en el centro de Bogotá. Las estimaciones de muertos en la capital oscilan entre dos mil y más de cinco mil, sobre una población de aproximadamente seiscientos mil habitantes. Pero el eco del acontecimiento no se detuvo en la sabana: repercutió en Barranquilla, Cartagena, Sincelejo y otras localidades, razón por la cual en muchas regiones se prefiere hablar del colombianazo y no del Bogotazo.

La irrupción decisiva vino de las ondas. Un grupo encabezado por Jorge Zalamea, Gerardo Molina y Diego Montaña Cuéllar tomó las instalaciones de la Radiodifusora Nacional y desde allí lanzó proclamas revolucionarias con un vocabulario deliberadamente épico. "El pueblo manda en Colombia por primera vez en la historia", "La revolución colombiana es la más grande del mundo", "Ha comenzado la verdadera Revolución Americana": frases que evocaban la Revolución francesa y la Revolución de Independencia, dotando al mensaje de un marco histórico-simbólico de gran resonancia. La radio, que en los años previos ya había funcionado como vector político —transmitiendo sesiones del Congreso, conferencias de jefes políticos, mensajes directos al ciudadano—, se convirtió aquella tarde en el instrumento de proclamación de una Junta Provisional de contenido socialista. Los tres nombres no eran fortuitos: Zalamea, escritor y diplomático de trayectoria; Molina, dirigente socialista con vocación intelectual; Montaña Cuéllar, jurista de izquierda. La proclama tenía firma, programa y densidad ideológica.

En Barrancabermeja, la respuesta fue inmediata y organizada. Las organizaciones populares del puerto —con la USO en el centro— constituyeron una Junta Revolucionaria que desconoció a las autoridades gubernamentales. Al frente estuvo Rafael Rangel Gómez, figura que sintetizó el liderazgo obrero-liberal de la ciudad. La junta no se limitó a proclamas: puso en marcha cocinas colectivas, compró productos agrícolas a campesinos de los alrededores de San Vicente de Chucurí y convocó a los sectores económicos pudientes de la ciudad a aportar contribuciones diarias en efectivo para sostener el abastecimiento. Fue una economía de emergencia con lógica reconocible: control popular del consumo, tributación local a los propietarios, redistribución inmediata. Durante varios días, la comunidad obrera del puerto administró la ciudad.

En Ibagué y en Buga se constituyeron juntas análogas, y en el Líbano —el pueblo de la bandera roja de 1929— la memoria del levantamiento socialista dio un marco histórico al movimiento del 9 de abril. La composición social de las juntas fue heterogénea: dirigentes liberales de base, obreros sindicalizados, artesanos, pequeños propietarios, gaitanistas de la primera hora. El programa inmediato incluyó la prohibición del consumo de alcohol —medida elemental de orden en una insurrección—, la organización de milicias populares y la emisión de decretos locales que asumían funciones de gobierno. No fue una improvisación caótica: fue una respuesta que activó redes organizativas preexistentes.

Mientras las juntas se organizaban en la provincia, en Bogotá ocurría la escena que iba a decidir su destino. Los dirigentes liberales Carlos Lleras Restrepo y Darío Echandía se dirigieron al Palacio de la Carrera a negociar con Ospina Pérez, mientras una gran masa los seguía y esperaba afuera los resultados. Le pidieron la renuncia. Ospina la rechazó, defendió la legitimidad de su mandato y esperó la llegada de refuerzos militares. Algunos militares le propusieron la formación de una junta provisional para recuperar el orden; también rechazó esa salida. Decidió mantenerse al mando y proponer, en cambio, un gobierno de Unión Nacional que incorporara a dirigentes liberales al gabinete. La coyuntura, para él, no era el fin: era la ocasión.

En la mañana del 10 de abril, con la revuelta bogotana ya en repliegue, se acordó el gabinete bipartidista. La coalición renació. Aquel acuerdo, tomado a puerta cerrada en un palacio rodeado de escombros, selló el destino de las juntas provinciales sin que ninguna orden militar directa tuviera que dictarse contra ellas.

La ramificación provincial del 9 de abril tuvo tres causas de fondo. La primera fue la persecución acumulada del gaitanismo desde 1946: los agravios recibidos durante dos años en decenas de municipios convirtieron el asesinato de Gaitán en una consigna vengadora que no necesitaba dirección central para estallar. Fue un movimiento fundamentalmente anticonservador, orientado a reivindicar la muerte del jefe. Donde había memoria de agravio, hubo respuesta.

La segunda causa fue la existencia previa de organización popular densa. Barrancabermeja tenía a la USO y veinticinco años de práctica sindical; el Líbano tenía una tradición socialista con antecedentes en 1929; Ibagué y Buga eran ciudades con presencia liberal-gaitanista consolidada. Sin esa base, el asesinato habría producido solo estallidos dispersos. Con esa base, produjo juntas.

La tercera causa —y aquí entra el elemento más singular— fue la radio. Las proclamas transmitidas desde la Radiodifusora Nacional llegaron con fuerza a la provincia y funcionaron simultáneamente como convocatoria y como confirmación. Los insurrectos provinciales recibieron el mensaje como prueba de que en la capital la revolución había triunfado, y a partir de esa certeza calibraron sus acciones. El detonante coyuntural, entonces, no fue únicamente el crimen: fue el crimen amplificado por una revolución mediática inédita en el país. La palabra que salió de Bogotá construyó una realidad en la provincia distinta de la que ocurría en la propia Bogotá.

Y en esa asimetría descansaba la paradoja del acontecimiento. Desde la capital se emitieron voces triunfalistas que la propia capital se negó a escuchar. Bogotá lanzó al aire la proclama de una revolución que Bogotá no cumpliría. La provincia recibió el mensaje como verdadero y ajustó su conducta a esa verdad: creyó que la insurrección había ganado en la capital y, por tanto, no marchó sobre ella. Las juntas se dedicaron a organizar el poder local mientras esperaban órdenes de un centro que en realidad se desmoronaba en dirección contraria.

Si la insurrección se ramificó por acumulación de agravios, organización previa y amplificación radial, su desenlace se explica por la conjunción de tres factores. El primero fue la ausencia de dirección nacional. Los líderes espontáneos de los levantamientos provinciales se quedaron esperando la decisión radical de las altas esferas del liberalismo asentadas en Bogotá, o la orden de un comando nacional revolucionario que nunca existió. Las juntas de Barrancabermeja, Buga, Ibagué y Líbano actuaron desarticuladamente entre sí, cada una atenta a lo que ocurriera en la capital y ninguna coordinándose con las demás. La proclama de Zalamea, Molina y Montaña Cuéllar por la Radiodifusora, con toda su fuerza simbólica, no vino acompañada de un aparato político capaz de convertirla en aparato de mando.

El segundo factor fue la desinformación misma que había disparado los levantamientos. La provincia, convencida por las proclamas radiales de que la capital ya había caído, se negó a marchar sobre ella. La principal fuente de agitación fue también la principal fuente de parálisis: la radio agitó conciencias y mantuvo vivo el movimiento durante horas cruciales, pero produjo simultáneamente una representación imaginaria de Bogotá que inmovilizó la única fuerza capaz de decidir la insurrección, la propia marcha popular sobre el poder central.

El tercer factor fue el pacto del 10 de abril. Cuando Lleras Restrepo y Echandía entraron a negociar con Ospina, y cuando este propuso el gabinete de Unión Nacional, la fuente de legitimación externa que las juntas provinciales esperaban se convirtió en su verdugo. La dirigencia liberal bogotana no llamó a marchar sobre Palacio: negoció adentro. El liberalismo institucional eligió la coalición bipartidista sobre la insurrección popular, y con esa elección canceló la posibilidad de que las juntas de provincia tuvieran un interlocutor nacional. La provincia se quedó sola, con la certeza inicial —el triunfo revolucionario en la capital— disuelta en un pacto de Palacio que la ponía en falso.

El 10 de abril de 1948, la situación comenzó a despejarse para los insurrectos de Barrancabermeja: en Bogotá, la dirección liberal y el gobierno habían llegado a un acuerdo político, y la Junta Revolucionaria se encontró frente a la pregunta de qué hacer a continuación, con un movimiento obrero fuerte y el apoyo de la población, pero sin nadie en la capital dispuesto a sostener el proyecto. La respuesta llegó por sustracción: la desmovilización silenciosa, la restauración de las autoridades, la absorción del episodio como un accidente. En el Líbano, en Ibagué, en Buga, el desenlace fue análogo. La coalición renacida en Bogotá duró poco más de un año como fórmula formal, pero el gesto del 10 de abril había cumplido su tarea decisiva: enterrar la vía que las juntas prefiguraban.

Del pacto de Palacio salió también, en pocas semanas, la decisión de rehacer el aparato coactivo del Estado. Ospina Pérez leyó el 9 de abril como una advertencia. La revuelta y la deserción parcial de la policía capitalina —cuya participación en algunos episodios del Bogotazo había provocado alarma en el partido gobernante— convencieron al conservatismo de que el aparato coactivo del Estado necesitaba una depuración política. Laureano Gómez lo formularía con dureza: habían "recibido la herencia de una policía enemiga del nuevo régimen". La consecuencia fue la conservatización de la policía y, con ella, la construcción de una fuerza parapolicial paralela: los chulavitas.

El nombre venía de la vereda de Chulavita, en el norte de Boyacá, de donde se reclutaron muchos de sus agentes, marcados por un sectarismo conservador militante. La fuerza fue reclutada, en los términos de sus propios promotores, para "salvar al presidente Ospina", y desde 1948 se desplegó contra campesinos liberales con una violencia que se convertiría en marca de época. En el sur del Tolima las comisiones chulavitas hicieron presencia sistemática desde 1948, y en El Limón dejaron trece muertos en un solo ataque; en Chaparral operaron comisiones mixtas de policía y civiles. Los cuerpos eran transportados en volquetas y arrojados desde el puente natural de Pandi al río Sumapaz, en precipicios entre Villarrica y Cunday, y en el alto de Buenavista. Paralelamente, surgieron los "pájaros", grupos de sicarios políticos cuya siniestralidad quedó registrada en la memoria regional.

En Boyacá, desde el mismo 9 de abril, se movilizó a civiles conservadores mayores de dieciocho años, organizados en comisiones para detener a liberales, defender los pueblos y marchar sobre Bogotá bajo el llamado del gobernador Chepe Villareal. Aquella movilización cristalizó la lógica que iba a dominar la Violencia: guerra partidista con métodos irregulares, combinación de fanatismo religioso, ánimo de venganza y miedo, e instrumentalización desde la dirección política del conservatismo.

La violencia posterior operó en dos niveles superpuestos. Uno partidista: matanzas en distritos con mayoría liberal o resultado electoral empatado. Otro clasista: represión sistemática de organizaciones populares y sindicales. El conjunto de las clases dominantes no vio con malos ojos ese doble movimiento. La oportunidad de culminar lo que podría llamarse una subversión socialista de contenido democrático se frustró aquel día, y la Violencia que siguió —estimulada en parte desde el propio gobierno— no fue revolucionaria sino apenas parcialmente, sin alcanzar las metas de cambio instrumental que el movimiento gaitanista había representado.

Las juntas provinciales del 9 de abril quedaron durante décadas fuera del relato canónico. El acontecimiento se contó en torno a Bogotá —los tres tiros de Roa Sierra, el linchamiento del asesino, el incendio del centro, las cifras de muertos, la negociación en el Palacio— y trató la provincia como réplica menor de la sacudida capitalina. Barrancabermeja, el Líbano y otras localidades tardaron en recuperar el lugar que la memoria bogotánica les había recortado, y solo con esa recuperación se hizo posible reconstruir el archipiélago como un objeto historiográfico legítimo.

El desplazamiento no fue menor. El 9 de abril dejó de leerse como un episodio exclusivamente urbano para revelarse como un proceso nacional con planos superpuestos. La existencia de la proclama socialista por la Radiodifusora Nacional —firmada por Zalamea, Molina y Montaña Cuéllar— mostró que en aquellas horas se ensayó no solo una insurrección espontánea sino la formulación pública de una alternativa política con densidad ideológica. Y la organización obrera de Barrancabermeja, con sus cocinas colectivas, sus contribuciones económicas locales y su capacidad de sostener durante días el abastecimiento popular, demostró que las juntas no fueron solo simbolismo: hubo administración concreta de recursos, ensayo de economía comunitaria, ejercicio efectivo de gobierno alternativo.

Sería un error, sin embargo, convertir el archipiélago en mito. Las juntas provinciales tuvieron límites estructurales severos. Carecieron de organización sostenida, de dirección coordinada, de proyecto articulado a escala nacional. Su contenido programático se movió entre la reivindicación gaitanista, el anticonservatismo y la improvisación de emergencia; solo en Barrancabermeja, y solo en algunos aspectos de la proclama radial, hubo formulaciones que podrían llamarse propiamente socialistas. En su mayoría, el 9 de abril provincial fue un movimiento anticonservador de duelo por Gaitán, no un proyecto revolucionario articulado. La pregunta pertinente no es si aquellas juntas eran, en sí mismas, viables como gobierno nacional —no lo eran, no en las condiciones organizativas de abril de 1948—, sino si portaban un contenido que la restauración bipartidista percibió como riesgo suficiente para cerrarlo con la firma del gabinete de Unión Nacional. Todo indica que sí.

La paradoja comunicativa del 9 de abril hizo visible la potencia y el peligro de la radio como instrumento de construcción de realidad. La provincia obedeció una Bogotá que no existía sino en las ondas. Ese descubrimiento —que un país puede ser movilizado o paralizado por lo que la radio le cuenta, con independencia de los hechos— sería aprendido con rapidez por el gobierno y por sus adversarios en la década siguiente. La política colombiana no volvió a pensarse al margen del medio.

El 9 de abril de 1948 quedó fijado en la memoria nacional como el día en que Colombia perdió a Gaitán y como la noche en que Bogotá ardió. Pero ese día contuvo, además, una pregunta que rara vez se formula con claridad: qué habría ocurrido si la insurrección provincial y la proclama socialista de la Radiodifusora hubieran encontrado dirección nacional, si las juntas de Barrancabermeja, Buga, Ibagué y Líbano hubieran actuado coordinadamente, si Lleras Restrepo y Echandía hubieran entrado a Palacio no a negociar sino a exigir. La respuesta contrafactual no existe; lo que existe es la constatación de que en aquellas 48 a 72 horas se hizo visible un país distinto del que la historiografía oficial narró después.

Ese país tenía nombres: Rafael Rangel Gómez en Barrancabermeja; Zalamea, Molina y Montaña Cuéllar en la Radiodifusora; dirigentes locales del Líbano, de Ibagué y de Buga cuyos rastros el archivo regional sigue conservando. Tenía organización obrera con veinticinco años de práctica, memoria socialista con antecedentes de 1929, capacidad demostrada para administrar cocinas colectivas y decretar milicias, y una proclama que invocaba a la Revolución francesa y a la Independencia como marco de referencia. Fue un ensayo real, breve, plural y desarticulado, cerrado por un pacto de Palacio y sepultado luego por la conservatización del Estado y el auge chulavita.

Restituir ese archipiélago a la memoria histórica no es un ejercicio nostálgico ni una operación política diferida. La historia del 9 de abril, mientras se cuente solo desde Bogotá, será una historia amputada. La provincia estuvo allí, con sus juntas, sus decretos, sus cocinas y sus milicias; con la Radiodifusora Nacional tomada y una Junta Provisional Socialista proclamada al aire; con presencia suficiente para que la restauración bipartidista tuviera que actuar deprisa. Que Ospina rechazara la renuncia, que Lleras y Echandía aceptaran el gabinete, que la policía se conservatizara en semanas: aquella premura dice, con más precisión que cualquier discurso posterior, lo que se cerró el 10 de abril. Las juntas provinciales fueron una alternativa política que existió durante 72 horas y fue liquidada sin gran violencia visible en las cabeceras insurrectas. Esa liquidación —silenciosa, negociada— marcó, más que muchos episodios sangrientos posteriores, el contorno del país que vendría.