Literatura del testimonio de la Violencia (1948–1957)

Literatura del testimonio de la Violencia (1948–1957)

Entre el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en la carrera séptima con calle 13 de Bogotá, el mediodía del 9 de abril de 1948, y el plebiscito que en diciembre de 1957 refrendó el pacto del Frente Nacional, Colombia produjo una cantidad inusitada de novelas, cuentos y crónicas-testimonio que intentaron nombrar lo que estaba ocurriendo mientras ocurría. Ese corpus —que la crítica agrupó luego bajo la etiqueta imprecisa de novela de la violencia— no fue literatura en el sentido apacible del término. Fue un archivo levantado a contracorriente por sobrevivientes, párrocos, militantes, periodistas de provincia y campesinos alfabetizados que se sentaron a escribir con las manos todavía sucias de los hechos. Su valor no está en el pulido de la frase, casi siempre torpe, sino en haber registrado —cuando el Estado eufemizaba y la gran prensa tomaba partido— los descuartizamientos, las quemas de pueblos, los desplazamientos forzados, las ventas de tierra bajo coacción y los rituales de crueldad que definieron la primera fase de La Violencia bipartidista. La memoria oficial que se armó después del Frente Nacional prefirió olvidarlo. Este artículo intenta devolverlo a su lugar: el de la conciencia escrita de un país que no supo, o no quiso, mirarse.

El país del que brota el corpus

La violencia política entre liberales y conservadores no comenzó el 9 de abril. Venía escalando desde 1946, año del retorno conservador al poder con la presidencia de Mariano Ospina Pérez, y arrastraba resentimientos más viejos: los conflictos entre hacendados y colonos en las zonas cafeteras del centro del país durante las décadas de 1920 y 1930, la disputa por la tierra en Tolima y el antiguo Caldas, la estrecha alianza histórica entre la Iglesia católica y el Partido Conservador que ni los intentos moderadores desde 1930 lograron deshacer. El país llegaba a 1948 con una acumulación de tensiones agrarias, sectarias y confesionales que solo esperaban una chispa.

La chispa fue el asesinato de Gaitán. Juan Roa Sierra le disparó a la salida de su oficina, cuando el caudillo liberal salía a almorzar; la multitud lo linchó en el acto y destrozó su cadáver. En pocas horas el centro de Bogotá ardía: el sistema de tranvías destruido, iglesias y archivos eclesiásticos quemados, negocios asociados al conservatismo saqueados. Estaba en curso la IX Conferencia Panamericana, con el secretario de Estado norteamericano George Marshall en la ciudad, lo que dio al Bogotazo una dimensión internacional inmediata. Ospina Pérez y Marshall atribuyeron públicamente el crimen a los comunistas. Los comunistas no tuvieron responsabilidad alguna en el magnicidio.

Muerto Gaitán, la revuelta urbana quedó sin conducción política. Varios jefes liberales aceptaron colaborar con Ospina y la multitud se disolvió en las calles sin dirección. La violencia, entonces, migró al campo. Impulsada por el gobierno conservador e instigada también por dirigentes liberales, se instaló en las veredas del Tolima, del Valle, de Boyacá, del antiguo Caldas y de Antioquia con formas de crueldad que ninguna guerra civil del siglo XIX había ensayado: mutilaciones, violencia sexual sobre las víctimas, sevicia sobre los cadáveres, incendio de caseríos completos. En 1949 se rompió el diálogo entre las dirigencias partidistas —Alzate Avendaño amenazó desde el Congreso con que el problema del poder se definiría en las barricadas y no en las urnas— y Laureano Gómez avanzó hacia la presidencia mientras la gran prensa alimentaba el clima de confrontación. Ese era el país que empezó a escribir sobre sí mismo.

Los primeros libros: escribir con el temblor todavía encima

La primera obra que intentó recomponer literariamente el 9 de abril fue El día del odio, de José Antonio Osorio Lizarazo, publicada en 1952. El libro narraba las horas del Bogotazo desde el interior de la ciudad, en un registro que oscilaba entre la crónica y la novela y que fijó, para bien y para mal, un molde: el hecho reciente contado por alguien que lo había vivido, sin distancia, con la urgencia de quien teme que si no lo escribe se pierda.

De ese impulso brotó, entre 1948 y 1957, un corpus abundante y desigual. Viento seco, de Daniel Caicedo, publicada en 1953, se convirtió en la referencia más citada del subgénero: descripción descarnada de la violencia en el Valle del Cauca, prólogo de Antonio García que anteponía el compromiso político al conocimiento del oficio. Sin tierra para morir, de Eduardo Santa, abordó el desarraigo campesino en el Tolima. Las balas de la Ley, de Alfonso Hilarión, y Los días del terror, de Ramón Manrique, se sumaron al inventario. Hacia 1955 apareció Lo que el cielo no perdona, del sacerdote Fidel Blandón Berrío, un libro que rompió la convención literaria al incorporar fotografías de violentos exhibiendo cabezas recién decapitadas en Antioquia. La sombra del sayón, de Augusto Ángel, siguió una estrategia parecida: mezcla de ficción y documento gráfico, con el propósito explícito de intensificar el efecto dramático hasta un punto que hoy resulta insoportable y que entonces respondía a una convicción precisa: sin la imagen, no se iba a creer.

Ese detalle —la fotografía dentro del libro— dice mucho sobre las condiciones de producción del corpus. Escribir sobre la Violencia entre 1948 y 1957 no era construir una representación estilizada de un hecho lejano; era intentar demostrar, con las pruebas que fuera, que lo narrado había sucedido. La palabra sola parecía insuficiente porque el país oficial se empeñaba en no verlo.

La calidad literaria: un debate abierto por dentro

El corpus tenía un problema, y sus contemporáneos lo señalaron sin diplomacia. Muchos autores creyeron que la carga dramática del tema bastaba para producir una novela. No bastaba. La debilidad literaria de buena parte de esos libros se explicaba por una confusión: pensar que el horror del referente eximía al escritor del oficio. El resultado fue, con frecuencia, prosa apresurada, personajes planos, estructuras deshilachadas, diálogos rígidos, un maniqueísmo insistente en el que los propios eran víctimas puras y los adversarios verdugos absolutos.

En 1960, en la revista Eco de Bogotá, un joven Gabriel García Márquez publicó un artículo sobre la novela de la violencia. El texto era, entre otras cosas, un intento de deslindarse: García Márquez venía trabajando la Violencia como trasfondo elaborado en La hojarasca (1955) y en El coronel no tiene quien le escriba (1961), y no quería que su obra fuera absorbida por el subgénero de los testimonios crudos. Su posición marcó una división que la crítica posterior heredaría: por un lado, los libros del testimonio directo, escritos desde adentro, con más urgencia que oficio; por otro, una elaboración literaria de la Violencia como atmósfera, como sedimento, como memoria alusiva, que pedía distancia y técnica.

Ese debate era interno del propio campo. La motivación principal de muchos autores del testimonio era defender a su partido y culpar al adversario más que clarificar la situación. Y sin embargo —aquí entra el matiz decisivo— esas mismas obras registraron lo que la sociología tardaría más de una década en documentar y lo que la historia oficial nunca aceptó del todo: los métodos concretos de la crueldad, los nombres de las veredas quemadas, las formas del despojo, las complicidades locales entre notarios, especuladores y hombres armados. Su parcialidad era su límite y, paradójicamente, también su archivo: cada libro liberal denunciaba lo que veía; cada libro conservador denunciaba lo suyo; leídos juntos, componían un mapa de la Violencia que ningún documento oficial de la época se atrevió a trazar.

Lo que las novelas registraron y el país oficial calló

Detenerse en lo que efectivamente narraron esos libros es la única forma de calibrar su peso. Viento seco documentó la dimensión de terror cotidiano en el Valle: casas asaltadas, familias masacradas, ventas forzadas de fincas cafeteras a precios irrisorios. Sin tierra para morir fijó en la ficción lo que las estadísticas confirmarían después: el patrón de desplazamiento masivo desde las zonas cafeteras del centro del país, el papel del mayordomo o administrador de tierras ajenas como instrumento del despojo, la intensificación de muertes y huidas en las épocas de cosecha del café. Lo que el cielo no perdona dejó consignada la práctica de la decapitación y la exhibición de cabezas en Antioquia. Los días del terror y Las balas de la Ley recogieron episodios de operaciones nocturnas, incendio de caseríos, marcas partidistas sobre los cuerpos: corbatas, camisas y puertas rojas cuya exhibición podía costar la vida, la cédula de identidad revisada para verificar en qué elecciones había votado el portador.

Este registro literario coincidía, punto por punto, con lo que quedaría documentado años más tarde en el estudio sociológico La violencia en Colombia, publicado en 1962 por Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna. Pero en el momento en que las novelas aparecieron —entre 1948 y 1957— no existía todavía una sociología del fenómeno, ni una historiografía, ni un derecho de la memoria. Existían los libros, y algunos artículos de prensa que muchas veces reproducían la versión oficial. En ese vacío institucional, las novelas del testimonio fueron —quiéranlo o no sus autores, y con toda la carga sectaria que arrastraban— la primera cartografía escrita de la Violencia.

Registraron también, con particular precisión, la geografía del horror. Yacopí, al noroeste de Cundinamarca, arrasado casi por completo en 1952. Las chozas de los indígenas del antiguo Resguardo de Ortega y Natagaima incendiadas en noviembre de 1950, con sus habitantes brutalmente expulsados. Las Rocas, jurisdicción de El Líbano, en el Tolima, escenario de una operación del Ejército a comienzos de abril de 1952. Caseríos como San José de las Hermosas, en el sur del Tolima, incendiados en más de una ocasión. El corpus narrativo no siempre nombró estos lugares con exactitud cartográfica, pero recorrió sus paisajes: el pie de monte cafetero, las vertientes del Tolima, las tierras planas del Valle, el norte de Boyacá, los pueblos de trocha del Viejo Caldas.

La ritualización de la crueldad

Hay una dimensión del corpus que exige párrafo aparte, porque es la que más incomoda y la que más importa: la representación del cuerpo campesino violentado. Las novelas del testimonio no eludieron —ese fue quizá su acto más radical— la descripción de las formas extremas de mutilación, de la violencia sexual sobre las víctimas, de la sevicia sobre los cadáveres. Los sociólogos llamarían después a estos rasgos componentes patológicos de las operaciones de intimidación. Las novelas, con menos vocabulario académico, los llamaron por su nombre.

Lo que esos libros dejaron entrever —y lo que la investigación posterior confirmaría— es que las técnicas de desmembramiento practicadas sobre los cuerpos constituían un inventario de cortes provenientes del mundo de la cacería y la carnicería campesina. Había una continuidad simbólica entre el tratamiento de los animales de crianza y el de los cuerpos humanos, una economía brutal del gesto que solo puede describir quien ha visto de cerca ambos oficios. La decapitación y la exhibición de las cabezas —documentada en la novela de Blandón con fotografía incluida— no eran actos aleatorios; funcionaban como marca territorial, como advertencia, como ritual de pertenencia entre los propios ejecutores. El corpus literario captó esa dimensión ritual antes de que la sociología pudiera nombrarla.

De ese fondo emergió también, en los años inmediatamente posteriores, la generación de figuras marcadas por el fatalismo y la sed de venganza que la crónica llamaría bandoleros: nombres como Desquite o Sangrenegra, hijos de la Violencia y a la vez sus prolongadores. Las novelas de comienzos de los sesenta —y la obra posterior de Gustavo Álvarez Gardeazábal— trabajarían sobre esa herencia. El material sobre el que trabajaban ya estaba puesto: lo habían puesto los libros escritos entre 1948 y 1957.

El Bogotazo como pregunta narrativa

Un capítulo dentro del corpus merece consideración propia: el de las obras que intentaron reconstruir el 9 de abril de 1948. Fue el hecho fundacional del ciclo, y sin embargo el más difícil de narrar, porque en pocas horas había concentrado tantos elementos —el magnicidio, la revuelta, el saqueo, la quema del centro de Bogotá, la Conferencia Panamericana, la atribución falsa a los comunistas, la desaparición de la conducción política del liberalismo popular— que ninguna narrativa lineal alcanzaba.

El día del odio, de Osorio Lizarazo, abrió el camino en 1952. Otras crónicas y memorias, entre ellas la de Estrada Monsalve, ensayaron una historia oficial masculina del Bogotazo: un relato de decisiones tomadas en despachos, de figuras públicas en movimiento, de puntos fijos alrededor de los cuales orbitaba la ciudad. Contra ese molde surgirían, con el tiempo, memorias fragmentarias, femeninas e infantiles que cuestionaron esa cristalización oficial. Pero incluso en 1952, y precisamente en el molde oficialista, el hecho literario mayor era que se estuviera intentando narrar el 9 de abril en absoluto. En un país donde el gobierno acababa de atribuir el magnicidio al comunismo internacional, escribir una novela sobre el Bogotazo era ya un acto de disputa por el sentido.

Gaitán fue el único de los grandes líderes populistas latinoamericanos de la época —junto a Lázaro Cárdenas, los Perón, Getúlio Vargas y Víctor Raúl Haya de la Torre— que murió asesinado. Su muerte truncó abruptamente el programa populista en Colombia y dejó a las clases populares urbanas sin representación política orgánica durante décadas. El impacto simbólico ha sido comparado con el asesinato del presidente Kennedy en Estados Unidos, con la diferencia de que ningún relato oficial coherente vino a llenar el hueco: solo la versión, rápidamente desmentida en privado y jamás corregida en público, de la conspiración comunista. En ese vacío interpretativo, la literatura del testimonio hizo lo que pudo. No siempre bien, no siempre limpio, pero lo hizo.

Bipartidismo, Iglesia, silencio

La Violencia no fue únicamente política, pero fue intensamente partidista. Los dos partidos tradicionales llevaron a sus bases hasta el extremo de la confrontación y luego, cuando el costo se volvió insostenible, se retiraron sin asumir responsabilidades. El periodista liberal Juan Lozano y Lozano lo señaló con claridad temprana: era de esperarse, escribió, que los dirigentes liberales que habían empujado al pueblo hasta el último extremo de la lucha civil legal contra el gobierno de Ospina, y que lo habían comprometido en esa lucha, asumieran alguna cuota por las consecuencias. No lo hicieron. Varios de esos jefes aceptaron colaborar con Ospina mientras la multitud quedaba sin dirección en las calles y la Violencia migraba al campo.

La Iglesia católica, por su parte, mantenía estrechos nexos con el Partido Conservador que sus intentos de moderación desde 1930 no habían logrado deshacer, y ese vínculo se cobró caro en 1948: los edificios eclesiásticos fueron blancos preferentes durante el Bogotazo. Los archivos parroquiales quemados, las iglesias saqueadas y las hogueras de bancos y confesionarios en la carrera séptima fueron, en su brutalidad, la respuesta acumulada de décadas de antipatía entre liberalismo popular y jerarquía católica.

La literatura del testimonio nombró esos nexos, esas responsabilidades, esas jerarquías. Los libros liberales acusaron a los gobiernos conservadores y a la Iglesia; los libros conservadores acusaron al liberalismo. Esa parcialidad —el maniqueísmo del que se les acusó con razón— era también su rasgo documental: cada trinchera narrativa registraba lo que la otra callaba. Leídos como archivo cruzado, restituyen una imagen del bipartidismo colombiano de mediados de siglo que ninguna historia consensual, elaborada después, se atrevió a reconstruir con la misma crudeza.

El Frente Nacional y el pacto del silencio

En diciembre de 1957 el plebiscito refrendó el pacto entre liberales y conservadores que se conocería como Frente Nacional. Empezó a operar en 1958. Fue un acuerdo consociacional para compartir el poder durante dieciséis años: alternancia presidencial obligatoria entre los dos partidos, distribución paritaria de cargos, exclusión implícita de cualquier tercera fuerza política. El pacto se extendió hasta 1974.

Con él llegó la desmovilización de la mayor parte de las guerrillas liberales y comunistas surgidas durante la Violencia. Llegó también, con la misma decisión, un pacto de silencio. Los jefes políticos de ambos partidos callaron sobre las responsabilidades pasadas y reservaron la elocuencia para hablar de tareas futuras. La paz partidaria prevaleció sobre la verdad y la justicia. La Violencia empezó a ser concebida oficialmente como una clave sociológica para auscultar al campesinado —a ellos, los violentos rurales, los bandoleros, los alzados—, no para examinar las responsabilidades de la organización política, del Estado, de los partidos o de la Iglesia. Se levantó una separación artificial entre esos actores y los hechos, como si la violencia rural hubiera brotado del suelo y no de decisiones tomadas en Bogotá.

En ese marco, la literatura del testimonio quedó incómoda por partida doble. Incómoda para el establecimiento porque nombraba lo que el pacto quería olvidar. Incómoda para el campo literario emergente porque su deficiencia de oficio la volvía fácil de descalificar. La confluencia de esas dos incomodidades explica su marginalización posterior: no fue una censura formal —los libros circularon, algunos incluso con éxito—, fue una reclasificación. Dejaron de ser leídos como literatura y pasaron a ser tratados, en el mejor de los casos, como documento sociológico secundario.

El puente hacia la sociología: 1962

La distancia entre la escritura del testimonio y su transformación en objeto de estudio se cerró en junio de 1962, cuando la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional publicó La violencia en Colombia. Sus autores —Germán Guzmán Campos, sacerdote católico; Orlando Fals Borda, sociólogo; Eduardo Umaña Luna, abogado— hicieron algo que hasta entonces no se había hecho: sistematizar la evidencia dispersa —incluida buena parte del corpus narrativo, además de testimonios directos y documentos oficiales— en un estudio comprehensivo del fenómeno.

El libro fue polémico desde su aparición. La primera edición constó de mil ejemplares numerados distribuidos entre altos dirigentes e instituciones; la demanda fue tal que los poseedores organizaron turnos de lectura y circularon rumores infundados de que el gobierno lo había prohibido. En noviembre de 1962, un informe reservado del coronel Álvaro Valencia Tovar que valoraba positivamente la obra se filtró a un senador conservador opositor. Los seguidores del laureanismo en el Congreso denunciaron favoritismo liberal dentro del Ejército, el ministro de guerra intervino atacando el libro y, entre rumores de complot golpista conservador, tanques del Ejército se desplegaron un sábado por la noche en las calles de Bogotá. Los tres autores tuvieron que esconderse durante dos semanas.

La violencia en Colombia estableció una cifra —134.820 muertos entre 1948 y 1958, con mayor concentración de víctimas en Tolima, Valle, Antioquia y Caldas— que se convirtió en referencia obligada, aunque estimaciones posteriores han rebajado ese rango a cerca de 57.737 víctimas mortales para el período 1949-1958. La cifra global de 200.000 muertos, ampliamente citada, incluye estimaciones sobre heridos y desplazados, y ha sido cuestionada. Pero el hecho decisivo no fue el número. Fue que un estudio académico levantado desde una facultad estatal recogiera, con nombres, veredas y fechas, lo que las novelas venían denunciando desde 1948. El corpus narrativo del testimonio dejó entonces de estar solo. Su función de archivo paralelo se vio, por primera vez, respaldada institucionalmente. Y a la vez, con una ironía difícil de eludir, empezó a ser desplazado por la sociología, que ofrecía la misma información con mayor autoridad epistémica.

Por qué importa recuperarlo

El corpus de la literatura del testimonio de la Violencia queda hoy en un lugar extraño: demasiado literario para ser fuente documental de primer orden, demasiado documental para ser leído como literatura mayor. Su exclusión del canon —la generación del Boom, y singularmente García Márquez desde su artículo en Eco, consolidó criterios de calidad artística que empujaron esos libros hacia el margen— se sumó al desinterés oficial del Frente Nacional por sacar a flote las responsabilidades del período. La confluencia de una razón estética y una razón política produjo el efecto que hoy constatamos: un país que reconstruye el timeline de sus conflictos armados desde los años sesenta hacia adelante, con las guerrillas comunistas excluidas del pacto bipartidista como punto de partida, y que trata la fase 1948-1957 como una prehistoria borrosa, dominada por la sociología clásica y por unos pocos referentes literarios canónicos.

Ese timeline es incompleto. La conformación de las guerrillas comunistas —el origen remoto de las FARC en núcleos como Marquetalia— no se explica sin las estructuras organizativas agrarias que sobrevivieron a la Violencia en las zonas cafeteras del sur del Tolima y del antiguo Caldas. La cultura política del bipartidismo colombiano tardío no se explica sin el pacto de silencio que el Frente Nacional impuso sobre las responsabilidades de ambos partidos. El repertorio de crueldades de los conflictos armados posteriores —descuartizamientos, marcas sobre los cuerpos, exhibición de cadáveres— no se explica sin la ritualización de la violencia que se instaló en las veredas colombianas entre 1948 y 1957. Esas continuidades no están en los archivos oficiales de la época, porque los archivos oficiales las callaron. Están en los libros del testimonio.

Volver a leerlos hoy no es un ejercicio de rehabilitación estética: buena parte de esas novelas siguen siendo literariamente deficientes, y ningún esfuerzo crítico les devolverá un valor que no tienen. Es un ejercicio de otra naturaleza. Es reconocer que, durante casi una década, mientras el país oficial se organizaba para no ver, un grupo disparejo de escritores decidió que había que dejar constancia. Lo hicieron mal, muchas veces. Lo hicieron desde una trinchera, casi siempre. Pero lo hicieron. Y sin ese registro imperfecto, la memoria de la Violencia colombiana entre el Bogotazo y el Frente Nacional habría quedado exclusivamente en manos de quienes tenían interés en olvidarla. Ese corpus fue —con toda su tosquedad, con toda su parcialidad— la conciencia crítica de una época que no quiso mirarse. Su ausencia del timeline canónico del conflicto colombiano no es un olvido estético neutral: es la última consecuencia visible del pacto de silencio que se firmó en 1957.