El asesinato de Gaitán y el Bogotazo

El asesinato de Gaitán y el Bogotazo

A la una de la tarde del viernes 9 de abril de 1948, tres disparos por la espalda derribaron a Jorge Eliécer Gaitán en la carrera séptima con calle 13 de Bogotá, cuando salía de su oficina rumbo a almorzar. En cuestión de horas la capital ardía: incendios en templos, ministerios, tranvías y almacenes; cárceles abiertas; saqueos que atravesaron las clases sociales; una policía dividida y un ejército que tardó en reaccionar. Al amanecer del 10 de abril, el centro de Bogotá era un paisaje de escombros humeantes con miles de muertos, y en el Palacio Presidencial los jefes liberales y el presidente conservador Mariano Ospina Pérez terminaban de pactar un gabinete bipartidista. El acontecimiento no inauguró la violencia colombiana —ya venía escalando desde 1946— ni la agotó: fue su bisagra. Al eliminar al único caudillo capaz de canalizar por vías electorales la movilización de campesinos, obreros y pequeños propietarios, el magnicidio clausuró la salida populista y desató un ciclo que llevaría, por caminos torcidos, del Bogotazo al Frente Nacional una década más tarde.

El país que trajo a Gaitán al centro

Jorge Eliécer Gaitán había nacido en Las Cruces, un barrio popular de Bogotá; se graduó de abogado en la Universidad Nacional a los veintiún años y completó una especialización en criminología en Roma. Rasgos mestizos y origen humilde lo mantuvieron siempre como intruso ante la aristocracia liberal, que lo llamaba con desprecio el negro Gaitán y no lo consideraba de los suyos. Esa distancia era también su fuerza. Su fórmula política, repetida como consigna, resumía la ruptura: el pueblo no tiene dos partidos, sino que ha sido partido en dos. La frontera real, sostenía, no separaba a liberales de conservadores, sino a las dirigencias de ambos partidos —el país político— del país nacional.

El gaitanismo era socialismo reformista, no comunismo. Gaitán rechazó siempre las tácticas insurreccionales y la toma del poder por la fuerza; apostaba a la transformación gradual mediante reformas progresistas y elecciones. Pero convocaba a una base heterogénea y masiva —campesinos, obreros, pequeños propietarios, proletariado urbano— que atravesaba las lealtades bipartidistas: a sus plazas iban por igual liberales y conservadores de extracción popular.

En 1946, la candidatura disidente de Gaitán dividió el voto liberal frente al oficialista Gabriel Turbay, y Mariano Ospina Pérez ganó la presidencia con el 41% de los votos, cerrando dieciséis años de hegemonía liberal. La derrota, sin embargo, no lo debilitó: en las elecciones parlamentarias de comienzos de 1947 las listas gaitanistas barrieron el país y lo convirtieron en jefe único del Partido Liberal. Se preparaba desde entonces para las presidenciales de 1950, y todo indicaba que las ganaría.

Aquí aparece la primera contradicción decisiva del período. Aunque Gaitán encabezaba un Congreso de mayoría liberal, sus dos proyectos centrales —una reforma bancaria para democratizar el crédito y una reforma agraria— fueron sistemáticamente bloqueados. Sus propios copartidarios en el legislativo, herederos de las élites que lo despreciaban, se negaron a aprobarlos. El caudillo tenía el país en las urnas y las calles, pero no en el Capitolio. El bloqueo estructural del gaitanismo comenzó antes que las balas.

Violencia oficial y ruptura del régimen (1946-1948)

El ascenso de Ospina Pérez no fue una transición pacífica. Desde su instalación, y con particular intensidad a partir de 1947, el gobierno conservatizó los organismos de control del orden público: la policía departamental y municipal, reclutada con criterio partidista, se convirtió en instrumento de persecución antes que en autoridad imparcial. En municipios del centro del país se documentaron robos de cédulas, constreñimiento electoral, encarcelamientos sin causa, apaleamientos, homicidios y desplazamientos forzados contra campesinos gaitanistas y liberales de base. Cientos de telegramas llegaban a Bogotá denunciando allanamientos, detenciones arbitrarias y despidos laborales por filiación política. La Iglesia católica, en amplios sectores, veía con buenos ojos el endurecimiento conservador que encarnaba Laureano Gómez.

La violencia oficial se cruzaba con la escalada retórica. El periodista Calibán de El Tiempo advirtió, en esos meses, que las campañas de prensa que tildaban a los conservadores de hato de asesinos y a los liberales de tribu de bandoleros alimentaban la matanza; para desarmar los espíritus, escribió, había que empezar por descargar de explosivos las palabras.

En mayo de 1947, la Confederación de Trabajadores de Colombia intentó una huelga general para desestabilizar al gobierno, invocando el costo de vida y la persecución sindical. La huelga fracasó, y con ella se erosionó la principal central obrera del país. En los primeros meses de 1948 los signos de descomposición se multiplicaron: paro de trabajadores municipales en Bogotá el 4 de febrero; conflicto en el río Magdalena una semana después; atentado dinamitero contra el gerente de la Tropical Oil Company el 14 de febrero; destrucción de la red telegráfica; averías en el oleoducto de Cantimplora; sabotajes ferroviarios; ataques a tanques de gasolina. Los liberales, ante el arreciar de la violencia política, se retiraron de la colaboración en el gobierno de Unidad Nacional.

Fue en ese escenario —un país tensado hasta el crujido, con Bogotá recibiendo además a las delegaciones de la IX Conferencia Panamericana— cuando la mañana del 9 de abril amaneció aparentemente rutinaria.

El disparo

Gaitán había pasado la mañana en su oficina del centro, en el edificio Agustín Nieto sobre la carrera séptima. Había ganado esa madrugada, en la corte, un caso de homicidio; su ánimo era bueno. Poco antes de la una, salió a almorzar con un pequeño grupo de amigos y colaboradores. Al pisar el andén de la calle 13, un hombre le disparó tres tiros por la espalda con un revólver. Los acompañantes lo alzaron y lo llevaron a la Clínica Central; murió allí en pocos minutos.

El asesino material fue identificado como Juan Roa Sierra, un individuo oscuro, sin trayectoria política visible. La multitud que se agolpó en la carrera séptima lo alcanzó de inmediato, lo linchó y arrastró su cadáver por las calles hasta destruirlo. Con él desapareció, literalmente, el testigo que hubiera podido responder por los motivos y por los eventuales autores intelectuales.

La pregunta por esos autores nació esa misma tarde y no ha cerrado nunca. El profesor Cruz, testigo presencial que identificó a Roa Sierra por las fotografías de prensa, consideró lo más natural pensar que había autores intelectuales: la importancia del asesinado, argumentaba, hacía impensable la iniciativa solitaria. Décadas después circuló la versión de un agente vinculado a la Embajada estadounidense en Bogotá que aseguraba haber participado en la planificación del crimen y haber conocido al ejecutor. La CIA ha invocado razones de seguridad nacional para no abrir sus archivos completos; Washington ha negado sistemáticamente cualquier participación. Ninguna de las hipótesis conspirativas —la del comunismo internacional, la de los servicios estadounidenses, la de la ultraderecha conservadora colombiana— ha sido probada judicialmente. Treinta años después del magnicidio, un documento del Departamento de Estado aclaró que los comunistas no habían tenido nada que ver con el asesinato, desmintiendo la versión que el gobierno colombiano y el propio general George Marshall difundieron desde el primer minuto.

De los grandes populistas latinoamericanos de su generación —Lázaro Cárdenas, los Perón, Getúlio Vargas, Víctor Raúl Haya de la Torre—, Gaitán fue el único asesinado. La singularidad importa: no era el destino inevitable del populismo latinoamericano, sino la respuesta específica de las élites colombianas a la amenaza específica que representaba.

Bogotá arde

La noticia se propagó por la carrera séptima con la velocidad del rumor. En minutos, una muchedumbre furiosa avanzaba hacia el Palacio de San Carlos y el Capitolio, donde sesionaba la Conferencia Panamericana. En horas, el centro de Bogotá estaba en llamas.

Las llamas alcanzaron primero al palacio arzobispal y a la nunciatura apostólica, se propagaron a la Universidad Javeriana Femenina y al Instituto de La Salle, y devoraron después el convento de los dominicos, el de las Hermanas de Santa Inés y numerosas otras propiedades eclesiásticas. Ardieron también edificios públicos, tranvías, ministerios. Se abrieron las cárceles. Los almacenes y ferreterías del centro comercial fueron saqueados uno tras otro: los barrios pobres del sur se dirigieron al eje comercial y se apoderaron de alimentos, ropa, enseres domésticos, armas, herramientas y licor. Algunos objetos, imposibles de cargar, quedaron regados sobre el pavimento como escombros de un desfile interrumpido.

Un dato hablaba con claridad de la selectividad política de la ira: El Tiempo, diario del liberalismo oficial, no sufrió ningún daño, aunque estaba en el epicentro de las revueltas. El saqueo, sostenido por gente de distintas clases, tenía además una dimensión de protesta social contra el comercio y la especulación acumuladas en años de inflación y desabastecimiento.

La Quinta División de la policía se levantó y se sumó a los amotinados; fue cercada por el ejército y terminó rindiéndose. En los días siguientes, la casi totalidad de los oficiales y agentes de la policía capitalina —hubieran o no participado en el motín— sería destituida.

Y sin embargo, la revuelta careció desde el primer momento de dirección política. No hubo comando, no hubo consigna clara más allá de vengar a Gaitán, no hubo instrucción sobre qué hacer con el poder si la calle llegaba a él. Fidel Castro, joven estudiante cubano presente en Bogotá aquel día, lo dijo con claridad después: lo que estaba ausente el 9 de abril era precisamente eso, organización. Intelectuales y universitarios de izquierda intentaron algún papel esa tarde y esa noche, pero sin capacidad de coordinación con el conjunto. La furia fue enorme y quedó, como escribió un cronista posterior, en explosión invertebrada de furia.

Los cálculos de víctimas oscilan entre dos mil y más de cinco mil muertos, sobre una población capitalina de seiscientos mil habitantes. La empresa municipal de tranvías quedó destruida; amplias zonas del centro histórico, arrasadas. El paisaje urbano de Bogotá quedó transformado por décadas.

El colombianazo: la revuelta fuera de Bogotá

Llamar Bogotazo al 9 de abril es también reducirlo. En muchas regiones se ha impuesto la denominación de colombianazo, más fiel al carácter nacional del estallido. En Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, El Carmen, Magangué, Corozal, Buenaventura, Medellín, Cali e Ibagué se registraron disturbios, saqueos y ataques a propiedades e instalaciones conservadoras. Cartago quedó bajo ocupación militar; Buenaventura fue saqueada. En Ibagué hubo pedreas, quema de almacenes, saqueos y persecución a conservadores, con participación de algunas mujeres cuyo papel específico quedó registrado por la prensa local. En Puerto Tejada, en el norte del Cauca, la violencia asumió formas particularmente brutales contra conservadores prominentes.

Cada región le imprimió su modalidad al levantamiento —marcada por sus tensiones agrarias, sus historias locales de conflicto bipartidista, su composición social—, pero todas convergieron en un mismo patrón: un movimiento anticonservador espontáneo que buscaba reivindicar la muerte de Gaitán. En muchos lugares se formaron juntas revolucionarias que asumieron temporalmente el poder local.

Y en todas partes se repitió la misma parálisis. Los líderes espontáneos, en provincia como en la capital, esperaban una decisión de las altas esferas del liberalismo bogotano o de un comando nacional revolucionario que jamás existió. Las juntas se disolvieron sin ofrecer resistencia cuando el ejército llegó a restablecer el orden. Algunas dinámicas de esos días —la formación de comités locales, la ocupación de espacios de autoridad, la persecución territorial de conservadores— alimentarían en años siguientes las guerrillas liberales del Tolima, los Llanos y el Cauca, aunque el vínculo directo entre un pueblo alzado el 9 de abril y una guerrilla armada tres años después pasa por muchos intermedios.

La narrativa comunista, fabricada en horas

Antes de que se apagaran los incendios, el crimen ya tenía autor oficial. El presidente Ospina Pérez envió un mensaje a embajadores y cónsules colombianos en el exterior con una fórmula lapidaria sobre el asesino: se trata de un comunista. El general George Marshall, presente en Bogotá para la Conferencia Panamericana, difundió la misma versión hacia la prensa internacional. La arquidiócesis de Medellín publicó pronto que el 9 de abril había sido una típica explosión comunista, aunque en el mismo texto identificara conjuntamente a comunistas y liberales como protagonistas —contradicción reveladora del carácter instrumental de la etiqueta—. Desde Madrid, Laureano Gómez sostuvo que el golpe era netamente comunista y que solo el Ejército podía salvar a Colombia de una insurrección roja.

La narrativa era doble y hábilmente contradictoria. Por un lado, decía que el pueblo colombiano se había pervertido por los ideales liberales, en versión de barbarie popular. Por otro, afirmaba que ese pueblo pervertido había sido dirigido por conspiradores comunistas internacionales. Ambas caras funcionaban a la vez: culpabilizaban al liberalismo por ser el vehículo de una masa peligrosa, y a la vez desactivaban cualquier lectura del estallido como respuesta legítima a un magnicidio y a años de violencia oficial.

El contexto favorecía la versión. La Conferencia Panamericana que se celebraba en Bogotá adoptaría en esos mismos días la Carta de la Organización de Estados Americanos y el Pacto de Bogotá; la agenda hemisférica estaba dominada por la alianza anticomunista que Estados Unidos negociaba con América Latina a cambio de contrapartidas económicas. Que el asesinato del líder popular más importante del continente ocurriera precisamente allí y entonces convirtió la etiqueta comunista en el marco natural para el consumo internacional. La Guerra Fría empezaba a definir qué protestas serían legítimas y cuáles serían insurrección: en Colombia, el 9 de abril fue el momento fundacional de esa redefinición.

La ironía es que Gaitán había sido excluido de la delegación colombiana a la Conferencia por decisión del canciller Laureano Gómez, pese a ser el jefe único del Partido Liberal y a que las delegaciones acostumbraban incluir a ambos partidos. La figura política más importante del país anfitrión no tenía asiento en la reunión que su ciudad hospedaba. Cuando lo asesinaron, el evento internacional se convirtió en escenografía del hundimiento.

Fidel Castro, que había venido a Bogotá para participar en actividades estudiantiles paralelas a la Conferencia, quedó atrapado en la revuelta y participó en episodios de la jornada; su presencia sería invocada durante décadas como prueba de la mano comunista, aunque él mismo insistiría más tarde en la ausencia total de organización aquel día.

Treinta años después, cuando el Departamento de Estado desmintió su propia versión inicial, el daño estaba consumado. La etiqueta anticomunista había estructurado ya toda la política colombiana del período: liberales que Laureano Gómez equipararía con comunistas, movimientos campesinos y sindicales tratados como quintacolumnas, organización popular criminalizada. La represión clasista posterior encontró en el 9 de abril su justificación fundacional.

La noche del Palacio y el gabinete de emergencia

Mientras Bogotá ardía, en el Palacio Presidencial se decidía otra cosa. Los principales dirigentes liberales —entre ellos Carlos Lleras Restrepo y Darío Echandía— llegaron a la sede de gobierno esa noche. No habían sido invitados formalmente por Ospina: según el relato del periodista Arturo Abella, fue Camilo de Brigard Silva quien gestionó la convocatoria por su propia iniciativa; el presidente los recibió con sorpresa. Le pidieron que cediera el poder. Ospina, protegido tras los muros del palacio, se negó y esperó los refuerzos militares que estaban llegando a la capital.

Las negociaciones se prolongaron hasta la mañana del 10 de abril. Al final, Ospina convirtió la crisis en oportunidad: relanzó su proyecto de Unión Nacional incorporando a los principales dirigentes liberales al gabinete, con un ministro de Gobierno del partido como garantía de imparcialidad electoral. Los jefes liberales, que unas horas antes exigían la renuncia del presidente, aceptaron formar coalición con él.

Fue el primer patrón inaugurado por el 9 de abril, y quizá el más duradero: en momentos de amenaza extrema al orden institucional, las cúpulas de los dos partidos tradicionales se sentaban a negociar entre ellas la salida, por encima de sus bases y de las multitudes movilizadas. El pacto de emergencia entre élites, celebrado mientras la calle todavía humeaba, sería la matriz de todos los arreglos posteriores hasta el Frente Nacional.

Del pacto al colapso: la ruta a Laureano Gómez (1948-1949)

La Unión Nacional duró poco más de un año. Laureano Gómez, exiliado en Madrid desde el 9 de abril, regresó a fines de 1948 como candidato conservador para las presidenciales de 1950. Su campaña fue un catálogo de acusaciones: sostuvo que el liberalismo poseía 1.800.000 cédulas falsas y estaba dominado por comunistas. Según el propio Directorio Liberal Nacional, esas acusaciones intensificaron la violencia sobre el terreno, ejercida por alcaldes conservadores, policías partidizadas y grupos armados vinculados al gobierno.

En mayo de 1949 se rompió la coalición. Los liberales, que conservaban mayoría en el Congreso, impulsaron una contrarreforma electoral que adelantaba las elecciones presidenciales a noviembre de ese año y aplazaba la revisión de las cédulas. El 9 de noviembre, en medio de una confrontación aguda con el ejecutivo, se produjo la ruptura definitiva entre los presidentes liberales del Congreso y Ospina Pérez.

El 25 de noviembre, Darío Echandía, candidato liberal a la presidencia, participó junto a su hermano Vicente y varios simpatizantes en lo que se describió como una manifestación silenciosa y pacífica. El grupo fue atacado violentamente en la carrera 13 de Bogotá —la misma calle donde había caído Gaitán veinte meses antes—. El liberalismo se retiró del proceso electoral. Laureano Gómez llegó a la presidencia sin competencia, en unos comicios que fueron menos elección que coronación.

Noviembre de 1949 marcó el inicio de la fase más generalizada de La Violencia: la segunda etapa del ciclo, que se extendería hasta junio de 1953. Durante el gobierno de Gómez, la violencia alcanzó dimensiones dramáticas: incendios de sedes de prensa liberal, atentados contra dirigentes, asesinatos selectivos por criminales a sueldo en zonas como el norte del Valle del Cauca, despojo masivo de tierras campesinas. Los grupos armados vinculados al conservatismo actuaron con protección oficial. La equiparación de liberalismo con comunismo, sostenida ideológicamente por Gómez, dotó a esa violencia de justificación anticomunista y extendió su blanco a los movimientos campesinos y sindicales surgidos desde los años treinta.

En junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla depuso a Gómez mediante un golpe militar y abrió la tercera fase del ciclo. Su régimen duró hasta mayo de 1957; a su caída siguió, entre 1957 y 1958, el pacto del Frente Nacional entre las cúpulas liberal y conservadora.

Lo que dejó el 9 de abril

Las cifras del período que abrió el magnicidio son enormes: más de doscientos mil muertos, más de dos millones de desplazados, 393.648 parcelas campesinas perdidas. Bogotá, que a comienzos de los años cuarenta tenía menos de quinientos mil habitantes, alcanzó 1.300.000 en 1960: la migración de los desplazados por La Violencia rediseñó el mapa urbano del país. La colonización espontánea de zonas de frontera agrícola —la otra ruta del desplazamiento— fundaría los territorios donde germinarían, en las décadas siguientes, las guerrillas contemporáneas.

Pero la consecuencia más profunda del 9 de abril no se mide en cifras. Fue política y estructural: al eliminar a Gaitán, las élites colombianas cerraron la única vía institucional por donde la movilización popular podía disputar el poder dentro del orden liberal. El bloqueo del gaitanismo era ya estructural antes del disparo —el rechazo parlamentario a las reformas bancaria y agraria lo demostraba—, pero no era todavía irreversible. Mientras Gaitán vivía, su dominio electoral —confirmado en las parlamentarias de 1947 y proyectado sobre las presidenciales de 1950— mantenía abierta la posibilidad de forzar la agenda desde abajo. El asesinato convirtió el bloqueo en clausura.

El Frente Nacional perpetuaría diez años después, por la vía del pacto oligárquico, ese cierre inaugurado por las balas. Al establecer la alternancia obligatoria y el reparto burocrático entre liberales y conservadores, y al excluir a cualquier fuerza política ajena al bipartidismo, el pacto de 1958 institucionalizó la exclusión de las clases subordinadas que el 9 de abril había liquidado por eliminación de su vehículo. El testimonio de las víctimas recogido décadas más tarde por la Comisión de la Verdad conservó esa memoria con precisión: el asesinato de Gaitán fue una manera de impedir que los intereses populares llegaran al poder.

Queda una tercera secuela, menos comentada y sin embargo decisiva. El 9 de abril transformó la forma del conflicto bipartidista colombiano. Hasta 1946, la violencia entre liberales y conservadores había sido predominantemente rural, policial y localizada. El Bogotazo la urbanizó, la desbordó hacia las ciudades intermedias, la puso frente a las embajadas y las cámaras internacionales, obligó a las élites a negociar en tiempo real bajo el humo. Cerró, en ese sentido, el ciclo decimonónico de las guerras civiles colombianas —cuya última expresión clara había sido la Guerra de los Mil Días, medio siglo antes— e inauguró el patrón contemporáneo: violencia difusa, sin frente ni bandera clara, con multitudes urbanas que aparecen y se disipan, con narrativas anticomunistas que redefinen quién es enemigo interno legítimo.

Setenta y cinco años después, el 9 de abril sigue siendo el punto ciego y el punto de referencia de la política colombiana. Es la fecha donde el país imagina lo que pudo ser y no fue: la reforma agraria que Gaitán no aprobó en el Congreso ni pudo intentar desde la presidencia, la democratización del crédito, la irrupción de las clases populares en el orden institucional. Y es también la clave desde la que se lee todo lo que vino después: la Violencia rural, el Frente Nacional, las guerrillas nacidas de esa Violencia, los ciclos de reforma bloqueada, la persistencia de la etiqueta comunista como recurso para deslegitimar la protesta. Los tres disparos en la carrera séptima no explican por sí solos el siglo XX colombiano. Pero no hay manera de contarlo sin volver a ellos.