La Violencia bipartidista rural y los chulavitas (1948–1953)

La Violencia bipartidista rural (1948-1953)

Entre el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá el 9 de abril de 1948 y el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953, el campo colombiano fue atravesado por una guerra que no llevó ese nombre porque no lo necesitaba: los campesinos la llamaron simplemente la Violencia, con mayúscula tácita, y así entró en la lengua nacional. En cinco años, una fuerza parapolicial reclutada en veredas conservadoras de Boyacá se desplegó sobre municipios liberales del Tolima, el Viejo Caldas, el Valle del Cauca y los Santanderes, dejando tras de sí un rastro de masacres rituales, aldeas quemadas, mujeres violadas, cadáveres arrojados a los ríos y un patrón masivo de abandono de tierras que Paul Oquist calcularía después en 393.648 parcelas perdidas para el ciclo largo 1948-1966. El saldo global superaría los doscientos mil muertos. Fue una guerra librada con machete, con retórica clerical y con actas notariales, y su geografía —las mismas haciendas cafeteras donde en los años veinte y treinta habían chocado colonos y hacendados— revela que bajo la insignia bipartidista se estaba resolviendo, con sangre, un pulso agrario mucho más antiguo.

El campo antes del incendio

La violencia rural que estalló en 1948 no cayó sobre un terreno pacificado. Desde la década de 1920, las haciendas cafeteras de Cundinamarca y Tolima habían sido el epicentro de una conflictividad agraria persistente entre arrendatarios, colonos y grandes propietarios: hacia 1939, 75 de las 153 agremiaciones campesinas con personería jurídica en Colombia estaban concentradas en esas dos regiones. Los arrendatarios peleaban por asuntos concretos: el derecho a sembrar café en sus parcelas —los hacendados lo prohibían para evitar que la mejora consolidara la posesión—, la libre movilidad de sus productos, la conmutación del trabajo obligatorio en la hacienda por una renta en dinero o especie, la reducción de multas, el pago de mejoras en caso de desalojo. En el sur del Tolima, hacia 1936, unos 1.800 colonos habían invadido tierras de una hacienda del río Combeima aprovechando la debilidad de los títulos.

La Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) había prometido responder a esas demandas, pero el impulso reformista se frenó bajo Eduardo Santos y recibió su golpe definitivo con la Ley 100 de 1944, ya en el segundo López, que devolvió la iniciativa a los grandes propietarios. Cuando el conservatismo retornó al poder en 1946 con Mariano Ospina Pérez, tras dieciséis años de hegemonía liberal, el mapa de las tensiones agrarias irresueltas —Tequendama, Rionegro, Sumapaz, centro y norte del Tolima, Viejo Caldas— quedó expuesto como una superficie inflamable. Ese retorno conservador ya venía acompañado, desde antes del 9 de abril, de una violencia política rural larvada que las estadísticas no siempre registran pero que la memoria campesina fijó con precisión. En 1947 comenzó la conservatización de los organismos de control del orden público; los liberales fueron saliendo del gobierno alegando falta de garantías. El país entraba en 1948 con la policía en disputa, las haciendas cafeteras cargadas de rencor y un movimiento popular urbano cuya voz era la de Gaitán.

El 9 de abril y el detonante

A la una y cinco de la tarde del 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado a tiros en el centro de Bogotá, sobre la carrera séptima, al salir de su oficina. En cuestión de horas la ciudad ardía. El Bogotazo dañó el sistema de tranvías, quemó iglesias y archivos eclesiásticos, arrasó negocios asociados al conservatismo. Una estimación cifra en más de cinco mil los muertos en la capital, sobre una población de 600.000 habitantes. La coincidencia con la IX Conferencia Panamericana, reunida en Bogotá para redactar la carta de la OEA, dio proyección internacional al episodio: el gobierno y los grandes medios atribuyeron enseguida los disturbios al comunismo internacional, y Colombia rompió relaciones diplomáticas con la URSS.

El levantamiento careció de dirección política. No hubo comando nacional, no hubo plan, no hubo cabeza: fue un estallido sin cauce, tanto en Bogotá como en las capitales de provincia donde también surgieron juntas revolucionarias efímeras. Y fue, en su fracaso, la muerte política del ala popular del liberalismo. Gaitán era el único de los grandes populistas latinoamericanos de su generación —Cárdenas en México, Perón en Argentina, Vargas en Brasil, Haya de la Torre en Perú— que sería asesinado; con él se truncó el programa reformista que podía haber tramitado en el terreno electoral las presiones acumuladas del campo y de las barriadas urbanas.

Ospina Pérez ensayó tras el 9 de abril un gobierno de Unión Nacional con participación liberal, pero el intento se agotó pronto. En noviembre de 1949 el ejecutivo cerró el Congreso, cortando el último hilo del entendimiento entre los partidos tradicionales. Meses después, con Laureano Gómez encaminado a la presidencia sin contradictor liberal en las urnas, el país había entrado ya en otra guerra.

Los chulavitas: una policía hecha en Boyacá

El nombre venía de una vereda. Chulavita —o Chulavitas— es un caserío del municipio de Boavita, en el norte de Boyacá, cuya población era conocida por su adhesión férrea al Partido Conservador, filiación que algunas versiones remontan hasta 1837. De allí, y de veredas vecinas del altiplano boyacense, el gobierno de Ospina Pérez reclutó a los hombres que integrarían la fuerza parapolicial que la memoria nacional bautizaría con el gentilicio de aquel lugar.

Su función original fue doble. Por un lado, sustituir en el terreno a una policía nacional considerada liberal o al menos tibia; por otro, disponer de un cuerpo armado leal cuya lealtad, en las palabras crudas de la época, servía para "salvar al presidente Ospina" en un contexto donde los liberales controlaban buena parte de las alcaldías y de los aparatos locales. Los chulavitas no fueron un cuerpo separado del Estado: fueron el Estado conservador vestido con ropa civil o con uniforme improvisado, adscritos formal o informalmente a la policía y al ejército. La conservatización del aparato de seguridad, que ya venía en curso desde 1947, se aceleró y se hizo brutal después del 9 de abril.

El despliegue siguió una lógica de exportación. Desde los bastiones conservadores del interior —Boyacá, Nariño, Antioquia—, las comisiones chulavitas fueron enviadas a municipios de mayorías liberales: al sur del Tolima (Chaparral, Planadas, Gaitania, Santiago Pérez), al oriente del departamento, al Valle del Cauca, al Viejo Caldas. En esas regiones los campesinos no preguntaban cuándo había empezado la Violencia sino cuándo había llegado, y la respuesta invariable asociaba la llegada con la aparición de los chulavitas. Hacia finales de abril de 1949, comisiones enteras entraron a Nunchía y Támara, en el piedemonte llanero; la prensa liberal denunció que el objetivo era impedir que los llaneros votaran en las elecciones congresionales del 5 de junio. Ese mismo año el Directorio Liberal Nacional denunció que "en todas partes por la fuerza se arrebatan a los ciudadanos las cédulas que los capacitan para votar", en un dispositivo que combinaba alcaldes conservadores, policía politizada y chulavitas.

Junto a ellos operó otra figura parapolicial, los pájaros: sicarios civiles que actuaron sobre todo en el Valle del Cauca, cuyo nombre más recordado es el de León María Lozano, el Cóndor, y cuya presencia haría de municipios como Ceilán sinónimos de matanza. Los pájaros no vestían uniforme; los chulavitas a veces sí. Los dos gozaban de la misma cobertura: la impunidad garantizada por el aparato estatal a los partidarios del partido en el poder.

La palabra encendida: iglesia, prensa, púlpito

Los machetes no bajaron solos de las cordilleras. La violencia rural fue precedida y acompañada por una intensa producción discursiva que la volvía legítima, incluso obligatoria, para amplios sectores de la Colombia conservadora. Laureano Gómez, regresado del exilio madrileño a finales de 1948, lanzó una campaña en la que acusaba al Partido Liberal de manejar 1.800.000 cédulas electorales falsas y de estar dominado por los comunistas. La cifra circuló como consigna. Sobre alcaldes, policías y chulavitas actuó como licencia: si el adversario era un fraude y una infiltración soviética, combatirlo dejaba de ser política y se volvía defensa del orden.

La Iglesia hizo el resto. En Antioquia, donde el clero equiparaba desde el siglo XIX masonería con liberalismo y señalaba a los liberales como herejes desde el púlpito, la retórica antiliberal encontró su forma más extrema. El arzobispo definió la participación política del clero no como facultad sino como "obligación estricta", argumentando que defender la seguridad pública exigía combatir a los enemigos del orden, del Estado y de la Iglesia, es decir, a los liberales. El clero antioqueño elaboró discursos que justificaban el asesinato de los "nueveabrileños", los participantes en los levantamientos de abril de 1948. Un testimonio recogido en San Rafael atribuye a Gómez, ante conservadores de la localidad que denunciaban asesinatos, una respuesta feroz: "¿Y se van a dejar matar? ¡A defenderse!", añadiendo que debían dejar de lado la mediación de los curas y actuar por su cuenta.

No es casual que la Violencia se ejecutara con especial saña desde los bastiones conservadores de Boyacá, Nariño y Antioquia, y desde allí se propagara al Tolima, al Valle y al Viejo Caldas. En esos bastiones el andamiaje ideológico estaba listo; la aviación aún no había roto el aislamiento geográfico antioqueño y la mentalidad conservadora se sostenía intacta, reforzada por un monopolio educativo eclesiástico. Cuando Roberto Urdaneta Arbeláez asumió como ministro de guerra bajo Gómez, uno de sus primeros gestos fue advertir que las guerrillas liberales serían combatidas con toda la fuerza disponible, tratándolas como una mezcla de liberales, comunistas y bandidos.

El repertorio: masacres, mutilaciones, fosas

Los muertos de la Violencia no fueron muertos limpios. Las prácticas de mutilación fueron tan extendidas que recibieron nombres propios en el habla campesina; el más documentado es el corte de mica, referido a descuartizamientos con machete, castraciones y cercenamientos de órganos. Se cortaba la cabeza para reubicarla en el cuerpo mutilado; se castraba para introducir los testículos en la boca del cadáver; se extraían fetos. La lógica —los antropólogos que estudiaron el fenómeno la llamaron ritual— era la de matar, rematar y contramatar: no bastaba con la muerte física, había que producir una eliminación simbólica de la reproducción del adversario, marcarlo, humillarlo póstumamente.

La violencia sexual formó parte del repertorio con la misma sistematicidad que la mutilación. La violación de mujeres campesinas no fue exceso sino instrumento: dispositivo de terror que aceleraba el éxodo, disciplinaba a las familias, marcaba el territorio. Se combinó con el robo de ganado, la quema de cosechas y de viviendas, el saqueo. En noviembre de 1950, las chozas de los indígenas del antiguo Resguardo de Ortega y Natagaima, en el Tolima, descendientes de los Pijao, fueron incendiadas y sus habitantes expulsados. En diciembre de 1952, la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó y destruyó las dieciséis manzanas del centro poblado de Yacopí, en Cundinamarca, con el objetivo declarado de acabar con el apoyo local a la guerrilla liberal. El pueblo había sido ya arrasado antes por incendio; el bombardeo aéreo lo remató.

Los cadáveres necesitaban destino. Los chulavitas los transportaban en volquetas y los arrojaban desde el puente natural del municipio de Pandi al río Sumapaz, desde los precipicios del sector de Profundos —entre Villarrica y Cunday, en el oriente del Tolima— y desde el alto de Buenavista. Esos lugares operaron como fosas comunes de escala geográfica. En el sur del Tolima, las incursiones sobre veredas produjeron masacres específicas registradas por el sacerdote Germán Guzmán Campos: entre ellas, la muerte de trece personas en El Limón, en el marco de un gran operativo contra colonos liberales.

Del lado liberal y en las bandas de retaliación posteriores, la violencia recíproca dejó también su rastro de sevicia. Pero el desequilibrio inicial de las fuerzas, y el hecho de que un bando contara con el respaldo activo del Estado y el otro con su hostilidad abierta, marcaron una asimetría que las estadísticas territoriales confirman: fueron las regiones de mayorías liberales las que sufrieron el grueso del despojo.

El despojo: la Violencia como transferencia de tierras

Detrás de la sangre había una operación económica de escala continental. El cálculo de Paul Oquist para el ciclo 1948-1966 —393.648 parcelas perdidas por sus propietarios— concentra su núcleo duro en cinco departamentos: Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, el Antiguo Caldas y Santander. Son exactamente los mismos departamentos donde la violencia fue más intensa entre 1948 y 1953, y donde en las décadas previas se habían acumulado los conflictos agrarios más agudos.

El Tolima ofrece la fotografía más completa. Entre 1949 y 1957, la Violencia dejó allí al menos 16.219 muertos, sin contar las masacres colectivas ni las bajas de las Fuerzas Armadas. 321.621 personas —el 42,6% de la población departamental— sufrieron desplazamiento forzado, permanente o transitorio; los campesinos lo llamaron exilio. Se abandonaron 40.176 propiedades, el 42,82% del total, pertenecientes a 32.400 propietarios; el 46% de esas tierras fue abandonado en apenas dos años, entre 1955 y 1956, ya bajo Rojas Pinilla. En el Viejo Caldas, para un período de seis años de alta intensidad, se documentaron 52 masacres con 444 muertos, 90 acciones bélicas, 137 asesinatos selectivos, 4 desapariciones forzadas y 8 secuestros; Quindío fue el departamento más golpeado con 574 víctimas, seguido de Caldas con 152 y Risaralda con 140.

El patrón temporal delata el motivo. La intensidad de los desplazamientos y las muertes se agudizaba en épocas de cosecha de café: se atacaba cuando el grano estaba maduro, se aprovechaba el terror para forzar la venta a precios irrisorios, se completaba la operación con actas notariales de compraventa que legalizaban el traspaso. Los actores del despojo formaban una cadena: chulavitas o pájaros producían el éxodo con violencia física; alcaldes conservadores garantizaban la impunidad; notarios, especuladores, vendedores y compradores de tierra ejecutaban la parte legal. La articulación no requería un plan trazado en un despacho de Bogotá para operar con eficacia: bastaba que la impunidad estuviera garantizada a los partidarios del partido en el poder para que en las zonas cafeteras se activaran, con brutalidad multiplicada, las dinámicas de despojo que ya habían aparecido en los años veinte y treinta.

Los beneficiarios fueron comerciantes, ganaderos y propietarios medianos y grandes que adquirieron parcelas a fracción de su valor. La Violencia no distribuyó tierra: la concentró. Y lo hizo en las zonas de mayor productividad cafetera del país, precisamente donde los colonos y arrendatarios habían empezado a organizarse dos décadas antes para exigir derechos que la Ley 100 de 1944 había negado.

Del bipartidismo al conflicto de clase: la resistencia campesina

La respuesta no tardó. Desde 1948, y con fuerza creciente desde 1949, se formaron guerrillas liberales en el sur del Tolima, los Llanos Orientales y el occidente antioqueño, con presencia también en Santander. Fueron, en primera instancia, dispositivos defensivos: colonos y campesinos liberales que se armaban para no morir en la próxima incursión chulavita.

En los Llanos Orientales, Guadalupe Salcedo encabezó una fuerza de entre 2.000 y 3.000 hombres que combinaban trabajos rurales con acciones militares, apoyados por grandes terratenientes liberales de la región. La composición social del llano —hato ganadero, distancia del centro— facilitó una guerrilla de otro tipo, más móvil, más masiva, capaz de expedir dos Leyes del Llano con ayuda de abogados y dirigentes para regular procesos agrarios y darse un ideario. Eliseo Velásquez fue considerado uno de sus jefes iniciales: el 17 de marzo de 1949 Ospina envió un destacamento del ejército a Villavicencio; cuatro días después, guerrilleros de Velásquez atacaron desde el sur, y el 29 de abril sitiaron Nunchía en Casanare. En noviembre de ese año, durante el intento insurreccional liberal, guerrilleros tomaron Villavicencio bajo el mando del capitán Alfredo Silva, y Cumaral y Puerto López bajo el mando de Eliseo Vásquez.

En el sur del Tolima, la geografía era otra y la composición política también. Allí se formó un Estado Mayor Unificado de liberales y comunistas con base en El Davis, en el cañón del Cambrín, bajo el mando conjunto de Gerardo Loaiza por los liberales e Isauro Yosa —el Mayor Lister— por los comunistas. Yosa era un dirigente agrario que venía de las invasiones de tierras de 1936; situó el retorno a las armas en 1949 como respuesta directa a la revancha de los señores del latifundio por aquellas ocupaciones. La formulación desnuda la naturaleza del conflicto: bajo la etiqueta bipartidista se estaba resolviendo una vieja pelea por la tierra.

En el centro del Tolima, la zona de Rovira fue devastada; allí surgieron cuadrillas campesinas defensivas dirigidas, entre otros, por Leónidas Borja El Lobo y por el joven Teófilo Rojas Chispas, que años después se convertiría en una de las figuras más temidas del bandolerismo posterior. En Sumapaz y las provincias de Tequendama y Rionegro, Juan de la Cruz Varela lideraba la resistencia con base en la tradición organizativa de los años treinta, cuando el Partido Comunista había construido allí una influencia rural sólida a través de los conflictos entre colonos y hacendados.

La convivencia entre liberales y comunistas duró poco. Hacia finales de 1951, el campamento de El Davis se fracturó entre Comunes —los comunistas de Yosa y de Luis Alfonso Castañeda, Richard— y Limpios —los liberales de Loaiza. El rompimiento se consumó tras la Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional, conocida como Conferencia Boyacá, reunida el 15 de agosto de 1952 con delegados de las guerrillas del Llano, Santander, Antioquia y Sumapaz. Los comunistas adoptaron el programa aprobado; los liberales lo rechazaron. La guerra popular contra el gobierno conservador se dividió por dentro justo cuando enfrentaba, unida, el momento de máxima intensidad de la represión oficial.

El golpe: la salida militar de un pacto entre élites

El 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla depuso a Laureano Gómez con el respaldo tácito de amplios sectores de las élites bipartidistas, agotadas por una violencia que ya amenazaba la estabilidad misma del régimen. Su promesa central fue la pacificación, y la ejecutó en dos frentes.

El primero fue la amnistía general para las guerrillas liberales. La medida funcionó: la mayoría de los combatientes entregaron las armas en 1953, en una desmovilización casi completa. La rendición no fue el resultado de una derrota militar sino de una decisión política: los jefes liberales de los Llanos y del Tolima calcularon que la nueva coyuntura ofrecía condiciones aceptables. Algunos grupos recalcitrantes se mantuvieron activos, sobre todo en el oriente del Tolima y en zonas del Llano donde la desconfianza hacia el ejército era demasiado profunda.

Los comunistas rechazaron la amnistía. Juan de la Cruz Varela, en Sumapaz, encabezó la línea de la no entrega: se replegó a los rincones más remotos del páramo y continuó combatiendo en nombre de colonos y aparceros. El Partido Comunista formuló entonces la doctrina de la autodefensa, que sostendría entre 1949 y 1964 mediante una política cíclica de repliegue defensivo y guerrilla móvil. Varela aparentó apoyar la pacificación mientras mantenía la resistencia; era un cálculo de supervivencia en un país donde los amnistiados liberales empezarían pronto a aparecer asesinados —Guadalupe Salcedo caería en Bogotá en 1957— y donde el propio Rojas terminaría bombardeando comunidades campesinas del sur del Tolima.

El segundo frente fue la promesa agraria. Rojas ofreció tierra a los campesinos y titulación de baldíos a los colonos, y en julio de 1953 expidió el Decreto 1894, que creó el Instituto de Colonización e Inmigración (ICI). El proyecto fracasó rápido: sus planes ambiciosos condujeron a su liquidación en marzo de 1956, apenas año y medio después, con transferencia de funciones, bienes y deudas a la Caja Agraria. El fracaso no fue accidental. La reforma agraria requería tocar la propiedad concentrada en las mismas zonas donde el despojo acababa de producir la mayor transferencia de tierras del siglo, y Rojas no tenía —ni quiso tener— la fuerza política para hacerlo.

Su gobierno, con el lema Colombia por encima de los partidos y una inspiración populista de estilo peronista, terminó enfrentado a las élites bipartidistas que lo habían traído. En 1957 fue depuesto y se abriría paso el Frente Nacional. Pero para entonces la geografía del despojo ya estaba dibujada, las tierras ya habían cambiado de manos, y las guerrillas comunistas que se habían negado a entregar las armas empezaban a construir, en enclaves del sur del Tolima y de Sumapaz, las bases de lo que en 1964, tras el ataque a Marquetalia, se llamaría las FARC. Uno de los jóvenes combatientes de aquellas cuadrillas del sur del Tolima se llamaba Pedro Antonio Marín; el país lo conocería después como Manuel Marulanda Vélez.

Genealogía de un país

Lo que ocurrió entre 1948 y 1953 no se cerró con Rojas. Los chulavitas fueron desmantelados como cuerpo, pero el modelo que encarnaron —una fuerza parapolicial reclutada en zonas de lealtad partidista, adscrita informalmente al aparato estatal, cubierta por la impunidad y desplegada contra poblaciones civiles marcadas como enemigas— quedó instalado como matriz operativa. Los pájaros del Valle prefiguraron el sicariato. Las masacres rituales fijaron un repertorio que reaparecería casi idéntico cuatro décadas después en el paramilitarismo antisubversivo. La quema de cosechas, la violación como arma, el arrojar cadáveres a los ríos, el uso combinado de terror físico y despojo notarial: cada uno de esos gestos volvería.

La obra fundacional que documentó el fenómeno —La Violencia en Colombia, publicada en 1962 por Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna— nombró la sevicia con un rigor que ninguna investigación posterior ha podido eludir. Su registro de los cortes con nombre propio, de las masacres campesinas, de las fosas naturales convertidas en cementerios anónimos, fijó las coordenadas de la memoria del país sobre aquellos cinco años.

La Violencia bipartidista rural fue, a la vez, una guerra partidista con lógica propia y un proceso de despojo agrario estructural. Ni una cosa ni la otra por separado alcanzan a explicarla. El odio conservador contra el liberalismo, atizado desde el púlpito y desde la retórica gomista, fue real y produjo ferocidades que no se reducen a ningún cálculo económico. Pero ese odio se descargó con precisión geográfica sobre las zonas cafeteras donde los conflictos por la tierra permanecían irresueltos desde los años veinte, y su efecto principal —más allá del número de muertos— fue una redistribución masiva de la propiedad rural en beneficio de una nueva capa de compradores. Los doscientos mil muertos no compraron una restauración conservadora estable; la República conservadora cayó en 1953. Compraron, en cambio, un país donde la concentración de la tierra se profundizó, donde el campesinado quedó organizado sólo allí donde había sabido armarse, y donde la matriz del terror parapolicial quedó disponible para ser reactivada cada vez que el orden social fuera desafiado. En ese sentido, y no en otro, la Violencia sigue siendo el hecho fundacional del siglo XX colombiano: no porque haya empezado algo, sino porque revela con crudeza qué es lo que en Colombia, cuando se pelea por la tierra, se pone en juego.