Jorge Eliécer Gaitán y el populismo colombiano truncado

¿Habría gobernado Gaitán? Colombia entre el magnicidio y el techo estructural, 1944-1958

¿Qué murió realmente el 9 de abril de 1948 en la carrera séptima de Bogotá? ¿Un hombre, un movimiento, un ciclo político continental, o apenas la ilusión de que Colombia podía tener el populismo que Argentina, Brasil y Perú sí conocieron? La pregunta ha rondado a la historiografía colombiana desde que Jorge Eliécer Gaitán cayó bajo las balas de Juan Roa Sierra, y de la manera en que se responda depende el modo entero de leer los setenta años siguientes: si Colombia perdió una modernización política por una contingencia trágica, o si estaba amarrada, por su coalición oligárquica, su Iglesia beligerante y su lugar en la Guerra Fría, a un cauce bipartidista del que Gaitán no habría podido sacarla aunque hubiera respirado hasta los ochenta años.

La formulación clásica —"si Gaitán hubiera vivido"— parece nostalgia de tertulia, pero encierra un problema historiográfico serio. Si el 9 de abril truncó un ciclo populista viable, entonces la fragilidad institucional posterior —la persistencia del bipartidismo decimonónico hasta 1991, la ausencia de una reforma agraria efectiva, la conversión de La Violencia en conflicto armado prolongado— se explica por una contingencia: la bala que disparó Roa Sierra. Si, en cambio, el proyecto gaitanista habría sido estrangulado de todos modos por la coalición oligárquico-eclesial-militar y por el techo geopolítico de la Guerra Fría, entonces la anomalía colombiana no es la muerte de un hombre sino la solidez de un pacto de clases que ningún líder solo podía romper.

¿Puede una bala explicar setenta años? El asesinato como coartada explicativa permite imaginar un populismo colombiano frustrado sin examinar si la coalición que lo enfrentaba no lo habría estrangulado igualmente. Y a la inversa: el determinismo estructural absuelve al magnicidio de su función política concreta, presentándolo como accesorio de un desenlace ya escrito. Ambas lecturas son perezosas. La coyuntura colombiana entre 1944 y 1948 era, como toda coyuntura verdaderamente crítica, abierta y cerrada a la vez: había estructuras que fijaban un techo bajo, y había una movilización popular que empujaba ese techo hacia arriba con una fuerza que las élites no habían enfrentado nunca antes.

Dos posiciones han organizado la discusión. La primera, que puede llamarse la tesis del destino frustrado, sostiene que Colombia iba camino de un populismo interclasista comparable al peronismo argentino o al aprismo peruano, y que el magnicidio truncó esa modernización política. Bajo esta lectura, el 9 de abril es un punto de bifurcación continental: sin él, Colombia habría conocido una reforma agraria moderada, una industrialización sustitutiva con alianza obrero-empresarial, una relación directa entre líder y masas que habría erosionado el bipartidismo, y una integración institucional de las clases populares que se le negó bajo el Frente Nacional. La ausencia de ese represamiento populista explicaría, según esta tesis, la fragilidad estructural del Estado colombiano y su deriva hacia la violencia armada como sustituto de la política.

¿Pero era Colombia realmente ese país en ciernes? La segunda posición, más severa, sostiene que el populismo era estructuralmente improbable más allá del magnicidio. Sus argumentos se refuerzan entre sí. La coalición oligárquico-eclesial-militar tenía instrumentos institucionales suficientes para bloquear el programa gaitanista sin necesidad de recurrir al asesinato: el Congreso de mayoría liberal ya había rechazado en 1947 las dos reformas centrales de Gaitán —la bancaria y la agraria—; la CTC, dirigida por sus propios copartidarios, lo acusaba públicamente de "fascista" y "divisionista"; la Iglesia había creado en 1946 organizaciones sindicales y agrarias paralelas para blindar al mundo obrero y campesino de cualquier movilización autónoma; y Alfonso López Pumarejo, expresidente liberal y patriarca del reformismo de los años treinta, había sugerido a comienzos de 1946 una coalición bipartidista de contención contra el gaitanismo, materializada bajo Ospina Pérez. Nada de eso requirió la muerte de Gaitán: todo estaba en marcha antes del 9 de abril.

A este bloqueo interno se suma el techo geopolítico. Colombia terminó la Segunda Guerra Mundial como el país más cooperador de Suramérica con Estados Unidos, y el ascenso del gaitanismo coincidió con el inicio de la Guerra Fría. En abril de 1948, cuando Gaitán fue asesinado, se celebraba en Bogotá la Novena Conferencia Internacional de Estados Americanos, la misma que transformó el Movimiento Panamericano en la Organización de Estados Americanos. Los motines del 9 de abril fueron atribuidos nacional e internacionalmente a un complot comunista, y algunos comunistas locales alimentaron esa narrativa al izar una bandera soviética en Barranquilla. En ese escenario, ¿qué margen tenía un gobierno gaitanista? La misma presión hemisférica que seis años después derribaría a Jacobo Árbenz en Guatemala, y con menos margen: Colombia no tenía frontera con México ni distancia burocrática con Washington, y su ejército no tenía tradición de autonomía frente al Departamento de Estado.

El Programa del Colón de 1945 proponía limitar la tenencia de tierra a un máximo de mil hectáreas y revertir al Estado las tierras tituladas pero no explotadas, con el argumento —tomado del reformismo agrario de las primeras décadas del siglo XX— de que el trabajo, y no el simple título, debía originar la propiedad. Era un programa moderado para los estándares del populismo continental, más cerca de la ley 200 de 1936 que de la reforma cardenista mexicana, y aun así fue rechazado por el Congreso de mayoría liberal en 1947, junto con la reforma bancaria destinada a popularizar el crédito. Los dos proyectos con los que Gaitán pensaba traducir su fuerza electoral en transformación institucional fueron enterrados por sus propios copartidarios antes de que él fuera candidato viable a la presidencia. ¿Qué le quedaba entonces por hacer desde el Ejecutivo que no le hubiera sido bloqueado ya desde el Congreso?

La fractura del campo popular era todavía más reveladora. La dirección de la CTC —principal central obrera del país, forjada bajo la República Liberal— apoyó en las presidenciales de 1946 al candidato oficial Gabriel Turbay contra Gaitán, acusándolo de fascista y divisionista, mientras la mayoría de sus afiliados votaba por él en las grandes ciudades industriales, con la sola excepción de Medellín. La respuesta gaitanista fue promover, en alianza con sectores conservadores, la creación de la Central Nacional de Trabajadores como contrapeso. La escena revela una paradoja letal: el líder que aspiraba a organizar a las clases populares carecía de un instrumento sindical cohesionado, y para construirlo se aliaba tácticamente con sus enemigos ideológicos, sacrificando la palanca obrera que Perón sí tuvo en la CGT argentina o Vargas en el sindicalismo brasileño. Gaitán compensaba esa debilidad con acción directa —la marcha, la manifestación en la plaza pública—, desplazando el escenario de la lucha reivindicativa de la fábrica a la calle. Era una estrategia poderosa en la oposición; era frágil como base de un gobierno.

La Iglesia Católica no esperó el magnicidio para movilizarse. Ya en 1946 había creado FANAL, la Federación Agraria Nacional, como instrumento sindical rural bajo tutela eclesiástica, y estaba consolidando la Unión de Trabajadores de Colombia como alternativa católica a la CTC. Estas organizaciones fueron pensadas explícitamente como medidas preventivas contra la dominación comunista del movimiento laboral y agrario, pero funcionaban también como diques contra cualquier movilización popular autónoma, gaitanista incluida. La Iglesia colombiana venía actuando con preocupación anticomunista desde 1930, y el ascenso de Gaitán, con su discurso de "restauración moral de la república" —que ella misma habría podido reclamar como suyo si no viniera de un abogado penalista de origen popular—, la puso en alerta desde muy temprano.

El aparato conservador desplegaba en simultáneo su propia máquina. En Boyacá, el gobernador Valderrama emprendió antes de 1948 una campaña de revancha partidista: se colocaron simpatizantes conservadores en la policía departamental, se destituyó a funcionarios liberales, se intimidó a portadores de cédula liberal, y latifundistas aprovecharon el clima para recuperar tierras perdidas durante las reformas agrarias de los años treinta. La violencia sectaria no fue consecuencia del 9 de abril; fue una realidad regional preexistente que el magnicidio nacionalizó. En las elecciones de 1946, con el liberalismo dividido entre Turbay y Gaitán, el conservador Mariano Ospina Pérez ganó la presidencia con el 41% de los votos y activó, ahora desde el Ejecutivo, la coalición de contención que López Pumarejo había sugerido meses antes.

Y sin embargo, contra ese cerco, la máquina gaitanista siguió creciendo. En las elecciones para representantes de 1947, las listas de Gaitán barrieron el país y él quedó convertido en jefe único del Partido Liberal, desplazando a la dirección tradicional que lo había combatido. En las de concejales de octubre de ese mismo año, el liberalismo obtuvo 738.233 votos contra 571.301 del conservatismo, ratificando su mayoría en los cuerpos colegiados. Gaitán entraba en 1948 como candidato virtualmente seguro para las presidenciales de 1950, con un movimiento que había integrado a tenderos, artesanos, obreros industriales, mujeres organizadas en comités de barrio bajo el liderazgo de figuras como Georgina Ballesteros, y masas campesinas cuyo peso electoral ya había sido decisivo en su nominación de 1946. La dicotomía entre "país político" y "país real", sintetizada en su frase célebre —"el pueblo no tiene dos partidos, sino que ha sido partido en dos"—, había construido una nueva fuerza histórica que trascendía las líneas partidistas tradicionales.

¿Y qué pasaba mientras tanto en el resto del continente? Los populismos coetáneos exhiben lo que a Colombia le faltaba. El peronismo se construyó sobre una CGT robusta que Perón había capturado desde la Secretaría de Trabajo antes de llegar a la presidencia. El varguismo se apoyaba en un aparato estatal corporativo construido pacientemente durante quince años. El aprismo tenía detrás décadas de organización partidaria autónoma frente al bipartidismo civilista. El cardenismo operaba dentro de un partido de Estado con hegemonía casi total. El MNR boliviano, en 1952, coronaba una insurrección popular armada. Y aun así, con esas bases, cuatro de esos proyectos fueron derribados o doblegados por la conjunción de reacción interna y presión hemisférica.

El gaitanismo carecía de casi todos esos soportes. Su partido —el Liberal— era el mismo que había bloqueado sus reformas en 1947. Su central obrera —la CTC— lo llamaba fascista. Su Iglesia le construía sindicatos paralelos. Su empresariado urbano —representado políticamente por Ospina— estaba en el gobierno adversario. Su fuerza consistía en una movilización popular directa, sin intermediación institucional sólida, y en un liderazgo carismático unipersonal. Gaitán puede calificarse con más precisión como representante del ala izquierdista del Partido Liberal que como un líder de izquierda pura; su distinción entre socialismo y comunismo era de procedimiento, no de fines; era desde su tesis de grado un reformista, no un revolucionario, que apostaba por la vía política y parlamentaria. Esa moderación, que hacía posible su proyecto en la superficie, lo dejaba dependiente de instituciones —el Congreso, el partido, la administración— que le eran hostiles.

Imaginemos entonces el escenario: un gobierno gaitanista instalado en agosto de 1950. Habría enfrentado cuatro cercos simultáneos. El primero, un Congreso donde su mayoría liberal seguía siendo la misma que había hundido sus proyectos tres años antes: la jefatura única del partido no garantizaba disciplina de bancada frente a reformas que amenazaban intereses de los propios parlamentarios liberales, muchos de ellos terratenientes o vinculados a la banca. El segundo, una Iglesia con FANAL y la UTC ya operando en el campo y en las fábricas, dispuesta a caracterizar cualquier reforma agraria como antesala del comunismo y a movilizar a los curas párrocos —que en Colombia decidían votos rurales— contra el gobierno. El tercero, un aparato militar y policial que en Boyacá ya operaba como instrumento de violencia sectaria conservadora, y que difícilmente habría obedecido a un Ejecutivo empeñado en aplicar el tope de mil hectáreas contra los latifundistas del altiplano. El cuarto, un Departamento de Estado que en abril de 1948 estaba redactando en Bogotá misma la carta de la OEA, y que ya identificaba al comunismo como la nueva amenaza continental.

¿Qué margen quedaba entonces? El populismo colombiano no dependía de la vida de un hombre, pero tampoco era un destino sellado. Las estructuras oligárquicas, eclesiales y geopolíticas fijaban un techo bajo para cualquier reforma; pero la conquista electoral de 1947 y la amplitud de la coalición popular gaitanista abrían una ventana de conflicto real cuyo desenlace no estaba automáticamente escrito. Si Gaitán llegaba a la presidencia en 1950 con la mayoría que había construido, las élites bipartidistas habrían enfrentado un ejecutivo popular con legitimidad electoral incontestable, y el cierre de su proyecto habría requerido entonces una ruptura institucional abierta: golpe militar, fraude electoral, guerra civil declarada. El costo político y hemisférico de esas rupturas no era el mismo que el de un magnicidio atribuible a un desequilibrado.

La bala del 9 de abril fue, en ese sentido, el mecanismo más eficiente —no el único posible— de cierre del ciclo populista colombiano. Le ahorró a la coalición la operación abierta de derrocar a un presidente legítimamente electo con una mayoría popular, con todo lo que eso habría implicado en términos de deslegitimación interna y ruido internacional. Le ahorró también el desafío de sostener durante cuatro años un cerco institucional contra un movimiento en ascenso, sin garantía de que las contradicciones internas del gaitanismo —la debilidad sindical, el liderazgo unipersonal, la moderación programática— fueran suficientes por sí solas para desactivarlo. El magnicidio no fue la única vía disponible para las élites, pero fue, en términos estratégicos, la más barata.

Lo que ocurrió después es elocuente. El levantamiento urbano del 9 de abril careció de organización: la multitud permaneció varios días sin dirección política, los jefes liberales negociaron con Ospina Pérez y aceptaron colaborar con su gobierno, y la revuelta se diluyó en las ciudades. En los campos, en cambio, la violencia se extendió y profundizó por una década larga, causando aproximadamente 200.000 muertos y desplazando a más de dos millones de personas. En el Tolima, el 42,6% de la población sufrió exilio permanente o transitorio, y el 42,82% de las propiedades fue abandonado, con el 46% de esos abandonos concentrado entre 1955 y 1956, en pleno régimen militar de Rojas Pinilla. Terratenientes de Boyacá recuperaron tierras reformadas; latifundistas de otros departamentos crearon nuevos latifundios sobre parcelas de campesinos liberales despojados; la Fuerza Aérea bombardeó el 2 de diciembre de 1952 el pueblo de Yacopí en Cundinamarca, destruyendo dieciséis manzanas del centro poblado para eliminar el apoyo a una guerrilla liberal. La violencia no fue el fracaso del gaitanismo: fue la ejecución, por medios armados y territoriales, del cierre que las élites bipartidistas habían iniciado por vías institucionales antes del 9 de abril.

El desenlace confirma la naturaleza del pacto. El golpe militar de junio de 1953 no fue una iniciativa autónoma de las Fuerzas Armadas —esa vía era rara en Colombia, a diferencia del resto del continente— sino que fue organizado por el ospinismo cafetero con apoyo del liberalismo, para frenar los excesos del régimen de Laureano Gómez. Cuando Gustavo Rojas Pinilla intentó, ya como presidente, construir un proyecto populista propio de corto alcance, se encontró con que las élites habían reorganizado su bloque de poder y fabricaron entre 1957 y 1958 el Frente Nacional, que inhibió toda expresión del conflicto social y excluyó de la política a las clases subordinadas. La opción populista, en cualquier variante, quedó cerrada. Lo que Gaitán había amenazado con abrir por vía electoral, y lo que Rojas intentó abrir por vía militar, fue clausurado por el pacto oligárquico de alternancia bipartidista.

¿Se agota ahí la pregunta? No del todo. Ignoramos qué gobierno concreto habría sido el gaitanista de 1950-1954: si habría insistido en la reforma agraria de mil hectáreas hasta la ruptura, o si —consciente de la debilidad de su base sindical y del cerco hemisférico— habría replegado su programa a reformas simbólicas para sobrevivir, como hicieron tantos populistas continentales cuando llegaron al poder. Queda por ver si la CTC habría vuelto a él una vez perdida la protección estatal liberal, o si la CNT habría consolidado un sindicalismo gaitanista competitivo. Y está abierta la reacción de un Departamento de Estado que en 1948 aún no había definido con la nitidez de 1954 su doctrina anticomunista continental: Gaitán habría gobernado antes de Árbenz, no después, y la ventana de tolerancia hemisférica era distinta.

Más incómoda todavía es la duda sobre si la ausencia de un represamiento populista explica por sí sola la persistencia anómala del bipartidismo decimonónico colombiano hasta 1991 y la fragilidad estructural del Estado. Esa correlación es sugestiva pero no probada: otros países latinoamericanos que sí conocieron populismos exitosos tampoco resolvieron sus fragilidades estructurales por esa vía, y Colombia tenía particularidades geográficas, cafeteras y regionales que hacían su trayectoria menos comparable de lo que la nostalgia populista supone. Las precarias comunicaciones entre la costa Caribe y el interior andino, el declive del río Magdalena, la dispersión de las regiones cafeteras, explican por qué la violencia sectaria se propagó por los Andes y el piedemonte llanero pero no replicó ese patrón en la costa. Ese mismo país fragmentado habría sido difícil de gobernar populistamente desde Bogotá, aun con Gaitán vivo.

Lo que sí queda establecido es lo siguiente. El magnicidio del 9 de abril no fue un accidente que interrumpió un destino escrito, ni tampoco un episodio irrelevante en una estructura que se habría cerrado sola. Fue el mecanismo específico y eficiente mediante el cual una coalición oligárquico-eclesial-militar, que ya operaba contra el gaitanismo por vías institucionales desde 1946, resolvió a bajo costo político un problema que las urnas le estaban planteando con una fuerza creciente. Gaitán no habría hecho la revolución colombiana; probablemente ni siquiera la reforma agraria completa. Pero habría obligado a las élites a pagar un precio abierto por bloquearlo, y ese precio —no la revolución imposible, sino el conflicto explícito— es lo que la bala de Roa Sierra les ahorró.

¿Habría gobernado Gaitán? La pregunta, formulada así, todavía admite respuestas: sí, probablemente habría llegado; no, probablemente no habría gobernado como su movimiento esperaba. Lo que la documentación no puede cerrar es qué forma exacta habría tomado la clausura de su proyecto, ni qué Colombia habría dejado detrás de sí un enfrentamiento abierto en lugar de un magnicidio.