Yacopí

El territorio antes de ser Yacopí

Antes de la Conquista, la tierra que hoy lleva ese nombre no formaba parte del corazón muisca. El altiplano de Cundinamarca y Boyacá, donde hacia mediados del siglo XVI vivían cerca de 400.000 muiscas bajo la autoridad dividida del Zipa y el Zaque, terminaba antes de las estribaciones que descienden al Magdalena. Más allá, en los valles intermedios y en la tierra caliente, habitaban los muzos, los panches y los calimas, a quienes las crónicas españolas englobaron bajo la etiqueta de caribes. La clasificación era, en parte, taxonomía étnica y, en parte, descripción del comportamiento: los españoles llamaban caribes a los pueblos que resistían con arcos y flechas envenenadas, y a menudo la palabra decía más de la guerra que hacían que de su origen.

Entre muiscas y muzos había, sin embargo, más que enemistad. Había comercio y dependencia. Los muiscas del altiplano no producían coca, ni algodón, ni oro, ni siquiera las esmeraldas que la iconografía posterior asocia a su nombre: las obtenían por intercambio. El oro llegaba desde Neiva y otros puntos del valle del Magdalena; la coca y el algodón, del mismo corredor caliente; las esmeraldas, de las minas de Somondoco controladas por el Zaque, no de los dominios directos del Zipa. En sentido inverso, el altiplano exportaba sal —el monopolio de Zipaquirá viajaba hasta Neiva a lo largo de la cuenca del Magdalena— y textiles. El territorio del futuro Yacopí quedaba en el umbral de ese intercambio: no era muisca, pero tampoco caribe puro; era el pliegue geográfico donde una cultura terminaba y otra empezaba, y donde ambas se necesitaban.

La frontera política era, además, difusa por dentro. Los muiscas nunca constituyeron un imperio consolidado: cacicazgos como el de Tundama o el señor de Sáchica eran remanentes con sumisión ambigua al Zipa y al Zaque, y los márgenes de la federación se disolvían en zonas de lealtad intermitente. La región de Yacopí, más allá del filo cordillerano, quedaba fuera de esa geografía. Era tierra muzo, cálida, aurífera hacia el occidente boyacense, poblada por gente que las crónicas hispánicas describieron primero como enemiga y luego como recurso.

De la encomienda al municipio: la colonización tardía del Rionegro

La incorporación colonial del territorio fue tardía y violenta. Los muzos resistieron con particular tenacidad, y la pacificación de la región —articulada en torno al eje esmeraldífero de Muzo y Coscuez— se prolongó durante décadas. Cuando finalmente se impuso el orden colonial, la fórmula fue la conocida: encomiendas asignadas sobre las capitanías indígenas preexistentes, en las que el cacique respondía por el tributo colectivo del clan, y pueblos de reducción trazados con la geometría reglamentaria de la Corona —plaza mayor de 180 varas en cuadro, calles rectas de 14 varas, manzanas cuadradas de 80 varas, iglesia, casa del cacique y hospital—. La ciudad ideal renacentista, en retícula ajedrezada, se replicaba desde el altiplano hasta los valles como un molde administrativo.

Pero el molde encajaba mal en la zona del Rionegro. La densidad indígena era menor que en el altiplano, la topografía quebrada dificultaba la traza urbana ortodoxa, y los pueblos de reducción rara vez alcanzaban los trescientos vecinos que fijaba la norma como umbral. La región quedó organizada, durante buena parte de la colonia y del siglo XIX, como una zona intermedia entre la Provincia de Rionegro y la órbita esmeraldífera boyacense, sin capitales fuertes, sin haciendas de gran escala comparables a las de la sabana y sin una clase dominante enraizada. Ese vacío no era anecdótico: sería la marca estructural del territorio.

La colonización propiamente campesina —la que dio origen al municipio contemporáneo— llegó de manera fragmentaria en el siglo XIX. Fue una colonización sin patrones grandes, sin élite terrateniente consolidada, sin ideología regionalista coherente. Los colonos venían de distintas procedencias, se asentaban en lo que quedaba del antiguo territorio Vásquez —así se conoció el conjunto que hoy comprende Yacopí, La Palma, Topaipí y municipios vecinos— y reprodujeron una sociedad de pequeños y medianos propietarios rurales, con cacicazgos municipales localistas y una ordenación político-administrativa fluida, muchas veces reordenada. A fines del siglo XIX, en buena parte de la subregión la mayoría de la población no era nativa; era colonizadora reciente.

Ese perfil demográfico y económico produjo una consecuencia política decisiva: en Yacopí, La Palma y Topaipí se consolidó una identidad liberal, mientras las tierras más altas de Chiquinquirá, Muzo y Jesús María se afirmaban como bastiones conservadores desde la Guerra de los Mil Días. La divisoria no era casual. Donde predominaba la colonización campesina de origen humilde, sin patrones grandes que impusieran filiación, el liberalismo cuajaba como bandera. Donde persistía la sociedad tradicional del enclave esmeraldero y la hacienda, el conservatismo se mantenía. Yacopí quedó, en ese mapa, del lado liberal, en frontera política inmediata con el mundo conservador que empezaba unos kilómetros más al oriente.

La forma de una frontera

Para comprender por qué el municipio se volvió tan vulnerable a la violencia, conviene detenerse en su geografía humana. Yacopí no fue nunca un centro de poder regional. Su cabecera y sus veredas —Terán, Ibama, Guaduero, Alto de Cañas, y decenas más regadas por la vertiente del Río Negro— se organizaron como una constelación de asentamientos pequeños, comunicados por caminos difíciles, en un relieve que combina serranía y valle caliente. El municipio limita, en la práctica, con tres mundos: al oriente con la zona esmeraldífera del occidente de Boyacá (Muzo, Coscuez); al norte con Puerto Boyacá y el corredor del Magdalena Medio; al sur con La Palma, Pacho y el resto del noroccidente cundinamarqués.

Esa condición fronteriza tenía un correlato institucional: la debilidad del Estado central en la subregión retroalimentaba las tendencias localistas y dejaba amplios espacios sin jurisdicción efectiva. Las autoridades municipales pesaban más que las departamentales; las departamentales, más que las nacionales; y por debajo de todas ellas operaban redes informales de poder que ninguna ley alcanzaba a nombrar. La ausencia de una clase dominante regional consolidada se traducía en la imposibilidad de formular una ideología regionalista coherente que sirviera de dique frente a los ciclos de violencia. Yacopí no tenía patrones que lo protegieran ni instituciones que lo defendieran. Tenía, en cambio, campesinos liberales, una economía agraria de mediana escala y una posición geográfica que lo dejaba expuesto a cada tormenta que descendiera del Magdalena o subiera de la mina.

1948-1958: el arrasamiento

Cuando Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 1948, la Violencia bipartidista ya se venía gestando desde la persecución conservadora contra el liberalismo iniciada en 1946. En diversas regiones del país —el Sumapaz cundinamarqués donde militaba Juan de la Cruz Varela, el oriente del Tolima, los Llanos— surgieron grupos de autodefensa campesina como respuesta a esa persecución. Yacopí, con su identidad liberal campesina, quedó desde el comienzo en la mira. La disolución del Congreso por Mariano Ospina Pérez el 9 de noviembre de 1949 marcó el quiebre institucional definitivo entre los dos partidos y abrió paso a una represión estatal cada vez más militarizada.

En 1952, la cabecera de Yacopí fue arrasada casi por completo. El adverbio importa: no se trató de daños parciales ni de un episodio aislado, sino de una destrucción sistemática que borró buena parte del casco urbano. Las comisiones de la Policía y el Ejército llegaban como ciclones a pueblos y veredas inermes, y su responsabilidad directa en el arrasamiento de poblaciones civiles quedó registrada en múltiples regiones. En Yacopí, esa dinámica alcanzó una de sus expresiones más devastadoras del país.

La respuesta campesina no tardó. En las veredas se organizaron guerrillas liberales dirigidas por líderes locales que asumieron nombres y rangos improvisados. Los grupos armados de la zona se estructuraron en tres comandos: el de Saúl Fajardo, con veinte hombres, operaba en Terán; el de Drigelio Olarte, con veinticinco, en Térama; el del Teniente Lombo, con treinta, en Guadualones. Eran cifras modestas frente a la maquinaria estatal. En el enfrentamiento del Alto del Águila, uno de los combates emblemáticos de la resistencia yacopiense, los guerrilleros campesinos se toparon con unas cuatrocientas unidades de tropa regular y fueron copados por superioridad de armas y de hombres. El desenlace era previsible; la persistencia de la lucha, no.

Mientras tanto, en la subregión operaban también figuras que se movían entre la guerrilla liberal, el bandolerismo tardío y la delincuencia política más difícil de clasificar. Efraín González, oriundo del vecino Jesús María y con presencia intermitente en el occidente cundinamarqués, encarnaría en los años cincuenta y sesenta esa transición ambigua entre resistencia campesina y forajidismo: bandolero conservador de trayectoria excepcional, símbolo de la manera en que la Violencia terminó desbordando las lealtades partidistas originales y produciendo actores híbridos que sobrevivieron a la propia guerra que los engendró.

Ese primer ciclo dejó a Yacopí con un doble legado: una identidad de resistencia campesina liberal que perduraría en la memoria local, y un tejido social herido, con veredas desplazadas, caseríos reducidos a cenizas, y una desconfianza estructural hacia el Estado que no se repararía en las décadas siguientes. El municipio no volvió a ser el mismo, y sobre esas heridas se depositaría, treinta años después, otra ola.

Los sindicatos petroleros y la formación de una cultura política

Entre el primer ciclo de violencia y el segundo mediaron años de aparente calma, pero también de transformaciones profundas que reforzaron la identidad política del municipio. Desde el Catatumbo y el Magdalena Medio, los sindicatos petroleros —especialmente los que se organizaban en torno a Barrancabermeja— difundieron principios socialistas y liberales de izquierda entre las poblaciones campesinas circundantes. Los obreros del petróleo encontraron en el campesinado un aliado natural: los peones agrícolas acogieron las demandas salariales obreras y, con ellas, un vocabulario político nuevo que combinaba el liberalismo tradicional con lecturas más radicales de la cuestión agraria.

Yacopí, geográficamente próximo al Magdalena Medio, quedó bajo la influencia de esa cultura sindical. La matriz liberal-campesina del municipio se combinó, en las décadas posteriores a la Violencia, con corrientes de izquierda agraria que darían base social a la presencia guerrillera posterior. Cuando las FARC extendieron su influencia hacia el noroccidente cundinamarqués en los años setenta y ochenta, encontraron un terreno preparado no solo por la geografía sino por décadas de politización campesina.

La sombra de la esmeralda

Al oriente de Yacopí, en los municipios de Muzo, Coscuez y Otanche, se despliega uno de los enclaves minerales más peculiares del mundo: la zona esmeraldífera del occidente de Boyacá. Su economía, marginal a los grandes circuitos de exportación agraria del país, produjo desde temprano una sociedad propia, gobernada por patrones que combinaban riqueza mineral, redes de contactos políticos y ejércitos privados. Los llamados patrones esmeralderos —Isauro Murcia, Humberto Ariza, Efraín González en sus últimos años, y sobre todo Víctor Carranza y Gilberto Molina, quienes emergerían como figuras dominantes— construyeron feudos personales sostenidos por guardaespaldas armados y por la protección discrecional de sectores de las fuerzas del orden.

Ese mundo, ya violento por naturaleza, cambió cualitativamente en los años ochenta con la irrupción del narcotráfico. La conexión decisiva la encarnó José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, que había comenzado como guardaespaldas en el entorno esmeraldero antes de convertirse en uno de los capos del cartel de Medellín. A mediados de esa década, Rodríguez Gacha actuaba como intermediario entre el cartel y la mafia de las esmeraldas, papel que le abrieron precisamente Víctor Carranza y Gilberto Molina al presentarlo a los traficantes de Medellín. En diciembre de 1984, fuerzas paramilitares al mando de Henry Pérez interceptaron cerca de Puerto Boyacá un cargamento de cocaína de Rodríguez Gacha, episodio que marcó el inicio de una relación compleja entre el narcotraficante y las estructuras armadas del Magdalena Medio: primero tensión, luego alianza operativa contra las guerrillas.

La llamada tercera guerra verde, iniciada en 1984, se distinguió de las anteriores por el salto tecnológico de la violencia. Ya no eran cuchillos ni revólveres viejos: eran fusiles y granadas, y con ellos vinieron los crímenes masivos y el desplazamiento forzado de poblaciones enteras. La guerra articuló a los dos grupos más poderosos del negocio esmeraldero con el narcotráfico y con el paramilitarismo, operando muchas veces bajo la fachada de empresas de seguridad privada. Yacopí, como frontera occidental de ese universo, quedó dentro del radio de acción.

Rodríguez Gacha aprovechó su intermediación esmeraldera para trasladar al Magdalena Medio parte de sus instalaciones de producción de cocaína, en alianza con las fuerzas paramilitares de Henry Pérez —con quienes compartía el objetivo estratégico de enfrentar a las FARC—. Ese doble desplazamiento —de la cocaína hacia el Magdalena Medio, del narco hacia la esmeralda— fue la matriz que envolvió a Yacopí durante los años más duros. La muerte de Rodríguez Gacha el 16 de diciembre de 1989, en un operativo de la Policía en la costa Caribe, desalentó la violencia en el occidente de Boyacá y abrió el camino para que Víctor Carranza, con la intermediación de la Iglesia católica, negociara un acuerdo de paz entre los bandos esmeralderos. Pero para entonces la lógica ya se había desbordado sobre Cundinamarca.

El ciclo paramilitar

El paramilitarismo del Magdalena Medio, que terminaría proyectándose sobre Yacopí, tuvo un origen preciso y una evolución rastreable. En 1977, Ramón María Isaza Arango —campesino del Magdalena Medio caldense conocido como El Viejo— fundó un pequeño grupo de autodefensa que respondía inicialmente a la presión guerrillera de las FARC en la zona. En 1983, ese grupo fue cooptado por Henry Pérez, líder de las Autodefensas de Puerto Boyacá, en un momento fundacional del paramilitarismo regional. A esas dos estructuras se sumaron el MAS (Muerte a Secuestradores), Los Tiznados y otros grupos menores que, hacia mediados de los ochenta, constituyeron la base del paramilitarismo del Magdalena Medio.

El financiamiento y la orientación de esas estructuras se apoyaban en ganaderos, comerciantes y narcotraficantes de la región, para quienes los paramilitares prestaban servicios de protección y de represalia contra la guerrilla. La relación con la fuerza pública fue ambigua desde el principio: Isaza reconoció que algunos militares aliados les avisaban de operativos antinarcóticos para que sus hombres no cayeran en ellos, y en episodios como la masacre de El Carmen de Viboral en 1997, cuya autoría intelectual atribuyó Isaza al general Alfonso Manosalva, la intervención de oficiales del Ejército fue evidente. En otros momentos, sin embargo, hubo distanciamiento, incluso enfrentamiento. La ambigüedad era estructural, no accidental.

En diciembre de 1987 y marzo de 1988, en la hacienda El Cincuenta de Puerto Boyacá, paramilitares vinculados a Víctor Carranza recibieron entrenamiento de mercenarios israelíes e ingleses. Ese episodio ilustra la sofisticación logística que alcanzó el paramilitarismo regional en su fase de despliegue: no eran simples bandas rurales, sino estructuras armadas con apoyos internacionales.

Las autodefensas de Isaza atravesaron desde 1994 una serie de recomposiciones: primero como Autodefensas de Ramón Isaza, luego como Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) en 1998, y como Bloque Magdalena Medio (BMM) desde 2000, dentro del esquema de las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde su epicentro se expandieron al oriente antioqueño, al oriente de Caldas, al norte del Tolima a partir de 2000, y al occidente de Cundinamarca a partir de 2002. Yacopí quedó dentro de esa proyección territorial, aunque las estructuras que operaron en su jurisdicción tuvieron una relación indirecta con la comandancia central de las ACMM.

Las masacres

El impacto sobre la población civil se midió, como siempre, en muertos, desplazados y silencios. En septiembre de 1990, en la vereda Alto de Cañas de Yacopí, fueron asesinados cuatro campesinos: Evert Benito Sotelo, de diecinueve años; Norberto Pineda, de cincuenta y dos; Hilario Hoyos, de veinticinco; y José Oyosiden, de cuarenta y ocho. Jorge Téllez, de veintisiete, resultó herido. Las autoridades atribuyeron el hecho a las FARC. Dos días antes, en la vereda El Totao del vecino municipio de La Palma, otros cinco campesinos habían sido asesinados; en ese caso, las autoridades responsabilizaron a un enfrentamiento entre bandas paramilitares al servicio de Rodríguez Gacha.

Esa simultaneidad —guerrilla y paramilitares actuando en semanas consecutivas sobre veredas contiguas— era la síntesis del ciclo. Yacopí y La Palma, con su matriz campesina liberal e izquierdista, atraían a la guerrilla; su proximidad al Magdalena Medio y al enclave esmeraldero, a los paramilitares. Los campesinos quedaban en el medio, con la peor cuenta. Los grupos armados de derecha justificaban sus masacres argumentando que atacaban a quienes apoyaban a la subversión, sin admitir la neutralidad de la población civil en los territorios en disputa; las FARC actuaban con lógica análoga contra quienes sospechaban de colaboración con el enemigo. El resultado, en cifras, fue el desplazamiento masivo: Yacopí registró 473 personas desplazadas en los conteos para la región del Magdalena Medio, ubicándose en quinto lugar entre los municipios con mayor expulsión de población, después de San Vicente de Chucurí (1.026), El Carmen de Chucurí (904), Cimitarra (818) y Barrancabermeja (489), y por delante de Puerto Boyacá (395). Para un municipio de las dimensiones de Yacopí, esa cifra representa una hemorragia demográfica.

Las razones estructurales del fenómeno eran conocidas. La región del Magdalena Medio —que integra municipios de siete departamentos, entre ellos Yacopí como representante cundinamarqués— arrastraba una historia larga de conflictos por la tierra, con una presencia estatal reducida al ámbito militar. En ese vacío, la tensión entre terratenientes y campesinos degeneraba una y otra vez en violencia, y las organizaciones irregulares intervenían para dirimir disputas que ninguna autoridad civil resolvía. Sobre esa vieja gramática de conflicto agrario se insertaron, a partir de los ochenta, los actores del nuevo ciclo: narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, todos disputándose el mismo territorio.

Actores y bisagras

La violencia yacopiense de los años ochenta y noventa no se explica sin una lectura de sus actores, entendidos no como piezas aisladas sino como bisagras entre mundos. Víctor Carranza, el patrón esmeraldero por excelencia, encarnó la conexión entre la vieja economía mineral del occidente de Boyacá y el nuevo capitalismo violento del paramilitarismo con apoyo extranjero. Rodríguez Gacha articuló la mafia esmeraldera con el cartel de Medellín, y arrastró al Magdalena Medio hacia una guerra que combinaba antisubversión y control del narcotráfico. Henry Pérez, en Puerto Boyacá, fue el arquitecto operativo de la estructura paramilitar regional en su fase inicial. Ramón Isaza sobrevivió a todos ellos y proyectó la maquinaria hacia el occidente cundinamarqués en el nuevo siglo.

Del otro lado, la memoria yacopiense guardaba los nombres del ciclo anterior: Saúl Fajardo, Drigelio Olarte, el Teniente Lombo, comandantes locales de una guerrilla campesina que había peleado por sobrevivir en 1952 y cuya derrota militar en el Alto del Águila no borró la identidad liberal del municipio, sino que la selló. Cuarenta años después, esa identidad seguía marcando el territorio: le daba base social a las FARC, lo convertía en objetivo de los paramilitares, y lo dejaba, otra vez, sin defensa institucional efectiva.

Figuras como Efraín González, que atravesó el occidente cundinamarqués como bandolero legendario en los años sesenta, y Rafael Rangel Gómez, guerrillero liberal del Magdalena Medio santandereano cuya trayectoria coincidió con la de la resistencia yacopiense, forman parte del mapa mayor en el que Yacopí ocupa un vértice. Ese mapa no es una lista de héroes ni de villanos: es una constelación de agencias contingentes que aprovecharon las fallas estructurales del territorio para escribir su propia historia sobre él.

Después de la desmovilización

Las ACMM y el Bloque Magdalena Medio se desmovilizaron en 2006, dentro del proceso general con las AUC. La desmovilización, sin embargo, no implicó la disolución completa de las estructuras. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha analizado los rezagos de esas organizaciones en la región y ha documentado la persistencia de bandas criminales sucesoras que heredaron rutas, negocios y territorios. El occidente de Cundinamarca, con Yacopí incluido, siguió figurando como zona de disputa: presencia intermitente de guerrillas, restos paramilitares, operativos de las Fuerzas Armadas, y una economía rural fragilizada por décadas de violencia.

El Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC abrió una nueva etapa. La firma permitió la reincorporación de excombatientes en distintas regiones del país, aunque su aplicación en el noroccidente cundinamarqués enfrentó las mismas dificultades que en otras zonas: presencia de disidencias, control territorial disputado, incumplimientos parciales del Estado en materia de sustitución de cultivos y reparación a víctimas. Para Yacopí, la paz fue una promesa que llegó tarde y de forma incompleta, pero fue paz al fin.

Huella y memoria

Yacopí no ocupa un lugar central en la memoria pública colombiana. No tiene el peso simbólico de El Salado, de Bojayá, de Trujillo, de las masacres del Urabá. Su tragedia fue lenta, distribuida en décadas, sin un episodio único que capturara la atención nacional. El arrasamiento de 1952 se disolvió en la memoria general de la Violencia; las masacres de 1990 quedaron como notas de prensa que la avalancha noticiosa de la época sepultó; el desplazamiento se contabilizó en informes técnicos que pocos leyeron.

Pero esa marginalidad memorial no debería confundirse con marginalidad histórica. Yacopí condensa, quizá con mayor densidad que otros municipios, la lógica territorial del conflicto colombiano: la frontera como condición estructural, la debilidad estatal como matriz permanente, la superposición de economías legales e ilegales como motor de violencia, la identidad política campesina como cicatriz que atraviesa generaciones. Cada ola de violencia reactivó las mismas fallas —el vacío institucional, la disputa por recursos, la geografía de umbral—, pero cada ola trajo también actores nuevos que moldearon esas fallas a su manera. Los guerrilleros liberales de 1952 no anticipan a Rodríguez Gacha, ni Ramón Isaza está prefigurado en el Teniente Lombo. Lo que se repite es el suelo; lo que cambia son quienes lo caminan armados.

Ese doble movimiento —la persistencia de la estructura y la contingencia de los actores— es la clave para leer a Yacopí sin caer en el fatalismo geográfico ni en la ilusión de que todo fue accidente. El municipio no estaba condenado a ser lo que fue; pero tampoco fue víctima pasiva de fuerzas ajenas. Fue territorio de frontera y frontera activa: lugar donde la historia colombiana ensayó, en escala local, varios de sus dramas mayores, y donde una comunidad campesina resistió, a su modo, cinco siglos de invasiones sucesivas: la del conquistador, la del encomendero, la del Ejército, la del esmeraldero, la del narco, la del paramilitar. La memoria de esa resistencia, aun cuando no tenga monumento nacional, es la que da a Yacopí su lugar propio en la larga historia del país.