Víctor Carranza

De guaquero a patrón: la génesis de un poder

Carranza nació en 1935 en Guateque, en el oriente boyacense, y su ascenso pertenece a la generación de guaqueros y pequeños comerciantes de piedras que en los años sesenta transformó la economía esmeraldífera del país. Hasta entonces, la comercialización de esmeraldas era monopolio estatal ejercido por el Banco de la República, lo que convertía en ilegal cualquier fortuna acumulada por fuera del canal oficial. El guaqueo —la extracción clandestina en socavones angostos, con riesgo permanente de muerte por gases, derrumbes o falta de ventilación— era la práctica extendida entre cientos de trabajadores que a diario burlaban el control del Ejército sobre las minas de Muzo, Coscuez y Peñas Blancas.

Los patrones de esa generación —Carranza, junto a Gilberto Molina Moreno, Efraín González, Humberto Ariza y Pedro Nel Rincón Castillo— entendieron pronto que la fortuna acumulada al margen de la ley solo se estabilizaría si el Estado los reconocía como empresarios mineros legales. Para lograrlo combinaron tres herramientas: redes de contactos políticos, sobornos a funcionarios y una presión sostenida sobre la administración estatal de las minas a través del guaqueo masivo, que terminó por hacer inviable el control directo del Banco de la República. El resultado fue el tránsito, a lo largo de las décadas siguientes, de una economía formalmente monopolizada por el Estado a un régimen de concesiones privadas en manos de los mismos patrones que antes habían operado en la ilegalidad.

El entorno de ese ascenso fue de una violencia constitutiva. En los caminos y poblados del cinturón esmeraldífero —Muzo, Coscuez, Otanche, Quípama, Borbur— los asaltos, asesinatos y robos a comerciantes y guaqueros eran hechos recurrentes. La bonanza de los sesenta produjo, junto con las fortunas, una capa social armada y territorializada que ya no dependía del Estado para su reproducción. El paso siguiente fue previsible: con las ganancias de la gema, los esmeralderos comenzaron a comprar tierras en zonas de colonización lejanas al cinturón —el Guaviare, el sur de Casanare, la zona de Puerto López en el Meta, el alto Ariari—, buscando legalizar sus fortunas mediante la propiedad rural e iniciando, en el mismo movimiento, procesos de acumulación agraria que muchas veces se ejecutaron por vías violentas. En esa doble operación —legalizar la fortuna esmeraldífera y adquirir tierra en las fronteras internas— Carranza fue especialmente eficaz, y sentó las bases del imperio ganadero y palmero que lo definiría hasta su muerte.

La guerra verde: alianza y ruptura con Rodríguez Gacha

El momento en que su poder se cruzó de forma decisiva con la historia nacional fue la llamada tercera guerra verde, el enfrentamiento que a mediados de los años ochenta enfrentó a los patrones esmeralderos con Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, uno de los jefes del cartel de Medellín.

La paradoja del conflicto está en su origen: fueron el propio Carranza y Gilberto Molina quienes presentaron a Rodríguez Gacha al grupo de traficantes de Medellín, actuando como intermediarios entre la mafia paisa de la cocaína y la mafia boyacense de las esmeraldas. La articulación funcionó mientras el negocio se mantuvo en registros separados. La ruptura llegó cuando Rodríguez Gacha, ya convertido en uno de los grandes capos del narcotráfico y con un ejército privado poderoso, buscó entrar como socio en la empresa esmeraldífera a través de Molina. Carranza rechazó la oferta con un argumento de estricto cálculo institucional: la asociación con un narcotraficante públicamente señalado por el gobierno les haría perder la concesión minera. Años después, el propio Carranza señalaría ese rechazo como el detonante del conflicto y lo resumiría en una frase seca: por eso Rodríguez Gacha jodió a Molina.

La motivación del Mexicano iba más allá del negocio de la gema. La confrontación esmeraldífera le permitía extender su control territorial hasta Muzo, donde Molina había construido un aeropuerto propio, y abrir un corredor estratégico que uniera Pacho, en Cundinamarca —su feudo—, con Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio, epicentro del paramilitarismo emergente. La guerra no era solo por las minas: era por las rutas del narcotráfico y por la geografía militar del centro del país.

El enfrentamiento reconfiguró la geografía interna del poder esmeraldero. Rodríguez Gacha se posicionó en el grupo de Coscuez, que ganó músculo militar gracias al respaldo del narcotráfico pero perdió, en el mismo movimiento, la capacidad de negociar con las administraciones locales, la fuerza pública y la Iglesia católica. El grupo de Borbur, liderado por Carranza, capitalizó esa asimetría: mantuvo abiertos los canales institucionales y proyectó una imagen —cuidadosamente cultivada— de empresario minero legal frente a la del narcotraficante puro. Fue, más que un ejercicio de fuerza bruta, una operación de gestión de legitimidad.

El punto culminante llegó en julio de 1989, cuando los atentados se concentraron sobre Carranza y su entorno, en el marco de una ofensiva del Mexicano contra sus antiguos aliados. Meses antes, el 27 de febrero de 1989, Gilberto Molina había sido asesinado en su finca de descanso en Sasaima, Cundinamarca, en un hecho atribuido a Rodríguez Gacha que marcó el pico de la violencia esmeraldífera. La guerra se cerró de forma abrupta con la muerte del propio Mexicano el 16 de diciembre de 1989, abatido por la Policía en un operativo con apoyo de la DEA en la costa Caribe. Con el rival principal eliminado por una fuerza externa al conflicto, Carranza pudo desplegar su ventaja institucional: buscó un acercamiento con los bandos contrarios y, con la intermediación de la Iglesia católica, logró un acuerdo de paz que puso fin a la tercera guerra verde.

De esa guerra salió consagrado como el zar de las esmeraldas, título que hasta entonces se disputaba con Molina y Rodríguez Gacha, y que a partir de 1990 le pertenecería sin rival. Pero la paz de las esmeraldas no fue el fin de la violencia: fue el punto en que el negocio de la gema, el narcotráfico y los ejércitos paramilitares encubiertos como empresas de seguridad privada se articularon en un nuevo régimen, cuyo epicentro se desplazó de las minas boyacenses hacia los Llanos Orientales.

Los Carranceros y el paramilitarismo llanero

La segunda gran capa de su poder fue la militar. Desde mediados de los años ochenta, en paralelo a la guerra verde, comenzó a consolidarse en los Llanos Orientales una estructura armada asociada a su nombre y a sus tierras: los conocidos como Los Carranceros.

El origen del grupo es materia de disputa incluso entre quienes participaron en él. Desmovilizados vincularon la formación del grupo a los intereses territoriales y económicos del hacendado y esmeraldero; otros, y el propio máximo comandante de la estructura, negaron públicamente esa filiación. Una versión periodística sostiene que entre diciembre de 1987 y marzo de 1988 Carranza envió paramilitares a entrenarse en la hacienda El Cincuenta, en Puerto Boyacá, bajo instrucción de mercenarios israelíes e ingleses, en el mismo circuito de entrenamiento que dio origen a las estructuras del Magdalena Medio bajo Henry Pérez. La afirmación se integra en un patrón regional consistente: en el Meta, a partir de 1987, grupos de antiguos esmeralderos reciclados formaron estructuras paramilitares más compactas que se enfrentaron con las FARC, en un modelo que se generalizó por toda la región.

La formalización llegó en 1993, cuando Los Carranceros, bajo la comandancia de José Baldomero Linares, adoptaron la denominación oficial de Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV). El cambio no fue cosmético: implicó una línea de mando consolidada, uniformes y armas largas, y una operación abiertamente militar en Puerto López, Puerto Gaitán y las sabanas de Vichada. Las ACMV figurarían más tarde entre las estructuras antecedentes del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, y sus integrantes participaron en el proceso de desmovilización de 2005-2006.

El paramilitarismo llanero tuvo un doble soporte estructural: las fuerzas armadas del Estado por un lado y el narcotráfico por el otro. La red tejida desde el Magdalena Medio alcanzaba a sectores de las Brigadas XIV y V del Ejército. Incorporaba también a la inteligencia de la Armada en Barrancabermeja y a la Policía en Puerto Boyacá. En los Llanos, militares y paramilitares vinculados a Carranza actuaban de forma coordinada desde mediados de los ochenta, en una alianza que también involucraba a narcotraficantes locales.

La función contrainsurgente se cruzó con la eliminación política. Carranza recurrió a su ejército privado para el asesinato de militantes de la Unión Patriótica en los Llanos, como parte de la estrategia contrainsurgente más amplia que entre 1984 y 2000 dejó al menos 4.153 personas asesinadas o desaparecidas y que en diciembre de 2012, en el marco del proceso de Justicia y Paz contra Éver Veloza García, alias HH, fue reconocida judicialmente como un genocidio político. El antiizquierdismo que motivaba estos crímenes no era solo ideológico: respondía también a un interés pragmático. La organización política de cocaleros a través de la UP en el sur del Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo amenazaba el control discrecional que narcotraficantes y hacendados armados ejercían sobre esas poblaciones y territorios. Eliminar a la UP era, en esa lectura, proteger un régimen económico.

Un episodio ilustra la impunidad que envolvió estas dinámicas: en octubre de 1990, la Procuraduría Departamental del Meta archivó las diligencias disciplinarias relacionadas con crímenes cometidos en Puerto López, declarando que no había mérito para proseguir la acción disciplinaria. El proceso se cerró sin sanciones, y con él una ventana temprana para haber documentado institucionalmente los vínculos entre poder local, esmeralderos y estructuras armadas.

Tierra, ganado y palma: el imperio en los Llanos

La violencia paramilitar no fue un fin en sí misma: fue el instrumento de una acumulación de tierras que transformó el mapa agrario de los Llanos Orientales. Con las ganancias de la bonanza esmeraldífera de los sesenta y setenta, Carranza —como el resto de los patrones de su generación— compró propiedades en las zonas de colonización del Guaviare, el sur de Casanare, la zona de Puerto López y el alto Ariari. La operación combinaba tres funciones: legalizar fortunas provenientes del negocio de las gemas, obtener rentabilidad ganadera en las sabanas y construir la infraestructura territorial que después soportaría al narcotráfico y al paramilitarismo.

La conformación regional de Meta y Casanare quedó marcada por esa dinámica: olas de colonización espontánea, expansión de cultivos ilícitos y una concentración progresiva de la propiedad agraria, a la que se sumaron el narcotráfico y el paramilitarismo. Las pistas aéreas en zonas de colonización —Guaviare, sur de Casanare, alto Ariari— sirvieron a los circuitos de la cocaína, mientras los hatos ganaderos consolidaban el rostro legal del negocio. Carranza fue, entre todos los esmeralderos, quien mejor supo integrar las capas: adquirir tierra, protegerla militarmente, poblarla de ganado y, con el tiempo, insertarla en la agroindustria emergente de la palma aceitera.

La expansión de los cultivos de palma entre 2001 y 2013 coincidió geográficamente con los picos de desplazamiento forzado registrados entre 2001 y 2004 en el Meta, el Urabá y el Magdalena Medio. Donde la palma creció, la población había sido expulsada antes. Carranza operó en el corazón de esa correspondencia. Sus fincas en Puerto López, Puerto Gaitán y áreas colindantes se convirtieron en referencias del modelo llanero de acumulación agraria armada, un modelo cuyos protagonistas fueron simultáneamente empresarios, terratenientes y financiadores —o beneficiarios— de estructuras paramilitares.

Los procesos judiciales

Su relación con el Estado colombiano no fue de simple complicidad: fue una oscilación intermitente entre la tolerancia operativa y la persecución judicial, cuyo cálculo respondía menos a la fuerza probatoria acumulada que al momento político. Durante buena parte de los años ochenta y noventa, mientras su ejército privado actuaba en coordinación con unidades del Ejército y la Policía en los Llanos, ninguna investigación penal logró consolidarse contra él.

El giro llegó en 1998, cuando la Fiscalía lo detuvo. El proceso judicial que se abrió acumuló diecinueve investigaciones separadas, en lo que quedó caracterizado como uno de los casos más emblemáticos del paramilitarismo en la región. Entre los señalamientos incorporados al expediente figuraba el del mayor Forero, comandante del F-2, presunto cómplice al que se atribuía haber concedido permisos para asesinatos en el Meta y haber prestado efectivos policiales para operaciones de la estructura armada. Los señalamientos no equivalieron a condenas firmes: como en muchos otros casos del paramilitarismo colombiano, la distancia entre la acumulación de indicios y la sanción efectiva se mantuvo amplia.

Carranza recuperó su libertad y regresó a la operación de sus negocios esmeralderos y agropecuarios. Su detención de 1998 y los años de proceso marcaron, sin embargo, un punto de inflexión: mostraron que la tolerancia estatal tenía límites y que, en ciertas coyunturas —la presión internacional posterior al proceso 8.000, la reconfiguración de la Fiscalía—, el aparato judicial podía volverse contra las figuras que antes había protegido. Su poder no era una soberanía delegada estable, sino el producto inestable de una negociación continua entre un señor de la guerra con recursos propios —minas, tierras, ejército— y unas instituciones que oscilaban entre la complicidad operativa y la persecución judicial según el cálculo político del momento.

La red política y la parapolítica regional

Su poder se articuló también con las élites políticas regionales, en un modelo de doble vía: control institucional entre niveles de gobierno —lo local, lo regional y lo nacional— y nacionalización de la influencia provincial. Las élites regionales buscaban controlar arenas nacionales, en particular el Congreso, con el propósito instrumental de defender y ampliar su poder territorial. En esa arquitectura, los grupos paramilitares no eran un fenómeno aislado: eran una de las herramientas mediante las cuales la clase política local aseguraba el control efectivo de sus territorios.

En Boyacá, la relación de Carranza con la política departamental atravesó gobiernos, alcaldías del cinturón esmeraldífero y representaciones en el Congreso, en una trama que hasta hoy no ha sido investigada judicialmente con la profundidad que sí alcanzaron los casos de la costa Caribe. La particularidad boyacense reside en esa asimetría: mientras en Sucre, Córdoba o Magdalena la parapolítica llegó a los estrados y a la cárcel, en el eje esmeraldero la porosidad entre representación política, negocio minero y estructura armada se mantuvo protegida por una combinación de silencio local, presión intimidatoria y falta de voluntad investigativa. La consecuencia fue una continuidad de cuadros y de familias en los cargos públicos del departamento a lo largo de tres décadas, con menciones recurrentes al nombre de Carranza como referencia obligada de cualquier operación electoral seria en el occidente boyacense.

En Casanare, la escena política de los noventa quedó atravesada por los vínculos entre dirigentes departamentales y las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), una estructura contigua pero distinta a la de Los Carranceros/ACMV, con la que compartía territorio, adversarios y financiadores. Dos nombres cristalizan ese cruce. Efrén Hernández, figura política del Casanare de los años noventa, y Óscar Wilches, otro dirigente departamental de la misma década, fueron señalados por presuntas relaciones con la estructura paramilitar que operaba en su departamento; ambos ejemplifican una modalidad de representación política que no funcionaba como contrapoder respecto de los grupos armados, sino como su prolongación institucional. El patrón se había consolidado antes en Boyacá y volvía a aparecer en el llano: el político local no era el rival del comandante paramilitar; era su interlocutor, su beneficiario o directamente su emisario.

El caso de Orlando Caro muestra la misma frontera vista desde el otro lado. Caro fue un cuadro enviado desde Puerto Boyacá al Frente Ramón Danilo con un mandato de trabajo político interno: llevar la línea del centro paramilitar del Magdalena Medio a una estructura armada periférica y organizar allí el aparato civil de apoyo. Con el tiempo, sin embargo, derivó hacia la actividad electoral convencional, con candidaturas y aspiraciones propias que ya no respondían al mandato original. El movimiento generó conflicto con la propia estructura paramilitar que lo había desplazado y dejó a la vista una regla operativa del sistema: cuando el emisario político del grupo armado empieza a operar como político por cuenta propia, la frontera entre política, negocio y grupo armado deja de ser un límite y se convierte en un terreno de disputa interno. Esa porosidad explica por qué el desmonte judicial de la parapolítica en regiones como Boyacá y Casanare resultó tan difícil: no había una línea nítida entre lo que había que perseguir y lo que había que dejar en pie.

Los últimos años y la muerte

En sus últimos años, Carranza mantuvo el control formal de sus concesiones esmeralderas y de buena parte de su patrimonio agropecuario, pero el equilibrio sobre el que había sostenido su poder desde 1990 empezó a resquebrajarse. El acuerdo de paz esmeraldífera negociado con la mediación de la Iglesia había supuesto una distribución del cinturón entre patrones reconocidos y una tregua sostenida durante casi dos décadas. La aparición de nuevas vetas y de nuevos capitales asociados al narcotráfico erosionó esa arquitectura, y los antiguos pactos comenzaron a perder capacidad de contener a los actores emergentes.

El 3 de mayo de 2009 sobrevivió a un atentado con explosivos en la zona rural de San Martín, Meta, un ataque de una envergadura logística que solo podía provenir de un rival con capacidad militar comparable a la suya. La supervivencia fue física, pero el atentado tenía una lectura política: los antiguos equilibrios estaban rotos y actores nuevos —esmeralderos emergentes, herederos del narcotráfico, bandas criminales derivadas del paramilitarismo desmovilizado— disputaban abiertamente su espacio. Ninguna investigación pudo establecer con certeza el origen del atentado, en parte porque el número de aspirantes al vacío que Carranza empezaba a dejar era demasiado amplio para permitir un señalamiento unívoco.

En los años siguientes, enfermo de cáncer, redujo su presencia pública y concentró su actividad en la gestión de sus empresas y sus concesiones. La enfermedad avanzó en paralelo a una reorganización silenciosa de los negocios: transferencias internas, ajustes en la administración de las fincas del Meta y Vichada, movimientos en el entramado societario del cinturón esmeraldífero. Ninguna sucesión pública fue anunciada; el patrón nunca designó heredero, y esa ausencia de línea sucesoria abrió el terreno para la disputa posterior. Murió el 4 de abril de 2013 en Bogotá, a los setenta y ocho años.

Su muerte fue seguida de una reconfiguración rápida y violenta del poder esmeraldero. En el cinturón, nuevos patrones ocuparon el espacio que Carranza había dominado sin rival durante veintitrés años, aprovechando el descubrimiento de importantes vetas en Maripí. La disputa articuló capitales del narcotráfico del Guaviare con estructuras paramilitares llegadas desde el Urabá: el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia se desplazó hacia Boyacá, y su irrupción derivó en más de un centenar de personas asesinadas y en una guerra por el control de partes del cinturón esmeraldífero con otros bloques paramilitares del Magdalena Medio y Cundinamarca. En el mismo periodo, el Frente Héroes de Boyacá quedó vinculado a esa reconfiguración.

Para 2014 se señalaban indicios de una alianza entre comerciantes de esmeraldas y Los Urabeños para ejercer control en las subregiones de Occidente y Centro de Boyacá, incluida Tunja, con presuntos nexos entre el negocio de las esmeraldas, el lavado de dinero del narcotráfico y el apoyo a rutas de drogas ilícitas. En Sogamoso, un grupo autodenominado Neoparamilitarismo colombiano emitió panfletos amenazantes contra líderes comunales y sociales. La violencia esmeraldífera y paramilitar no había terminado con Carranza: se había reorganizado en su ausencia, y buena parte de su reordenamiento se explica por la desaparición del árbitro que durante veintitrés años había fijado sus reglas.

Legado y disputa

La figura de Víctor Carranza queda en la historia colombiana como el arquetipo más completo del señor de la guerra en las fronteras internas del país. En un solo hombre convivieron el guaquero campesino de Guateque, el patrón esmeraldífero que negoció con el Banco de la República la reconfiguración legal de una economía ilegal, el hacendado que compró decenas de miles de hectáreas en los Llanos, el articulador de un ejército privado que operó en coordinación con el Ejército y la Policía contra la insurgencia y contra la izquierda legal, el sobreviviente de la guerra verde contra Rodríguez Gacha y el procesado judicial que acumuló diecinueve causas sin condenas firmes de peso.

Esa acumulación es un espejo del modo en que se construyó autoridad territorial en amplias zonas del país durante la segunda mitad del siglo XX. Donde el Estado colombiano carecía de capacidad administrativa —o de voluntad política— para gobernar directamente, toleró que soberanías privadas armadas ejercieran control, arbitraran conflictos, protegieran la propiedad y combatieran a la insurgencia. Carranza fue quien mejor supo operar dentro de esa lógica: se diferenció de Rodríguez Gacha ante las instituciones, cultivó su imagen de empresario minero legal, mantuvo abiertos los canales con la Iglesia, la fuerza pública y las administraciones locales, y convirtió esa gestión de legitimidad en una ventaja competitiva sobre otros actores armados. La suya fue una carrera de acumulación capitalista violenta, en la que la esmeralda fue el capital inicial, la tierra la consolidación y el paramilitarismo la garantía.

La disputa sobre su figura sigue abierta. Los sectores empresariales de Boyacá lo recordaron durante años como un pionero de la minería legal, un hijo de la tierra que llevó el negocio esmeraldero a la formalidad y que sostuvo miles de empleos en Occidente. Las víctimas de los Llanos —desplazados de la palma y la ganadería, familiares de militantes asesinados de la Unión Patriótica, comunidades de Puerto López y Puerto Gaitán— lo recuerdan como el nombre que estaba detrás de las estructuras armadas que arrasaron sus territorios. Carranza fue, en un mismo cuerpo, el negociador que llevó las esmeraldas al régimen legal de concesiones y el comandante de facto que financió a los grupos que asesinaron a la Unión Patriótica en el Meta. Esa simultaneidad —la del patrón formal y el señor de la guerra alojados en la misma biografía— no se resolvió en vida y no se resolvió con su muerte.