El escándalo de la parapolítica

El escándalo de la parapolítica

Entre 2006 y 2010, Colombia asistió a la evidencia judicial de que una parte sustancial de su clase política había pactado, votado y gobernado en sociedad con los ejércitos privados que durante dos décadas masacraron campesinos, desplazaron aldeas enteras y traficaron cocaína. No fue una sospecha ni una hipótesis académica: fue un rastro de sentencias, versiones libres, computadores incautados y pactos escritos que, entre las elecciones legislativas de 2006 y el fin del segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, llevaron al arresto de 65 congresistas, comprometió a gobernadores, alcaldes y concejales de al menos cuatro departamentos del Caribe y del noroccidente, y tensó hasta el borde de la ruptura la relación entre la Presidencia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Departamento Administrativo de Seguridad. El escándalo mostró, con nombres propios, que las Autodefensas Unidas de Colombia no solo habían controlado militarmente decenas de municipios: habían participado en el diseño de listas al Congreso, en la sectorización electoral del territorio y en la contratación pública. La parapolítica fue el momento en que la captura del Estado dejó de ser una figura del debate y se convirtió en un expediente judicial abierto.

El mundo del que brota: Ralito, Chivolo y la arquitectura del pacto

El escándalo tuvo un punto de origen documentable. El 23 de julio de 2001, en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, en Tierralta (Córdoba), jefes paramilitares de las AUC —entre ellos Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40— se reunieron con gobernadores, congresistas, alcaldes, concejales y ganaderos de Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena para firmar un acuerdo que se proponía, en sus propias palabras, "refundar el país" y "construir una nueva Colombia". El Pacto de Ralito no fue una improvisación ni un gesto retórico: fue la formalización de un proyecto político financiado desde el narcotráfico y con vocación de expandirse desde la región Caribe hacia el conjunto del Estado colombiano. La Corte Suprema de Justicia, años después, describiría lo ocurrido en Ralito como un acuerdo consciente y voluntario entre jefes de las autodefensas y la clase dirigente regional para conservar, consolidar o adquirir el poder político.

Ralito no fue el único pacto. Un año antes, en 2000, en el municipio de Chivolo (Magdalena), Jorge 40 había suscrito con candidatos locales el acuerdo que dio vida al movimiento Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida, plataforma electoral con la que las AUC organizaron su influencia en el Magdalena. En 2001 se firmó el Pacto de Pivijay; en 2002, el Pacto del Magdalena; en 2006, en la vereda El Tambor de La Merced (Caldas), Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, participó en un encuentro en el que dos candidatos liberales al Congreso, Enrique Emilio Ángel Barco y Dixon Ferney Tapasco Triviño, negociaron la sectorización territorial de sus campañas. Hubo además pactos en Barranco de Loba y en decenas de puntos del país. Cada acuerdo tomaba el nombre del lugar donde ocurría, y cada uno resolvía un mismo problema: asignar municipios a candidatos específicos, garantizar votaciones concentradas y repartir el acceso al presupuesto público local y regional.

La operación se apoyó en dos condiciones estructurales. La primera fue militar: hacia 2001, las AUC alcanzaban aproximadamente 30.000 hombres armados distribuidos en bloques regionales que recaudaban impuestos, impartían justicia y controlaban territorios enteros. Salvatore Mancuso llegó a afirmar que el 35% del Congreso había sido elegido en zonas bajo dominio paramilitar. La segunda condición fue institucional: la Constitución de 1991, al permitir la proliferación de partidos y movimientos, ofreció una arquitectura ideal para vestir con etiquetas legales a candidaturas construidas sobre coacción armada. Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, Apertura Liberal, Alas Equipo Colombia, Cambio Radical: la lista de siglas que servirían de vehículo a la bancada paramilitar fue larga y, en su mayoría, aliada del gobierno entrante en 2002.

La desmovilización y la brecha por donde entró la verdad

En julio de 2003, en el mismo Ralito donde dos años antes se había firmado el pacto refundacional, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las AUC —con el alto comisionado de paz Luis Carlos Restrepo como interlocutor— suscribieron el acuerdo que comprometía a los paramilitares a desmovilizar la totalidad de sus miembros. Entre 2003 y 2006 se desmovilizaron más de treinta mil combatientes en un proceso que encontró en la Ley 975 de 2005 —conocida como Ley de Justicia y Paz— su marco central. La ley diseñó un modelo de justicia transicional con penas alternativas de entre cinco y ocho años para los desmovilizados que cumplieran ciertos requisitos.

El modelo, tal como fue concebido inicialmente, era generoso con los victimarios. La Sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional lo modificó de manera decisiva: sin declararlo inexequible, endureció los requisitos y estableció que los paramilitares debían decir toda la verdad desde su primera versión libre si aspiraban al beneficio de la pena alternativa. Esa exigencia, unida a decisiones de la Corte Suprema que fortalecieron los derechos de las víctimas, transformó las salas de versión libre en un dispositivo inesperado de revelación. Los comandantes desmovilizados, obligados a hablar bajo pena de perder rebajas, empezaron a nombrar a sus socios civiles.

Al inicio, la estrategia de los jefes paramilitares fue autorrepresentarse como protagonistas legítimos de una guerra —no como criminales— y construir una imagen políticamente presentable. Pero la propia dinámica del proceso los obligó a nombrar aliados. Que la Ley de Justicia y Paz haya rendido, tras diez años de vigencia, apenas 47 sentencias contra 195 postulados —el 8% de los aspirantes— y que solo el 6% de los montos de reparación se cubriera con bienes de los victimarios, no debe ocultar lo que sí produjo: material judicial suficiente para que la Sala Penal de la Corte Suprema iniciara la persecución más sistemática que la clase política colombiana hubiera enfrentado en su historia.

El computador, las primeras revelaciones y la elección de 2006

El detonante público llegó por dos vías. La primera fue la incautación, por parte de la Fiscalía General de la Nación, del computador de alias Don Antonio, en el que aparecían los contactos entre Jorge 40 y una nómina de políticos. Fragmentos de esa información fueron publicados por la Revista Semana en septiembre de 2006 y estallaron como escándalo político nacional. La segunda vía fueron las declaraciones que los propios paramilitares comenzaron a hacer a los medios antes incluso de sus versiones libres, y las primeras confesiones en el marco de Justicia y Paz.

El terreno estaba abonado. Las elecciones legislativas y presidenciales de marzo y mayo de 2006 habían sido el escenario en el que varios partidos purgaron sus listas de candidatos señalados, aunque muchos fueron reciclados en otras siglas y terminaron elegidos. El Polo Democrático, a través de Gustavo Petro, impulsó debates parlamentarios sobre los vínculos entre congresistas y paramilitares. Las denuncias, que al principio circularon en el ámbito político y periodístico, adquirieron otra dimensión cuando la Sala Penal de la Corte Suprema acogió las acusaciones, abrió investigaciones formales y ordenó las primeras detenciones.

En noviembre de 2006 fueron arrestados tres congresistas. El escándalo, hasta entonces contenido en las páginas editoriales, se convirtió en crisis institucional. Durante 2007 se alcanzó el máximo punto de revelaciones que comprometían simultáneamente a políticos, empresarios y militares con el paramilitarismo, en una espiral que amenazaba con producir una crisis nacional sin precedentes. Las investigaciones tocaron a concejales, alcaldes, gobernadores y a aproximadamente el 30% del Congreso.

Los casos: Sucre, Cesar, Antioquia y la geografía de la captura

El mapa judicial fue, sobre todo, un mapa regional. En Sucre, Álvaro Alfonso García Romero —concejal de Sincelejo, alcalde de Ovejas, diputado, tres veces representante a la Cámara y tres veces senador— fue condenado por la Corte Suprema por sus vínculos con las autodefensas. Su trayectoria encarnaba una carrera política construida por completo desde una región donde, según sentencia de la Corte de enero de 2012, las AUC llegaron a cooptar totalmente el poder público emanado de alcaldías y gobernaciones en Córdoba y Sucre, "fruto de un acuerdo consciente y voluntario orientado a conservar, consolidar o adquirir el poder político".

En Cesar, la Corte Suprema condenó en marzo de 2010 al exsenador Álvaro Araújo Castro a nueve años y tres meses de prisión, tras encontrar que había conspirado con Jorge 40 para ganar escaños en el Congreso en las elecciones de 2002. El caso Araújo tuvo peso simbólico adicional: su hermana, María Consuelo Araújo, era canciller de Uribe cuando estalló el escándalo, y renunció al cargo por la investigación abierta contra su hermano.

En Córdoba, Eleonora Pineda —candidata a la Cámara por el Movimiento Popular Unido en 2002— obtuvo votaciones notoriamente altas y concentradas en municipios donde los grupos paramilitares ejercían control hegemónico, con porcentajes elevados en localidades donde ya no había violencia visible precisamente porque el dominio ilegal estaba consolidado. La ausencia de disputa armada, lejos de indicar normalidad democrática, era el síntoma de que la elección ya estaba resuelta.

En Antioquia, la geografía política se transformó aceleradamente a partir de 1997. La izquierda electoral prácticamente desapareció y una nueva generación de políticos irrumpió con capitales construidos en zonas como Urabá o el Bajo Cauca. El comandante Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, aportó dos mil millones de pesos a candidatos que aspiraban a distintas corporaciones públicas antioqueñas. Otros nombres —como el senador Mario Uribe Escobar, primo del presidente— fueron señalados en investigaciones judiciales por haber buscado consolidar capital político con apoyo paramilitar, en el entramado de siglas como Alas Equipo Colombia, Cambio Radical o Colombia Democrática.

En Magdalena, el circuito organizado por Jorge 40 a través del Pacto de Chivolo produjo congresistas como Dieb Maloof y José Gamarra, elegidos con votaciones sectorizadas municipio por municipio. La red no se limitó al voto: en 2003, el grupo liderado por Jorge 40 constituyó una estructura que le permitió beneficiarse de la contratación estatal en áreas como la prestación de servicios de salud y el manejo de basuras. La captura del voto abría la puerta a la captura del presupuesto.

El común denominador importa. Los pactos no se firmaron entre paramilitares que llegaban de fuera e imponían candidatos a poblaciones inermes: se firmaron con élites políticas regionales preexistentes, con familias, con jefes de partido, con ganaderos y comerciantes. La homogenización política que produjo el paramilitarismo consistió, en buena medida, en que los mismos actores de siempre siguieran gobernando, ahora con un socio armado que eliminaba competidores y garantizaba resultados. Quién buscó a quién primero pesa menos que el resultado: una fusión funcional entre poder armado ilegal y clase dirigente civil que hizo indistinguibles, en amplias zonas del país, la contratación pública, la maquinaria electoral y la coacción armada.

La Corte Suprema en el centro

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se convirtió en el actor judicial que sostuvo la persecución. Su acción se nutrió de las versiones libres —muy precarias en su calidad probatoria, pero suficientes para abrir procesos— y de la información del computador de Jorge 40. El ritmo de las capturas dibuja la escalada. En noviembre de 2006 fueron arrestados los primeros tres congresistas. En febrero de 2008, cinco más. En marzo de ese mismo año, otros veintiséis. En julio de 2008 fue detenida Dilian Francisca Toro, expresidenta del Senado. Un total de 65 congresistas elegidos en 2006 terminaron bajo arresto por vínculos con paramilitares.

La respuesta de los implicados fue, en parte, procesal: 43 congresistas renunciaron a sus curules para que sus casos pasaran de la Corte Suprema —competente para juzgar a los aforados— a la Fiscalía General de la Nación, anticipando un proceso menos duro y penas más leves. La renuncia como estrategia de defensa reveló, entre otras cosas, la percepción de que la Corte era rigurosa y difícil de manejar políticamente.

Las condenas efectivas, sin embargo, fueron pocas en relación con el universo total de implicados. Cerca de sesenta investigados fueron condenados; la mayoría de las investigaciones permaneció en etapa preliminar, y la reparación a las víctimas por parte de los congresistas con nexos comprobados avanzó muy poco. Muchos de los procesados, mientras tanto, apoyaron a familiares o allegados en elecciones posteriores como estrategia para conservar la influencia política regional, de modo que en varios departamentos el capital electoral simplemente cambió de portador dentro de la misma casa.

El DAS: el Estado espiando al juez

Mientras la Corte perseguía a la parapolítica, el Departamento Administrativo de Seguridad —el organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia— desarrollaba una red clandestina de espionaje ilegal contra magistrados, periodistas, opositores y defensores de derechos humanos. Uribe había nombrado como director del DAS a Jorge Noguera Cotes. Investigaciones y denuncias posteriores señalaron a Noguera de mantener vínculos con Jorge 40 y de haber entregado al jefe paramilitar información sensible, incluidas listas de sindicalistas y opositores. Noguera terminó investigado por presunta participación en el homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andréis; cuando se remitieron copias a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema, se desempeñaba como cónsul de Colombia en Italia. En el DAS, según las mismas denuncias, se habrían borrado datos y expedientes relacionados con narcoparamilitares.

Las operaciones ilegales de inteligencia recibieron nombres codificados: Europa, Extranjeros, Canela, Imprenta, Transmilenio. Se ejecutaron con presupuesto estatal, con estructura jerárquica y con proyección internacional. Estaban dirigidas contra opositores del gobierno y contra quienes investigaban al gobierno. La Fiscalía General de la Nación calificaría después esa estructura como una red criminal articulada con grupos paramilitares al interior de la institución.

El caso más grave, por sus implicaciones para el orden constitucional, fue el espionaje al magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien lideraba las investigaciones de la parapolítica en la Corte Suprema. El DAS interceptó sus comunicaciones, siguió sus movimientos y monitoreó sus contactos. Cuando en 2009 salieron a la luz los audios y detalles de las interceptaciones, el gobierno reaccionó primero minimizando el escándalo, presentándolo como conducta aislada de "manzanas podridas" o de exdetectives resentidos. Poco después, el presidente Uribe anunció la liquidación del DAS.

El espionaje alcanzó también a periodistas —entre ellos Daniel Coronell y Gonzalo Guillén—, quienes advirtieron que las interceptaciones coincidían con etapas de desprestigio público y amenazas contra ellos. La red no era un accidente burocrático: era un instrumento de guerra política y jurídica dirigido, en el corazón del ejecutivo, contra quienes investigaban al ejecutivo. Sobre este episodio pesarían más tarde procesos contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y contra el secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, entre otros funcionarios.

La extradición del 13 de mayo de 2008

En la madrugada del 13 de mayo de 2008, aviones estadounidenses despegaron de bases colombianas con catorce jefes paramilitares desmovilizados a bordo. Entre ellos iban Salvatore Mancuso, Jorge 40, Diego Fernando Murillo alias Don Berna y otros once cabecillas. El gobierno colombiano levantó de manera repentina la suspensión de extradición que pesaba sobre ellos y los envió a responder ante la justicia estadounidense por narcotráfico. La justificación oficial de Uribe fue que los jefes paramilitares habían continuado delinquiendo desde la cárcel: tráfico de cocaína, manejo de depósitos de armas no entregadas, órdenes de asesinato.

La medida provocó una fractura inmediata en el proceso de Justicia y Paz. Los extraditados eran, precisamente, los principales aportantes de verdad sobre los vínculos entre paramilitares, políticos, empresarios y fuerzas de seguridad. Al enviarlos a Estados Unidos —donde serían juzgados por delitos de narcotráfico, no por crímenes de lesa humanidad—, se interrumpieron audiencias en curso y se cortó el hilo directo de la reconstrucción histórica. El gobierno prometió que los extraditados seguirían colaborando desde el exterior, pero la continuación de las audiencias resultó muy difícil por problemas logísticos y de voluntad política.

Las reacciones desde el otro lado del Atlántico confirmaron el daño. Salvatore Mancuso manifestó su intención de no seguir contribuyendo con Justicia y Paz, alegando violación de los términos legales del proceso y falta de garantías para su familia. Don Berna declaró no tener garantías para sí ni para los suyos, y al mismo tiempo propuso colaborar en los procesos de parapolítica a cambio de rebajas de pena ante los tribunales de Estados Unidos. Amnistía Internacional advirtió que, si los tribunales estadounidenses decidían no investigar a los catorce por violaciones de derechos humanos, la dimensión real de esas violaciones y sus vínculos con fuerzas de seguridad y políticos quedaría oculta.

La extradición fue leída, por críticos y víctimas, como una medida que privó al país del derecho a la verdad justo cuando esa verdad empezaba a comprometer a los aliados civiles del paramilitarismo. En clave internacional operó a dos bandas: se celebró como golpe antinarcóticos y se lamentó como interrupción del proceso de verdad, dos lecturas de signo contrario que convivieron sin cancelarse.

El choque de poderes y la coalición uribista

El período 2006–2010 se convirtió en el choque de poderes más agudo del ciclo uribista. En abril de 2008, la representante Yidis Medina se entregó para responder por haber favorecido, en 2004, la aprobación del acto legislativo que permitió la primera reelección presidencial a cambio de beneficios burocráticos. Fue condenada el 25 de junio de 2008 a tres años y medio de prisión. La yidispolítica, como se llamó el episodio, tocó directamente la legitimidad del segundo mandato de Uribe y abrió la vía a investigaciones contra ministros y funcionarios de la Casa de Nariño, entre ellos Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio.

La combinación fue explosiva: la Corte Suprema procesaba a la bancada uribista por parapolítica; la misma Corte investigaba la compra de votos que había hecho posible la reelección; el DAS espiaba al magistrado que lideraba esas investigaciones; el gobierno respondía primero minimizando y luego anunciando reformas. Entre 2003 y 2004, el ejecutivo había intentado ya dos veces reformar la justicia para recortar las facultades de la Corte Constitucional; ambos proyectos fueron rechazados. En agosto de 2008, un ataque público de Uribe a la justicia desató controversia; un mes antes, en julio, Corte Suprema y gobierno intentaban restablecer un diálogo institucional que quedaba destrozado con cada ciclo noticioso.

En medio de la crisis, la popularidad presidencial no se erosionó de manera visible. Uribe mantuvo aprobaciones por encima del 70% durante su primer mandato y en los mediados de los 80 y bajos 90 durante buena parte del segundo. Algunos analistas lo describieron como el mandatario con mayor respaldo popular en las Américas. El escándalo que revelaba una captura sistemática del Estado no se tradujo en una crisis electoral para su coalición. Esa disociación —entre la evidencia judicial de captura y la aprobación pública del gobierno bajo el que ocurría la persecución y también la obstrucción— es una de las claves interpretativas del período.

Causas: por qué fue posible

Las causas estructurales anteceden por décadas al escándalo. Un Estado colombiano históricamente débil en la periferia; élites regionales que gobernaron sus departamentos como feudos con maquinarias clientelares consolidadas; una guerra contrainsurgente que en los años ochenta y noventa produjo grupos de autodefensa armados y financiados por ganaderos, comerciantes y sectores del narcotráfico, con tolerancia y en muchos casos colaboración de fuerzas de seguridad; una economía cocalera que inyectó recursos ilimitados a los ejércitos privados; y una Constitución de 1991 cuya pluralidad partidista, sin regulación efectiva del financiamiento electoral, se convirtió en oferta de siglas para candidaturas armadas.

Los detonantes coyunturales son más precisos. El proceso de desmovilización iniciado en Ralito en 2003, diseñado para desarmar a las AUC, terminó abriendo el archivo al obligar a los comandantes a hablar bajo la Ley 975. La Sentencia C-370 de 2006 endureció el requisito de decir toda la verdad. La incautación del computador de Don Antonio y la publicación de su contenido por Semana en septiembre de 2006 puso los nombres en la calle. Y la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de acoger las acusaciones y ordenar detenciones transformó el escándalo mediático en proceso penal. Sin cualquiera de estos cuatro elementos, la arquitectura político-paramilitar podría haber permanecido invisible durante mucho más tiempo.

Hay una ironía estructural en el desenlace: el gobierno que negoció la desmovilización terminó siendo el que más recibió el impacto político de las revelaciones que esa desmovilización produjo. La parapolítica fue, en ese sentido, un efecto no previsto del proceso de paz con las AUC.

Consecuencias inmediatas y de largo plazo

En el corto plazo, la parapolítica reconfiguró el Congreso. Bancadas enteras de departamentos como Sucre, Magdalena, Cesar y Córdoba fueron judicializadas. Partidos y movimientos que habían servido de vehículo electoral —Colombia Democrática, Convergencia Ciudadana, entre otros— sufrieron desprestigio, algunos desaparecieron y otros se refundaron bajo nuevas siglas. La Sala Penal de la Corte Suprema consolidó una jurisprudencia sobre concierto para delinquir agravado y sobre la relación entre política y organizaciones armadas ilegales que se convirtió en referencia obligada.

En el mediano plazo, el DAS fue liquidado. La Fiscalía calificó su red de inteligencia ilegal como una estructura criminal articulada con grupos paramilitares al interior del Estado. Varios funcionarios de la seguridad y de la Casa de Nariño enfrentaron procesos. La relación entre la Presidencia y la rama judicial quedó marcada por una desconfianza que sobrepasó el fin del gobierno Uribe y se prolongó como tensión política en los años siguientes.

En el largo plazo, sin embargo, la captura territorial no fue desmantelada. Los grupos sucesores de las AUC —las llamadas bandas criminales o bacrim— continuaron cometiendo violaciones a derechos humanos y exportando cocaína, y muchos desmovilizados retornaron al delito. La red política se reprodujo mediante familiares, testaferros y allegados que reemplazaron en las urnas a los procesados. Las condenas efectivas fueron pocas frente al universo de implicados, la reparación a las víctimas fue mínima, y la extradición de mayo de 2008 truncó buena parte de la reconstrucción de la verdad. Diez años después de la Ley de Justicia y Paz, apenas el 8% de los postulados había sido sentenciado.

La parapolítica demostró que la captura del Estado en Colombia no fue un accidente ni un desvío, sino un modo de funcionamiento territorial en amplias zonas del país, sostenido por una alianza entre élites civiles y estructuras armadas ilegales, con complicidades en organismos de seguridad y protección política desde el nivel más alto. La respuesta judicial fue extraordinaria por su alcance —ningún país latinoamericano había procesado a semejante proporción de su Congreso por vínculos con grupos armados ilegales— pero operó sobre síntomas más que sobre causas, y su avance dependió de una Sala Penal a la que el propio Estado, mediante el DAS, estaba espiando.

Por qué sigue importando

La parapolítica dejó un archivo judicial —sentencias, versiones libres, documentos incautados— que permite hablar con precisión, y no en tono conspirativo, de la captura del Estado por actores armados ilegales aliados con élites civiles. Cuando hoy se discuten fenómenos análogos con otras estructuras armadas, ese archivo funciona como referencia y como advertencia metodológica: la captura no se demuestra con la sospecha sino con el pacto documentado.

También puso en tensión visible los límites del pacto entre justicia transicional y verdad. La Ley 975, la Sentencia C-370, la Corte Suprema, la extradición de mayo de 2008: cada pieza mostró que la relación entre desarme, verdad, justicia y reparación es un equilibrio inestable, y que un solo acto ejecutivo puede desbaratar años de reconstrucción. Esa lección informó los debates posteriores sobre el Acuerdo de La Habana y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Y expuso —de manera inédita en la historia colombiana del siglo XX— la disposición de un ejecutivo a utilizar los aparatos de inteligencia del Estado contra los jueces que investigaban a su coalición. El espionaje al magistrado Iván Velásquez desde el DAS no fue un exceso burocrático: fue una ruptura del pacto democrático elemental de separación de poderes. Que ocurriera bajo un gobierno con aprobaciones populares superiores al 80% obliga a repensar la relación entre legitimidad electoral y erosión institucional, y muestra que la captura del Estado no siempre se hace contra la voluntad mayoritaria: a veces se hace con su indiferencia.

El escándalo de la parapolítica no cerró el capítulo. Lo abrió como expediente. Su archivo sigue produciendo sentencias, revelaciones y procesos años después del período que aquí se relata. Y su lección más incómoda persiste: en las regiones donde se firmaron los pactos, los mismos apellidos, las mismas casas políticas y las mismas maquinarias siguen definiendo, en muchos casos, quién gobierna. La forma cambió; la lógica, en amplias zonas del país, todavía no.