La parapolítica

La parapolítica

En marzo de 2006, tres meses después de que las Autodefensas Unidas de Colombia completaran su desmovilización oficial bajo la Ley de Justicia y Paz, comenzó a filtrarse en la prensa el contenido del computador incautado a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, jefe del Bloque Norte. Lo que salió de allí, sumado al Pacto de Ralito —documento firmado el 23 de julio de 2001 en Santa Fe de Ralito, corregimiento de Tierralta, Córdoba, por más de cincuenta senadores, representantes, gobernadores y alcaldes de la Costa Caribe junto a los comandantes paramilitares—, obligó a la Corte Suprema de Justicia a abrir investigaciones contra un tercio del Congreso. Ese destape judicial recibió el nombre de parapolítica: la constatación de que la clase dirigente de amplias zonas del país no solo había convivido con los ejércitos privados de derecha, sino que había pactado con ellos, por escrito, "refundar la patria". La pregunta que abrió esa evidencia, y que sigue abierta, es qué clase de fenómeno fue eso: si una infiltración criminal del Estado democrático o la mutación armada de un patrón mucho más antiguo de poder regional. De la respuesta depende cómo se juzga no solo un episodio, sino la naturaleza del régimen político colombiano.

Qué se juega en la pregunta

Nombrar el fenómeno no es un ejercicio semántico. Si la parapolítica fue corrupción —soborno, cooptación episódica, funcionarios comprados—, entonces el Estado colombiano fue víctima de un actor externo que lo penetró y del que puede depurarse mediante procesos judiciales y controles administrativos. Si fue captura del Estado, se trata de algo más denso: una relación estructurada en la que actores privados armados moldean la producción de decisiones públicas y capturan rentas fiscales a escala territorial. Si fue paracracia —régimen paralelo con pretensión de sustituir funciones estatales—, entonces hubo, en regiones enteras, un poder efectivo distinto del constitucional. Y si el fenómeno debe entenderse como refundación de la patria, categoría que los propios firmantes de Ralito usaron, entonces lo que ocurrió fue un proyecto político con vocación de reconstituir el orden, no una desviación de él.

Cada uno de esos nombres implica un diagnóstico distinto sobre la continuidad histórica del poder en Colombia. El más cómodo para la clase política sobreviviente es el primero: manzanas podridas, escándalo lamentable, correctivos ya aplicados. El más incómodo es el último, porque obliga a reconocer que la parapolítica no cayó del cielo en 1997 con la creación de las AUC, ni en 2001 con Ralito, sino que se apoyó en una arquitectura de dominación regional cuyas piezas venían montándose desde el siglo XIX.

Los términos del debate

La primera lectura sostiene que la parapolítica fue una novedad de captura: el paramilitarismo colombiano no fue solamente un proyecto contrainsurgente de baja intensidad, sino una estrategia estable de poder político con anclaje territorial. Esta tesis, defendida entre otros por Claudia López, León Valencia y Mauricio Romero, encuentra su prueba dura en la existencia misma del Pacto de Ralito y en la construcción deliberada de una bancada parlamentaria propia. Las AUC aprovecharon la proliferación de partidos habilitada por la Constitución de 1991 —Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, Moral, Mipol, Equipo Colombia, Apertura Liberal— para armar una representación política con marca. No compraron congresistas: construyeron congresistas.

La segunda lectura relativiza esa novedad. Francisco Gutiérrez Sanín y Gustavo Duncan, así como una tradición más antigua encarnada por Alejandro Reyes Posada, insisten en que lo ocurrido entre 1997 y 2006 es la actualización mafiosa —con narcotráfico como acelerador— de un patrón de larga duración. En Colombia, los jefes políticos con clientelas armadas no son un invento de las AUC: son la forma normal del poder local desde que existen los partidos. El gamonal —equivalente colombiano del cacique— fue durante el siglo XIX y buena parte del XX la figura que articulaba comerciantes, letrados y burócratas pueblerinos, y con quien el Estado central negociaba porque no tenía cómo desplazarlo. Las guerras civiles del siglo XIX hicieron indistinguibles las prácticas electorales de las bélicas: ganar una elección y ganar una batalla eran, en Cundinamarca y Boyacá, operaciones del mismo repertorio. Durante La Violencia de los años cuarenta y cincuenta, hacendados y terratenientes obligaron a campesinos a firmar actas de conversión de partido —los "recalzados"— y los gamonales ubicaron a los desplazados en los predios que dejaban los del partido contrario. Coacción y voto estaban trenzados mucho antes de que existieran las AUC.

Una tercera lectura, más específica, apunta a la Costa Caribe. Sucre, Córdoba, Magdalena, Cesar y La Guajira no fueron zonas cualesquiera del país: fueron el epicentro geográfico de la parapolítica judicializada. Y no por azar. El clientelismo bipartidista costeño —con sus casas políticas hereditarias, su recaudo privado de impuestos, su manejo faccional de las regalías— llevaba décadas funcionando como una máquina de mediación entre el Estado central y unos territorios donde la hegemonía conservadora del centralismo de 1886 nunca se había traducido en presencia institucional efectiva. La parapolítica costeña no fue una ruptura sino una mutación: el mismo circuito de intermediación, ahora armado y narcotizado.

Estas tres lecturas no son incompatibles. Lo que discuten es la proporción entre novedad y continuidad. Pero hay dos tesis adicionales, más finas, que el debate ha ido decantando. Una: lo ocurrido no encaja bien ni en el modelo del narco-Estado mexicano —donde los carteles colonizan estructuras estatales para proteger el negocio— ni en el clientelismo armado peruano bajo Fujimori —donde el vértice del Estado instrumentaliza fuerzas irregulares para su propia reelección—. En Colombia, la dirección del vector es distinta: un movimiento desde la periferia territorial hacia el centro político, con élites regionales que llevan consigo a sus socios armados al Congreso, no un centro que despliega violencia hacia abajo. Y dos: el sistema absorbió el escándalo. A diferencia del Proceso 8.000, que fracturó parcialmente la legitimidad de la presidencia de Ernesto Samper y dejó una cicatriz en el sistema, la parapolítica se procesó judicialmente sin que el régimen se desestabilizara. Esa capacidad de absorción dice algo sobre el sistema mismo.

Lo que muestra la evidencia

El material acumulado por la justicia, el periodismo y la investigación académica desde 2006 permite entrar en el detalle. En el Magdalena, once municipios privatizaron el recaudo de impuestos locales en favor de la fundación Mujeres de la Provincia, fachada legal del Bloque Norte, que además firmó con Electricaribe un contrato para recaudar facturas con una comisión de hasta el veinte por ciento de las sumas pagadas. Eso no es soborno: es sustitución funcional del Estado por una estructura paramilitar operando con papelería, facturas y firmas. En 2003, la red clientelar de Jorge 40 se benefició de contratación estatal en salud, manejo de basuras y obra vial en Atlántico, Magdalena y Cesar.

En el Casanare la lógica fue otra. El Bloque Centauros no impuso alcaldes desde el mando militar: adhirió al liderazgo de una alcaldesa local y, a partir de esa adhesión, participó en el saqueo de las regalías petroleras. Bajo órdenes de alias Diego Vecino, la cooperativa COOPSABANA fue convertida en un holding de empresas de fachada. Por ese circuito pasaron, vía contratación pública, los presupuestos municipales de regalías del petróleo. No hubo asalto: hubo administración compartida.

En materia electoral, el Pacto de Pivijay (2001) y el Pacto del Magdalena (2002) sectorizaron municipios enteros en favor de candidatos al Congreso alineados con el Bloque Norte. El senador Dieb Maloof y el representante José Gamarra fueron beneficiarios directos de esa sectorización. No fue compra puntual de votos: fue una asignación territorial pactada entre alcaldes, diputados y comandantes armados sobre qué municipios votarían por quién.

El Pacto de Ralito lleva la lógica un paso más allá. Su lenguaje —"refundar el Estado", "construir una nueva Colombia"— no es de mafia buscando protección: es de proyecto político con vocación constituyente. Que lo hayan firmado más de cincuenta funcionarios electos junto a los máximos comandantes de las AUC, dos años antes de que se iniciaran las negociaciones de desmovilización con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, es la prueba documental más clara de que la relación entre élites regionales y paramilitares no fue de infiltración sino de sociedad declarada. Una sociedad que operaba con firmas, con logística, con acuerdos escritos sobre reparto territorial y ambición refundacional.

La evidencia también muestra la simetría económica del arreglo. Los paramilitares nunca dependieron financieramente del Estado: se financiaron con narcotráfico, extorsión, secuestro, cultivos ilícitos y drenaje de rentas municipales. El Frente Isidro Carreño cobraba desde comienzos de 2004 cien mil pesos por kilo de base de coca al productor y cuatrocientos mil al comprador, y proveía el combustible para la producción. Desde 2002, alias Nicolás del mismo frente ordenó a los productores venderle la cocaína directamente al grupo, y los retrasos en el pago se castigaban con la muerte —el asesinato del campesino Grismaldo Medina en Santa Helena, el 13 de abril de 2003, fue una advertencia pública—. Esa independencia financiera es analíticamente crucial: las AUC no eran clientela del Estado ni beneficiarias pasivas de rentas oficiales, sino un actor con acumulación propia que negociaba con las élites políticas desde una posición de recursos. El arreglo no era, por eso, de subordinación en ninguna dirección, sino de interdependencia.

Y sin embargo, esa interdependencia se apoyó en una arquitectura institucional que el Estado colombiano proveyó. Entre 1965 y 1989 el paramilitarismo fue legal, amparado por una ley de 1968 que autorizaba grupos de autodefensa y por el marco del Estatuto de Seguridad Nacional de 1978. Su ilegalización durante la presidencia de Virgilio Barco no impidió que los grupos continuaran existiendo. Las Convivir, creadas por el decreto 356 del 11 de febrero de 1994, fueron formalmente cooperativas de vigilancia rural con respaldo estatal, pero en la práctica actuaron como organismos de intimidación en cuyo entorno florecieron organizaciones paramilitares: Gonzalo Barrera dirigió las Convivir Los Guayacanes y Siete Cueros en Cesar y Caldas; Juan Prada, alias Juancho, encabezó la Convivir Los Arrayanes. Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia, fue su principal auspiciador. El paramilitarismo, en la tesis de Gutiérrez Sanín, no fue un fenómeno exógeno al Estado sino su cara delegada: una estrategia mediante la cual el Estado subcontrató el monopolio de la violencia a coaliciones regionales.

A esto se sumó un tercer ingrediente: la descentralización fiscal iniciada en los años ochenta y profundizada por la Constitución de 1991, que trasladó recursos presupuestales significativos al nivel local sin construir simultáneamente la institucionalidad de control fiscal y político que habría hecho falta. Alcaldías y gobernaciones se volvieron botines. Jaime Castro y otros promotores de la descentralización la concibieron como mecanismo de paz, un modo de abrir espacios democráticos para incorporar a los actores armados a la vida pública. La realidad, como observó Alejandro Reyes ya en 1991, fue la opuesta: la periferia territorial se convirtió en escenario de captura por el narcotráfico primero, y por el paramilitarismo después. Los recursos locales que la descentralización democratizó sobre el papel fueron los que hicieron rentable, en la práctica, la conquista armada de alcaldías.

Junto a estos habilitantes hubo un facilitador brutal: la destrucción de la alternativa. La Unión Patriótica, nacida en mayo de 1985 al amparo de los Acuerdos de La Uribe entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, fue exterminada entre 1984 y 2002 con articulación documentada entre paramilitares e inteligencia del Ejército, con planes específicos como el Baile Rojo y el Plan Esmeralda en Llanos Orientales y Caquetá. La masacre de Segovia del 11 de noviembre de 1988 fue represalia directa por los resultados electorales que la UP había obtenido en el Alto Nordeste Antioqueño en marzo de ese año. Cuando la parapolítica se consolidó en la Costa Caribe y los Llanos, el actor político que habría podido disputarle esos territorios con un programa redistributivo ya había sido físicamente eliminado. El exterminio de la UP no es un capítulo paralelo a la parapolítica: es su condición de posibilidad.

La respuesta

La categoría que mejor captura lo ocurrido no es corrupción y tampoco paracracia en sentido pleno. Es captura del Estado, entendida en un registro específicamente colombiano: la formación, en regiones enteras, de una relación estructurada de interdependencia asimétrica entre élites políticas regionales y grupos armados privados, que produce decisiones públicas, asigna recursos fiscales y organiza la representación electoral, y que se apoya sobre una arquitectura institucional —descentralización sin control, legalización histórica del paramilitarismo, Convivir— provista por el propio Estado. Esa captura no fue infiltración de afuera hacia adentro: fue producida desde dentro del sistema político, por sus élites regionales, en alianza con actores armados que ellas mismas ayudaron a construir o cuya expansión toleraron cuando les resultó funcional.

Corrupción es insuficiente porque implica una transacción episódica sobre una estructura sana. Paracracia sobreestima el carácter alternativo del poder paramilitar: las AUC no querían sustituir al Estado, querían tomarlo. Y refundación de la patria —aunque es el término que usaron los firmantes de Ralito— sobreestima la coherencia programática del proyecto: no había, más allá del anticomunismo, un modelo de sociedad articulado. Lo que hubo fue un pacto de reparto: los paramilitares aportaban coacción territorial, control electoral por municipios y financiación narcotizada; las élites regionales aportaban legitimidad institucional, acceso a la contratación pública y representación en el Congreso. Cada parte necesitaba a la otra, pero ninguna la dominaba enteramente. En Casanare, la iniciativa parecía correr desde la alcaldesa hacia el Bloque Centauros; en el Magdalena de Jorge 40, el vector se sentía más armado que civil. La proporción variaba por territorio.

Esta captura fue, además, la mutación armada de un patrón secular. No es cierto que la parapolítica sea un producto puro del neoliberalismo o de la Constitución de 1991: el gamonalismo costeño y llanero llevaba más de un siglo articulando violencia y voto a través de redes hacendiles multiclasistas donde patronazgo y coerción eran las dos caras de la misma moneda. Lo que hizo la parapolítica fue escalarlo tecnológica y territorialmente. Los tres cambios de fondo entre el gamonalismo clásico y su versión de los años 2000 fueron el narcotráfico como fuente de acumulación autónoma, la descentralización fiscal como pool de recursos capturables, y la doctrina paramilitar como ejército privado profesionalizado. Sobre esa base nueva, la lógica social permaneció: un poder regional que se sostiene articulando coacción y clientela, y que negocia con el centro sin someterse a él.

Que el desplazamiento forzado fue producto de un proyecto político elitario formalmente pactado merece afirmación categórica. Los mecanismos del despojo no fueron caos ni barbarie: en el sur de Córdoba, Urabá y el Magdalena Medio, el desplazamiento siguió las rutas de compras masivas de tierra por narcotraficantes y grupos paramilitares desde la primera mitad de los noventa. Entre 1983 y 2006, en Urabá, sur de Córdoba, Bajo Atrato y Darién se registraron 6.617 casos de desaparición forzada con 7.976 víctimas; a los grupos paramilitares se atribuyen 2.413 de esos casos y 3.211 personas, la gran mayoría entre 1997 y 2006. En Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato, entre 1991 y 2002, el total de víctimas ascendió a 1.103.385 personas, con más de un millón desplazadas. Ese volumen no se explica por accidentes tácticos: exigía planificación, financiación y una comprensión política del territorio. Masacres como las de Mapiripán en julio de 1997 —momento en que el paramilitarismo pasó del accionar expedicionario al emplazamiento territorial—, El Aro, La Gabarra, El Salado y El Naya fueron hitos fundacionales del dominio regional, no exabruptos.

Que el sistema fue más permeable a la derecha armada que a la izquierda armada tiene, además, sustento estadístico difícil de eludir. Antes de 1995 no existían cifras oficiales sobre paramilitares dados de baja o encarcelados por el Estado colombiano. La plausibilidad de que hubieran sido combatidos con la misma intensidad que la guerrilla era, sencillamente, cero. La misma UP que fue exterminada por hacer política electoral obtuvo, en 1986-1988, dos senadores propios, tres representantes a la Cámara, veintinueve diputados, mayoría en treinta concejos municipales y veinticuatro alcaldías. No cayó por su fracaso; cayó por su éxito. Los partidos de influencia paramilitar, en cambio, se sentaron en el Congreso, y cuando fueron judicializados sus caudales electorales fueron transferidos a familiares y allegados —primos, esposas, esposos— con éxito documentado en varias regiones. El sesgo no fue accidental: fue estructural.

Lo que queda abierto

Hay flancos que la evidencia disponible no cierra. El primero es la geometría exacta de la asimetría entre políticos y paramilitares en cada territorio: cuánto pesó en Sucre la iniciativa de Álvaro Alfonso García Romero —concejal de Sincelejo, alcalde de Ovejas, diputado, tres veces representante y tres veces senador, judicialmente comprobado como partícipe activo de la estrategia paramilitar— frente a la de comandantes como Salvatore Mancuso o los hermanos Castaño. La imagen general de interdependencia es sólida; el reparto de agencia caso por caso sigue siendo materia de investigación.

El segundo es la profundidad real de la responsabilidad estatal. Que el DAS bajo Jorge Noguera Cote entregara información secreta a Jorge 40 y que el jefe de informática Rafael García Torres, junto al secretario general Gian Carlo Auque, borrara expedientes de narcoparamilitares está documentado. Que el llamado Cartel de la Toga dilatara procesos y alterara evidencias también. Cuánto de esto obedeció a decisiones individuales corruptas y cuánto a orientaciones institucionales más profundas es un debate político vivo, con implicaciones sobre la responsabilidad de los gobiernos del período.

El tercero es el balance judicial, y aquí conviene detenerse porque es donde el sistema mostró a la vez su alcance y su límite. Hasta el corte disponible, sesenta parapolíticos habían sido condenados. La Unidad Nacional de Fiscalías para Justicia y Paz había compulsado 12.869 copias hasta diciembre de 2012. La aritmética, sin embargo, esconde el problema real: buena parte de los condenados pertenecía a partidos que desaparecieron o mutaron transfiriendo el caudal a herederos —primos, esposas, esposos—, de modo que el castigo individual convivió con la supervivencia intacta de las maquinarias. La reparación por parte de los congresistas condenados ha avanzado muy poco. Las confesiones de los comandantes paramilitares en versiones libres fueron precarias, funcionales a la aspiración de pena reducida más que a la reconstrucción de la verdad. Y el efecto agregado es paradójico: la parapolítica se procesó pero no se saldó, se judicializó pero no se depuró. Que el sistema haya podido absorber el escándalo sin fracturarse —a diferencia del Proceso 8.000, que sí golpeó la legitimidad presidencial en 1995 tras las revelaciones de Santiago Medina el 12 de septiembre— es, quizá, el dato más elocuente. Absorción no es lo mismo que transformación. Dos décadas después, sigue siendo incierto si el sistema se corrigió o simplemente aprendió a convivir con lo que se le mostró.

Lo que la parapolítica dejó claro es que en Colombia el nexo entre poder armado y representación política no fue un episodio: fue una arquitectura. Y esa arquitectura tuvo albañiles con nombre propio, planos formalmente firmados en Ralito, y una tradición constructiva que arranca en las guerras civiles del siglo XIX. Llamarla infiltración es concederle al Estado una inocencia que la evidencia no le devuelve.