Ensayo · Seguridad Democrática · 2002–2016
La parapolítica
Desde 2006, las investigaciones judiciales sobre los vínculos entre paramilitares y clase política colombiana abrieron una pregunta de fondo: si la parapolítica fue una infiltración criminal sobrevenida del Estado democrático o la mutación armada de un patrón secular de gamonalismo, clientelismo y coerción electoral que ya articulaba violencia y voto desde el siglo XIX.
Orientación para entrar
La respuesta en breve
La parapolítica no fue corrupción episódica ni infiltración exógena, sino captura del Estado en un registro específicamente colombiano: la formación, en regiones enteras, de una relación estructurada de interdependencia asimétrica entre élites políticas regionales y grupos armados privados que producía decisiones públicas, asignaba recursos fiscales y organizaba la representación electoral. Esa captura se apoyó en una arquitectura institucional provista por el propio Estado —legalización histórica del paramilitarismo, Convivir, descentralización fiscal sin control— y se construyó desde dentro del sistema político, no desde fuera. El Pacto de Ralito (23 de julio de 2001), firmado por más de cincuenta funcionarios electos junto a los máximos comandantes de las AUC con el propósito declarado de 'refundar el Estado', es la prueba documental más clara de que la relación entre élites regionales y paramilitarismo no fue de infiltración sino de sociedad declarada con vocación política constituyente.
La primera tensión enfrenta la tesis de novedad de captura —el paramilitarismo como estrategia estable de poder político con bancada parlamentaria propia, construida deliberadamente mediante pactos escritos y aprovechando la proliferación de partidos habilitada por la Constitución de 1991— contra la tesis de continuidad de larga duración, que lee la parapolítica como actualización mafiosa y narcotizada del gamonalismo decimonónico, donde jefes políticos con clientelas armadas, coacción electoral y mediación violenta entre el Estado central y la periferia territorial eran la forma normal del poder local desde las guerras civiles del siglo XIX y La Violencia de los años cuarenta. Una segunda tensión opone la lectura de captura unidireccional —paramilitares que penetran el Estado— a la evidencia de interdependencia: algunos políticos y élites locales buscaron activamente a los paramilitares para conseguir sus propósitos electorales, y el Estado mismo subcontrató históricamente el monopolio de la violencia a coaliciones regionales. Una tercera tensión concierne a la capacidad regenerativa del sistema: a diferencia del Proceso 8.000, que fracturó parcialmente la legitimidad presidencial, la parapolítica fue absorbida sin desestabilizar el régimen, los condenados transfirieron su caudal político a herederos familiares, y el 'Cartel de la Toga' operó para diluir responsabilidades; esto revela un sesgo estructural del régimen que premió ciertas violencias —la de derecha, funcional a las élites— y castigó otras, siendo el exterminio de la Unión Patriótica la condición de posibilidad de la consolidación parapolítica en los mismos territorios.
Ensayo completo
La lectura
En marzo de 2006, tres meses después de que las Autodefensas Unidas de Colombia completaran su desmovilización oficial bajo la Ley de Justicia y Paz, comenzó a filtrarse en la prensa el contenido del computador incautado a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, jefe del Bloque Norte. Lo que salió de allí, sumado al Pacto de Ralito —documento firmado el 23 de julio de 2001 en Santa Fe de Ralito, corregimiento de Tierralta, Córdoba, por más de cincuenta senadores, representantes, gobernadores y alcaldes de la Costa Caribe junto a los comandantes paramilitares—, obligó a la Corte Suprema de Justicia a abrir investigaciones contra un tercio del Congreso. Ese destape judicial recibió el nombre de parapolítica: la constatación de que la clase dirigente de amplias zonas del país no solo había convivido con los ejércitos privados de derecha, sino que había pactado con ellos, por escrito, "refundar la patria". La pregunta que abrió esa evidencia, y que sigue abierta, es qué clase de fenómeno fue eso: si una infiltración criminal del Estado democrático o la mutación armada de un patrón mucho más antiguo de poder regional. De la respuesta depende cómo se juzga no solo un episodio, sino la naturaleza del régimen político colombiano.
Qué se juega en la pregunta
Nombrar el fenómeno no es un ejercicio semántico. Si la parapolítica fue corrupción —soborno, cooptación episódica, funcionarios comprados—, entonces el Estado colombiano fue víctima de un actor externo que lo penetró y del que puede depurarse mediante procesos judiciales y controles administrativos. Si fue captura del Estado, se trata de algo más denso: una relación estructurada en la que actores privados armados moldean la producción de decisiones públicas y capturan rentas fiscales a escala territorial. Si fue paracracia —régimen paralelo con pretensión de sustituir funciones estatales—, entonces hubo, en regiones enteras, un poder efectivo distinto del constitucional. Y si el fenómeno debe entenderse como refundación de la patria, categoría que los propios firmantes de Ralito usaron, entonces lo que ocurrió fue un proyecto político con vocación de reconstituir el orden, no una desviación de él.
Cada uno de esos nombres implica un diagnóstico distinto sobre la continuidad histórica del poder en Colombia. El más cómodo para la clase política sobreviviente es el primero: manzanas podridas, escándalo lamentable, correctivos ya aplicados. El más incómodo es el último, porque obliga a reconocer que la parapolítica no cayó del cielo en 1997 con la creación de las AUC, ni en 2001 con Ralito, sino que se apoyó en una arquitectura de dominación regional cuyas piezas venían montándose desde el siglo XIX.
Los términos del debate
La primera lectura sostiene que la parapolítica fue una novedad de captura: el paramilitarismo colombiano no fue solamente un proyecto contrainsurgente de baja intensidad, sino una estrategia estable de poder político con anclaje territorial. Esta tesis, defendida entre otros por Claudia López, León Valencia y Mauricio Romero, encuentra su prueba dura en la existencia misma del Pacto de Ralito y en la construcción deliberada de una bancada parlamentaria propia. Las AUC aprovecharon la proliferación de partidos habilitada por la Constitución de 1991 —Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, Moral, Mipol, Equipo Colombia, Apertura Liberal— para armar una representación política con marca. No compraron congresistas: construyeron congresistas.
La segunda lectura relativiza esa novedad. Francisco Gutiérrez Sanín y Gustavo Duncan, así como una tradición más antigua encarnada por Alejandro Reyes Posada, insisten en que lo ocurrido entre 1997 y 2006 es la actualización mafiosa —con narcotráfico como acelerador— de un patrón de larga duración. En Colombia, los jefes políticos con clientelas armadas no son un invento de las AUC: son la forma normal del poder local desde que existen los partidos. El gamonal —equivalente colombiano del cacique— fue durante el siglo XIX y buena parte del XX la figura que articulaba comerciantes, letrados y burócratas pueblerinos, y con quien el Estado central negociaba porque no tenía cómo desplazarlo. Las guerras civiles del siglo XIX hicieron indistinguibles las prácticas electorales de las bélicas: ganar una elección y ganar una batalla eran, en Cundinamarca y Boyacá, operaciones del mismo repertorio. Durante La Violencia de los años cuarenta y cincuenta, hacendados y terratenientes obligaron a campesinos a firmar actas de conversión de partido —los "recalzados"— y los gamonales ubicaron a los desplazados en los predios que dejaban los del partido contrario. Coacción y voto estaban trenzados mucho antes de que existieran las AUC.
Una tercera lectura, más específica, apunta a la Costa Caribe. Sucre, Córdoba, Magdalena, Cesar y La Guajira no fueron zonas cualesquiera del país: fueron el epicentro geográfico de la parapolítica judicializada. Y no por azar. El clientelismo bipartidista costeño —con sus casas políticas hereditarias, su recaudo privado de impuestos, su manejo faccional de las regalías— llevaba décadas funcionando como una máquina de mediación entre el Estado central y unos territorios donde la hegemonía conservadora del centralismo de 1886 nunca se había traducido en presencia institucional efectiva. La parapolítica costeña no fue una ruptura sino una mutación: el mismo circuito de intermediación, ahora armado y narcotizado.
Estas tres lecturas no son incompatibles. Lo que discuten es la proporción entre novedad y continuidad. Pero hay dos tesis adicionales, más finas, que el debate ha ido decantando. Una: lo ocurrido no encaja bien ni en el modelo del narco-Estado mexicano —donde los carteles colonizan estructuras estatales para proteger el negocio— ni en el clientelismo armado peruano bajo Fujimori —donde el vértice del Estado instrumentaliza fuerzas irregulares para su propia reelección—. En Colombia, la dirección del vector es distinta: un movimiento desde la periferia territorial hacia el centro político, con élites regionales que llevan consigo a sus socios armados al Congreso, no un centro que despliega violencia hacia abajo. Y dos: el sistema absorbió el escándalo. A diferencia del Proceso 8.000, que fracturó parcialmente la legitimidad de la presidencia de Ernesto Samper y dejó una cicatriz en el sistema, la parapolítica se procesó judicialmente sin que el régimen se desestabilizara. Esa capacidad de absorción dice algo sobre el sistema mismo.
Lo que muestra la evidencia
El material acumulado por la justicia, el periodismo y la investigación académica desde 2006 permite entrar en el detalle. En el Magdalena, once municipios privatizaron el recaudo de impuestos locales en favor de la fundación Mujeres de la Provincia, fachada legal del Bloque Norte, que además firmó con Electricaribe un contrato para recaudar facturas con una comisión de hasta el veinte por ciento de las sumas pagadas. Eso no es soborno: es sustitución funcional del Estado por una estructura paramilitar operando con papelería, facturas y firmas. En 2003, la red clientelar de Jorge 40 se benefició de contratación estatal en salud, manejo de basuras y obra vial en Atlántico, Magdalena y Cesar.
En el Casanare la lógica fue otra. El Bloque Centauros no impuso alcaldes desde el mando militar: adhirió al liderazgo de una alcaldesa local y, a partir de esa adhesión, participó en el saqueo de las regalías petroleras. Bajo órdenes de alias Diego Vecino, la cooperativa COOPSABANA fue convertida en un holding de empresas de fachada. Por ese circuito pasaron, vía contratación pública, los presupuestos municipales de regalías del petróleo. No hubo asalto: hubo administración compartida.
En materia electoral, el Pacto de Pivijay (2001) y el Pacto del Magdalena (2002) sectorizaron municipios enteros en favor de candidatos al Congreso alineados con el Bloque Norte. El senador Dieb Maloof y el representante José Gamarra fueron beneficiarios directos de esa sectorización. No fue compra puntual de votos: fue una asignación territorial pactada entre alcaldes, diputados y comandantes armados sobre qué municipios votarían por quién.
El Pacto de Ralito lleva la lógica un paso más allá. Su lenguaje —"refundar el Estado", "construir una nueva Colombia"— no es de mafia buscando protección: es de proyecto político con vocación constituyente. Que lo hayan firmado más de cincuenta funcionarios electos junto a los máximos comandantes de las AUC, dos años antes de que se iniciaran las negociaciones de desmovilización con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, es la prueba documental más clara de que la relación entre élites regionales y paramilitares no fue de infiltración sino de sociedad declarada. Una sociedad que operaba con firmas, con logística, con acuerdos escritos sobre reparto territorial y ambición refundacional.
La evidencia también muestra la simetría económica del arreglo. Los paramilitares nunca dependieron financieramente del Estado: se financiaron con narcotráfico, extorsión, secuestro, cultivos ilícitos y drenaje de rentas municipales. El Frente Isidro Carreño cobraba desde comienzos de 2004 cien mil pesos por kilo de base de coca al productor y cuatrocientos mil al comprador, y proveía el combustible para la producción. Desde 2002, alias Nicolás del mismo frente ordenó a los productores venderle la cocaína directamente al grupo, y los retrasos en el pago se castigaban con la muerte —el asesinato del campesino Grismaldo Medina en Santa Helena, el 13 de abril de 2003, fue una advertencia pública—. Esa independencia financiera es analíticamente crucial: las AUC no eran clientela del Estado ni beneficiarias pasivas de rentas oficiales, sino un actor con acumulación propia que negociaba con las élites políticas desde una posición de recursos. El arreglo no era, por eso, de subordinación en ninguna dirección, sino de interdependencia.
Y sin embargo, esa interdependencia se apoyó en una arquitectura institucional que el Estado colombiano proveyó. Entre 1965 y 1989 el paramilitarismo fue legal, amparado por una ley de 1968 que autorizaba grupos de autodefensa y por el marco del Estatuto de Seguridad Nacional de 1978. Su ilegalización durante la presidencia de Virgilio Barco no impidió que los grupos continuaran existiendo. Las Convivir, creadas por el decreto 356 del 11 de febrero de 1994, fueron formalmente cooperativas de vigilancia rural con respaldo estatal, pero en la práctica actuaron como organismos de intimidación en cuyo entorno florecieron organizaciones paramilitares: Gonzalo Barrera dirigió las Convivir Los Guayacanes y Siete Cueros en Cesar y Caldas; Juan Prada, alias Juancho, encabezó la Convivir Los Arrayanes. Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia, fue su principal auspiciador. El paramilitarismo, en la tesis de Gutiérrez Sanín, no fue un fenómeno exógeno al Estado sino su cara delegada: una estrategia mediante la cual el Estado subcontrató el monopolio de la violencia a coaliciones regionales.
A esto se sumó un tercer ingrediente: la descentralización fiscal iniciada en los años ochenta y profundizada por la Constitución de 1991, que trasladó recursos presupuestales significativos al nivel local sin construir simultáneamente la institucionalidad de control fiscal y político que habría hecho falta. Alcaldías y gobernaciones se volvieron botines. Jaime Castro y otros promotores de la descentralización la concibieron como mecanismo de paz, un modo de abrir espacios democráticos para incorporar a los actores armados a la vida pública. La realidad, como observó Alejandro Reyes ya en 1991, fue la opuesta: la periferia territorial se convirtió en escenario de captura por el narcotráfico primero, y por el paramilitarismo después. Los recursos locales que la descentralización democratizó sobre el papel fueron los que hicieron rentable, en la práctica, la conquista armada de alcaldías.
Junto a estos habilitantes hubo un facilitador brutal: la destrucción de la alternativa. La Unión Patriótica, nacida en mayo de 1985 al amparo de los Acuerdos de La Uribe entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, fue exterminada entre 1984 y 2002 con articulación documentada entre paramilitares e inteligencia del Ejército, con planes específicos como el Baile Rojo y el Plan Esmeralda en Llanos Orientales y Caquetá. La masacre de Segovia del 11 de noviembre de 1988 fue represalia directa por los resultados electorales que la UP había obtenido en el Alto Nordeste Antioqueño en marzo de ese año. Cuando la parapolítica se consolidó en la Costa Caribe y los Llanos, el actor político que habría podido disputarle esos territorios con un programa redistributivo ya había sido físicamente eliminado. El exterminio de la UP no es un capítulo paralelo a la parapolítica: es su condición de posibilidad.
La respuesta
La categoría que mejor captura lo ocurrido no es corrupción y tampoco paracracia en sentido pleno. Es captura del Estado, entendida en un registro específicamente colombiano: la formación, en regiones enteras, de una relación estructurada de interdependencia asimétrica entre élites políticas regionales y grupos armados privados, que produce decisiones públicas, asigna recursos fiscales y organiza la representación electoral, y que se apoya sobre una arquitectura institucional —descentralización sin control, legalización histórica del paramilitarismo, Convivir— provista por el propio Estado. Esa captura no fue infiltración de afuera hacia adentro: fue producida desde dentro del sistema político, por sus élites regionales, en alianza con actores armados que ellas mismas ayudaron a construir o cuya expansión toleraron cuando les resultó funcional.
Corrupción es insuficiente porque implica una transacción episódica sobre una estructura sana. Paracracia sobreestima el carácter alternativo del poder paramilitar: las AUC no querían sustituir al Estado, querían tomarlo. Y refundación de la patria —aunque es el término que usaron los firmantes de Ralito— sobreestima la coherencia programática del proyecto: no había, más allá del anticomunismo, un modelo de sociedad articulado. Lo que hubo fue un pacto de reparto: los paramilitares aportaban coacción territorial, control electoral por municipios y financiación narcotizada; las élites regionales aportaban legitimidad institucional, acceso a la contratación pública y representación en el Congreso. Cada parte necesitaba a la otra, pero ninguna la dominaba enteramente. En Casanare, la iniciativa parecía correr desde la alcaldesa hacia el Bloque Centauros; en el Magdalena de Jorge 40, el vector se sentía más armado que civil. La proporción variaba por territorio.
Esta captura fue, además, la mutación armada de un patrón secular. No es cierto que la parapolítica sea un producto puro del neoliberalismo o de la Constitución de 1991: el gamonalismo costeño y llanero llevaba más de un siglo articulando violencia y voto a través de redes hacendiles multiclasistas donde patronazgo y coerción eran las dos caras de la misma moneda. Lo que hizo la parapolítica fue escalarlo tecnológica y territorialmente. Los tres cambios de fondo entre el gamonalismo clásico y su versión de los años 2000 fueron el narcotráfico como fuente de acumulación autónoma, la descentralización fiscal como pool de recursos capturables, y la doctrina paramilitar como ejército privado profesionalizado. Sobre esa base nueva, la lógica social permaneció: un poder regional que se sostiene articulando coacción y clientela, y que negocia con el centro sin someterse a él.
Que el desplazamiento forzado fue producto de un proyecto político elitario formalmente pactado merece afirmación categórica. Los mecanismos del despojo no fueron caos ni barbarie: en el sur de Córdoba, Urabá y el Magdalena Medio, el desplazamiento siguió las rutas de compras masivas de tierra por narcotraficantes y grupos paramilitares desde la primera mitad de los noventa. Entre 1983 y 2006, en Urabá, sur de Córdoba, Bajo Atrato y Darién se registraron 6.617 casos de desaparición forzada con 7.976 víctimas; a los grupos paramilitares se atribuyen 2.413 de esos casos y 3.211 personas, la gran mayoría entre 1997 y 2006. En Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato, entre 1991 y 2002, el total de víctimas ascendió a 1.103.385 personas, con más de un millón desplazadas. Ese volumen no se explica por accidentes tácticos: exigía planificación, financiación y una comprensión política del territorio. Masacres como las de Mapiripán en julio de 1997 —momento en que el paramilitarismo pasó del accionar expedicionario al emplazamiento territorial—, El Aro, La Gabarra, El Salado y El Naya fueron hitos fundacionales del dominio regional, no exabruptos.
Que el sistema fue más permeable a la derecha armada que a la izquierda armada tiene, además, sustento estadístico difícil de eludir. Antes de 1995 no existían cifras oficiales sobre paramilitares dados de baja o encarcelados por el Estado colombiano. La plausibilidad de que hubieran sido combatidos con la misma intensidad que la guerrilla era, sencillamente, cero. La misma UP que fue exterminada por hacer política electoral obtuvo, en 1986-1988, dos senadores propios, tres representantes a la Cámara, veintinueve diputados, mayoría en treinta concejos municipales y veinticuatro alcaldías. No cayó por su fracaso; cayó por su éxito. Los partidos de influencia paramilitar, en cambio, se sentaron en el Congreso, y cuando fueron judicializados sus caudales electorales fueron transferidos a familiares y allegados —primos, esposas, esposos— con éxito documentado en varias regiones. El sesgo no fue accidental: fue estructural.
Lo que queda abierto
Hay flancos que la evidencia disponible no cierra. El primero es la geometría exacta de la asimetría entre políticos y paramilitares en cada territorio: cuánto pesó en Sucre la iniciativa de Álvaro Alfonso García Romero —concejal de Sincelejo, alcalde de Ovejas, diputado, tres veces representante y tres veces senador, judicialmente comprobado como partícipe activo de la estrategia paramilitar— frente a la de comandantes como Salvatore Mancuso o los hermanos Castaño. La imagen general de interdependencia es sólida; el reparto de agencia caso por caso sigue siendo materia de investigación.
El segundo es la profundidad real de la responsabilidad estatal. Que el DAS bajo Jorge Noguera Cote entregara información secreta a Jorge 40 y que el jefe de informática Rafael García Torres, junto al secretario general Gian Carlo Auque, borrara expedientes de narcoparamilitares está documentado. Que el llamado Cartel de la Toga dilatara procesos y alterara evidencias también. Cuánto de esto obedeció a decisiones individuales corruptas y cuánto a orientaciones institucionales más profundas es un debate político vivo, con implicaciones sobre la responsabilidad de los gobiernos del período.
El tercero es el balance judicial, y aquí conviene detenerse porque es donde el sistema mostró a la vez su alcance y su límite. Hasta el corte disponible, sesenta parapolíticos habían sido condenados. La Unidad Nacional de Fiscalías para Justicia y Paz había compulsado 12.869 copias hasta diciembre de 2012. La aritmética, sin embargo, esconde el problema real: buena parte de los condenados pertenecía a partidos que desaparecieron o mutaron transfiriendo el caudal a herederos —primos, esposas, esposos—, de modo que el castigo individual convivió con la supervivencia intacta de las maquinarias. La reparación por parte de los congresistas condenados ha avanzado muy poco. Las confesiones de los comandantes paramilitares en versiones libres fueron precarias, funcionales a la aspiración de pena reducida más que a la reconstrucción de la verdad. Y el efecto agregado es paradójico: la parapolítica se procesó pero no se saldó, se judicializó pero no se depuró. Que el sistema haya podido absorber el escándalo sin fracturarse —a diferencia del Proceso 8.000, que sí golpeó la legitimidad presidencial en 1995 tras las revelaciones de Santiago Medina el 12 de septiembre— es, quizá, el dato más elocuente. Absorción no es lo mismo que transformación. Dos décadas después, sigue siendo incierto si el sistema se corrigió o simplemente aprendió a convivir con lo que se le mostró.
Lo que la parapolítica dejó claro es que en Colombia el nexo entre poder armado y representación política no fue un episodio: fue una arquitectura. Y esa arquitectura tuvo albañiles con nombre propio, planos formalmente firmados en Ralito, y una tradición constructiva que arranca en las guerras civiles del siglo XIX. Llamarla infiltración es concederle al Estado una inocencia que la evidencia no le devuelve.
Archivo documental
Documentos usados en esta lectura
69 documentos · 82 fragmentos de referencia01The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia: Struggles of the National Peasant Association, 1967-1981Leon Zamosc · 1986 · p. 2351 fragmento
[1]"Colombia," pp. 102—124. 22. The Colombian term gamonal is roughly equivalent to cacique in other Latin Amer- ican countries; it means a political boss at the local or regional level. On the pattern of bipartisan politics during the nineteenth century, see P. Oquist, Violence, pp. 59-62. 23. For a general discussion…
p. 235
02Counting the Dead: The Culture and Politics of Human Rights Activism in ColombiaWinifred Tate · 2007 · p. 551 fragmento
[2]generation to the next. Strong clientalist relationships led to intense rural and lower-class identi- fication with parties, as the vertically linked networks of privilege and patronage were the only channel connecting remote rural regions to national politics. One of the few significant differences between the two…
p. 55
03Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 49, 1172 fragmentos
[3]gamonal regional, que articulaba «sus intereses con los de letrados, comerciantes y burócratas pueblerinos, y conformaron poderes locales con los que el Estado [central] se vio obligado a negociar» 71. De esta manera, el control del poder político y del Estado territorial se originaba en estas redes de base hacendil,…
p. 49
[23]en este entramado de corrupción. Una pista para develar dicho entramado son los pactos electorales entre políticos regionales y jefes paramilitares en los municipios magdalenenses de Chivolo y Pivijay. En 2000 se suscribió el Pacto de Chivolo, que le dio vida el movimiento político de Jorge 40. El movimiento fue…
p. 117
04Caminos de guerra, utopías de paz (Colombia: 1948-2020)Gonzalo Sánchez Gómez · 2021 · p. 621 fragmento
[4]democráticas contenidas en la Constitución, especialmente las relacionadas con los procesos de descentralización económica y administrativa. 22 Continuando con el ejercicio comparativo de Marie Danielle Démelas, que excluye a Colombia dada su atipicidad, y en el ejercicio de caracterizar el contraejemplo, se podría…
p. 62
05Historia del sindicalismo en Colombia, 1850-2013Miguel Urrutia Montoya · 2016 · p. 241 fragmento
[5]en cuyas filas militan indistintamente explotadores y explotados, campesinos y letrados, terratenientes y siervos rurales, todos con la esperanza de hacerse al poder central [énfasis con mayús- culas iniciales en el original] y lucrarse de él de un modo exclusivo y ennoblecedor para constituir una estirpe fugaz e…
p. 24
06"Patrones" y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012)Absalón Machado Cartagena, John Jairo Rincón García · 2014 · p. 2081 fragmento
[6]políticos, engrosan la base electoral de dichos hacendados y terratenientes, manteniéndo- los en el poder hasta la década del setenta (Atehortúa, 1995). Además del desplazamiento forzado de la población, las tran- sacciones de tierras y la regulación de negocios, este proceso se basó también en la coerción para…
p. 208
07Historia de Colombia. La Nueva Granada y los Estados Unidos de Colombia IIJavier Ocampo López, Marco Palacios, Germán Arciniegas, Gonzalo Hernández de Alba y otros (obra colectiva) · p. 531 fragmento
[7]en la vida nacional. Por ejemplo, la region de Santander en las antiguas provincias de Socorro y Pamplona, se revela como un area mer- cantil de pequenos comerciantes, artesanos y agri- cultores, en su mayoria blancos y mestizos; es una region de intensa vida urbana y un relativo desarro- llo econémico. En la regi6n…
p. 53
08Historia doble de la Costa. Tomo 2: El Presidente NietoOrlando Fals Borda · 2002 · p. 1401 fragmento
[8]del poder urbano hasta saturar poco a poco la campiña, la sabana y el playón. De manera muchas veces irracional, los facciosos quisieron abrir aún más la distancia entre el país político y el país nacional, y hacer pagar a justos por pecadores —el campesinado inerme— en la refriega bipartidista. Esto lo veremos…
p. 140
09La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 85, 892 fragmentos
[9]embargo, las redes cliente- lares en Colombia no son homogéneas, pues en la práctica el clien- telismo se adapta a los diferentes retos que le implanta el sistema político. En ese orden de ideas, en este apartados se muestran las diferentes manifestaciones históricas en las que se ha representa- do el sistema político…
p. 85
[10]una gran bancada en el Congreso que les permitiera ventilar sus intereses en los órganos de decisión de la Nación. Para tal efecto, les fue útil la proliferación de partidos políticos promovida por la Constitución de 1991. De hecho, para el momento en que las AUC estaban unificadas, ya existían varios movimientos…
p. 89
10El desplazamiento en Colombia: Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez (editoras) · 2005 · p. 2691 fragmento
[11]intensiva. Las prácticas de dominación generalizado se fundamentan en el terror que impone su dispositivo militar, se estabi- liza con el dispositivo de inteligencia y vigilancia rural y urbana, y se consolida con la adquisición y/o alianza con los dueños de los centros económicos, generadores de algún empleo en la…
p. 269
11El desplazamiento en Colombia. Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez · 2005 · p. 2691 fragmento
[12]intensiva. Las prácticas de dominación generalizado se fundamentan en el terror que impone su dispositivo militar, se estabi- liza con el dispositivo de inteligencia y vigilancia rural y urbana, y se consolida con la adquisición y/o alianza con los dueños de los centros económicos, generadores de algún empleo en la…
p. 269
12Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo II. El Frente Capital y el declive del Bloque Centauros de las AUCDaniel Ricardo Martínez Bernal (coordinador), Lorena Camacho Muete, Esteban Caviedes Alfonso, Laura Bibiana Escobar García, José María Gutiérrez Sierra, Daniela Moreno Arriola, Daniel Augusto Serrano Corredor, Juan Manuel Villarraga Beltrán · 2021 · p. 931 fragmento
[13]los políticos que eran los que manejaban eso, comentaban. Ellos iban a hacer reuniones, reunían a la gente y les hablaban para que votaran por ciertas personas. Entr.: Por ejemplo ¿para gobernador o presidente escuchó algún tipo de orden? Edo.: Lo único que yo escuché que tenían que votar era por el alcalde de San…
p. 93
13Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 1071 fragmento
[14][los paramilitares]. Supuestamente hacían obras sociales con eso; pero nunca las vimos. Además, a los empleados de la Alcaldía nos quitaban el 10 % del sueldo. Ellos decían que no, que porque en tal municipio había que hacer arreglos o que para comprar unos equipos para el hospital. 15 Esta privatización de los…
p. 107
14Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 708, 9692 fragmentos
[15]paramilitares para el desarrollo de campañas electorales y el ejercicio de cargos públicos y cargos de elección popular, logró penetrar en importantes sectores del Estado; fue muy impor- tante su incidencia en el ámbito local y regional, y también alcanzó niveles del poder central en la rama legislativa. Los grupos…
p. 969
[58]y el encarcelamiento judicial de los 2423 Prensa Cajar, «Masacre de Caño Sibao». 2424 Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Reiniciar), «Base de datos, Víctimas identificadas UP 1984-2006». 2425 Testimonio de Carlos Alfonso Velázquez, coronel (r) del Ejército y catedrático universitario…
p. 708
15La masacre de Bahía Portete: Mujeres Wayuu en la miraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Pilar Riaño A. (Relatora), Jesús Abad Colorado L., María Luisa Moreno R., María Emma Wills O. · 2010 · p. 1151 fragmento
[16]en los arreglos políticos departamentales, que ciertos caciques políticos o familias poderosas busquen la entrada de los paramilitares con miras a ci- mentar sus poderíos políticos o alterar poderes sociales y políticos emergentes. Lo que sí queda claro es que los paramilitares tienen entre sus metas controlar las…
p. 115
16Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 149, 1602 fragmentos
[17]diseñado, para enriquecer las arcas del grupo armado y las personales. En el Casanare, donde operó el Bloque Centauros, luego de librar una cruda guerra en contra del grupo paramilitar local li- derado por Hernán Buitrago, los comandantes paramilitares no fueron el centro de las redes sociales. Al contrario,…
p. 149
[31]y ejes explicativos sobre el paramilitarismo en los informes del CNMH y en la producción académica fue un fenómeno exclusivamente “costeño” o “paisa”. También figuran departamentos como Tolima, Caldas, Norte de Santander y Boyacá. 4. Si bien las acciones judiciales emprendidas por la Corte Su- prema de Justicia, en…
p. 160
17Mayorías sin democracia. Desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia, 2002-2009Mauricio García Villegas, Javier Eduardo Revelo Rebolledo · 2009 · p. 501 fragmento
[18]del régimen político colombiano (1956-2008) unos a otros a través de redes de padrinazgo. Pero eso no sería tan grave si el clientelismo se quedara enfrascado en su casca- rón electoral. Pero no es así. En la relación clientelista, el ne- gocio privado se sobrepone a la representación política y a la relación pública…
p. 50
18Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte · 2009 · p. 4831 fragmento
[19]sinatos selectivos sobre víctimas con relevancia política en la población, ma- sacres, reclutamiento forzoso, etc. Captura del Estado Según Garay (2008), existen varias formas en las que los grupos, en este caso armados ilegales, pretenden capturar o reconfigurar las funciones estatales. Esta captura puede ser a…
p. 483
19La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 118, 1272 fragmentos
[20]Barre- ra", figuraba como líder de dos CONVIVIR 66 ubicadas en Cesar y Caldas: Los Guayacanes y Siete Cueros; y Juan Prada, alias "Juancho" Prada, la CONVIVIR Los Arrayanes (Ávila, 2010, p. 116). 65. "Convivir y paras: amor a primera vista", Semana, 14 de abril de 2007. 66. Creadas en 1994 por el decreto 356 del 11 de…
p. 127
[28]fue secuestrado por el frente "Gustavo Palmesano Ojeda" del ELN Y muerto en un combate con el Ejército en la Sierra Nevada de Santa Marta, lo entierran como NN guerrillero muerto en combate y apare- ce en la foto con un arma de combate; se trataba de un falso positivo. Su primo Juan Carlos Vives Menotti era el…
p. 118
20No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 508, 5152 fragmentos
[21]decenas de políticos, empresarios, militares, especialmente de la región Caribe, relacionados con pagos, apoyos electorales y contratos. El contenido se conoció parcialmente a través de la Revista Semana en septiembre de ese año y se convirtió en un escándalo político nacional. Esta era la tercera vez que la justicia…
p. 508
[34]funcionarios involucrados desviaban investigaciones y dilataban procesos, conseguían y utilizaban información privilegiada, retardaban trámites, alteraban evidencias y res- taban credibilidad a testigos a través de medios de comunicación. Todo para favorecer a quienes pagaban por estos «servicios», para obtener…
p. 515
21Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 1441 fragmento
[22]significativos de las AUC junto con más de 50 políticos entre senadores, congresistas, alcaldes y gobernadores cuyo último propósito no era otro que el refundar el Estado. El nombre viene del corregimiento de Santa Fe de Ralito, en Tierralta, Córdoba, y donde toman especial relevancia muchos nombres de la política…
p. 144
22A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 831 fragmento
[24]del senador y jefe del Partido Conservador Julio Manzur, Rodrigo Burgos de la Espriella; el ex alcalde de Chinú, Córdoba, y suplente a la Cámara de Represen- tantes, Luis Álvarez; el líder conservador, José de los Santos Negrete; el ex diputado conservador, Álvaro Cabrales Hodge; el director de la Corporación Autónoma…
p. 83
23Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 215, 2272 fragmentos
[25]violencia. 675 Entrevista 762 - VI - 00002. Lideresa social, mujer afrodescendiente, víctima d e desplazamiento forzado. 676 Entrevista 109 - VI - 00017. Periodista, testigo de homicidio. 677 Entrevista 811 - VI - 00004. Defensor de Derechos Humanos, víctima de amenaza y atentado al derecho a la vida. 227 El 23 de…
p. 227
[63]de los más ilustrativos al respecto. Un líder de este partido le dijo a la Comisión: «Allí se produjeron matanzas horribles. Allí fue asesinado el alcalde de Tibú, Tirso Vél ez […], el candidato más opcionado a la Gobernación de Santander […]. En la ciudad de Barrancabermeja, fue asesinado Leonardo Posada Pedraza,…
p. 215
24Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 24, 322 fragmentos
[26]de las AUC en el Congreso colombiano. Para 2001, “las AUC quizá alcanzaron a tener treinta mil hombres armados a su disposición en distintos bloques” (Acemoglu, Daron y Robinson, James, 2012, página 444). Estos mismos autores relatan un hecho relevante en los términos del fenómeno que posteriormente se conocería como…
p. 32
[37]guardar la debida correspondencia y ar- monía. Sin embargo, la decisión de la Corte Constitucional con- tenida en la Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006 de manera, a mi juicio equivocada, optó por otro camino. Aceptó declarar la inconstitucionalidad de algunas normas de la Ley 975 de 2005 que afectan el derecho a…
p. 24
25Los retos de la justicia transicional en Colombia. Percepciones, opiniones y experiencias 2008. Panorama cualitativo y cuantitativo nacional, con énfasis en cuatro regionesIris Marín Ortiz · 2009 · p. 721 fragmento
[27]del Es- tado, en la rama judicial y en los organis- mos de control. También han influido en la elección de cargos públicos en el nivel regional. De esta manera, la corrupción lo- cal que les sirvió de base para su llegada al Congreso ha podido, en algunos casos, re- troalimentar el poder y el control local. Al mismo…
p. 72
26Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 3141 fragmento
[29]de Sucre y Alcalde del municipio de Sucre; el ex Senador y ex Representan- te a la Cámara José María Conde Romero; la ex Representante a la Cámara Muriel de Jesús Benitorrevollo Balseiro; el ex Senador Jairo Enrique Merlano Fernández; y el Diputado de la Asamblea departamental de Sucre Nelson Stamp Berrío, entre…
p. 314
27Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 2611 fragmento
[30]contrincantes &%$. Fue así como, de la mano de la información del computador de “Jorge $) ” y de las declaraciones que hicieron los paramilitares a los medios antes de las versiones libres, se investigó por vínculos con el paramilitarismo a concejales, alcaldes, gobernadores, y a casi el +) % del Congreso. Las…
p. 261
28Herederos del mal. Clanes, mafias y mermelada. Congreso 2014-2018León Valencia, Ariel Ávila Martínez · 2014 · p. 1461 fragmento
[32]Parapolftica un roceso... p~sar a manos de Ia justicia inte,rnaci~nal C JUdiCia·l· de caracter nacional que puede Pag. 15.. orporaCion Nuevo Area Iris. Bogota. 2009. 254. Ariel Avila. 294 Los senadores Despues de las capturas la gran mayoria de los parapoliticos apo- yaron en las elecciones siguientes a familiares o…
p. 146
29¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 107, 1802 fragmentos
[33]Abandonadas Forzosamente. De estas un total de 1761 han sido presentadas ante los jueces especializados en restitución. Adicionalmente, en la ruta étnica de restitución, se han ordenado medidas cautelares para amparar los 134. Camilo Sánchez y Rodrigo Uprimny, “Justicia transicional civil y restitución de tierras”,…
p. 180
[45]de 1997), 9A. 160 INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica En 1995 se fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU –, y en 1997 se dieron cita en un lugar de la región los jefes de nueve organizaciones paramilitares de distintos puntos de la geografía nacional para conformar las…
p. 107
30Fighting Monsters in the Abyss: The Second Administration of Colombian President Álvaro Uribe Vélez, 2006–2010Harvey F. Kline · 2015 · p. 1482 fragmentos
[35]the new criminal bands. Both of these phe- nomena support Valencia’s thesis. Po liti cal scientist Claudia López furnished a logical connection between this chapter and the next with her analysis of the hidden relationships that the Law of Justice and Peace found throughout the “legitimate” system. She describes the…
p. 148
[36]the new criminal bands. Both of these phe- nomena support Valencia’s thesis. Po liti cal scientist Claudia López furnished a logical connection between this chapter and the next with her analysis of the hidden relationships that the Law of Justice and Peace found throughout the “legitimate” system. She describes the…
p. 148
31Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 1971 fragmento
[38]proporción del territorio nacional. Para lograrlo recurrieron a diferentes modalidades de financiación —secuestro, extorsión, cultivos ilícitos, drenaje de rentas municipales— y se convirtieron en uno de los grupos insurgentes con mayor capacidad de financiación en el mundo (Rangel, 2001). Paralelo a los grupos…
p. 197
32Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 241 fragmento
[39]de la economía de guerra que hizo que nuestro conflicto armado fuera tan largo. Esta economía de guerra causó una independencia increíble de los GAI colombianos frente a las dinámicas internacionales de la guerra fría. Pero sobre todo fue la causa esencial de que el conflicto armado colombiano fuera tan largo. Una…
p. 24
33Breve historia económica de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 2017 · p. 2031 fragmento
[40]fiscal. Los recursos acopiados a nivel territorial se dupli- caron como participación en el producto interno bruto 204 Sfiíndic Kfiídficnerst pero los municipales se cuadriplicaron, lo cual les entregó importantes recursos públicos a unas administraciones municipales así fortalecidas. La tributación municipal ha…
p. 203
34El modelo paramilitar de San Juan Bosco de La Verde y ChucuríÁlvaro Villarraga Sarmiento, Camilo Ernesto Villamizar Hernández · 2019 · p. 2152 fragmentos
[41]protegerlos y vigilar los cultivos y laboratorios. Desde 2002 Nicolás les ordenó a los productores que les vendieran la cocaína directamente al grupo paramilitar. Cualquier demora en los pagos era castigada con la muerte, como le sucedió al campesino Grismaldo Medina en Santa Helena: “El 13 de abril de 2003 Medina fue…
p. 215
[42]protegerlos y vigilar los cultivos y laboratorios. Desde 2002 Nicolás les ordenó a los productores que les vendieran la cocaína directamente al grupo paramilitar. Cualquier demora en los pagos era castigada con la muerte, como le sucedió al campesino Grismaldo Medina en Santa Helena: “El 13 de abril de 2003 Medina fue…
p. 215
35El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 2121 fragmento
[43]con información de prensa nacional y regional, 2020. Gráfico 13. Enfrentamientos y combates entre grupos armados legales e ilegales en la frontera suroriente, 1994-2006 Fuente: CNMH-DAV, elaboración propia con información de periódicos nacionales y regionales, 2020. 62,26 3. TRAYECTORIA Y ASPECTOS ORGÁNICOS DEL BLOQUE…
p. 212
36Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015). Trayectorias, rupturas y continuidadesTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera Ramírez, Carlos Andrés Hoyos, Javier Benavides Torres, Jefferson Corredor Uyaban, Mateo Morales · 2016 · p. 2431 fragmento
[44]de la coca en un momento en el que el cultivo se había generalizado y estaba controlado por el grupo guerrillero; y ii) consolidar un corredor estratégico que comunicara el bajo Cauca, parte del Magdalena Medio e, incluso, el Catatumbo, con las salidas al mar por el Golfo de Urabá y la zona costanera de Córdoba. Como…
p. 243
37La maldita tierra. Guerrilla, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento de CesarCésar Molinares Dueñas, Nathan Jaccard · 2016 · p. 431 fragmento
[46]enviados a Cesar por el ganadero cordobés Sal- vatore Mancuso, cumplían órdenes de René Ríos, alias Santiago Tobón y del exguerrillero Baltazar Mesa Durango (Verdadabier- ta.com, 22 de agosto de 2013, “La historia del “Juan Andrés Ál- varez””). En 1996 el paramilitarismo iniciaba una expansión sin precedentes bajo la…
p. 43
38Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, CatatumboYamile Salinas Abdala, María Fernanda Pérez Trujillo, Juan Pablo Luque, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 851 fragmento
[47]reclama gestionar acuerdos de paz con los Frentes Libardo Mora Toro y Ramón Gilberto Barbosa Zambrano, disidentes del proceso de paz con el EPL, en 1991 67. 67 Ver: Bluradio.com, 2015, Iniciar diálogos con disidencia del EPL, piden personeros del Catatumbo y Verdad Abierta.com, 2014, En Catatumbo reclaman mesa con…
p. 85
39Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1411 fragmento
[48]Gráfica 1. Desplazamiento forzado en Colombia Fuente: Elaboración propia, con base en el Registro Único de Víctimas. En el mapa 10 se puede observar el comportamiento regional del desplazamiento en la población rural no étnica, como una aproximación a lo campesino, por periodos, dividido por quinquenios a partir de…
p. 141
40Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 2471 fragmento
[49]desplazadas abandonaron 92.047 hectáreas en el departamento 184. Las subregiones antioqueñas con mayor despojo, según funcionarios de Acción Social de Antioquia, son Urabá, Magdalena Medio y bajo Cauca 185. De las personas que acuden a la Iglesia cuando son desplazadas y manifiestan haber perdido tierras entre los…
p. 247
41Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo ILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · 2022 · p. 3751 fragmento
[50]reportada en el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, OMC, entre 1983 y 2006 se regis- traron 6.617 casos de desaparición forzada, en las que fueron victimizadas 7.976 personas en las subregiones analizadas en el presente informe. 2.413 de los casos cometidos (donde fueron…
p. 375
42Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1181 fragmento
[51]en Córdoba. 296 Entrevista 077-PR-00130. Coronel (r) del Ejército y catedrático universitario.; «Urabá: laboratorio de guerra y paz.», 19 de marzo de 2021. entre la violencia masiva y la resistencia (1991-2002) 119 Antioquia, el sur de Córdoba y el Bajo Atrato: entre 1991 y 2002, esta cifra ascendió a 1.103.385…
p. 118
43Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002Vladimir Melo Moreno (Relator); Andrés Fernando Suárez, Carmen Andrea Becerra (Correlatores); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2018 · p. 181 fragmento
[52]sin detenerse, dirigidos en específico contra sus militantes debido a su identidad política. Fue genera- lizada porque se presentó en gran magnitud en todo el territorio nacional, con énfasis donde la dinámica de participación política de la UP fue más exitosa y en un extenso periodo de tiempo com- prendido entre 1984…
p. 18
44Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 841 fragmento
[53]esos hechos, le argumentaban a los miembros de la guerrilla que, pues, no tenían cómo pagar, pues ellos no generaban, pues, unas acciones en contra [específicamente] de esas familias. Al parecer, les hacían como un estudio socioeconómico a dichas familias y otras sí se iban desplazadas» 228. El exterminio de la Unión…
p. 84
45Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997Centro Nacional de Memoria Histórica; Ronald Edward Villamil Carvajal, Vladimir Melo Moreno (relatores); Tatiana Rincón Covelli, Andrés Fernando Suárez (correlatores) · 2014 · p. 1821 fragmento
[54]adulto y desplazado), N° 14 (Hombre, adulto y desplazado); Equipo Nizkor & Derechos Human Rights, Tomo I, Op. Cit. 238 Base de Datos de Información Electoral para el Alto Nordeste Antioqueño (1978−1998), CNMH. 180 Silenciar la democracia. Las masacres de remedios y segovia 1982–1997 Línea de Tiempo N°. 7 Preferencias…
p. 182
46Medellín: memorias de una guerra urbanaMarta Inés Villa Martínez, Ana María Jaramillo Arbeláez, Jorge Giraldo Ramírez, Manuel Alberto Alonso Espinal, Sandra Arenas Grisales, Pablo Bedoya Molina, Luz María Londoño Fernández · 2017 · p. 1181 fragmento
[55]La izquierda: entre la política y las armas Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se produjo un hecho inesperado que iba en contravía de las predicciones de la izquier- da con respecto a un mayor endurecimiento del régimen político. In- mediatamente después de asumir la Presidencia el 7 de agosto de…
p. 118
47Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Región CentroComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1301 fragmento
[56]estos por Cundinamarca; en convergencia, fueron elegidos otros seis, entre estos, Julio Enrique Ortiz Cuenca por el Huila (Movimiento de Convergencia Liberal y UP) y Alfonso Gómez Méndez por el Tolima (Movimiento Político Tolima Libre, Liberal Oficial-U, Nuevo Liberalismo, Movimiento Amplio y Democrático-Rescatemos el…
p. 130
48Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1111 fragmento
[57]del Estado como su patrimonio natural» 373. El llamado «Baile Rojo» 374 y el «Plan Esmeralda» –este último desarrollado en la región–, tuvieron «la finalidad de perseguir y dar muerte a los miembros de la UP en los llanos orientales y Caquetá» 375, como lo denunció el asesinado congresista Henry Millán. La lucha…
p. 111
49Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1131 fragmento
[59]Socialista de los Trabajadores (PST), que se agruparon en torno a la idea de construir una propuesta política extra institucional y en oposición a los métodos que ellos mismos consideraban conciliatorios, como los diálogos de paz. Para mayor información revisar el caso sobre la persecución, estigmatización y…
p. 113
50El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 1952 fragmentos
[60]la UP. Enumeran una serie de hechos para sustentar la delicada situación de orden público, derivada, según argumentan, de la intención de las FARC por ejercer dominio en la población, para lo cual se sustentarían en el avance político de la UP. La carta es enviada como documento secreto y de manera anónima por “un…
p. 195
[61]la UP. Enumeran una serie de hechos para sustentar la delicada situación de orden público, derivada, según argumentan, de la intención de las FARC por ejercer dominio en la población, para lo cual se sustentarían en el avance político de la UP. La carta es enviada como documento secreto y de manera anónima por “un…
p. 195
51La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1971 fragmento
[62]militantes y simpatizantes, que no eran miembros de las FARC-EP –antes del Acuerdo de La Uribe, Meta, en 1984–, agraviados, desesperados e indignados por el exterminio que estaba sufriendo este partido y la falta de garantías para hacer política de oposición y 350 La Unión Patriótica fue concebida inicialmente como…
p. 197
52Una sociedad secuestradaCentro Nacional de Memoria Histórica; César Caballero Reinoso (relator); Gonzalo Sánchez G. (coordinador) · 2013 · p. 381 fragmento
[64]“La historia detrás del pacto de Ralito”, en VerdadAbierta.com, enero 18 de 2010, [en línea] http://www.verdadabierta.com/ las-victimas/2103-la-historia-detras-del-del-pacto-de-ralito 38 U NA SOCIEDAD SEC U ESTR ADA eran las 8:30 a.m., cuando un miembro de un grupo armado que le salió al paso le dijo: “Me lo tengo que…
p. 38
53Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo MagdalenaCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Rodrigo Arturo Triana Sarmiento, León Felipe Rodríguez Hernández, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 461 fragmento
[65]Seguridad Nacional de 1978. Por tanto, entre 1965 y 1989 el paramilitarismo fue legal aunque no lo eran los crímenes cometidos por estos grupos. Según Francisco Gutiérrez, este contexto histórico e institucional fue la cuna de las autodefensas colombianas. Estas surgieron directamente de la decisión y el patrocinio…
p. 46
54¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 1031 fragmento
[66]repositorio de esperanzas democráticas y protagonista de paros cívicos que transformaban la sociedad y ponían en cuestión los poderes estable- cidos, la "periferia" territorial se convirtió en escenario de captura del Estado, primero con el fenómeno del narcotráfico y después, en mucha mayor escala, con el del…
p. 103
55Una vida, muchas vidasGustavo Petro Urrego · 2021 · p. 2451 fragmento
[67]ni al Ejército, pero que tenían más · poder que esas dos instituciones juntas. Estos hombres se dedi- caron a la destrucción de todos aquellos que se asociaban con 249 la izquierda y con el progresismo antioqueño. También trans- formaron en instrumentos del narcofascismo la cultura, las uni- versidades y los centros…
p. 245
56Recentralisation in ColombiaJulián D. López-Murcia · 2022 · p. 801 fragmento
[68]mayors]. 7 Also, in Colombia local councils and deparmental assemblies are popu- larly elected since the nineteenth century. Still, they do not have legisla- tive, but administrative functions (Hooghe et al. 2016). The promoters of the decentralisation reforms claimed that these changes would help to bring the country…
p. 80
57Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 2252 fragmentos
[69]legitimi - dad (Kees Koonings y Kell-Ake Nordquist, 2005, octubre, página 12). Existe consenso en distintos sectores de nuestro país y del ámbito internacional en reconocer al paramilitarismo como un fenómeno complejo que no se puede reducir solo a considerar sus estructuras armadas. el paramilitarismo es un fenómeno…
p. 225
[70]legitimi - dad (Kees Koonings y Kell-Ake Nordquist, 2005, octubre, página 12). Existe consenso en distintos sectores de nuestro país y del ámbito internacional en reconocer al paramilitarismo como un fenómeno complejo que no se puede reducir solo a considerar sus estructuras armadas. el paramilitarismo es un fenómeno…
p. 225
58El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 1841 fragmento
[71]dirigió casi exclusivamente contra la guerrilla,1 7 5 sin prácticamente tocar;i los paramilitares. Sintomáticamente, antes de 1995 ni siquiera exis ten cifras oficiales sobre paramilitares dados de baja en combate o encarcelados, pese a su actividad simultáneamente muy violenta y pública. A juzgar por la información…
p. 184
59Historia contemporánea de Colombia (1920-2010)José Ricardo Arias Trujillo · 2011 · p. 1591 fragmento
[72]planes de quienes serían afectados por un proceso de paz exi- toso. Estos sectores —élites ganaderas y rurales, políticos locales tra- dicionales, etc.—, mediante una alianza estratégica con grupos de las Fuerzas Armadas y el narcotráfico, esperan neutralizar cualquier intento de paz con negociación, lo mismo que el…
p. 159
60Nos matan y no es noticia. Parapolítica de Estado en ColombiaRicardo Ferrer Espinosa, Nelson J. Restrepo A. · 2010 · p. 821 fragmento
[73]Iglesia Católica, le preguntó a Ernes- to Samper si no había visto todo el dinero que los narcotrafican- tes habían invertido en su campaña. A la pregunta retórica, el sa- cerdote respondía irónicamente a Samper que es imposible no ver un elefante cuando entra a tu casa y se pasea en la sala, frente a tu televisor.…
p. 82
61Democracia feroz. ¿Por qué la sociedad en Colombia no es capaz de controlar a su clase política?Gustavo Duncan · 2018 · p. 1891 fragmento
[74]las elecciones sino también la violencia. 139 En este capítulo y el siguiente participó Manuela Pantoja recolectando datos para la investigación. 140 Cargo en ese entonces denominado “ministro de Gobierno”. 141 Ver en el Diario El Tiempo el artículo “Horacio, el escudero de Samper”, publicado el 17 de marzo de 1996.…
p. 189
62Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 4291 fragmento
[75]preliminar que, en poco tiempo, podría determinar su absolución. El Departamento de Estado de Estados Unidos y la propia fiscal Janet Reno, colocaron en cuestión el pro- cedimiento. En una misiva fechada el 10 de mayo de 1994, Reno denunció la “negativa” del fiscal general de Colombia, Gustavo De Greiff, “a afirmar la…
p. 429
63Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 2331 fragmento
[76]de nacionalidad chilena, Guillermo Pallomari, vinculado al cartel de esta ciudad. Pallomari terminó en el programa de protección a testigos (“mtnessprotectionprogram ”) de los Estados Unidos. En los documentos se encontraron evidencias de recursos destinados a financiar distintas campañas electorales, incluida la de…
p. 233
64Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 471 fragmento
[77]ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social. Editado por Ariel, PNUD y DNE. 1997. Pp. 279 – 346. 19 Álvaro Camacho Guisado, (2001). “Narcotráfico, Coyuntura y Crisis: Sugerencias Para un Debate”. En Rafael Pardo (Ed.), El Siglo Pasado. Colombia: Economía, Política y Sociedad. Bogotá: Red Multibanca…
p. 47
65Una conversación pendienteJuan Manuel Santos, Ingrid Betancourt, Juan Carlos Torres · 2021 · p. 1271 fragmento
[78]mafia. A eso se unieron la serie de asesinatos que oscurecieron aún más el panorama nacional. El primero ocurrió en agosto de 1995: mataron de un balazo a quien había sido el conductor de Horacio Serpa durante la campaña presidencial. El hombre se dirigía a rendir una declaración ante el fiscal Valdivieso en el marco…
p. 127
66Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 1501 fragmento
[79]Inteligencia, DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), Uribe nombro a su amigo Jorge Noguera Cote, amigo este mismo del sanguinario cabecilla narcoparamilitar Rodrigo Tovar Pupo alias 'Jorge 40', y a quien Noguera entregaba datos secretos y daba listas de sindicalistas y opositores del gobierno para ser…
p. 150
67Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 1501 fragmento
[80]Inteligencia, DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), Uribe nombro a su amigo Jorge Noguera Cote, amigo este mismo del sanguinario cabecilla narcoparamilitar Rodrigo Tovar Pupo alias 'Jorge 40', y a quien Noguera entregaba datos secretos y daba listas de sindicalistas y opositores del gobierno para ser…
p. 150
68The Colombia Reader: History, Culture, PoliticsAnn Farnsworth-Alvear, Marco Palacios, Ana María Gómez López · 2017 · p. 4421 fragmento
[81]the leftist populism of Pablo Escobar’s public rhetoric. Paradoxically, the consoli- dation of a narco-paramilitary political strategy happened just as the best-known paramilitary group, the Castaño brothers’ auc, publicly committed itself to demobi- lization. Between 2003 and 2006, the administration of President…
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69Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 1911 fragmento
[82]crisis de legitimidad política que permitió la inextricable asociación de políticos clientelistas móviles y narcotraficantes globalizados, más móviles aún. Todo ello impulsado por la demanda mundial de marihua- na, cocaína, heroína y recientemente drogas sintéticas, el prohibicionismo a ultranza impulsado por Estados…
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