Segovia

Un municipio sobre vetas

Segovia pertenece administrativamente al Nordeste antioqueño y conforma, con Remedios, un continuo minero indistinguible en la práctica: los dos municipios comparten geología, sistema de vetas, historia de trabajo y, durante buena parte del siglo XX, un mismo dueño industrial. El paisaje es de selva húmeda entrecortada por bocaminas, entables, socavones antiguos y ríos —el Pocuné, el Nechí en la cuenca mayor— que durante siglos concentraron oro en sus sedimentos antes de que la explotación se desplazara hacia las vetas de roca dura. A diferencia de las zonas aluviales del Bajo Cauca, donde el oro se saca del lecho, en Segovia se saca de adentro: túneles, filones, molinos. Esa diferencia técnica —minería de veta y no de aluvión— ha determinado desde el siglo XIX quién puede trabajar allí, con qué capital y bajo qué reglas.

El municipio ocupa además una posición articuladora entre dos regiones mineras: el propio Nordeste antioqueño, donde comparte territorio con Remedios, Yolombó y los antiguos poblados coloniales de Zaragoza y Cáceres, y el Bajo Cauca, hacia el norte, cuya bisagra es El Bagre. Ese triángulo —Segovia, Remedios, El Bagre— es hoy el centro del sector minero antioqueño y ha sido señalado como el epicentro donde los grupos armados ilegales capturan rentas mineras bajo la figura del cobro por protección. La proximidad no es casual: el oro fija el territorio y el territorio, a su vez, fija los actores que lo disputan.

La fundación colonial y el primer ciclo aurífero

Segovia nace en el marco de la segunda ola fundacional colonial en la Nueva Granada, aquella que entre 1560 y el final del siglo XVI orientó explícitamente la creación de villas y ciudades hacia el desarrollo minero. Junto con Remedios, Cáceres, Zaragoza, Almaguer y Caloto, el poblado se levantó porque los ríos que lo rodeaban prometían oro. El descubrimiento de los ricos sedimentos del Nechí desencadenó, en muy pocos años, el desplazamiento de casi todos los mineros que trabajaban en Buriticá y la fundación en cascada de Cáceres, Zaragoza y Guamocó a fines del siglo XVI. Remedios y Segovia se inscriben en ese mismo movimiento, dentro de una lógica territorial en la que el poblado servía sobre todo como asiento administrativo, punto de fundición y sede de las cuadrillas.

El primer ciclo aurífero colonial alcanzó su cúspide entre 1590 y 1610. Fueron dos décadas de bonanza, con Zaragoza y Cáceres como grandes centros productores. Hacia 1608, muchos mineros ya preferían abandonar los antiguos asientos y probar suerte en Guamocó, la llamada Villa de Oro, ubicada tierra adentro en la serranía de San Lucas. La bonanza duró poco: para 1660, los depósitos de Guamocó y Zaragoza estaban agotados. Las cifras oficiales de acuñación —que no capturan el contrabando de oro en polvo y por eso subestiman la realidad— muestran una caída dramática: en 1630, los distritos antioqueños producían la mitad del oro del pico de 1600; hacia 1660, apenas una décima parte.

Guamocó fue abandonada por completo tras el desencanto que comenzó hacia 1640. Sus minas siguen ahí, tragadas por la selva. Cáceres y Zaragoza cayeron en una profunda depresión y no volvieron a recuperar la centralidad que habían tenido. En medio de ese colapso, Remedios y su vecino Segovia sobrevivieron con producciones menores, sostenidos por cuadrillas dispersas y por el trabajo de mazamorreros libres. Hacia 1598, el gobernador Gaspar de Rodas había propuesto ocupar las tierras del río Cimitarra y fundar una villa española para contener el éxodo de indios sometidos a los mineros de Zaragoza, presionados por los habitantes de Remedios y los indios patangoros. La propuesta apunta a una realidad del momento: el mundo indígena del Nordeste se estaba desintegrando bajo la doble presión de la esclavitud minera y las guerras de resistencia.

Tras el agotamiento del primer ciclo, un repunte aurífero se afirmó en los primeros decenios del siglo XVIII y configuró un segundo ciclo de auge, sostenido en gran medida por otras zonas de Antioquia y por Popayán. Segovia y Remedios sobrevivieron en la periferia de ese nuevo ciclo, con producciones modestas, hasta bien entrada la vida republicana. En ese período temprano de la República, ambos municipios —junto con Yolombó y Cancán— conformaron la circunscripción electoral llamada Departamento del Nordeste: los viejos centros coloniales mineros se habían transformado en núcleos administrativos regionales, ya sin la riqueza del auge inicial pero con la inercia institucional que confiere haber sido villa de fundación.

La Frontino Gold Mines y el enclave británico

La transformación decisiva de Segovia en los tiempos modernos no vino del oro colonial sino del oro industrial. La minería de veta —la que exige capital, técnica y organización de fábrica— empezó a expandirse en Antioquia después de la Independencia y, hacia mediados de la década de 1860, ya representaba una cuarta parte de la producción regional. Segovia, con sus filones densos y su geología favorable, fue uno de los distritos donde ese modelo se implantó con más fuerza.

La compañía que fijó el destino industrial del municipio fue la Frontino Gold Mines, de nacionalidad inglesa, consolidada hacia mediados del siglo XX como uno de los principales operadores del país. Para 1944, la Frontino producía cerca de sesenta y cinco mil onzas de oro anuales, cifra que la convertía en la segunda mayor productora de Antioquia, solo superada por la canadiense Pato Consolidated, que rondaba las cien mil. Dos compañías extranjeras extraían entre ambas la mayor parte del oro antioqueño, mientras las utilidades y las decisiones estratégicas se resolvían en Londres o en Toronto.

El modelo de enclave extractivo tiene una lógica clara. El capital foráneo aporta la técnica, la infraestructura y el mercado; recluta mano de obra local asalariada; y organiza toda la vida económica del municipio en torno al giro de la compañía. En Segovia, la Frontino no era simplemente el mayor empleador: era el municipio en su dimensión productiva. La ciudad crecía cuando la mina crecía, se contraía cuando la mina reducía turnos. Ese acoplamiento entre empresa y territorio es el rasgo definitorio del enclave: un mercado precario, sostenido por una sola actividad, con destino atado al agotamiento del recurso o a la decisión del accionista lejano.

En Colombia, la formación de enclaves auríferos de capital extranjero fue menos completa que en otros contextos latinoamericanos. El trabajador nativo antioqueño, culturalmente cercano al conquistador y con tradición propia de mazamorreo independiente, no llegó al grado de indefensión que caracterizó los enclaves clásicos del subcontinente. Eso le quitó vuelo al modelo, pero no lo eliminó. Segovia siguió siendo, durante décadas, un pueblo Frontino: sus horarios, su jerarquía social, sus sindicatos, su economía cotidiana giraban en torno a la mina.

El capital que la minería antioqueña generó no se quedó allí. La acumulación aurífera benefició sobre todo a los comerciantes, no a los mineros ni a las empresas extractivas, y esos capitales se desplegaron hacia el comercio, la industria y otras actividades tanto dentro de Antioquia como fuera. Medellín se industrializó en parte con oro de Segovia, pero Segovia no se industrializó con su propio oro. Esa asimetría —extracción periférica, acumulación en el centro— es la marca estructural del enclave y explica en buena medida la pobreza persistente de un municipio que durante siglos ha sacado toneladas de metal precioso de su subsuelo.

Sindicalismo, izquierda y apertura democrática

En los años setenta, la vida del municipio se organizó alrededor del sindicato. El auge organizativo de los trabajadores mineros, hacia 1976 y en los años inmediatamente posteriores, hizo de Segovia uno de los focos de la izquierda social antioqueña. Junto a la organización obrera creció una densa trama de juntas comunitarias, comités barriales, comités de derechos humanos y presencia militante de partidos como el Partido Comunista, el MOIR y otros sectores independientes. A esa base social le siguió, ya en los años ochenta, la implantación de la Unión Patriótica, el partido surgido de los diálogos de las FARC con el gobierno de Belisario Betancur.

La reforma que abrió elecciones populares de alcaldes y descentralizó el poder local convirtió esa acumulación social en poder político efectivo. En los comicios de marzo de 1986, la UP obtuvo en Antioquia treinta mil quinientos dieciocho votos, un diputado a la Asamblea Departamental y cincuenta y nueve concejales repartidos en veintiocho municipios. En las presidenciales del mismo año, el partido registró treinta mil quinientos quince sufragios en el departamento. El Espectador calificó el desempeño como un fenómeno político: la más alta votación de la izquierda en los últimos veinte años y el mayor número de escaños en corporaciones públicas.

En Segovia y Remedios ese fenómeno adoptó una forma inequívoca. La UP obtuvo seis de las diez curules de los concejos municipales de los dos pueblos, y ganó las cinco alcaldías regionales que le correspondieron ese año a nivel departamental: Apartadó, Mutatá, Segovia, Remedios y Yondó. La hegemonía liberal, que había dominado la política local durante generaciones apoyándose en la maquinaria clientelar del partido, quedaba desplazada por primera vez. Rita Ivonne Tobón asumió como alcaldesa de Segovia por la UP. En Remedios el ganador fue Elkin de Jesús Martínez Álvarez, quien no llegó a posesionarse: paramilitares al servicio de Fidel Castaño lo asesinaron antes de que pudiera tomar posesión. Fue el primer alcalde de la UP asesinado en el país, y el mensaje —enviado desde la cabecera regional del proyecto paramilitar— fue explícito: no permitirían que la izquierda gobernara la región.

Para septiembre de 1986, la cifra nacional de víctimas de la UP se calculaba ya en trescientos, entre ellos el congresista Pedro Nel Jiménez. La violencia contra el partido crecía a la misma velocidad que su implantación electoral. En Segovia, la primera concejala elegida popularmente, Jael Cano, militaba en la UP.

La noche del 11 de noviembre de 1988

La masacre se inscribió en un año particularmente sangriento del exterminio de la izquierda. En marzo, los paramilitares habían perpetrado las masacres de Honduras y La Negra en Urabá; en abril, Punta Coquitos en Turbo y La Mejor Esquina en Córdoba; en julio, Caño Sibao en el Meta. Todos, ataques contra territorios y militantes de la izquierda, muchos con presencia de la UP y del Frente Popular. Segovia cerró la serie el 11 de noviembre.

Aquella noche, un comando paramilitar entró al casco urbano. Los ejecutores llegaron vestidos unos de civil, otros de verde militar; algunos con máscaras negras, otros encapuchados. Sobrevivientes reconocieron, entre otros, a Carlos Mario y Marco Antonio Ruiz Villa —conocidos como los Yeyos o los Pecas— y a Francisco Antonio de Jesús Monsalve Copartidario. Recorrieron calles y establecimientos disparando contra la gente durante casi una hora. Cuando terminaron, quedaban cuarenta y seis muertos.

El Distrito XII de Policía tenía su sede en el parque central del municipio. Una unidad del Batallón Bomboná del Ejército se encontraba a las afueras de la cabecera. Ninguna de las dos autoridades hizo nada por impedir la masacre. El Ejército apareció aproximadamente tres cuartos de hora después de iniciado el tiroteo. La alcaldesa Rita Tobón declararía después ante el Congreso que uno de los uniformados que llegaron a la escena exclamó «ya lo hecho, hecho está» y soltó una carcajada.

La complicidad no era omisión pasiva. Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias Vladimir, jefe paramilitar que años después colaboraría con la justicia, declaró que integrantes de la fuerza pública participaron en la planeación misma de la masacre, y que los panfletos amenazantes que circularon los días previos se elaboraron dentro de las instalaciones del Batallón. La coordinación operativa entre paramilitares y militares —inteligencia previa, control de accesos, tiempo de respuesta— replicó el patrón observado en las masacres de Urabá de ese mismo año: grupos entrenados en asalto y sicariato, actuando bajo modalidad de irrupción rápida, con la fuerza pública asegurando que nadie interviniera.

El móvil, calificado judicialmente como político, era el exterminio de la UP en Segovia y el desplazamiento de quienes sobrevivieran del ejercicio de la política. La coyuntura electoral —la UP con las alcaldías y la mayoría de los concejos— fijaba el blanco. En mayo de 2013, la Corte Suprema de Justicia condenó a treinta años de prisión, en calidad de determinador y por concierto para delinquir y homicidio agravado, al político liberal antioqueño César Augusto Pérez García. Los testimonios de tres jefes paramilitares —Baquero, Iván Roberto Duque Gaviria (Ernesto Báez) y Fredy Rendón Herrera (El Alemán)—, valorados junto a prueba documental, establecieron su papel: Pérez García se reunió en Medellín con Henry de Jesús Pérez Morales y con alias Rambo para acordar la masacre, y mantenía relación con Fidel Castaño Gil. El aparato paramilitar ejecutó, pero la orden política venía de un dirigente liberal cuya hegemonía regional había sido desafiada en las urnas.

Antes y después del 11 de noviembre, las presiones sobre el gobierno local fueron continuas. El comandante de la XIV Brigada del Ejército, Alejandro Londoño Tamayo, amenazó públicamente a la alcaldesa Tobón instándola a abandonar el cargo. La propia alcaldesa denunció presiones del general Faruk Yanine Díaz. Tras la masacre, el Concejo Municipal remitió telegramas y comunicaciones a la Procuraduría General de la Nación y a otras instancias del Estado denunciando los excesos de la fuerza pública. La respuesta institucional inmediata fue la impunidad; la respuesta popular, paros cívicos y movilización, liderados en el ámbito urbano por A Luchar y la UP, con los sindicatos mineros como pilar.

Un ciclo largo de violencia política

La masacre de 1988 fue el punto más alto de una curva de violencia sostenida. Entre 1982 y 1997, en el Alto Nordeste antioqueño, trescientos cuarenta y siete civiles fueron víctimas fatales del conflicto armado. De ellos, ciento tres —aproximadamente uno de cada tres— eran gestores de la movilización social y política: cuarenta y nueve líderes comunitarios, veinticuatro sindicalistas, ocho autoridades políticas entre alcaldes y concejales, y cinco defensores de derechos humanos. Cincuenta y una de esas ciento tres víctimas eran militantes partidistas; al menos treinta y tres pertenecían a la Unión Patriótica.

Esas cifras dicen dos cosas simultáneas. La primera, que la violencia estuvo dirigida contra la izquierda social y política de manera sistemática y con propósito: la UP fue el blanco principal, pero también lo fueron el Partido Comunista, el MOIR, el Comité de Derechos Humanos y las juntas cívicas. La segunda, que el blanco excedía a la UP y alcanzaba a la organización popular en su conjunto: sindicalistas de la Frontino, presidentes de juntas de acción comunal, defensores de derechos humanos sin militancia partidista definida. La lógica de exterminio operaba contra el tejido asociativo del municipio, no solo contra un partido.

A escala nacional, la persecución contra la Unión Patriótica dejó, además de los homicidios, al menos dos mil setecientos veintidós desplazamientos forzados, ochocientas once amenazas, trescientos setenta y nueve atentados, doscientas cuarenta y ocho detenciones arbitrarias, doscientas veintinueve torturas y noventa secuestros documentados. Segovia y Remedios aportaron a esa contabilidad de aniquilación una cuota desproporcionada respecto a su tamaño demográfico.

En 1996 se cometió una segunda masacre en Segovia y Remedios, también con participación de miembros de la fuerza pública como planeadores, aunque de menor magnitud que la del 88. En 1997 se emplazó formalmente en el Nordeste antioqueño el Grupo de Autodefensas del Nordeste, y a partir de ese momento el papel de la fuerza pública en la violencia se hizo progresivamente menos directo y visible: el paramilitarismo pasaba de operación clandestina coordinada con el Ejército a estructura autónoma con control territorial, aunque el resultado —el exterminio de la izquierda local— siguiera siendo el mismo.

La renta minera y los nuevos actores armados

A finales del siglo XX y en las primeras décadas del XXI, la disputa por Segovia dejó de tener el rostro puramente político del 88 y adoptó, cada vez más, la forma de la disputa económica por la renta aurífera. Los bloques Mineros y Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia operaron en el Norte y el Bajo Cauca antioqueños controlando simultáneamente las rentas de la minería, la madera y la cadena de la coca. El Bloque Mineros, cuyo primer periodo se inició en 1984, articuló en una misma estructura el control territorial, la economía extractiva —legal e ilegal— y el narcotráfico. La geografía de esa operación —Norte de Antioquia, Bajo Cauca, con vasos comunicantes hacia el Nordeste— coincide exactamente con el mapa aurífero de la región.

En 2010, la Frontino Gold Mines terminó su ciclo de casi siglo y medio como operadora industrial dominante en Segovia. La venta y liquidación de la empresa dejó al municipio en una transición en la que la minería informal, la pequeña minería y nuevos operadores empresariales convivieron con un vacío de gobernanza que los grupos armados llenaron. La captura de rentas mineras por parte de organizaciones criminales bajo la figura del cobro por protección se consolidó en el triángulo Segovia–Remedios–El Bagre como una economía paralela al Estado. Sobre las bocaminas de veta se instalaron dragas y motobombas en los cauces, y una porción creciente de la producción pasó a un circuito que combinaba explotación artesanal, exportación por vías irregulares y lavado de rentas del narcotráfico.

La postdesmovilización de las AUC no cerró el ciclo. Figuras como Jairo Hugo Escobar aparecieron ejerciendo influencia sobre la vida política local: durante su juicio, el alcalde de Remedios, Jorge Eliécer Gil, y el presidente del Concejo Municipal, Fabio Tamayo Urrego, fueron citados como testigos de la defensa y entregaron declaraciones escritas a su favor, un episodio que expuso con claridad la porosidad entre poder criminal e instituciones locales. Las políticas de formalización y legalización minera, además, tendieron a favorecer a las compañías transnacionales y a excluir a los mineros artesanales y tradicionales, empujando a estos últimos hacia la ilegalidad y ampliando el espacio en el que los grupos armados podían cobrar renta. El resultado, sobre el terreno, fue un municipio donde el pequeño minero pagaba dos veces —al operador legal por el título y al grupo armado por la seguridad— y donde la frontera entre economía formal, informal e ilícita se volvió, en la práctica, una sola.

Así, la pregunta que atraviesa toda la historia del municipio —quién controla el subsuelo aurífero y quién manda en el territorio que lo cubre— se reformuló en el siglo XXI con actores distintos pero con la misma estructura: enclaves de capital extranjero que se retiran o se transforman, minería informal que llena el vacío, grupos armados que capturan la renta y un Estado cuya presencia oscila entre la ausencia y la complicidad selectiva.

Palimpsesto

En Segovia cada capa histórica se depositó sobre la anterior sin borrarla. La toponimia colonial convive con los edificios sindicales de la era Frontino; los mausoleos de las víctimas del 88 están a metros de las bocaminas en actividad; los mismos ríos que llevaron oro a las cuadrillas del siglo XVI mueven hoy dragas y motobombas de operadores informales; el parque central donde se planeó la masacre —a metros del Distrito XII de Policía y a corta distancia del Batallón Bomboná— sigue siendo la plaza del pueblo.

La violencia del 11 de noviembre de 1988 no fue un accidente ni una irrupción exógena. Fue la expresión más brutal de un conflicto estructural de larga duración por el control del subsuelo aurífero y, al mismo tiempo, un episodio con causa coyuntural precisa: la descentralización democrática abrió un canal electoral que la izquierda aprovechó para desplazar a la hegemonía liberal local, y una alianza entre un dirigente liberal condenado por la justicia, oficiales del Ejército, comandantes paramilitares y un aparato criminal aceitado cerró ese canal con cuarenta y seis muertos. El sustrato de larga duración —renta aurífera, fragilidad institucional del enclave, impunidad histórica— hizo posible que la coyuntura política se resolviera con masacre.

La condena de César Pérez García en 2013, veinticinco años después de los hechos, estableció judicialmente lo que los sobrevivientes sabían desde la mañana del 12 de noviembre: que la orden había sido política, que el operativo había sido concertado con la fuerza pública y que el propósito era exterminar a la Unión Patriótica en un municipio donde acababa de ganar las elecciones. Pero las víctimas del ciclo 1982–1997 —esas ciento tres personas gestoras de la movilización popular que representan un tercio de todos los civiles muertos en el conflicto en el Alto Nordeste— indican que el blanco fue más ancho: la organización popular en sí misma, con o sin carné de partido, con o sin cargo de elección.

Segovia sigue siendo, en las primeras décadas del siglo XXI, un municipio minero del nordeste antioqueño donde el oro se extrae, la renta se disputa y la memoria se cuida. Cada una de esas tres tareas —extraer, disputar, recordar— hunde sus raíces en las mismas vetas que hicieron del lugar, hace casi cinco siglos, una fundación de la Corona española orientada a sacar metal precioso de las entrañas del Nechí. Que en ese mismo territorio se hayan sucedido un enclave colonial, un enclave británico y una economía capturada por grupos armados no es coincidencia geográfica: es la trayectoria que ha seguido, en este rincón del país, la larga historia del oro.