Gaspar de Rodas

El malagueño que llegó al Cauca

De la vida de Rodas antes de América quedan más silencios que datos. Nacido en Málaga probablemente hacia 1518, pertenecía a esa masa mayoritaria de conquistadores que no eran hidalgos —de los 1175 conquistadores documentados, apenas 69 pertenecían a esa clase—, sino soldados de fortuna que ingresaban a las Indias con la esperanza de mudar su condición mediante los servicios prestados en la empresa ultramarina. Muchos de ellos solicitaron después el reconocimiento de la hidalguía ante el Consejo de Indias, alegando méritos guerreros; Rodas se movió toda su vida en ese espacio ambiguo entre soldado y notable, entre plebeyo enriquecido y encomendero con vocación de patriarca.

Cruzó el Atlántico hacia mediados de la década de 1530, la misma en que se estaban fundando Santafé de Bogotá, Tunja, Popayán y Cartagena, esos núcleos administrativos que definirían el eje del Nuevo Reino. Se incorporó pronto al radio de acción de Sebastián de Belalcázar, el adelantado que desde Popayán extendía su influencia hacia el norte por el valle del Cauca, y participó en las expediciones que, comandadas por Jorge Robledo, penetraron entre 1539 y 1541 en las tierras que hoy forman Caldas, Risaralda, Quindío y el sur y occidente de Antioquia. Fue con Robledo, o al menos en su órbita, cuando Rodas conoció por primera vez el territorio que gobernaría medio siglo después: las salinas de Heliconia —que los indígenas llamaban Murgia—, el valle de Aburrá que Jerónimo Luis Tejelo descubrió el 24 de agosto de 1541 y que la expedición bautizó como San Bartolomé, y las estribaciones del cerro de Buriticá donde Robledo fundó la ciudad de Antioquia ese mismo año.

Aquel primer paisaje ya contenía todos los elementos del drama posterior. En el valle de Aburrá los españoles hallaron grandes caminos, acequias y edificios en ruinas: los indígenas les dijeron que aquello había sido destruido por guerras internas, sin poder dar más detalles. Al norte reinaba el cacique Nutibara, que se desplazaba en litera incrustada de oro y recibía tributos de oro y vestidos de sus súbditos, testimonio de una jerarquía indígena consolidada. Y por todo el territorio se distribuían pueblos de filiación mayoritariamente caribe —catíos, emberas, cunas, urabaes y zenúes en el occidente y noroccidente; nutabes en el centro; tahamíes hacia el Magdalena; quimbayas al sur— cuya organización tribal intermedia, menos jerarquizada que la muisca, hacía difícil imponerles el trabajo continuo y la tributación. En esa dificultad estructural residía la maldición de la conquista antioqueña, y también la razón por la cual un hombre como Rodas terminaría siendo indispensable: donde no bastaba someter a un cacique para cobrar tributo a todo un reino, había que construir, ciudad por ciudad y encomienda por encomienda, un aparato de captura de la mano de obra.

El aprendizaje en la querella

Los años posteriores a 1541 fueron para Rodas una escuela de política jurisdiccional. La ciudad de Antioquia recién fundada por Robledo se convirtió casi de inmediato en objeto de disputa entre dos gobernaciones. Pedro de Heredia, desde Cartagena, mandó arrestar a Robledo cuando este llegó a San Sebastián y marchó personalmente sobre la nueva ciudad; por fuerza y por negociación con el teniente Álvaro de Mendoza, la sometió a la jurisdicción cartagenera. Belalcázar, desde Popayán, no aceptó la maniobra. Consideraba a Robledo poco digno de confianza y envió al capitán Juan Cabrera a recuperar por las armas lo que juzgaba suyo. Comenzó así la querella entre Popayán y Cartagena por Antioquia, prolongada e intrincada, en la que caudillos menores se aliaban alternativamente con uno u otro bando según conviniera a sus encomiendas.

Los efectos prácticos de esa querella recayeron sobre los indios y sobre los propios encomenderos. Los indígenas de Antioquia fueron repartidos por primera vez en 1542, cuando la población se trasladó a la región de Frontino; en los tres años siguientes, los cambios de jurisdicción provocaron al menos dos redistribuciones adicionales. Cada nuevo gobernador, o cada nuevo teniente investido por uno u otro bando, rehacía el mapa de la encomienda a su conveniencia. Robledo mismo regresó de España en octubre de 1546 con el título de mariscal y como emisario del visitador de Cartagena para actuar en un área que iba de Antioquia a Cartago; murió ese mismo año en circunstancias que su época envolvió en la sospecha de Belalcázar, aunque las responsabilidades directas quedaron flotando en el aire de las crónicas.

Rodas estuvo en medio de ese torbellino y aprendió lo que sus superiores no habían aprendido: que en un territorio disputado, la única autoridad estable era la que se ganaba con permanencia física y capacidad de negociar con las tres instancias —la gobernación de origen, la gobernación rival y la Audiencia de Santa Fe— sin quemarse en ninguna. En 1547, apenas seis años después de la fundación de Robledo, trasladó la ciudad de Antioquia a un emplazamiento nuevo, el que hoy corresponde a Santa Fe de Antioquia. Ese traslado no fue un gesto menor. Fundar una ciudad y trasladarla después fue práctica frecuente en la conquista de Hispanoamérica —son escasas las ciudades que permanecieron en su lugar original—, pero cada traslado implicaba renegociar encomiendas, redistribuir solares, refundar el cabildo. Rodas, con treinta años cumplidos y ninguna otra credencial que su experiencia y su vecindad, se convirtió en el hombre práctico que hizo posible el traslado. La operación se hizo en nombre del orden y de la conveniencia geográfica; su efecto real fue anclar la capital antioqueña a un sitio del que ya no se movería.

La geografía minera del noreste

Entre 1547 y 1578, la trayectoria de Rodas se dibuja con menos nitidez, aunque puede inferirse de sus resultados. Fue durante esas tres décadas cuando la gobernación de Antioquia consolidó su posición como principal centro minero del Nuevo Reino, condición que —conviene subrayarlo, para no atribuir a un solo hombre lo que fue obra de un sistema— ya la ostentaba antes de que Rodas asumiera el gobierno formal. Lo que sí puede atribuírsele con propiedad es haber sido el vecino principal, el encomendero de referencia y probablemente el operador político más activo de Santa Fe de Antioquia durante ese periodo intermedio, cuando la gobernación pasaba de manos y las autoridades enviadas desde Popayán o desde Santa Fe se sucedían sin lograr fijarse.

La segunda ola fundacional que definió el mapa minero antioqueño se extiende, grosso modo, de 1560 al final del siglo XVI, y comprende los centros de Cáceres, Zaragoza, Los Remedios y —fuera de Antioquia pero en la misma lógica— Almaguer y Caloto. A diferencia de la primera ola de los años treinta, orientada a establecer núcleos administrativos, esta segunda respondía a una motivación diferente: ocupar zonas de aluviones auríferos. Los ríos Nechí y Porce, tributarios del Cauca, y el propio Cauca en su bajo curso, arrastraban desde tiempos remotos oro suficiente como para convertirse, cuando se dispusiera de mano de obra, en los distritos mineros más productivos del virreinato. Fundar ciudades allí era, en la lógica castellana heredada de la Reconquista, la manera natural de asegurar la explotación: la ciudad era el instrumento por excelencia de la política de población, y ninguna dominación territorial se consideraba firme sin instituciones municipales establecidas.

El predecesor inmediato de Rodas en el gobierno de Antioquia, Andrés de Valdivia, encarnó los límites de esa política cuando no la acompañaba la fuerza necesaria. Valdivia tuvo desaveniencias con Francisco Bahamonde de Lugo, gobernador de Cartagena, por cuestión de límites en la costa atlántica, y con Gerónimo de Silva, gobernador de Popayán, opuesto a la separación de la gobernación antioqueña. Enfrentado además a una resistencia indígena tenaz, debió retirarse a Santa Fe de Antioquia pidiendo auxilio a la Audiencia de Santa Fe, y terminó muerto a manos de los indios. Su fracaso ilustra un patrón: la autoridad de la Audiencia más allá del núcleo del Nuevo Reino se ejercía mediante jueces de comisión cuyas actuaciones eran casi siempre rechazadas por los vecinos, y los gobernadores foráneos —hombres sin encomienda ni parentela en la tierra— carecían del piso social para imponerse.

Rodas asumió la gobernación en 1578 en condiciones exactamente inversas a las de Valdivia. Era vecino antiguo, encomendero desde los años cuarenta, casado y arraigado, y llevaba treinta años operando en la política local. La Audiencia y la Corona lo ratificaron precisamente porque las alternativas foráneas habían demostrado no funcionar. Su gobierno se prolongó hasta 1597, casi veinte años sin interrupción, en una época en que los gobernadores del Nuevo Reino se sucedían cada tres o cuatro. Ese solo dato basta para entender la centralidad del personaje.

El gobierno largo

Bajo el gobierno de Rodas la gobernación de Antioquia hizo tres cosas simultáneamente: mantuvo su primacía minera, extendió sus exploraciones hacia el Chocó y hacia las costas del Atlántico, y estabilizó una red de villas mineras en el noreste. La primacía minera era herencia; la extensión exploratoria y la consolidación de la red urbana fueron, en cambio, obra de su mandato o al menos maduraron durante él.

Los ríos Atrato, Cauca y en cierto grado el Magdalena eran las vías naturales de acceso al mar desde Antioquia, y las tres apuntaban a jurisdicciones ajenas. El Atrato desembocaba en aguas que Cartagena reclamaba; el Cauca llevaba a través de Popayán o de Cartagena; el Magdalena era la arteria principal del Nuevo Reino. Rodas no podía extender la gobernación en ninguna dirección sin colisionar con vecinos poderosos, y por eso su expansión se orientó menos hacia la conquista de nuevos frentes que hacia la densificación del propio territorio. Cáceres, sobre el bajo Cauca, y Zaragoza, sobre el Nechí, son las dos fundaciones emblemáticas de esa política: villas mineras en zonas de aluviones, pobladas por españoles con cuadrillas de trabajadores, sostenidas por encomiendas en su hinterland. Los Remedios, más al oriente, completaba el triángulo hacia el Magdalena. Los tres nombres pertenecen a la segunda ola fundacional del siglo XVI y los tres consolidan una geografía que sobreviviría, con altibajos, hasta el siglo XVIII.

La encomienda fue el mecanismo que articuló ese sistema. Sirvió de base de sustentación agrícola a los yacimientos y originó capitales y mano de obra para su explotación; el encomendero podía combinar indistintamente labores agrícolas y mineras, empleando a los indios encomendados en unas u otras según la temporada. En su definición estricta, la encomienda era una institución de servidumbre y en muchos casos de esclavitud: el encomendero tenía todos los derechos y el indio todos los deberes, sin mutua prestación de servicios. Los tributos obligaban al indio a dar al encomendero las pensiones particulares, el quinto para el Rey, el estipendio para el cura doctrinero y el sueldo para los corregidores. En una región como Antioquia, con población indígena dispersa y de organización tribal intermedia, ese régimen se traducía en desarraigos frecuentes, cuadrillas trasladadas de valle en valle según las necesidades mineras, y una violencia cotidiana que la teología escolástica justificaba con la doctrina de la guerra justa: si los indios se oponían armadamente a la predicación cristiana, era lícito atacarlos por la fuerza, y al ser considerados rebeldes y no enemigos, los conquistadores podían actuar sin someterse a reglas convencionales de guerra.

Rodas fue el administrador principal de ese régimen durante veinte años. Es imposible saber con precisión cuántas encomiendas confirmó, redistribuyó o creó ex novo, pero el hecho de que las encomiendas antioqueñas hubieran sido redistribuidas al menos tres veces entre 1542 y 1545 sugiere que, cuando él asumió el gobierno, buena parte de su tarea consistía justamente en fijar un mapa encomendaril que había estado en flujo perpetuo durante una generación. La estabilización institucional tuvo un costo humano que la contabilidad colonial no registró: los indios que huían de las cuadrillas, los que morían en los aluviones, los que se refugiaban en territorios marginales fuera del control de las villas.

Cimitarra, 1598

Esa fuga de mano de obra —no la ambición territorial— fue lo que llevó a Rodas, ya fuera del gobierno formal pero todavía como vecino principal, a formular en 1598 su última gran propuesta: ocupar las tierras circunvecinas al río Cimitarra y poblar allí una villa de españoles para cortar el éxodo de los indios de Zaragoza, presionados por los habitantes de Remedios y por los indios patangoros. El documento revela con claridad la lógica del sistema. Los indios de Zaragoza no huían por vocación errante sino porque la presión combinada de dos frentes —los propios encomenderos de Remedios que los codiciaban, y los patangoros no sometidos que ocupaban las tierras intermedias— los empujaba fuera de la jurisdicción donde el trabajo forzado podía imponérseles. La solución que Rodas propuso no consistía en aliviar la presión sino en cerrar el escape: fundar una villa española más al oriente, sobre el Cimitarra, para eliminar el corredor de fuga. La misma lógica había gobernado, en escala mayor, toda la política de fundaciones del siglo XVI, y en escala menor daría lugar poco después a la fundación de Guamocó.

Que un hombre de ochenta años, retirado ya de la gobernación, siguiera pensando en términos tan concretos —qué río, qué villa, qué presión sobre qué pueblo indígena— dice mucho sobre la naturaleza de su longevidad política. Rodas no era un estratega de gabinete; era un vecino que había hecho de la administración territorial una segunda naturaleza, y que hasta el final de sus días entendía la geografía de su gobernación como un tablero de flujos humanos que había que canalizar mediante fundaciones. La propuesta del Cimitarra es, en cierto modo, su testamento político.

Vista desde otro ángulo, esa misma propuesta permite matizar la centralidad del personaje. Si el motor de la expansión territorial era la fuga indígena, entonces la agencia decisiva no estaba en el gobernador que fundaba villas sino en los pueblos que huían. La geografía colonial del noreste antioqueño se dibujó, en gran medida, como respuesta reactiva a la movilidad de la mano de obra fugitiva. Rodas fue el hombre que leyó esa movilidad con más constancia y le puso sobre encima una malla institucional; no fue, en sentido estricto, quien la produjo.

La red

Ningún gobernador colonial actuaba solo, y Rodas menos que otros. Su red se construía en varios círculos concéntricos. En el más íntimo estaba su familia: su hija Isabel de Rodas, su yerno y probable heredero de encomiendas Alonso de Rodas Carvajal —el linaje continuaría en Antioquia durante generaciones—, la casa principal en Santa Fe de Antioquia que fue centro de operaciones económicas y políticas. Sobre esa base familiar se apoyaba la red de encomenderos vecinos de Antioquia, con quienes compartía cabildo, alianzas matrimoniales cruzadas y una comunidad de intereses en la explotación de los aluviones del Cauca y sus afluentes.

En un círculo más amplio se movían los sucesores y colaboradores en el gobierno. Francisco Martínez de Ospina, gobernador después de Rodas, dio continuidad a la política de fundaciones y encomiendas. Los tenientes de gobernador destacados a Cáceres, Zaragoza y Remedios operaban con delegación amplia porque las distancias y la geografía hacían imposible el gobierno directo. Ese sistema de tenencias delegadas —heredado de la práctica cartagenera, popayanesa y santafereña— convertía a cada villa minera en un pequeño feudo cuya lealtad al gobernador central dependía tanto de la fuerza como del vínculo personal.

Más allá, Rodas tejió su red con las autoridades de las jurisdicciones vecinas y con la Audiencia de Santa Fe. Aprendió, allí donde Valdivia había fracasado, a no enfrentarse frontalmente con Cartagena por los límites atlánticos ni con Popayán por la vieja querella heredada de Robledo y Belalcázar. La marcada tendencia a la autonomía política de los vecinos encomenderos —con el reparto de recursos confinado a la jurisdicción de cada ciudad— era el contexto estructural en el que operaba: los conflictos jurisdiccionales no eran anomalías sino la forma normal de la política colonial, y navegarlos era la habilidad principal de un gobernador longevo.

En un círculo aún más amplio estaba la Corona, invisible casi siempre pero decisiva en momentos clave: las capitulaciones que autorizaron las primeras entradas, las cédulas que ratificaron o modificaron jurisdicciones, los títulos que dieron formalidad legal al poder gobernativo. Rodas no fue adelantado ni firmó capitulaciones originales —esos honores correspondieron a la generación anterior—, pero su gobierno se movió en el marco jurídico que aquellas capitulaciones habían establecido. Las mercedes regias sobre indios, tierras y aguas concedidas a los primeros conquistadores como Pedro Fernández de Lugo habían fijado un modelo que Rodas heredó y administró: la propiedad derivaba siempre de la gracia o merced real, y el gobernador era el intermediario que autorizaba, en nombre del Rey, los repartimientos concretos.

La huella

Gaspar de Rodas murió en Santa Fe de Antioquia en 1607, a los ochenta y nueve años aproximadamente, tras haber pasado más de siete décadas en Indias. Lo que dejó tras de sí puede leerse en tres registros distintos.

El primero es el mapa. Santa Fe de Antioquia, que él trasladó en 1547, sería capital de la provincia desde su creación en 1819 hasta la instauración del departamento en 1830, y volvería a serlo entre 1831 y 1856 al retomarse el sistema de provincias. Cáceres, Zaragoza y Remedios sobrevivirían como distritos mineros hasta bien entrado el siglo XVIII, y sus nombres siguen en el mapa antioqueño de hoy. Buriticá, el viejo cerro aurífero de la primera entrada de Robledo, entraría en decadencia hacia mediados del siglo XVII, y desde la década de 1630 los mineros de Santa Fe y del valle de Aburrá se desplazarían con sus cuadrillas de esclavos negros hacia los Osos, iniciando el ciclo minero que definiría a la Antioquia del siglo XVIII. Ese desplazamiento posterior no fue obra de Rodas, pero se hizo sobre la red urbana que él consolidó.

El segundo registro es el institucional. La combinación específica que hizo posible el régimen minero-esclavista antioqueño —villa española como cabecera, encomienda como sustento agrícola, cuadrillas indígenas primero y esclavas después trabajando los aluviones, red de tenientes gobernando las villas periféricas— cristalizó durante su gobierno. Rodas no inventó ninguno de esos elementos por separado: la villa castellana venía de la Reconquista, la encomienda estaba definida por cédulas anteriores, las cuadrillas mineras se practicaban ya en Perú y Nueva España. Lo que sí puede atribuírsele es haber sostenido durante veinte años la operación conjunta de esos elementos en un territorio donde antes había fracasado, y haber dejado el aparato lo bastante estabilizado como para que sus sucesores no tuvieran que refundarlo.

El tercer registro es el moral, y aquí conviene la mesura. Rodas fue el principal responsable, en Antioquia y en su tiempo, de la consolidación de un sistema que descansaba sobre el trabajo forzado indígena y sobre la violencia que ese trabajo exigía imponer. La resistencia indígena fue tenaz pero ineficaz, y la mayoría de los pueblos caribes del territorio antioqueño fueron sometidos, dispersados o exterminados a lo largo del proceso que él administró. Los datos concretos —cuántos indios murieron, cuántos huyeron, cuántos fueron reasentados— no aparecen en la contabilidad de su gobernación, pero el hecho estructural es incontrovertible: al final del siglo XVI, la población indígena de Antioquia había disminuido dramáticamente, y una parte sustancial de esa disminución ocurrió durante el mandato de Rodas o como consecuencia de las instituciones que él consolidó.

La historiografía posterior lo ha tratado con una tibieza que combina reconocimiento y desdén. Reconocido como fundador —o refundador— de Santa Fe de Antioquia y como cabeza de la política que llevó a Cáceres, Zaragoza y Remedios, no ha sido, sin embargo, incorporado al panteón heroico de la conquista al modo de Jiménez de Quesada, Federmann o el propio Belalcázar. Su nombre no aparece en los grandes relatos épicos del siglo XIX ni en las estatuas de plaza. La razón es doble: por un lado, su papel fue más administrativo que expedicionario, y las narrativas de conquista privilegiaron a los descubridores por encima de los organizadores; por otro, la geografía específica de Antioquia —arrinconada respecto a los ejes Bogotá-Popayán y Cartagena-Santa Marta— hizo que su gobernador quedara fuera de las genealogías nacionales dominantes.

Y sin embargo, si se pregunta quién dejó su firma con más claridad sobre el mapa colonial del noreste antioqueño, la respuesta no es Robledo, que fundó y murió pronto; ni Belalcázar, que llegó y se fue; ni Valdivia, que fracasó; ni Heredia, que intervino desde fuera. Es Rodas. Sesenta años en un solo territorio, veinte de ellos como gobernador, y una serie de decisiones institucionales —el traslado de 1547, la consolidación de las villas mineras, la propuesta del Cimitarra en 1598— que definieron los contornos duraderos de la gobernación. Que esa firma se haya escrito en tinta violenta, sobre la carne de los pueblos indígenas que trabajaron y murieron en las cuadrillas, no la borra: la subraya. Rodas no fue el conquistador itinerante ni el héroe fundador; fue, con más precisión, el administrador longevo del régimen que hizo posible la Antioquia colonial, y por eso —no a pesar de ello— pesa en la historia.