Pedro Fernández de Lugo

El hombre canario

Pedro Fernández de Lugo pertenecía al mundo atlántico ibérico que enlazaba Andalucía, las islas Canarias y las Antillas: un espacio en el que la conquista se había vuelto oficio hereditario y en el que la hidalguía se traducía en capitulaciones, adelantazgos y encomiendas. Era hijo de Alonso Fernández de Lugo, el adelantado que había sometido La Palma en 1493 y Tenerife en 1496; es decir, el hombre que había cerrado la conquista del archipiélago canario para la Corona de Castilla. La biografía del hijo se entiende sólo a la luz de esa herencia: Pedro heredó no sólo el título de adelantado de Tenerife y La Palma, sino una red de relaciones comerciales, una lógica empresarial de la conquista y un capital simbólico que le permitió, ya maduro, ofrecerse a la Corona para una nueva empresa americana.

Como los otros hidalgos de su generación —los Ojeda, los Bastidas, los Ampíes—, Fernández de Lugo se movía por una mezcla característica de la nobleza menor peninsular: honra, honor y hidalguía trasladados desde la península a las Indias, en busca del ascenso social que en Castilla el orden estamentario les cerraba. Su condición no era la del soldado raso ni la del comerciante puro: era la del empresario noble, con nombre suficiente para negociar con el Consejo de Indias y con recursos suficientes —propios o de socios— para armar una flota. La conquista del archipiélago canario había enseñado a su familia que el modelo funcionaba: adelantar el capital, obtener del rey la merced, gobernar el territorio conquistado como cuasi-señorío. Ese fue el molde que Pedro Fernández de Lugo intentó reproducir en Santa Marta.

Al momento de negociar su gobernación indiana, Lugo era ya un hombre en la segunda mitad de la vida, dueño de un patrimonio insular consolidado, con haciendas azucareras en Tenerife y una clientela de deudores y allegados que confiaban en la próxima jornada como en una inversión de altísimo riesgo y muy alta rentabilidad esperada. El Caribe continental no era para él una aventura de juventud, sino la última carta con la que confirmar en América lo que su padre había ganado en el Atlántico oriental.

Las capitulaciones y el traslado atlántico

La Corona española no tenía, ni tuvo nunca en el siglo XVI, los recursos para financiar directamente la exploración y conquista del Nuevo Mundo. Su instrumento fue la capitulación: un contrato en el que un particular se comprometía a organizar, equipar y financiar una empresa a cambio de recompensas condicionadas al éxito. Entre 1492 y finales del siglo XVI, la monarquía firmó más de setenta de estos acuerdos. Cada uno constaba de tres partes: la licencia real para conquistar y descubrir, las obligaciones del capitulante y las mercedes regias, siempre condicionales al buen desempeño y a la conducta del titular. Desde 1526, tras las denuncias que habían culminado en las Leyes Nuevas y en la presión lascasiana, las capitulaciones incorporaron cláusulas expresas sobre el buen tratamiento de los indios, acentuando el carácter público del instrumento.

Las capitulaciones que Fernández de Lugo negoció con Carlos I para la gobernación de Santa Marta encajan en ese patrón, pero se sitúan en el extremo más ambicioso del abanico. Solicitó y obtuvo el título de adelantado, con la autoridad de nombrar regidores, jueces y notarios; pidió la facultad de otorgar repartimientos y encomiendas de indios, tierras y aguas de por vida; reclamó la potestad de emitir mercedes con la misma validez legal que si las hubiera concedido el propio monarca. Es la traducción jurídica exacta del modelo canario: un adelantazgo con capacidad de generar propiedad y jurisdicción derivadas. En un régimen donde toda propiedad de las Indias era jurídicamente regalía de la Corona y sólo podía nacer de una gracia real, esa delegación equivalía a un poder cuasi-señorial.

El repartimiento —el primer título de propiedad sobre la tierra en América— sería el instrumento con el que Lugo pretendía retribuir a los soldados y colonos que participaran en su empresa. La capitulación no era, pues, sólo un permiso para conquistar: era un pequeño Estado privado que la Corona autorizaba en territorio americano. Que a mediados del siglo XVI el monarca y el Consejo de Indias tomaran conciencia de esa "feudalización de América" y empezaran a limitar el alcance de las capitulaciones —un proceso que se aceleró tras la abdicación de 1556— confirma retrospectivamente hasta dónde llegaba el poder que hombres como Fernández de Lugo habían negociado.

Santa Marta antes de Lugo: la herencia envenenada

La gobernación que Pedro Fernández de Lugo recibió no era una tierra virgen. Santa Marta, fundada en 1525 por Rodrigo de Bastidas, había pasado en una década por una sucesión inestable y ruinosa de gobernadores. Muerto Bastidas, el común de vecinos había elegido a Rodrigo Álvarez Palomino, veterano de las guerras de México; la Real Audiencia de Santo Domingo, al enterarse, envió a Pedro de Vadillo a compartir el gobierno. Después llegó García de Lerma —de profesión banquero, con negocios en Santo Domingo desde 1514—, nombrado por la Corona en un movimiento que buscaba contrarrestar la autonomía de los conquistadores independientes: la misma lógica con que se había desplazado a Hernán Cortés en México o a Juan de Ampíes en Venezuela, reemplazándolos por autoridades o compañías comerciales más maleables.

Ese linaje de gobernantes no había logrado estabilizar la provincia. El oro accesible en la costa se había agotado con rapidez, y a diferencia de Cartagena —donde los entierros del Sinú prolongaron la fase del saqueo—, Santa Marta había pasado casi de inmediato a depender de la esclavización indígena como eje económico. Las poblaciones vecinas resistían, huían a las montañas de la Sierra Nevada, incendiaban sus propios sembrados al retirarse; a veces eran los mismos capitanes españoles quienes prendían fuego como escarmiento. El resultado era una guerra sin frente ni fin, que privaba a los invasores de alimentos —el maíz, sustento principal, escaseaba por la rebelión— y los mantenía en un estado de precariedad extrema.

A esta crisis se sumaba la geografía. La Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña litoral más alta del mundo, se levantaba desde el mar hasta las nieves perpetuas —el pico Bolívar a 5.775 metros, el pico Colón a 5.770— a pocos kilómetros del asentamiento español. Su vertiente septentrional, paralela al Caribe, ofrecía pendientes muy pronunciadas y ríos que bajaban por gargantas estrechas hasta la bahía. Ese macizo era el corazón del territorio tairona, una sociedad que había desarrollado sistemas sofisticados de irrigación en las tierras planas —hoy áridas— cercanas a la ciudad, cultivaba en terrazas de maíz y otros cultígenos, y sostenía redes de trueque con grupos del interior. Los cronistas admiraron la orfebrería tairona por su variedad de motivos. Pero admirar no era someter: los taironas resistieron desde la Sierra, y el litoral que Lugo iba a recibir era una franja pequeña entre el mar y una montaña hostil.

La armada de 1535: capital, hombres y expectativa

Fernández de Lugo llegó a Santa Marta en 1535 al frente de una de las armadas más grandes que se hubieran organizado hasta entonces desde puerto peninsular para el Caribe continental: al menos diez navíos y más de mil personas, entre hombres y mujeres europeos y africanos esclavizados. Antón de Olalla, que llegaría a ser uno de los encomenderos importantes del Nuevo Reino, se alistó ese año con el rango de alférez de infantería; su presencia da la medida de una expedición que buscaba oficiales de mediano rango y no sólo soldados rasos.

Financiar una empresa de esa magnitud excedía con creces los ingresos ordinarios de un adelantado canario. Las armas de fuego, la pólvora, los caballos, las armaduras y su transporte tenían precios tan altos que sólo pocos podían costearlos: en el Nuevo Mundo, los soldados llegaban a pagar cualquier suma por un arnés que les permitiera continuar en la hueste. Esa diferenciación material se traducía en diferencias de estatus dentro de la expedición y en la cuota de botín que correspondería a cada participante. La conquista del Nuevo Reino sería una empresa privada compartida. Lugo aportaba el marco jurídico y buena parte del capital inicial; los participantes aportaban su propio equipamiento y, con él, sus expectativas sobre el reparto. La lógica era especulativa de arriba abajo.

Lo que atraía a semejante inversión no era Santa Marta —ya se sabía pobre— sino la promesa borrosa del interior. Los relatos de bogas ribereños, los indicios de comercio de sal, oro y esmeraldas que descendía por el Magdalena, la fama de un altiplano habitado por sociedades densamente pobladas sugerían que en algún lugar de la cordillera había una segunda Tenochtitlán o un segundo Cuzco. Los muiscas, que habitaban las tierras altas de los actuales Cundinamarca y Boyacá, encajaban en ese imaginario: eran el grupo indígena más desarrollado del territorio que hoy es Colombia, con comunidades agrícolas densas, una organización política encabezada por el Zipa y el Zaque, y vastas redes comerciales de trueque en las que circulaban la sal de Zipaquirá y Nemocón, esmeraldas y el oro que —obtenido mediante intercambio desde zonas lejanas— se acumulaba en su orfebrería. Los muiscas no dominaban un imperio territorial como aztecas o incas, pero eran, para los cálculos de un adelantado, un objetivo posible y rentable.

El colapso de la costa: La Ramada y la traición del hijo

La gobernación empezó mal y empeoró rápido. Fernández de Lugo era un hombre ya entrado en años, y confió a su hijo Alonso Luis de Lugo el mando de una primera expedición de exploración por la parte oriental de la gobernación, hacia La Ramada. Participó en ella, entre otros oficiales, Gonzalo Jiménez de Quesada, letrado sevillano al que Lugo había traído como su hombre de confianza jurídica.

La jornada fue un desastre. Alonso Luis avanzó hasta el Cabo de la Vela; atacó tribus vecinas, entre ellas las de Bonda, y los pueblos de Coto y Valle Hermoso, por negarse a entregar oro. Las escaramuzas fueron victoriosas en el sentido táctico —los españoles se imponían—, pero no lograron la sumisión indígena ni aseguraron alimentos. En marzo de 1536, la expedición regresó a Santa Marta con la pérdida de cerca de 250 hombres por flechas, hambre y disentería. Traía, eso sí, más de 60.000 pesos de oro recogidos en el camino.

Lo que hizo entonces Alonso Luis de Lugo definió el resto de la gobernación de su padre. Se embarcó hacia España sin repartir el oro con sus compañeros y, según se rumoreaba en la crónica de Aguado, habría ocultado el metal para partir a escondidas, dejando a su anciano padre sin recursos. El adelantado denunció formalmente a España la conducta de su hijo y pidió para él un castigo ejemplar. La denuncia revela lo profundo del golpe: Pedro Fernández de Lugo, que había armado la expedición endeudándose y comprometiendo el capital de sus socios, se encontraba en Santa Marta con la tropa mermada por el fracaso de La Ramada, sin el oro que su propio hijo se llevaba y sin manera inmediata de responder a los inversores peninsulares.

La ciudad, entretanto, se hundía. El maíz seguía escaseando porque los indios estaban en guerra; según Aguado, no hallaban con dineros ni sin ellos qué comer. La mortalidad era muy alta. El ejército estaba diezmado por hambre, enfermedades, luchas con los indígenas y clima tropical. Cualquier gobernador en la situación de Lugo habría tenido que enviar una expedición al interior; el mérito específico de Lugo fue disponer del instrumento jurídico —sus capitulaciones— para hacerlo con forma legal, y del último capital de reputación para reclutar entre sus hombres una hueste que aceptara la apuesta.

La Instrucción y Memoria del 1 de abril de 1536

La expedición al Río Grande —el Magdalena— nació de esa desesperación tanto como de una estrategia. El 1 de abril de 1536, Pedro Fernández de Lugo firmó en Santa Marta la Instrucción y Memoria que nombraba al licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada general de la jornada. El documento es breve pero contiene el molde entero de la conquista neogranadina.

Lugo ordenaba a Quesada pedir oro a los indios que encontrase durante el viaje sin hacerles vejaciones; llevar un libro detallado del botín que entrase durante la expedición; fundar poblaciones en el camino; persuadir a los indios a aceptar voluntariamente la sujeción al rey de Castilla, y sólo hacerles guerra si negasen la obediencia. En esas cuatro líneas de mandato se condensa el vocabulario oficial de la conquista tras 1526: registro contable del botín, requerimiento previo, fundación de ciudades como acto jurídico de posesión, guerra justa como recurso subsidiario. Al menos una versión de la instrucción menciona, entre los objetivos remotos, buscar un camino terrestre hacia el Perú y el mar del Sur, señal del imaginario geográfico según el cual el altiplano andino de Nueva Granada podía comunicarse por tierra con el imperio de Pizarro.

La expedición partió en los primeros días de abril de 1536 —una fuente precisa el día 6—, siguiendo una ruta que circunvalaba la Sierra Nevada por sus sabanas suroccidentales y el valle del Cesar para alcanzar el río Magdalena, evitando los principales obstáculos geográficos del delta. Iba en simultáneo con una flotilla de bergantines que remontaría el río. Para entender la posición de Lugo, importa que la Instrucción delegaba el mando operativo en Quesada pero se reservaba la autoridad superior de la gobernación: el general era su brazo ejecutor, no su sucesor. Todo lo que la expedición conquistara, todo lo que fundara, toda la merced que repartiera, derivaba jurídicamente de la capitulación que Carlos I había firmado con Pedro Fernández de Lugo.

Esa cadena de derivación jurídica es el punto que la memoria del ciclo, seducida por la figura de Quesada, tiende a difuminar. La conquista del altiplano muisca fue, en términos institucionales, una operación de la gobernación de Santa Marta, cuyo jefe legal era el adelantado Fernández de Lugo y cuyo documento fundacional lleva su firma, no la del general.

El teatro de operaciones que Lugo no vería

La expedición emprendió una travesía por un mundo que Lugo, desde Santa Marta, sólo conocía por relatos fragmentarios. El Magdalena era entonces un corredor largo y desigual, disputado por pueblos hostiles a la penetración española y por los primeros brotes de tráfico esclavista que ya bajaban desde la costa. Muchos de los grupos ribereños eran de filiación caribe, y la práctica española de etiquetarlos genéricamente como "caribes" y "caníbales" para justificar su captura había convertido el río, ya en las primeras décadas del siglo XVI, en una ruta de saqueo antes que de conquista formal. Ambrosio Alfínger había sido el primero en penetrar más allá de Santa Marta, y de esas incursiones previas quedaba una nube de topónimos difíciles de fijar y descripciones donde se confundían aldeas y confederaciones.

Al final de ese corredor esperaban los muiscas, en las altiplanicies frías de Cundinamarca y Boyacá: una sociedad densa, jerarquizada bajo el Zipa y el Zaque, con salinas, minas de esmeralda, orfebres finos y un comercio de sal que la conectaba con las tierras bajas por caminos estrechos y vigilados. Los pueblos muiscas no habían edificado un imperio territorial al modo azteca o incaico, pero habían acumulado en el altiplano una riqueza portátil —oro batido, mantas, esmeraldas, cuentas— que, en manos de una hueste española, se convertiría rápidamente en botín. La expedición encontraría allí una segunda Perú relativa: el saqueo del altiplano hizo de la campaña de Quesada, probablemente, la segunda más rentable del siglo XVI, después de la de Francisco Pizarro. Pedro Fernández de Lugo no vivió para verlo, ni para recibir el quinto que le hubiera correspondido como titular de la capitulación.

La muerte en Santa Marta

El adelantado murió en Santa Marta en octubre de 1536, apenas seis meses después de firmar la Instrucción y Memoria, y mucho antes de que Quesada llegara al altiplano. La causa exacta se pierde en la crónica —la ciudad era, en esos meses, un cementerio de recién llegados—, pero el peso político de su muerte fue enorme. Lugo se llevó a la tumba las cuentas de la empresa, las promesas hechas a los inversores canarios y peninsulares que habían costeado la armada, la denuncia contra su hijo Alonso Luis, y sobre todo, la autoridad jurídica que hacía de la campaña del interior una operación gobernada desde Santa Marta.

La Real Audiencia de Santo Domingo reaccionó como solía hacerlo ante la muerte de un gobernador: envió a Jerónimo Lebrón como juez de residencia. Lebrón no lograría, sin embargo, consolidar su autoridad sobre el Nuevo Reino recién descubierto por Quesada. Cuando intentó ejercer jurisdicción sobre el altiplano fue rechazado por la población y obligado por Hernán Pérez de Quesada, hermano del general, a regresar a Santa Marta. Instauró entonces un juicio contra los dos hermanos —con muchos testimonios adversos a la fama de ambos—, pero la disputa por la herencia de Lugo ya se estaba jugando en otro tablero.

La disputa por la herencia

Gonzalo Jiménez de Quesada, al enterarse de la muerte de su mandante, apresuró su traslado a la Corte española. La lógica era transparente: si el principal había muerto sin sucesor claro, el general que había ejecutado la empresa y había fundado Santa Fe podía intentar convertirse en gobernador por derecho propio de conquistador. Ese cálculo lo llevó a desatender la organización de la naciente ciudad de Bogotá, un descuido que sus contemporáneos y los cronistas posteriores le reprocharían.

Carlos V, sin embargo, no aceptó el traspaso. La herencia de Pedro Fernández de Lugo correspondía a Alonso Luis de Lugo —el mismo hijo que había huido con los 60.000 pesos en 1536—, y a fines de 1542 éste se embarcó hacia América para hacerse cargo de la gobernación. Su ejercicio del cargo fue tan conflictivo como sugería su historial: se apoderó violentamente, pese a las protestas de los oficiales reales, de la doceava parte de las perlas depositadas en la Real Caja de Riohacha, alegando que le correspondían según la capitulación concedida por la Corona. El episodio dice mucho sobre la naturaleza patrimonial del cargo: el hijo cobraba con las manos lo que consideraba herencia. Su relación con los vecinos de Santa Marta fue tensa, y también terminaría dejando la gobernación para volver a la península.

Que Alonso Luis de Lugo pudiera reclamar y ejercer la gobernación —con todas las violencias que rodearon su gestión— muestra hasta qué punto la capitulación funcionaba como propiedad transmisible. Y muestra también cuál fue el fracaso institucional de Pedro Fernández de Lugo: haber invertido su capital y su reputación en una empresa cuyo mayor éxito —la conquista del altiplano muisca— se produjo tras su muerte y quedó, políticamente, disponible para otros.

Lo que Lugo fue

Reducir a Pedro Fernández de Lugo a "el adelantado que envió a Quesada" es empobrecer tanto al hombre como al proceso. Fue el punto en el que la lógica de conquista canaria —capital privado, capitulación con la Corona, mercedes derivadas, adelantazgo como cuasi-señorío— se trasladó al Caribe continental. Su armada de 1535, con más de mil personas y al menos diez navíos, es una de las inversiones privadas más ambiciosas que registró la conquista neogranadina, y descansaba sobre una red de socios y financistas que la historia ha olvidado nombrar pero cuya existencia se deduce del propio tamaño de la operación. Fue también el titular jurídico de la campaña que produjo Santa Fe, Tunja y las demás fundaciones del altiplano: sin su Instrucción y Memoria, la expedición de Quesada carece de base legal. Y fue el adelantado que en menos de dos años vio derrumbarse tanto su empresa como su patrimonio y su nombre: la traición de su hijo, el fracaso de la costa, la enfermedad y la muerte se encadenaron con rapidez.

Lugo no actuó desde una posición de fortaleza empresarial cuando envió a Quesada al interior: actuó desde el colapso. La Instrucción del 1 de abril de 1536 no es sólo el documento de un empresario que traslada su lógica canaria al altiplano; es también el acto de un gobernador sin recursos ni ejército suficiente, que apostó al interior porque la costa ya no daba más. Porque la fragilidad de Lugo era ya grande cuando lo firmó, su muerte seis meses después dejó un vacío institucional que Quesada intentó ocupar y que la Corona terminó rellenando con el hijo repudiado. La paradoja es que la empresa mejor concebida jurídicamente de cuantas se lanzaron desde Santa Marta se sostuvo, en su tramo decisivo, sobre un titular ya vencido: un adelantado endeudado, traicionado por su hijo y consumido por el clima de una ciudad que él mismo no había alcanzado a estabilizar.

Esa es, quizá, la razón última por la que Pedro Fernández de Lugo importa en la historia de Colombia. Su peso no reside en las armas, que manejó poco, ni en fundaciones que no dejó en pie, sino en el hueco que dejó al morir. Por ese hueco se coló toda la disputa posterior sobre a quién pertenecían jurídicamente las tierras muiscas. Y en ese hueco se decidió, sin que nadie lo formulara así, que la costa caribe y el altiplano andino serían dos mundos institucionalmente separados. El adelantado canario que quiso reproducir en Santa Marta el modelo de conquista de su padre terminó, sin proponérselo, siendo el arquitecto involuntario de la fractura territorial más duradera del país que un día se llamaría Colombia.