Sebastián de Belalcázar

El extremeño que llegó tarde a las Indias

Sebastián Moyano —que adoptaría el nombre de su pueblo natal, Belalcázar, en la provincia de Córdoba, en la Extremadura española— nació hacia 1480. Pertenece, cronológicamente, a la primera generación de conquistadores, pero su nombre se hizo grande en la segunda ola: la que consolidó los territorios que Colón, Balboa y los primeros Pizarro apenas habían asomado. Algunas crónicas lo hacen acompañante de Colón en uno de sus viajes y testigo del descubrimiento del Pacífico; lo verificable es que en 1519 estaba en Panamá, donde asistió a la fundación de la ciudad por Pedrarias Dávila. Esa presencia no es un detalle biográfico menor: allí aprendió, y probablemente memorizó, las instrucciones reales que regían el acto ritual y jurídico de fundar una ciudad en Indias —el emplazamiento defensivo, la cercanía de agua, leña, pastos y materiales, el trazado rectangular de solares, la plaza bien delineada, la iglesia claramente situada—, un manual que Carlos V refrendaría hacia 1523 en cédulas específicas y que Belalcázar aplicaría con obstinación en cada uno de sus asentamientos.

Cuando Francisco Pizarro y Diego de Almagro descendieron sobre el Perú en 1532, Belalcázar hacía parte de la hueste. Actuó como capitán bajo la autoridad de Pizarro y participó en las campañas del norte del incario, donde el general inca Rumiñahui intentaba reagrupar la resistencia tras la captura y muerte de Atahualpa. En 1534 fundó San Francisco de Quito sobre las ruinas de la ciudad que Rumiñahui había prendido en fuego antes de retirarse, y en el proceso estableció además Guayaquil. Quito quedó bajo su mando y ejerció allí funciones plenas de autoridad hasta 1538. Ese ejercicio le dio dos cosas decisivas: una plataforma logística —hombres, caballos, indios auxiliares, información— para lanzar exploraciones hacia el norte, y una relación cada vez más incómoda con Pizarro, cuya órbita quería abandonar.

Los capitanes adelantados y la marcha al norte

Desde 1535, antes incluso de dejar Quito, Belalcázar comenzó a enviar capitanes hacia las tierras del norte. Fue una conquista por delegación: partidas pequeñas, encomendadas a subalternos, que abrieron camino, sometieron poblaciones y sembraron los primeros asentamientos. A esas exploraciones ordenadas desde Quito se debe la fundación de Pasto —originalmente Villaviciosa de Pasto, concebida como punto de comunicación entre Popayán y Quito, y trasladada en 1541 al sitio actual por orden del gobernador Pedro de Puelles—, así como el establecimiento de Cali en 1536 y Popayán en 1537. Belalcázar tenía la facultad de fundar ciudades por autoridad delegada de Pizarro, y la ejerció con método: cada nueva villa aseguraba la ruta, distribuía encomiendas entre sus vecinos y dejaba una jurisdicción territorial bajo su nombre.

Las motivaciones que lo llevaron a marchar personalmente al norte en 1538 son varias y no se excluyen. Estaba el deseo de independizarse de Pizarro y obtener del rey un título propio de gobernador; estaba el hastío, que algunos cronistas registran, con la vida burocrática de Quito; estaban las noticias que dos de sus compañeros, Juan de Avendaño y Luis de Sanabria —con experiencia previa en expediciones hacia el Meta y el Orinoco—, traían de tierras ricas al oriente. Y hubo, a mediados de 1538, la información que un indio le proporcionó en Quito sobre un "Dorado" oriental, versión que Aguado, Castellanos y Fray Pedro Simón recogen con matices distintos. El motor no era solo la codicia: era también la necesidad institucional de convertirse en cabeza de una gobernación autónoma antes de que las autoridades peruanas o metropolitanas le fijaran un lugar subalterno.

La expedición descendió al río Magdalena y lo recorrió por ambas riberas durante unas ochenta leguas, atravesando la región de Neiva. En diciembre de 1538, siguiendo órdenes de Belalcázar, los capitanes Pedro de Añasco y Juan de Ampudia fundaron en el curso alto del Magdalena la ciudad de Timaná —originalmente llamada Guacallo o Guacacallo—, que serviría de puesto avanzado sobre las tierras de yalcones y paeces. Cuando el propio Belalcázar llegó a la zona, encontró los valles desolados: Ampudia y Añasco habían aplicado con eficiencia la táctica de tala y quema, incendiando pueblos y arrasando campos con hierro y fuego. La región estaba despoblada antes de que su jefe la pisara.

El encuentro en la sabana

Entre enero y febrero de 1539, los soldados de Belalcázar hicieron contacto en las estribaciones del Alto Magdalena con hombres de la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada. Poco después, en la sabana de Bogotá —el corazón del territorio muisca que Quesada acababa de bautizar como Nuevo Reino de Granada, en honor a su ciudad natal en España—, confluyeron tres huestes que habían salido de puntos remotos: la de Quesada, subida desde Santa Marta por el Magdalena; la de Nicolás de Federmann, atravesando desde Coro en el occidente venezolano; y la de Belalcázar, ascendida desde Quito con Popayán y Cali ya fundadas a su espalda.

El encuentro pudo terminar en guerra abierta —tres capitanes con sus tropas, cada uno reclamando el mismo territorio— y no lo hizo. Los tres acordaron no combatir entre sí y llevar la disputa a España para que las autoridades metropolitanas la resolvieran. Fue una decisión de una lucidez política inusual, y también una apuesta: los tres sabían que la Corona era ya el árbitro inevitable de todo conflicto entre conquistadores, y que quien llegara primero a las cortes podía ganar lo que en el campo no se decidía. Ninguno de los tres saldría bien parado del arbitraje ni de lo que vino después. Federmann murió en 1542, tragado por una tormenta que hundió su barco. Belalcázar sería acusado, encarcelado y moriría en Cartagena en 1551, quebrado y humillado. La confluencia de la sabana, que suele recordarse como un acto fundacional del Nuevo Reino, marcó también el inicio de la ruina personal de sus tres protagonistas.

Popayán, gobernación y método

De regreso al suroccidente, Belalcázar obtuvo la gobernación de Popayán y desde allí gobernó la vasta región que se extendía entre el Alto Magdalena, el valle del Cauca y las estribaciones andinas hacia el norte. Popayán, fundada en 1537 en una meseta templada del piedemonte cordillerano, se convirtió en su capital: no una ciudad cualquiera, sino la sede de las Cajas reales y del gobernador, punto de articulación entre Quito y el Nuevo Reino, bisagra estructural del suroccidente.

La violencia fue el método. Pascual de Andagoya, que recorrió la zona entre Lili —la primitiva Cali— y Popayán poco después del paso de Belalcázar, dejó el testimonio más devastador. En apenas diez leguas de camino, escribió, había encontrado pueblos de quinientas a ochocientas casas completamente destruidos, sus habitantes muertos, solo los cimientos en pie. La zona había sido una de las más densamente pobladas y fértiles de todo el territorio; Andagoya la halló despoblada. Y atribuyó la destrucción, sin rodeos, a Belalcázar y sus capitanes. Cieza de León, que recorrió el Cauca hacia 1535 o 1536 y publicó la primera parte de su Crónica del Perú en 1553, coincide en la descripción de la abundancia previa; Fernández de Piedrahita, más tarde, ratifica el cuadro. La región de Popayán en 1535 contenía grandes asentamientos, fuertes de madera bien construidos, puentes elaborados, textiles y adornos de oro, y una organización político-militar laxa que coordinaba más de cien unidades tribales. Todo eso fue arrasado con una sistematicidad táctica, no accidental: masacres, quema de casas, tala de campos.

El cálculo de Juan Friede, basado en datos fragmentarios pero concordantes, cifra en un noventa por ciento la caída de la población indígena de la provincia de Popayán en sesenta y ocho años. Es una catástrofe demográfica del orden de las mayores documentadas en la América colonial. Los sobrevivientes de los valles bajos, huyendo de la violencia, se refugiaron en las alturas del Macizo colombiano, donde formaron concentraciones que no eran agrupaciones tribales originarias del lugar sino núcleos artificiales, producto del despojo. La resistencia, sin embargo, no se extinguió: pijaos, paeces y yalcones combatieron durante casi un siglo la consolidación territorial española, obligando a que la ocupación colonial en torno a Popayán fuera precaria, disputada, negociada palmo a palmo. La jurisdicción efectiva de la ciudad no lograba extenderse más allá de Caloto por el norte y Almaguer por el sur; el orden colonial en la región no fue simplemente impuesto desde arriba por Belalcázar, sino resistido y limitado desde abajo durante generaciones.

Antioquia, Robledo y la guerra entre conquistadores

Si la violencia contra los indígenas construyó su gobernación, la violencia contra sus pares españoles la destruyó. En 1539, Belalcázar comisionó a Jorge Robledo para colonizar las tierras al norte de Cali. Robledo fundó a mediados de ese año Santa Ana de los Caballeros —que al ser trasladada tomó el nombre de Anserma, mientras el sitio original quedó como Ansermanuevo— y prosiguió hacia el norte con la intención evidente de armar su propio dominio, independizándose de la autoridad payanesa. El plan de Robledo replicaba, contra Belalcázar, la misma jugada que Belalcázar había hecho contra Pizarro: buscar en tierras nuevas la autonomía que el superior no concedía.

La cadena de fundaciones —Cartago, la aproximación a las minas de Buriticá, más tarde Santa Fe de Antioquia— llevó a Robledo a chocar con las pretensiones de la gobernación de Cartagena. Fuerzas del gobernador Pedro de Heredia lo arrestaron y pusieron su fundación bajo mando cartagenero, lo que dio inicio a la larga querella entre Popayán y Cartagena por el control de Antioquia y su franja minera. Robledo terminó en España, donde consiguió el título de mariscal y una representación del visitador de Cartagena para actuar como emisario en el área que iba de Antioquia a Cartago. Regresó en octubre de 1546, fundó Santa Fe de Antioquia al sur de las minas de Buriticá y murió ese mismo año. La querella entre las dos gobernaciones llegó a su fin con su muerte.

Las circunstancias precisas de esa muerte son escuetas, pero se atribuye a la orden de Belalcázar. Fue el cargo que lo destruyó. En una época en que la Corona ejecutaba a Colón procesado, sometía a Cortés al juicio de residencia y quebraba a los Pizarro, el ajusticiamiento de un mariscal con título real por parte de otro gobernador era un desafío directo a la política metropolitana de subordinar a los conquistadores. La misma dinámica que había hecho posible el poder de Belalcázar —la delegación de autoridad en capitanes que fundaban ciudades y repartían encomiendas— empezaba a ser desmontada desde Madrid.

El juicio de residencia y la muerte en Cartagena

Miguel Díaz de Armendáriz fue enviado a América para residenciar a los gobernadores de varias jurisdicciones del norte de Sudamérica. Su llegada coincidió con los sucesos ocasionados por las Leyes Nuevas de 1542, aquella legislación que buscaba proteger a los indígenas restringiendo las encomiendas y que provocó levantamientos y resistencias en el Perú y en el Nuevo Reino. En ese contexto, el juicio de residencia contra Belalcázar quedó suspendido.

Se retomó en 1550, ya instalada la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, con Francisco Briceño como juez. Belalcázar fue procesado por múltiples cargos, entre ellos y de manera central la muerte de Robledo. La sentencia le fue adversa. Camino a España, donde pensaba apelar ante las autoridades metropolitanas, murió en Cartagena en 1551. Las crónicas lo describen quebrantado y humillado, agotado por el proceso y por el viaje.

Su caída no fue la sanción proporcional de una justicia coherente. El Estado imperial que lo condenó era el mismo que lo había habilitado; el juicio se suspendió y se retomó al ritmo de las reconfiguraciones institucionales de la metrópoli, no de una investigación sostenida sobre sus actos. Los crímenes contra los indígenas de Popayán —las masacres, el despoblamiento, la catástrofe demográfica que Andagoya denunció con todas sus letras— no fueron el eje del proceso. Lo que lo destruyó fue el conflicto con Robledo, es decir, la violencia contra un par español titulado por la Corona. La misma paradoja que había marcado a Colón, a Cortés y a los Pizarro se cumplió en él: la Corona, al consolidarse, necesitó subordinar a los agentes que había usado para expandirse, y lo hizo a través de mecanismos judiciales que castigaban selectivamente las disputas entre conquistadores y dejaban prácticamente impune el exterminio indígena.

La red que lo rodeó

Belalcázar no operó solo. Sus dos capitanes de campo, Pedro de Añasco y Juan de Ampudia, fueron los ejecutores materiales de la conquista del Alto Magdalena y la fundación de Timaná; su nombre está indisolublemente ligado a la política de tala y quema que documentó Andagoya. Juan de Avendaño y Luis de Sanabria, veteranos de expediciones hacia el Meta y el Orinoco, aportaron información y probablemente incentivo para la marcha al norte. Jorge Robledo fue subalterno, rival y víctima. Pascual de Andagoya, que ejerció brevemente como adelantado de la provincia de Popayán en un gobierno interrumpido, fue —a pesar de haber sido su rival— el testigo más lúcido de sus atrocidades: su relativa tolerancia hacia los indígenas, inusual entre los conquistadores, lo distingue como fuente y lo convierte en la voz que fija para la posteridad el balance moral de la gobernación payanesa.

Por encima de él, la sombra de Francisco Pizarro, cuya autoridad quiso abandonar sin lograr nunca del todo; a su lado, los otros dos capitanes de la confluencia de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada y Nicolás de Federmann, con quienes selló un pacto que los tres cumplieron y ninguno sobrevivió con provecho. Y detrás de todos, Carlos V, cuyas cédulas de hacia 1523 regulaban el acto de fundar ciudades y cuyas Leyes Nuevas de 1542 desataron la reconfiguración institucional que acabó con Belalcázar.

Como cronistas de su trayectoria quedaron Cieza de León —el más temprano y confiable para el occidente colombiano, aunque no cubrió el Magdalena—, Andagoya —el testigo directo de la destrucción—, Fray Pedro de Aguado, Juan de Castellanos con sus Elegías de varones ilustres de Indias, Fray Pedro Simón con sus Noticias historiales de las conquistas de tierra firme y, más tardíamente, Fernández de Piedrahita. El uso académico de estos autores para la región de Popayán ha sido menos intensivo que para las regiones muisca o tairona; parte del olvido relativo de la magnitud de la catástrofe demográfica del suroccidente colombiano se explica por esa asimetría.

La herencia larga

Popayán, la ciudad que fundó en 1537 y desde la que gobernó, adquirió una preeminencia administrativa que sobrevivió por siglos a su fundador. Al término de las guerras de resistencia indígena, con las Cajas reales y el gobernador asentados en ella, la ciudad se consolidó como capital de una gobernación que, aunque limitada en su jurisdicción inmediata a la franja entre Caloto y Almaguer, articulaba una red minera y hacendataria de enorme peso. Su prosperidad se sostuvo en los ciclos de la producción minera y en las haciendas basadas en trabajo esclavo africano; alcanzó su apogeo en el siglo XVIII, cuando la élite payanesa se contó entre las más influyentes del virreinato de la Nueva Granada.

Esa primacía se mantuvo durante la Independencia y buena parte del siglo XIX. Popayán fue centro cultural y académico, cuna de próceres y presidentes, sede de una universidad temprana. A diferencia de Lima o México, no generó fortunas mineras de la escala necesaria para inversiones monumentales, lo que explica la austeridad —blanca, sobria, casi conventual— de su patrimonio colonial construido. Su arquitectura habla de un poder duradero pero contenido, de una aristocracia rica en tierras e indios más que en oro amonedable.

La lógica jurisdiccional que Belalcázar instaló también sobrevivió. En el suroccidente colonial —Popayán, Cali, Buga, Cartago— el reparto de tierras, indios y minas quedó confinado a los términos de cada ciudad, con límites bien definidos que impedían la concentración de influencia en un solo núcleo. Solo la actividad minera lograba trascender esas fronteras: la jurisdicción de Caloto, real de minas y puesto fronterizo, fue repartida entre propietarios de Popayán, Cali y Buga, señal de que el oro y la mano de obra esclava construían circuitos económicos que la geografía urbana no podía contener. Esa arquitectura territorial —ciudades con jurisdicciones celosas, actividad minera transversal, resistencia indígena persistente en las cordilleras— es reconocible aún hoy en la organización política y cultural del suroccidente colombiano.

Y sin embargo, en la memoria pública, Belalcázar quedó como estatua ecuestre. La que se erigió en 1937 en el Morro de Tulcán, en Popayán, sobre un cerro que era además guaca precolombina, cristalizó durante más de ocho décadas una narrativa fundacional que privilegiaba al conquistador y borraba a las poblaciones arrasadas. Cuando los comuneros misak la derribaron el 16 de septiembre de 2020, y cuando una acción similar tumbó su monumento en Cali poco después, la disputa que se abrió no era solo estética ni conmemorativa. Era la reaparición pública, cinco siglos más tarde, del testimonio que Andagoya había dejado escrito: la denuncia de una gobernación que se levantó sobre pueblos de quinientas a ochocientas casas destruidos hasta los cimientos, sobre valles fértiles reducidos a soledad, sobre una población indígena que perdió nueve de cada diez habitantes en sesenta y ocho años.

Belalcázar es, en la historia de Colombia, el fundador de ciudades que aún existen y el gobernador que trazó una jurisdicción que sobrevivió a su muerte. Es también el ejecutor de una violencia sistemática cuya escala solo empieza a integrarse plenamente al relato nacional en las últimas décadas. Y es, finalmente, la figura en la que el sistema colonial español probó su capacidad de destruir a sus propios agentes: el conquistador que murió humillado en Cartagena por orden de la misma Corona que le había entregado la gobernación de Popayán. Su trayectoria no admite ni la hagiografía del fundador ni la caricatura del monstruo aislado. Es la biografía, exacta y verificable, de cómo se hizo el suroccidente colombiano —y de cuánto costó, en vidas, memoria y territorio, esa manera de hacerlo.