Implantación de la encomienda en el Nuevo Reino de Granada (1538–1560)

La encomienda en el Nuevo Reino de Granada (1538–1560)

En los veintidós años que corren entre la fundación de Santafé y la visita de Tomás López Medel, la encomienda dejó de ser una promesa hecha a soldados hambrientos en el altiplano y se convirtió en la institución que ordenó la vida colonial neogranadina: distribuyó a los muiscas y sus vecinos entre un puñado de conquistadores, canalizó los excedentes agrícolas hacia las nuevas ciudades, capturó los cabildos, resistió con éxito las Leyes Nuevas y produjo, casi por inercia, la primera oligarquía criolla. No fue un diseño coherente sino una acomodación: los españoles descubrieron en el altiplano cundiboyacense sociedades con caciques hereditarios, tributación regular y capitanías territoriales, y montaron sobre esas estructuras un dispositivo extractivo que apenas necesitó rehacerlas. Sobre la organización muisca preexistente, una hueste convertida en élite terrateniente echó raíces tan hondas que la Corona tardó más de dos décadas en imponerle los primeros límites efectivos.

Del saqueo al reparto: la hueste de Quesada en el altiplano

La expedición que llevó a los españoles al corazón muisca partió de Santa Marta en los primeros días de abril de 1536, autorizada por el gobernador Pedro Fernández de Lugo y comandada por Gonzalo Jiménez de Quesada. De los 705 hombres que se embarcaron por el Magdalena, solo 166 alcanzaron la Sabana tras el suplicio de las serranías del Opón. En agosto de 1537 esa hueste diezmada asaltó a Quemuenchatocha, el zaque de Tunja, y se llevó 136.000 pesos de oro fino, 14.000 de oro bajo y 280 esmeraldas; semanas después, el 4 de septiembre, otra entrada del libro de registro consigna un nuevo botín obtenido en el saqueo de Sogamoso, cuyas cifras exactas no quedaron asentadas en los fragmentos conservados.

Ese fue el rescate: la fase de captura violenta del metal acumulado por los muiscas durante generaciones. Pero el rescate se agotaba en sí mismo. Cuando en junio de 1538 los conquistadores se repartieron el botín, quedó claro que el oro visible no alcanzaba para pagar dos años de campaña, y que la única manera de convertir la conquista en riqueza duradera era hacerse con la población que producía ese oro, esos textiles y esos alimentos. La fundación de Santafé el 6 de agosto de 1538, en el sitio de Teusaquillo —lugar de recreo del zipa que Quesada bautizó por su parecido con la villa granadina de Santa Fe—, no fue solo un gesto simbólico: fue la cabeza urbana desde la cual repartir el altiplano.

Poco después llegaron los otros dos pretendientes al territorio muisca. Sebastián de Belalcázar subía desde Popayán y Nicolás de Federmán bajaba de los llanos venezolanos, cada uno con sus propios títulos y sus propios hombres. El acuerdo al que llegaron los tres capitanes en 1539 —viajar juntos a España a que la Corte decidiera— dejó en Bogotá a Hernán Pérez de Quesada al mando de unos 400 hombres, 150 caballos y 300 marranas preñadas: la infraestructura mínima de una colonia. Antes de embarcarse, Jiménez de Quesada ordenó fundar dos ciudades más en el corazón de la región muisca, Tunja y Vélez, con un propósito explícito: repartir indios en encomienda entre los soldados que aún no la tenían. El 13 de agosto de 1538 el cabildo de Vélez ya funcionaba lo bastante como para otorgarle a Jiménez, junto con el capitán Juan de San Martín, poder para representarla en la Corte; Tunja quedó formalmente asentada el 6 de agosto de 1539, sobre la antigua Hunza, por Gonzalo Suárez Rendón.

La estructura muisca como andamio de la extracción

La rapidez con que la encomienda se implantó en el altiplano no se explica por la eficiencia de los conquistadores, sino por lo que encontraron. La sociedad muisca estaba organizada en capitanías —unidades territoriales y sociales básicas encabezadas por un capitán indígena— agrupadas bajo caciques principales que ejercían autoridad sobre conjuntos amplios de población. Existía tributación regular hacia esos caciques, existían jerarquías estables, existían mecanismos de recolección. Los españoles no tuvieron que inventar un aparato tributario: heredaron uno.

El repartimiento no distribuía individuos sueltos, sino grupos preexistentes. A un conquistador se le entregaba un cacique con su comunidad, un capitán con su gente, una capitanía entera. La tasación recaía sobre el colectivo, y el cacique quedaba como su representante ante el encomendero, encargado de reunir el tributo y responder por él. En la práctica, los caciques y capitanes muiscas fueron incorporados como agentes de la Corona: recibieron privilegios, tierras, en algunos casos encomiendas propias, títulos y responsabilidades organizativas. El proceso no fue uniforme —algunos linajes se derrumbaron, otros negociaron una posición intermedia—, pero el patrón general fue de continuidad instrumental.

Esa continuidad tenía una lógica precisa. Cuanto más avanzada era la organización social aborigen, más fácil resultaba someterla y extraerle tributo. En las tierras bajas, donde los cacicazgos eran menos consolidados y no existía tributación previa, los españoles chocaron con resistencias que la encomienda no supo domesticar. En el altiplano cundiboyacense, en cambio, la norma general de la política española —ajustar los tributos coloniales a lo que los indios pagaban antes a sus caciques— pudo aplicarse con cierto sentido, porque efectivamente había algo que ajustar. Que la comparación fuera rigurosa es otra cosa: la información sobre las cargas prehispánicas era escasa y fragmentaria, y toda afirmación posterior sobre si los indios pagaban más o menos que antes carecía de base documental sólida. Los encomenderos aprovecharon esa penumbra para presentarse como sucesores razonables de los caciques.

Hay una lectura que cuestiona la traducción misma. Lo que los cronistas españoles llamaron tributo muisca podría haber sido, en su lógica interna, un intercambio de regalos asimétrico, un mecanismo de reciprocidad y exhibición de prestigio antes que una extracción sistemática de excedentes. Si esa lectura es correcta, la encomienda no continuó una tradición tributaria: la fabricó, transformando una economía de dones en una economía de renta forzada, y usando a los caciques como cobradores de una carga que sus antepasados no habrían reconocido. El resultado, en cualquier caso, fue que los vínculos externos de cohesión de la sociedad chibcha —los que ligaban capitanías, cacicazgos y confederaciones— quedaron rotos en provecho de la unidad menor: la comunidad tributaria adscrita a un encomendero español.

El contenido de la encomienda: tributo, trabajo, apropiación

Jurídicamente, la encomienda era una cesión: el rey, titular de la carga fiscal sobre sus vasallos indígenas, transfería a un español meritorio el derecho a percibir los tributos de un grupo determinado. No era una adjudicación de tierras, aunque derechos secundarios sobre el suelo podían aparecer por vía indirecta. El núcleo era la población tributaria, no el territorio; en los pleitos sobre tierras que surgieron en el Nuevo Reino, el título de encomienda nunca se alegó con éxito como prueba de propiedad.

El tributo se pagaba en trabajo, en bienes agrícolas o en manufacturas indígenas, y el encomendero solía preferir una modalidad u otra según sus intereses. En el altiplano, la manta de algodón se convirtió en la moneda corriente del sistema: los muiscas la tejían por millares y los encomenderos las vendían en subasta pública en las plazas de Santafé y Tunja. A esa producción textil se sumaban las obligaciones agrícolas: el tributo forzó una transformación radical de las siembras, desplazando el maíz tradicional en favor del trigo y la cebada, y en algunas regiones introduciendo cerdos y gallinas. La composición de las cargas revela la función urbana del sistema: por vía del tributo se canalizaban los excedentes agrícolas hacia el consumo de los pobladores españoles, y las ciudades del altiplano funcionaban como receptáculos de esa renta.

A la carga en especie se añadía el servicio personal. Los encomenderos exigían un 3 o 4% de los varones adultos como sirvientes en sus aposentos, una proporción que aparecía como marginal en el papel pero resultaba pesada sobre comunidades cuya población empezaba a menguar. En muchas regiones el tributo debía pagarse, además, parcialmente en oro. Donde no había minas, los indios se veían obligados a vender su producción agrícola o textil para adquirir el metal, quedando expuestos a las oscilaciones del mercado urbano. Ese mercado, además, lo controlaban los propios encomenderos. Y sobre esa base se apilaba una fiscalidad múltiple: la pensión particular del encomendero, el quinto real, el estipendio del cura doctrinero, el sueldo del corregidor. El indio tributario sostenía, en cada acto de entrega, cuatro instituciones simultáneas.

La encomienda fue la piedra de toque del neofeudalismo americano: el encomendero prácticamente no tenía deberes y sí todos los derechos, mientras el indio carecía de derechos y estaba abrumado con todos los deberes. No había mutua prestación de servicios, y la institución se deslizaba con facilidad hacia la servidumbre y, en muchos casos, hacia la esclavitud. La propia legislación colonial reconoció esa asimetría al intentar limitar los contactos directos entre encomenderos e indígenas. La ley trazaba las líneas; la práctica cotidiana las borraba.

Había, sin embargo, un límite interno. La encomienda dependía de que las estructuras productivas indígenas siguieran funcionando: la república de los indios debía sostener a la república de los españoles. Al gobierno le resultaba más conveniente preservar las organizaciones indígenas y ponerlas a producir que exterminarlas, y esa lógica se tradujo en medidas de protección. Los encomenderos, en cambio, buscaban apropiarse de la mayor porción posible de trabajo y riqueza indígena en el corto plazo, y esa tensión —entre la Corona interesada en la reproducción del tributario y el encomendero interesado en su explotación inmediata— recorrió todo el siglo XVI.

Redistribuciones y guerras internas: la inestabilidad del reparto

Si la encomienda muisca fue rápidamente estable en su forma, fue tremendamente inestable en sus titulares. El primer reparto de Jiménez de Quesada no sobrevivió a su ausencia. Cuando llegó la noticia de la muerte de Pedro Fernández de Lugo, la Real Audiencia de Santo Domingo envió a Jerónimo Lebrón como juez de residencia; Lebrón fue aceptado por una parte de la población y rechazado por otra, y Hernán Pérez de Quesada terminó obligándolo a regresar a Santa Marta, donde el enviado instauró un juicio contra los hermanos Quesada. Poco después llegó Alonso Luis de Lugo con su propio séquito, y con él una nueva redistribución de encomiendas que despojó a antiguos conquistadores para colocar a sus clientes; el mismo patrón se repitió con la llegada del licenciado Miguel Díaz de Armendáriz en 1546.

El resultado fue una guerra política de baja intensidad que se prolongó por décadas. La primera generación de encomenderos del Nuevo Reino no fue una hueste homogénea sino un mosaico de facciones: hombres de Quesada, de Belalcázar, de Lebrón, del séquito de Lugo, del séquito de Armendáriz. Cada gobernador o funcionario que arribaba traía clientelas a las que había que satisfacer, y la manera de satisfacerlas era rehacer el reparto. De los 265 conquistadores de las expediciones de 1537 a 1543 que enumeró el genealogista Juan Flórez de Ocáriz, solo 90 conservaban encomienda hacia 1560; entre 1550 y esa fecha, Tunja y Santafé perdieron 61 de las 108 encomiendas que existían al comienzo de la década. La institución era estable; los encomenderos individuales, no.

Esa inestabilidad tuvo dos consecuencias que marcarían el resto del siglo. La primera es que la encomienda funcionó, durante décadas, tanto como instrumento extractivo como moneda política: los indios eran a la vez la fuente del tributo y el premio con que se compraban lealtades entre facciones españolas. La segunda es que cada redistribución producía nuevos agraviados —los despojados del reparto anterior— dispuestos a apoyar al siguiente funcionario que llegara con la promesa de rehacer las listas. La Corona había pretendido, tras la Conquista, poner bajo su control a los conquistadores; durante décadas, la acción de sus emisarios pareció tan importante en esparcir el desorden como en imponer la autoridad real.

En Popayán y sus dependencias el mismo mecanismo actuó con nombres distintos. Belalcázar hizo los primeros repartimientos probablemente en 1536, al fundar Cali, y luego en Popayán en 1537; Pedro de Añasco recibió indios en Timaná en 1539, el mismo año en que Lorenzo de Aldana repartió de nuevo en Popayán. Jorge Robledo asignó los indios de Anserma y Cartago en 1540, y los de Antioquia fueron distribuidos por primera vez en 1542 y redistribuidos al menos dos veces en los tres años siguientes por cambios de jurisdicción. En cada frontera del Nuevo Reino la historia se repitió: reparto inicial, disputa jurisdiccional, nuevo reparto.

Las Leyes Nuevas y el arte de obedecer sin cumplir

En 1542 la Corona intentó, por primera vez con seriedad, cerrarle el paso al régimen encomendero. Las Leyes Nuevas prohibieron nuevas encomiendas a funcionarios y eclesiásticos, limitaron el goce de las existentes a solo dos generaciones sucesivas y buscaron restringir la explotación del trabajo indígena para evitar la desaparición de la población tributaria. En el Perú, su promulgación desencadenó una guerra civil que terminó con la ejecución del virrey Blasco Núñez Vela y estuvo a punto de perder aquella colonia. Con esa experiencia como advertencia, la Corona suspendió la aplicación estricta de varias de sus disposiciones, y en el Nuevo Reino de Granada la resistencia local hizo el resto.

Miguel Díaz de Armendáriz llegó a Santafé en noviembre de 1546 con el encargo, entre otros, de promulgar y aplicar las Leyes Nuevas. Advirtió de inmediato la contradicción: los colonos dependían del trabajo indígena para mantener la colonia en pie, y aplicar rigurosamente las disposiciones equivalía a desmontar la base económica del Nuevo Reino. El juicio de residencia contra Belalcázar, que Armendáriz debía llevar adelante, se suspendió ante los sucesos ocasionados por la implantación de las nuevas normas: la propia justicia ordinaria quedó paralizada por la resistencia encomendera.

Desde 1546 el Cabildo de Bogotá encontró la fórmula que definiría el ejercicio del poder colonial durante siglos: obedeció formalmente las Leyes Nuevas y decidió que no debían cumplirse. La vieja fórmula castellana se obedece pero no se cumple —reconocida en el propio derecho indiano como recurso legítimo cuando una norma resultaba inaplicable— se convirtió en el Nuevo Reino en una práctica sistemática. Los colonos argumentaban que las normas protectoras se basaban en información deficiente sobre las colonias, que quienes las redactaban en Sevilla o Valladolid no conocían las realidades americanas, y que por lo tanto no era obligatorio cumplirlas al pie de la letra. No era una exención jurídica reconocida, pero funcionó como si lo fuera.

Los funcionarios reales que intentaron aplicar la legislación protectora chocaron con una combinación tenaz de intereses locales. Los más prudentes o los menos concienzudos terminaban cediendo; los enérgicos se ganaban enemigos poderosos. Todavía hacia 1580, un juez decidido a proteger a los indios tuvo que enfrentar una coalición de intereses locales dispuestos a perjudicarlo —un episodio tardío que muestra cuán activa siguió siendo la resistencia encomendera después de las tasaciones. Durante el gobierno de Andrés Díaz Venero de Leiva, iniciado en 1564, seguían expidiéndose leyes protectoras que en la práctica se cumplían poco o nada. La distancia entre la letra y el hecho, ya muy grande en 1550, se había convertido en una brecha institucional.

La ciudad encomendera

Ese poder no se sostenía solo en la resistencia informal: se sostenía en el control de los cabildos. Las ciudades del siglo XVI en el Nuevo Reino fueron, en un sentido literal, pueblos de encomenderos servidos por indios de los alrededores. Santafé, Tunja, Vélez, Pamplona funcionaron como receptáculos del tributo, y las corporaciones municipales que las gobernaban estaban dominadas por los mismos hombres que percibían ese tributo. Los alcaldes ordinarios, generalmente encomenderos, ejercieron hasta bien entrado el siglo XVII jurisdicción inicial sobre los casos relacionados con indios, la mayoría de los cuales eran quejas contra otros encomenderos: los jueces y los denunciados formaban un solo círculo.

El dominio del cabildo reforzó la ventaja de los encomenderos sobre otros españoles menos afortunados. Desde allí controlaban las concesiones de tierras en los alrededores de las ciudades, influían sobre las condiciones del mercado urbano —cuyo abastecimiento provenía en buena parte de sus propias encomiendas— y disponían de una voz institucional para resistir cada intento de la Corona de restringirlos. Frente a este poder concentrado, la Real Audiencia de Santafé se reservó las atribuciones clave —la tasación de tributos, la legislación sobre encomienda, el trabajo indígena, la repartición de tierras en la sabana—, sustrayéndolas de la jurisdicción ordinaria del cabildo. La lucha por el gobierno de los indios se libró, en buena medida, entre esas dos instituciones.

La ciudad encomendera fue un modelo urbano específico: una plaza rodeada de edificios institucionales, unos pocos centenares de vecinos españoles y mestizos, y a su alrededor un cinturón de pueblos indígenas que tributaban mantas, maíz, trigo, oro y mano de obra. Cuando, a finales del siglo XVI, la base tributaria empezó a colapsar por el desplome demográfico, ese modelo entró en crisis: los encomenderos perdieron influencia en los cabildos, los puestos capitulares fueron abandonados, y la ciudad tuvo que reinventarse sobre bases distintas. Pero entre 1538 y 1560, mientras la encomienda estaba en su apogeo, la ecuación fue nítida: quien controlaba a los indios controlaba la ciudad, y quien controlaba la ciudad controlaba el reparto de los indios.

Las tasaciones y la visita de Tomás López

El primer intento serio de la Corona por meter en cintura al régimen encomendero llegó por la vía de la tasación. La idea era fijar por escrito, comunidad por comunidad, la cantidad exacta de tributo que cada encomendero podía exigir, y así separar el uso legal del abuso. En el Nuevo Reino, ese trabajo recayó centralmente sobre el oidor y visitador Tomás López Medel, cuya visita al altiplano hacia 1559 y 1560 marcó el fin de la fase abierta de la encomienda.

Las tasaciones enfrentaron desde el principio un problema epistemológico. La norma general —ajustar el tributo colonial a lo que los indios pagaban antes a sus caciques— era casi inaplicable, porque en la mayoría de los casos no había registros ni certezas sobre las cargas prehispánicas. En el caso chibcha existía tributación regular previa, lo que ofrecía alguna base, pero la información seguía siendo tan fragmentaria que cualquier tasación era, en la práctica, una decisión política. Los tasadores fijaron cantidades en oro y en mantas, establecieron periodicidades, señalaron qué comunidades tributaban en qué especies. Y las tasas fueron apeladas casi de inmediato, tanto por el fiscal de la Audiencia en nombre de los indios como por los encomenderos.

La Audiencia accedió a modificarlas en los años siguientes. En 1575, 1576 y 1577 se llevaron a cabo revisiones que produjeron conmutaciones específicas: en Onzaga y Soatá se sustituyó el pago de oro por mantas, mientras que en Oicatá y Nemuza se aumentó la cantidad de oro y se redujeron las mantas de algodón. Las tasaciones, por primera vez, contemplaban que las condiciones podían cambiar: el número de indios podía disminuir, sus posibilidades económicas podían alterarse, y tanto el fiscal como los encomenderos tenían el derecho de solicitar ajustes. Ese principio de tributo revisable, apelable, contable, es el que empezó a domesticar a la encomienda como institución, aunque nunca la eliminó.

Décadas después, Diego de Torres, cacique de Turmequé —hijo mestizo de encomendero y de la hermana del cacique, educado en las letras españolas—, denunciaría ante la Corte que los pueblos de indios bajo la corona real, especialmente en la provincia de Tunja, sufrían con frecuencia mayor persecución, humillación y pobreza que los de encomienda privada, en parte por la multiplicidad de autoridades —gobernador, contador, tesorero, corregidor— que enviaban servidores y cobradores. La sustitución de la encomienda por la administración directa de la Corona no siempre se traducía en alivio para los tributarios: podía significar, simplemente, un cambio de dueño.

El vacío demográfico

Mientras las tasaciones fijaban cifras, la base humana del sistema se estaba evaporando. Según los cálculos de Juan Friede, la provincia de Tunja perdió aproximadamente el 25% de su población indígena en los primeros veinticinco años después de 1537. En dos siglos, esa población pasaría de cerca de 215.000 a apenas 25.000 personas: una reducción del 90%. En Popayán, la caída fue de un 90% en 68 años. En Cartago, se estima una reducción del 97% en cincuenta años. Los quimbayas, descritos por los cronistas como un grupo de alto desarrollo cultural y tecnológico, habrían pasado de unos 100.000 individuos a apenas 40 en cuarenta años —una cifra tan extrema que depende íntegramente de fuentes primarias difíciles de verificar, pero cuyo orden de magnitud es coherente con el patrón general.

Los mecanismos de ese colapso fueron múltiples y no exclusivamente atribuibles a la encomienda: epidemias frente a las que las poblaciones americanas carecían de defensa inmunológica, guerras de conquista, hambrunas asociadas al desplazamiento de cultivos tradicionales, ruptura de redes de reciprocidad. Pero la encomienda operó como amplificador: al forzar el cambio de maíz por trigo y cebada, al desviar trabajo agrícola hacia el tejido de mantas, al extraer un 3 o 4% de los varones adultos como servicio personal, minó la capacidad reproductiva de las comunidades. Los grupos sedentarios y cohesionados —muiscas, guanes, chitareros del altiplano, pastos y quillacingas del sur, poblaciones de Cartago, Pasto, Popayán— fueron los más fácilmente sometidos al régimen, y por lo mismo los que sufrieron las mayores caídas demográficas. Los grupos con rasgos de sociedades bandales que confinaban con ellos —panches, pijaos, indios de la cordillera— opusieron resistencia efectiva y raras veces pudieron ser sujetos a la encomienda. A comienzos del siglo XVII el tránsito entre Santafé y Popayán seguía siendo peligroso por las incursiones de indios indómitos que se refugiaban en la cordillera y se volcaban sobre los dos grandes valles.

La política de congregación o reducción, aplicada desde la década de 1590, intentó responder a ese vacío juntando las comunidades sobrevivientes en pueblos de traza española. En 1601 un oidor fusionó 83 comunidades en 23; en 1602, una visita a Tunja transformó 104 comunidades en 41. Muchos indios rehusaron colaborar y regresaron a sus lugares de origen: la lógica territorial muisca, atada a los sitios de labranza y de culto, resistió incluso cuando las capitanías habían dejado de existir como unidades demográficas viables.

Por qué sigue importando

Entre 1538 y 1560 se decidió, en el altiplano cundiboyacense, la forma que tomaría la sociedad colonial neogranadina durante los dos siglos siguientes. La coincidencia entre la organización tributaria muisca y los intereses de una hueste que necesitaba convertirse en élite terrateniente produjo un dispositivo extractivo cuya eficacia dependía de lo mismo que estaba destruyendo: la cohesión de las comunidades indígenas. La Corona intentó, con las Leyes Nuevas y con las tasaciones, imponerle límites, y consiguió resultados parciales: la encomienda perdió su carácter perpetuo, quedó sometida a control fiscal, se hizo apelable y revisable. Pero los encomenderos —capturando los cabildos, alegando ignorancia de las realidades americanas, obedeciendo sin cumplir— consolidaron durante esas dos décadas una posición oligárquica que sobreviviría al declive de la propia institución.

De ese momento salieron, más que enseñanzas, dispositivos duraderos. Uno fue la brecha entre la norma escrita en Sevilla y la práctica impuesta en Santafé, un espacio que las élites locales aprendieron a habitar y a administrar. Otro fue la primacía del cabildo como sede efectiva del poder económico y político sobre un país cuya riqueza se producía en el campo. Un tercero, más silencioso, fue el desfase entre la retórica de la protección y la operación del despojo: la Corona quería preservar al indio para poder tributarle; los encomenderos querían extraerle todo antes de que se acabara. Esa tensión, ya visible en el debate de 1542, no se resolvió en el siglo XVI ni en los que siguieron; se instaló como parte del mobiliario institucional. La misma lógica se reprodujo hacia dentro de la sociedad blanca: la endogamia de las primeras familias encomenderas, la transmisión hereditaria de los cargos capitulares, la fusión entre patrimonio privado y función pública que Flórez de Ocáriz consignaría con orgullo genealógico décadas después.

La encomienda no fue un accidente de la Conquista ni una simple herramienta de dominación. Fue la matriz que definió quién producía y quién apropiaba, quién obedecía y quién decidía, quién habitaba la ciudad y quién sostenía a la ciudad. Los muiscas, los pastos, los quimbayas, los guanes que tributaron a los primeros encomenderos entre 1538 y 1560 no solo pagaron un precio inmediato en oro, mantas y trabajo: pagaron el precio de fundar, con sus cuerpos y sus estructuras políticas capturadas, la primera versión estable de la sociedad neogranadina. Sobre esa fundación se levantaría, en los siglos siguientes, todo lo demás: la hacienda que absorbió lentamente las tierras de las capitanías extinguidas, la mita minera que continuó por otras vías la extracción del trabajo indígena, el mestizaje que borró las líneas jurídicas sin borrar las jerarquías, la república criolla que heredaría de los encomenderos su desconfianza hacia la legislación remota y su instinto para gobernar a través de los cabildos. Cuando en 1718 se dictó la abolición formal de la encomienda en el Nuevo Reino, la institución llevaba ya décadas vaciándose por dentro, superada por otras formas de sujeción que ella misma había hecho posibles.