Carlos Gaviria Díaz

Carlos Gaviria Díaz

Carlos Gaviria Díaz (Sopetrán, 1937 – Bogotá, 2015) fue jurista, magistrado, senador y candidato presidencial. Su vida encaja en una fórmula que él mismo habría desconfiado por demasiado limpia, pero que describe con exactitud lo que hizo: tradujo el humanismo laico al lenguaje del derecho constitucional colombiano, y luego intentó traducir ese mismo humanismo al lenguaje de la política electoral. Lo primero lo consiguió con una jurisprudencia que reconfiguró la manera en que el Estado piensa los derechos, la autonomía de las minorías y la relación entre norma y persona. Lo segundo lo consiguió a medias: en 2006 fue candidato del Polo Democrático Alternativo, obtuvo un resultado que desplazó al bipartidismo tradicional al tercer lugar histórico y convirtió a la izquierda en la segunda fuerza política del país, pero el proyecto colectivo que encarnó no logró sobrevivir a las tensiones internas que su propia figura, paradójicamente, contribuía a contener. La biografía de Gaviria es la de un hombre que operó desde adentro de las instituciones sin dejar de impugnarlas, y cuya autoridad —en la Corte y en la plaza— se sostuvo menos en un aparato que en un capital ético estrictamente personal.

El sopetranero de la Universidad de Antioquia

Nació en Sopetrán, en el occidente antioqueño, en 1937, y su formación intelectual se consumó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde terminó los estudios curriculares en 1964. Era una facultad que él mismo, años después, llamaría "centenaria" —el adjetivo dice más de la reverencia con que la miraba desde la distancia que del uso corriente en sus años de estudiante— y una facultad marcada por la tensión que atravesaba entonces a toda la enseñanza del derecho en Colombia: entre un positivismo formalista que las críticas de la época describían como "pseudo-tecnicismo", desligado del proceso histórico de la nacionalidad y de la función social del lenguaje jurídico, y una promesa de apertura que la reforma universitaria de 1935 había abierto hacia el marxismo, el psicoanálisis, el derecho público francés, la filosofía del derecho alemana y las corrientes fenomenológica y existencial que antes estaban vedadas por conservadurismo y rutina.

Gaviria se formó en ese cruce. Para obtener el título de abogado había que cumplir con exámenes preparatorios y sustentar una tesis; él completó los requisitos de grado en agosto de 1968. La tesis abordó un tema inusual: en un ambiente donde la temática obligada era estrictamente jurídica, salirse de ese molde tenía una tradición local que se recordaba con orgullo —la de Fernando González con El derecho a no obedecer, la de Víctor Mallarino con El derecho en Fuente Ovejuna, la de Gilberto Alzate Avendaño sobre Los gremios en la Edad Media—. Inscribirse en esa genealogía era, en la Universidad de Antioquia de los sesenta, una declaración de método antes que de tema: el derecho pensado desde la historia, la literatura, la filosofía; no el derecho encerrado en su propia gramática.

Ese ambiente universitario no era plácido. En octubre de 1971, las facultades de Derecho y Economía de la Universidad de Antioquia fueron clausuradas tras una intervención militar que reprimió las protestas estudiantiles, con un saldo, solo en Medellín, de ochocientos detenidos. Gaviria se movía ya entonces como profesor. La universidad pública antioqueña de esos años —crítica, politizada, atravesada por el conflicto entre autoridades civiles y militares y por la efervescencia de la izquierda estudiantil— fue el laboratorio donde se templó una generación entera de juristas colombianos que llegarían más tarde a la Corte Constitucional, a los ministerios y a las cátedras. Gaviria fue de esa camada.

Del aula a la Corte

A la enseñanza le dedicó décadas. Fue profesor y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, y su producción intelectual —artículos, cursos, textos sobre teoría del derecho, filosofía política, ética pública— fue creando una figura reconocible: la del jurista que se resistía a la caricatura del abogado tecnicista y que insistía, contra el pseudo-tecnicismo denunciado por la crítica de los años treinta, en devolverle al derecho su función social y su densidad histórica. Fue esa reputación —discreta pero sólida, construida desde Medellín, sin las plataformas mediáticas de Bogotá— la que lo llevó, ya bajo la Constitución de 1991, a la primera Corte Constitucional del país.

Conviene detenerse en el escenario. La Asamblea Nacional Constituyente había sido convocada en 1990, tras una propuesta desarrollada bajo el gobierno de Virgilio Barco y ejecutada bajo el de César Gaviria, en medio de un clima de violencia y corrupción que había movilizado a ciudadanos de todas las tendencias políticas. La Asamblea reunió a liberales, conservadores y al M-19 recién convertido en partido; tres de sus representantes —Horacio Serpa por el liberalismo, Álvaro Gómez Hurtado por el conservatismo, Antonio Navarro Wolff por el M-19— la copresidieron. La Constitución que promulgó en julio de 1991 reemplazó a la de 1886, una carta centenaria que funcionaba en buena parte mediante la suspensión de su propia vigencia a través del estado de sitio permanente, y que se había vuelto obstáculo a la democracia más que su marco. La nueva constitución hizo tres cosas decisivas para lo que vendría: incorporó los derechos sociales como obligaciones exigibles al Estado, eliminó las restricciones institucionales a la competencia política heredadas del Frente Nacional, y creó dos innovaciones que la definirían: la acción de tutela y la Corte Constitucional.

Fue a esa Corte, encargada de guardar la supremacía normativa de la nueva carta, adonde llegó Gaviria en 1993. Compartió sala con Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero: la generación fundadora, la que tuvo que decidir en los primeros años qué clase de tribunal iba a ser aquel. Presidió la Corte en 1996. Durante toda la década de los noventa —el período de mayor protagonismo del tribunal— sus sentencias, junto con las de sus colegas, desarrollaron nuevas visiones de los derechos sociales incorporados a la ley y transformaron a fondo la concepción del Estado.

La jurisprudencia como obra

Tres líneas de su magistratura conviene destacar, porque en ellas se juega la parte más duradera de su legado.

La primera es el pluralismo jurídico y la autonomía indígena. En los casos donde la Corte tuvo que decidir hasta dónde llegaba la jurisdicción especial de los pueblos indígenas reconocida por la Constitución, Gaviria sostuvo una tesis exigente: "solo un alto grado de autonomía garantizaría la supervivencia cultural" de esos pueblos. La frase, escueta, contenía toda una teoría del derecho. Frente a la tentación de someter las prácticas indígenas al rasero universal del derecho estatal —la tentación cómoda del funcionario que confunde su cultura con la humanidad—, Gaviria proponía leer cada práctica en su intención, no en su forma externa. El caso emblemático fue el del fuete entre los Nasa: interrogadas las autoridades tradicionales sobre el sentido de la pena, la Corte determinó que el fuete no equivalía a tortura porque su propósito era la purificación ritual del infractor y su reintegración a la comunidad. Se juzgaba la finalidad, no el gesto. Era una manera de tomarse en serio el pluralismo que la Constitución había proclamado y que, sin esa lectura, se habría quedado en decorado.

La segunda línea es la exigibilidad de los derechos sociales. Aquí Gaviria y sus colegas hicieron algo que la tradición constitucional colombiana no conocía: convirtieron promesas programáticas en obligaciones jurídicas. La sentencia T-595 de 2002 —posterior a su retiro de la Corte, pero fiel a la línea que él ayudó a construir— fijó el criterio con claridad: las políticas públicas debían estar sustentadas en un proceso decisorio racional, ser serias y susceptibles de implementación, de modo que los compromisos democráticamente adquiridos no fueran meras promesas; cuando se plasmaran en leyes como medidas indispensables para el goce efectivo de derechos fundamentales, los interesados podrían exigir judicialmente su cumplimiento. Combinada con la acción de tutela, esta jurisprudencia produjo un efecto que ninguna reforma administrativa había logrado: convenció a los colombianos de que tenían derechos, protegió a las minorías y a los débiles, y obligó a la burocracia —singularmente a la del sector salud— a atenderlos. El costo fiscal y la disputa política que esto generaría después no borran el hecho: la relación entre Estado y ciudadano cambió porque la Corte decidió que cambiara.

La tercera línea, más difusa pero igualmente central, es la lectura laica y liberal de los derechos fundamentales. Gaviria escribió y votó sobre libertad de conciencia, autonomía personal, dosis mínima, eutanasia y objeción de conciencia con una consistencia que le ganó adversarios en todos los frentes conservadores del país. Su humanismo no era una declaración de simpatías: era un método. Partía de que la persona era anterior al Estado, que la moral privada no era asunto del derecho penal, y que la neutralidad religiosa del Estado no era una concesión sino una condición del pluralismo. Todo esto —dicho en las páginas ariscas de una sentencia, no en el púlpito de una columna— se volvió doctrina.

Vale la pena leer esa obra a la luz de las críticas con las que se había formado. Las facultades de derecho colombianas producían, según los reformadores de los años treinta, profesionales desconectados de la función social del derecho, atrapados en un pseudo-tecnicismo estéril. La respuesta de Gaviria, cuarenta años después, fue una jurisprudencia donde el lenguaje jurídico volvía a estar cargado de historia, de filosofía moral y de sensibilidad social. La distancia con el positivismo formalista era estructural. Y ese modo de hacer derecho no se explicaba solo por el texto de 1991: era también la Universidad de Antioquia hablando por sus antiguos alumnos.

El paso al Senado y el Polo

Gaviria dejó la Corte al terminar su período. Podría haber vuelto a la academia, y en buena medida lo hizo: escribió, dictó conferencias, sostuvo espacios de opinión. Pero eligió también un camino que sorprendió a algunos: la política electoral. En 2002 llegó al Senado como parte de la naciente izquierda democrática que se estaba reorganizando alrededor de figuras como Luis Eduardo Garzón —el sindicalista que había roto con la vieja izquierda—, Antonio Navarro Wolff, Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo. Ese proceso desembocaría en el Polo Democrático Alternativo, formación que unía a antiguos miembros del M-19 desmovilizado, sectores del liberalismo de izquierda, disidencias sindicales, corrientes académicas y trayectorias personales muy distintas.

Gaviria llevaba a ese proyecto un capital singular. No era un político profesional; no había construido su reputación en el clientelismo ni en la maquinaria; venía del derecho y de la cátedra, y en el país donde las cortes se habían enfrentado con el poder ejecutivo, ser exmagistrado de la Corte Constitucional en 1993-1996 significaba haber estado del lado correcto de una historia que empezaba a escribirse. Su llegada al Polo le dio al partido lo que le hacía falta: una figura de integridad indiscutible, capaz de hablarle a electorados que la izquierda tradicional colombiana nunca había alcanzado —clases medias urbanas, votantes liberales desencantados, académicos, profesionales.

Su ascenso interno fue rápido. Fue proclamado presidente del Polo Democrático Alternativo por el congreso del partido, en una jornada donde Orlando Fals Borda —el sociólogo, el patriarca moral de una parte de la izquierda intelectual— aplaudió la proclamación y expresó públicamente su esperanza de que Gaviria fuera también el candidato presidencial. "Representa lo mejor de Colombia", dijo Fals Borda, y añadió que no veía ninguna otra figura que se le acercara. Instó a "cuidar y querer" a Gaviria, una frase que hoy suena precavida y entonces sonaba profética: Fals Borda intuía que ese capital era escaso y frágil.

La campaña de 2006

Los estatutos siguieron su curso y Gaviria fue candidato presidencial del Polo en las elecciones de 2006. Enfrentaba a Álvaro Uribe Vélez en plena reelección, tras la reforma constitucional que le había permitido buscar un segundo período consecutivo. La campaña fue notoriamente pacífica en términos generales: un estudio de la Fundación Seguridad y Democracia registró que los asesinatos durante la temporada electoral cayeron más del 75% respecto al período 2001-2002. En parte era el fruto de la política de seguridad democrática; en parte, del hecho de que la izquierda desarmada había ganado suficiente terreno como para no ser vista como un enemigo militar.

El cierre de campaña, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, dejó una imagen que sus partidarios recordarían durante años: la plaza llena, las camisetas amarillas del Polo, el coro de "El pueblo unido jamás será vencido". No era un acto revolucionario ni una amenaza: era la aparición pública, en el corazón simbólico del país, de un electorado que hasta entonces había existido de manera dispersa. Gaviria daba forma a ese electorado sin tener que impostar un liderazgo que no tenía; su estilo era sobrio, doctoral, con ráfagas de la ironía antioqueña que sus colegas de la Corte le reconocían.

Uribe fue reelegido de manera contundente. Pero el segundo lugar de Gaviria produjo un hecho que trascendía la elección: la izquierda se convirtió en la segunda fuerza política del país, desplazando al bipartidismo tradicional. La Constitución de 1991 había eliminado las restricciones institucionales heredadas del Frente Nacional; quince años después, esa apertura del sistema producía su primera consecuencia visible en las urnas. Que fuera un exmagistrado sopetranero, sin partido de aparato, quien encarnara el desplazamiento, era ya de por sí un dato de época.

Conviene no exagerar. Ni el Polo ni Gaviria mencionaron en sus documentos programáticos el Plan Colombia; el conflicto armado seguía siendo terreno minado para la izquierda. Y la coalición uribista mantenía una posición hegemónica que el resultado electoral no alteraba en lo inmediato. Pero el mapa del país había cambiado.

La fractura

Los años siguientes fueron ambivalentes. El Polo se consolidó como el principal actor de la izquierda parlamentaria en la denuncia de la parapolítica —los vínculos entre paramilitares y políticos que estallaron desde 2006—, con Gustavo Petro como su figura más mediática; Petro había llegado al Senado ese año e inició una investigación sobre el paramilitarismo en Antioquia con el propósito declarado de explorar posibles nexos con el presidente Uribe. Los conflictos entre el ejecutivo y la rama judicial tuvieron múltiples fuentes —la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, la parapolítica misma, las interceptaciones telefónicas, las personalidades en juego, acusaciones cruzadas sobre dineros del narcotráfico en el poder judicial— y el Polo se ubicó, con Gaviria como referente ético, en el lado del pulso institucional.

El momento decisivo llegó cuando la Corte Constitucional bloqueó el intento de segunda reelección de Uribe, en 2010. Juan Manuel Santos escribiría después en sus memorias que la Corte "salvó a Colombia de caer en el contagio regional del caudillismo" —una valoración de parte, pero que registra la magnitud del episodio para quienes lo vivieron desde adentro—. La institución que Gaviria había ayudado a fundar en 1993 seguía cumpliendo, dos décadas después, la función para la que había sido creada: guardar la supremacía de la Constitución contra los intentos de reformarla en beneficio de una persona.

Pero mientras la Corte defendía el diseño constitucional, el Polo se descomponía por dentro. Luis Eduardo Garzón había sido alcalde de Bogotá (2004-2007) sin asumir una izquierda radical, con capacidad de moverse hacia el centro cuando fue necesario, dando continuidad a políticas de sus antecesores en finanzas y movilidad, y salió del cargo con los más altos índices de favorabilidad entre líderes de izquierda. Le sucedió, también por el Polo, Samuel Moreno Rojas, cuya administración terminaría envuelta en escándalos de corrupción que golpearían al partido entero. Y de cara a la elección presidencial de 2010, tanto Garzón como el propio Gaviria mostraron interés en ser candidatos. Ante el sector gavirista, Garzón renunció a la disputa: en 2009 se retiró del Polo y se sumó al Partido Verde junto con Antanas Mockus y Enrique Peñalosa. El Polo perdió, sin batalla, a su alcalde más exitoso.

El partido, ocupado en dirimir quién usufructuaba el éxito de 2006, no logró conservarlo. La fractura no era ideológica en el sentido clásico —no se trataba de leninistas contra socialdemócratas—; era más bien la incapacidad de una coalición amplia para sostenerse sin un enemigo externo tan concentrado como Uribe y sin una figura tan aglutinadora como Gaviria en el centro. El Polo siguió existiendo, con Robledo como su principal figura parlamentaria, pero la geometría del voto de izquierda se dispersó.

La red

Nombrar a los interlocutores de Gaviria es dibujar un mapa de la Colombia institucional y crítica de las últimas tres décadas. En la Corte trabajó al lado de Ciro Angarita Barón —quien fijó buena parte del sentido inicial de la tutela—, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero; con ellos y contra ellos, en el juego normal de una sala colegiada, escribió las sentencias que le dieron a la Constitución de 1991 su carne jurisprudencial. Antes, en Medellín, se había formado en el ambiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia y había hecho estancias en la Universidad Complutense de Madrid y en Harvard, dos escuelas que le proporcionaron el marco comparado —el constitucionalismo alemán y español de posguerra, el constitucionalismo estadounidense— desde el cual leyó la carta colombiana.

En la política tuvo como aliados a Luis Eduardo Garzón, Antonio Navarro Wolff, Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo en la coalición del Polo; como interlocutores intelectuales, a Fals Borda y a una franja amplia de la academia colombiana que veía en él la traducción posible de sus ideas al Estado. Sus adversarios fueron muchos y de peso: Álvaro Uribe Vélez como figura política central de la década en que hizo campaña; los sectores conservadores que se opusieron a su jurisprudencia sobre autonomía personal, dosis mínima o derechos reproductivos; y, dentro de la propia izquierda, quienes preferían un radicalismo que su temperamento sopetranero rechazaba.

Hay que agregar una dimensión menos visible pero real: la del derecho crítico y comprometido, la tradición del litigio gratuito, del ejercicio del derecho orientado a fines políticos y trascendentes más allá del beneficio económico —organizaciones como el Colectivo José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas—. Gaviria no perteneció orgánicamente a ese mundo, pero fue una de sus referencias éticas: la prueba viviente de que un jurista podía sostener, dentro del Estado, la misma exigencia que esas organizaciones sostenían desde afuera.

La huella

Murió en Bogotá el 31 de marzo de 2015. Los homenajes cruzaron las líneas políticas con una naturalidad inusual en Colombia: los mismos sectores que habían combatido su jurisprudencia sobre autonomía personal reconocieron su integridad; los mismos que le habían disputado el liderazgo interno del Polo saludaron su figura moral. Esa unanimidad póstuma es engañosa —los debates que él protagonizó siguen abiertos y siguen siendo ásperos—, pero registra un hecho: Gaviria fue de esas figuras que un país puede tener por controversiales en vida y consensuales en la memoria, porque su combate no era personal sino de método.

¿Qué queda, en el balance largo?

Queda, en primer lugar, una jurisprudencia. Las sentencias en las que participó —directamente o en la línea doctrinal que ayudó a fijar— están vivas: cada vez que la tutela obliga a una EPS a autorizar un tratamiento, cada vez que la jurisdicción especial indígena decide un caso conforme a sus usos y costumbres, cada vez que un tribunal invoca la autonomía personal para proteger una decisión íntima frente a la moralidad pública, opera en algún nivel la doctrina que Gaviria y sus colegas construyeron entre 1993 y el fin de siglo. La Corte Constitucional siguió teniendo, después de él, momentos altos —la sentencia sobre la reelección de 2010, la jurisprudencia sobre desplazamiento forzado, la protección de la paz territorial—; pero el molde en el que esos momentos ocurrieron fue el que la primera Corte fijó.

Queda, en segundo lugar, la evidencia de que una izquierda democrática no militarista podía obtener en Colombia resultados electorales significativos. El 2006 fue el primer aviso; los procesos posteriores —la alcaldía de Petro, la consolidación de un voto urbano progresista, la propia elección presidencial de 2022— tienen, entre sus antecedentes, la campaña que un exmagistrado libró desde una plataforma sin maquinaria. Que el Polo específicamente no haya sobrevivido a sus fracturas no borra el hecho: Gaviria fue quien demostró que ese electorado existía y podía movilizarse. Los partidos que vinieron después construyeron sobre esa demostración.

Queda, en tercer lugar, algo más difícil de nombrar: una manera de habitar la vida pública. En un país donde la política suele exigir renunciar a la precisión intelectual, y donde la academia suele refugiarse en la irrelevancia, Gaviria intentó las dos cosas a la vez sin degradar ninguna. Fue posible discrepar de sus tesis —muchos lo hicieron, con argumentos serios— sin cuestionar su honestidad; fue posible perder frente a él sin sentirse humillado. Esa combinación, tan rara en Colombia como en cualquier parte, es la que Fals Borda intuía cuando pedía "cuidarlo y quererlo". Sabía que ese capital no se produce en serie.

Hay, por supuesto, límites. El proyecto político que Gaviria encarnó dependió, en buena medida, de su figura personal, y las tensiones internas del Polo se manifestaron con más fuerza precisamente cuando esa figura empezó a envejecer y a retirarse. La lectura del derecho que hizo desde la Corte fue transformadora pero también polémica: sus adversarios sostenían, y siguen sosteniendo, que la Corte Constitucional se había excedido en su función de guarda al invadir competencias del legislador y del ejecutivo, y algunos de esos reproches no eran meramente reaccionarios. El propio Gaviria supo, en sus años finales, que la fase heroica del constitucionalismo colombiano estaba pasando y que la defensa del diseño de 1991 exigiría más pelea, no menos.

Pero la pieza que él aportó al mecanismo quedó puesta. Un magistrado que llegaba de una facultad de provincia con una tesis fuera del molde jurídico habitual; que leía a los constitucionalistas alemanes y a los antropólogos del Cauca con el mismo interés; que escribía sentencias donde el lenguaje del derecho volvía a cargar historia y filosofía moral; que después bajaba a la Plaza de Bolívar a cerrar una campaña donde la izquierda desarmada demostraba que había llegado para quedarse. Esa figura no se repite fácilmente. Y su ausencia, diez años después de su muerte, sigue sintiéndose en los momentos —cada vez más frecuentes— en que la vida pública colombiana pide una voz que combine autoridad intelectual, integridad ética y capacidad de disentir sin destruir. La escuchamos porque él la puso, en una jurisprudencia y en una candidatura, al alcance de un país que no siempre supo qué hacer con ella.