Héctor Abad Gómez

Un médico incómodo en una ciudad en guerra

A mediados de los años ochenta, Héctor Abad Gómez era en Medellín algo más que un profesor prestigioso. Era una figura pública identificable: médico de la Universidad de Antioquia, docente activo, salubrista formado en la tradición de la medicina social colombiana, defensor reconocido de los derechos humanos en un momento en que ese oficio comenzaba a costar la vida. La ciudad en la que ejercía había dejado de ser la capital industrial de un país en desarrollo para convertirse en el epicentro de una guerra híbrida: el Cartel de Medellín en su apogeo, el paramilitarismo consolidándose en el Magdalena Medio con centros de entrenamiento financiados por Acdegam desde 1983, el Estado colombiano perdiendo el control sobre el orden público y sobre sus propios cuerpos armados. En ese escenario, sostener una voz cívica desde la universidad pública era, en la práctica, ofrecerse como blanco.

Abad Gómez lo hizo con una particularidad decisiva: no era un guerrillero, ni un dirigente político armado, ni un cuadro clandestino. Era un médico que hablaba en nombre de la salud pública y de los derechos humanos con las herramientas de su profesión y de su cátedra. Esa condición —la de intelectual cívico, técnico, universitario— fue precisamente la que lo volvió intolerable para un orden contrainsurgente que había comenzado a leer toda crítica humanitaria como cobertura de la subversión. Cuando fue asesinado, no cayó un ideólogo revolucionario: cayó un salubrista liberal cuyo lenguaje profesional se había vuelto, en el vocabulario de sus victimarios, indistinguible del enemigo interno.

Jericó, la medicina y una vocación pública

Héctor Abad Gómez nació en 1921 en Jericó, uno de los pueblos del suroeste antioqueño que en las primeras décadas del siglo XX exportaba a Medellín una parte importante de su élite profesional. Su formación como médico ocurre en las décadas en las que la salud pública colombiana estaba dejando de ser una función marginal de la asistencia social para convertirse en un sector con identidad propia dentro del Estado. En 1927, el Departamento Nacional de Higiene y Asistencia Pública había sido reorganizado bajo el Ministerio de Educación; en 1938, la Ley 96 promulgada bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo creó el Ministerio del Trabajo, Higiene y Previsión Social como parte de la política de modernización sanitaria de la Revolución en Marcha. En 1948 se fundó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales para dar apoyo médico y pensión a trabajadores de la gran industria y del sector público, aunque nunca cubrió a más del veinte por ciento de la fuerza laboral.

Ese es el paisaje institucional en el que Abad Gómez se hizo médico y luego salubrista. La atención médica seguía siendo excepcional para la mayoría de la población colombiana; las campañas nacionales combatían fiebre tifoidea, disentería, rabia, viruela, peste, lepra, tuberculosis y enfermedades venéreas. La medicina social a la que él perteneció no era una posición ideológica añadida al saber médico: era una manera de entender la profesión que venía consolidándose en Colombia desde principios del siglo, cuando los médicos vinculados a instituciones de asistencia social introdujeron en ellas trabajo técnico y científico combinado con ideales de servicio. El salubrista, en esa tradición, no atendía enfermos uno a uno: pensaba poblaciones, denunciaba condiciones de vida, exigía políticas. Su interlocutor era el Estado.

Abad Gómez adoptó ese oficio en su versión más liberal y más incómoda. Se instaló profesionalmente en Medellín, hizo su vida en el barrio Prado —el ensanche burgués de la ciudad hacia el norte del centro—, se formó también en Estados Unidos y desarrolló su carrera docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, la institución pública que era, en Antioquia, el gran laboratorio de la medicina social y del debate cívico. Se casó con Cecilia Faciolince y tuvo con ella varios hijos, entre ellos el escritor Héctor Abad Faciolince, nacido en Medellín en 1958.

Del sanitarista al defensor de derechos humanos

La biografía profesional de Abad Gómez se despliega en un país que, a lo largo de su vida adulta, transforma su cuadro sanitario y su paisaje político al mismo tiempo. Entre los años cuarenta y los ochenta, la salud pública colombiana pasó de campañas contra enfermedades endémicas —que definieron todavía la infancia sanitaria del país— a discusiones sobre seguridad social, cobertura, financiamiento y prevención. El salubrista universitario de mediados de siglo era una figura reconocible: un profesor que combinaba clínica, docencia, investigación epidemiológica y presencia en el debate público. Abad Gómez perteneció con plenitud a ese tipo.

Lo que lo singularizó fue el modo en que, con la agudización del conflicto armado en los años setenta y ochenta, esa vocación sanitaria se articuló con la defensa de los derechos humanos. El movimiento colombiano de derechos humanos había surgido en los setenta y, aunque con debilidad estructural y presencia dispar en las regiones, había ganado incidencia como espacio de denuncia frente a un Estado cada vez más comprometido con lógicas de guerra sucia. En Medellín, la Universidad de Antioquia se convirtió en uno de los focos regionales de esa articulación: profesores que enseñaban salud pública y también hablaban de tortura, desaparición, ejecuciones extrajudiciales, condiciones carcelarias. En ese cruce, Abad Gómez fue una voz reconocida.

La cronología de los años ochenta permite entender por qué esa voz se volvió letal. En noviembre de 1981, tras el secuestro de Martha Nieves Ochoa por el M-19, la familia Ochoa convocó en Medellín una reunión que dio origen al MAS —Muerte a Secuestradores—, integrado principalmente por narcotraficantes del Cartel de Medellín. En febrero de 1983, el procurador general Carlos Jiménez Gómez reveló ante el Congreso que en la creación del MAS habían participado 163 personas identificadas, de las cuales una parte importante —cifras que oscilaron entre 59 y 69 según las versiones— eran militares en servicio activo. Ese informe, uno de los documentos más importantes de la historia reciente colombiana, describió con nombres propios la fusión inicial entre narcotráfico, Fuerza Pública y proyecto contrainsurgente que sería la matriz del paramilitarismo posterior.

Mientras tanto, en el Magdalena Medio, la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, Acdegam, canalizaba desde 1983 recursos para el acondicionamiento de centros de entrenamiento paramilitar, pago de sueldos, armas y municiones. La estrategia produjo, en los años siguientes, al menos dieciocho masacres y miles de desplazados. Los organismos de seguridad del Estado operaban en un espectro difuso entre la doctrina militar y la contrainsurgencia irregular, incluida la lógica de "quitarle el agua al pez", que legitimaba el ataque a bases sociales civiles supuestamente afines a la guerrilla.

Es en ese contexto donde surge y es aniquilada la Unión Patriótica. Fundada a mediados de los ochenta como resultado de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, la UP fue presentada por sus voceros como la proyección política de esa guerrilla; pero como las FARC conservaban sus armas mientras la UP participaba en elecciones, los grupos paramilitares la leyeron como una extensión armada disfrazada de movimiento civil y desencadenaron contra ella una campaña de violencia sistemática que se prolongó entre 1984 y 2002. Casi todos sus activistas fueron asesinados por los hermanos Castaño y su ejército paramilitar, que los consideraban agentes de las FARC disfrazados de civiles y, por tanto, blancos legítimos. Los asesinatos selectivos apuntaron especialmente a dirigentes de organizaciones urbanas de la UP, con el propósito explícito de dejar al movimiento sin capacidad de dirección. En Córdoba y Urabá, desde 1986, la misma lógica se extendió a sindicatos rurales.

En esa misma trama de exterminio se inscribió el asesinato de Abad Gómez. Él no era militante de la UP, pero sí un defensor público de derechos humanos que operaba en la Universidad de Antioquia, una institución con presencia de sectores de izquierda legal, académicos críticos y organizaciones estudiantiles y sindicales. Para el ojo paramilitar, la distinción entre militancia armada y crítica humanitaria había dejado de existir.

1987: la cadena de crímenes en la Universidad de Antioquia

El año 1987 fue, para la Universidad de Antioquia, lo que un testimonio recogido por el Centro Nacional de Memoria Histórica describió como "una barrida muy dura". La cadena comenzó en julio con el asesinato de Pedro Luis Valencia, médico y profesor de la universidad, primer eslabón de una secuencia que apuntaba a la comunidad de salubristas de la institución. Aproximadamente un mes después, en agosto, salieron del homenaje fúnebre a Valencia dos colegas suyos: Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, también profesor de la Universidad de Antioquia. Fueron asesinados a la salida. La violencia se anticipaba a sí misma en un círculo estrecho: el duelo por un profesor asesinado producía a las siguientes víctimas.

Los crímenes no se detuvieron ahí. En 1988 fueron asesinados otros dos profesores de la universidad y el vicerrector Luis Fernando Vélez. Con excepción de Vélez, todos los profesores asesinados en ese período eran médicos salubristas. Seis víctimas en poco más de un año, cinco de ellas del mismo campo profesional, todas en la misma institución: ese patrón es lo que permite hablar de operación criminal sistemática, atribuida a sectores de ultraderecha, contra una comunidad intelectual específica.

¿Por qué los salubristas? La salud pública en la tradición de la Universidad de Antioquia no era una disciplina neutra: articulaba diagnóstico epidemiológico, denuncia de las condiciones sociales que producen enfermedad y crítica al Estado por su incapacidad para garantizar derechos básicos. En un país donde la Ley 100 de 1994 aún no había extendido la cobertura sanitaria a casi toda la población, y donde la atención médica seguía siendo excepcional para la mayoría, el salubrista universitario era un actor político incómodo por naturaleza: hablaba de mortalidad infantil, saneamiento, hambre, tortura, y lo hacía con autoridad técnica. La articulación entre saber científico, universidad pública y defensa de derechos humanos era, precisamente, lo que los sectores de ultraderecha no toleraban.

Abad Gómez y Betancur —cuyo apellido aparece en algunas fuentes como Betancourt, sin que ello altere la identificación del profesor asesinado— salían del homenaje fúnebre a Pedro Luis Valencia cuando fueron abatidos. La secuencia del crimen, entierro tras entierro, tiene la eficacia macabra que caracteriza al sicariato como método político: la víctima siguiente ya está señalada en el velorio de la anterior. Meses después, la cadena de asesinatos contra intelectuales y dirigentes se prolongaría en Bogotá con el homicidio de Jaime Pardo Leal, profesor de la Universidad Nacional y candidato presidencial de la Unión Patriótica.

Desmovilizar antes que aniquilar

Lo que ocurrió en Medellín después del asesinato de Abad Gómez muestra que el objetivo de la violencia selectiva no era solo eliminar individuos, sino destruir las condiciones de posibilidad de la resistencia organizada. Uno de los participantes en las actividades de derechos humanos de la Universidad de Antioquia describió el asesinato como un momento en que se "tocó fondo": muchos consideraron que ya no había condiciones para seguir resistiendo, y varios abandonaron la lucha o buscaron protección. Solo quienes contaban con esquemas de seguridad permanecieron. Los demás se replegaron, salieron de la universidad, dejaron Medellín.

Ese efecto —el vaciamiento de un espacio cívico por vía del terror— se replicó en sectores sociales y políticos más amplios de la ciudad. La combinación de asesinatos selectivos, amenazas y desapariciones generó un clima en el que la organización colectiva se volvió inviable para quien no tuviera protección armada. Los defensores de derechos humanos, que habían nacido en los setenta protegiendo a otros afectados, pasaron en sus últimos años a buscar su propia protección. El movimiento se debilitó progresivamente, sobre todo en las regiones, y esa debilidad no fue accidente sino resultado.

Fuera de Medellín, el crimen tuvo resonancia en otras universidades del país. La violencia contra defensores universitarios de derechos humanos —aunque de menor escala que la ejercida en otros escenarios nacionales, como el Magdalena Medio o Urabá— ilustró con crudeza el grado en que las instituciones educativas superiores habían quedado expuestas al conflicto armado. Paradójicamente, ese mismo hecho contribuyó a reforzar la lucha por la vigencia de los derechos humanos en los movimientos estudiantiles del país. La memoria de Abad Gómez se volvió, para esas generaciones, referencia y advertencia a la vez.

Universidad, ciudad y una impunidad estructural

Los nombres que rodean a Abad Gómez dibujan el mapa de una élite intelectual antioqueña progresista que la violencia de los ochenta desmontó pieza por pieza. Junto a Leonardo Betancur y Pedro Luis Valencia, colegas suyos y víctimas del mismo ciclo, estaban Luis Fernando Vélez, vicerrector de la universidad asesinado en 1988, y figuras del ámbito jurídico y periodístico como Carlos Gaviria Díaz —jurista universitario que más tarde presidiría la Corte Constitucional— y Alberto Aguirre, columnista y editor, ambos compañeros de generación y de causa. Fuera de Medellín, el asesinato se encadenaba con el de Jaime Pardo Leal, y con la amenaza permanente sobre Luis Carlos Galán, quien sería asesinado en 1989. Una generación entera estaba siendo diezmada por una violencia con lógica política precisa.

El escenario judicial que enmarca esos crímenes explica por qué la mayoría quedó sin sanción. Según los propios estimativos del gobierno de Virgilio Barco Vargas, en la segunda mitad de los ochenta solo el veinte por ciento de los crímenes en Colombia llegaba a conocimiento de las autoridades, y de ese veinte por ciento apenas el cuatro por ciento obtenía sentencia. El país operaba con una impunidad estructural del noventa y nueve por ciento. Esa cifra no era producto de la incompetencia: era el resultado directo de una violencia sistemática contra el sistema judicial mismo. Entre 1979 y 1991, 290 personas en cumplimiento de funciones judiciales fueron asesinadas en Colombia. En una encuesta de 1987 —el año del homicidio de Abad Gómez— el 25,4% de los jueces y juezas del país declaró haber sido objeto de amenazas directas o contra sus familiares en razón del ejercicio de sus funciones.

El caso emblemático de esa violencia contra la justicia fue la masacre de La Rochela, perpetrada el 18 de enero de 1989 en Santander contra una comisión de funcionarios judiciales que investigaba, entre otros hechos, la desaparición forzada de 19 comerciantes ocurrida el 4 de octubre de 1987 en la región del Magdalena Medio. Ese caso de los comerciantes —retenidos y desaparecidos cuando viajaban de Ocaña hacia Medellín en cinco vehículos— se enmarcaba en el patrón de actuación de grupos paramilitares con participación directa o indirecta de militares, y los testimonios apuntaron hacia instalaciones del Ejército. Mientras Abad Gómez era asesinado en Medellín, en el Magdalena Medio ocurría un episodio de desaparición forzada masiva, y dos años después los jueces que investigaban ese episodio también serían asesinados. Todo formaba parte del mismo ecosistema de violencia.

A ese cuadro se sumaba la persecución al periodismo. Entre 1986 y 1995 fueron asesinados 62 periodistas en Colombia, frente a 18 en los ocho años anteriores. Antioquia, con doce casos —empatada con el Valle del Cauca—, fue el departamento más golpeado. El asesinato de un defensor de derechos humanos en Medellín ocurría, entonces, en una ciudad y en un país donde jueces, periodistas, sindicalistas y militantes de la UP caían con regularidad estadística. No era la excepción: era el paisaje.

Memoria, monumentalización y mediación literaria

La huella de Héctor Abad Gómez tiene dos capas que conviene distinguir. La primera es la del salubrista y defensor de derechos humanos que actuó en Medellín entre los años sesenta y ochenta, y cuya obra profesional forma parte de la historia de la medicina social colombiana y del movimiento colombiano de derechos humanos. Esa huella pertenece al archivo de la Universidad de Antioquia, a los debates sanitarios del país y a la memoria del sector universitario público. En ella, Abad Gómez es una figura importante pero no única: un nombre entre otros de una generación que pensó la salud como derecho y pagó ese pensamiento con la vida.

La segunda capa se la construyó, décadas después de su muerte, la operación literaria de su hijo. El olvido que seremos, publicado por Héctor Abad Faciolince, se convirtió en bestseller en casi todo el mundo hispánico, atrajo a la crítica más exigente y fue reconocido como una de las novelas colombianas que mejor ha logrado superponer la experiencia individual a los temas del narcotráfico, el sicariato y el exilio sin evadirlos. La crítica ha destacado en la novela su sinceridad y su ternura, y también ha señalado —en las lecturas más analíticas— la lógica argumentativa determinista que estructura la figura del padre: la relación paterno-filial opera allí como llave maestra para interpretar el carácter, el destino y las fidelidades del narrador. El padre caído y silencioso estructura circularmente el relato; el narrador no puede ni quiere triunfar por encima de la derrota del padre porque está identificado con él; el mutismo del padre amenaza con cortar la palabra al narrador. La escritura autobiográfica queda, en esa lectura, condicionada por la relación con el silencio paterno.

Esta operación literaria tiene consecuencias historiográficas que no pueden ignorarse. Por un lado, ha logrado lo que ningún trabajo académico había conseguido: instalar a Héctor Abad Gómez en la memoria pública del mundo hispánico como emblema del defensor de derechos humanos asesinado en Colombia. Por otro, lo ha hecho al precio de convertirlo en una figura filialmente monumentalizada, en la que el padre real —el salubrista con sus tensiones, sus posiciones concretas, su lugar exacto en las disputas internas de la Universidad de Antioquia— corre el riesgo de quedar aplastado bajo la figura del padre-mártir estructurante. Leer a Abad Gómez hoy exige, por tanto, un doble movimiento: reconocer que la novela de su hijo es una fuente indispensable —quizás la más viva— sobre su vida cotidiana y su carácter, y a la vez restituirlo a la coyuntura histórica que lo mató, que no fue la biografía íntima de una familia antioqueña sino el conflicto armado colombiano en su fase de mayor descomposición institucional.

Ese doble movimiento es lo que permite ver con precisión lo que su asesinato significó. Abad Gómez no fue matado porque su hijo lo iba a escribir. Fue matado porque encarnaba una figura que el orden contrainsurgente colombiano de los ochenta había decidido eliminar: la del intelectual público, universitario, técnico, que usaba el saber profesional para denunciar violaciones de derechos humanos desde una institución pública. Su muerte no fue un accidente en la biografía de un padre sino un acto en la lógica de una guerra. Y la desmovilización que produjo —el vaciamiento de la resistencia cívica de la Universidad de Antioquia, la huida de los defensores, el repliegue de sectores sociales enteros— fue el efecto buscado, no un daño colateral.

Queda, sin embargo, una tensión que conviene no cerrar. La sistematicidad de la operación criminal contra los salubristas de la Universidad de Antioquia es real —seis víctimas en poco más de un año, cinco del mismo campo profesional— pero su autoría se diversificó con el tiempo, y no todos los eslabones responden a un plan monolítico. El asesinato de Abad Gómez tuvo, en su ejecución, algo de contingente y de oportunista: dos profesores abatidos a la salida de un homenaje fúnebre, en un momento en que la violencia sicarial se había vuelto en Medellín un método corriente. Reconocer esa contingencia no debilita la lectura estructural; la matiza. La violencia paramilitar de los ochenta funcionó precisamente así: con una lógica política clara —la eliminación de la crítica humanitaria— y una ejecución operativa flexible, que aprovechaba concentraciones de víctimas potenciales, filtraciones de información, oportunidades urbanas. El resultado, en el caso de Abad Gómez, fue la muerte de un médico salubrista que, en la Medellín de 1987, ya no podía separar su oficio de la denuncia y no había querido hacerlo.

Ese es el legado histórico que su figura pide leer. No el del santo cívico de una hagiografía familiar, sino el del profesional universitario colombiano que descubrió, en el peor momento de su país, que la salud pública era un asunto de derechos humanos y que hablar en su nombre podía costar la vida. Su asesinato, junto con los de Pedro Luis Valencia, Leonardo Betancur, Luis Fernando Vélez y los dos profesores caídos en 1988, forma parte del capítulo colombiano en que el Estado dejó de proteger la vida de sus intelectuales críticos y los sectores de ultraderecha decidieron, con la impunidad como garantía, quiénes podían seguir hablando. En ese capítulo, la Universidad de Antioquia perdió a una generación. El país perdió, con ella, una manera de pensar la relación entre saber científico, universidad pública y ciudadanía. Y Héctor Abad Gómez —el médico que llegó de Jericó, el salubrista que enseñó en Medellín, el defensor de derechos humanos que murió saliendo de un funeral— quedó fijado en la memoria como uno de los rostros de esa pérdida.