Fundación de ASFADDES y el movimiento de familiares de desaparecidos

Fundación de ASFADDES y el movimiento de familiares de desaparecidos

En 1983, en Bogotá, un grupo de familiares —en su mayoría mujeres— de catorce estudiantes de la Universidad Nacional desaparecidos durante una protesta constituyó la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, ASFADDES. Fue la primera organización colombiana que se autoidentificó como asociación de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, y con ella empezó a existir públicamente, en el país, la categoría misma de "desaparecido". Antes de ASFADDES había víctimas, casos aislados, denuncias dispersas de abogados y de la Iglesia; después de ASFADDES hubo un nombre, un archivo civil, un repertorio de calle y una demanda sostenida frente a un Estado que negaba la existencia del crimen y cuyo Código Penal ni siquiera lo tipificaba. Esa fundación, ocurrida al final del gobierno de Julio César Turbay Ayala y al comienzo del de Belisario Betancur, condensa el momento en que el dolor privado de un puñado de familias se convirtió en una forma nueva de política.

El país que fabricó a los desaparecidos

El acto fundacional de ASFADDES es incomprensible fuera del Decreto 1923 de 1978, conocido como Estatuto de Seguridad, expedido por Turbay en septiembre de ese año bajo la figura del Estado de Sitio. El Estatuto fue el conjunto más comprensivo de restricciones a las libertades públicas en Colombia desde 1958: amplió la competencia de la jurisdicción penal militar sobre civiles, creó nuevas figuras penales, aumentó sanciones y estableció mecanismos de censura que alcanzaron a la radio y la televisión. Fue la traducción normativa de la Doctrina de Seguridad Nacional, esa cuadrícula continental que en los setenta convirtió al enemigo interno en la obsesión de los ejércitos latinoamericanos.

Bajo su vigencia, entre 1978 y 1982, se institucionalizaron las detenciones arbitrarias y la tortura contra sindicalistas, estudiantes, campesinos e intelectuales de izquierda. Solo en Bogotá se cuentan más de cinco mil personas detenidas y torturadas; el total nacional de detenidos por razones políticas se estima en alrededor de dieciséis mil. La protesta social quedó sometida a los consejos verbales de guerra. Y las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, que ya existían de manera episódica, se hicieron sistemáticas.

Los aparatos responsables tenían nombre y sigla. Las investigaciones posteriores identificaron a la DIPEC, al SIPEC, al F-2 de la Policía Nacional, a la Estación IV de Policía, a la Brigada de Institutos Militares y al Batallón de Inteligencia Charry Solano como unidades tácticas involucradas en el llamado Caso Colectivo 82, que incluye la desaparición de las hermanas Galárraga. En agosto de 1983, el Instituto Nacional de Tránsito certificó que la mayoría de las víctimas de ese conjunto de casos habían sido ejecutadas utilizando vehículos asignados a la DIPEC-F2. La Brigada de Institutos Militares, cuya jefatura recayó por entonces en el general Miguel Vega Uribe, desapareció a Olga López de Roldán y a su hija tras acusarlas de guerrilleras; ambas fueron torturadas.

Ese detalle —vehículos oficiales, unidades identificables, agentes con placa— define la textura colombiana del crimen. La desaparición no se cometía en la clandestinidad total, sino con recursos rastreables: patentes, oficinas, jefaturas nominales. En los expedientes del Caso Colectivo 82 aparece también, junto a la firma del F-2, la del Muerte a Secuestradores (MAS), la primera estructura paramilitar con proyección nacional. El perpetrador era híbrido desde el principio: parte aparato estatal, parte estructura paraestatal montada en su órbita. Esa hibridez obligaría al movimiento de familiares a desarrollar un repertorio de denuncia más complejo, dirigido simultáneamente contra el Estado y contra actores que operaban a su sombra sin llegar a confundirse del todo con él.

Sobre ese paisaje pesaba, además, un vacío jurídico decisivo. El Código Penal vigente —Decreto 100 de 1980, en vigor desde el 23 de enero de 1981— no tipificaba la desaparición forzada como delito autónomo. Cuando algún fiscal o juez se atrevía a investigar los hechos, tenía que forzar el encuadre bajo la figura del secuestro, con toda la distorsión que eso implicaba: el secuestro presume un secuestrador identificable con fines de rescate o presión, no un aparato estatal que niega la retención misma. El derecho colombiano no tenía palabras para lo que estaba ocurriendo.

Las redes previas: el ecosistema que hizo posible la organización

ASFADDES no brotó del vacío. En los años inmediatamente anteriores a su fundación, un ecosistema disperso de organizaciones y personas había empezado a nombrar, con vocabularios distintos y desde flancos distintos, lo que ocurría bajo el Estatuto.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, presidido por el jurista y excanciller Alfredo Vásquez Carrizosa, funcionaba desde 1979 como espacio de denuncia jurídica y diplomática. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos documentaba las detenciones bajo el Estatuto y acompañaba jurídicamente a los detenidos. En Medellín, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, presidido por el médico Héctor Abad Gómez, denunciaba el creciente número de asesinatos y desapariciones que ya azotaban a Antioquia. Y el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), obra de los jesuitas, articulaba investigación, publicación y acompañamiento pastoral en un país donde la Iglesia católica seguía siendo, para muchas familias, el único interlocutor confiable.

A ese entramado interno se sumaron dos golpes de contexto internacional. En 1980, Amnistía Internacional realizó su primera visita a Colombia, a solicitud de las propias organizaciones colombianas, y publicó un informe que denunció torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas bajo el Estatuto. La visita colocó al país en la agenda mundial de derechos humanos en un momento en que el gobierno Turbay pretendía presentarse como una democracia asediada por la subversión. Un año antes, en 1979, el jurista Pedro Pablo Camargo había presentado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas la Comunicación N.º 45/1979, correspondiente al caso Suárez de Guerrero, en representación del esposo de la víctima. Fue una de las primeras peticiones colombianas ante el sistema universal, y marcó una ruta que después recorrerían decenas de familias.

En ese ecosistema, el CINEP cumplió un papel decisivo para lo que vendría. Los vínculos internacionales de la Iglesia católica le permitieron establecer contacto estrecho con activistas de derechos humanos del Cono Sur, en particular con las Madres de la Plaza de Mayo, que en Argentina llevaban desde 1977 marchando cada jueves con pañuelos blancos alrededor del monumento central de Buenos Aires. Cuando las primeras familias bogotanas de desaparecidos empezaron a buscarse, a preguntarse quiénes eran las otras familias, a intuir que su caso no era el único, el CINEP les ofreció a la vez un lugar de encuentro, un archivo incipiente y un modelo organizativo probado: el de las Madres.

De un caso a una organización (1982–1983)

El detonante fue una desaparición colectiva de estudiantes de la Universidad Nacional durante una protesta. Catorce jóvenes fueron sustraídos por aparatos de seguridad en operativos coordinados. Sus familias, procedentes de distintos barrios y estratos, se conocieron en las peregrinaciones habituales: la Brigada de Institutos Militares, la Estación IV, la Procuraduría, los batallones, los hospitales, la morgue. Descubrieron que hacían las mismas preguntas y recibían las mismas negativas. Descubrieron, sobre todo, que solas no llegaban a ninguna parte.

De ese descubrimiento nació la asociación. Los primeros miembros de ASFADDES fueron las familias de esos catorce estudiantes. En 1983, con el acompañamiento del CINEP y bajo la influencia declarada del modelo argentino, constituyeron formalmente la organización. La fecha exacta ha quedado registrada por la propia asociación en su documento Veinte años de historia y lucha, publicado en 2003, que funciona hoy como fuente primaria sobre su nacimiento.

Entre las figuras que empezaron a articular el trabajo en esos años iniciales o en los inmediatamente siguientes aparecen mujeres que se convertirían en referentes del movimiento colombiano de derechos humanos: Fabiola Lalinde, madre de Luis Fernando Lalinde, desaparecido en 1984 en el suroeste antioqueño; Yanette Bautista, hermana de Nydia Erika Bautista, cuyo caso definiría décadas de litigio internacional contra el Estado colombiano; Luz Marina Hache Contreras, cuya trayectoria en la búsqueda se sostendría por décadas. El perfil demográfico era inequívoco: madres, hermanas, esposas, hijas. La búsqueda del desaparecido, en Colombia como en el resto de América Latina, fue desde el principio un trabajo predominantemente femenino, sostenido por mujeres que abandonaron oficios, familias y, con frecuencia, vidas enteras para dedicarse a una tarea que el Estado no reconocía como tarea.

La consigna que la organización adoptó como sello quedó fijada en dos frases: "Vivos los queremos, porque vivos se los llevaron". En ella se comprimía todo: la negación del duelo por adelantado, la exigencia de responsabilidad estatal en la sustracción, la afirmación de que la víctima no había desaparecido sino que había sido desaparecida por alguien concreto.

El repertorio: fotografías, marchas, boletines, camisetas

Lo que ASFADDES inventó, más que una vocería, fue un repertorio: un conjunto reconocible de gestos, objetos y prácticas con los que un grupo de familias transformó la búsqueda íntima en presencia pública sostenida.

El objeto central era la fotografía. En las marchas, las integrantes de ASFADDES portaban las imágenes de los desaparecidos en tamaño grande, en forma de pancartas. Cada imagen iba acompañada del nombre de la víctima, la fecha de su desaparición, las circunstancias del hecho o la edad que tenía al momento de ser tomada. El propósito era literal y político a la vez: devolverle al desaparecido un rostro, un nombre, una fecha concreta, en un contexto en que las autoridades negaban que la desaparición forzada estuviera ocurriendo. La fotografía era la prueba de que la persona había existido, y su exhibición pública, la exigencia de que siguiera existiendo en la cuenta del Estado.

De esa práctica derivaron las llamadas galerías de la memoria: instalaciones en plazas y espacios institucionales donde se exhibían los rostros y los nombres. Las galerías convertían un espacio público en archivo. En una época sin internet, sin bases de datos oficiales, sin registro nacional de víctimas —todo eso llegaría décadas después—, la galería era el archivo. Y era un archivo hecho a mano: cartulinas, fotografías domésticas reproducidas artesanalmente, marcadores. Un archivo civil, hecho por las familias, contra el olvido y contra el desmentido oficial.

Las marchas tenían una coreografía precisa. Salían con destino a sedes institucionales —principalmente la Procuraduría, en la Plaza de Bolívar y sus alrededores— donde el grupo se detenía, gritaba consignas y en ocasiones repartía hojas volantes con denuncias específicas. Boletines, pendones, carteles y afiches complementaban la acción de calle. La camiseta también entró temprano en el repertorio: prendas del mismo color, o estampadas con las imágenes de los desaparecidos, comunicaban visualmente que la causa de quien la portaba no era el caso particular de un familiar sino el conjunto de todos los desaparecidos. Era un pequeño gesto de universalización política que convertía a cada madre o hermana en representante de todas.

Ese repertorio tenía una fuente clara —las Madres de la Plaza de Mayo— pero incorporó adaptaciones locales significativas. La pancarta con fotografía retomaba, ampliaba y sistematizaba el gesto argentino. Las galerías, en cambio, tuvieron un desarrollo propio que después inspiraría prácticas de memoria en otras regiones del país. Y las consignas se ajustaron a un interlocutor distinto: no una junta militar identificable con un rostro y una fecha de golpe, sino un aparato estatal que se proclamaba democrático y que, por lo tanto, era más resbaladizo, más difícil de responsabilizar públicamente.

Documentar cuando el Estado niega

Pero el repertorio de calle era solo la mitad visible de una tarea que requería, al mismo tiempo, un trabajo paciente lejos de las cámaras. Cada fotografía exhibida en una marcha suponía una ficha detrás: un nombre completo, una fecha, un lugar, un testimonio recogido. Detrás de la escena pública operaba, silenciosa y minuciosa, la otra tarea de la asociación: documentar. Registrar caso por caso, fecha por fecha, unidad militar por unidad militar. Ante la inexistencia de un registro oficial de personas desaparecidas —que no llegaría hasta finales de los noventa, y con vaivenes— y ante la negación institucional del crimen, ASFADDES construyó su propio archivo artesanal.

Ese archivo tenía un valor jurídico y político doble. Servía, por un lado, para sustentar las denuncias penales que las familias insistían en presentar aun sabiendo que la ausencia de tipo penal las condenaba a un desvío casi seguro hacia la figura del secuestro, cuando no al archivo. Servía, por el otro, para alimentar las comunicaciones internacionales que empezaban a llegar a Ginebra y a Washington. Cada caso que ASFADDES sistematizaba era una posible petición ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ante la Comisión Interamericana o ante Amnistía Internacional.

La labor de documentación tuvo, en esos primeros años, un carácter fundacional. En un país donde las cifras oficiales de desaparición forzada no existirían por décadas —y donde, cuando finalmente empezaron a existir, dependerían de la información acumulada por organizaciones no gubernamentales—, ASFADDES y sus organizaciones hermanas se convirtieron en las productoras primarias del dato. Que hoy sea posible hablar del fenómeno con cifras, aunque discutidas y disímiles, se debe a un trabajo iniciado en cocinas y salones prestados en el Bogotá de comienzos de los ochenta.

Transición política: el gobierno Betancur y su ambigüedad

La fundación de ASFADDES coincidió con el cambio de gobierno. Turbay levantó el Estado de Sitio a menos de tres meses de dejar el poder, a mediados de 1982, después de seis años ininterrumpidos, argumentando que la acción subversiva estaba controlada. La afirmación era, como mínimo, discutible: el Estatuto, diseñado según sus propios promotores para exterminar la subversión, produjo el efecto contrario, fortaleciendo a los movimientos de oposición y contribuyendo al crecimiento de las guerrillas.

Betancur ganó la presidencia en 1982 aprovechando la división del Partido Liberal entre la facción oficialista de Alfonso López Michelsen y una disidencia. Las denuncias de violaciones a los derechos humanos bajo Turbay fueron un factor relevante en la campaña, en la que la paz se instaló como tema central. El nuevo presidente impulsó una política de negociación con las guerrillas y decretó una amnistía que buscaba abrir un compás distinto.

Para ASFADDES, la llegada de Betancur fue ambigua. Por un lado, el clima general se distendió y la denuncia pública encontró márgenes que bajo Turbay eran impensables. Por el otro, la política de paz dependió en la práctica de un círculo personal del presidente más que de una estrategia institucional articulada, y desde el interior de las Fuerzas Armadas —contrarias a la subordinación al poder civil que la nueva línea implicaba— surgieron corrientes que buscaron soluciones clandestinas con apoyo de sectores civiles para continuar el esfuerzo contrainsurgente. La movilización social, incluida la de las familias de desaparecidos, fue interpretada por esos sectores como extensión del proyecto guerrillero.

De ese conflicto entre política civil y autonomía militar se alimentaría, en los años siguientes, buena parte de la violencia sucia de los ochenta y noventa. Y ASFADDES, precisamente por haberse convertido en la voz visible de la denuncia, sería uno de sus blancos.

Los costos: perseguir a los que buscan

La fundación de ASFADDES no puso a las familias a salvo; las expuso más. La persecución contra la organización incluyó la desaparición de miembros activistas de la propia asociación —entre ellos Ángel Quintero y Claudia Monsalve— y obligó a algunas de sus integrantes al exilio. La búsqueda del desaparecido se convirtió en una tarea que podía costarle a quien la emprendía su propia desaparición.

Ese costo tenía múltiples capas. La primera era jurídica: las familias que insistían en denunciar recibían amenazas, en parte por el involucramiento o la complicidad de agentes del Estado en los hechos. La segunda era simbólica: los victimarios, y en ocasiones también funcionarios estatales, recurrían a la estigmatización de las víctimas —presentarlas como guerrilleras, delincuentes o "elementos subversivos"— para desmentir el crimen y endilgar responsabilidad a las propias desaparecidas. Los familiares no solo debían soportar la ausencia; debían defender el nombre de sus seres queridos frente a una campaña sistemática de difamación.

La tercera capa era psíquica, y quizá la más difícil de nombrar. La imposibilidad de constatar una pérdida definitiva —ese rasgo estructural de la desaparición forzada— hizo que las familias vivieran en una incertidumbre prolongada que la literatura psicosocial identifica como una forma de tortura: quebranta la personalidad y deja huellas permanentes en la estructura emocional. El duelo no puede elaborarse cuando no hay cuerpo, cuando no hay fecha de muerte, cuando cada mañana existe la posibilidad —remota, pero existente— de que la persona regrese. Ante ese vacío, las familias inventaron o recuperaron rituales propios para sostener la ausencia sin cerrarla. Entre buscadoras afrodescendientes de la costa Pacífica, por ejemplo, se han documentado prácticas como encender velas, fogatas y sahumerios: gestos heredados de tradiciones espirituales que les permiten hacer un lugar al desaparecido dentro de la casa sin declararlo muerto, sostener una relación con quien no está sin renunciar a esperarlo. La búsqueda tenía, así, una dimensión ritual además de política y jurídica: convivir con la ausencia era una tarea diaria que exigía formas propias de simbolización.

De ese sustrato de dolor irresuelto surgió, paradójicamente, la energía política sostenida de ASFADDES. La búsqueda podía durar toda una vida; y de hecho duró toda una vida, para muchas mujeres, la mayor parte de las cuales murió sin encontrar a los suyos.

Efectos de largo plazo: fundar una gramática

El legado inmediato de ASFADDES puede medirse en tres planos.

En el plano de la nomenclatura, la asociación logró instalar la desaparición forzada como categoría autónoma en el debate público colombiano. Antes de ASFADDES, el crimen se disolvía en las cifras de la violencia general, se confundía con el secuestro, se explicaba como fuga o como reclutamiento guerrillero. Después de ASFADDES, la desaparición forzada existió como problema con nombre propio, aunque el derecho colombiano tardara todavía años en recogerlo. El Código Penal vigente durante toda la década no lo tipificó. Y cuando el legislador finalmente empezó a moverse, lo hizo en dirección oblicua: la Ley 282 de 1996, diseñada para combatir el secuestro y la extorsión, creó instituciones y mecanismos orientados a esas figuras y no a la desaparición, con lo que las familias de desaparecidos forzadamente quedaron por fuera de los beneficios previstos por la norma. La brecha entre la magnitud del fenómeno y la respuesta legal era abrumadora: solo entre 1986 y 1990 fueron desaparecidos forzadamente 137 sindicalistas, una cifra que dibuja un patrón sistemático mientras el andamiaje legal seguía sin producir un tipo penal específico. La tipificación autónoma llegaría después, arrancada al Estado tras años de presión de las propias familias.

En el plano organizativo, ASFADDES estableció el modelo del familiar-víctima como sujeto político. No los abogados ni los intelectuales ni los militantes partidarios, sino las madres, las hermanas, las esposas. Ese desplazamiento del protagonismo hacia las familias tuvo consecuencias duraderas: definió el rostro público del movimiento de derechos humanos colombiano y estableció una legitimidad —la del dolor directo, la de la carne propia— difícil de disputar retóricamente incluso para los adversarios más recalcitrantes.

En el plano del repertorio, ASFADDES fundó una gramática que otras organizaciones adoptarían y adaptarían en las décadas siguientes. Las fotografías, las galerías, las camisetas, las consignas, los boletines, la ocupación de la Plaza de Bolívar y de los alrededores institucionales del poder: todo ese vocabulario visual y espacial de la memoria, que hoy se ha vuelto casi rutinario en las movilizaciones colombianas, fue invención suya. Cuando el Estado colombiano, dos décadas después, empezó a construir sus propias instituciones de memoria —el Grupo de Memoria Histórica, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, luego el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad— lo hizo llegando tarde a un trabajo que las familias organizadas llevaban veinte años haciendo con sus manos.

Mantener las fotografías de los desaparecidos ha contribuido a que las nuevas generaciones no olviden lo ocurrido en el siglo XX, y ha facilitado la incorporación de jóvenes al movimiento por la verdad y la justicia. La transmisión intergeneracional del duelo se convirtió, así, en transmisión intergeneracional de la lucha.

Por qué sigue importando

La fundación de ASFADDES pertenece a la historia colombiana por razones que exceden ampliamente el episodio de 1983.

Fija, en primer lugar, un principio institucional: la memoria de las víctimas no es un producto del Estado, ni una concesión del Estado, ni una tarea que dependa de los ciclos políticos del Estado. Es un trabajo civil, sostenido en primera persona por quienes soportan la pérdida, que puede sobrevivir a gobiernos hostiles y persecuciones directas y que produce, con el tiempo, el archivo sobre el cual el propio Estado —cuando por fin decide asumir su responsabilidad— tendrá que apoyarse. Cuando el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó sus primeros informes, cuando la Comisión de la Verdad recogió testimonios, cuando la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas empezó a funcionar, las bases documentales sobre las que trabajaron no fueron construidas por funcionarios: fueron entregadas, celosamente conservadas durante décadas, por las mismas mujeres que en 1983 habían empezado a llenar carpetas en cuadernos escolares.

Fija, en segundo lugar, un rasgo específico de la experiencia colombiana. El movimiento colombiano de familiares no pudo apoyarse en el desmentido evidente que ofrecían las dictaduras del Cono Sur —la excepcionalidad moral del régimen de facto, la fecha de golpe, el retorno a la democracia como horizonte compartido—. Nació y creció bajo democracias formales, con congresos electos y presidentes constitucionales, y tuvo que batallar contra la afirmación normalizada de que Colombia era un Estado de derecho. La denuncia no se dirigía contra un régimen de excepción sino contra la excepción dentro de la regla: contra los agujeros oscuros de una institucionalidad que se seguía presentando como legítima incluso mientras sus aparatos desaparecían gente. Esa asimetría explica por qué la lucha de las familias colombianas ha sido tan larga y por qué su reconocimiento oficial ha llegado tan tarde y tan parcialmente. Contra una dictadura se combate hasta que cae; contra una democracia que niega los hechos hay que combatir indefinidamente, porque nunca hay una fecha de cierre.

Fija, finalmente, una vara moral. Que un puñado de mujeres, sin recursos, sin protección institucional, con maridos e hijos desaparecidos, con amenazas encima, hayan sido capaces de fundar en Bogotá, en 1983, la primera organización sistemática contra la desaparición forzada en Colombia, y de sostenerla durante décadas, mientras el país acumulaba masacres, magnicidios y ciclos de guerra sucia, es uno de los hechos más honorables de la vida pública colombiana del siglo XX. Los desaparecidos del Estatuto de Seguridad no fueron recuperados en su mayoría; sus responsables, en su mayoría, no fueron sancionados; el crimen no dejó de cometerse. Pero el silencio se rompió, y se rompió porque un pequeño grupo de familias decidió que no iba a permitir que sus muertos —o sus vivos, según se resolviera— sufrieran una segunda desaparición, esta vez a manos del olvido.

Esa segunda desaparición, la del silencio colectivo, es la que sigue en disputa. ASFADDES la trabó en Bogotá en 1983, y esa disputa continúa cada vez que una fotografía vuelve a levantarse en la Plaza de Bolívar, cada vez que un nombre se pronuncia en voz alta después de cuarenta años, cada vez que una hija que no llegó a conocer al padre desaparecido recoge la pancarta de una madre que ya no puede sostenerla. La organización, más que una asociación de víctimas, terminó siendo el lugar donde se aprendió, en Colombia, cómo se resiste al olvido: con papel, con fotografía, con cuerpo, con archivo, con calle. Y con el tiempo, que es la materia más escasa y la más obstinada de todas.