La 'limpieza social' urbana en Colombia (1979–1990)

La emergencia de la 'limpieza social' urbana en Colombia (1979–1990)

Entre finales de los años setenta y el inicio de los noventa se instaló en Bogotá, Medellín, Cali y otras capitales colombianas una modalidad específica de violencia letal que sus perpetradores y buena parte de la sociedad aceptaron nombrar como limpieza social: el asesinato sistemático, individual o colectivo, de habitantes de la calle, recicladores, consumidores de bazuco, trabajadoras sexuales, jóvenes de barrios populares y personas LGBTIQ+, ejecutado por escuadrones anónimos en los que confluyeron policías fuera de servicio, agentes de inteligencia del Estado, sicarios del narcotráfico y vecinos organizados. No fue una prolongación urbana del paramilitarismo rural del Magdalena Medio, aunque compartió con él un vocabulario higienista y ciertas redes: fue un dispositivo con infraestructura propia, geografías definidas y una peculiaridad decisiva: sus víctimas no eran combatientes ni militantes, sino figuras estigmatizadas cuya eliminación fue presentada como saneamiento del vecindario. La categoría penal para nombrarlo nunca existió. Hasta el cierre de los grandes informes de memoria, ninguna persona ha sido condenada en Colombia por limpieza social.

El país que se hizo ciudad sin Estado

La violencia que aquí se estudia no puede entenderse sin la transformación demográfica que la antecede. Hacia 1985 Colombia había alcanzado un 68% de urbanización, resultado de décadas de migración rural forzada o empujada por la pobreza, el desplazamiento y un viraje de política económica que orientó al país hacia intereses estadounidenses y aceleró la concentración urbana. Ese crecimiento ocurrió, en buena medida, al margen del Estado: los recién llegados ocuparon inquilinatos en las zonas centrales que las élites habían abandonado y desbordaron después hacia bordes periféricos donde nacieron los grandes cinturones de miseria —Aguablanca en Cali, la Zona Nororiental de Medellín, Ciudad Bolívar en Bogotá, La Chinita en Barranquilla, junto con barrios como Nuevo Chile en Bosa, formado por campesinos expulsados del Tolima y del Sumapaz—. Los gobiernos municipales reconocieron abiertamente su impotencia para aplicar medidas policivas y penales sobre esa ciudad ilegal de barrios piratas e invasiones.

Al mismo tiempo, el mercado de trabajo urbano se había desequilibrado estructuralmente desde mediados de los sesenta: la oferta laboral crecía más rápido que el aparato productivo. Hacia 1984 el desempleo abierto tocaba el 14% de la población activa y el subempleo un 16% adicional; el 52% de esa población trabajaba en el sector informal. Dos décadas después, la informalidad en las trece principales ciudades seguiría cerca del 63% en 2003, muy por encima del promedio latinoamericano. Sobre ese suelo se movió una juventud atrapada entre el bazuco, cuyo consumo se disparó con la bonanza cocalera, y un horizonte cerrado del que la fuga común era el sicariato. Los riesgos de ser agente o víctima de un delito contra la vida se concentraron en las ciudades y en los hombres jóvenes desempleados o con oficios de bajo estatus.

A esto se sumó una crisis silenciosa de las instituciones tradicionales de socialización —familia, escuela, vecindario, iglesia— sin reemplazo efectivo, que lanzó a esa población al anonimato dentro de un medio crecientemente agresivo. Fue en este intersticio, entre la periferia sin Estado y el centro degradado, donde se produjo la figura del indeseable urbano: alguien cuya sola presencia en el espacio público podía ser leída como amenaza y, después, como objeto de exterminio.

Marco habilitante: el Estatuto de Seguridad y la doctrina contrainsurgente

El dispositivo simbólico y jurídico que precedió a la limpieza social urbana no nació de la nada. Entre 1978 y 1982, bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala, rigió el Estatuto de Seguridad, cuyo período fue caracterizado más tarde como el de la búsqueda de la paz y la guerra sucia, marcado por la adhesión de Colombia a la doctrina de seguridad de los Estados Unidos y por el inicio de la guerra contra las drogas. Durante su vigencia se registraron al menos 55 ejecuciones extrajudiciales documentadas.

El armazón conceptual que las respaldó estaba en los manuales de inteligencia de combate del Ejército, que señalaban a organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales como organizaciones de fachada guerrillera y sostenían que huelgas y paros eran promovidos por la insurgencia. El efecto práctico fue extender la sospecha —y con ella la habilitación letal— sobre trabajadores, campesinos y militantes. Prácticas represivas graves como el llamado Febrerazo de 1977 y el asesinato en 1978 de José Manuel Martínez Quiroz, jefe nacional de la Red Urbana del ELN, torturado y ejecutado dentro de las instalaciones del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, muestran que la maquinaria estaba en marcha antes incluso de la promulgación del Estatuto.

La doctrina contrainsurgente aportó dos elementos que serían decisivos para la deriva urbana: la construcción de un enemigo interno cuya identidad —más que sus actos— autorizaba la eliminación, y la institucionalización de la clandestinidad operativa de los cuerpos de inteligencia. Cuando en la primera mitad de los ochenta el enemigo interno se extendió del guerrillero al bandolero, la chusma, el ladrón, el drogadicto y el habitante de la calle, la infraestructura discursiva y operativa ya estaba lista.

El giro de 1984: cuando los blancos se ampliaron

El año 1984 marca una inflexión. Los grupos armados formados por sectores de las élites, que operaban con lógica de autodefensa contrainsurgente en regiones como el Magdalena Medio, comenzaron a extender sus zonas de influencia y a incluir explícitamente entre sus objetivos a ladrones, violadores, expendedores de droga, secuestradores, extorsionistas y otros criminales comunes. Los documentos de memoria histórica denominan a esa mutación política de aniquilación, y advierten que la expresión popular limpieza social la nombra mal, porque naturaliza en lenguaje de higiene lo que fue exterminio de personas. Desde esa misma época los grupos paramilitares variaron sus técnicas: pasaron a desmembrar y desaparecer los cadáveres, lo que después permitiría trasladar métodos y códigos a los escuadrones urbanos.

En el Magdalena Medio la retórica de la limpieza funcionó como discurso justificativo de homicidios, desplazamientos y exclusión, presentándose como labor de orden público. El propio Ejército armó a Ramón Isaza para que, en palabras de un declarante, limpiara la región. Los perpetradores hablaron después con orgullo de sus operaciones: Hice una limpieza muy bonita allá, porque no quedó guerrilla. Ahora es un lugar muy sano. En Puerto Boyacá, los sicarios encargados de esas tareas y de las demostraciones de poder eran llamados móviles. Ese vocabulario —zona sana, zona limpia, plaga que se erradica— no permaneció confinado al monte: fue el mismo que, con matices, se instaló en los barrios, en las galerías de mercado, en las calles del centro degradado. La afirmación de soberanía territorial que ejercían los paramilitares sobre veredas y aldeas encontró una traducción urbana precisa en el control violento de la cuadra, el parque o el sector.

Los ejecutores urbanos: F2, DAS, DOC y los escuadrones con nombre

La singularidad del dispositivo urbano estuvo en la composición de sus ejecutores. En Medellín, las memorias de las víctimas asocian repetidamente a los victimarios de la limpieza social con organismos de inteligencia y seguridad del Estado: el B2, el F2, el DAS y el DOC —Departamento de Orden Ciudadano—. El F2 era el cuerpo de inteligencia de la Policía Nacional antes de convertirse en la Sijin, distinto del 2 del Ejército, vinculado al grupo Mano Negra.

Junto a esos aparatos institucionales operaron colectivos con nombres propios que se autodenominaban de limpieza social. En Medellín se registraron, entre otros, Amor por Medellín, Mano Negra, Limpieza Total, Aburrá Tranquilo, Muerte a Jaladores de Carros (Majaca) y la Asociación Pro Defensa de Medellín. Los nombres son en sí mismos un documento: hablan el idioma del amor cívico, la defensa del vecindario y la promesa de tranquilidad, y evocan a la vez los grupos rurales tipo Muerte a Secuestradores. Su proliferación —junto con la de Muerte a Revolucionarios del Nordeste o Los Machos— encubría una violencia difusa: la multiplicación de siglas dificultaba atribuir responsabilidades y disolvía la autoría en un anonimato colectivo.

En Cali, Jamundí, Palmira, Yumbo y otros núcleos del Valle del Cauca operaron, desde principios de los setenta y hasta mediados de los noventa, escuadrones de la muerte compuestos por narcotraficantes e integrantes de la Policía y el Ejército, que atacaron a personas por sus características o identidades sociales, económicas y políticas mediante asesinatos, amenazas, torturas y destierros. Víctimas trans como la mujer conocida como Arlen identificaron a integrantes de la Policía Metropolitana de Cali como responsables directos de actos de violencia en el marco de esas limpiezas. La colaboración estrecha entre esa policía y las fuerzas militares, según las normativas de la época, hizo prácticamente imposible distinguir dónde terminaba el servicio y dónde empezaba el escuadrón.

En Bogotá, los operativos se ejecutaban de noche por personas enmascaradas con capuchas, entre las que se contaban agentes del F2 y vecinos del propio barrio, que conocían los movimientos y los lugares de reunión de sus víctimas. Esta doble composición es reveladora: el aparato estatal aportaba la logística y la impunidad; el vecindario aportaba el conocimiento cotidiano —quién dormía en qué esquina, quién consumía, quién ejercía la prostitución— y la legitimación tácita del acto.

La conexión con los grandes aparatos criminales quedó documentada también por vía material. En agosto de 1983, el Instituto Nacional de Tránsito certificó que la mayoría de las desapariciones forzadas atribuidas al grupo Muerte a Secuestradores (MAS) y al F2 en el período se habían realizado en vehículos asignados a la DIPEC-F2. La institucionalidad del terror urbano no era metafórica: circulaba en placas oficiales.

Las víctimas: la producción del indeseable

Las víctimas preferidas —aunque no las únicas— fueron indigentes y jóvenes de barrios populares. A ellos se sumaron trabajadoras sexuales, mujeres y hombres trans, homosexuales, recicladores, consumidores de bazuco, presuntos ladrones menores y niños de la calle. El rasgo compartido no era una conducta específica sino una identidad estigmatizada, socialmente producida como peligrosa. La lógica del exterminio opera construyendo una víctima culpable cuya eliminación se presenta como justificada, sin mediación institucional ni social alguna.

En Medellín, esa producción del indeseable tiene una prehistoria localizable. Ya en los años sesenta la persecución a población homosexual y travesti se concentraba en el sector de Guayaquil, en torno a la estación del ferrocarril y a la plaza de mercado, donde vivían en piezas de hoteles y residencias jóvenes de bajo rango social, sin oficio conocido, muchos de ellos dedicados a la prostitución con hombres. Las décadas siguientes convirtieron esa persecución cotidiana, hecha de redadas y palizas, en algo cualitativamente distinto: asesinato metódico.

La geografía urbana del exterminio siguió el mismo movimiento que la ciudad. En Bogotá, entre finales de los ochenta y comienzos de los noventa, los blancos estaban en el centro histórico degradado —el corredor de El Cartucho, después El Bronx, y sus alrededores—, donde se concentraban habitantes de la calle, recicladores y consumidores de bazuco. Hacia mediados de los noventa, el homicidio y con él el exterminio social se desplazaron a la periferia: Ciudad Bolívar, que entre 1988 y 1992 apareció apenas dos veces en los registros disponibles, concentraría en los años siguientes una proporción muy significativa de los casos, con una mayoría de víctimas jóvenes. Un caso emblemático de esa fase periférica es el de Jaime Andrés Marulanda, responsable de 37 asesinatos en Altos de Cazucá —zona contigua a Soacha— entre abril y noviembre de 2002, en su mayoría jóvenes, pero también niños, líderes comunales y personas identificadas con la izquierda. Aunque no se confirmó su vinculación formal a un escuadrón, el caso ilustra la persistencia y mutación del dispositivo en las periferias.

En marzo de 1992, el hallazgo de diez cadáveres y restos humanos de indigentes en el anfiteatro de la Universidad Libre de Barranquilla, presuntamente utilizados para prácticas anatómicas, produjo una de las escenas más brutales del período y motivó protestas encabezadas por recicladores y habitantes de la calle en Barranquilla y Bogotá. Ese episodio dio nombre y rostro público a una violencia que hasta entonces había ocurrido en el silencio de las madrugadas: el cadáver del indigente no era solo prescindible en vida, sino también en muerte, hasta el punto de convertirse en mercancía para la formación médica.

El silencio en torno a estas víctimas fue estructural. Los allegados, cuando existían, no se atrevían a recuperar los cuerpos. Se les negaba, así, incluso el derecho al sepelio. Familia y comunidad, cuando las víctimas eran habitantes de la calle desconectados de todo vínculo, quedaban simplemente ausentes. El cadáver anónimo ingresaba en una economía forense que también terminaba desapareciéndolo.

El lenguaje que mata: la retórica higienista

Nada define mejor la especificidad del dispositivo que su lenguaje. Los verbos —limpiar, sanear, erradicar— y los sustantivos —plaga, basura, escoria, desechables— importan porque no son adorno: son el mecanismo por el cual la muerte se vuelve enunciable, e incluso deseable, para segmentos amplios de la sociedad. La palabra desechable aplicada a una persona es en sí un fallo condenatorio previo a cualquier acto: define al sujeto como excedente, como residuo urbano.

Ese vocabulario circuló entre el campo y la ciudad. En el Magdalena Medio los perpetradores paramilitares hablaban de zonas sanas después de sus operaciones, o de sus incursiones como una limpieza muy bonita. En los barrios de Medellín, Bogotá y Cali, panfletos anónimos con firmas grandilocuentes anunciaban limpiezas inminentes contra listas de personas cuyo único rasgo común era ocupar un lugar considerado incómodo por vecinos, comerciantes o policías. La retórica higienista permitió que actores muy distintos —un paramilitar de Puerto Boyacá, un policía del F2 en Bogotá, un tendero de Ciudad Bolívar cansado de robos menores, un narcotraficante caleño interesado en depurar su zona de influencia— compartieran un mismo campo simbólico y encontraran justificación para actos convergentes.

Conviene aquí ser preciso. Hubo diferencias sustantivas entre el paramilitarismo rural, con su lógica contrainsurgente y su vínculo con la reconfiguración de la propiedad de la tierra, y los escuadrones urbanos, con su vocación de saneamiento del espacio público y su alianza con redes policiales y narcotraficantes. Pero el lenguaje era el mismo. Circulaba por debajo de las diferencias organizativas y creaba, en el imaginario público, la ilusión de que había una única batalla contra un enemigo indefinido pero reconocible por síntomas visibles: el vestido, la piel, la forma de dormir, la manera de moverse por la calle.

El mecanismo de selección se apoyaba en la denuncia vecinal. En el campo, presuntos informantes o colaboradores de la guerrilla eran identificados mediante denuncias de vecinos y familiares antes de ser ejecutados. En la ciudad, el mismo procedimiento —el chisme, la señalización, el rumor— determinaba quién dormía la próxima noche en la calle y quién amanecía muerto. La comunidad, lejos de ser víctima colateral, aportaba con frecuencia información y consentimiento.

El narcotráfico como acelerador

El dinero de la cocaína actuó sobre este cuadro como acelerador y solvente. En Medellín y Cali, hacia finales de los ochenta, los narcotraficantes encontraron el camino para comprar policías y jueces y, gracias a esas complicidades y al terror ejercido por sus sicarios sobre el poder judicial, propiciaron en las localidades involucradas un clima de violencia abierta o de paz armada. En ese ambiente, los escuadrones de la muerte urbanos florecieron como sistemas paralelos de justicia penal, compuestos por policías fuera de servicio y sicarios de los traficantes, encargados de eliminar a quienes se consideraban indeseables.

Las cifras del homicidio urbano dan la magnitud del cambio. En Medellín, el homicidio se convirtió en la primera causa de mortalidad general a partir de 1986, después de haber representado apenas el 3,5% de las muertes en 1976. Este viraje, sin precedentes en la historia sanitaria del país, no se explica sin la confluencia entre guerra del narcotráfico, sicariato juvenil y limpieza social: los tres fenómenos comparten actores, escenarios y víctimas, y con frecuencia se traslapan hasta hacerse indistinguibles.

La convergencia entre limpieza social y sicariato del narcotráfico produjo un efecto ideológico específico: la muerte de un joven de barriada podía ser leída indistintamente como saldo de una guerra entre bandas, como ejecución por deudas o consumo, o como acto de saneamiento del barrio. Esa ambigüedad, lejos de dificultar la violencia, la habilitaba: cada asesinato podía adscribirse a una lógica que lo excusaba. Entre 1988 y 1994, los métodos de guerra sucia en Colombia combinaron acciones encubiertas de eliminación de civiles por organismos estatales de seguridad con asesinatos selectivos perpetrados por paramilitares coordinados por agentes estatales, en un continuo que iba de la contrainsurgencia al exterminio de marginales.

La impunidad como condición de posibilidad

Si algo distingue estructuralmente a la limpieza social urbana no es solo lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió después. El exterminio social no existe como figura tipificada en el Código Penal colombiano. Hasta el cierre de los grandes informes de memoria, ninguna persona ha sido condenada por limpieza social. Los casos que ingresaban al sistema judicial —cuando ingresaban— carecían de una categoría penal específica bajo la cual ser procesados: se disolvían en homicidios simples, en desapariciones, en muertes sin autor conocido.

Esa impunidad no fue accidental. Estuvo sostenida por varios pilares. El primero, el anonimato de los perpetradores: bajo capuchas, bajo siglas cambiantes, con el respaldo posterior de organizaciones como el Bloque Centauros o el Bloque Central Bolívar, los ejecutores no dejaban más que un cadáver y ninguna firma investigable. El segundo, la corrupción narco-financiada del aparato policial y judicial, que en Medellín y Cali alcanzó grados operativos. El tercero, la ausencia deliberada de tipificación legal, que convertía cada muerte en un hecho aislado y no en la manifestación de un fenómeno reconocible. El cuarto, el silencio de las víctimas: allegados que no reclamaban cadáveres, comunidades que aceptaban la muerte del vecino incómodo, testigos que no declaraban.

El caso de la desaparición forzada del abogado Alirio de Jesús Pedraza Becerra, en julio de 1990, muestra tanto la práctica represiva como los límites de la respuesta institucional. Ante su desaparición, la totalidad de las ONG de derechos humanos del país y las oficinas de derechos humanos de los movimientos de oposición —el Partido Comunista, la Alianza Democrática M-19, A Luchar, el Frente Popular y la Unión Patriótica—, junto con Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales, exigieron acciones al Gobierno Nacional. La respuesta efectiva fue mínima. En el caso de la masacre de Trujillo, el proceso penal militar contra el Comando de la Tercera Brigada del Ejército terminó con cesación de procedimiento, bajo el argumento de que el único testigo, Daniel Arcila Cardona, carecía de credibilidad y su testimonio no constituía prueba suficiente.

Frente a ese muro comenzaron, sin embargo, a alzarse las primeras protestas de las propias víctimas. Además de la movilización de recicladores y habitantes de la calle en Barranquilla y Bogotá tras el hallazgo de la Universidad Libre en marzo de 1992, en agosto de ese año habitantes de un barrio popular —muy probablemente en Ciudad Bolívar— protestaron contra la violencia de limpieza social que sufrían. En 1993, habitantes de Armenia marcharon para denunciar atropellos y desapariciones. Fueron protestas pequeñas, muy locales, encabezadas por sujetos que la ciudad estaba acostumbrada a mirar como amenaza y no como interlocutores. Su sola aparición pública marca el momento en que la limpieza social empezó a ser nombrada por sus víctimas y a resquebrajar, apenas, el consenso silencioso que la había sostenido.

Por qué este hecho sigue importando

La limpieza social urbana de los ochenta no es un capítulo cerrado ni un episodio menor del conflicto armado colombiano. Es la prueba de que en democracia formal, sin declaratoria de guerra ni frontera militar visible, puede sostenerse durante más de una década un régimen de exterminio de baja intensidad contra sectores enteros de la población, con participación directa de agentes del Estado, complicidad activa de vecindarios y ausencia deliberada de figura penal que lo nombre. Es también la evidencia de que el conflicto armado no agota la violencia letal del país: hay muertes que ocurren fuera de sus categorías reconocidas y que, precisamente por eso, quedan por fuera de sus mecanismos de reparación.

El dispositivo sobrevivió al período aquí examinado. La geografía se desplazó del centro a la periferia, los ejecutores cambiaron de nombre y de patrocinador, la retórica higienista se sofisticó, pero la operación básica —producir socialmente un indeseable y eliminarlo con la anuencia tácita del vecindario y la protección estructural de la impunidad— continuó. Cada vez que en Colombia aparecen panfletos anunciando limpiezas en un barrio, cada vez que un cuerpo de habitante de calle amanece con un tiro en la nuca, cada vez que un joven periférico es asesinado y el vecino murmura que algo debía, el dispositivo se reactiva.

Reconocer que la limpieza social urbana fue algo distinto, algo autónomo respecto al paramilitarismo rural y al sicariato del narcotráfico —aunque compartiera con ellos actores, redes y palabras— es una condición para poder nombrarla y, eventualmente, para intentar desmontarla. Mientras la ciudad siga tratando a algunas de sus muertes como remoción de residuos, y no como asesinatos que exigen investigación, condena y reparación, el mecanismo que se instaló entre 1979 y 1990 seguirá operando bajo nombres nuevos. El vocabulario cambia; el efecto, no.