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Hecho histórico · Crisis y narcotráfico · 1974–1990

El proceso de paz del gobierno Betancur (1982–1986)

Entre 1982 y 1986, el gobierno de Belisario Betancur inauguró el repertorio moderno de la paz negociada en Colombia: amnistía general, treguas bilaterales con las FARC, el M-19 y el EPL, apertura democrática y un Plan Nacional de Rehabilitación. El experimento se derrumbó ante el sabotaje de las Fuerzas Armadas, el paramilitarismo naciente y la toma del Palacio de Justicia, pero dejó instalado el lenguaje, el método y la arquitectura institucional que todos los procesos de paz posteriores heredarían.

El proceso de paz del gobierno Betancur (1982–1986)
Agosto de 1982 – agosto de 1986
01

Ficha del acontecimiento

Síntesis

Cuándo
Agosto de 1982 – agosto de 1986
Dónde
Colombia, Bogotá, Palacio de Justicia, Medellín, Caquetá, Caldas, Puerto Boyacá, La Uribe (Meta), Corinto (Cauca), El Hobo (Huila), Risaralda
02

Lectura causal

Causas, hecho y consecuencias

Causas

  1. El fracaso político y militar del Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978) del gobierno Turbay, que entre 8.000 y 16.000 detenidos políticos, denuncias sistemáticas de tortura y desapariciones, y una expansión —no reducción— de los grupos guerrilleros, agotó el modelo represivo y abrió espacio a una solución negociada.
  2. La crisis económica heredada del gobierno Turbay —caída del crecimiento del 8,9% en 1978 al 2% en 1982— y los escándalos de corrupción institucional debilitaron al Partido Liberal y crearon condiciones para que la paz se convirtiera en el eje de la campaña presidencial de 1982.
  3. La victoria electoral de Betancur sobre un Partido Liberal dividido entre el oficialismo de Alfonso López Michelsen y una facción disidente, con un mandato popular explícito de buscar la paz por vías distintas a la represión.
  4. La consolidación militar y política de las FARC-EP tras su Séptima Conferencia y la capacidad operativa demostrada por el M-19 (robo del Cantón Norte en 1979, toma de la embajada dominicana en 1980) evidenciaron que la guerrilla no podía ser derrotada militarmente en el corto plazo.
Agosto de 1982 – agosto de 1986El proceso de paz del gobierno Betancur (1982–1986)

Consecuencias

  1. La Ley 35 de 1982 liberó entre 1.500 y 2.000 guerrilleros y presos políticos, en su mayoría del M-19, inaugurando la figura de la amnistía incondicional como instrumento de paz en Colombia.
  2. Los Acuerdos de La Uribe (28 de marzo de 1984) con las FARC-EP, de Corinto y El Hobo (24 de agosto de 1984) con el M-19, y del Museo Zea de Medellín (24 de agosto de 1984) con el EPL constituyeron el primer sistema de treguas simultáneas con múltiples grupos armados en la historia del país.
  3. El nacimiento de la Unión Patriótica en enero de 1985, como resultado directo de los Acuerdos de La Uribe, abrió un experimento de tránsito guerrillero hacia la política legal que fue respondido con un exterminio sistemático calificado posteriormente como genocidio político.
  4. La investigación de la Procuraduría sobre el MAS, solicitada por el propio Betancur, documentó por primera vez oficialmente vínculos entre 59 militares en servicio activo y estructuras paramilitares, revelando la fractura entre la política de paz del Ejecutivo y la contrainsurgencia clandestina de sectores de las Fuerzas Armadas.
  5. El proceso instaló un lenguaje, una arquitectura institucional —comisiones de paz, comisiones de verificación, planes de rehabilitación, leyes de amnistía e indulto— y una doctrina de apertura democrática que los gobiernos de Barco, Gaviria, Pastrana y Santos utilizarían en procesos de paz posteriores.
  6. La toma del Palacio de Justicia por el M-19 en noviembre de 1985, en ruptura con la tregua, y la respuesta militar que dejó decenas de muertos y desaparecidos, evidenció los límites del proceso y marcó el colapso definitivo de los acuerdos con ese grupo.
  7. El paramilitarismo, auspiciado por sectores de las Fuerzas Armadas y financiado en parte por el narcotráfico, se organizó y expandió durante los años de la tregua, produciendo masacres, desplazamientos y una desinstitucionalización de la lucha contrainsurgente que el Estado civil no pudo contener.
03

La clave interpretativa

Por qué importa

El proceso de paz de Betancur fue el primer experimento colombiano de paz negociada a escala nacional y estableció que un alzado en armas podía convertirse en actor político legal, una idea que tardó décadas en materializarse pero que estructuró todos los intentos posteriores. Su fracaso no fue solo el de un gobierno: demostró que el Ejecutivo civil carecía del poder real para imponer la paz a unas Fuerzas Armadas que la sabotearon desde adentro y a un paramilitarismo naciente que la combatió desde afuera, una tensión estructural que el Estado colombiano no resolvería en el siglo XX. La destrucción de la Unión Patriótica, iniciada mientras la tregua aún estaba formalmente vigente, convirtió el experimento en una advertencia sobre el costo que pagarían quienes confiaran en las garantías del Estado sin que este tuviera ni la voluntad ni la capacidad de hacerlas cumplir.
04

Desarrollo histórico

La historia completa

El proceso de paz del gobierno Betancur (1982-1986)

Entre agosto de 1982 y agosto de 1986, el gobierno de Belisario Betancur Cuartas inauguró en Colombia el repertorio moderno de la paz negociada: amnistía general, comisiones de diálogo, treguas bilaterales, apertura democrática y un Plan Nacional de Rehabilitación pensado para atender lo que el propio Ejecutivo llamó las condiciones objetivas del conflicto armado. Fue el primer intento serio de un presidente colombiano por sentarse a hablar con las guerrillas en lugar de derrotarlas militarmente, y el primer experimento con la idea —hoy naturalizada— de que un alzado en armas podía convertirse en actor político legal. En los hechos, todo se derrumbó pronto: la tregua con las FARC se desangró en la práctica sin decreto que la formalizara, el M-19 asaltó el Palacio de Justicia en noviembre de 1985 y el naciente proyecto electoral surgido de La Uribe —la Unión Patriótica— empezó a ser exterminado apenas nació. Pero el cuatrienio dejó instalado un lenguaje, un método y una arquitectura institucional que Barco, Gaviria, Pastrana y Santos usarían después. Dejó también, como herencia trágica, la constatación de que un Ejecutivo civil podía diseñar la paz sin tener el poder real de imponerla a unas Fuerzas Armadas que la sabotearon desde adentro ni de contenerla frente a un paramilitarismo naciente que la combatió desde afuera.

El país que Turbay dejó: Estatuto de Seguridad y agotamiento del modelo represivo

Betancur llegó al Palacio de Nariño en agosto de 1982 sobre el desgaste del gobierno anterior. Julio César Turbay Ayala había promulgado en septiembre de 1978 el Decreto 1923, conocido como Estatuto de Seguridad, que, amparado en el Estado de Sitio, otorgó a las Fuerzas Armadas facultades excepcionales para el manejo del orden público: convirtió delitos políticos en delitos comunes, autorizó detenciones sin orden judicial y transfirió a la justicia penal militar el juzgamiento de la mayoría de los sindicados por rebelión. Las cifras del cuatrienio 1978-1982 son elocuentes: entre 8.000 y 16.000 personas detenidas por razones políticas, según distintas estimaciones, la mayoría procesadas en tribunales castrenses, con una documentación creciente de denuncias por tortura, desapariciones y abusos de los organismos de seguridad.

El resultado militar del Estatuto fue el opuesto al buscado. Lejos de exterminar la subversión, el período coincidió con la expansión del M-19 —que en enero de 1979 robó más de cinco mil armas del Cantón Norte y en febrero de 1980 tomó la embajada de la República Dominicana— y con la consolidación política y militar de las FARC-EP tras su Séptima Conferencia. A la crisis de orden público se sumó una crisis económica: la tasa de crecimiento cayó del 8,9% en 1978 al 2% en 1982, y los escándalos de corrupción recorrieron las instituciones del Estado. El propio Turbay, a menos de tres meses de dejar el poder, levantó el estado de sitio que había mantenido durante seis años ininterrumpidos, alegando que la acción subversiva estaba controlada; el argumento sonaba inverosímil.

La campaña presidencial de 1982 giró en torno a la paz. Las denuncias por violaciones de derechos humanos, las torturas documentadas y el desgaste del Partido Liberal —dividido entre el oficialismo de Alfonso López Michelsen y una facción disidente— abrieron el camino a la victoria del conservador Belisario Betancur, un antioqueño de origen humilde con vocación literaria y perfil heterodoxo dentro de su partido. La paz sería la bandera con la que gobernaría.

La arquitectura civil de la paz: amnistía, Comisión y Plan Nacional de Rehabilitación

Betancur se movió rápido. Aproximadamente un mes después de posesionarse creó la Comisión de Paz, encargada de establecer condiciones para dialogar con el M-19 y las FARC-EP. La presidencia inicial recayó en Carlos Lleras Restrepo, quien renunció pocos días después por motivos de salud y fue reemplazado por Otto Morales Benítez, jurista liberal con largo recorrido en causas civiles. La Comisión integró a figuras de distintos sectores políticos e intelectuales, y sus recomendaciones servirían como base del andamiaje posterior.

El movimiento decisivo llegó el 19 de noviembre de 1982, a escasos tres meses de gobierno, con la Ley 35: una amnistía amplia, incondicional y automática por delitos políticos, aprobada por el Congreso a iniciativa del Ejecutivo. La ley cobijaba a los presos políticos y a quienes depusieran las armas, sin exigencias previas de entrega ni condicionamientos individuales. Centenares de guerrilleros —en su mayoría del M-19— salieron de las cárceles en las semanas siguientes; la cifra total varía entre alrededor de 1.500 excarcelados y los 2.000 que el propio Betancur mencionó a la mitad de su cuatrienio. Tres años más tarde, la Ley 45 de 1985 complementaría el paquete con una figura de indulto.

A la amnistía siguió, en 1983, el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), destinado a atender lo que el gobierno denominó las condiciones objetivas del conflicto: la ausencia estatal, la pobreza rural y el atraso económico en las regiones más golpeadas por el enfrentamiento armado. El PNR cubrió 14 regiones que sumaban cerca del 25% del territorio nacional y albergaban alrededor del 13% de la población. La aritmética revelaba tanto la ambición como el límite: uno de cada cuatro kilómetros del país entraba al plan, pero apenas uno de cada ocho colombianos vivía en él, señal de que el conflicto se concentraba en las periferias despobladas donde el Estado nunca había llegado. El comisionado John Agudelo Ríos reconocería después algunos aciertos regionales, aunque el PNR nunca alcanzó la escala necesaria para alterar de fondo las estructuras que reproducían la guerra.

La estrategia de Betancur descansaba sobre una triple apuesta: negociar la paz con las guerrillas, impulsar una reforma política que llamó apertura democrática —cuya expresión más visible sería la elección popular de alcaldes, aprobada al final del cuatrienio— y atender las causas materiales del conflicto vía PNR. A medida que el proceso avanzaba, el presidente fue creando instancias flexibles: comisiones sucesivas de verificación del cese al fuego, subcomisiones de diálogo, mesas temáticas. Un experimento institucional sin manual previo.

La Uribe, Corinto, El Hobo, Medellín: los acuerdos firmados

El 28 de marzo de 1984, en La Uribe —zona de asentamiento histórico del Secretariado de las FARC en el pie de monte del Meta, conocida como Casa Verde—, el gobierno y las FARC-EP firmaron el Acuerdo de Cese al Fuego, Tregua y Paz. Once puntos componían el texto, entre ellos un cese al fuego bilateral y la creación de una Comisión de Verificación. En sus apartes centrales, las FARC manifestaron el propósito de organizarse política, económica y socialmente durante un período de prueba de un año, con garantías del gobierno para ese tránsito. Era la primera vez que la guerrilla más antigua del continente aceptaba, sobre el papel, una hoja de ruta hacia la política legal.

Cinco meses después, el 24 de agosto de 1984, se firmaron los acuerdos con el M-19 y con el Ejército Popular de Liberación (EPL). El acto central con el M-19 se realizó en Corinto (Cauca) —con un acuerdo paralelo en El Hobo (Huila)— y reunió a una plana mayor del grupo: por la Comisión de Negociación y Diálogo firmaron Bernardo Ramírez, Horacio Serpa y Enrique Santos Calderón; por el M-19 estamparon su firma Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad, Carlos Pizarro, Rosemberg Pabón, Andrés Almarales, Luis Otero, Vera Grabe, Antonio Navarro e Israel Santamaría. Un día antes, el 23 de agosto, un sector de la organización guerrillera Autodefensa Obrera (ADO) había suscrito también su propio acuerdo. Y ese mismo 24 de agosto, en el antiguo Museo Zea de Medellín, el gobierno y el EPL firmaron un cese al fuego que entraría en vigencia a las 13:00 horas del 30 de agosto.

En cuestión de cinco meses, Colombia había pactado treguas con cuatro grupos armados. Nunca antes había ocurrido algo así. Y nunca antes se había visto con tanta claridad hasta qué punto los papeles firmados podían pesar poco frente a las prácticas de quienes debían cumplirlos.

El sabotaje desde dentro: los generales, el veto castrense y la tregua sin decreto

El cese al fuego de La Uribe nació con una debilidad de origen: nunca fue formalizado mediante decreto presidencial. La orden bajaba desde Palacio como intención política, no como acto administrativo que obligara a las Fuerzas Militares. En paralelo, el general Miguel Vega Uribe, entonces Comandante de las Fuerzas Militares, emitió una orden interna que mantenía en alerta permanente a las unidades de combate, en aparente contradicción con la tregua acordada. El resultado fue una ambigüedad operativa que dejó al cese al fuego suspendido entre la retórica presidencial y la orden de batalla.

La resistencia militar no era clandestina. El ministro de Defensa de Betancur, general Fernando Landazábal Reyes —un oficial con perfil de especialista en guerra de guerrillas e inteligencia—, calificó públicamente en 1983 el proceso de paz como una concesión a los subversivos y una claudicación del gobierno ante la subversión. La franqueza del veto castrense era inédita: un ministro en ejercicio cuestionaba la política central de su presidente. Landazábal terminó renunciando en 1984 en medio de la tensión, pero su sucesor, el general Matamoros, mantuvo la línea de resistencia. La alta rotatividad en la cartera de Defensa durante el cuatrienio —cuatro ministros en cuatro años, todos con perfil de generales curtidos en la lucha contrainsurgente— ilustra la fractura permanente en la frontera civil-militar.

Otto Morales Benítez renunció a la presidencia de la Comisión de Paz en 1984, en un gesto que quería ser advertencia. Denunció que había enemigos agazapados de la paz dentro y fuera del gobierno; en entrevistas posteriores identificaría a la clase empresarial colombiana y a ministros del propio gabinete de Betancur como parte de esa oposición. La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) manifestó prevención y rechazo al proceso, aunque empresarios individuales como Alfredo Carvajal o Nicanor Restrepo avalaron y participaron en las negociaciones. La ecuación era ingrata: el presidente promovía la paz mientras su ministro de Defensa la torpedeaba en público, su gabinete albergaba escépticos y los gremios miraban con desconfianza.

La evidencia más concreta del sabotaje llegó pronto. El 15 de septiembre de 1984, apenas semanas después de firmado el acuerdo con el EPL, unidades del Batallón de Infantería No. 22 lanzaron una operación de cerco y aniquilamiento contra un campamento del EPL en la zona limítrofe entre Risaralda y Caldas. El acuerdo tenía tres semanas de firmado. La tregua, en la práctica, era papel.

Paramilitarismo naciente y narcotráfico: el segundo frente contra la paz

Mientras el Ejecutivo negociaba en la superficie, en las profundidades del territorio se organizaba una respuesta armada paralela. El grupo Muerte a Secuestradores (MAS) había nacido en noviembre de 1981, tras el secuestro de Marta Nieves Ochoa por el M-19, en una reunión convocada por la familia Ochoa en Medellín a la que asistieron principalmente narcotraficantes del cartel de esa ciudad. Su historia estalló en el debate público el 14 de febrero de 1983, cuando el procurador general Carlos Jiménez Gómez —a solicitud del propio presidente Betancur— denunció ante el Congreso que en la creación del MAS habían participado 163 personas, de las cuales 59 eran militares en servicio activo. Era la primera vez que una instancia oficial documentaba la simbiosis entre narcotráfico, contrainsurgencia armada y Fuerzas Militares.

La denuncia produjo una crisis institucional inmediata, pero no un desmontaje. Al contrario: los años de la tregua fueron los años en que el paramilitarismo se organizó como fuerza autónoma. En el Magdalena Medio, articulados desde Puerto Boyacá con figuras como Henry Pérez y Gonzalo Rodríguez Gacha, y con la asociación de fachada Acdegam como canal para entrenamiento, pago de sueldos, armas y municiones, los grupos convergieron con estructuras del Ejército en una lucha contraguerrillera que diluía los límites entre lo legal y lo ilegal. La estrategia produjo al menos 18 masacres y miles de desplazados desde 1983.

El vínculo con el narcotráfico añadía una capa. Rodríguez Gacha utilizó su apoyo a la gesta contrainsurgente en Puerto Boyacá como estrategia para deslindarse de las FARC y aliviar la presión de la persecución estadounidense en el marco de la guerra contra las drogas de la administración Reagan. El paramilitarismo, alimentado en buena medida por el narcotráfico, ofrecía a los capos una vía para lavarse políticamente mientras acumulaban tierras y poder regional. La primera generación paramilitar fue, así, una combinación de grupos sicariales al servicio de narcotraficantes y autodefensas locales, convergiendo con mecanismos legales e ilegales del Ejército en la contrainsurgencia.

Sectores radicales de las Fuerzas Armadas, actuando en lo que un análisis posterior llamaría autonomía clandestina, promovieron y auspiciaron estos grupos como respuesta a la política de paz de Betancur. La lucha contrainsurgente, en la práctica, se estaba desinstitucionalizando: parte del Estado pactaba treguas mientras otra parte —y aliados privados de esa parte— construía un ejército irregular para combatir a los mismos grupos con los que se negociaba.

La Unión Patriótica: el experimento electoral y su exterminio

De todos los frutos del proceso, ninguno cristalizó tanto la promesa de la apertura democrática —ni sufrió tanto su reverso— como la Unión Patriótica. Surgida como resultado directo de los Acuerdos de La Uribe, la UP obtuvo vida jurídica y política el 28 de enero de 1985 y fue lanzada públicamente en mayo de ese año. Concebida como plataforma amplia, integraba a las FARC-EP, al Partido Comunista Colombiano y a sectores políticos alternativos, así como a organizaciones campesinas y expresiones regionales. Su propósito declarado era organizar la participación electoral y la gestión pública como puente hacia la transición a la vida civil.

El puente, sin embargo, se construía con las FARC todavía armadas. Los acuerdos contemplaban la posibilidad de que los integrantes de la guerrilla se organizaran políticamente, pero la desmovilización nunca se concretó: las FARC mantuvieron sus estructuras militares mientras la UP se lanzaba a la arena electoral. Esa doble condición —brazo político de una guerrilla no desarmada— sería usada después por sus enemigos como coartada para el exterminio, aunque las cifras del asesinato masivo desbordan cualquier justificación operativa.

En las elecciones de 1986 —las primeras a las que concurrió— la UP obtuvo resultados que la convirtieron en la mayor fuerza de izquierda de la historia electoral reciente del país: 14 curules en el Congreso entre senadores y representantes propios y en coalición, 351 curules en concejos municipales, 29 diputadas y diputados, y 23 alcaldías. La candidatura presidencial de Jaime Pardo Leal obtuvo poco menos del 5% de los votos, la mayor votación alcanzada hasta entonces por una candidatura de esa orientación política. El nuevo gobierno de Virgilio Barco, en el marco del proceso de paz que quería estimular, nombró alcaldes de la UP en los municipios donde el partido había obtenido mayor votación.

Los asesinatos comenzaron de inmediato. Para la fecha del primer congreso de la UP —el 16 de noviembre de 1985— ya habían sido asesinados 70 militantes. Para septiembre de 1986, la cifra alcanzaba las 300 víctimas. Los nombres empezaron a acumularse con la sistematicidad de una lista de proscripción: Leonardo Posada, líder de Barrancabermeja y parlamentario electo por Santander, fue asesinado el 30 de agosto de 1986, antes siquiera de posesionarse; Pedro Nel Jiménez, senador por el Meta, cayó al día siguiente, el 1 de septiembre de 1986. Los ejecutores principales fueron grupos paramilitares que operaban asesinatos selectivos dirigidos a dirigentes y organizadores, con el objetivo explícito de desmantelar la capacidad de dirección del movimiento. Cuando las FARC rompieron con los carteles del narcotráfico en el Guaviare y el Caquetá, estos declararon una guerra a muerte contra la UP, sumando otra fuente de sicariato a la ya activa. El exterminio se prolongaría durante el gobierno Barco y más allá, hasta constituir uno de los crímenes políticos de mayor escala en la historia latinoamericana reciente.

Palacio de Justicia: el 6 y 7 de noviembre de 1985

Si el asesinato de la UP fue el sabotaje de largo plazo al legado de Betancur, la toma del Palacio de Justicia fue el golpe frontal que hizo colapsar el proceso en tiempo real. El 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 ocupó la sede de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en la Plaza de Bolívar de Bogotá. La operación, bautizada por el grupo Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, fue dirigida por Luis Otero y Andrés Almarales. Su objetivo declarado incluía someter al presidente Betancur a un juicio político por lo que el M-19 consideraba violación reiterada de la tregua firmada en Corinto un año antes.

La motivación política, sin embargo, no fue la única palanca. Pablo Escobar ofreció al M-19 financiar la operación a condición de que se quemaran los archivos de extradición y se asesinara a los magistrados que apoyaban el tratado. Los líderes Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina rechazaron formalmente esa exigencia específica, aunque Iván Marino sí aceptó dos millones de dólares aportados por Escobar. La relación entre motivación política y financiamiento narco quedó desde entonces como un nudo no del todo desatable: hubo ambas cosas y actuaron sin excluirse.

La respuesta del Estado fue una retoma militar a fuego abierto. El presidente Betancur ordenó preservar la vida de los magistrados, pero el desarrollo de los hechos se apartó por completo de esa instrucción; los militares no siguieron sus órdenes. Un tanque ligero de fabricación brasileña derribó la puerta principal del edificio. El combate se prolongó por 27 horas. Hacia las 8:30 del 7 de noviembre, el consejero Reynaldo Arciniegas salió del Palacio con autorización de Andrés Almarales, portando una bandera blanca improvisada y un mensaje de los magistrados para el presidente; qué ocurrió con ese mensaje después es una de las preguntas que la historia oficial nunca terminó de responder.

El saldo fue devastador. Once magistrados de la Corte Suprema de Justicia murieron en el asalto, entre ellos su presidente, Alfonso Reyes Echandía, que había clamado telefónicamente por el cese del fuego. Casi todos los guerrilleros del M-19 —salvo uno— perecieron. Cayeron también miembros de la fuerza pública y decenas de civiles: en total, alrededor de un centenar de víctimas mortales. Y a los muertos se sumó una lista de desaparecidos: alrededor de una docena de personas vistas saliendo del Palacio bajo escolta militar simplemente se esfumaron, entre ellas empleados de la cafetería sobre quienes recaían sospechas de haber colaborado con la toma.

La toma destruyó las esperanzas de paz del gobierno Betancur y marcó el fin de su capacidad negociadora. Después del Palacio, todo cambió: las manifestaciones ciudadanas a favor de la paz —que habían acompañado los primeros años del cuatrienio— disminuyeron sensiblemente, el M-19 quedó severamente hostigado y solo retomaría negociaciones bajo el gobierno Barco a partir del 2 de abril de 1988, cuando declaró un cese unilateral del fuego. La desmovilización final del grupo llegaría el 9 de marzo de 1990, con 900 guerrilleros entregando armas y la conversión de la organización en la Alianza Democrática M-19.

Balance del cuatrienio: por qué fracasó y qué dejó

Al cerrar su mandato en agosto de 1986, Belisario Betancur entregó a Virgilio Barco un país donde la tregua con las FARC era desconocida en la práctica por ambas partes, donde el M-19 había roto sangrientamente su acuerdo, donde el EPL había sido atacado en cese al fuego y donde el paramilitarismo y el narcotráfico consolidaban su poder en regiones estratégicas. La posibilidad de una paz verdadera a corto plazo se veía más remota que al comienzo. El gobierno Barco heredó una situación de permisividad gubernamental con la expansión paramilitar y narco-paramilitar, especialmente en Urabá y el Magdalena Medio, y respondió con un giro: el Estatuto de Defensa de la Democracia calificó las acciones guerrilleras como terroristas y estableció una Jefatura Militar en Urabá, baluarte electoral de la UP y del Partido Comunista.

¿Por qué fracasó el proceso? Las razones se encadenan alrededor de una misma falla. El Ejecutivo careció desde el principio de control real sobre las Fuerzas Armadas: el cese al fuego con las FARC nunca se formalizó mediante decreto, un ministro de Defensa en ejercicio calificó públicamente la política presidencial como claudicación, y el mando militar mantuvo instrucciones operativas contrarias a los acuerdos. En paralelo, sectores castrenses en autonomía clandestina impulsaron el paramilitarismo, con 59 militares activos vinculados al MAS documentados por la Procuraduría en 1983, sembrando la estructura armada que ejecutaría el exterminio de la UP. La élite política y económica —con excepciones— desconfió del proceso; la Comisión de Paz perdió a su presidente en denuncia pública contra los enemigos agazapados; los gremios más poderosos manifestaron reserva.

Pero cargar todo el peso sobre el sabotaje institucional sería una simplificación. Las guerrillas no fueron actores puramente reactivos: la toma del Palacio de Justicia, financiada parcialmente con dinero de Escobar y ejecutada en plena tregua, fue una decisión propia del M-19 que destruyó el proceso desde adentro y demostró que la voluntad negociadora de los alzados en armas era tan frágil como la del Estado. Las FARC, por su parte, mantuvieron sus armas mientras lanzaban la UP a la política, un doble juego que las hacía intocables para sí mismas pero exponía a sus militantes civiles a un exterminio contra el que no supieron o no quisieron proteger. Y bajo todo ello operaba una carencia de fondo: el Estado colombiano de 1982-1986 no tenía presencia territorial efectiva en las zonas de conflicto, y el PNR —que apenas cubría al 13% de la población— era demasiado modesto para alterar de fondo las condiciones que reproducían la insurgencia.

Y sin embargo, el cuatrienio dejó un repertorio. La fórmula amnistía + comisión + tregua + apertura democrática se convirtió en el molde de las negociaciones colombianas siguientes. La elección popular de alcaldes —expresión legislativa de la apertura democrática impulsada por Betancur— transformó estructuralmente el sistema político. La legitimidad del diálogo como método —radicalmente cuestionada por el estamento castrense en 1982— quedó instalada como opción legítima para futuros gobiernos, incluidos los que preferirían la vía militar. Barco negoció con el M-19 usando piezas del andamiaje betancurista; Gaviria selló con el EPL, el PRT y el Movimiento Armado Quintín Lame acuerdos que hundían sus raíces en los diálogos iniciados en el cuatrienio anterior; Santos, dos décadas después, negoció con las FARC un acuerdo cuyo lenguaje sobre condiciones objetivas, tránsito armado-político y verificación bilateral seguía siendo, en lo esencial, el vocabulario acuñado en La Uribe.

Medido por sus resultados inmediatos, el proceso de Betancur fue un fracaso. Medido por lo que legó, abrió el ciclo de la paz negociada en Colombia. Su contradicción central —un Ejecutivo civil diseñando la paz sin poder imponerla a las Fuerzas Armadas ni contenerla frente al paramilitarismo naciente— no era una falla de gestión sino la radiografía de un Estado que los gobiernos siguientes seguirían enfrentando en las mismas coordenadas. Por eso este cuatrienio no es solo un capítulo cerrado de historia política: es la clave con la que se entiende, todavía hoy, por qué en Colombia firmar la paz y hacer la paz han sido siempre dos cosas distintas.

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La época alrededor

Este hecho no ocurrió solo

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Archivo documental

Documentos y fragmentos citados

53 documentos · 79 fragmentos
01En medio del Magdalena MedioAlfredo Molano Bravo · 2009 · p. 371 cita
[1]del modelo de sustitución de importaciones, y del otro, la crisis agraria. El resultado fue una ola de protestas y ma- nifestaciones en el nivel nacional que desembocaron en el Paro Cívico del 77, que costó la vida a 18 ciudadanos y la privación de libertad a 3.000. Los militares trataron de imponer el llamado…p. 37
02La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 2721 cita
[2]miembros de las fuerzas armadas. En 1976, fue expedido el decreto 2578, que le concedía a los mayores del ejército y a inspectores de policía la facultad de sancionar con una multa a personas consideradas potencialmente criminales. El segundo decreto fue el 0070, promulgado en enero de 1978 que concedía a miembros de…p. 272
03Testigos olvidados. Periodismo y paz en ColombiaAndrés Felipe De Pablos, Luisa Fernanda Gómez · 2017 · p. 1, 46 citas
[3]16 I. El gobierno de la paz y los enemigos agazapados (1982-1986) Durante la campaña presidencial para el período 1982-1986 la paz fue tema clave de discusión. Lo fue, sobre todo, por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, el abuso y poder desmedido de las Fuerzas Armadas, las desapariciones y demás…p. 1
[4]16 I. El gobierno de la paz y los enemigos agazapados (1982-1986) Durante la campaña presidencial para el período 1982-1986 la paz fue tema clave de discusión. Lo fue, sobre todo, por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, el abuso y poder desmedido de las Fuerzas Armadas, las desapariciones y demás…p. 1
[22]la Comisión de Paz Fuente: El Espectador (31 de mayo de 1983). Al mismo tiempo, las, en constante comunicación con la Comisión de Paz, lograron importantes avances para FARC concretar el cese al fuego y la firma de una tregua. De tal manera que el 28 de marzo de 1984, en La Uribe (Caquetá), se firmó el Acuerdo de Cese…p. 4
[23]la Comisión de Paz Fuente: El Espectador (31 de mayo de 1983). Al mismo tiempo, las, en constante comunicación con la Comisión de Paz, lograron importantes avances para FARC concretar el cese al fuego y la firma de una tregua. De tal manera que el 28 de marzo de 1984, en La Uribe (Caquetá), se firmó el Acuerdo de Cese…p. 4
[74]48 II. La “Iniciativa para la Paz”: el punto de partida (1986-1990) Antes de las elecciones presidenciales de 1986, en lo que respecta al desarrollo del conflicto armado, Colombia había sufrido grandes cambios. La Ley de Amnistía de 1982 y la tregua aún pactada con las, pero desconocida por ambas FARC partes,…p. 1
[75]48 II. La “Iniciativa para la Paz”: el punto de partida (1986-1990) Antes de las elecciones presidenciales de 1986, en lo que respecta al desarrollo del conflicto armado, Colombia había sufrido grandes cambios. La Ley de Amnistía de 1982 y la tregua aún pactada con las, pero desconocida por ambas FARC partes,…p. 1
04Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 47, 512 citas
[5]durante más de una década. EL GOBIERNO DE JULIO CÉSAR TURBAY AYALA, 1978-1982 Antes de finalizar este primer capítulo, y aunque ya se han apuntado algunas de las cuestiones en torno a los diferentes gobiernos presidenciales que tienen lugar en Colombia desde los años ochenta, resulta necesario recoger de un modo algo…p. 51
[53]personas en la Embajada de la República Dominicana en Colombia (1980) y, sobre todo, la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Un grupo guerrillero que, por todo lo anterior, va a ser severamente hostigado en los núcleos urbanos y obligado a retirarse a los emplazamientos del suroccidente colombiano,…p. 47
05Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in ColombiaWilliam Avilés · 2006 · p. 531 cita
[6]eight thou- sand Colombians were detained for “political reasons,” with the vast major- ity tried in military courts. During this same period a noticeable increase of forced disappearances and allegations of torture at the hands of military offi- cials was documented by human rights organizations (Gallon 1991, 13–15).…p. 53
06El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 143, 1494 citas
[7]represión Al final del gobierno de Turbay Ayala la situación económica se agravaba: la tasa de crecimiento decaía de 8,9% en 1978, a 2% en 1982. La corrupción danzaba entre las instituciones del Estado, a pesar de que Turbay Ayala había ofrecido, en una de sus antológicas frases: “La reduciré a sus justas…p. 143
[8]represión Al final del gobierno de Turbay Ayala la situación económica se agravaba: la tasa de crecimiento decaía de 8,9% en 1978, a 2% en 1982. La corrupción danzaba entre las instituciones del Estado, a pesar de que Turbay Ayala había ofrecido, en una de sus antológicas frases: “La reduciré a sus justas…p. 143
[69]“informantes”, colaboradores y auxiliares en general 3 Javier Giraldo Moreno: “El Paramilitarismo: una criminal política de Estado que devora el país”. Comisión Intercongresacional de Justicia y Paz. Bo- gotá, abril-junio de 1995. 4 “El Camino de la Niebla”. Liga Internacional por los Derechos y la Libera- ción de los…p. 149
[70]“informantes”, colaboradores y auxiliares en general 3 Javier Giraldo Moreno: “El Paramilitarismo: una criminal política de Estado que devora el país”. Comisión Intercongresacional de Justicia y Paz. Bo- gotá, abril-junio de 1995. 4 “El Camino de la Niebla”. Liga Internacional por los Derechos y la Libera- ción de los…p. 149
07Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical PerspectiveCharles Bergquist, Ricardo Peñaranda, Gonzalo Sánchez (eds.) · 1992 · p. 3791 cita
[9]1982 to begin this process in earnest. During the government of President Turbay Ayala (19781982), guerrilla actions, especially those instigated by the M-19, reached new, unexpected levels compared to the previous decade. It was during this period, for example, that the M-19 stole hundreds of weapons from the army's…p. 379
08Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002Vladimir Melo Moreno (Relator); Andrés Fernando Suárez, Carmen Andrea Becerra (Correlatores); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2018 · p. 24, 282 citas
[10]fervor revolucionario provocado por el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979; de la lectura del paro del 14 de septiembre de 1977 como una situación prerrevo- lucionaria y de la reacción frente a las violaciones de los derechos humanos y de la ofensiva militar del Estado durante la vigencia del…p. 24
[26]Cuando a juicio de la Comisión Nacional de Verificación ha- yan cesado los enfrentamientos armados, se abrirá un período de prueba o espera de un (1) año para que los integrantes de la agru- pación hasta ahora denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias 29 1 La Unión Patriótica de Colombia (FARC-EP) puedan organizarse…p. 28
09Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 51, 862 citas
[11]de salud. 53 1MKYIPäRKIP(¿E^]*EYWXMRS0ºTI^)PTEVEQMPMXEVMWQSIREGGMºR Un segundo paso sería dado el 19 de noviembre de 1982, con la expedición de la Ley No. 35 de 1982, que otorgaba una amnistía por delitos políticos 82 y fue aprobada por el Congreso a iniciati- va del Poder Ejecutivo. Con ello, como lo señaló Alfredo…p. 51
[30]Reyes, Ministro de Defensa (1982 - 1984), cali fi có en 1983 públicamente el proceso de paz promovido por el gobierno de “concesión a los subversivos” y de claudicación guber- namental ante la subversión 161. En ese mismo sentido se referirían en 1984 otros altos o fi ciales, como el general Miguel Vega Uribe,…p. 86
10Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 135, 138, 1443 citas
[12]poco tiempo aduciendo cuestiones de salud; lo sucedió el connotado político liberal Otto Morales Benítez. El presidente se dedicó a sacar en el Congreso una ley de amnistía" amplia, in condicional y automática para todos los presos políticos y para quienes de pusieran las armas. Una vez aprobada, (Ley 35 de 1982),…p. 135
[13]país, culminara en la reconci- liación nacional. El impacto inicial fue de sorpresa en la opinión pública, en la élite del poder y en la misma guerrilla, pues en tres meses el gobierno ha- bía arrebatado la “bandera de la paz” al M -19. Cómo conducir un proceso político diametralmente opuesto al énfasis…p. 144
[78]con el citado Estatuto de Defensa de la Democracia que calificaba de "terroristas” todas 146 PAZ CUATRIENAL sus acciones. La norma se estrenó con el establecimiento de la Jefatura Mili tar en Urabá, baluarte electoral de la UP y del PC. Al mismo tiempo era escan dalosa la permisividad gubernamental con la expansión…p. 138
11Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 81, 972 citas
[14]anterior gobierno. Sumado a estas dificultades, de manera sorpresiva, Carlos Lleras renunció ocho días después de su posesión, alegando motivos de salud87, por lo que fue sustituido por el exministro de Trabajo y Agri 84 Laura Restrepo sostiene que si las negociaciones de paz pudieron avanzar a pesar de esa multitud…p. 81
[38]lograron torpedearla. Por ello, nunca hemos salido de ese ambiente de zozobra colectiva”110* *. Otto Morales no aclaró nunca públicamente a quién se refería cuando hablaba de “enemigos agazapados de la paz”. Sin embargo, en una entrevista con la periodista Margarita Vidal, muchos años después, en 2014, le confesó: “la…p. 97
12Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 272, 2792 citas
[15]a las que también se impusieron ca rgas financieras elevadas para co mprar más empresas. Las operaciones del holding llevaron a la quiebra de las in st ituciones financieras y el grupo cayó como un castillo de naipes. El esclarecimiento del episodio del <czarpazo,> del Grupo Gran Co lombiano ahondó, sin duda, la…p. 272
[44]las n egoc ia ciones de pa z. En su tra yecto ria labe rínti ca se fo rjaban alianzas tem poral es e ntr e al- g uno s frentes guerrilleros y los traficantes, co n base en el cuidado de ca mpo s de cultivo, v ía s de comunicación, aeropuerto s, pro v i- sión de ar ma s. El Caquetá, por eje mpl o, atravesó una de las…p. 279
1325 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000Mauricio Archila Neira, Álvaro Delgado G., Martha Cecilia García V., Esmeralda Prada M. · 2002 · p. 231 cita
[16]seria su primer presidenle. 21 Colombia dK/igtna..., págs. 272 y SS. 1 ' SegUn Maria Teresa Finclji, hubo una nueva dinamica con tos illdigenas. de trato mas reciproco, de "autoridad a au10· ridad'" rMoviniento social y cuiiW potiUca: el caso del movimienro de auroriclades indlgenas en Colombia-. en Amado GUOITero…p. 23
14Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Frontera nororientalComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 861 cita
[17]en lo económico y en lo social» 241. 239 Aguilera, «ELN: entre las armas y la política», 222. 240 El Tiempo, «ELN califica como un error el asesinato de obispo de Arauca, monseñor Jesús Emilio Jaramillo». 241 Entrevista 752-VI-00011. Dirigente político. consolidación guerrillera, persecución política y apertura…p. 86
15Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 260, 2672 citas
[18]guerrilla que se presentaba como generosa y abierta y, despu é s de levantar el estado de sitio, logr ó la aprobaci ó n de una ley de am nist í a que permiti ó a unos 1 500 guerrilleros salir de las c á rceles sin que sus grupos entregaran las armas y sin que los beneficiarios tuvieran que renunciar a la guerra. As í,…p. 260
[49]lo grar que jefes guerrilleros participaran en pol í tica y fueran elegidos al Congreso y otras corporaciones, buscaban crear un canal para simpatizantes y militantes civiles, muchos de ellos influidos por el curocomunismo, que cre í an que el ambiente pol í tico y la fatiga con la violencia favorec í an la acci ó n…p. 267
16¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 167, 1712 citas
[19]se beneficiaron gue- rrilleros de las FARC, M -19, ELN, EPL, del PLA (Comando Pedro León Arboleda), de la ORP (Organización Revolucionaria del Pueblo) y de la ADO (Autodefensa Obrera), que fueron excarcelados. El número de beneficiarios varía dependiendo de la fuente, sin embargo, en la mitad de su gobierno, Betancur,…p. 167
[21]aquellos afectados por situaciones de constante enfrentamiento armado, con consecuencias graves en lo económico, social y político (oNP, 1984). En términos de cobertura, las regiones elegidas finalmente por el PNR abarcaban cerca del 13 1 Yo de la po- blación y alrededor de 286.000 km 2 correspondientes al 25 % de la…p. 171
17Las mujeres en la historia de Colombia. Tomo II: Mujeres y SociedadMagdala Velásquez Toro (dirección académica), Catalina Reyes Cárdenas, Pablo Rodríguez Jiménez · 1995 · p. 5021 cita
[20]Betancur. Durante su administración se propone una nueva conducta en el manejo de los pro- blemas nacionales. Una nueva mentalidad que reclama cambios y reformas políticas y sociales, que reconoce la necesidad de dialogar y negociar para poner punto final al conflicto armado, se abre paso en la opinión pública. Para…p. 502
18La tierra no basta. Colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el CaquetáCentro Nacional de Memoria Histórica, Erika Andrea Ramírez Jiménez · 2017 · p. 681 cita
[24]la creación de nuevos frentes de guerra y convertirse en el “Ejército del Pueblo”, lo que cambiará la dinámica de la guerra y determinará la expansión de este grupo armado. El 28 de marzo de 1984 se firmaron los acuerdos de cese al fuego y tregua entre el Gobierno colombia- no y la guerrilla de las FARC, que fueron…p. 68
19No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 188, 1942 citas
[25]únicos que le ponían talanqueras al pro- ceso de paz. Según un informe 552 recibido por la Comisión de la Verdad, si bien algunos destacados empresarios como Alfredo Carvajal y Nicanor Restrepo avalaron y participaron en las negociaciones, la postura gremial de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) dejó ver…p. 188
[37]en los Llanos del Yarí y el Magdalena Medio. En agosto de 1984 el presidente de la Comisión de Paz, Otto Morales Benítez, renunció súbitamente con una carta en la que le decía a Betancur que dentro y fuera del Gobierno había «enemigos agazapados de la paz». Durante varias décadas, Morales 571 Arango Castrillón,…p. 194
20Diez propuestas para el estudio de la historia reciente de Colombia con énfasis en el conflicto armadoFrancisco Acevedo, Mauricio Bello, Blanca Cepeda, Wencith Guzmán, Jacqueline Mendoza, Nixon Mora, Roque Moreno, William Peña, Jorge Ramírez, Maira Soto, María Cristina Téllez · 2022 · p. 2301 cita
[27]las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes. Durante este mismo período el gobierno tomará las medidas necesarias para restablecer en las zonas de violencia la normalidad civil. 7. Los integrantes de las Farc-EP podrán acogerse a los beneficios de la ley 35 de 1982 y de - cretos complementarios, cuando llenen…p. 230
21Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 5111 cita
[28]Ramírez, Javier Robles, Óscar William Calvo y Ernesto Rojas (comandante del EPL). En Hobo (Huila), donde estaba la columna del Frente Sur del M-19, que comandaba Gustavo Arias Londoño, Boris, firmaron, además de él, Germán Rojas Niño, Otty Patiño, Jairo Peña, Emilio Ruiz, José Gabriel Montaño y Pablo Beltrán Polanía;…p. 511
22Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 811 cita
[29]que nunca nos hicieron. [...] Cuando yo salí de la cárcel mi papá me dijo: “Lo que pasó en ese tiempo no pasó”, y eso fue toda la atención psicosocial que yo recibí. [...] Y efectivamente yo de eso nunca volví a hablar porque mi papá pensaba que hablando de eso me ponía en riesgo» 218. El 24 de agosto de 1984 el M-19…p. 81
23¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 901 cita
[31]muchas de sus ofensivas contrainsur- gentes o en su implantación territorial en las periferias, dada la preca- riedad de recursos del Estado para financiar la guerra. A esto se había Titular de prensa, inicio del proceso de paz con las FARC en 1984. El Espectador. 137 Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del…p. 90
24Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 88, 914 citas
[32]Derechos Humanos y DIH, 2010). Esta primera incursión va a cambiar las estrategias de autodefensa impulsadas inicialmente por el de ataque y contraataque a posiciones militares guerrilleras, y retaliaciones y masacres so- bre la población civil. En este periodo se aprecia cómo se dan secuestros de con- gresistas y la…p. 88
[33]Derechos Humanos y DIH, 2010). Esta primera incursión va a cambiar las estrategias de autodefensa impulsadas inicialmente por el de ataque y contraataque a posiciones militares guerrilleras, y retaliaciones y masacres so- bre la población civil. En este periodo se aprecia cómo se dan secuestros de con- gresistas y la…p. 88
[54]la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Esta estaba dirigida por Luis Otero y Andrés Almarales, miembros y fundadores del M-19 (El Tiempo, 1985c). La toma dejará sin vida 11 magistrados, adicionalmente a los magistrados titulares estaban los auxiliares de la Corte Suprema de Justicia y el…p. 91
[55]la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Esta estaba dirigida por Luis Otero y Andrés Almarales, miembros y fundadores del M-19 (El Tiempo, 1985c). La toma dejará sin vida 11 magistrados, adicionalmente a los magistrados titulares estaban los auxiliares de la Corte Suprema de Justicia y el…p. 91
25Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 21, 382 citas
[34]en su contenido la convocatoria a un gran diálogo nacional por la paz. No obstante, la abierta oposición militar conllevó la renuncia del ministro de defensa, general Fernando Landazábal y frecuentes incidentes con este estamento. A la vez, el gobierno, como respuesta a acciones guerrilleras previas a los pactos,…p. 21
[35]MIR Patria Libre, el Frente Ricardo Franco y el Comando Quintín Lame 64. 60 La última charla con John Agudelo Ríos, presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Bogotá, 2005, página16. 61 Ídem, página19. 62 Ídem, página 23. 63 Ídem, página 26. 64 Villamizar, Darío, Un Adiós a la Guerra,…p. 38
26Post-conflict Colombia and the Global Circulation of Military ExpertiseManuela Trindade Viana · 2022 · p. 2231 cita
[36]sea la última amnistía”. 43 The high rotativity of Ministers of Defense illustrates the tensions across the civil- military boundary that characterized this period. It is also noteworthy that the two first Ministers of Defense in the Betancur’s administration (1982–1986), Landazábal Reyes and Vega Uribe, had a very…p. 223
27Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 1781 cita
[39]que se encontraba en ese entonces la institución. Esta impotencia era particularmente clara cuando se trataba de investigaciones contra los militares, que eran asumidas pronto por la justicia penal militar, un sistema en el que los casos por paramilitarismo no tenían ninguna posibilidad de prosperar (Jiménez Gómez,…p. 178
28Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 671 cita
[40]las organizaciones subversivas” y “se consideraron obligados a asumir la defensa del establecimiento” (Velásquez, E., 2007, página 138). En esta coyuntura de división ideológica se produjo una pro- funda radicalización política “que se manifestó en la exacerbación de autoritarismos regionales y en una creciente…p. 67
29Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015). Trayectorias, rupturas y continuidadesTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera Ramírez, Carlos Andrés Hoyos, Javier Benavides Torres, Jefferson Corredor Uyaban, Mateo Morales · 2016 · p. 381 cita
[41]los grupos armados en un complejo rela- cionamiento con los poderes locales y regionales (Pécaut, Daniel, 1987, 2006 y 2013; Palacios, Marco, 2012; González, Fernán, 2014). La primera generación paramilitar 19 fue una combinación de grupos sicariales al servicio de los narcotra fi cantes y autodefensas locales, que…p. 38
30Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 38, 4782 citas
[42]pública lo retoma también a la fuerza. Mueren 103 personas, entre ellas, casi todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mayo Producto de los acuerdos de las Farc con el gobierno, crean un nuevo movimiento político llamado la Unión Patriótica. 1986 Marzo La Unión Patriótica y aliados ganaron 14 curules en…p. 478
[68]que había una alianza «narcoterrorista» entre las FARC y el narcotráfico. Siguiendo la línea de su gobierno, presidido por Ronald Reagan, el campeón del anticomunismo en Centroamérica, Tambs estaba en una campaña premeditada para inflar las conexiones entre las guerrillas colombianas y el gobierno sandinista en…p. 38
31Medellín: memorias de una guerra urbanaMarta Inés Villa Martínez, Ana María Jaramillo Arbeláez, Jorge Giraldo Ramírez, Manuel Alberto Alonso Espinal, Sandra Arenas Grisales, Pablo Bedoya Molina, Luz María Londoño Fernández · 2017 · p. 1181 cita
[43]La izquierda: entre la política y las armas Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se produjo un hecho inesperado que iba en contravía de las predicciones de la izquier- da con respecto a un mayor endurecimiento del régimen político. In- mediatamente después de asumir la Presidencia el 7 de agosto de…p. 118
32Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 201 cita
[45]el Estado y el establecimiento, era la enorme corrupcion que se percibía en las capas gobernantes de la región, predominantemente liberales. El 28 de enero de 1985, como fruto de los mismos acuerdos de paz, se dio vida jurídica y política a la UNION PATRIOTICA. Su primer congreso finalizó el 16 do noviembre 1985 con…p. 20
33Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 201 cita
[46]el Estado y el establecimiento, era la enorme corrupcion que se percibía en las capas gobernantes de la región, predominantemente liberales. El 28 de enero de 1985, como fruto de los mismos acuerdos de paz, se dio vida jurídica y política a la UNION PATRIOTICA. Su primer congreso finalizó el 16 do noviembre 1985 con…p. 20
34La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 90, 1972 citas
[47]militantes y simpatizantes, que no eran miembros de las FARC-EP –antes del Acuerdo de La Uribe, Meta, en 1984–, agraviados, desesperados e indignados por el exterminio que estaba sufriendo este partido y la falta de garantías para hacer política de oposición y 350 La Unión Patriótica fue concebida inicialmente como…p. 197
[79]exilio, registradas principalmente en Ecuador (4.144), Venezuela (3.242), Canadá (2.878), España (2.110) y Estados Unidos (2.038). En los datos de la Acnur se destacan países de frontera, como Ecuador, que en 2007 registraba cerca de 265.000 solicitantes de asilo, y Venezuela, que para el mismo año reportó más de…p. 90
35Colombia: las razones de la guerraJorge Orlando Melo González · 2021 · p. 1461 cita
[48](quien pronto sería elegido a la Cámara de Representantes como suplente de Gilberto Vieira, el secretario del PC) hablaron a nombre de la UP, y la presentaron como la proyección política de las FARC, quienes conservaban sus armas. Los grupos paramilitares de todo el país no estaban dispuestos a permitirlo, así que…p. 146
36Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1131 cita
[50]Socialista de los Trabajadores (PST), que se agruparon en torno a la idea de construir una propuesta política extra institucional y en oposición a los métodos que ellos mismos consideraban conciliatorios, como los diálogos de paz. Para mayor información revisar el caso sobre la persecución, estigmatización y…p. 113
37Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 2151 cita
[51]de los más ilustrativos al respecto. Un líder de este partido le dijo a la Comisión: «Allí se produjeron matanzas horribles. Allí fue asesinado el alcalde de Tibú, Tirso Vél ez […], el candidato más opcionado a la Gobernación de Santander […]. En la ciudad de Barrancabermeja, fue asesinado Leonardo Posada Pedraza,…p. 215
38Pueblos arrasados: Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión (relatores) · 2015 · p. 801 cita
[52]naciente movimiento se difundió y le permitió conquistar nuevos militantes. Surgió, de esta manera, un “frente amplio de convergencia democrática” que permitió a sec- tores tradicionalmente excluidos del sistema político incursionar en la democracia y vincularse a la actividad política legal (Cam- pos, 2008). En El…p. 80
39More Terrible Than Death: Drugs, Violence, and America's War in ColombiaRobin Kirk · 2003 · p. 1631 cita
[56]man carried something heavy in his arms. A slender peasant, the man strained under the weight. The children made such a racket that the Mobile Brigade commander turned. The peasant's shirt and pants were splattered with blood. The thing in his arms was tawny and long, and I suddenly realized that it was a mountain…p. 163
40Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 1292 citas
[57]del Congreso Nacional y a solo dos cuadras del palacio presidencial y, cuando tuvieran el control del edificio, acu- sar al presidente de Colombia de violar el acuerdo de cese al fuego firmado el año anterior. Después de lo que esperaban fuera una exitosa toma del Palacio de Justicia, los rebeldes planeaban,…p. 129
[58]del Congreso Nacional y a solo dos cuadras del palacio presidencial y, cuando tuvieran el control del edificio, acu- sar al presidente de Colombia de violar el acuerdo de cese al fuego firmado el año anterior. Después de lo que esperaban fuera una exitosa toma del Palacio de Justicia, los rebeldes planeaban,…p. 129
41Colombia: A Concise Contemporary HistoryMichael J. LaRosa, Germán R. Mejía · 2017 · p. 1141 cita
[59]of the Betancur administration, but military hard-liners, meeting in the Presidential Palace across the Plaza de Bolívar where the drama unfolded, found nothing humorous in the humiliat- ing tactics of the M-19. The military stormed the palace, battering down the front door with a lightweight Brazilian tank, and the…p. 114
42Una conversación pendienteJuan Manuel Santos, Ingrid Betancourt, Juan Carlos Torres · 2021 · p. 551 cita
[60]y decenas de víctimas mortales, incluyendo once magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso fue un golpe mortal en el ánimo del país. Recuerdo que los líderes liberales Virgilio Barco y César Gaviria, que luego serían presidentes, criticaron agriamente la forma en que Belisario manejó el tema, en particular, la…p. 55
43La Tragedia del Palacio de JusticiaEnrique Parejo González · 2010 · p. 10, 1512 citas
[61]se confirmó después. No era fácil creer en la buena fe de la guerrilla en cuanto al interés que mostra- ban, a última hora, por la vida de los Magistrados. Pero, seguramente, estaban convencidos de que tenían pocas posibilidades de salvar la suya, y de ahí que se La Tragedia del Palacio de Justicia 157 solidarizaran…p. 151
[63]Belisario Betancur presentó, entre sus propuestas, la de buscar la paz con la guerrilla. Una vez elegido, hizo contacto con las distintas organizaciones subversivas y se reunió, en México y en España, con dirigentes del M-19, con el cual trazó los planes para alcanzar el objetivo indicado. En los años setenta, el M-19…p. 10
44Entre la incertidumbre y el dolor: Impactos psicosociales de la desaparición forzada. Tomo IIICentro Nacional de Memoria Histórica; Liz Arévalo Naranjo (relatora); Carlos Miguel Ortiz (coordinador) · 2014 · p. 1931 cita
[62]la cafetería eran integrantes y/o auxiliadores del M-19 y que habían colaborado para entrar armamento, alimentación y pertrechos los días previos a la toma. En virtud de ello, tras ser rescatados de la edi fi cación, junto con Detención, desaparición forzada y posterior ejecución de 19 comerciantes Castigo por el no…p. 193
45Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en ColombiaMartha Nubia Bello Albarracín, Andrés Fernando Suárez, Mónica Márquez Ramírez · 2016 · p. 1131 cita
[64]los grupos de autodefensas en el Magdalena Medio con la presencia del presidente Betancur. El informe solicitado por el presidente Betancur al procurador general de la nación sobre el grupo paramilitar MAS 43 se elaboró en respuesta a las denuncias que llegaban desde el Magdalena Medio so- bre el accionar criminal de…p. 113
46Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 871 cita
[65]y fincas ganaderas. El surgimiento del movimiento Muerte a Secuestradores (MAS) en 1981 marca un hito en la evolución del con- flicto en Colombia, llevando el antagonisn1o social a mayores niveles de violencia. En noviembre 1981, el M-19 (una organización guerrillera des- movilizada en 1990) secuestró a Marta Nieves…p. 87
47Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 2621 cita
[66]organismos de seguridad e inteligencia tenían como objetivo la contrainsurgencia, en un espectro difuso entre lo «militar» y aquello que consideraban como «quitarle el agua al pez». Por su parte, los políticos regionales tenían el interés de eliminar a los actores que amenazaban con arrebatarles el poder que…p. 262
48Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 641 cita
[67]de Puerto Boyacá, así como con figuras de la historia del paramilitarismo como Henry Pérez y Gon- zalo Rodríguez Gacha (CNMH, 2019), que con el grupo identificado por la sigla MAS o Muerte a Secuestradores, creado en 1981 por miembros de las mafias del narcotráfico. 16 La contribución realizada por un exintegrante del…p. 64
49Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿cómo construir un posconflicto sostenible?María Alejandra Arias, Adriana Camacho, Ana María Ibáñez, Daniel Mejía, Catherine Rodríguez · 2014 · p. 211 cita
[71]un consenso acerca del origen exacto de los grupos paramilitares. El gru - po Muerte a Secuestradores (mas) es visto por algunos como una de las primeras manifestaciones del paramilitarismo en el país. El mas se creó como respuesta al aumento de los secuestros, el robo de ganado y los co - bros de extorsiones por…p. 21
50Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 4151 cita
[72]MAS, por supuesto, importantes sectores de la Fuerza Pública descubrieron que era posible realizar un trabajo sucio mu- cho más efectivo contra el movimiento guerrillero, sin comprometer la imagen de sus instituciones. Los narcos facilitaron la infraestructura y el dinero aun- que, en forma temprana, algunos de ellos,…p. 415
51Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 1401 cita
[73]paramilitares, alimen- tados en buena medida por el narcotráfico 73. El paramilitarismo surgido en los primeros años de la década del ochenta, destaca el informe, no solo fue resultado de la ausen- cia o precariedad estatal, sino de: Factores como la debilidad estatal en la regulación social de con- flictos, la…p. 140
52Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 7631 cita
[76]la definición de llegar, en el marco de las negociaciones, a ceses al fuego, treguas entre las partes o negociaciones en medio de la guerra. Este asunto lo analizó el expresidente Juan Manuel Santos al anotar que en el proceso que se comenzó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo…p. 763
53Enciclopedia de Colombia - Volumen 2Camilo Calderón Schrader · 2001 · p. 2581 cita
[77]la reacción inmediata del minis- tro de Defensa, general Fernando Landazábal Re- yes. La disputa no pasó a mayores, pero la posibi- lidad de que, como en otros momentos del pasado, las fuerzas armadas estuvieran tomando parte en acciones políticas contra la población ci- vil, en flagrante violación de los principios…p. 258