Fabiola Lalinde

Una madre convertida en investigadora

Antes de octubre de 1984, Fabiola Lalinde era una mujer de clase media antioqueña cuya biografía pública se confunde con la de miles de madres colombianas de su generación: trabajaba, criaba a sus hijos, no militaba. La desaparición de Luis Fernando la obligó a reinventarse. En cuestión de semanas dejó de ser madre para volverse indagadora: viajaba a Manizales, a Pereira, a Riosucio; se entrevistaba con jueces castrenses y directores seccionales de instrucción criminal; tomaba nota de cada respuesta, cada evasiva, cada silencio. Su hijo Jorge Iván la acompañó desde el principio, y juntos aprendieron —sin haberlo estudiado— el vocabulario de la justicia penal militar, la lógica burocrática de los partes oficiales, los recovecos de un aparato estatal que respondía con amnesia planificada.

Lo distintivo de Fabiola Lalinde no fue el dolor, que compartía con miles, sino la decisión de convertir ese dolor en registro. Desde muy temprano llevó un diario en el que consignaba, con obstinación notarial, cada gestión emprendida, cada nombre, cada fecha, cada versión escuchada. Ese cuaderno —y los legajos que fue anexándole— es el documento que treinta años después la Unesco reconocería como patrimonio documental de la humanidad. Su método no era académico ni jurídico: era el método de quien no tiene otro recurso que la constancia. En un país donde la desaparición forzada ni siquiera existía como delito, el diario suplió lo que el Estado no ofrecía: una narración coherente, fechada y verificable de lo ocurrido.

El hecho fundacional: la desaparición de Luis Fernando

Todo lo que Fabiola Lalinde haría después parte de un episodio que ella misma tardaría años en reconstruir con exactitud. En octubre de 1984, en el marco de operativos militares en el occidente de Caldas y el norte de Risaralda, el Batallón "Ayacucho" capturó a un civil al que registró como alias "Jacinto". Ese civil era Luis Fernando Lalinde Lalinde, hijo de Fabiola. La versión oficial —consignada en el parte que el 26 de octubre de 1984 el mayor general Rafael Obdulio Forero Moreno, Comandante del Ejército, envió al general Miguel Vega Uribe, Comandante General de las Fuerzas Militares— presentó los hechos como un operativo antisubversivo exitoso: un guerrillero muerto durante una tentativa de fuga.

Esa versión, elaborada en el lenguaje neutro de los oficios castrenses, se desmontaba en sus propios detalles. El acta de levantamiento del cadáver del NN "Jacinto" consignó que el arma con la que se le dio muerte fue un revólver, dato incompatible con un intento de fuga bajo custodia armada del Ejército. El cuerpo fue enterrado en la zona rural de Riosucio sin que se le practicara necropsia. El Alcalde de Riosucio participó en la localización del sitio de sepultura, según lo declararía después el juez castrense encargado del caso. Fue un procedimiento pensado para no dejar rastro: sin identificación, sin autopsia, sin registro forense, sin ninguno de los actos que un homicidio en un Estado de derecho exige.

La familia Lalinde solo llegaría a estos datos a fuerza de insistir. En noviembre de 1984, Fabiola viajó desde Bogotá a Manizales acompañada por Hugo Vélez, vocero del PCC-ML, para intentar entrevistarse con un tal alias "Aldemar" —identificado como Orlando Vera Muñoz—, presuntamente detenido en la cárcel de Manizales y supuesto testigo de lo ocurrido. Habían contactado previamente al Director Nacional de Instrucción Criminal, Antonio Duque Álvarez, quien impartió instrucciones a Jorge Arbeláez, Director de la seccional Caldas, para que averiguara el paradero de "Aldemar". El 19 de noviembre Arbeláez informó a Fabiola Lalinde que en la cárcel de Manizales no existía registro alguno de detención de Orlando Vera Muñoz. Al día siguiente, el 20 de noviembre, Fabiola viajó a Pereira y se entrevistó con el Juez 121 de Instrucción Penal Militar, Arnaldo Ayos Guerrero, quien no le proporcionó información sobre la fecha ni el lugar en que se practicaría la diligencia de exhumación del cadáver de alias "Jacinto".

Ese doble muro —el registro que no existe, la exhumación de la que no se informa— sería la pared con la que Fabiola Lalinde chocaría durante años. En marzo de 1986, el mismo Juzgado 121 de Instrucción Penal Militar respondería, por escrito, que no recordaba el sitio de sepultura de alias "Jacinto"; que había llegado allí guiado por el Alcalde de Riosucio; y que, por tanto, no estaba en condiciones de reubicarlo. Es difícil imaginar una fórmula más elocuente de encubrimiento burocrático: una autoridad judicial declarando amnesia sobre el lugar donde ella misma había participado en el entierro de un ciudadano.

La Operación Cirirí

Fue en medio de ese muro que Fabiola Lalinde nombró su búsqueda. La Operación Cirirí —el nombre es suyo— condensa una idea política y una estrategia práctica. El cirirí es un pájaro pequeño, tenaz, incómodo, que hostiga sin descanso a rapaces mucho mayores hasta obligarlas a marcharse. Lalinde eligió el símbolo con precisión: no se trataba de derrotar frontalmente al aparato militar y judicial que había desaparecido a su hijo, sino de hostigarlo, insistirle, no dejarlo en paz, obligarlo a responder aunque la respuesta fuera la evasión. La palabra cirirí nombra tanto el ave como el acto de acosar preguntando. El Centro Nacional de Memoria Histórica reconoció esa dimensión al titular en 2017 un video sobre su búsqueda Operación Cirirí. Persistente, insistente e incómoda: los tres adjetivos son la traducción exacta de un método.

La operación combinó varios frentes. El primero, y el que ordenaba todos los demás, fue documental: cada gestión, cada entrevista, cada oficio recibido o enviado, cada rumor recogido, quedaba registrado en el diario. El segundo fue judicial y administrativo: solicitudes formales ante juzgados castrenses, procuradurías, direcciones de instrucción criminal, alcaldías, batallones. El tercero fue territorial: viajes al Eje Cafetero, a Riosucio, a las veredas donde el operativo había ocurrido, en busca de testigos, campesinos, funcionarios locales dispuestos a hablar. El cuarto, más lento en madurar, fue internacional: la denuncia ante instancias del sistema interamericano.

Ninguno de esos frentes habría sido posible sin un sacrificio previo. Fabiola Lalinde renunció a su vida laboral para dedicarse a la búsqueda. Esa decisión —que ella misma consignó en su diario— no fue anecdótica: fijó las condiciones económicas y personales bajo las que la Operación Cirirí sería posible. Como muchas madres buscadoras en Colombia, Lalinde absorbió íntegramente los costos —físicos, psicológicos y económicos— que el Estado no asumió. Esa dedicación de años, sostenida en detrimento de la propia salud y del propio sustento, es un rasgo estructural de la búsqueda de desaparecidos en el país, no una excepción. La mayoría de quienes encabezan estos procesos son mujeres, y particularmente madres; una división sexual del trabajo del duelo que hace de la Operación Cirirí, más que una singularidad heroica, la expresión más documentada de un fenómeno colectivo.

Un episodio revela hasta dónde llegó esa dedicación. Fabiola Lalinde relató que su hijo le mostró en sueños el lugar donde debía buscar sus restos, y que acudió al sitio indicado y logró recuperarlos. El pasaje puede leerse en clave psicológica, espiritual o narrativa; en cualquiera de ellas, importa lo que revela: la búsqueda había alcanzado tal grado de saturación —de horas, de mapas, de conversaciones repetidas con campesinos y funcionarios— que la respuesta terminó filtrándose incluso en el sueño. Los restos aparecieron donde el sueño los ubicó. Que ese hallazgo fuera físicamente posible tras años de rastreo obstinado es lo que da al relato su verosimilitud: el sueño no reemplazó al trabajo, lo coronó.

El Diario como archivo y prueba

El Diario de Fabiola Lalinde merece ser considerado por separado, porque es a la vez el instrumento y el resultado de la Operación Cirirí. Se trata de un registro sistemático en el que la autora consignó gestiones, entrevistas, oficios, respuestas, versiones contradictorias, nombres de funcionarios, direcciones, fechas, cifras, rumores comprobados y rumores descartados. No es un diario íntimo: es un archivo administrativo llevado por una ciudadana en ausencia de un archivo administrativo llevado por el Estado. Ese desplazamiento —una madre haciendo el trabajo probatorio que las instituciones judiciales se negaban a hacer— es la clave política del documento.

El valor probatorio del Diario emerge cuando se lo confronta con las respuestas oficiales. Frente a un juzgado castrense que declara no recordar dónde enterró un cuerpo, el Diario recuerda. Frente a un director de instrucción criminal que informa que no hay registro de detención de un testigo, el Diario documenta la gestión y la fecha en que se recibió esa respuesta. Frente a un parte del Comandante del Ejército que presenta la muerte de un civil como baja en combate, el Diario acumula los indicios que desmienten esa versión: el arma consignada en el acta, la sepultura sin necropsia, la reticencia a informar sobre exhumaciones. El documento personal se convierte, así, en el contra-archivo del archivo oficial.

Esa función explica el reconocimiento que llegaría treinta años después. El 29 de octubre de 2015, el Centro de Memoria Histórica anunció públicamente que la Unesco había inscrito el archivo de Fabiola Lalinde en el Registro de Memoria del Mundo. La noticia se tituló, sin adornos, Unesco declara Patrimonio del mundo archivo de Fabiola Lalinde. La declaratoria fue interpretada como un reconocimiento a la dignidad de las víctimas, a la lucha de la sociedad colombiana y a la reivindicación de los derechos humanos: la Unesco no reconocía un caso individual, sino la validez patrimonial de un método de búsqueda ciudadana. Que un archivo personal, llevado a mano por una madre desde Medellín, terminara equiparado a los grandes fondos documentales del mundo dice algo sobre el peso simbólico —y probatorio— que había alcanzado.

Asfaddes y la red de familias

La Operación Cirirí no fue una iniciativa solitaria durante todo su recorrido. En 1982 —según algunas fuentes, en 1983 según otras— se fundó en Bogotá la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Asfaddes, la primera organización colombiana de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos que se identificó explícitamente como tal. Sus primeros integrantes fueron las familias de catorce estudiantes de la Universidad Nacional desaparecidos durante una protesta estudiantil. El Cinep fue instrumental en su creación, aportando los vínculos institucionales y el impulso organizativo inicial; la relación previa del Cinep con las Madres de Plaza de Mayo argentinas fue decisiva en el diseño del modelo. Asfaddes nació, así, como un injerto del referente sudamericano en el terreno colombiano.

Fabiola Lalinde se vinculó a Asfaddes y se integró a su trabajo, especialmente en la seccional Medellín. La asociación ofrecía lo que ninguna madre buscando sola podía tener: reconocimiento colectivo, articulación con abogados y organizaciones de derechos humanos, y una plataforma pública desde la que denunciar. Al mismo tiempo, cada caso individual —Lalinde entre ellos— nutría un archivo compartido de prácticas, contactos y estrategias. La Operación Cirirí, en ese sentido, no es solo la búsqueda de Luis Fernando: es también una contribución al capital metodológico común de las familias colombianas que buscaban a sus desaparecidos en los años ochenta, en un contexto en que la responsabilidad de las desapariciones recaía sobre el MAS y miembros del F2, y en que las instituciones civiles apenas empezaban a nombrar el fenómeno.

La pertenencia a Asfaddes tuvo también su costo. En años posteriores, dos miembros de la seccional Medellín, Ángel José Quintero y Claudia Patricia Monsalve, fueron ellos mismos desaparecidos. La asociación vivió esos hechos como una agresión directa e íntima, y como una advertencia: quienes buscaban a los desaparecidos también podían ser desaparecidos. Ese clima de amenaza atravesó la trayectoria pública de Fabiola Lalinde y de todas sus compañeras; buscar en Colombia no era una actividad neutra ni segura.

El caso ante el sistema interamericano

Uno de los frentes más significativos de la Operación Cirirí fue el internacional. En 1988, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución sobre la desaparición forzada de Luis Fernando Lalinde en la que estableció la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos. Esa decisión tuvo un peso desproporcionado respecto de la instrumentación jurídica del caso en el país. En Colombia, la desaparición forzada ni siquiera era todavía un delito tipificado —el caso paralelo de Tarsicio Medina Charry, desaparecido en 1988, obligó a su familia a interponer la denuncia bajo la figura del "secuestro simple" porque la desaparición forzada no era reconocida como delito—; en el sistema interamericano, en cambio, sí existían estándares consolidados. La CIDH había incluido a Colombia en el Capítulo V de su Informe Anual 1981–1982, dedicado al seguimiento de la situación de derechos humanos en varios países, y venía orientando a los Estados sobre las obligaciones de investigar, sancionar y reparar violaciones a la luz de la Declaración Americana y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La resolución de 1988 en el caso Lalinde fue una de las primeras piezas del expediente internacional sobre desapariciones en Colombia. Anticipó por siete años la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, dictada en 1995, que abrió formalmente el camino del litigio internacional como vía para luchar contra la impunidad. Para Fabiola Lalinde, la decisión de la CIDH significó algo más que un pronunciamiento jurídico: fue la constatación externa de lo que su Diario venía documentando desde 1984. Un organismo internacional afirmaba, en términos oficiales, que su hijo había sido desaparecido por agentes del Estado. La versión militar del "NN alias Jacinto" muerto en tentativa de fuga quedaba desmentida no ya por una madre, sino por un cuerpo del sistema interamericano.

Ese pronunciamiento se dio en un contexto normativo interno que aún tardaría en ponerse a la altura. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas se adoptaría en el marco de la OEA en 1994 y sería incorporada al derecho colombiano mediante la Ley 707 de 2001. La Declaración de Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas se adoptó el 18 de diciembre de 1992. Colombia aprobaría el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional mediante la Ley 742 de 2002. Toda esa arquitectura jurídica —que hoy permite nombrar y perseguir la desaparición forzada— llegó después de que Fabiola Lalinde ya llevaba casi una década buscando a su hijo. Ella y su Diario habitaron el vacío normativo previo, y contribuyeron a que ese vacío se llenara.

Reparaciones y consagración institucional

Con los años, el Consejo de Estado colombiano dictó una sentencia que ordenó al Estado un conjunto de medidas de reparación material y simbólica para la familia Lalinde Lalinde. Entre ellas figuran la obligación de brindar atención médica en salud a Fabiola Lalinde; el encargo al Centro de Memoria Histórica de elaborar un documental con una semblanza de Luis Fernando que reivindicara su buen nombre y dejara testimonio de sus realizaciones y de su proyecto de vida truncado; la construcción, a cargo del Ministerio de Defensa, de un monumento conmemorativo en el lugar donde fueron hallados los restos de Luis Fernando; y la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en dos diarios de amplia circulación nacional. El documental debía destacar, en términos del fallo, que el proyecto de vida de Luis Fernando fue truncado prematuramente "por acciones inadmisibles en un Estado democrático de derecho". El monumento se ordenó como acto solemne de reconocimiento a la madre y hermanos por los sufrimientos causados con ocasión de las graves afrentas recibidas de parte de integrantes del Ejército Nacional.

La sentencia importa por lo que reconoce y por lo que revela. Reconoce, en el lenguaje del derecho contencioso administrativo, la responsabilidad estatal que Fabiola Lalinde llevaba tres décadas afirmando. Y revela algo más sutil: la eficacia de la Operación Cirirí no dependió solo del método autónomo de Lalinde, sino de su articulación con instancias institucionales dispuestas a actuar. La Comisión Colombiana de Juristas participó en el proceso que condujo a la tipificación de la desaparición forzada como delito en Colombia y contribuyó a obtener resoluciones ante instancias internacionales; la CIDH declaró la responsabilidad estatal en 1988; el Consejo de Estado ordenó reparaciones; el Centro Nacional de Memoria Histórica produjo el documental y canonizó el archivo. La Operación Cirirí no refutó al Estado desde afuera: forzó a fragmentos del Estado a actuar contra otros fragmentos del Estado. Esa es su lección política más incómoda y, quizá, su enseñanza más útil para las familias que la seguirían.

El duelo como acción pública

Detrás de cada gestión judicial, de cada viaje a Riosucio, de cada anotación en el Diario, había un duelo suspendido. La incertidumbre sobre el paradero impide elaborar el duelo, mantiene el sufrimiento suspendido, deja huellas permanentes en la estructura emocional y mental de quienes buscan. La permanencia del sufrimiento y la impotencia constituye, para muchos familiares, una forma de tortura psicológica. Poder constatar la pérdida —recuperar restos, saber qué ocurrió, dónde, cuándo, a manos de quién— es la condición sin la cual el duelo no puede siquiera comenzar.

Fabiola Lalinde recuperó los restos de su hijo. En eso su historia se aparta de la mayoría: la mayoría de las madres buscadoras de Colombia no recibió esa noticia, no encontró el cuerpo, no cerró el capítulo. Pero el hallazgo no bastó para clausurar la búsqueda: siguió el trámite judicial, siguió la incidencia internacional, siguió el trabajo de memoria. Ese desdoblamiento —recuperar los restos y seguir buscando— es lo que convierte su trayectoria en algo más que la resolución de un caso individual. La búsqueda, una vez emprendida, se hizo transitiva: ya no era solo por Luis Fernando, sino por todos los otros y otras cuyas familias reconocían en el método Cirirí una posibilidad.

Todo esto es, en sentido estricto, una interpretación: los hechos documentados no atribuyen expresamente a Fabiola Lalinde una teoría política de la maternidad ni una filosofía de la ciudadanía. Pero renunciar al empleo, llevar el Diario durante décadas, viajar sola por el Eje Cafetero entrevistando jueces, sostener la denuncia ante la CIDH, autorizan a leer su trayectoria como una politización efectiva del duelo. La desaparición privada del hijo se volvió reclamo público de una madre; el reclamo se volvió archivo; el archivo se volvió patrimonio. Ese recorrido —del dolor íntimo a la memoria colectiva— es lo que llamamos, hoy, maternidad política, aunque la propia Lalinde no haya necesitado los términos para practicarla.

Legado: la gramática de la búsqueda

La huella de Fabiola Lalinde en la historia colombiana reciente se mide en varios planos. En el jurídico, contribuyó con su caso a una de las primeras resoluciones del sistema interamericano sobre desapariciones forzadas en el país, y su expediente forma parte del cuerpo de decisiones que habilitaron el litigio internacional como vía contra la impunidad. En el institucional, su historia fue apropiada por el Centro Nacional de Memoria Histórica —que en 2017 produjo el video Operación Cirirí. Persistente, insistente e incómoda— y por el Consejo de Estado, que ordenó reparaciones simbólicas específicamente destinadas a documentar y difundir el caso.

En el documental, su archivo se convirtió, con la declaratoria de la Unesco de 2015, en patrimonio de la humanidad: un cuaderno de gestiones se equiparó, en dignidad archivística, a los grandes fondos históricos del mundo. En el organizativo, su vinculación con Asfaddes contribuyó a consolidar la primera red colombiana de familias de desaparecidos que se nombró a sí misma como tal. Y en el metodológico —el plano quizá más difícil de medir y a la vez el más duradero— dejó un repertorio de prácticas reconocibles: el registro sistemático, la insistencia burocrática, el trabajo territorial, la articulación con organizaciones nacionales e internacionales, la conversión del hogar en centro de operaciones. Muchas familias colombianas han hecho después, con sus propios nombres y sus propios cuadernos, alguna versión de la Operación Cirirí.

Ese legado se inscribe en un contexto que aún no ha cambiado del todo. La desaparición forzada no ha logrado ubicarse en la agenda pública colombiana; no concita atención sostenida de los medios ni despierta movilización social masiva de condena. Las familias siguen persistiendo, en gran medida, por su cuenta, para que sus seres queridos no sufran una segunda desaparición —la del silencio, la del olvido, la de la ausencia de escándalo social. En ese paisaje, la figura de Fabiola Lalinde funciona como referencia: si una madre de Medellín, sola en 1984, logró llegar hasta la CIDH y hasta la Unesco, entonces la búsqueda es posible. La eficacia real de esa referencia depende, por supuesto, del contexto —de las alianzas institucionales, del momento político, del acceso a acompañamiento jurídico—; pero el ejemplo permanece.

Fabiola Lalinde no eligió ser una figura pública. Su hijo fue desaparecido por el Ejército y ella hizo lo que le pareció más razonable: buscarlo, anotarlo todo, no callar. Que ese acto elemental haya terminado convertido en jurisprudencia interamericana, en sentencia del Consejo de Estado, en patrimonio de la Unesco y en método replicado por otras familias es lo que hace de su trayectoria un capítulo mayor de la historia colombiana de las últimas cuatro décadas. La Operación Cirirí no derrotó a las rapaces —Luis Fernando no volvió, la desaparición forzada no dejó de ocurrir—, pero enseñó que las rapaces pueden ser hostigadas, y que del hostigamiento pequeño y constante puede quedar, algún día, un archivo que las nombre.