Comuna Nororiental de Medellín

Un territorio inclinado

Antes de ser nororiente fue solamente ladera: las estribaciones de la cordillera Central que cierran el Valle de Aburrá por el costado nororiental, con quebradas cortas y pendientes fuertes que descienden desde el cerro Pan de Azúcar y las alturas de Santo Domingo hacia el fondo del valle. Sobre ese relieve incómodo, poco apto para la agricultura y todavía menos para el trazado ortogonal, se derramó la ciudad popular. Las cuatro comunas que hoy la conforman —Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez— agrupan decenas de barrios: Santo Domingo Savio, Popular 1 y 2, Villa del Socorro, La Cruz, La Honda, Moravia en su frontera baja, Aranjuez con su tradición más antigua y ligada al centro. Aranjuez es, de las cuatro, la única que hunde sus raíces en la Medellín anterior a la gran migración; las otras tres son, en lo esencial, ciudad del siglo XX tardío, hechas contra la pendiente.

La Comuna Nororiental colinda al sur con el centro tradicional de Medellín y con las comunas nororientales medias, y al norte con Bello. Al frente, al otro lado del valle, se despliegan las laderas occidentales; y muy al sur, en el extremo opuesto de la ciudad, El Poblado, el enclave residencial de la élite antioqueña. Esa geografía inclinada, mirada desde el aire, cuenta por sí sola la ciudad partida que Fernando Vallejo fijó en la memoria literaria del país en La virgen de los sicarios: los pobres arriba, en las montañas del norte; los ricos, replegados al sur.

Los orígenes: subir la montaña

El poblamiento sistemático de las laderas nororientales corresponde a las décadas de 1950, 1960 y 1970, en el marco del ciclo de urbanización acelerada más intenso del siglo colombiano. La industrialización de Medellín —textiles, alimentos, metalmecánica— atraía mano de obra, pero lo que empujaba con más fuerza a los recién llegados era la Violencia bipartidista y sus secuelas: el despojo, el desplazamiento forzado, la imposibilidad de volver. No fue solo la fábrica la que hizo la ciudad, sino también, y de modo determinante, la guerra rural. En pocos lugares se ve con tanta nitidez como en el nororiente medellinense esa doble presión, la de la industria que atrae y la del campo que expulsa, y esa doble procedencia dejó su huella en el habla, en la cocina, en los apellidos y en las devociones religiosas de los barrios altos: cada cuadra fue depósito de un pueblo distinto de Antioquia, del oriente lejano, del suroeste cafetero, del Urabá, del Chocó cercano.

Los migrantes rurales pobres se instalaron primero en inquilinatos del centro y, cuando estos se saturaron, empezaron a subir la montaña. El proceso desbordó los perímetros urbanos legales y la zonificación funcional: en los terrenos fuera de esos perímetros —los cinturones altos del norte, en el caso de Medellín— reinó de hecho la ilegalidad, no la del delito común sino la del asentamiento sin permiso, sin escritura, sin norma técnica. El patrón se replicó, casi sin excepción, en las treinta o cuarenta ciudades más pobladas del país: Bogotá pasó de 2.400 manzanas en 1950 a 27.000 en 1980, y Medellín siguió una trayectoria análoga por su costado nororiental. Los tiempos de subida eran largos, las rutas de bus escasas, y el tramo final se hacía siempre a pie, cargando materiales, mercados, enfermos. La ciudad de arriba se construyó, literalmente, al hombro.

Las primeras casas fueron chozas de lata, luego ranchos con paredes de tabla, luego estructuras de ladrillo inacabadas que crecían en altura a medida que llegaban hijos y parientes. La lucha central de esa primera generación no fue política en sentido partidista sino infraestructural: alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, escuelas primarias. Todo hubo que arrancárselo al municipio o construirlo directamente. En esa labor se fundaron, en los barrios populares de Medellín y del resto de Antioquia, más juntas cívicas que en cualquier período anterior. Fueron ellas las que trazaron calles, tendieron drenajes, levantaron acueductos rudimentarios, edificaron capillas y centros comunitarios, y frenaron desalojos. Las mujeres tuvieron en ese trabajo un peso decisivo, tanto en la organización de las juntas como en el sostén cotidiano de los ranchos que iban subiendo por la ladera. La ciudad popular del nororiente es, literalmente, una obra colectiva.

Ese impulso tuvo un techo. Una vez cubiertas las necesidades más urgentes, la participación en las juntas cayó. Y cuando las organizaciones locales acudieron al Estado para pedir lo que no podían proveerse por sí mismas —educación, salud, servicios sostenidos— cayeron bajo el control de políticos locales, predominantemente clientelistas, que canalizaron demandas a cambio de votos y perpetuaron el déficit estructural. La autogestión no fue derrotada: fue capturada. La distinción desmiente tanto la lectura épica de una comunidad heroica invicta como la fatalista de un Estado meramente ausente. Hubo ausencia estatal en la provisión y presencia estatal en la mediación clientelar; hubo autogestión real y captura política de esa autogestión. Sobre ese tejido, ya poroso, se implantaría después todo lo demás.

La estigmatización y el nombre

Al mismo tiempo que se construía físicamente, la Comuna Nororiental se construía en el imaginario nacional como su reverso: no como ciudad autoconstruida sino como amenaza. Las periferias populares de las grandes ciudades colombianas fueron catalogadas, en el lenguaje público y en el de los expertos, como "territorios nacionales", "zonas rojas", "repúblicas independientes" o "islas de anarquía" donde "no llega el Estado". Esa fórmula —"no llega el Estado"— tuvo una consecuencia práctica decisiva: validó, ante los ojos del resto de la sociedad, todo tipo de intervenciones sobre esos territorios, tanto las estatales como las de actores armados. Si allá arriba, en la montaña, no había orden, cualquiera podía —debía— imponerlo.

La palabra misma quedó marcada. La homologación de la noción de comuna con la zona norte de Medellín, y de esa zona norte con la violencia, el narcotráfico y el sicariato como algo connatural, es un producto de los años ochenta y noventa. Antes, comuna era simplemente una unidad administrativa; después, y hasta hoy, decir "las comunas" —así, en plural y sin adjetivo— significa en el habla nacional decir esto: las laderas norte de Medellín, los pelados sin futuro, los sicarios en moto, el peligro. Esa reducción semántica es, en sí misma, un hecho histórico. Le costó al territorio décadas de estigma y, al Estado, una coartada.

La sucesión de armas

Sobre el terreno ya descrito —autoconstruido, empobrecido, estigmatizado, con organizaciones capturadas por el clientelismo y una educación pública que cayó notablemente en cobertura y calidad durante más de veinte años a partir de comienzos de los ochenta— se produjo lo que puede llamarse una sucesión de actores armados. No fue una guerra continua ni un solo enemigo: fueron varios, con lógicas distintas, que aprendieron unos de otros.

Los primeros en entrar de manera sistemática fueron las milicias urbanas de inspiración guerrillera. El ELN, y en menor medida el M-19, tomaron la decisión estratégica de penetrar los barrios populares de la ciudad, y encontraron en el nororiente su principal campo de operaciones. Su método combinó primero el terror y luego la persuasión: sembrar miedo, aparecer como orden alternativo, negociar con las pandillas y combos locales, incorporarlos a filas propias. De ese impulso surgieron organizaciones con nombre y estructura: las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, las Milicias Populares de Vigilancia y Acción, entre otras. Muchos de sus cuadros venían de iniciativas vinculadas al ELN, pero con el tiempo se distanciaron del tronco original y se convirtieron en lo que el sociólogo Jorge Giraldo ha llamado organizaciones híbridas: entidades donde se conjugan narrativas y prácticas criminales y políticas, sin ser ya guerrilla propiamente dicha ni delincuencia común.

En paralelo, desde principios de los ochenta, los barrios del nororiente empezaron a poblarse de otra figura: el sicario. El cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar Gaviria, encontró en las laderas norte una cantera inagotable de jóvenes disponibles para el trabajo violento y, más tarde, un escenario de su guerra abierta contra el Estado colombiano durante la primera mitad de los años noventa. La primera oficina de cobro creada por Escobar operó cerca de Envigado, en el sur del valle, como centro de coordinación de sicarios y guardaespaldas; buena parte de la violencia miscelánea del narcotráfico se dirigía desde allí. Pero la mano de obra subía de la montaña. La combinación de pésima educación, desempleo, pobreza y ausencia de respuesta estatal produjo altas tasas de criminalidad y prostitución en Antioquia, sin que hubiera dispositivos públicos capaces de contener ese deterioro.

En los años noventa, milicias, combos y estructuras de sicariato se entreveraron en las mismas laderas, disputando calles y cuadras. La violencia urbana de Medellín alcanzó en ese decenio niveles que hicieron de la ciudad, durante varios años, la más letal del mundo, y el nororiente fue su principal escenario. La entrada posterior de estructuras paramilitares, en el tránsito al nuevo siglo, siguió el mismo libreto que habían inaugurado las milicias: terror primero, negociación después, incorporación de combos locales al proyecto armado. La cooptación de las cooperativas Convivir —autorizadas legalmente para prestar seguridad privada y para portar armas— jugó un papel clave en esa fase. Los informes de la Contraloría y de la Procuraduría de finales de los años noventa dejaron consignado que la supervisión estatal sobre las Convivir fue mínima: de las cooperativas que llevaban más de dos años operando, ninguna tenía al día la renovación de su permiso; existía registro de apenas quince visitas de autoridades a más de cuatrocientas cooperativas; y a un porcentaje bajísimo de sus integrantes se les había verificado antecedentes. Ese laxo perímetro legal fue la puerta por la que armas legales terminaron en manos ilegales, con complicidad de miembros de la Fuerza Pública, varios de los cuales fueron condenados posteriormente por la justicia colombiana.

Hasta 2002, además, el mapa institucional de seguridad de la ciudad tenía huecos elocuentes. La Comuna 13, al occidente, no tenía siquiera estación de policía propia: la más cercana estaba en Belén. El nororiente, más denso y más poblado, contó con una presencia institucional intermitente y desigual, insuficiente para nombrar lo que allí pasaba y muy insuficiente para intervenirlo con criterio civil. En ese vacío, y sobre el andamiaje ya descrito de organizaciones capturadas y milicias híbridas, la sucesión armada encontró su fórmula.

La guerra de los dos mil y el desplazamiento intraurbano

El primer lustro de los dos mil fue el más denso. Con la ofensiva paramilitar en curso, la respuesta militar del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las estructuras del narcotráfico reconfigurándose, el nororiente vivió una guerra de baja visibilidad pública pero altísima intensidad territorial. Una de sus modalidades más brutales fue el desplazamiento intraurbano: familias enteras obligadas a abandonar sus casas dentro de la misma ciudad, subiendo o bajando de un barrio a otro para escapar del control armado. En la Comuna 13, el fenómeno quedó especialmente documentado, con desalojos forzados de viviendas por no pagar vacunas de "seguridad" a los paramilitares; el patrón se replicó en el nororiente. A esa modalidad se sumaron el reclutamiento de menores y los ajustes de cuentas, prácticas que no se extinguieron con la desmovilización paramilitar y que perpetuaron el desplazamiento como forma normalizada de gobierno del territorio.

El proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, desmovilizó cerca de treinta mil combatientes a cambio de una pena máxima de ocho años condicionada a verdad, colaboración y reparación. En Medellín, la desmovilización tuvo su expresión más visible en la figura de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, que había ejercido durante años un control casi hegemónico sobre buena parte de las estructuras armadas urbanas. En julio de 2008, el gobierno lo extraditó a Estados Unidos junto a la mayoría de los jefes paramilitares, por considerar que no colaboraban con la justicia y seguían delinquiendo, requeridos allá por narcotráfico. Esa extradición desmontó cadenas de mando y abrió, en las semanas y meses siguientes, una recomposición violenta del mapa criminal medellinense.

Las comunas 8 y 9, aledañas al nororiente y con historia superpuesta con barrios como La Sierra y La Cruz, se reactivaron entonces como zona de tensión, con lealtades divididas entre Los Urabeños y la facción de Envigado de Los Paisas, que a su vez sostenían relaciones con la Resistencia de Rastrojos en Segovia y Remedios, en el Nordeste antioqueño. La imagen que interesa retener es esta: la desmovilización no fue el fin de la implantación armada en el nororiente, sino su reestructuración. Los combos siguieron; los nombres cambiaron; las fronteras invisibles se redibujaron.

El giro: cables, bibliotecas y urbanismo social

Entre 2002 y 2004 confluyeron dos procesos que, mirados por separado, parecen incompatibles y que sin embargo definieron el paso siguiente de la ciudad. Por un lado, la ofensiva estatal contra las estructuras armadas urbanas —de la que la Operación Orión en la Comuna 13, en octubre de 2002, fue el gesto más visible— y la posterior negociación de Justicia y Paz recompusieron por la fuerza el control territorial en las laderas. Por otro, la elección de Sergio Fajardo en octubre de 2003, con posesión en enero de 2004, llevó al gobierno municipal a un movimiento cívico ajeno a los partidos tradicionales, que trajo consigo un lenguaje nuevo sobre la periferia y una decisión política de invertir el eje del gasto público hacia las comunas populares. Entre esos dos tiempos —el militar y el urbanístico— se articula el ciclo que sigue.

Es en medio de ese ciclo, y en tensión visible con él, que aparece lo que se ha llamado el urbanismo social. Su antecedente más lejano está en el propio Metro de Medellín, cuya planificación arrancó en 1979 —en pleno ascenso de la violencia— y que abrió al servicio en 1995, en el peor momento urbano de la ciudad, convirtiéndose casi de inmediato en fuente de orgullo cívico y nacional. Pero la aplicación explícita del urbanismo social como política dirigida al nororiente pertenece a la primera década del siglo, bajo las alcaldías de Sergio Fajardo y su continuador Alonso Salazar —este último, autor previo de una investigación pionera sobre el sicariato de los ochenta, No nacimos pa' semilla—, y en articulación con la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá.

La pieza más simbólica fue el Metrocable, la primera red de cables aéreos del mundo integrada sin costura a un sistema de metro urbano. Otras ciudades habían tenido cables antes —Caracas, La Paz, Río de Janeiro— pero como sistemas individuales; Medellín los volvió transporte público masivo, articulado. La línea que sube al barrio Santo Domingo, en el corazón del nororiente, conectó por primera vez la ladera con el sistema central de la ciudad y redujo a minutos un trayecto que había sido durante décadas una barrera física. En 2008 entró en operación una segunda línea para servir a otra ladera del valle. En Santo Domingo se construyó, además, el Parque Biblioteca España, financiado originalmente por el gobierno español y diseñado como pieza arquitectónica de firma, tres bloques negros posados sobre la pendiente. Alrededor se levantaron escuelas, colegios de calidad, centros de desarrollo empresarial, parques, canchas. El plan Medellín tiene Norte buscó, explícitamente, remediar el déficit histórico de inversión física y social acumulado en la zona; ya en los años noventa la Consejería Presidencial había intervenido en toda la ciudad, pero privilegiando una acción integral sobre el nororiente.

Ese giro merece ser leído sin épica y sin cinismo. Sin épica, porque no clausuró la violencia: las estructuras posdesmovilización siguieron operando sobre las mismas cuadras donde se inauguraban parques, y los desplazamientos intraurbanos continuaron. La estética del cambio corrió por encima de un tejido criminal que no fue desmantelado, apenas reencuadrado. Pero sin cinismo tampoco, porque la inversión física fue real: transformó condiciones de movilidad, acceso a bienes públicos, tiempos de desplazamiento y percepciones internas de dignidad territorial que la autogestión barrial jamás pudo proveer por sí sola. El nororiente ganó infraestructura que no tenía. Que la haya ganado a la vez que seguía perdiendo hijos en la guerra de los combos es una contradicción que la ciudad no ha resuelto y que forma parte, hoy, del debate público sobre el llamado milagro Medellín.

Personas que nombran el territorio

La historia del nororiente pasa también por biografías, y por el modo en que unas cuantas trayectorias personales terminaron condensando el sentido del territorio para quienes lo miran desde afuera y para quienes lo habitan. Héctor Abad Gómez, médico salubrista y profesor de la Universidad de Antioquia, dedicó décadas a llevar la salud pública a los barrios altos de Medellín, en un país donde ese tipo de trabajo no aparecía en los cálculos electorales; fue asesinado en agosto de 1987, en el mismo ciclo en que caían sindicalistas, defensores y militantes de izquierda por toda Antioquia, y su muerte fijó simbólicamente el punto en el que la ciudad empezó a devorar a sus propios reformadores. Su hijo, Héctor Abad Faciolince, prolongaría después la memoria pública de esa figura en El olvido que seremos, un libro que restituyó al padre a un lugar en el imaginario nacional que la violencia le había arrebatado.

Jesús Abad Colorado, formado en la observación paciente del conflicto colombiano, produjo desde los años noventa un archivo fotográfico insustituible sobre la violencia y la resistencia en Antioquia. Sus imágenes de las laderas medellinenses —velorios, procesiones, marchas de mujeres con retratos en alto, muros con nombres pintados— fueron durante mucho tiempo el único registro visual con el que el resto del país pudo mirar el nororiente sin la mediación morbosa del noticiero. Ese trabajo dio nombre y rostro a víctimas que la crónica policial reducía a cifra, y ayudó a que la memoria del territorio se contara desde adentro.

Ana Fabricia Córdoba, lideresa afrocolombiana desplazada del Urabá y asentada con su familia en los barrios altos de Medellín, hizo del reclamo por la vida en la ciudad receptora su causa hasta que fue asesinada en Medellín en junio de 2011, dentro de un bus, en pleno recorrido urbano. Había denunciado repetidas amenazas y advertido que la seguían. Su nombre organiza hoy una parte importante de las iniciativas de memoria del nororiente y de la Comuna 8, y marca la continuidad —no la clausura— del ciclo de asesinatos de liderazgos populares que atraviesa toda la historia reciente del territorio.

En el otro extremo del espectro, Pablo Escobar Gaviria ordenó una parte central del imaginario del nororiente sin haber vivido en él, porque las laderas norte fueron la cantera humana de su guerra y siguen siendo, tres décadas después de su muerte en diciembre de 1993, el escenario que la industria audiovisual internacional escoge para contarlo. Diego Fernando Murillo Bejarano, Don Berna, representó ya en los dos mil la fase de ordenamiento paramilitar del mismo mapa, con un mando que durante años combinó negocio criminal, gestión del delito común y participación en la desmovilización de Justicia y Paz, hasta su extradición en 2008.

Sergio Fajardo, matemático y alcalde de Medellín entre 2004 y 2007, y Alonso Salazar, su sucesor entre 2008 y 2011, fueron los rostros políticos del urbanismo social; Salazar sumó a esa responsabilidad la de haber sido, antes, uno de los primeros investigadores en escuchar y transcribir la voz de los sicarios adolescentes de los ochenta. Las alcaldías posteriores —incluida la de Federico Gutiérrez, más volcada a un discurso de seguridad— muestran que la disputa por cómo intervenir el nororiente sigue abierta, y que el consenso alrededor del urbanismo social nunca fue tan sólido como sugirió su promoción internacional.

Memoria y disputa sobre el nombre

Lo último es el terreno más vivo. La Comuna Nororiental es hoy uno de los focos más activos de trabajo de memoria del país. Movimientos de víctimas, organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y colectivos culturales han desplegado en sus barrios un repertorio amplio de iniciativas —conmemoraciones, murales, recorridos, archivos comunitarios, casas de memoria— que buscan a la vez dignificar la memoria de las víctimas, sensibilizar al resto de la sociedad y disputar la asociación automática entre nororiente y peligro. El eje declarado de esas iniciativas es doble: la lucha contra la impunidad y la dignificación de la memoria.

Buena parte de ese trabajo lo sostienen mujeres. Madres de jóvenes asesinados, de desaparecidos, de desplazados forzados dentro de la propia ciudad, han organizado marchas, plantones y ejercicios de documentación que reconstruyen barrio por barrio los años más duros. En los muros de Santo Domingo, Popular, Manrique y Aranjuez se leen nombres propios, fechas, retratos pintados a mano: cada uno es una disputa contra la reducción del territorio a estadística.

El arte ha jugado un papel especialmente concreto. La danza, en particular, ha operado en los últimos años como herramienta de resistencia cultural y de prevención del reclutamiento forzado de jóvenes, en un grado que sorprende por su literalidad: gestores culturales del territorio han negociado directamente con actores armados para proteger de las filas a los jóvenes vinculados a sus procesos. Que un profesor de danza deba sentarse a hablar con un combo para que no se lleve a sus alumnos resume mejor que cualquier estadística el modo en que se gobierna, aún hoy, la vida en algunas cuadras del nororiente. Al lado de la danza aparecen el hip hop, el muralismo, el teatro comunitario, la radio barrial y los recorridos guiados por los propios habitantes, formatos todos que le disputan al lenguaje del noticiero y al del turismo el derecho a contar la ladera.

La disputa sobre el nombre sigue. Las cuatro comunas del norte-oriente son, según quién hable, el escenario de la peor violencia urbana de la historia colombiana reciente, la sede simbólica del renacimiento cívico de Medellín, la vitrina turística del cable y la biblioteca, o el laboratorio de una autoconstrucción popular que no ha dejado de gestionar su propio territorio. Todas esas afirmaciones son verdaderas y ninguna, por sí sola, es suficiente. Lo que las une es que la Comuna Nororiental no fue nunca un margen pasivo esperando la llegada del Estado. Fue una ciudad producida desde abajo, sobre una pendiente, por personas que huían de otra guerra; una ciudad que se organizó y que fue capturada; que fue disputada por armas de signos distintos y sucesivos; que fue objeto tardío de una política pública ambiciosa pero incompleta; y que, con todo, sigue nombrándose a sí misma, cada tanto, por encima del nombre que otros le pusieron desde afuera.