La dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957)

La dictadura de Gustavo Rojas Pinilla

El 13 de junio de 1953, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, comandante de las Fuerzas Militares, depuso al gobierno de Roberto Urdaneta Arbeláez —que ejercía el poder mientras Laureano Gómez convalecía— en una operación que la élite política celebró con entusiasmo casi unánime. Cuatro años menos un mes después, el 10 de mayo de 1957, ese mismo hombre entregaba el mando a una Junta Militar de cinco generales, empujado por una coalición civil que reunía a liberales, conservadores, la Iglesia, los gremios industriales y buena parte de la prensa. Entre esas dos fechas ocurrió el único experimento militar prolongado del siglo XX colombiano: un régimen que en su primer año pacificó los Llanos con una amnistía masiva, en el segundo lanzó bombarderos sobre Villarrica, en el tercero fundó una federación laboral propia y se proclamó heredero de Juan Perón, y en el cuarto intentó reelegirse contra el consenso bipartidista que lo había ungido. La pregunta sobre qué fue ese régimen —populismo militar, bonapartismo abortado, "dictablanda" desarrollista— no es escolástica: es la vía de acceso a un problema mayor, el de la excepcionalidad colombiana en un continente que entre 1930 y 1960 vivió su ciclo populista de masas mientras Colombia lo esquivaba.

La pregunta y por qué importa

Argentina tuvo a Perón entre 1946 y 1955. Brasil tuvo a Vargas entre 1930 y 1954. México tuvo al cardenismo. Bolivia, la revolución del 52. Venezuela pasó por Pérez Jiménez y por el trienio adeco. En ese mapa, Colombia aparece como una anomalía: su único gobierno militar en el siglo XX duró apenas cuatro años, no dejó partido de masas comparable y fue derrocado no por otro cuartelazo ni por un levantamiento popular, sino por un pacto firmado en un balneario español entre los dos hombres que representaban a las oligarquías liberal y conservadora. Rojas intentó armar su propio movimiento —la Tercera Fuerza, el SENDAS de su hija María Eugenia, una federación laboral que competiría con las federaciones católica y liberal—, y ese intento coincidió exactamente con el momento en que perdió el poder.

Responder qué régimen fue Rojas obliga a explicar por qué Colombia no tuvo peronismo. Y esa segunda pregunta importa porque de ella depende comprender la fisonomía posterior del sistema político: el Frente Nacional (1958-1974), la debilidad crónica de la izquierda electoral, la longevidad del bipartidismo y la vía por la cual las demandas sociales que en otros países se canalizaron por el populismo, en Colombia derivaron hacia la insurgencia armada. Detrás de la caída de Rojas está la pregunta de cómo funcionan las élites colombianas cuando algo amenaza su duopolio.

Los términos del debate

Tres lecturas circulan sobre el régimen del 13 de junio, y ninguna es enteramente falsa.

La primera lo llama populismo militar tercerista y sitúa a Rojas en la familia latinoamericana de Perón y Vargas: un militar que apela a las clases populares por encima de las élites partidistas, construye organismos de asistencia social vinculados a la figura carismática (Eva Perón, María Eugenia Rojas), crea una federación laboral propia para disputarle el movimiento obrero a los partidos tradicionales y ensaya una fórmula que Rojas mismo sintetizó en la consigna "Colombia por encima de los partidos". Robert Dix registró tempranamente las similitudes entre rojismo y peronismo; el propio Rojas hizo pública su afinidad con Perón hacia finales de 1954, y la ANAPO —el partido que fundaría tras el exilio— compitió por la presidencia en 1970 con base en la memoria de este período.

La segunda lectura lo denomina bonapartismo: un régimen que aparece cuando las clases dirigentes tradicionales están momentáneamente empatadas o paralizadas —el conservatismo se había partido entre laureanistas y ospinistas, el liberalismo estaba proscrito y con guerrillas en armas— y delegan el poder en una figura militar que promete restaurar el orden por encima de la disputa. Rojas no habría sido, en esta clave, un líder popular emergente sino un árbitro invitado, y su populismo tardío fue el intento —fallido— de emanciparse de quienes lo habían llamado a gobernar. El bonapartismo, por definición, es transitorio: dura mientras las élites lo necesitan.

La tercera lectura, más benévola, habla de "dictablanda" desarrollista o autoritarismo modernizador. Señala que entre 1953 y 1956 los salarios reales crecieron a una de las tasas más rápidas del siglo, que se construyeron carreteras, centros de salud y vivienda popular, que se creó el Banco Cafetero (decreto 2314 de septiembre de 1953), se amplió la Caja Agraria (decreto 451 de marzo de 1956), se autorizó al Banco Ganadero para banca comercial (decreto 921 de abril de 1956), y que la represión, aunque real, fue selectiva y jamás sistemática al estilo de las dictaduras del Cono Sur de los setenta. Rojas habría sido, en esta óptica, un modernizador incompleto que reformó la economía agraria y golpeó a la vieja política sin destruirla.

Cada lectura toca una zona verdadera del régimen. Ninguna, por sí sola, explica su curva completa: por qué comenzó con consenso, por qué a los dos años se le voltearon los mismos que lo habían aplaudido y por qué su intento de construir base propia coincidió con —y precipitó— su derrocamiento.

Cómo se construyó y cómo se deshizo el consenso

El gobierno de Laureano Gómez (1950-1953), continuado por Urdaneta durante los meses de convalecencia del titular, había llevado la violencia política a su clímax. El Partido Liberal estaba proscrito de facto; el estado de sitio, vigente desde 1949, no se levantaba; una Comisión de Estudios Constitucionales trabajaba desde mayo de 1952 en un proyecto de reforma corporativista de inspiración franquista que suprimía la libertad de crítica, eliminaba el derecho de oposición y consideraba la prensa como servicio público. El 6 de septiembre de 1952, militantes conservadores y policías de civil incendiaron las sedes de El Tiempo y El Espectador y las casas de Carlos Lleras Restrepo y, presumiblemente, Alfonso López Pumarejo. En los Llanos, en el occidente antioqueño y en la zona cafetera, las guerrillas liberales crecían. Belalcázar (Cauca) sumaba 112 muertos en una sola masacre. Dentro del conservatismo, la fractura entre ospinistas y laureanistas era abierta.

En ese cuadro, el golpe del 13 de junio no fue una irrupción militar contra el orden civil: fue el orden civil —o una parte considerable de él— buscando salida por vía militar. Rojas tenía lazos fuertes con el ospinismo y popularidad dentro de las fuerzas armadas. La Asamblea Nacional Constituyente lo legitimó mediante el Acto Legislativo N° 1 de 1953, reconociéndole el derecho a completar el período constitucional. Su alocución fundacional —"No más depredaciones, no más sangre"— prometía paz, justicia y atención a los sectores pobres, no revolución.

La primera fase respondió a esa promesa. La fuerza aérea sobrevoló los bastiones guerrilleros de los Llanos, Antioquia y Tolima lanzando volantes firmados por el ministro de guerra Alfredo Duarte Blum con las garantías de amnistía. Entre julio y septiembre de 1953, más de diez mil guerrilleros aceptaron los términos. Entre agosto y octubre entregaron armas el grueso de las guerrillas llaneras. A finales de ese año, trabajadores de reasentamiento habían ayudado a casi cinco mil desplazados a regresar a sus tierras y asistido a más de treinta mil en Bogotá y otras ciudades. Fue la pacificación más rápida y más amplia de la Violencia, y su éxito inicial explica la luna de miel del régimen con casi todos los actores relevantes: liberales que veían levantarse la proscripción, conservadores ospinistas que celebraban la caída de Gómez, la Iglesia que respaldaba el orden restaurado, la prensa que volvía a circular.

El punto de inflexión llegó pronto. El 8 y 9 de junio de 1954 —a un año exacto del golpe— murieron trece estudiantes universitarios en Bogotá, entre ellos Uriel Gutiérrez, en las primeras protestas urbanas antigubernamentales desde el 9 de abril de 1948. La matanza no derribó al régimen, pero abrió una grieta en la opinión urbana que ya no volvería a cerrarse. Ese mismo mes, Rojas firmó un decreto que indultaba a presos por delitos cometidos en "extralimitación en el apoyo o adhesión al gobierno", gesto conciliatorio hacia los laureanistas que confirmaba su búsqueda de una base política más ancha.

A principios de 1955, ante la persistencia de núcleos armados de orientación comunista, el régimen declaró zona de operaciones militares a la región de Villarrica y desplegó, según el testimonio del general Matallana, unos cuatro mil hombres, artillería y más de cincuenta aviones. La operación no derrotó la resistencia campesina: la desplazó. Los combatientes se retiraron hacia territorios marginales que pronto serían declarados, a su vez, zonas de operaciones. Chispas —Teófilo Rojas— y otros excombatientes de la amnistía reencontraron sin dificultad reclutas convencidos de que la paz había sido una trampa. Los pájaros del Quindío, lejos de ser desmantelados, ampliaron sus operaciones bajo el régimen militar. La segunda ola de la Violencia había comenzado, y con ella el fracaso de la única promesa realmente compartida por todos los sectores que apoyaron el golpe.

Simultáneamente, el régimen iba armando su propia estructura política. El SENDAS —Secretariado Nacional de Asistencia Social— quedó bajo la dirección de María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, que repartió víveres en los barrios tuguriales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, distribuyó ropa, juguetes navideños y atención a ancianos. La institución otorgó préstamos a campesinos de los Llanos por 7,4 millones de pesos, y en otras regiones 16,6 millones a 11.700 personas; en Bogotá, 18.500 personas recibieron alguna forma de asistencia. La analogía con la Fundación Eva Perón la hicieron los propios contemporáneos, y la historiografía la ha ratificado. Hacia finales de 1954 el régimen hizo pública su identificación con el peronismo y creó una federación laboral propia para competir con la UTC —vinculada a la Iglesia Católica— y con la CTC, ligada al liberalismo. Ese fue el momento en que el régimen dejó de ser interpretado como árbitro y comenzó a ser leído como amenaza.

Los indicios del vuelco son múltiples y convergentes. El palacio cardenalicio recibió mal la identificación con Perón, cuyo régimen argentino colapsaba en 1955 en abierto conflicto con la Iglesia. La prensa estadounidense y los organismos multilaterales de crédito hicieron lo propio. El Tiempo, El Espectador y El Siglo fueron cerrados en el marco de la campaña de prensa contra el régimen; los dos primeros reaparecieron en 1956 como Intermedio y El Independiente, en circulación hasta 1958. La política agraria, con sus créditos y sus decretos bancarios, había disgustado a los grandes capitalistas industriales, bancarios y comerciales, que se sentían desplazados por un gobierno demasiado atento al campo y demasiado indiferente a sus preferencias. Desde 1954-1955, el precio del café comenzó a caer, reduciendo las divisas; en 1956, Colombia gastó 100 millones de dólares —la sexta parte de sus importaciones— en productos agrícolas. La deuda comercial vencida al final del régimen —facturas, servicios, dividendos y regalías a firmas extranjeras— rondaba los 500 millones de dólares. El déficit fiscal, que la Junta Militar heredaría, sumaba 80 millones de pesos del año anterior y crecía a razón de 15 millones mensuales en 1957.

El 24 de julio de 1956, en Benidorm, España, donde Laureano Gómez vivía exiliado, el liberal Alberto Lleras Camargo firmó con él un pacto que proponía el regreso a la normalidad jurídica y la posibilidad de gobiernos bipartidistas. Era, formalmente, un acuerdo entre dos hombres; en la práctica, la reunificación del bloque de poder tradicional que Rojas había intentado desplazar. En marzo de 1957, la ANAC reorganizada por el régimen intentó elegir a Rojas para un nuevo mandato hasta 1962. Para entonces, el régimen contaba solo con burocracias militares y civiles, funcionarios conservadores y unos pocos políticos socialistas. Gremios, prensa, intelectuales, jerarquía eclesiástica y direcciones partidistas estaban en contra. El 10 de mayo, tras semanas de huelga cívica, Rojas entregó el mando a una Junta Militar de cinco generales —Gabriel París Gordillo, Rafael Navas Pardo, Deogracias Fonseca y otros—, que gobernó de transición hasta el plebiscito del 1 de diciembre de 1957. Ese plebiscito, que aprobó el Frente Nacional con 4.169.294 votos a favor y 206.864 en contra (81,93% de participación), fue también la primera vez que las mujeres colombianas ejercieron el voto, reconocido formalmente en 1954 bajo el mismo régimen que ahora sepultaban.

La respuesta

El régimen de Rojas Pinilla fue, en su origen y en su forma dominante, un bonapartismo delegado: una intervención militar que las élites bipartidistas y la Iglesia patrocinaron para salir del callejón sin salida al que Laureano Gómez había llevado al país. Nunca fue populismo consumado; fue populismo intentado y bloqueado. Los rasgos peronistas —el SENDAS, la federación laboral, la retórica del "hombre común", la identificación pública con Perón— aparecen tardíamente, entre finales de 1954 y 1955, y precisamente porque aparecen, se cierra la ventana. La tesis se sostiene sobre la coincidencia temporal más elocuente del período: Rojas cae cuando intenta dejar de ser árbitro y volverse fundador.

Esta respuesta requiere una precisión que la historiografía no siempre hace. El bloque bipartidista no derrocó a Rojas contra la voluntad de un régimen exitoso; lo derrocó cuando el régimen ya se había debilitado por su cuenta. La segunda ola de Violencia, iniciada por el incumplimiento de los compromisos con los desmovilizados y agravada por la ofensiva de Villarrica en 1955, había vaciado la promesa fundacional de paz. La caída del precio del café desde 1954-1955 y la acumulación de deuda comercial estrangulaban la política agraria. La matanza estudiantil de junio de 1954 había erosionado la legitimidad urbana antes de Benidorm. Rojas no fue derribado por una oposición que atacó a un régimen fuerte: fue derribado por una oposición que se coordinó cuando el régimen ya se agotaba.

Lo decisivo, entonces, no es que las élites hayan sido más poderosas que Rojas. Es que Colombia disponía de dos aparatos previos —el bipartidismo histórico y la red sindical católica encarnada en la UTC, creada bajo patrocinio eclesiástico y ya con 547 sindicatos en 1956 frente a los 471 de la CTC en 1947— que ocupaban de antemano el terreno donde el peronismo y el varguismo habían podido crecer. Perón encontró un movimiento obrero disponible y una Iglesia manejable; Rojas encontró una Iglesia que controlaba la vía sindical desde 1946 —FANAL en el agro, UTC en la industria— como instrumento anticomunista, y una prensa cuyas cabezas —El Tiempo, El Espectador, El Siglo— eran propiedad familiar de las mismas oligarquías bipartidistas que él quería desplazar. La vía peronista no era solo políticamente difícil: era estructuralmente estrecha desde el primer día.

Aquí se ilumina la excepcionalidad colombiana. En el Cono Sur, el militarismo cíclico funcionó como recurso extremo de élites incapaces de contener por vía política a sus clases populares organizadas. En Colombia, el bipartidismo cumplió la función que en Argentina cumplían las Fuerzas Armadas: subcontratar y revocar autoritarismos según su utilidad, sin dejar de ser el sujeto último del poder. El Frente Nacional lo puso por escrito. Los pactos de Benidorm (1956) y Sitges (1957) fueron elevados a rango constitucional mediante plebiscito, con alternación presidencial obligada entre liberales y conservadores durante dieciséis años, paridad burocrática en toda la administración y requisito de mayoría de dos terceras partes en las corporaciones públicas. Terceras fuerzas quedaron formalmente excluidas del acceso al poder ejecutivo. La reforma de 1968 prolongó la paridad de cargos no adscritos a carrera administrativa hasta el 7 de agosto de 1978. No fue una respuesta coyuntural al rojismo: fue el rediseño institucional del régimen para que ningún actor externo al duopolio pudiera repetir el intento. La idea, además, no era nueva —López Pumarejo la había propuesto en 1946, y antecedentes de gobierno compartido existían desde la Unión Republicana de 1910 y el gobierno de Enrique Olaya Herrera en 1930—: el Frente Nacional activó una capacidad estructural del bipartidismo colombiano para cerrar el sistema.

De ahí que las lecturas parciales sean, cada una, correctas dentro de su alcance. Sí, el régimen tuvo rasgos populistas, verificables. Sí, fue desarrollista y modernizador: los salarios reales crecieron, la infraestructura avanzó, la banca agraria se fortaleció. Sí, fue represivo: Villarrica, la matanza estudiantil, el cierre de periódicos, la persecución al comunismo lo demuestran. Pero la lógica que ordena estos rasgos dispersos es la de un bonapartismo que no logró autonomizarse. Rojas fue populismo abortado y bonapartismo revocado, y esa doble condición —haber intentado ambas cosas sin poder consumar ninguna— es lo que hace de su régimen un caso único en el continente.

Lo que queda abierto

Persisten flancos que la evidencia no cierra del todo, y conviene decirlos con la misma sobriedad con que se afirma lo demás.

No está claro cuánto de la coalición civil que apoyó el golpe del 13 de junio compartía el diseño estratégico de un "árbitro revocable", y cuánto simplemente celebró la salida de Laureano Gómez sin cálculo de más largo plazo. La distinción importa: en la primera hipótesis, las élites actuaron con una racionalidad de bloque; en la segunda, la revocación de 1957 fue una construcción improvisada que solo en retrospectiva parece premeditada.

Tampoco es evidente el peso relativo de las causas endógenas y exógenas en la caída. Ambas convergen, pero la ponderación exacta —cuánto pesó la crisis fiscal frente a la reunificación bipartidista, cuánto la matanza estudiantil frente a la caída del precio del café— sigue en disputa. Un régimen sin Benidorm, ¿habría caído por agotamiento propio? Un régimen sin crisis cafetera y sin Villarrica, ¿habría resistido a Benidorm? Las respuestas dependen de decisiones interpretativas que el material no fuerza en una sola dirección.

Queda abierto, por último, si el proyecto rojista fue verdaderamente un populismo en el sentido fuerte del término —con vocación redistributiva y de reorganización del bloque social— o si fue apenas una estrategia de legitimación con instrumentos de asistencia social. El SENDAS repartió víveres y créditos; no está establecido que haya alterado la estructura de propiedad, y en los Llanos, señaladamente, los campesinos que apoyaron la insurrección liberal no obtuvieron beneficio alguno tras la amnistía, mientras los grandes terratenientes consolidaron su posición. Si el populismo de Rojas fue apenas retórica y asistencia, entonces el bipartidismo no reaccionó contra un desafío real sino contra un desafío potencial: bloqueó una vía antes de que se convirtiera en camino. Esa hipótesis, más incómoda, explicaría por qué la reacción fue tan desproporcionada respecto a los logros efectivos del régimen; y también por qué, después de 1957, las demandas que el rojismo no alcanzó a canalizar se abrieron paso por vías que ni él ni el Frente Nacional habían previsto.

La ANAPO —que llevaría a Rojas a disputarle la presidencia a Misael Pastrana en 1970— y las guerrillas comunistas nacidas de Villarrica son las dos herencias divergentes de esta ventana que se abrió y se cerró en cuatro años. Comprender el 13 de junio de 1953 y el 10 de mayo de 1957 no es solo entender un régimen breve: es entender por qué Colombia, cuando llegó su ciclo populista, lo tuvo por delegación, lo interrumpió por consenso y prefirió inscribir en la Constitución la exclusión de cualquier tercer actor antes que arriesgarse a repetir el experimento.