La Violencia en Colombia (1962–1964)

La Violencia en Colombia

En dos tomos publicados por Tercer Mundo Editores en Bogotá —el primero en 1962, el segundo en 1964—, el sacerdote Germán Guzmán Campos, el sociólogo Orlando Fals Borda y el abogado Eduardo Umaña Luna entregaron al país La violencia en Colombia. Estudio de un proceso social, la primera investigación sistemática sobre el conflicto bipartidista que había desangrado el campo colombiano desde finales de los años cuarenta. Catalogado como Monografía N° 12 de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, el libro fue mucho más que un balance académico: al nombrar responsabilidades que el pacto del Frente Nacional había preferido callar, se convirtió a la vez en escándalo público, en acta de nacimiento de una sociología nacional con vocación crítica y en el documento que fijó por décadas los términos con los que Colombia se pensaría a sí misma en su relación con la violencia política.

El silencio del Frente Nacional y el país por explicar

Cuando Alberto Lleras Camargo asumió la presidencia en 1958 como primer mandatario del Frente Nacional, el acuerdo bipartidista firmado en el Pacto de Benidorm el 24 de julio de 1956 entre él mismo y Laureano Gómez sellaba una paz política sobre una condición implícita: no revolver el pasado. El personal dirigente que llegaba al poder provenía del mismo fondo de jefes y lugartenientes que habían protagonizado, o al menos consentido, la década anterior de degollinas rurales. Sobre las responsabilidades no se hablaba; la elocuencia se reservaba para las tareas por venir. La paz partidaria prevaleció sobre la verdad y sobre la justicia.

Ese silencio contrastaba con la magnitud material del fenómeno. La Violencia había afectado zonas rurales de trece de los diecisiete departamentos del país, con epicentros en trescientos dos municipios —cifras que el trabajo de Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna terminaría de precisar—. En septiembre de 1958, Lleras Camargo creó una Comisión Especial de Rehabilitación para atender a los damnificados y reparar los estragos rurales, y ese mismo año la Junta Militar de Gobierno que había precedido al mandatario liberal nombró la Comisión Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia, encargada de visitar las regiones afectadas y constatar los problemas y necesidades de sus habitantes. Ambas iniciativas asumían el conflicto como asunto administrativo y humanitario, no como problema de responsabilidades históricas. Se reparaban techos y cultivos, no reputaciones ni cadenas de mando; se cuantificaban damnificados, no responsables.

La literatura disponible tampoco alcanzaba a llenar el vacío. Existían novelas escritas en los primeros años del conflicto —abiertamente polémicas, tendientes a la posición liberal, algunas basadas en experiencias directas de sus autores— con virtudes testimoniales innegables: retrataban la tragedia en términos humanos concretos y a veces mezclaban ficción y documento incluyendo fotografías de los hechos que narraban. Pero la producción analítica seguía siendo escuálida: artículos ocasionales en revistas y periódicos, y unas pocas contribuciones más elaboradas de autores como Daniel Valois Arce, Gonzalo Canal Ramírez o Jaime Posada a mediados de los cincuenta, o los ensayos de Roberto Urdaneta, Belisario Betancur y Mario Laserna a comienzos de los sesenta, estos últimos incluidos como capítulos en obras más amplias sobre la realidad nacional. Del lado conservador, la etiología que atribuía la Violencia al comunismo tenía escasa acogida fuera de Colombia: olía a paranoia de Guerra Fría y contradecía la modesta influencia real que el comunismo tenía en la vida del país.

Faltaba la interpretación sistemática. La Violencia como clave sociológica —usada, además, para explicar al campesinado sin remontar la mirada hacia los partidos, la Iglesia o el Estado— era la puerta que el régimen dejaba entreabierta. Los autores del libro decidieron cruzarla en sentido contrario.

Tres extranjeros dentro de la nación letrada

La obra fue posible por una alianza improbable. Ninguno de los tres autores encajaba en la figura convencional del intelectual público de la Colombia de mediados de siglo, y esa condición de outsiders converge en cada uno de manera distinta.

Germán Guzmán Campos era sacerdote —párroco de pueblo tolimense, como se lo recordaría con desprecio la prensa conservadora en 1962— y llegó al proyecto con lo más difícil de conseguir: un archivo. Su paso por la Comisión Investigadora de 1958 le había permitido reunir entrevistas, testimonios y documentos de campo sobre la violencia rural; también le había dado familiaridad con la disciplina sociológica, que la propia Comisión ya había incorporado como método. No era, pues, un cura ilustrado que se dejara instruir por los universitarios: era quien ponía sobre la mesa la materia prima empírica de la investigación. Fue Guzmán, además, quien en 1962 facilitó y acompañó a Fals Borda en su viaje formativo al Sumapaz, poniendo al académico bogotano en contacto directo con la Colombia rural marcada por el conflicto. La dirección del aprendizaje no siempre iba de la universidad hacia el campo: aquí fue, en gran medida, al revés.

Orlando Fals Borda venía del otro extremo del arco simbólico. Sociólogo formado en el exterior, protestante en un país de mayoría católica militante, cofundador junto a Camilo Torres Restrepo del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia en 1959, encarnaba la nueva sociología empírica que aspiraba a estudiar al país con herramientas modernas. Su condición confesional —que la prensa conservadora convertiría en arma— lo situaba ya en una posición de exterioridad respecto del establecimiento intelectual tradicional.

Eduardo Umaña Luna, abogado de filiación liberal, aportaba el ángulo jurídico y el temple crítico frente al orden institucional. Los tres compartían un rasgo decisivo: ninguno pertenecía al núcleo del poder político del Frente Nacional, y los tres estaban dispuestos a examinar con nombres propios lo que ese poder había convenido en no examinar.

El puente entre ellos pasaba por la Universidad Nacional y, muy especialmente, por la figura de Camilo Torres Restrepo. Regresado a Colombia en 1959 tras cursar posgrado en sociología en la Universidad de Lovaina, nombrado capellán de la Nacional y profesor del recién creado Departamento de Sociología, Torres ejerció una influencia intelectual y personal considerable sobre Guzmán durante el tiempo en que este circuló por la universidad. Guzmán tuvo allí la oportunidad de leer y discutir con los mejores practicantes de la disciplina en el país, y esa formación tardía y contigua explica que un párroco terminara coescribiendo la obra fundacional de la sociología colombiana.

La Facultad como plataforma frágil

El Departamento de Sociología de la Universidad Nacional era en 1962 una institución joven, más promesa que consolidación. Fundado apenas tres años antes, su currículo de tres años había sido aprobado por un pequeño grupo de trabajo —Fals Borda, Torres, Aníbal Quijano y Andrew Pearce— que operaba con las improvisaciones habituales de toda fundación reciente. La carrera empezaría a otorgar el título de licenciado en sociología con especialización en antropología social hacia 1963, y las primeras tituladas bajo esa modalidad egresaron en 1964, al tiempo que aparecía el segundo tomo del libro. La solidez institucional no era, todavía, un hecho consumado; era un pronóstico.

Buena parte del atractivo simbólico del Departamento descansaba en la presencia de Torres: sacerdote joven formado en Europa, profesor y capellán, figura pública inmediatamente reconocible. Ese atractivo se resquebrajó cuando Torres abandonó la capellanía a raíz de un sermón polémico en el que sugirió que los estudiantes revolucionarios muertos en combate iban al cielo. La Facultad se quedaba sin una de sus caras visibles justo cuando el libro entraba en imprenta. La coyuntura editorial y la fragilidad institucional coincidieron en el tiempo de un modo que resultaría decisivo para leer el efecto de la obra.

Es en este marco donde debe entenderse ese efecto: el libro no fue el producto de una plataforma establecida que ejercía su autoridad reconocida, sino la operación por medio de la cual esa plataforma se hizo reconocible. La Facultad de Sociología no lanzó La violencia en Colombia desde una posición consolidada; fue el libro el que consolidó la posición de la Facultad. La adscripción de la obra como Monografía N° 12 —numeración que sugiere una serie ya en curso— hizo pasar por institucional un gesto que, en rigor, estaba fundándose a sí mismo. El número de serie funcionaba como un préstamo sobre un capital simbólico que aún no existía y que solo el propio libro terminaría de constituir.

El libro y su método

La violencia en Colombia. Estudio de un proceso social apareció con la ambición que anuncia su subtítulo: no una crónica, no un alegato, sino la reconstrucción de un proceso. El tomo primero, publicado en 1962, se apoyaba sobre todo en el material empírico acumulado por Guzmán durante y después de su paso por la Comisión Investigadora: testimonios recogidos en las visitas a las zonas afectadas, documentos, entrevistas, correspondencia, materiales gráficos. El tomo segundo, en 1964, extendía y afinaba el análisis.

Lo que hacía distinta a la obra no era la denuncia —las novelas y los artículos periodísticos ya habían denunciado— sino el gesto de sistematizar. Los autores cuantificaban lo que hasta entonces había circulado en anécdota: la extensión geográfica del conflicto, el número de municipios afectados, la distribución departamental. Nombraban actores, describían modalidades del terror, tipificaban las cuadrillas y los patrones de las masacres. Y remontaban las líneas de responsabilidad hacia los partidos políticos y hacia las instituciones —incluida la Iglesia— que el discurso oficial del Frente Nacional prefería mantener fuera de foco.

Ese fue el escándalo. La Violencia, tal como el régimen la administraba, servía como clave sociológica para comprender al campesinado en abstracto; el libro la usaba, en cambio, para examinar las responsabilidades de la organización política, del Estado, de los partidos, de la Iglesia. Se pasaba del campesino como objeto de estudio a los partidos como objeto de estudio, y ese desplazamiento del foco era, en el marco del Frente Nacional, una operación cargada. La tipificación misma —clasificar cuadrillas, distinguir modalidades de masacre, jerarquizar responsabilidades— tenía consecuencias jurídicas y morales que ninguna cifra administrativa podía tener: describir un patrón es identificar un método, y un método supone autores. La forma sociológica de la obra contenía, sin necesidad de acusación explícita, el gesto acusatorio.

La prensa contra los autores: septiembre y octubre de 1962

La reacción no se hizo esperar. Entre mediados de septiembre y comienzos de octubre de 1962, la prensa conservadora convirtió a los autores en blanco de una campaña que fue subiendo de tono con los días. El silencio inicial de los aludidos —que optaron por no responder a los primeros ataques— probablemente contribuyó a que la agresión escalara.

Contra Guzmán, el arco recorrió en tres semanas la distancia que va del reproche eclesiástico a la deshumanización pura: de "sacerdote renegado" y "expárroco de pueblo tolimense" se pasó a "clérigo suelto", "clérigo rojo" y, en el paroxismo de comienzos de octubre, "Monstruo Guzmán". A Umaña Luna se lo intentó inscribir en el linaje francés de la impiedad ilustrada, adversario histórico del catolicismo hispanoamericano conservador: "abogado liberal incompetente", "librepensador extremista", "abogado volteriano y enciclopedista". Fals Borda fue atacado por otra vía: su condición de protestante. Algunos periódicos denunciaron "la mano protestante" en el supuesto mal uso de las fuentes, insinuando que la investigación era, en realidad, operación confesional foránea.

La composición del ataque revela con nitidez la lógica del adversario: al cura, apostasía; al abogado, herejía ilustrada; al sociólogo, extranjería religiosa. A cada autor se le imputó una traición específica al orden que se sentía interpelado.

Esa recepción hostil, lejos de aislar al libro, lo consagró. Un tratado sociológico que la prensa nacional bautiza en tres semanas como escándalo teológico, jurídico y confesional deja de ser una monografía universitaria más y se convierte en pieza política. La reacción del país conservador funcionó como certificado involuntario: si los guardianes del silencio partidista consideraban necesario descalificar a los autores con esa intensidad, era porque el libro efectivamente había tocado el hueso. El vocabulario elegido por los atacantes —renegado, suelto, rojo, monstruo, volteriano, mano protestante— dibujaba, en negativo, el mapa exacto de lo que el régimen no toleraba que se dijera: que la Violencia había tenido responsables con nombre, partido y sotana.

Un saber crítico contra un pacto de olvido

La fuerza fundacional de La violencia en Colombia no reside en su virtuosismo metodológico —era una obra empírica sólida, no una revolución teórica— sino en la posición que ocupó dentro del campo intelectual del Frente Nacional. Los nuevos académicos colombianos de los años sesenta, muchos de ellos próximos al marxismo y defraudados por el pacto bipartidista, buscaban en el trabajo científico un instrumento para conocer la realidad del país y reflexionar sobre sus grandes problemas nacionales. La sociología, en esa clave, era ciencia aplicada, orientada a la comprensión y solución de tensiones sociales; y en el caso colombiano, orientada además a decir en voz alta lo que la política acordaba callar.

El libro se inscribió en una corriente más amplia que se rebelaba contra la fraseología oficial. Ciertos círculos intelectuales y algunas publicaciones ya habían empezado a explorar, cada uno por su vía, la diversidad del terror vivido durante la década anterior. A finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, el país nacional, el país letrado y el país político confluyeron para hacer inteligible esa experiencia. La violencia en Colombia fue la pieza mayor de esa convergencia: la que trasladó la reflexión de las revistas a los anaqueles universitarios y le dio estatuto disciplinar.

Vista desde su genealogía, la obra tiene un antecedente reconocible en Economía y cultura en la historia de Colombia de Luis Eduardo Nieto Arteta (1941), primer intento serio de una historia sociológicamente orientada que privilegiaba las explicaciones de estructura social sobre la historiografía tradicional de gobernantes y héroes. La diferencia de efecto entre uno y otro libro es reveladora del cambio de coyuntura: Nieto Arteta había reordenado categorías interpretativas dentro de un círculo restringido de lectores cultos, sin salir del terreno de la historia intelectual; Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna, veinte años después, produjeron una intervención institucional que forzó a la prensa, a la Iglesia y a los partidos a pronunciarse. Donde el primero había ofrecido una lectura estructural del pasado colonial y republicano, los segundos ofrecieron una lectura estructural del presente inmediato, con víctimas todavía vivas y responsables todavía en el poder. El desplazamiento del objeto —del siglo XIX al conflicto en curso— y del registro —de la explicación a la nominación— convirtió en polémica pública lo que en Nieto Arteta había sido conversación de biblioteca.

Fals Borda emergió de la coyuntura como la figura central. Antes del libro era, sobre todo, un académico prometedor y bien conectado; después, se convirtió en el nombre asociado al gesto sociológico crítico por excelencia. La proyección posterior de su trayectoria —hasta convertirlo en uno de los padres fundadores de la investigación-acción participativa a nivel mundial— tiene aquí una de sus estaciones decisivas. La experiencia del Sumapaz en 1962, acompañado por Guzmán, contiene ya, en germen, la convicción metodológica de que el conocimiento del país no se produce contra los sujetos populares sino con ellos.

La grieta interna y la vida larga de la obra

La alianza que hizo posible el libro contenía, sin embargo, su propia fragilidad. En 1968, sin obtener permiso previo de Fals Borda ni de Umaña Luna, Guzmán publicó en Cali, con Ediciones Progreso, La violencia en Colombia, parte descriptiva, que reproducía sus propias secciones del primer volumen original y añadía tres nuevos capítulos sobre "el momento actual" —al menos uno dedicado al fracaso de la misión de Marquetalia y otro a la campaña oficial contra las llamadas repúblicas independientes—. La reedición no era un simple gesto editorial: retomaba el archivo original y lo prolongaba hacia acontecimientos posteriores a 1964, entrando directamente en la discusión sobre las guerrillas comunistas y la política contrainsurgente del Estado colombiano en pleno recrudecimiento.

El gesto tensó gravemente las relaciones entre los tres autores. Guzmán justificó internamente la omisión del permiso como un cálculo para ahorrarles perjuicios mayores a sus coautores, dado el contexto de persecución política que él mismo padecía. Cualquiera que haya sido la razón, el episodio revela lo que había estado siempre debajo: que la coautoría de 1962-1964 no era la expresión armónica de una escuela consolidada sino una convergencia irregular entre tres trayectorias muy distintas, que la coyuntura había reunido y que la coyuntura podía también separar. La ruptura de 1968 muestra, además, que el archivo mismo —los materiales recogidos por Guzmán en la Comisión de 1958— seguía siendo, en última instancia, suyo: podía llevárselo, ampliarlo y republicarlo con otro sello. La coautoría descansaba sobre una asimetría de propiedad documental que en 1962 nadie había necesitado explicitar.

Ese carácter irregular no es un defecto biográfico sino un rasgo estructural de la obra: la heterodoxia le venía de fábrica, inscrita en la composición misma de sus autores, en la procedencia del archivo y en la fragilidad de la Facultad que la cobijaba. Y esa heterodoxia constitutiva es, paradójicamente, la fuente de su fuerza fundacional. Una sociología crítica producida desde una Facultad ya consolidada podría haber sido asimilada o marginada por el régimen; en cambio, un libro coescrito por un párroco con archivo rural, un abogado liberal y un sociólogo protestante formado en el exterior era, para el orden del Frente Nacional, un objeto sin lugar. No cabía en las categorías del adversario, y por eso obligó a construir categorías nuevas.

La versión de Guzmán de 1968, pese a las circunstancias irregulares de su publicación, terminó integrándose a la bibliografía especializada: el historiador estadounidense James D. Henderson la utilizó como fuente directa en sus trabajos sobre la Violencia. Los dos tomos originales, por su parte, siguieron circulando después de 1964. Una reedición del tomo primero fue publicada por Carlos Valencia Editores en Bogotá en 1980, señal de que la demanda del libro se mantenía viva quince años después de su aparición completa. Desde los años ochenta hasta bien entrado el siglo XXI la obra ha sido citada y contrastada en discusiones sobre las cifras de víctimas, las modalidades del conflicto y la periodización del proceso. Aún en 2019 sus estimaciones seguían apareciendo como referencia obligada en investigaciones sobre el período.

Esa longevidad no es la de un clásico venerado en abstracto: es la de una obra a la que se sigue volviendo porque su archivo empírico y su tipología siguen siendo instrumentos de trabajo. La sociología colombiana posterior podría discutir sus interpretaciones, corregir sus cifras, matizar sus juicios; no podía prescindir de él. En un país cuyo debate sobre el conflicto armado no ha cesado, La violencia en Colombia fijó un piso factual y un vocabulario compartido sobre los cuales las generaciones siguientes han construido, criticado y matizado.

Por qué sigue importando

La publicación de La violencia en Colombia en 1962 y 1964 combinó dos operaciones que rara vez coinciden: una intervención en la discusión política inmediata y la fundación de una disciplina académica. El escándalo de septiembre y octubre de 1962 no fue un accidente lamentable en la vida de una monografía universitaria; fue el modo en que el libro se hizo público y se hizo necesario. La Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, apuesta joven y precaria en 1962, quedó ratificada por la magnitud de la reacción que su Monografía N° 12 había desencadenado.

La obra puso a la sociología en una posición particular dentro del campo intelectual colombiano: la de un saber que se legitima por su capacidad de decir lo que la política pactada calla. Esa función crítica —que Fals Borda llevaría hasta las consecuencias metodológicas y políticas más radicales en las décadas siguientes— fue una posición conquistada en la coyuntura de 1962-1964, y conquistada gracias a una alianza extradisciplinar entre un cura, un abogado y un sociólogo que la sociología colombiana posterior tendió a naturalizar como escena originaria. Al hacerlo, esa sociología posterior olvidó, o dejó en segundo plano, la incomodidad constitutiva del gesto: que un párroco tolimense con archivo, un abogado liberal y un sociólogo protestante hubieran tenido que suplantar a la disciplina que aún no existía plenamente, para que la disciplina pudiera existir después.

El libro es también un dato sociológico de sí mismo. El modo en que la prensa reaccionó, el vocabulario con el que se descalificó a cada autor, la rapidez con que el debate se desplazó del contenido de la investigación a la biografía religiosa y política de los investigadores: todo eso constituye, leído con distancia, un documento sobre la estructura ideológica del Frente Nacional tan valioso como los propios capítulos del libro. La obra no solo describió las modalidades del terror rural; provocó, al publicarse, una demostración pública de las lógicas letradas y confesionales que habían acompañado ese terror. En ese doble estatuto —tratado sobre la Violencia y prueba viva de las condiciones que la habían hecho posible— reside una parte importante de su singularidad.

El Frente Nacional había construido un dispositivo eficaz para transformar la violencia partidista en objeto administrativo sin responsables; el libro rompió ese dispositivo desde fuera del sistema político, apoyándose en un archivo reunido por un párroco durante una comisión oficial y en las herramientas de una disciplina que apenas empezaba a existir en el país. La crítica, en 1962, no descendió desde una torre académica firme: brotó de un cruce precario entre un archivo eclesiástico, una universidad naciente y una prensa dispuesta a escandalizarse. Guzmán aportó los papeles, Fals Borda la disciplina, Umaña Luna la vigilancia jurídica; y el Frente Nacional, sin proponérselo, aportó el escenario público que multiplicó la resonancia del hallazgo.

Lo demás —la institucionalización, las cátedras, las bibliografías, la construcción de Fals Borda como referente mundial— vino después, y vino como consecuencia. La violencia en Colombia cambió lo que se podía decir, quién podía decirlo y desde dónde.