La excepcionalidad colombiana ante el ciclo populista latinoamericano

¿Por qué Colombia no tuvo su ciclo populista?

Entre 1934 y 1958, mientras Argentina inventaba el peronismo, México consolidaba el cardenismo, Brasil vivía bajo el varguismo y Perú convivía con el APRA, Colombia recorrió un camino distinto. Tuvo su líder carismático, Jorge Eliécer Gaitán. Tuvo su multitud movilizada. Tuvo su programa reformista —el Programa del Colón de 1945—. Tuvo incluso su irrupción electoral, cuando las listas gaitanistas barrieron el país a comienzos de 1947 y convirtieron a Gaitán en jefe único del liberalismo. Y sin embargo, no tuvo su ciclo nacional-popular. El 9 de abril de 1948, Juan Roa Sierra lo mató de tres tiros en la carrera séptima de Bogotá; el Bogotazo destruyó el centro de la capital sin producir un movimiento heredero; una década de guerra sectaria dejó cerca de 200.000 muertos y dos millones de desplazados; y en 1958 el Frente Nacional clausuró institucionalmente la vía a terceras fuerzas. Colombia no repartió tierras como México, no nacionalizó como Argentina, no construyó legislación laboral estructurante como Brasil. Procesó su conflicto distributivo por la guerra rural, no por el Estado social.

La pregunta —¿por qué?— no es de curiosidad comparativa.

Lo que se juega en la pregunta

Es la clave para entender por qué el Estado colombiano contemporáneo llegó tarde y frágil a las funciones redistributivas que en el Cono Sur y México quedaron incorporadas al pacto social desde los años treinta y cuarenta: seguridad social masiva, sindicalismo reconocido como interlocutor, reforma agraria efectiva, educación pública ampliada. La ausencia de un ciclo populista exitoso no es una anécdota: es una pieza estructural del subdesarrollo institucional colombiano, y explica en buena medida por qué el conflicto armado se prolongó más de medio siglo cuando en otros países latinoamericanos las guerrillas de los sesenta se agotaron en dos décadas o fueron neutralizadas por regímenes con mayor capacidad de integración social.

Responder exige tomar posición sobre dos cuestiones enredadas. Primera: si el gaitanismo estaba condenado por su propia debilidad estructural —una industria incipiente, un proletariado urbano minoritario, una base sindical fracturada— o si fue asfixiado por la coalición conservadora-clerical-terrateniente que operó con instrumentos coercitivos inusualmente eficaces. Segunda: si el magnicidio del 9 de abril fue causa suficiente del cierre populista, o apenas el detonante de un desenlace ya inscrito en la correlación de fuerzas. Las dos preguntas están anudadas, porque toda evaluación de la contingencia —el asesinato— supone una hipótesis sobre lo estructural: qué habría podido sostener Gaitán vivo.

Los términos del debate

Tres lecturas se disputan la explicación, y las tres tienen anclajes reales en la evidencia.

La primera es la tesis de la debilidad estructural. Sostiene que el gaitanismo carecía de las condiciones materiales que hicieron viable al peronismo, al cardenismo o al varguismo: una clase obrera industrial numéricamente significativa, concentrada en grandes ciudades, organizada en sindicatos de rama con capacidad de negociación colectiva. En 1938, el 75% de la población activa colombiana trabajaba en la agricultura; hacia 1957, tras dos décadas de urbanización acelerada, la industria y la artesanía apenas empleaban al 17% de la fuerza laboral. Buenos Aires, São Paulo y Ciudad de México habían construido durante los años treinta un proletariado fabril masivo que sirvió de base sociológica al líder carismático; Bogotá, Medellín y Cali llegaron a los cuarenta con una industrialización tardía, dispersa y sin la densidad sindical de sus pares. Sin esa base, dice esta lectura, ningún líder podía sostener un partido-clase con capacidad de tomar y ejercer el poder.

La segunda es la tesis del bloqueo bipartidista-clerical. Su argumento es que Colombia contaba con algo que Argentina, Brasil o México no tenían: dos partidos hegemónicos de más de un siglo de existencia —el Liberal y el Conservador—, cada uno con redes clientelares territoriales, prensa propia, milicias informales y capacidad de encuadramiento electoral desde la parroquia rural hasta la Presidencia. A ese bipartidismo se sumaba una Iglesia Católica que desde 1930 reorientó su acción a bloquear el comunismo mediante la creación de organizaciones paralelas —FANAL en el sector agrario en 1946, la UTC en el frente obrero como fractura deliberada de la CTC— y un aparato coercitivo estatal y paraestatal —la policía "chulavita", los "Pájaros" del Valle del Cauca— que descargó violencia sistemática sobre las bases populares no encuadradas. Ninguna otra sociedad latinoamericana tuvo simultáneamente estas tres capacidades operando de manera coordinada.

La tercera es la tesis del magnicidio como bisagra. Recuerda que en enero de 1947 las listas gaitanistas ganaron en todo el país, que Gaitán era jefe único del liberalismo y favorito indiscutible para la elección presidencial de 1950, y que fue precisamente esa fuerza ascendente la que Roa Sierra interrumpió a la 1 de la tarde del 9 de abril de 1948. Bajo esta lectura, hablar de "debilidad estructural" del gaitanismo es leer el pasado desde su desenlace: un Gaitán vivo en 1950, presidente electo con mayoría propia, habría dispuesto del Estado para hacer con la base sindical colombiana lo que Perón hizo con la argentina entre 1943 y 1946 —crearla desde el gobierno, no encontrarla ya hecha—. La debilidad, en esta perspectiva, no era destino sino punto de partida.

La evidencia

Ninguna de las tres lecturas se sostiene por completo cuando se la confronta con el detalle del material. Pero tampoco ninguna es enteramente falsa.

Sobre la base social, los datos son inequívocos y a la vez ambiguos. La transformación entre 1938 y 1957 fue real: la agricultura pasó del 75% al 50% de la fuerza laboral, los servicios y el comercio treparon al 34%, la industria y la artesanía al 17%. Pero comparado con Argentina o Brasil, ese 17% industrial era estructuralmente distinto: pequeñas unidades productivas, sindicalismo gremial de artesanos y no de rama industrial, concentración geográfica dispersa entre Bogotá, Medellín, Cali y Barrancabermeja, sin una capital fabril hegemónica al estilo de Buenos Aires o São Paulo. La Confederación de Trabajadores de Colombia, nacida al calor del reformismo de Alfonso López Pumarejo en su primer gobierno (1934-1938), agrupó al sindicalismo bajo tutela liberal, pero la sindicalización real siguió siendo minoritaria, y su ascenso llegó tarde para incidir en la coyuntura decisiva de 1946-1948.

Más revelador aún: la relación entre Gaitán y la dirigencia sindical fue de conflicto abierto, no de alianza orgánica. La CTC y los cuadros comunistas que la apoyaban lo acusaron de fascista y de títere de la reacción. Las bases obreras, en cambio, se sintieron interpeladas por su discurso, y en las elecciones presidenciales de 1946 Gaitán se impuso sobre el candidato oficialista liberal Gabriel Turbay —e incluso sobre el conservador Mariano Ospina Pérez— en las grandes ciudades de concentración obrera, con la sola excepción de Medellín. El dato es doblemente decisivo: por un lado muestra que había base urbana movilizable; por otro, que esa base no estaba mediada por el aparato sindical, sino que respondía directamente al líder por encima de las estructuras. Era populismo de plaza pública, no de partido-clase.

Sobre el bloqueo bipartidista, la evidencia es contundente en un punto que rara vez se enfatiza: la debilidad del sindicalismo colombiano no fue solo un dato heredado, sino en buena parte un producto activo del bloqueo. La Ley 6 de 1945, promulgada durante la segunda administración de López Pumarejo y presentada como avance social, otorgó fuero sindical a los líderes pero al mismo tiempo restringió drásticamente el derecho de huelga, permitió declararla ilegal, y penalizó su ilegalidad con el despido de los dirigentes, la pérdida de la cesantía de los activistas y la suspensión de la personería jurídica del sindicato involucrado. FEDENAL, el sindicato fluvial considerado el más combativo del país, fue destruido bajo el peso de estas restricciones. Y en 1946, un cisma promovido por sectores católicos partió a la CTC y dio origen a la Unión de Trabajadores de Colombia, la UTC, impulsada explícitamente para bloquear la influencia comunista en el sector obrero.

En el campo, la dinámica fue equivalente. La Ley 200 de 1936 había prometido redistribuir latifundios no utilizados en un plazo de diez años; la Ley 100 de 1944, dictada en el segundo gobierno de López, revirtió esa promesa, protegió a los terratenientes frente a los aparceros que se declaraban colonos, permitió prohibir el cultivo de subsistencia en contratos de aparcería y estableció el desalojo inmediato al expirar los contratos. Entre 1938 y 1946, el gobierno nacional se corrió progresivamente a la derecha, suspendiendo primero y revirtiendo después las reformas de la primera mitad de los treinta. El sindicalismo independiente y el movimiento campesino organizado —el mismo que había producido las movilizaciones del Sumapaz, Tolima, Huila y Tequendama en los veinte y los treinta, con figuras como María Cano, Torres Giraldo, Erasmo Valencia y Quintín Lame— fueron sistemáticamente asfixiados por vía legal antes de que el magnicidio los pusiera bajo fuego.

Sobre la capacidad coercitiva, después del retorno conservador de 1946 con Ospina Pérez —quien ganó con el 41% en una elección donde el liberalismo se dividió entre Turbay y Gaitán—, la policía "chulavita", reclutada en Boyacá y acompañada de "asesores civiles" conservadores, allanó domicilios liberales en municipios del Tolima como Santiago Pérez, Planadas, Gaitania y Santa Isabel, con maltratos físicos y desplazamiento de colonos. En el Valle del Cauca, la cordillera Occidental se convirtió en bastión de los "Pájaros", que aterrorizaron poblaciones enteras y manipularon el sistema judicial. La retórica incendiaria de Laureano Gómez y de sectores del clero, desde púlpitos y prensa, alimentó el clima. La violencia sectaria estaba en marcha antes del 9 de abril: el magnicidio la amplificó, no la creó.

Sobre el asesinato como bisagra, el material apoya la idea de que interrumpió una trayectoria ascendente, pero también muestra los límites de lo que Gaitán mismo pudo haber consolidado. Su Programa del Colón de 1945 —limitación de la tenencia a 1.000 hectáreas, reversión al Estado de tierras tituladas pero no explotadas— era menos radical que la reforma cardenista mexicana, que había repartido decenas de millones de hectáreas al ejido. Su estrategia frente al Partido Liberal fue la "táctica del Caballo de Troya": penetrarlo antes que romperlo, orientarlo desde adentro hacia los intereses populares. Era una apuesta prudente, no una ruptura fundacional. Gaitán fue reformista antes que revolucionario, rechazó el comunismo como inapropiado para Colombia, y se movió siempre dentro del marco liberal. Nada de esto invalida su fuerza política —la barrida de enero de 1947 fue real—, pero sugiere que un Gaitán presidente habría enfrentado, con instrumentos moderados, un bloqueo estructural que no era moderado.

El desenlace del 9 de abril lo confirma. El asesinato desencadenó no solo el Bogotazo —con tranvías destruidos, iglesias y archivos quemados, negocios saqueados— sino insurrecciones simultáneas en Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Buenaventura y otras ciudades: hubo, literalmente, un "colombianazo". Fue una explosión sin dirección política. Fidel Castro, entonces estudiante presente en Bogotá, lo describiría después como un estallido absolutamente desprovisto de organización. No apareció un heredero. La dirigencia gaitanista se reintegró al oficialismo liberal, negoció con Ospina Pérez la entrada a un gobierno de unidad nacional que fue precario y breve, y la iniciativa política pasó a la conducción tradicional del partido. Que la muerte de un líder pudiera producir semejante vacío organizativo es, en sí misma, la prueba más contundente de que el movimiento no había cuajado como partido-clase. Un peronismo sin Perón sobrevivió dieciocho años de proscripción; un gaitanismo sin Gaitán no sobrevivió doce meses.

La respuesta

La excepcionalidad colombiana no se explica ni por la sola debilidad estructural del gaitanismo, ni por el solo bloqueo bipartidista, ni por el solo magnicidio. Los tres factores operaron, pero no de manera aditiva: se refuerzan circularmente en una dinámica que ninguna de las lecturas por separado captura.

La base sindical-urbana era efectivamente raquítica en términos comparados —17% de la fuerza laboral en industria y artesanía en 1957 es insuficiente para sostener un populismo de tipo peronista o varguista—, y esto limitó estructuralmente al gaitanismo a operar como movimiento de plaza pública antes que como partido-clase. Pero esa debilidad no era un dato natural del subdesarrollo colombiano: fue en parte producida activamente por el bloqueo bipartidista-clerical, que utilizó la Ley 6 de 1945 para desarmar el sindicalismo autónomo, promovió la UTC para fracturar la CTC, y desplegó violencia rural sistemática para desarticular las bases campesinas organizadas del Sumapaz, Tolima y las zonas cafeteras. El bipartidismo colombiano tenía capacidades coercitivas que el conservadurismo argentino, el maderismo posrevolucionario mexicano o los rivales de Vargas simplemente no poseían: dos partidos con más de sesenta años de arraigo, una Iglesia articulada al sistema de selección presidencial —el arzobispado de Bogotá había funcionado durante décadas como espacio decisivo para nombrar candidatos conservadores—, y una tradición de violencia partidista que se remontaba al siglo XIX.

Sobre esa dinámica ya funcionando, el magnicidio operó como acelerador y clausura, no como causa aislada. Interrumpió una trayectoria política real —Gaitán habría sido presidente en 1950—, pero también reveló los límites de lo que esa trayectoria había construido: un movimiento cuya continuidad dependía enteramente del líder, sin cuadros medios capaces de sostenerlo, sin aparato sindical propio, sin partido diferenciado del liberalismo oficial. La ausencia de heredero después del 9 de abril no fue accidente: fue expresión de una estructura organizativa que nunca se había autonomizado.

De ahí la doble derrota. La primera fue el magnicidio de 1948, que cerró la vía nacional-popular por la fuerza. La segunda fue el Frente Nacional pactado en la Declaración de Benidorm de julio de 1956 entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, formalizado en el Pacto de Sitges de 1957 y aprobado por plebiscito el 1 de diciembre de ese año: repartición paritaria de todos los cargos legislativos, ministeriales y administrativos entre liberales y conservadores, alternancia presidencial cada cuatro años durante dieciséis años. El Frente Nacional no fue solo un acuerdo para superar la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla —quien había gobernado desde 1953 y cuyas tendencias populistas independientes precipitaron precisamente la reacción bipartidista—: fue la institucionalización del cierre a terceras fuerzas. Alfonso López Michelsen, hijo del reformista de los treinta, lo describió con precisión como "especie de régimen de partido único, sin oposición real". Lo que el magnicidio había clausurado por la fuerza, el Frente Nacional lo clausuró por diseño constitucional.

El resultado fue una desviación del conflicto distributivo hacia el terreno rural y armado. Las guerrillas comunistas del Sumapaz y el oriente del Tolima, herederas directas de las luchas agrarias de los años veinte y treinta y de las autodefensas campesinas de La Violencia, permanecieron armadas cuando el Frente Nacional pacificó a las guerrillas liberales, y de ellas surgieron las FARC en 1964. El conflicto que en Argentina, México o Brasil pasó por el sistema político —con sindicatos peronistas negociando salarios, con ejidatarios cardenistas defendiendo tierras, con obreros varguistas participando de la CGT oficialista— en Colombia se procesó por medio siglo de guerra rural. No es coincidencia: es la consecuencia directa de haber cerrado la vía nacional-popular sin ofrecer sustituto.

Y esto explica el desenlace de largo plazo. El Estado social colombiano —cobertura de seguridad social, sindicalismo reconocido, reforma agraria efectiva, educación pública masiva— llegó tarde y frágil precisamente porque nunca hubo el gran pacto redistributivo que en otras sociedades latinoamericanas produjeron los ciclos populistas. La Constitución de 1991 intentó tardíamente construir por vía jurídica lo que el populismo había construido por vía política en otras partes, pero lo hizo sin la base organizativa —sindicatos poderosos, movimientos campesinos institucionalizados, partido-clase con capacidad de sostener conquistas— que en otros países hizo perdurables las reformas.

Lo que queda abierto

Dos flancos permanecen sin cierre pleno.

El primero es contrafactual: no sabemos qué habría hecho Gaitán presidente. Su Programa del Colón era moderado, su táctica era la penetración del liberalismo, su rechazo al comunismo era explícito. Pudo haber sido un reformista prudente asimilable al establishment, o pudo haber usado el poder presidencial para forzar la construcción de una base sindical-partidaria como hizo Perón desde la Secretaría de Trabajo entre 1943 y 1946. La geografía predominantemente rural del conflicto distributivo colombiano —donde las luchas por la tierra en Sumapaz, Tolima y las zonas cafeteras marcaron la agenda popular más que las demandas obreras urbanas— habría condicionado severamente cualquier proyecto suyo, orientándolo hacia una reforma agraria que la coalición terrateniente-clerical estaba dispuesta a resistir con las armas. Si Gaitán habría podido sostener el gobierno frente a esa resistencia es indecidible.

El segundo es sobre el peso relativo de los factores. Si la debilidad sindical fue producida en parte por el bloqueo bipartidista, ¿cuánto había de estructural previo y cuánto de construcción activa del enemigo? La industrialización tardía colombiana era un dato objetivo hacia 1930, y en ese sentido el punto de partida era efectivamente peor que el argentino o el brasileño. Pero las decisiones políticas de los años cuarenta —la reversión reformista bajo el segundo López, la Ley 6 de 1945, la promoción de la UTC, la violencia chulavita— agravaron sistemáticamente esa desventaja en lugar de compensarla. Cuánto de la excepcionalidad colombiana es geografía y demografía, y cuánto agencia política de la coalición dominante, es una cuestión que admite grados según la región y el momento, y que seguirá refinándose.

Queda una imagen para cerrar. En Buenos Aires, en 1955, cuando los militares derrocaron a Perón, los sindicatos peronistas resistieron, se replegaron, se reorganizaron, esperaron dieciocho años y volvieron. En Bogotá, en 1948, cuando cayó Gaitán, hubo fuego durante tres días y después, silencio organizativo: los cuadros al liberalismo, las bases al monte. Esa asimetría —entre un populismo que había construido estructura y otro que había construido solo audiencia— es la respuesta más económica a la pregunta inicial. Colombia no tuvo su ciclo populista porque, cuando la contingencia lo puso a prueba, no había nada debajo del líder que pudiera sostenerlo. Y no lo había, en parte, porque el país en el que Gaitán actuaba había pasado quince años desmontando cuidadosamente la posibilidad de que lo hubiera. La factura de esa ausencia se pagó en guerra rural durante tres generaciones.