Erasmo Valencia

Un agitador clasificado como comunista por quienes no lo entendían

A mediados de 1931, el secretario de gobierno del Tolima recorrió personalmente la turbulenta zona oriental del departamento y redactó un informe extenso sobre lo que vio. En sus páginas, Erasmo Valencia aparece como un "destacado organizador comunista" que aconsejaba a los campesinos de la cordillera y los inducía a suscribirse a Claridad. Del comunismo, el funcionario escribió que era "ese cáncer que disuelve la sociedad moderna". De los campesinos, que se estaban "infectando, quizás sin sospecharlo, con ideas comunistas que subvierten el orden social y amenazan destruir los mismos fundamentos sobre los que descansa el edificio de la República".

Esa clasificación fija la primera dificultad para reconstruir la figura de Valencia. Autoridades locales, hacendados y prensa conservadora la repitieron durante toda la década. La percepción oficial lo empujaba a un casillero —"comunista"— que no correspondía ni a su afiliación orgánica ni a su estrategia política. Valencia no militaba en el Partido Comunista de Colombia. Dirigía el Partido Agrario Nacional, una organización distinta, con estrategia electoral propia y con una relación problemática, cuando no francamente competitiva, con los comunistas sobre las mismas bases sociales de colonos.

El paternalismo del informe tolimense revela también la operación con que el Estado colombiano procesaba la agencia política campesina. Los campesinos se radicalizaban "sin sospecharlo", como si fueran incapaces de leer Claridad con juicio propio. No había campesinos organizados: había campesinos contagiados. No había programa agrario autónomo: había subversión foránea. Sobre esa distorsión oficial se construyó gran parte de la represión que Valencia y sus aliados enfrentaron.

Lo que las autoridades leían como contagio era un proyecto político. Valencia empujaba a los colonos del Sumapaz y del oriente del Tolima a organizarse en ligas, a suscribir prensa propia, a elegir concejales, a redactar memoriales y a llevar los pleitos por baldíos ante los tribunales. En abril de 1935, en un editorial firmado en Claridad, llamaba a "campesinos y obreros a cerrar filas contra los terratenientes", describiendo la situación como una "franca lucha de clases" provocada por las contradicciones de la "plutocracia". Ese vocabulario, tomado del léxico marxista de la época, no lo convertía en comunista de aparato. Lo colocaba en el amplio arco del agrarismo popular colombiano de los años treinta, donde también militaban María Cano, Ignacio Torres Giraldo, José Gonzalo Sánchez y, con otro estilo, el propio Gaitán al frente de la UNIR.

Los orígenes: la cuestión de los baldíos y la coyuntura del Sumapaz

Antes de que Valencia fuera nombre público, la región donde iba a operar ya estaba en llamas jurídicas. Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, un grupo reducido de grandes concesionarios había acumulado más de 208.000 hectáreas en el Sumapaz, los Llanos de San Martín y Colombia (Huila), a un costo promedio cercano a los 50 centavos por hectárea incluyendo gastos de mensura, según los datos que en su momento citó Emiliano Restrepo. Sobre ese despojo legal se montaron las haciendas cafeteras y ganaderas que dominaron la región durante medio siglo.

El conflicto del Sumapaz, en el que Valencia labraría su lugar, involucraba alrededor de 300.000 hectáreas repartidas entre los municipios de Bogotá, Usme, Pandi, Cunday, San Martín y La Uribe. En el centro había una disputa jurídica de fondo: los herederos de títulos coloniales afirmaban ser propietarios; los colonos, muchos de ellos llegados en las oleadas de expansión cafetera posteriores a 1920, sostenían que esos terrenos eran baldíos de la nación y que, por tanto, quien los ocupara y trabajara adquiría derechos sobre ellos. Desde fines del siglo XIX y hasta bien entrado el XX, los litigios se resolvían por dos vías paralelas que rara vez se separaban: el "papel sellado" —el pleito judicial— y la "pistola" —la fuerza armada respaldada por el poder político local—.

Cuatro factores convergieron para transformar ese contencioso latente en insurrección organizada, y para abrirle a Valencia el espacio que ocupó. La expansión cafetera acelerada desde 1920 multiplicó el valor de la tierra y con ello la codicia hacendataria sobre parcelas antes marginales. Una decisión jurisprudencial de 1926 sobre la "prueba de la propiedad" introdujo una incertidumbre profunda respecto a la validez de los títulos que se remontaban a la Corona española, abriendo un flanco legal por el que los colonos podían atacar. La ubicación geográfica del Sumapaz, encajado entre Bogotá y Girardot —dos polos de agitación socialista y sindical—, permitió que las ideas y los organizadores circularan con fluidez. Y la crisis empresarial y financiera de los hacendados a fines de los veinte debilitó su capacidad para sostener la coerción cotidiana sobre la mano de obra arrendataria. A ese cóctel se sumó, después de 1928, la agitación político-electoral que precedió al colapso de la hegemonía conservadora.

En ese terreno movedizo apareció Valencia como articulador. No hay evidencia sólida sobre su formación previa ni sobre los caminos que lo llevaron al agrarismo, pero sí sobre el papel que ya jugaba hacia 1930-1931: dirigente reconocido por autoridades, hacendados y campesinos como uno de los operadores centrales del oriente del Tolima y del alto Sumapaz. Villarrica, en la vertiente tolimense de la cordillera, fue uno de los escenarios donde su nombre aparece con más frecuencia en la documentación de la época. Las prácticas del movimiento agrarista que él ayudó a organizar combinaban la difusión ideológica —la prensa radical, el consejo del organizador— con acciones directas: intimidación a quienes se negaban a unirse a las ligas, interferencia con la policía, destrucción de propiedad y desplazamiento en bandas armadas por la cordillera. Es esa mezcla, y no un puro pacifismo legalista, lo que los informes oficiales registraron con horror.

Del periódico al Partido Agrario Nacional (1930-1936)

La década de 1930 fue la de mayor densidad política en la vida pública de Valencia. Coincidió con la llegada del liberalismo al poder —Enrique Olaya Herrera en 1930, Alfonso López Pumarejo en 1934— y con la apertura de un espacio de reforma que sus impulsores llamarían Revolución en Marcha. Ese contexto explica que un agrarista pudiera, por primera vez en Colombia, aspirar a representación institucional sin ser inmediatamente aplastado.

Valencia trabajó en dos frentes que se reforzaron mutuamente. Por un lado, Claridad, el periódico que las autoridades tolimenses calificaban de "radical" y que circulaba por suscripción entre los campesinos de la cordillera. Junto con El Bolshevique y Tierra, Claridad fue una de las plataformas de la prensa agrarista de los años treinta, y su función excedía la difusión ideológica: ofrecía a los colonos un marco interpretativo —lucha de clases, plutocracia, derechos sobre baldíos— y los conectaba con una red política más amplia que la de sus veredas. Suscribirse a Claridad, como registraba con alarma el secretario tolimense, no era un gesto pasivo de contagio: era un acto de afiliación política.

Por otro lado, el Partido Agrario Nacional. El PAN no fue el aparato masivo que la memoria posterior reservaría a la UNIR de Gaitán o al comunismo del Sumapaz, pero sí una organización con base social real, arraigada entre los colonos del movimiento agrario del Sumapaz, y con una estrategia electoral distintiva. En octubre de 1935, el PAN eligió concejales en varios municipios de la región —entre ellos Fusagasugá, Pasca, Pandi y probablemente San Bernardo o Icononzo—, en lo que constituye la única evidencia sólida de un agrarismo autónomo capaz de traducir movilización campesina en representación local sin pasar por las maquinarias liberal o conservadora. Ese mismo año, Valencia fue elegido diputado a la Asamblea de Cundinamarca para el período 1935-1936.

Desde la Asamblea impulsó proyectos de ordenanza que revelan el perfil práctico de su agrarismo: la prohibición del "concierto de personas" en Cundinamarca —una figura heredada del siglo XIX que permitía disponer coactivamente de la mano de obra— y la creación de escuelas campesinas ambulantes. No eran proyectos revolucionarios en un sentido maximalista, pero atacaban dos pilares del orden hacendatario: el control coactivo del trabajo y el monopolio del hacendado sobre la educación de sus arrendatarios. Que un diputado agrarista pudiera radicar tales ordenanzas en la Asamblea del principal departamento del país indica hasta dónde llegó, en su punto más alto, la apertura política de la primera administración López.

El movimiento agrario del Sumapaz, del que Valencia era una de las cabezas visibles, otorgaba gran importancia a esta conquista de espacios institucionales. Participaba en debates electorales, financiaba memoriales, contrataba abogados. Esa orientación —usar el aparato legal contra los hacendados en lugar de rechazarlo como trampa burguesa— sería, precisamente, uno de los puntos de fricción más agudos con el Partido Comunista.

El PAN entre la UNIR y el Partido Comunista

Para entender el lugar de Valencia hay que verlo triangulado con las otras dos fuerzas que disputaban las mismas bases colonas: la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR) de Gaitán y el PCC.

La UNIR, fundada por Gaitán en 1933, compartía con el PAN el terreno y buena parte de los métodos. Sus ligas campesinas recaudaban cuotas para financiar memoriales, contratar abogados y publicar hojas sueltas; defendían los intereses de los invasores dentro del sistema legal, ante ministerios y tribunales. Valencia y Gaitán no fueron, en ese sentido, adversarios de estrategia sino competidores por la representación de un mismo campesinado insurgente y jurídicamente ilustrado. En la práctica cotidiana del Sumapaz, la coexistencia entre uniristas y agraristas fue posible porque ambos operaban con el mismo repertorio: papel sellado, movilización, prensa. El propio Gaitán intervino personalmente en el conflicto de la hacienda El Chocho, entre Fusagasugá y Silvania, uno de los casos emblemáticos del contencioso agrario cundinamarqués.

La ruptura, cuando llegó, no vino de Valencia sino de Gaitán. Al aparecer en 1935 en una lista oficial del Partido Liberal a la Cámara y ser elegido, Gaitán disolvió la UNIR y renunció a la organización que él mismo había fundado, dejándola sin conducción hasta su desaparición. Ese gesto —absorción del líder popular por el aparato liberal, colapso de la estructura autónoma que representaba— marcó una tendencia que Valencia resistiría durante toda la década: la absorción del agrarismo por el bipartidismo.

Con el PCC la relación fue más tensa y más reveladora. Comunistas y agraristas coexistían en las mismas veredas, muchas veces entre las mismas familias, pero con estrategias frontalmente opuestas. El PCC, pese a calificar las ocupaciones de tierras como "tomas revolucionarias", nunca puso en duda la legalidad de los títulos de propiedad de los hacendados —una paradoja que revela más pragmatismo que doctrina—; pero rechazaba la orientación legalista de los invasores y prevenía a sus afiliados contra el recurso a las autoridades nacionales, por considerarlo incompatible con su estrategia autónoma. En vez de memoriales, incitaba a los campesinos a desafiar directamente a los propietarios: sembrar café en las parcelas en disputa, negarse a trabajar en los campos del patrón, sostener la ocupación por la fuerza cotidiana de la presencia.

Valencia se situaba en el polo opuesto de esa disputa metodológica. Su agrarismo era clasista en el diagnóstico —lucha de clases, plutocracia— y legalista en la táctica —diputación, concejales, ordenanzas, prensa suscrita—. Esa combinación, que en el imaginario oficial resultaba indistinguible del comunismo, era en la práctica su antítesis operativa. Y explica también por qué el PCC, cuando el conflicto del Sumapaz entró en su fase armada, terminaría desplazando al PAN: mientras la vía legal se agotaba, la disciplina organizativa comunista ofrecía herramientas que Valencia, situado en el terreno institucional, no podía proporcionar.

En el arco más amplio de la izquierda agrarista de los años treinta, el nombre de Valencia aparece junto a los de María Cano, Torres Giraldo y José Gonzalo Sánchez —los "grandes luchadores" del movimiento popular colombiano de la época—. Esa ubicación tiene sentido si se recuerda que el movimiento campesino colombiano de comienzos de los años treinta había adquirido gran importancia política y coexistía con un movimiento obrero en ascenso, en el marco de un auge general de las fuerzas populares. Valencia no fue el eje único de ese momento, pero fue una de sus figuras nítidas.

La Ley 200 de 1936 y la erosión del agrarismo autónomo

La reforma legal que Valencia y otros habían empujado durante años llegó en 1936, y llegó envenenada. La Ley 200 introdujo el principio de función social de la propiedad y estableció un plazo de diez años para que los grandes propietarios explotaran sus predios de forma capitalista, so pena de extinción de dominio. En la superficie era una victoria del movimiento agrario. En la práctica fue lo contrario.

La ley expresó de forma deliberadamente ambigua dos vías para el capitalismo agrario colombiano: la distribución de tierras inexplotadas entre colonos y la transformación capitalista de la hacienda tradicional. Entre esas dos opciones, la aplicación real prefirió la segunda. Ese sesgo no fue accidental. Los redactores de la ley pertenecían a la misma élite liberal que negociaba, en la sombra, con hacendados y sectores conservadores dispuestos a tolerar reformas siempre que no tocaran la estructura de la propiedad. Y los jueces encargados de aplicarla, formados en el derecho civil clásico, resolvieron las ambigüedades del texto en el sentido que les resultaba más familiar: el de la propiedad establecida.

El efecto decisivo fue jurídico. La Ley 200 sustituyó la exigencia de títulos que se remontaran a la Corona por la demostración de destinación económica productiva. Al hacerlo, resolvió a favor de los terratenientes el problema de los "títulos diabólicos" —esos títulos coloniales cuya validez la jurisprudencia de 1926 había puesto en duda y sobre cuya fragilidad Valencia y los agraristas habían construido buena parte de su estrategia jurídica—. En adelante, ya no había que probar la línea colonial de propiedad: bastaba con probar la explotación económica.

Las consecuencias para el proyecto de Valencia fueron devastadoras, aunque su gravedad tardaría años en hacerse visible. Los abogados de las ligas agraristas, que hasta entonces habían podido cuestionar en los tribunales la genealogía de los títulos hacendatarios, se encontraron de pronto litigando en un terreno completamente distinto. La pregunta ya no era si los papeles del hacendado se remontaban a una merced real legítima. Era si el predio estaba siendo explotado. Y aquí la ley resultaba especialmente hostil al colono: en un país donde la ganadería extensiva permitía a los hacendados demostrar "explotación" con un rebaño y un mayordomo, la prueba se volvía trivial para el propietario y prácticamente imposible de refutar para el invasor.

Los memoriales que Claridad enseñaba a redactar, las estrategias procesales que Valencia había desarrollado con paciencia durante más de una década, el andamiaje jurídico que sostenía a los concejales agraristas cuando debían intervenir en pleitos locales: todo eso quedó, de un año para otro, obsoleto. La "pausa" en las reformas de la República Liberal, pactada a partir de 1937 entre López y las élites conservadoras que se sentían amenazadas, debilitó todavía más el alcance de las medidas. La Ley 100 de 1944 amplió en cinco años el plazo para la explotación adecuada. Cuando debía concretarse la reversión de tierras inexplotadas, esta simplemente no llegó.

Valencia sobrevivió políticamente a la Ley 200, pero su proyecto no. El campo estratégico sobre el que había construido el PAN —la incertidumbre jurídica de los títulos coloniales, la vía legal para los colonos, la representación electoral autónoma— se estrechó al ritmo en que el Estado liberal cooptaba las demandas agrarias sin satisfacerlas. La invisibilización posterior de Valencia en la memoria histórica colombiana no es tanto efecto de una derrota frontal frente al PCC o al gaitanismo cuanto del éxito del bipartidismo en vaciar de contenido las propuestas autónomas sin necesidad de aplastarlas.

De Villarrica a Varela, del PAN a las guerrillas del Sumapaz

Después de 1936, la trayectoria pública de Valencia se hace más difusa. Siguió activo en el movimiento agrario, siguió escribiendo, siguió operando en la zona del Sumapaz y del oriente tolimense —Villarrica volvía una y otra vez en los informes como escenario de su influencia—, pero la iniciativa política del país se desplazó hacia otras figuras y otras fuerzas. Gaitán, absorbido al liberalismo en 1935, comenzaba su ascenso como líder populista del partido. El PCC, aunque pequeño, se consolidaba como el actor de izquierda más disciplinado en las zonas de conflicto agrario. La UNIR había desaparecido. Y las bases sociales colonas se preparaban, sin saberlo aún, para la fase armada del conflicto.

Fue Juan de la Cruz Varela, aparecido por primera vez como dirigente campesino en los conflictos entre colonos y latifundistas del Sumapaz en los mismos años treinta, quien tomaría el relevo del liderazgo agrario regional. Valencia y Varela actuaron en el mismo territorio, con diferencia de una generación política: el primero durante la República Liberal y bajo apuestas institucionales; el segundo con protagonismo pleno desde los años cuarenta y sobre todo en los cincuenta, cuando el terreno ya era otro. No hay evidencia sólida de una relación de discípulo a maestro entre ambos, pero sí una continuidad territorial y de lucha que la propia región reconoció.

El ascenso de Mariano Ospina Pérez al poder en 1946 y su proyecto de conservatización del país cambiaron radicalmente las condiciones. Ospina emprendió la conservatización de la policía, en parte como respuesta a la liberalización que López Pumarejo había impulsado sobre ese cuerpo en los años treinta y que el nuevo gobierno percibía como base armada del partido liberal. Las zonas donde se habían concentrado los conflictos entre hacendados y campesinos colonos en las décadas anteriores —Tequendama, Rionegro y Sumapaz en Cundinamarca, centro y norte del Tolima— se convirtieron en escenarios de una revancha terrateniente. Las reivindicaciones del PAN de Valencia, de la desaparecida UNIR y de las luchas comunistas de Viotá, Chaparral y Sumapaz serían el objeto de esa venganza: una represalia sistemática por las luchas campesinas de los veinte y los treinta.

De ese contexto emergieron las autodefensas y guerrillas del Sumapaz, orientadas unas por el partido liberal y otras por el partido comunista, algunas de las cuales derivaron con el tiempo en los grupos que dieron origen a las FARC. Varela unificó los comandos guerrilleros de la región al comenzar los años cincuenta, e incluso tras la desmovilización simbólica del 31 de octubre de 1953 —una entrega de armas al régimen de Gustavo Rojas Pinilla— mantuvo el control político sobre el Sumapaz. Un documento de inteligencia estadounidense de 1959 lo describía como el líder militar de las guerrillas del valle del Sumapaz durante la administración Rojas, mientras señalaba que los comunistas, en particular Víctor Merchán, habían alcanzado una posición dominante en la región.

Valencia no alcanzó a encabezar esa fase armada, y esa ausencia es tan reveladora como su presencia en la anterior. El liderazgo del Sumapaz fue reclamado, tras el ciclo de Violencia, por quienes sobrevivieron a él con estructura organizativa: los comunistas y Varela. Con el inicio del Frente Nacional, el PCC retomó la fuerza del movimiento agrario de los treinta y cuarenta y lo reorganizó en sindicatos agrarios complejos, con comités de mujeres, núcleos juveniles y el Comité Propaz. El PAN, en cambio, no tenía ya ni prensa, ni concejales, ni diputados, ni siquiera archivo propio con qué reconstruir su propia historia. Valencia se convirtió en un nombre citado, no en una tradición viva.

El lugar que le corresponde

La reconstrucción de Erasmo Valencia en la historiografía colombiana ha oscilado entre dos gestos igualmente inadecuados: mencionarlo como pieza secundaria en genealogías del PCC o del gaitanismo, o rescatarlo con nostalgia como profeta desatendido de una tercera vía posible. Ambas lecturas fallan.

Valencia no fue una anécdota del comunismo colombiano. Dirigió durante más de una década una organización con base social propia, con prensa propia, con estrategia electoral propia y con representación institucional real, en un momento en que el PCC era todavía un actor menor. Y no fue tampoco un profeta desatendido: su proyecto operó siempre en competencia desigual con la UNIR y el PCC sobre el mismo campesinado colono, y su tercera vía —legalista pero clasista, electoral pero no cooptada— no fracasó porque nadie la escuchara, sino porque la Ley 200 de 1936 le sustrajo el terreno jurídico sobre el que se apoyaba y porque el ciclo de violencia que siguió a 1946 exigía formas de organización armada que él no encabezó.

Su lugar preciso está en el punto de articulación entre dos momentos del conflicto agrario colombiano. Antes de él, la lucha por la tierra en el Sumapaz era ya intensa pero desorganizada, con colonos aislados enfrentando a hacendados a través de pleitos individuales y ocupaciones dispersas. Después de él, la región tenía una tradición de organización política, de uso combinado del derecho y la movilización, de representación institucional y de prensa clasista. Hay un detalle que condensa esa transición mejor que cualquier balance general: los concejales agraristas elegidos en Fusagasugá y Pandi en octubre de 1935 no llegaron a los concejos como delegados de un cacique liberal ni como brazo local de un aparato bogotano. Llegaron con memoriales redactados en veredas, con suscriptores de Claridad como electores, con un vocabulario propio para nombrar a los hacendados y con la expectativa —hasta entonces impensable en el Sumapaz— de que un colono podía sentarse a legislar sobre su propio pedazo de cordillera. Que esa expectativa durara apenas un ciclo electoral no borra el hecho de que existió, y de que Valencia fue quien la hizo pensable.

Que esa tradición desembocara en las guerrillas de Varela y en el arraigo comunista del Sumapaz, y no en un partido agrarista nacional consolidado, no es reproche contra Valencia: es descripción de las opciones que la política colombiana ofreció a su generación.

En los informes oficiales de la República Liberal, Erasmo Valencia fue un comunista que envenenaba a los campesinos con ideas que no entendían. En el archivo, es otra cosa: el hombre que, entre 1928 y 1946, intentó demostrar que los colonos del Sumapaz podían ganar sus tierras en los tribunales, elegir sus propios concejales, leer su propia prensa y hablar en la Asamblea de Cundinamarca con voz propia. Que ese intento se agotara antes de la Violencia no lo vuelve irrelevante. Al contrario: explica, por contraste, por qué la Violencia fue lo que fue.