Levantamiento bolchevique del Líbano y Chucurí (1929)

Levantamiento bolchevique del Líbano y Chucurí (1929)

En la madrugada del 29 de julio de 1929, más de doscientos hombres armados atacaron la cabecera municipal de El Líbano, en el norte cafetero del Tolima, portando linternas cubiertas con papel seda rojo para reconocerse en la oscuridad. Los dirigía Pedro Narváez, un zapatero que empleaba a veinticinco trabajadores en su taller y que en el corregimiento de Murillo hizo izar una bandera roja con tres ochos y obligó a las autoridades depuestas a rendirle honores. En las mismas semanas, un intento paralelo se organizaba en San Vicente de Chucurí, en el Magdalena Medio santandereano. Ambos alzamientos fueron obra del Partido Socialista Revolucionario y ambos fracasaron en cuestión de días, sofocados por milicias locales y por el ejército del gobierno de Miguel Abadía Méndez. Constituyen, sin embargo, los primeros ensayos organizados de insurrección marxista en territorio colombiano: la primera vez que una dirección política de izquierda armó a artesanos y colonos en dos regiones distintas con un plan insurreccional de alcance nacional, y la primera vez que el Estado conservador respondió con el arsenal jurídico y militar que había construido en los dos años previos. Refutan de paso el lugar común según el cual el marxismo-leninismo llegó tarde a Colombia y como injerto externo: en 1929, cuando el Comintern apenas empezaba a orientar de manera sistemática a los partidos latinoamericanos, ya había en Líbano y Chucurí campesinos y zapateros dispuestos a levantarse en su nombre.

El mundo del que brotan los alzamientos

El Partido Socialista Revolucionario había nacido apenas tres años antes, en el Tercer Congreso Obrero reunido en Bogotá el 21 de noviembre de 1926. Lo fundó la mayoría marxista del congreso, contra la resistencia de una minoría que se oponía a la creación misma del partido. Su núcleo dirigente lo formaban Ignacio Torres Giraldo, que cristalizó el proyecto político, y Tomás Uribe Márquez, secretario general, a quien se atribuye haber sido el primero en Colombia en concebir un partido que sirviera a la vez a los trabajadores urbanos y a los campesinos. El PSR simpatizaba con la Internacional Comunista pero no adhería a sus tesis: rechazaba el modelo cerrado de partido leninista de cuadros y prefería una organización más amplia, capaz de acoger a obreros, artesanos, pequeños productores y jornaleros agrícolas. La apertura no era casualidad. En un país donde el proletariado industrial apenas existía, los revolucionarios colombianos entendieron pronto que no podían contar exclusivamente con una clase obrera que no había terminado de formarse; buscaron la unidad de todos los explotados y oprimidos. La consecuencia práctica fue que sus tres principales agitadores —Raúl Eduardo Mahecha, María Cano e Ignacio Torres Giraldo— trabajaron indistintamente en enclaves petroleros, ferrocarriles, puertos, plantaciones bananeras y regiones cafeteras.

Mahecha había pasado de los braceros y estibadores del Magdalena a los obreros de la Tropical Oil en Barrancabermeja entre 1923 y 1927, y de allí a la Zona Bananera, donde organizó la huelga que terminó en la masacre de diciembre de 1928. Su pedagogía era terrenal: él mismo la describía como el uso de "mucha astucia y mucho conocimiento de la sicología del nativo colombiano", valiéndose de cuentos de aparecidos y hadas para "resbalarle dos o tres palabras venenosas" al oyente. Torres Giraldo dirigía el periódico La Humanidad y agitaba en el Ferrocarril del Pacífico y en Buenaventura. María Cano, bautizada por los obreros como "la flor del trabajo" y "la flor roja y revolucionaria de Colombia", había iniciado su carrera política hacia 1925 y realizado al menos seis giras nacionales electrizando a multitudes con su retórica apasionada. Los tres tejieron una red que no era estrictamente sindical: era también simbólica y emocional, capaz de bautizar seculares matrimonios, de convertir a una modista antioqueña en oradora nacional, de introducir la palabra "socialismo" en veredas donde la única autoridad reconocida eran el cura y el gamonal.

Sobre esa red se montó, entre 1927 y 1929, un aparato clandestino. El Comité Central Conspirativo —conocido como CCC— organizó los llamados Correos Rojos: una red de comunicaciones con postas entre La Dorada, Puerto Berrío y estaciones intermedias, que exigía coordinación de muchos militantes y que debía enlazar los focos regionales del partido con la dirección nacional. En una Asamblea Socialista de fecha imprecisa, la dirección discutió la huelga de la Zona Bananera —que se consideraba necesaria aunque las condiciones no estuvieran maduras— y aspectos de esa organización clandestina, con La Dorada como nodo neurálgico. El detalle importa: los ríos y las líneas férreas eran la única infraestructura capaz de sostener un movimiento de escala nacional en un país cuyas cordilleras aislaban cada región de las otras. El CCC apostó por esa geografía, y apostó mal.

El contexto en que la red operaba se había vuelto asfixiante. El gobierno conservador de Abadía Méndez había respondido al ascenso de la agitación laboral con un arsenal legal cada vez más severo. En 1927 promulgó el decreto 707, llamado de Alta Policía, que suscitó las primeras protestas orgánicas del PSR. En octubre de 1928, tras un debate parlamentario que se había extendido desde febrero, el Congreso aprobó la llamada Ley Heroica, cuyo eje central era prohibir las organizaciones populares y sindicales de oposición, impedir la difusión de ideas socialistas y establecer condenas rápidas para los implicados. La impulsó en el Congreso Ignacio Rengifo, que argumentaba la inminencia de una revuelta comunista; lo secundó Antonio José Uribe. Liberales y un sector de conservadores la calificaron de excesiva; varios jerarcas de la Iglesia, en cambio, enviaron telegramas de felicitación, y el arzobispo de Cartagena celebró el "triunfo alcanzado por el partido del orden social". La ley se aprobó el mismo mes en que estalló la huelga bananera contra la United Fruit Company, y dos meses antes de que el general Carlos Cortés Vargas, designado por Rengifo, diera la orden de fuego contra los huelguistas en la plaza de la estación de Ciénaga en la noche del 5 al 6 de diciembre de 1928.

La represión de las bananeras dejó una marca duradera en la memoria del PSR y en la estructura misma de su militancia. Tras la masacre, según el testimonio de Tila Uribe, Cortés Vargas dispuso consejos de guerra verbales contra los sobrevivientes; de más de setecientos presos, ciento treinta y seis habrían sido juzgados —otras versiones hablan de cincuenta y cuatro—, incluyendo mujeres, maquinistas que se negaron a transportar cadáveres al mar, periodistas y profesores, con penas de hasta veinticinco años. El ejército prolongó por unos ciento veinte días una persecución que incluyó el saqueo de la casa sindical, la imprenta y la cooperativa de Ciénaga. Mahecha fue juzgado y encarcelado. La violencia estatal, más que desarmar al PSR, terminó de convencerlo de que la vía legal estaba cerrada.

A ese cierre político se sumó una crisis económica que multiplicó la explosividad. A comienzos de 1928, los prestamistas estadounidenses cortaron el crédito a Colombia por dos razones: los informes de despilfarro de los fondos ya girados y una protesta contra la legislación colombiana que protegía las reservas petroleras. El corte del crédito provocó recortes drásticos en las obras públicas y el despido de miles de trabajadores. El precio internacional del café, que rondaba los treinta centavos de dólar por libra un año antes, cayó a veintitrés centavos a comienzos de 1929 y siguió descendiendo. El norte del Tolima, uno de los frentes de colonización cafetera más dinámicos, resintió esa caída de inmediato. En Sumapaz, en el norte del Valle, en otras regiones de Cundinamarca y en el propio Tolima, los colonos empezaron a invadir latifundios y los arrendatarios a negarse a pagar las obligaciones contraídas con las haciendas, alegando propiedad sobre las parcelas que habían desmontado. Los sindicatos agrarios cercanos al PSR lideraban huelgas en Líbano, Ciénaga, Barrancabermeja y Girardot. El malestar rural crecía en el mismo pulso en que crecía la disposición del PSR a jugarse la carta insurreccional.

El plan nacional y su desmoronamiento

El proyecto de 1929 no era una asonada local: era un levantamiento coordinado de alcance nacional, articulado por el CCC en varios focos regionales y vinculado a un movimiento cuya cabeza intelectual habría sido el general Leandro Cuberos Niño, veterano de las guerras civiles decimonónicas. Esa alianza entre el PSR y sectores del liberalismo insurreccionalista tradicional revela hasta qué punto la izquierda colombiana de los años veinte se movía todavía en un terreno donde las viejas prácticas de la conspiración liberal se cruzaban con la nueva retórica soviética. El CCC había planeado el alzamiento para junio o julio, pero en algún momento la dirección decidió aplazarlo. Las razones son varias y probablemente convergentes. La Internacional Comunista había dado instrucciones de suspender las revueltas planeadas para junio; casi al mismo tiempo, los revolucionarios venezolanos con quienes se coordinaban aplazaron su propio movimiento. El PSR aceptó postergar el golpe y emitió una contraorden que debía recorrer los mismos Correos Rojos que habían servido para prepararlo.

Aquí falló todo. La contraorden llegó a algunos focos pero no a otros. En El Líbano, los conjurados no se enteraron a tiempo. La cadena de comunicaciones del CCC, que había parecido suficiente para transmitir consignas de agitación, se reveló incapaz de conducir con precisión una orden militar en un plazo corto. Los insurgentes de Líbano se levantaron el 29 de julio ignorando que el plan nacional había sido aplazado.

El grupo de Narváez se acantonó en el sitio llamado El Agrado, en la parte occidental de la cabecera, y desde allí lanzó el ataque en la madrugada. Las cifras oscilan entre doscientos y trescientos hombres. Portaban linternas con papel seda rojo, hicieron estallar bombas en la cabecera y en el corregimiento de Dosquebradas, mataron a seis personas y tomaron temporalmente el corregimiento de Murillo, donde durante el día los campesinos izaron la bandera roja con tres ochos y obligaron a las autoridades depuestas a rendirle honores. Hubo choques violentos también en los corregimientos de Convenio y Santa Teresa. Pero la resistencia local fue rápida y eficaz: una milicia ciudadana comandada por el capitán conservador Marco Sáenz y el liberal Juan Bautista Echeverri —una alianza bipartidista contra los "bolcheviques" que marca los límites sociales del PSR en la región— dispersó a los atacantes. El grupo de Narváez, replegado hacia el occidente, se disolvió en las estribaciones.

En El Líbano, el marxismo tenía una peculiaridad que lo distingue de casi cualquier otro foco del PSR: sus organizadores eran artesanos que consideraban que ninguno de los dos partidos tradicionales representaba al pequeño empresario. Narváez había denunciado ante el Congreso nacional que la enorme cantidad de calzado extranjero estaba arruinando la producción doméstica. Su radicalización no venía del contacto con una gran industria fabril inexistente, sino de la ruina inminente de su oficio bajo la presión de la importación. Los "bolcheviques" del Líbano organizaban bautismos seculares en el llamado Altar de la Fraternidad Universal, sustituían el rito católico por ceremonias civiles y politizaban las vidas privadas con una liturgia paralela. Esa politización simbólica era intensa y auténtica; también era, en términos militares, insuficiente. La ceremonia no fabrica soldados.

El intento paralelo de San Vicente de Chucurí, en el Magdalena Medio santandereano, seguía la misma matriz en un escenario social distinto. Allí el PSR tenía presencia gracias al trabajo de Mahecha con los obreros petroleros de Barrancabermeja durante los años previos, y la zona rural estaba dominada por colonos y pequeños propietarios en pugna con las grandes haciendas y con los intereses de la compañía extranjera. El levantamiento en Chucurí fue rápidamente desarticulado. Los combates de Santander no se conocen con la misma precisión que los del Tolima, pero la operación formaba parte del mismo plan nacional del CCC y corrió una suerte análoga: aislamiento, dispersión, represión inmediata.

Ninguno de los dos alzamientos alcanzó a durar más de un puñado de días. En El Líbano, más de doscientos revolucionarios pusieron en jaque a las autoridades locales durante aproximadamente cuarenta y ocho horas antes de ser dispersados. La facilidad con que el Estado los sofocó no debe leerse como demostración de una superioridad militar aplastante —las fuerzas movilizadas eran modestas—, sino como consecuencia directa del aislamiento: los focos que se levantaron actuaron sin saber que el resto del país no se levantaría con ellos, sin refuerzos previstos, sin la coordinación logística que un plan nacional habría exigido incluso en su versión más elemental. La represión, cuando llegó, remató lo que la propia falla organizativa del PSR ya había condenado.

Lo que empujó a la insurrección

Distinguir las causas de fondo de los detonantes ayuda a entender por qué 1929 fue el año del intento y no otro. En el fondo actuaban varios procesos convergentes. Uno era el agotamiento de la Hegemonía Conservadora, cuyo decaimiento ya era previsible para observadores contemporáneos y que se manifestaba en un endurecimiento represivo que a menudo señala la fase terminal de un régimen. Otro era la formación de una capa social —artesanos amenazados por la importación, colonos cafeteros sin títulos, trabajadores de enclaves extranjeros— que no cabía ni en la maquinaria clientelar liberal ni en la conservadora, y que empezaba a buscar representación política propia. Un tercero era la existencia, desde los años diez, de núcleos colombianos organizados en torno a ideas marxistas: la afirmación de que el marxismo colombiano fue una importación tardía y ajena no se sostiene contra el hecho de que la organización política local con ese ideario había comenzado antes incluso de la Revolución Rusa. El PSR heredó esa tradición y la profesionalizó.

Sobre este fondo actuaron detonantes precisos. La masacre de las bananeras en diciembre de 1928 fue el más importante: convirtió al PSR de un partido de agitación en un partido con muertos propios, y demostró que el régimen conservador estaba dispuesto a usar la fuerza militar contra una huelga que en muchos de sus puntos solo exigía el cumplimiento de la legislación laboral vigente —abolición del sistema de contratistas, seguro colectivo, servicios médicos, vales redimibles fuera de los almacenes de la compañía—. La Ley Heroica, aprobada dos meses antes, había puesto en el papel la criminalización de la organización obrera; las bananeras la aplicaron en la práctica antes de que la tinta estuviera seca. El corte del crédito estadounidense y el desplome del precio del café, ambos consumados a lo largo de 1928 y comienzos de 1929, hicieron el resto: desempleo urbano, ruina en las zonas cafeteras jóvenes como el norte del Tolima, presión creciente sobre los colonos endeudados. La región donde estalló Líbano no era una elección arbitraria: era una de las zonas donde la crisis y la agitación agraria coincidían con la presencia orgánica del PSR.

Falta un factor causal que rara vez se enuncia con claridad. Los revolucionarios colombianos no cometieron el error doctrinario de esperar a que existiera un proletariado industrial clásico: entendieron que su base debía ser más amplia, y a esa apertura debieron su capacidad real de movilizar campesinos y artesanos. Pero esa misma apertura tenía un costo. Sin un núcleo obrero disciplinado y sin experiencia militar previa —el PSR nunca había construido milicias, ni escuelas de cuadros militares, ni depósitos de armas dignos de ese nombre—, la organización dependía enteramente de la eficacia de su red de comunicaciones y del entusiasmo de sus bases. Cuando la primera falló y el segundo se encontró aislado, el resultado era previsible.

Después de la derrota

Las consecuencias inmediatas fueron predominantemente represivas. Los alzamientos se usaron como prueba retrospectiva de que la Ley Heroica había sido necesaria: los conservadores que la habían impulsado —Rengifo, Antonio José Uribe— pudieron señalar los hechos de Líbano y Chucurí como confirmación de la inminencia comunista que habían denunciado en el Congreso. Narváez fue capturado. Los participantes fueron juzgados. El patrón punitivo ensayado en las bananeras —consejos de guerra verbales, penas largas, extensión de la persecución a mujeres y a militantes indirectos— se convirtió en el modo estándar de responder a la protesta social organizada. La militarización de la justicia que algunos magistrados habían denunciado en 1928 pasó a formar parte del repertorio institucional del Estado colombiano frente a la izquierda, y volvería a aparecer en momentos posteriores del siglo bajo formas jurídicas distintas pero funcionalmente equivalentes.

En el corto plazo, sin embargo, la Hegemonía Conservadora estaba ya herida. La masacre de las bananeras había agudizado la agitación social y los problemas del gobierno de Abadía Méndez; los alzamientos de 1929 la profundizaron. La caída del café y el desempleo alimentaban una insatisfacción que ya no cabía en el molde bipartidista tradicional. En 1930 el liberalismo recuperó la presidencia con Enrique Olaya Herrera, y con ello se abrió la República Liberal. Los alzamientos del PSR no causaron directamente esa transición, pero contribuyeron a corroer el suelo sobre el que se sostenía el régimen conservador.

Las consecuencias internas al PSR fueron más traumáticas que las externas. El fracaso de la insurrección abrió una crisis orgánica profunda y coincidió con un giro en la política de la Internacional Comunista, que había juzgado como "aventureras" tanto la huelga de las bananeras como el proyecto insurreccional coordinado con los generales liberales, y que también criticaría la campaña presidencial de 1930. Un alto dirigente de la Komintern para América Latina —probablemente Vittorio Codovilla— señaló las dificultades de seleccionar cuadros dirigentes adecuados en Colombia. La solución que impuso la Internacional fue la bolchevización.

Entre el 5 y el 17 de julio de 1930, un pleno ampliado del PSR revisó la organización y su historia reciente. El 13 de julio se cambió el nombre del partido por el de Partido Comunista de Colombia. Se eligió un nuevo Comité Central Ejecutivo. El nuevo secretario general fue Guillermo Hernández Rodríguez, conocido por el seudónimo Guillén y descrito en la época como el "consentido del Komintern". La bolchevización implicó expulsiones: Raúl Mahecha —el organizador de las bananeras, el hombre que había pasado años con los obreros petroleros y los braceros del Magdalena— fue expulsado. Erasmo Valencia, otro dirigente de larga trayectoria, corrió la misma suerte. María Cano fue atacada, reconoció errores, resultó electa como suplente del Comité Central Ejecutivo y pidió que retiraran su nombre. Torres Giraldo terminaría escribiendo, décadas después, la biografía de María Cano —publicada en 1972— y una obra historiográfica extensa sobre las luchas sociales colombianas, entre ellas Los inconformes, aparecida póstumamente en 1978. Él mismo murió en 1968 en Cali, en la pobreza y el aislamiento político.

La ironía del proceso fue nítida. El PSR había fracasado militarmente en 1929 en parte porque su estructura era demasiado abierta y demasiado dependiente de una red de agitación simbólica sin correlato militar. La Internacional respondió imponiendo una bolchevización que purgó precisamente a los cuadros con mayor arraigo popular —Mahecha, Valencia, la propia Cano marginada— en favor de figuras alineadas con Moscú pero sin la experiencia de haber organizado a los braceros del Magdalena o a los artesanos del Tolima. El propio Hernández Rodríguez sería expulsado pocos años después. El PCC nació, entonces, en medio de una aguda crisis orgánica, y esa inestabilidad marcaría sus primeros años.

Precedente

Los alzamientos de Líbano y Chucurí ocupan un lugar particular en la historia política colombiana. Muestran, en primer lugar, que el marxismo colombiano no fue un injerto foráneo tardío: hacia 1929 había en el norte del Tolima y en el Magdalena Medio santandereano militantes dispuestos a levantarse en armas bajo banderas rojas con tres ochos, y esos militantes eran zapateros, colonos y campesinos con agravios propios y anclados en la economía local. La radicalización venía de la ruina del artesanado por la importación, del cierre de la frontera agraria, de la caída del precio del café, del cierre autoritario del régimen conservador. La retórica bolchevique era el idioma en que esas realidades encontraron nombre.

Muestran también la distancia entre agitación simbólica y organización militar. El PSR sabía electrizar multitudes, bautizar seculares y construir redes de correos clandestinos, pero no había construido el aparato militar que un proyecto insurreccional exige. La contraorden que no llegó a Líbano no fue un accidente aislado: fue la manifestación de un problema estructural del partido, que se resolvería más tarde en dirección leninista pero al costo de perder a los cuadros con arraigo popular real.

Muestran, finalmente, la solidez del bipartidismo rural incluso frente a movimientos radicales bien organizados. En Líbano, la milicia que dispersó a los insurgentes estaba comandada por un conservador y un liberal actuando conjuntamente. Sin romper la mediación bipartidista sobre las masas rurales, ningún proyecto insurreccional de base campesina podía sostenerse. El PSR había construido conciencia de clase en focos importantes, pero no había resquebrajado la lealtad partidista tradicional que organizaba la vida política de la mayoría de los colombianos.

Los alzamientos fueron sofocados en días. Sus protagonistas fueron juzgados, expulsados o marginados. El partido que los organizó cambió de nombre menos de un año después. Y sin embargo, el hecho mismo de que hubieran ocurrido —de que artesanos y colonos colombianos hubieran cruzado en 1929 el umbral que separa la protesta social de la insurrección armada bajo bandera roja— quedó como precedente. Cuando cuatro décadas más tarde otras insurgencias reclamaron una genealogía revolucionaria en Colombia, Líbano y Chucurí estaban ahí, en el fondo de la memoria, como los primeros ensayos endógenos de una tradición que ni la represión ni la bolchevización lograron borrar.