Ligas campesinas

Las ligas campesinas fueron la forma organizativa que el campesinado colombiano se dio entre finales de los años veinte y mediados de los cuarenta para disputar la propiedad de la tierra, el reconocimiento como colonos y el derecho a sembrar café en las parcelas de la hacienda. No fueron un sindicato rural en sentido estricto ni una réplica agraria del gremio obrero: funcionaron a la vez como sociedades de resistencia, como cajas de defensa jurídica que pagaban abogados y memoriales, y como tribunales agrarios paralelos capaces de repartir parcelas, resolver pleitos internos y decidir quién entraba a una vereda. Su epicentro estuvo en las haciendas cafeteras de Cundinamarca y Tolima —Viotá, Sumapaz, Tequendama, Fusagasugá, Chaparral—, y su ciclo mayor coincide con la República Liberal (1930-1946), que primero las reconoció legalmente con la Ley 83 de 1931, luego intentó absorberlas con la Ley 200 de 1936 y terminó neutralizándolas con la Ley 100 de 1944. De ese ciclo quedaron pocos núcleos vivos, pero los que sobrevivieron —Viotá, Sumapaz, sur del Tolima— se reconvirtieron en autodefensas armadas durante la Violencia y, por esa vía, marcaron el mapa de la insurgencia rural colombiana de la segunda mitad del siglo XX.

Qué era una liga campesina

El nombre engaña por su modestia. Una liga no era un partido ni una guerrilla ni un sindicato registrado: era una asociación de arrendatarios, aparceros, jornaleros y colonos de una vereda o de un conjunto de haciendas contiguas, constituida para pelear un problema concreto —el derecho a sembrar café en la parcela, el pago de la arroba de café cogido en balanza romana y no al ojo del mayordomo, el reconocimiento de las mejoras cuando llegaba la orden de desalojo, la defensa de una ocupación que el hacendado consideraba invasión—. Recolectaba cuotas para pagar abogados, redactar memoriales dirigidos al juez agrario o al gobernador, imprimir hojas sueltas y sostener a los delegados que viajaban a Bogotá o a la capital departamental. Cuando la vía jurídica se agotaba, la liga pasaba a la acción directa: siembra colectiva en tierras disputadas, negativa a pagar el terraje, ocupación armada.

Esa doble naturaleza —legalista y territorial, tribunal y milicia— es la marca distintiva de la forma. Las ligas de filiación unirista, ligadas a Jorge Eliécer Gaitán, operaron predominantemente dentro del sistema legal, defendiendo a los invasores mediante litigio. Las de filiación comunista, en cambio, prevenían a sus afiliados contra el recurso a las autoridades nacionales, al que consideraban una forma de complicidad con el orden vigente, y privilegiaban la organización territorial de base. Pero incluso en el caso comunista el legalismo campesino no desapareció: la memoria del fallo de 1926 sobre la prueba diabólica y la existencia de una legislación de baldíos que protegía a los colonos hicieron que el papel sellado, el título original y el memorial siguieran siendo armas centrales del repertorio. Esa combinación de argumento jurídico y presión territorial —rara en América Latina, donde el conflicto agrario tomó con más frecuencia la forma de la rebelión abierta— explica por qué en Colombia el ciclo agrario de los años veinte y treinta no produjo grandes insurrecciones al modo mexicano o boliviano, sino más de 450 enfrentamientos importantes entre colonos y terratenientes registrados entre 1875 y 1930, dispersos, prolongados y con un pie en el juzgado.

Las raíces: el fallo de 1926 y la crisis del arriendo cafetero

El terreno donde crecieron las ligas se preparó en los años veinte, cuando el proceso de tecnificación, concentración de la tierra y desalojo comenzó a exigir a miles de familias que presentaran títulos legales que rara vez poseían. El campesino que llevaba dos generaciones desmontando monte y sembrando plátano en una vertiente se encontró de pronto convertido en arrendatario de un hacendado que exhibía un papel; y si quería quedarse, debía pagar en trabajo o en dinero por lo que hasta entonces había considerado suyo.

La grieta se abrió con el fallo de la Corte Suprema de 1926, que resolvió que la única prueba admisible de propiedad privada sobre la tierra era el título original por el cual el Estado la había enajenado del dominio público. La prueba diabólica —así se la llamó, porque era prácticamente imposible de cumplir— invirtió de golpe la carga de la evidencia: ahora era el hacendado quien debía demostrar que su tierra no era baldía. En las regiones de desarrollo fronterizo reciente, sobre todo en las vertientes cafeteras de Cundinamarca y Tolima donde la hacienda había crecido a lomo de títulos coloniales dudosos, los arrendatarios comenzaron a argumentar que eran colonos y no aparceros, que la tierra que trabajaban era pública y no privada, y que por tanto no debían nada a nadie.

La respuesta de los propietarios fue violenta y metódica. Cuando un arrendatario dejaba de pagar el terraje o sembraba café —cultivo de larga duración que elevaba el monto de las mejoras a compensar en caso de desalojo—, los hacendados tiraban semillas de pasto en las parcelas para volverlas potrero, soltaban ganado sobre los sembrados, confiscaban las cosechas, cortaban puentes, cerraban fuentes de agua, quemaban chozas e imponían multas o cárcel a través de las autoridades locales que controlaban. Fue esa presión —y la prohibición de sembrar café en particular— la que empujó a los campesinos de las vertientes cundinamarquesas y tolimenses a organizarse. La liga nació allí donde la relación hacienda-arrendatario dejó de ser negociable: donde la vieja personalidad servil del terrazguero se había disuelto con el relevo generacional, con el paso previo por los campos petroleros de Barrancabermeja, la zona bananera del Magdalena o los ferrocarriles, y con la penetración de la prédica socialista.

Los precursores: PSR, María Cano y las primeras invasiones

La estructura política inicial la aportó el Partido Socialista Revolucionario (PSR), fundado en 1926 por el núcleo marxista dirigido por Ignacio Torres Giraldo tras la resonante huelga del Ferrocarril del Pacífico de septiembre de ese año. El PSR simpatizó con la Internacional Comunista sin plegarse del todo a sus tesis, y sus tres figuras mayores —Torres Giraldo, Raúl Eduardo Mahecha y María Cano— fueron también las que llevaron la agitación al campo. Mahecha, que había organizado a los trabajadores petroleros de Barrancabermeja en las huelgas de 1924 y 1927, hizo lo propio con los bananeros del Magdalena en la huelga que terminó en la masacre de Ciénaga en diciembre de 1928. María Cano recorrió las regiones cafeteras y los enclaves obreros como Flor del Trabajo, hilando la conexión entre proletariado urbano y campesinado.

De ese mismo núcleo salieron dos episodios que anticipan la forma liga: el levantamiento del Líbano (Tolima) en 1929, cuando campesinos armados avanzaron a medianoche sobre la ciudad con choques violentos en Dosquebradas, Murillo, Convenio y Santa Teresa; y, sobre todo, las invasiones de Viotá, donde militantes socialistas revolucionarios ayudaron a los trabajadores de las haciendas cafeteras a ocupar tierras y a formar organizaciones de defensa que las sostuvieran por la fuerza. Viotá se convertiría, en la primera mitad de los años treinta, en el principal centro cafetero de Cundinamarca y en el primer municipio de mayoría comunista del país: en 1933, Víctor J. Merchán fue elegido allí como el primer concejal comunista de Colombia.

Cuando el PSR se disolvió y en 1930 se fundó el Partido Comunista Colombiano, el capital humano acumulado en el campo pasó al nuevo partido. Al abrirse la década, del movimiento campesino habían surgido numerosos cuadros revolucionarios, y todos los grandes luchadores del momento —María Cano, Torres Giraldo, Erasmo Valencia, José Gonzalo Sánchez— tuvieron alguna relación con esa base rural. Ese era el sedimento organizativo que la República Liberal, inaugurada en 1930 con la elección de Enrique Olaya Herrera, iba a encontrar cuando llegó al poder.

La República Liberal: reconocimiento, competencia y desborde (1930-1936)

Los primeros años de gobierno liberal alteraron radicalmente el marco. La Ley 83 de 1931 reconoció legalmente los derechos de organización y huelga, y con ello desató un aumento sostenido de sindicatos rurales y ligas campesinas con personería jurídica. Para 1939, las agremiaciones campesinas reconocidas legalmente sumaban 153 en todo el país, de las cuales 75 —casi la mitad— se concentraban en Cundinamarca y Tolima. Era la geografía exacta de las viejas haciendas cafeteras de vertiente, y coincidía con las zonas donde las invasiones de finales de los veinte habían dejado un tejido de comités veredales listo para formalizarse.

Ese reconocimiento legal cambió también el mapa político. Al lado del Partido Comunista aparecieron dos organizaciones que se disputaban la misma base social de colonos y arrendatarios: el Partido Agrario Nacional (PAN) de Erasmo Valencia, apoyado sobre los colonos de las tierras en litigio, y la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), fundada por Jorge Eliécer Gaitán como excepción transitoria a su postura habitual de actuar desde el liberalismo. La UNIR, sostenida en el trabajo de Gaitán como abogado laboralista y en su capacidad de convocatoria pública, organizó ligas en Cundinamarca y Tolima que defendieron a los invasores dentro del sistema legal, recolectando cuotas para memoriales y hojas sueltas.

La competencia entre los tres proyectos —PCC, UNIR, PAN— por una misma base rural fue, más que la cooptación estatal, la dinámica determinante del ciclo. Cada organización disputaba las mismas veredas, ofrecía servicios jurídicos y organizativos parecidos y se distinguía sobre todo por su relación con el Estado: el PCC desconfiaba de él, la UNIR litigaba a través de él y el PAN oscilaba entre uno y otro polo. En zonas puntuales de la vertiente cafetera —Viotá y Fusagasugá señaladamente— el Partido Comunista consiguió arraigo duradero; pero en el conjunto del sector cafetero, los esfuerzos de la izquierda por organizar la protesta obrera antes de 1936 fueron en gran medida un fracaso. La liga campesina, como forma, funcionó donde encontró un núcleo militante estable y una hacienda vulnerable en sus títulos; en el resto del país cafetero se disolvió tan pronto como el conflicto puntual que la había convocado se resolvió o se ahogó.

Fuera del eje Cundinamarca-Tolima, el mapa fue disperso. En el norte del Cauca, las ligas de inspiración liberal formadas desde 1930 intentaron integrar a las comunidades indígenas pero fracasaron al imponerles estructuras sindicalistas —presidente, comisiones, carnets, aportes mensuales en dinero— ajenas a la organización de cabildos. En Valle, Caldas, Bolívar y Magdalena aparecieron ligas al calor de invasiones concretas, muchas ligadas al retorno de trabajadores que habían estado en los campos petroleros, la zona bananera o los ferrocarriles y se negaban a aceptar la relación arcaica de arrendatario-terrateniente. En algún punto de la vertiente cafetera, las ligas coordinaron una huelga que involucró a unos 18.000 recolectores y consiguieron dos victorias materiales que resumen bien lo que estas organizaciones podían arrancar cuando actuaban en conjunto: que los hacendados aceptaran el pesaje en balanzas romanas y un alza en el precio por arroba cogida.

La Ley 200 de 1936 y el punto de inflexión

Cuando Alfonso López Pumarejo asumió la presidencia en 1934, la Revolución en Marcha llegó al campo con la Ley 200 de 1936, conocida como Ley de Tierras. La ley no fue una reforma agraria redistributiva: buscó estimular la productividad rural y modernizar la tenencia sin tocar la estructura de la gran propiedad. Expresaba de forma ambigua dos vías paralelas para el desarrollo del capitalismo agrario: la distribución de tierras inexplotadas y un plazo de diez años para que los grandes propietarios sustituyeran la aparcería y el arriendo por trabajo asalariado. La ambigüedad no fue accidente: era el compromiso entre un gobierno liberal que necesitaba desactivar el movimiento agrario y una clase terrateniente que no estaba dispuesta a ser expropiada.

Para las ligas, la Ley 200 fue el punto de inflexión. En apariencia les daba razón: reconocía la posibilidad de que tierras inexplotadas volvieran al dominio público y abría un plazo para la modernización. La Caja Agraria complementó el marco aprobando 453.618 préstamos entre 1936 y 1943, muchos destinados a que arrendatarios y colonos adquirieran parcelas propias. Pero el efecto real fue triple y, en su conjunto, desmovilizador.

Primero, los terratenientes reaccionaron con expulsiones preventivas: para evitar reclamaciones que pudieran alegar mejoras al amparo de la ley, procedieron a desalojar antes de que el litigio se armara. Segundo, el decreto reglamentario aceptó una cabeza de ganado por hectárea como explotación económica suficiente, lo que permitió a muchos hacendados evitar los conflictos laborales convirtiendo cafetales y sembrados en potreros: nació allí, o allí se consolidó, la vocación ganadera extensiva de amplias zonas de la vertiente. Tercero, la aplicación fue desigual y dependió del equilibrio de poder local. Donde los terratenientes controlaban los gobiernos municipales, la policía y los jueces —es decir, casi en todas partes—, lograron burlar o reinterpretar la ley en su favor.

La liga como forma organizativa quedó atrapada en la contradicción: la ley que había venido a validar sus reclamos legalistas convirtió a su base social en objetivo de expulsión. Al tiempo, la política liberal de parcelación —que efectivamente convirtió a un número limitado de arrendatarios en pequeños propietarios— fragmentó al movimiento: quien recibía su parcela ya no necesitaba la liga, y muchos de los antiguos militantes rurales de Viotá y Fusagasugá se volvieron, con el título en la mano, una fuerza más conservadora de lo que su historia sugería.

El efecto político fue inmediato. Gaitán renunció a la UNIR poco después de ser elegido a la Cámara en lista oficial del Partido Liberal; la organización desapareció con rapidez. El retorno se explicó por varios factores convergentes: López anunciaba reformas que sintetizaban los anhelos programáticos de la UNIR, los intereses profesionales de Gaitán como abogado laboralista lo empujaban hacia el liberalismo institucional, y el costo de sostener una organización independiente crecía a medida que la Revolución en Marcha ocupaba el espacio reformista. El Partido Agrario Nacional de Erasmo Valencia se desmovilizó también bajo el peso conjunto de la política de parcelación y los efectos de la Ley 200. Al cabo de dos o tres años, de las tres organizaciones que se habían disputado la base agraria a comienzos de los treinta solo quedaba en pie el Partido Comunista, y solo en un puñado de enclaves.

Viotá, Sumapaz, Tequendama, sur del Tolima: la geografía del rescoldo

En esos enclaves, sin embargo, la liga alcanzó su forma más acabada. Viotá, cabecera de la vertiente cafetera cundinamarquesa, había construido desde comienzos de los treinta una estructura municipal comunista con arraigo de vereda, concejales elegidos y comités veredales que operaban como autoridad de hecho sobre porciones considerables del territorio. En el Tequendama, el pacto firmado en 1930 entre los Crane —propietarios de la hacienda Calandaima— y la liga campesina local pasó a la memoria organizativa como ejemplo de lo que podía negociarse cuando las dos partes reconocían la fuerza de la otra.

En Sumapaz el conflicto tenía otra escala. Allí se disputaban unas 300.000 hectáreas repartidas entre Bogotá, Usme, Pandi, Cunday, San Martín y La Uribe, sobre las que herederos de títulos coloniales pretendían derechos frente a colonos que habían desmontado el monte por generaciones. Juan de la Cruz Varela aparece por primera vez como dirigente campesino en ese contexto, articulando la defensa jurídica de los colonos con la organización territorial de veredas enteras. En el sur del Tolima, hacia 1936, unos 1.800 colonos invadieron tierras sobre el río Combeima aprovechando la falta de claridad en los títulos de una hacienda; entre sus dirigentes estaba Isauro Yosa, que años después encabezaría uno de los núcleos de autodefensa comunista de la región.

La forma organizativa en estos enclaves ya no era la liga jurídica de la UNIR sino algo más complejo: comités veredales que combinaban la afiliación —con carnet y cuota—, la asignación de parcelas a los recién llegados, la resolución de pleitos internos, la organización del trabajo colectivo en jornadas comunitarias y el control sobre la entrada de nuevos poblantes a la vereda. En zonas de colonización posterior, como el Alto Ariari, el sindicato agrario comunista funcionaría abiertamente como autoridad territorial, distribuyendo tierras, resolviendo conflictos, organizando el trabajo y proveyendo servicios básicos. Era, en la práctica, un gobierno popular de base sobre un territorio pequeño pero denso, con capacidad de interlocución con el Estado central. La liga había mutado en institución rural completa: no ya una asociación para pleitear una hacienda, sino la infraestructura básica de la vida colectiva de una vereda entera.

La pausa, la Ley 100 y el estrangulamiento (1938-1946)

El primer freno vino desde el propio liberalismo. Eduardo Santos ganó las elecciones de 1938 —las primeras por sufragio universal y directo desde 1856— con apoyo liberal y la abstención conservadora, y su gobierno (1938-1942) declaró la pausa a la Revolución en Marcha: frenó los procesos de parcelación de haciendas y moderó el impulso reformista en materia agraria. El ritmo de reconocimiento de nuevas ligas se ralentizó y la Caja Agraria estrechó sus criterios.

El golpe decisivo llegó con el segundo mandato de López Pumarejo (1942-1945) y la Ley 100 de 1944, que amplió el plazo concedido a los latifundios para poner a producir la tierra improductiva y expresó un cambio abierto a favor de los grandes propietarios. En términos prácticos, la Ley 100 revirtió los avances redistributivos que se habían intentado con la Ley 200 y, sumada al freno de Santos, dejó al movimiento agrario sin la muleta legal sobre la que había caminado durante una década. Los conflictos escalaron: los arrendatarios que confiaban en la vía jurídica se encontraron con juzgados y policías al servicio del hacendado, y las ligas que habían operado dentro del marco legal se quedaron sin marco.

En ese vacío intervino el Partido Socialista Democrático, que asumió la dirección de una parte importante de la movilización campesina tras el repliegue de la UNIR y la desmovilización del PAN. El 12 de octubre de 1942 organizó en Bogotá la primera convención nacional campesina e indígena, de la que salió la Federación Nacional Campesina e Indígena (FNCI), pensada como estructura de segundo grado para articular las ligas regionales sobrevivientes. La FNCI llegó tarde: para entonces, la República Liberal había agotado su ciclo reformista, la violencia política sectaria comenzaba a extenderse por los municipios y la agenda agraria quedaba tapada por la confrontación entre liberalismo y conservatismo. La violencia funcionó como cortina de humo que impedía a los campesinos exigir las tierras y los derechos laborales que la Revolución en Marcha les había prometido parcialmente y no había cumplido.

De la liga a la autodefensa: la revancha terrateniente

La derrota electoral del liberalismo en 1946 y la escalada de la Violencia después del 9 de abril de 1948 tuvieron un componente que el análisis meramente político suele subestimar: la revancha terrateniente. La violencia conservadora que se desató sobre el campo en 1948-1950 no fue indiferenciada: se dirigió con especial saña contra las zonas donde habían tenido lugar las luchas campesinas de los años veinte y treinta. Viotá, Chaparral, Sumapaz, las viejas veredas del PSR, del PAN, de la UNIR y del PCC fueron blancos deliberados. Se saldaron cuentas de dos décadas: las mejoras no reconocidas, los cafetales impedidos, los desalojos frustrados, los concejales comunistas de 1933, los invasores de 1936.

Frente a esa violencia dirigida, y cuando quedó claro hacia finales de 1949 que Laureano Gómez ganaría las elecciones presidenciales sin oposición liberal, el Partido Comunista Colombiano anunció una política de autodefensa armada de masas. Su alcance territorial fue exactamente el mapa de los enclaves donde las ligas habían sobrevivido a la Ley 200 y a la Ley 100: el municipio de Viotá, la región del Sumapaz —a lo largo de la frontera oriental de Cundinamarca con Tolima— y el extremo sur del Tolima. Juan de la Cruz Varela encabezó el enclave del Sumapaz; Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro, el del sur del Tolima. Cada uno presentaba variantes regionales claramente diferenciables por su experiencia histórica previa y por el papel que el Partido les asignó en el marco general de la resistencia: el Tequendama volcado sobre la hacienda cafetera, el sur del Tolima sobre la colonización de frontera, Sumapaz sobre el litigio secular por los títulos coloniales.

La transición de la liga a la autodefensa no fue un salto ideológico sino una continuidad organizativa. Los comités veredales que habían recolectado cuotas para memoriales pasaron a recolectarlas para armas; las comisiones que asignaban parcelas a los recién llegados pasaron a ubicar familias desplazadas por la violencia; los delegados que viajaban a Bogotá a hablar con jueces agrarios pasaron a negociar treguas con el Estado. En Sumapaz, los jefes de la autodefensa negociaron con el gobierno compromisos que incluían el respeto a autoridades, bienes y credos políticos, con una capacidad de interlocución política heredada directamente de la etapa de las ligas.

Cuando Gustavo Rojas Pinilla ofreció amnistía en 1953, muchos dirigentes de las guerrillas liberales aceptaron los indultos y entregaron las armas; los grupos armados vinculados al PCC, en cambio, optaron por no hacerlo. Juan de la Cruz Varela realizó en octubre de ese año una entrega políticamente calculada: presentó 1.200 hombres —según la prensa de la época— para neutralizar la presión militar, mientras retenía al menos parte del armamento para prevenir la reacción latifundista. La ilegalización del Partido Comunista en 1954 y, sobre todo, la operación militar de mediados de 1955 —cuando Villarrica y otros municipios del oriente tolimense fueron declarados zonas de operaciones militares o zonas rojas y sometidos a una política de tierra arrasada con bombardeos y ametrallamientos que obligó a miles de familias a refugiarse en las montañas— cerraron el ciclo de la autodefensa territorial y abrieron el de las columnas de marcha que, hacia 1964, se convertirían en las FARC. Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, fue uno de los dirigentes formados en esa transición.

Huella

Las ligas campesinas dejaron un rastro largo y desigual. En lo inmediato, produjeron logros materiales concretos: el pesaje en balanza romana en las haciendas cafeteras, la protección efectiva de mejoras en algunos pleitos, la parcelación de un número limitado de haciendas antes de 1940, el acceso a crédito de la Caja Agraria para arrendatarios que se hicieron propietarios. Debilitaron el régimen de la hacienda cafetera tradicional sin desmantelar la estructura agraria prevaleciente: la gran propiedad sobrevivió, pero mutada hacia la ganadería extensiva y hacia formas de explotación menos dependientes del arriendo servil.

En el plano organizativo aportaron el modelo del comité veredal con capacidad de gobierno territorial —el sindicato agrario del Alto Ariari, que afiliaba y ubicaba colonos, organizaba trabajo colectivo y controlaba la entrada de nuevos poblantes, es el ejemplo más completo—, un modelo que reaparecería en zonas de colonización comunista durante décadas. En el Atlántico, a finales de los años cincuenta, se gestaron las Ligas Campesinas de la Costa como una de las primeras formas organizativas del campesinado de la región Caribe, y de allí saldrían líderes que después conformarían otros procesos. Cuando Carlos Lleras Restrepo creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en 1967-1968, en el marco de su política reformista, encontró en muchas veredas una memoria organizativa que venía de las ligas, aunque para entonces el vínculo directo se había roto.

La huella más problemática es la que va de las ligas a las FARC. La continuidad organizativa entre las autodefensas comunistas de Viotá, Sumapaz y sur del Tolima y la guerrilla fundada en 1964 es real, y pasa por figuras como Marulanda, Isauro Yosa y, en el terreno político, Juan de la Cruz Varela. Pero no fue una línea recta ni una expresión inevitable de las ligas como forma: fue el resultado contingente de que solo en esos enclaves el Partido Comunista había construido arraigo suficiente para sobrevivir a la cooptación liberal, a la contrarreforma de Santos, a la Ley 100 y a la revancha terrateniente. En el resto del país cafetero —Caldas, Quindío, Valle, buena parte del Tolima central—, las ligas se disolvieron con el ciclo liberal y su base social se integró al bipartidismo, al minifundio propietario o a la migración urbana. Lo que queda no es una plataforma latente uniforme sino un archipiélago: tres o cuatro veredas que aprendieron a resistir dos veces, primero al hacendado con memoriales y después al Estado con fusiles, y que por esa vía escribieron un capítulo desproporcionadamente largo de la historia colombiana del siglo XX.