La traición a Galán y las Capitulaciones de Zipaquirá

¿Fue la traición a Galán un accidente o el molde de la política colombiana?

En junio de 1781, en la plaza de Zipaquirá, un arzobispo firmó bajo presión un pliego de concesiones que devolvía la paz al Nuevo Reino de Granada. Ocho meses después, el 1 de febrero de 1782, José Antonio Galán fue arrastrado desde la cárcel de Santafé, ahorcado, decapitado y descuartizado; su cabeza salió hacia Guaduas, sus manos hacia Socorro y San Gil, sus pies hacia Charalá y Mogotes. Entre ambas fechas se despliega el ciclo más importante de resistencia colonial del siglo XVIII neogranadino y también el molde de una operación política que Colombia repetiría con variantes: una insurrección plebeya multiétnica capturada por una dirigencia criolla letrada que negoció por separado, obtuvo lo suyo y consintió en el castigo ejemplar del ala radical. La pregunta que aquí importa no es si hubo traición —la hubo, y su firma quedó estampada— sino qué tipo de traición fue: ¿accidente moral de unos notables asustados o primer eslabón de un patrón estructural de larga duración?

¿Qué se juega en responder esto?

La lectura que se haga del desenlace comunero decide cómo se lee 1810 y, más allá, cómo se lee todo el siglo XIX colombiano. Si la ejecución de Galán fue una desdicha coyuntural —el precio pagado por un movimiento que no supo cuidar a su radical más lúcido—, entonces la República nace limpia y la exclusión posterior es un desvío. Si en cambio la firma de Juan Francisco Berbeo como corregidor sobre la sentencia de muerte de Galán resulta coherente con lo que había firmado antes en Zipaquirá, entonces el 20 de julio de 1810, el pacto conservador-liberal del siglo XIX y la manera colombiana de metabolizar la protesta popular tienen su primer molde probado en 1781. Lo que está en juego es la genealogía de una forma política: la revolución desde arriba que se vale del estallido popular como palanca y lo descarta como amenaza en cuanto obtiene la concesión que importa.

Las Capitulaciones de Zipaquirá no fueron un documento monolítico impuesto por la muchedumbre: fueron redactadas por Agustín Justo de Medina y Juan Bautista de Vargas, delegados de Tunja, con modificaciones acordadas entre Berbeo y Jorge Lozano de Peralta. Fueron el producto de una negociación letrada dentro del propio campo comunero, donde la voz de la plebe rural y de los pueblos de indios llegó filtrada por notables que tenían agendas propias. Ese filtro es el objeto de este artículo.

El detonante fiscal y el descontento acumulado

Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres llegó como regente visitador en 1778 con el mandato borbónico de exprimir fiscalmente el virreinato. Restableció el impuesto de la Armada de Barlovento, extendió la alcabala a nuevos productos —textiles y algodón entre ellos— y reorganizó el estanco del tabaco con ordenanzas minuciosas: cuatro zonas de cultivo autorizadas (Ambalema, Girón, Pore-Nunchía y Palmira), seis administraciones de distribución y la exclusión de numerosos pueblos, sobre todo en Antioquia y Santander, que hasta entonces cultivaban libremente. En mayo de 1780 duplicó el precio al detalle del tabaco y del aguardiente; en agosto reforzó los controles sobre el comercio. La renta del aguardiente había sido descrita en 1772 por el virrey Pedro Messía de la Zerda como "la más útil y pingüe" de la Corona: junto con el tabaco, en la última década colonial los estancos representaban cerca de un tercio de los ingresos totales. La presión fiscal sobre el Nuevo Reino de Granada se triplicó respecto a los niveles previos a las reformas.

Esa presión no cayó de manera abstracta. Cayó sobre el Guanentá, región de pequeñas parroquias con agricultura de propietarios blancos medianos y grandes, densidad de artesanos y una tradición de cultivo tabacalero que la reorganización acababa de criminalizar. Entre febrero de 1778 y diciembre de 1780 hubo motines en Mogotes, Simacota y Charalá, todos ligados a las restricciones al tabaco. Cuando el 16 de marzo de 1781 Manuela Beltrán —vendedora de la plaza de Socorro, no figura de la élite— arrancó el bando que anunciaba los nuevos tributos, no encendió un pajar seco: consumó un incendio que llevaba tres años preparándose. La multitud coreó "¡Viva el rey, pero no queremos pagar la Armada de Barlovento!". La fórmula es reveladora: la protesta no cuestionaba al monarca, cuestionaba a sus recaudadores.

Esa fidelidad al soberano, más una tradición de libertades locales de raíz suareciana que las propias reformas borbónicas habían venido erosionando al prohibir la enseñanza del derecho natural y las obras de Francisco Suárez, define el horizonte ideológico del núcleo comunero. No es un movimiento ilustrado ni republicano. Es la reacción de una sociedad de antiguo régimen —criollos ricos, artesanos, campesinos, indios de resguardo, mulatos pobres— contra la ruptura unilateral del pacto fiscal por parte de un visitador peninsular. Ese es el consenso que permitió que criollos, mestizos e indígenas coincidieran en la calle. Y esa coincidencia es exactamente lo que se rompe cuando la dirigencia letrada asume el mando.

¿Quiénes eran los actores del estallido?

La revuelta se organizó con velocidad. La élite criolla socorrana —Juan Francisco Berbeo, Antonio José Monsalve, Salvador Plata, Francisco Rosillo— asumió el liderazgo de una muchedumbre que unos días antes había asaltado los almacenes y depósitos de los estancos de tabaco y aguardiente, liberado presos —incluidos, con toda probabilidad, quienes estaban encarcelados por cultivo ilegal de tabaco— y atacado a funcionarios de las rentas reales. Se extendió a Pamplona, Vélez y Cúcuta, incorporó gentes del campo y llegó hasta los llanos orientales. En su marcha hacia Santafé, el ejército del Común incorporó al cacique Ambrosio Pisco, figura que daba a la insurrección una dimensión indígena imposible de ignorar.

Pero la unidad era de superficie. Bajo la consigna común convivían actores de posiciones sociales muy distintas: propietarios blancos afectados por la alcabala sobre sus textiles, artesanos y pequeños comerciantes golpeados por el estanco, campesinos tabacaleros criminalizados, indios de resguardo saqueados por los recaudadores, mulatos pobres hostigados por los guardias de rentas. Esa alianza fue viable como convergencia estratégica y transitoria contra un enemigo único —el visitador y sus tributos—, no como coalición interclasista consolidada. Nada de fondo unía a un Berbeo, hacendado y comerciante letrado, con un peón tabacalero de Charalá; los unía, momentáneamente, el hecho de que ambos padecían la mano de Gutiérrez de Piñeres. En cuanto esa presión se aflojara, la alianza se desintegraría según sus líneas de fractura originarias.

Galán encarnó desde el comienzo la línea de fractura más peligrosa para los notables. Enviado por Berbeo en misión secundaria hacia el occidente, terminó operando en Mariquita y las minas de Malpaso, liberando esclavos, agitando a los indios y proyectando una guerra que ya no cabía en el pliego fiscal. La distinción entre el jefe formal del ejército del Común y el capitán que se le desprendió por la izquierda no es folclor biográfico: es la marca visible de que dentro del movimiento coexistían dos programas incompatibles.

Zipaquirá: la negociación paralela y la firma del arzobispo

Mientras el ejército del Común avanzaba hacia Santafé, el virrey Manuel Antonio Flórez se hallaba en Cartagena, ocupado en la defensa del puerto contra los ataques ingleses. La capital carecía de tropas suficientes. La Audiencia comisionó al arzobispo Antonio Caballero y Góngora para pacificar la rebelión. La negociación no ocurrió en el frente ni en asamblea abierta: ocurrió en Zipaquirá, entre el arzobispo y un pequeño grupo de dirigentes encabezado por Berbeo, mientras la muchedumbre acampada esperaba. Las Capitulaciones se firmaron el 7 de junio de 1781 y se solemnizaron con un juramento en la iglesia parroquial, oficiado por el propio arzobispo.

Su contenido revela con crudeza qué demandas importaban al núcleo negociador. Junto a la fijación del precio del aguardiente, la reducción de la alcabala y la reversión de monopolios, aparece la reivindicación que descubre la mano criolla: que los cargos del virreinato se dieran a americanos nativos y no a funcionarios europeos. Esa cláusula no venía en la boca de Manuela Beltrán ni en las demandas del campesinado tabacalero. Venía de la élite letrada del Socorro y de Tunja, expropiada de privilegios administrativos por la visita general de 1776 y decidida a aprovechar la coyuntura para recuperarlos. La revuelta plebeya fue palanca para una demanda de clase que la trascendía y que, sin ella, no habría tenido cómo llegar a la mesa.

Firmadas las Capitulaciones, la dirigencia comunera hizo lo que la Corona necesitaba: persuadió a la muchedumbre de dispersarse y regresar a sus pueblos. Los ejércitos del Común se disolvieron. Entonces llegaron los refuerzos militares desde Cartagena. Y entonces el virrey Flórez improbó las Capitulaciones alegando que habían sido obtenidas bajo amenaza de violencia. El 18 de marzo de 1782, la Real Audiencia expidió el acuerdo formal de anulación, firmado por Gutiérrez de Piñeres y otros ministros. Caballero y Góngora, por su parte, fue premiado: la Corona lo nombraría virrey de Nueva Granada.

¿Fue todo esto un plan coordinado desde el comienzo? Difícilmente. Caballero y Góngora firmó bajo presión real, con la capital indefensa. Flórez estaba fuera del teatro de negociación. La anulación llegó desde Cartagena, no desde Zipaquirá. La convergencia entre élite criolla y Corona fue en buena medida oportunista y reactiva: cada parte hizo lo que su cálculo le indicaba en cada momento. Pero que no haya sido conspiración preconcebida no la vuelve accidente. Fue lo que resulta cuando dos actores comparten estructuralmente el interés en preservar la jerarquía señorial una vez removida la irritación fiscal: la Corona quería mantener la colonia, los notables querían mantener su posición dentro de ella, y ambos coincidían en que Galán era peligroso para los dos.

¿Qué revela el castigo diferencial?

La sentencia del 30 de enero de 1782 y su ejecución al día siguiente son el documento más elocuente de esa convergencia. Galán fue capturado hacia el 13 de octubre de 1781, en un paraje cerca de Onzaga, con nueve compañeros. Se negaba a aceptar las Capitulaciones por considerarlas prematuras y había intentado, sin éxito, provocar un nuevo alzamiento. Conducido a Santafé, fue juzgado y condenado a muerte junto con Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz. Los tres compañeros recibieron pena similar —horca y descuartizamiento—, aunque la sentencia de Galán, por su condición de jefe, se describió con mayor detalle: arrastrado desde la cárcel, ahorcado, decapitado, descuartizado en cuatro partes distribuidas geográficamente entre Guaduas, Socorro, San Gil, Charalá y Mogotes. La sentencia ordenó además que se diera "olvido a su infame nombre", declaró infame a su descendencia, confiscó todos sus bienes, mandó asolar su casa y sembrarla de sal.

La pedagogía del terror es evidente: los pueblos escogidos para recibir sus miembros fueron precisamente los focos más activos de la agitación tabacalera previa. Cada plaza vería lo que le espera a quien radicalice el pliego. Lo verdaderamente revelador, sin embargo, es la lista de firmantes: los auditores de Santafé, el arzobispo-virrey Caballero y Góngora, españoles poderosos y criollos, entre ellos el propio Berbeo en calidad de corregidor de la provincia. La sentencia de muerte contra el ala plebeya del movimiento comunero fue suscrita por el jefe de la dirigencia criolla que había firmado las Capitulaciones seis meses antes. No como concesión arrancada bajo amenaza: como acto de gobierno, en el ejercicio del cargo que la Corona le había reconocido tras la pacificación.

El contraste con el destino de los demás notables lo dice todo. Berbeo, Monsalve, Plata y Rosillo no fueron ejecutados. La represión —violenta pero selectiva— reservó el descuartizamiento para el ala radical y ofreció a la dirigencia letrada una salida negociada que incluyó su reincorporación al orden colonial en posiciones subalternas pero seguras. Esa asimetría no se explica por diferencia de culpa jurídica —todos habían encabezado la insurrección— sino por diferencia de peligro político. Galán era peligroso porque su proyecto —liberación de esclavos, agitación indígena, prolongación de la lucha— cuestionaba la jerarquía señorial que Corona y notables compartían. Berbeo no. La firma de Berbeo sobre la sentencia de Galán no es paradoja: es el sello de una operación de clase que, sin haber sido planificada, resultó perfectamente coherente con los intereses estructurales de sus firmantes.

¿Y si el movimiento estaba condenado por su propia heterogeneidad?

Contra esta lectura pesan dos objeciones serias que no conviene despachar. La primera es sociológica: el movimiento comunero era estructuralmente incapaz de sostenerse como bloque plebeyo porque su base social era irreductiblemente heterogénea. La alianza entre criollos ricos, artesanos, campesinos, indios y mulatos pobres funcionaba solo mientras la presión fiscal común los mantuviera unidos; retirada esa presión, se habría desintegrado con o sin traición de Berbeo. Desde ese ángulo el esfuerzo galanista aparece sofocado en su cuna, sin capacidad real de impacto sobre las estructuras coloniales: un estallido efímero antes que una subversión fundamental.

La segunda objeción es ideológica: el horizonte del núcleo comunero era conservador-localista, no plebeyo-transformador. La consigna "¡Viva el rey, pero no queremos pagar la Armada de Barlovento!" no es un programa revolucionario. La demanda de fondo era restaurar el pacto fiscal previo a Gutiérrez de Piñeres, no destruir el orden colonial. Galán, desde este ángulo, sería una desviación radical dentro de un movimiento que en su núcleo pedía menos, no más. Ejecutarlo, entonces, no habría suprimido un programa alternativo: habría depurado al movimiento de una excrecencia ajena a su gramática política real.

Ambas objeciones tienen fuerza, pero ninguna cancela la tesis principal. La primera confunde dos cosas distintas: la fragilidad estructural de la alianza (real) y la decisión política de sus dirigentes en el momento de la crisis (contingente). Que la alianza fuera frágil no obligaba a Berbeo a firmar la sentencia de Galán. Podría haber negociado su indulto, podría haberse abstenido, podría haber renunciado al corregimiento. Eligió otra cosa. La fragilidad sociológica explica por qué el movimiento no sobrevivió; no explica por qué la dirigencia participó activamente en su liquidación selectiva.

La segunda objeción es más interesante y obliga a matizar. Es cierto que el horizonte comunero mayoritario era conservador. Pero dentro de él coexistían dos líneas: una que buscaba restaurar el pacto y otra —encarnada en Galán y en su acción sobre esclavos e indios en Mariquita— que empezaba a desbordarlo. La ejecución no fue neutra respecto a esas dos líneas: suprimió sistemáticamente la segunda y reincorporó la primera. Que la línea galanista fuera minoritaria no la vuelve irrelevante; la vuelve, precisamente, el ala que había que eliminar para que el movimiento fuera domesticable.

¿Reaparece el molde en 1810?

La pregunta decisiva es si este molde reaparece en 1810. La respuesta honesta requiere distinguir. Hay una discontinuidad evidente: muchos de los futuros líderes de la Independencia estuvieron del lado de la Corona durante la revuelta comunera, y la Junta Suprema del 20 de julio no reivindicó explícitamente el legado de Galán. Hay una ruptura generacional y de proyecto. Pero hay también una continuidad estructural inquietante, más profunda que las filiaciones personales.

El propio testimonio de los protagonistas del 20 de julio de 1810 lo dice sin ambages: el secreto y el plan de la revolución estaban entre unos pocos, y la masa del pueblo, que no obraba sino por instigaciones, nada sospechaba; se limitó a dejar explotar sus antipatías y resentimientos contra algunos malos españoles. El incidente con Llorente no fue estallido espontáneo: fue un detonante preparado por un grupo reducido de notables criollos —el Cabildo de Santafé, tensionado desde años atrás por el nombramiento de regidores peninsulares y la militarización de la ciudad con un regimiento traído de Cartagena— que utilizó el resentimiento popular como palanca para forzar la convocatoria del cabildo abierto y la formación de la Junta Suprema. La masa fue instrumento; el programa fue letrado. El 26 de julio, la propia Junta declaró que no reconocía al Consejo Supremo de Regencia, estableciendo que ninguna corporación o individuo peninsular tendría autoridad sobre esas tierras, con la excepción nominal de Fernando VII.

La analogía con 1781 no está en las personas ni en la ideología: los comuneros eran suarecianos y los patriotas de 1810 eran ilustrados, los primeros vitoreaban al rey y los segundos empezaban a cuestionarlo. Está en la mecánica: un grupo criollo letrado captura la iniciativa política aprovechando el resentimiento plebeyo, negocia el nuevo orden entre pares, obtiene la representación en los cargos que le importa —lo mismo que las Capitulaciones habían pedido en 1781— y desactiva o reprime cualquier deriva popular que amenace con desbordar el pliego. El carácter criollo-elitista de la Independencia se debe en parte a que el único movimiento plebeyo del siglo XVIII con potencial subversivo real —el ala galanista— había sido descuartizado en Santafé el 1 de febrero de 1782 y borrado de la memoria por sentencia expresa. Cuando llegó 1810, no había una tradición popular organizada capaz de imponerle al programa criollo demandas de fondo. Había, sí, una plebe disponible como detonante, y así fue usada.

Ese mismo dispositivo se prolongará más allá de la Independencia. La sublevación liberal de 1848-1854 —el cuestionamiento más profundo del orden señorial en el siglo XIX— fue clausurada por la violencia contrarrevolucionaria de 1855, que se extendió por todo el país; y los sectores conservadores reelaboraron ideológicamente esa derrota como restauración del orden, apoyándose en la idea bolivariana de ingobernabilidad del pueblo y en la convicción de que solo un ejecutivo fuerte apoyado en la religión podía sostener la República. La Colonia fue rememorada como período de paz frente a los desórdenes republicanos, y la represión de la protesta pudo justificarse como retorno a la normalidad. La secuencia importa aquí porque exhibe la misma gramática: estallido plebeyo, captura letrada, sacrificio del ala radical, restauración narrativa.

¿Qué se hizo con la memoria de Galán?

La orden de dar "olvido al infame nombre" tuvo eficacia. La gesta comunera permaneció en la sombra historiográfica durante casi un siglo, hasta que en 1880 Manuel Briceño publicó en Bogotá Los comuneros. Después, cada bando escribió su Galán: la historiografía liberal lo recuperó selectivamente para legitimar sus proyectos; la conservadora, encabezada por José Manuel Groot, rescató el legado hispánico y minimizó el episodio; solo desde los años sesenta, con la nueva historiografía socioeconómica, la tensión entre dirigencia letrada y base plebeya empezó a leerse como problema estructural y no como accidente. Francisco de Miranda, mucho antes, había usado el relato de la sublevación comunera ante sus interlocutores europeos como evidencia de que los suramericanos estaban dispuestos a la revolución contra España: le sirvió como argumento, no como programa. Y en un giro cargado de ironía política, el ELN nombró uno de sus frentes "José Antonio Galán", apropiándose explícitamente del descuartizado. Primero amenaza que había que suprimir, luego bandera que había que exhibir: Galán fue instrumentalizado siempre por otros.

Entonces, ¿qué tipo de traición fue?

La traición a Galán y a las Capitulaciones de Zipaquirá no fue un plan urdido de antemano por una élite conjurada con la Corona. Fue algo peor y más duradero: la convergencia estructural de dos actores —la dirigencia criolla letrada del Socorro y la autoridad borbónica— que compartían un interés en preservar la jerarquía señorial una vez removida la irritación fiscal, y que actuaron cada uno según su cálculo hasta producir, sin haberlo diseñado, un resultado perfectamente coherente con esos intereses. Berbeo firmó las Capitulaciones en Zipaquirá porque necesitaba las concesiones fiscales y la preferencia criolla en los cargos; firmó la sentencia de Galán en Santafé como corregidor porque el ala radical, una vez obtenidas esas concesiones, era peligro común para él y para el arzobispo-virrey. La misma mano en ambos documentos.

Esa operación —captura letrada de una insurrección multiétnica, negociación por separado, sacrificio del ala radical, reincorporación de la dirigencia al orden— inauguró en Nueva Granada un molde que no se replica por transmisión biográfica sino porque las condiciones que lo hacen eficaz vuelven a darse: élite criolla con capacidad de intermediación política, base popular disponible como detonante pero no como sujeto autónomo, Corona o Estado central capaz de negociar concesiones parciales sin ceder el marco. Cuando esas tres condiciones concurren, el molde reaparece. Reapareció el 20 de julio de 1810, cuando un grupo reducido preparó una revolución cuyo secreto no compartió con la masa que la ejecutaba. Y siguió reapareciendo en las derrotas plebeyas del siglo XIX, protocolizadas cada vez como restauración del orden.

Dos flancos exigen honestidad antes de cerrar. El programa de Galán no puede reconstruirse con precisión más allá de sus gestos —liberación de esclavos, agitación indígena, rechazo de las Capitulaciones por prematuras—; cuánto de subversión fundamental cabía realmente en él, y cuánto era radicalismo táctico sin horizonte alternativo consolidado, es cuestión que la evidencia no permite zanjar. Y la continuidad estructural entre 1781 y 1810 se sostiene en la homología de la mecánica, no en la transmisión explícita: los criollos de 1810 no invocaron a Galán ni lo tuvieron por precedente, construyeron su relato de ruptura con la Colonia como si empezaran de cero. Que hayan repetido el molde comunero sin proponérselo es lo que hace pensar en patrón estructural, aunque atribuir la ausencia de tradición popular organizada en 1810 solo a la derrota comunera —y no a factores concurrentes como la falta de escolarización plebeya o la fragmentación regional— sería reducirlo todo a una causa única.

Lo que sí puede afirmarse, y con firmeza, es esto: el 1 de febrero de 1782, cuando la cabeza de Galán salió hacia Guaduas, no se ejecutó a un hombre. Se ejecutó una posibilidad. Y la mano que firmó esa sentencia venía de más cerca que Madrid.