Ambrosio Pisco

El heredero de una casa antigua

Chía no era un pueblo cualquiera del altiplano. En la geografía política de los muiscas —el pueblo que habitaba las tierras altas de los actuales departamentos de Cundinamarca y Boyacá y que había desarrollado la organización sociopolítica más compleja del territorio que llegaría a llamarse Colombia— Chía ocupaba un lugar singular. Su cacique era identificado por los primeros españoles como "el sucesor del señor Bogotá", jefe supremo de la confederación de Bacatá y rival político del Zaque de Hunza. La residencia del heredero en Chía dotaba al pueblo de un prestigio que iba más allá de su tamaño: allí vivía quien estaba destinado a asumir el mando de una de las dos grandes confederaciones muiscas. Los cronistas oscilaron entre traducir el topónimo como "luna" o como "príncipe"; ambas versiones señalan una dignidad.

Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a la sabana en la tercera década del siglo XVI encontró el pueblo de Chía abandonado, pero la memoria del cargo no se extinguió. Bajo el régimen colonial, el cacicazgo sobrevivió como institución jurídica reconocida: la Corona conservó a los caciques como intermediarios tributarios y les otorgó, dentro del pueblo de indios, prerrogativas simbólicas —entre ellas la norma explícita de que su casa fuera "mayor y mejor que las otras"—. Esa continuidad, sin embargo, fue más nominal que política. La organización sociopolítica muisca, articulada en cacicazgos parientes —Bogotá y Chía, Suba y Tuna, Tunja y Ramiriquí, Guatavita y Teusacá—, fue subsumida en el sistema de encomiendas y luego en el de resguardos, que redujo a las comunidades a territorios delimitados donde el usufructo de la tierra quedó atado al pago del tributo.

Es en este mundo residual —donde el título de cacique conservaba peso simbólico entre los indios pero había perdido casi toda capacidad de mando frente a la burocracia colonial— donde nace y crece Ambrosio Pisco, probablemente hacia mediados del siglo XVIII. Los datos precisos sobre sus primeros años son escasos; la trayectoria posterior deja ver que heredó dos cosas a la vez: el título ancestral que lo hacía "señor natural" de Chía a ojos de la comunidad indígena, y una posición económica desahogada que lo colocaba a distancia de la miseria en que vivía la mayor parte de sus tributarios. Esa doble condición —cacique por linaje, comerciante por oficio— explica en buena medida el rol ambiguo que le tocaría desempeñar en 1781.

El cacique-comerciante en la sabana colonial

Los muiscas prehispánicos habían construido una economía de intercambio interregional que exportaba sal, esmeraldas, coca y telas de algodón —bienes producidos en el altiplano— a cambio de oro, plumas, aves y yopo procedentes de tierras cálidas. La sal, extraída sobre todo en Zipaquirá y Nemocón, constituía uno de los principales artículos de esa red, junto con los textiles de algodón, tejidos por las mujeres muiscas y apreciados en amplias zonas del centro del país. Los mercados periódicos, las ferias locales y las rutas de arrieros sobrevivieron a la conquista, aunque profundamente transformados: la orfebrería, con su denso significado político y religioso, se prolongó hasta bien entrada la Colonia; el comercio de sal siguió siendo estratégico; y la producción textil se articuló ahora con las demandas de una sociedad hispanoamericana.

Pisco operaba en ese circuito. Los testimonios de la época lo describen no solo como cacique sino como hombre de negocios con capital propio y crédito reconocido en Santafé, Zipaquirá y las villas del oriente. Compraba, transportaba y revendía; prestaba dinero; sostenía tratos con blancos y mestizos en pie de relativa igualdad comercial, aunque no social. Su condición de cacique le facilitaba el acceso a la mano de obra indígena de Chía y de los pueblos vecinos —Cajicá, Nemocón, Bosa— y le permitía moverse con soltura entre dos mundos: el de los tributarios indios, cuyo trabajo aún era regulado por la lógica del resguardo y el "concierto" —esos períodos de tres a seis meses de trabajo asalariado en las haciendas de la sabana—, y el de los mercaderes criollos que dominaban el comercio del altiplano.

Esa posición lo exponía también a las tensiones del sistema. Los resguardos, establecidos con mayor intensidad entre 1595 y 1642, se hallaban en franco proceso de erosión durante el siglo XVIII: la presión latifundista, la venta de tierras por la Corona, la infiltración de mestizos y blancos pobres —a menudo mediante arrendamientos ilegales que los mismos indios se veían forzados a suscribir para pagar el tributo— y la política de "agregación" —que reunía en un solo asentamiento a habitantes de varios resguardos pequeños para vender las tierras liberadas— iban comprimiendo el espacio material de las comunidades. El visitador Andrés Verdugo y Oquendo había llegado a formular con crudeza la doctrina que subyacía a todo el sistema: solo el pago del tributo había originado el usufructo transitorio de las tierras del resguardo. La condición jurídica del indio se definía por el tributo; sin tributo, no había tierra.

Pisco pertenecía, dentro de esa arquitectura, a un estrato minoritario: el de los caciques que habían logrado convertir su cargo en capital económico y social. Pero no dejaba de estar sujeto a las mismas fuerzas que asfixiaban a sus tributarios: las cargas fiscales, el hostigamiento de los recaudadores, la lenta desintegración del resguardo. Cuando en 1781 el estallido comunero abrió un espacio de negociación política que parecía capaz de revertir esas presiones, tenía razones propias —económicas, jurídicas, dinásticas— para prestar oídos.

El estallido: reformas borbónicas y detonante socorrano

El contexto en que Pisco fue empujado al primer plano se venía cocinando desde 1778, cuando Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres asumió como regente visitador de la Nueva Granada con el mandato de racionalizar las finanzas del virreinato conforme al programa borbónico. Su gestión fue implacable: restableció el impuesto de la Armada de Barlovento, extendió la alcabala a nuevos productos y reorganizó los monopolios estatales del tabaco y el aguardiente. La reforma del tabaco fue particularmente violenta en sus efectos sociales: consolidó zonas estrictas de cultivo, elevó los precios de venta y reprimió mediante los guardias de rentas las siembras fuera de las áreas permitidas, excluyendo de la producción a numerosos pueblos de Antioquia y Santander que habían vivido de ese cultivo durante generaciones.

Las cifras dan la medida del giro: la carga tributaria en la Nueva Granada, medida como porcentaje del producto, pasó de alrededor del 2,9% antes de las reformas a un pico cercano al 10,4%, aunque hacia 1810 había descendido a alrededor del 8,4%. Los estancos de tabaco y aguardiente llegarían a representar cerca del 32% de los ingresos totales de la Corona en la última década colonial —unos 770.000 pesos de un promedio de 2,4 millones—, lo que explica la ferocidad con que Gutiérrez de Piñeres defendió esos monopolios frente a cualquier resistencia. Un funcionario contemporáneo, Silvestre, apuntó con lucidez que el restablecimiento de rentas suprimidas, el exceso de autoridad de los agentes de la Real Hacienda y sus vejaciones a la población habían inquietado los ánimos hasta un punto en que solo faltaba la chispa.

La chispa saltó el 16 de marzo de 1781. Ese día, en la villa del Socorro —corazón textil y tabacalero del oriente neogranadino—, Manuela Beltrán arrancó de la pared de la oficina de impuestos el edicto que anunciaba las nuevas cargas. El gesto, simbólico más que consecuente en sí mismo, condensó semanas de agitación y desencadenó la revuelta. En cuestión de días el levantamiento se propagó por Mogotes, Simacota, Charalá, San Gil, Pamplona y Vélez; las juntas locales elegían "capitanes" y "comunes"; los recolectores huían o eran apresados. La composición social del movimiento —mulatos pobres, artesanos, pequeños propietarios, comerciantes en dificultades y sectores criollos afectados por las medidas, encabezados por Juan Francisco Berbeo, Salvador Plata, Francisco Javier García de Hevia y Antonio Monsalve— reveló desde el inicio la naturaleza compuesta de la insurrección: una alianza transversal, unida por agravios fiscales concretos, entre grupos que en tiempos normales no compartían casi nada.

El "príncipe" traído al campamento

Fue en ese contexto de expansión geográfica del movimiento donde Ambrosio Pisco irrumpió en la escena. A medida que la marcha comunera avanzaba hacia el sur —hacia el altiplano y Santafé—, los cabecillas del Socorro comprendieron que necesitaban ampliar la base social del levantamiento y, sobre todo, dotarlo de una legitimidad que fuera más allá del pliego fiscal. Sumar a los pueblos de indios del altiplano cundiboyacense era imprescindible por tres razones: multiplicaba los efectivos, garantizaba el tránsito pacífico de la marcha por la sabana y —quizá lo más importante para el juego simbólico— proporcionaba al movimiento la profundidad histórica de una revuelta que no era solo de contribuyentes agraviados sino también de "los naturales de la tierra".

Pisco reunía todas las condiciones. Su linaje lo hacía descender de la casa de Bacatá; su fortuna comercial le daba capacidad de convocatoria en Chía, Cajicá y los pueblos vecinos; su posición social le permitía negociar con los criollos sin la desventaja inmediata que padecía cualquier indio del común. Los comuneros lo llevaron al campamento —en unas versiones voluntariamente, en otras con presiones difíciles de reconstruir— y lo proclamaron "príncipe" de los indios, título que las crónicas retomaron de la propia tradición muisca, en la que el señor de Chía era llamado, según algunas interpretaciones, con esa misma palabra. El gesto era calculado: la insurrección se dotaba así de una figura indígena de sangre reconocida, capaz de convocar a las comunidades y de aparecer, en los documentos que se enviarían a Santafé, como uno de los interlocutores del movimiento.

Los alcances reales de la adhesión de Pisco son más difíciles de precisar. Su nombre circuló entre los pueblos de indios del altiplano y en varias localidades hubo movilizaciones y adhesiones al comunerismo. Su papel fue más el de figura convocante que el de comandante militar en el sentido en que lo fueron Berbeo o José Antonio Galán. En la práctica política del movimiento, Pisco cumplió una función que combinaba la representación —era el rostro visible de la participación indígena— con la mediación: por su intermedio se canalizaron demandas específicas de las comunidades que llegarían a incluirse en el pliego negociado en Zipaquirá.

Zipaquirá: las cláusulas indígenas y la asimetría del pacto

El 8 de mayo de 1781, al norte de Tunja, los comuneros derrotaron a las escasas tropas del gobierno enviadas a contenerlos. La noticia provocó el pánico en Santafé: el regente Gutiérrez de Piñeres huyó a Cartagena —donde el virrey Manuel Antonio Flórez supervisaba las defensas contra los corsarios ingleses en el marco de la guerra con Inglaterra— y las autoridades que permanecieron en la capital comprendieron que carecían de fuerza militar para resistir un asalto directo. La respuesta fue diplomática. Se comisionó al arzobispo Antonio Caballero y Góngora para encabezar la delegación negociadora que salió al encuentro de los comuneros en Zipaquirá, la villa salinera donde el ejército rebelde había establecido su campamento.

Las Capitulaciones de Zipaquirá fueron redactadas por Agustín Justo de Medina y Juan Bautista de Vargas, delegados de la ciudad de Tunja, y modificadas por Juan Francisco Berbeo en acuerdo con Jorge Lozano de Peralta. El documento se firmó el 5 de junio de 1781 en el campamento comunero. Berbeo suscribió como líder principal del movimiento, aunque con fórmula de vasallaje a la Real Audiencia —detalle jurídico crucial, porque dejaba abierta la puerta a la posterior alegación de que todo se había pactado bajo coacción—. El pliego combinaba reivindicaciones de distintos sectores: reversión de las medidas fiscales de Gutiérrez de Piñeres, supresión o rebaja de la Armada de Barlovento, ajustes a los monopolios, y —lo que interesa aquí— cláusulas específicas sobre los indígenas y otros grupos subordinados.

Las Capitulaciones fijaban la contribución anual de los indios en cuatro pesos y la de los mulatos en dos; exigían que los sacerdotes no cobraran derechos por bautismos, entierros y bodas; y demandaban la preferencia de los neogranadinos sobre los españoles peninsulares en los cargos oficiales. Que estas cláusulas indígenas existieran es un hecho relevante: revela que la presencia de Pisco y de los pueblos del altiplano en el movimiento no fue puramente decorativa y que sus agravios lograron traducirse, aunque de manera limitada, en demandas escritas. Pero la asimetría del pliego también es clara. El grueso del documento se ocupaba de las cuestiones que afectaban directamente a los criollos y mestizos con propiedades, comercios o aspiraciones burocráticas; las cláusulas indígenas eran ajustes cuantitativos al régimen tributario, no una impugnación del sistema de tributo, del resguardo o de la organización colonial de la mano de obra india. Nada en las Capitulaciones cuestionaba el orden social; nada anunciaba la restitución de tierras, la abolición del tributo o el reconocimiento de una autoridad indígena autónoma. El "príncipe" de los indios había sido incorporado al movimiento; sus tributarios recibieron a cambio una rebaja fiscal.

Esa asimetría no fue una traición particular al liderazgo indígena: fue el patrón general del movimiento. Los mulatos pobres, los artesanos, los pequeños propietarios recibieron también cláusulas específicas, ninguna de las cuales alteraba en profundidad su lugar en la sociedad colonial. La alianza comunera era, en esencia, un pacto táctico entre actores muy heterogéneos que compartían agravios fiscales inmediatos pero no un proyecto común. Pisco encarnó de manera especialmente visible esta lógica —por lo alto de su título, por la carga histórica de su linaje—, pero la instrumentalización simbólica que padeció no fue exclusiva.

La traición y el descuartizamiento del movimiento

Firmadas las Capitulaciones, el ejército comunero se dispersó. Caballero y Góngora había prometido —y en su momento parece haber creído— que el pacto sería honrado. No lo fue. El virrey Flórez, desde Cartagena, improbó el acuerdo argumentando un defecto que consideraba incorregible: haber sido negociado bajo amenaza de violencia. La doctrina jurídica del vicio de consentimiento se convertía así en herramienta política. Mientras los rebeldes volvían a sus casas, tropas de refuerzo salieron de Cartagena hacia el interior. Cuando llegaron, la relación de fuerzas se había invertido y el gobierno podía imponer sus condiciones. El 18 de marzo de 1782 la Real Audiencia expidió un Acuerdo formal de anulación de las Capitulaciones, firmado por los ministros Gutiérrez de Piñeres, Pey Ruiz, Mon y Velarde, Vasco y Vargas y Catani. El pacto quedaba jurídicamente muerto.

Solo José Antonio Galán, entre los cabecillas, había desconfiado desde el principio. Consideró que las Capitulaciones habían sido aprobadas con excesiva prisa y persistió en la rebelión con un núcleo pequeño de seguidores, movilizando esclavos, indios y mestizos en el bajo Magdalena y en los llanos del Tolima con una radicalidad que los otros líderes no compartían. Fue capturado, juzgado y ejecutado el 1 de febrero de 1782, ahorcado y descuartizado. Su cabeza fue enviada a Guaduas, la mano derecha expuesta en El Socorro, la izquierda en la Villa de San Gil, el pie derecho en Charalá y el izquierdo en Mogotes. Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz recibieron pena similar. La sentencia contra Galán declaró infame a su descendencia, ordenó la confiscación de todos sus bienes, la destrucción de su casa y que el terreno fuera sembrado de sal; incluyó, con precisión terrible, la orden explícita de que se diera olvido a su nombre y se borrara su memoria.

A Ambrosio Pisco le tocó una suerte distinta pero coherente con su condición. No fue ejecutado. Su título de cacique, su posición económica, la ambigüedad de su papel en la insurrección —al que las autoridades podían atribuir tanto adhesión como coacción— le permitieron sobrevivir al escarmiento. Pero fue apresado y remitido a Santafé, donde se le siguió proceso. Padeció prisión, sus bienes fueron afectados, la fuerza económica y social que había representado en el altiplano quedó destruida. Murió alrededor de 1784, sin haber recuperado su lugar. El "príncipe" convocado como aliado terminó como preso desmovilizado, testigo de la anulación del pacto que había ayudado a legitimar.

La red

La trayectoria de Pisco solo cobra pleno relieve situada en la constelación de figuras que la enmarcaron. Del lado del liderazgo comunero, Juan Francisco Berbeo —criollo del Socorro, comandante nominal del ejército rebelde, firmante de las Capitulaciones— representó el ala pragmática y negociadora del movimiento, aquella que buscaba una acomodación fiscal y burocrática sin cuestionar el orden colonial. Salvador Plata y Francisco Javier García de Hevia integraron el mismo círculo de notables del oriente. José Antonio Galán, en cambio, encarnó la vertiente radical: la que intuía que sin un cambio más profundo del régimen las Capitulaciones se convertirían en papel mojado, y la que —por eso mismo— fue castigada con especial saña.

Del lado del poder colonial, el arzobispo Caballero y Góngora se movió con habilidad entre las partes: firmó el pacto que pacificó a los rebeldes, permitió que el gobierno ganara tiempo hasta la llegada de las tropas de Cartagena, y salió del episodio con el nombramiento como virrey, cargo desde el cual gobernaría la Nueva Granada durante buena parte de la década siguiente. Su papel de negociador, que él mismo describió como ingrato, resultó altamente rentable en términos institucionales. El regente Gutiérrez de Piñeres —autor material de las reformas que habían encendido la insurrección— sobrevivió al escándalo político, regresó al centro del poder y firmó el acuerdo de anulación de las Capitulaciones. El virrey Flórez, refugiado en Cartagena por las urgencias de la guerra con Inglaterra, ejerció desde la distancia la autoridad que rechazó el pacto en nombre de la doctrina del consentimiento libre.

En un plano distinto, Manuela Beltrán —la mujer socorrana que arrancó el edicto el 16 de marzo— quedó como la figura fundacional del acto simbólico, aunque su rastro posterior en la insurrección sea menor. Junto con ella, los miles de anónimos que engrosaron el ejército comunero —artesanos, arrieros, tejedoras, tributarios, esclavos que huyeron para sumarse a Galán— constituyeron la base sin la cual ni Berbeo ni Pisco habrían tenido nada que negociar.

La geografía de la red es tan reveladora como la nómina. El Socorro y San Gil, capitales textiles y tabacaleras del oriente, aportaron el cuadro dirigente y buena parte de la tropa; Charalá y Mogotes, los pueblos donde los estancos habían golpeado con especial dureza, contribuyeron con la radicalidad campesina; Chía, Cajicá, Bosa y Nemocón —el corazón muisca del altiplano cundiboyacense— aportaron la profundidad histórica y las cuadrillas indígenas que Pisco ayudó a convocar; Zipaquirá, el nudo salinero, fue el escenario del pacto; Santafé de Bogotá, la sede de la Audiencia que juzgó a los sublevados; Cartagena, el bastión virreinal desde el cual se organizó la contraofensiva militar. En ese mapa, Pisco es la bisagra entre el mundo comercial del altiplano y el mundo político de la insurrección: el hombre que podía cruzar las fronteras étnicas, tributarias y regionales que estructuraban la sociedad colonial tardía.

La huella

La sentencia contra Galán había ordenado el olvido, y en cierto sentido lo consiguió. Durante más de un siglo, la Revolución de los Comuneros permaneció en la sombra historiográfica: la pintura de la época no la registró; los historiadores del período independentista temprano apenas la mencionaron; la memoria oficial de la naciente república prefirió construir sus mitos fundacionales en torno a 1810 y a las guerras bolivarianas, no en torno a una insurrección tributaria que había terminado en descuartizamientos. Cuando en Bogotá, en 1880, Manuel Briceño publicó Los comuneros —el primer texto de peso sobre la sublevación—, señaló que el acontecimiento no había recibido el estudio que merecía. En 1905, Eduardo Posada recogió y publicó documentos comuneros como tomo IV de la Biblioteca de Historia Nacional, incorporando finalmente el episodio al canon documental de la historia colombiana.

En ese proceso de recuperación tardía, la figura de Pisco quedó doblemente relegada. Por una parte, la memoria comunera que se construyó desde fines del siglo XIX privilegió a los mártires —Galán sobre todo— y a los estrategas —Berbeo, con matices—, no a los aliados sobrevivientes cuyo papel había sido menos épico. Por otra parte, la incorporación de los muiscas a la memoria nacional escrita tendió a situarlos como "pueblo del pasado", relegados al capítulo prehispánico de la historia patria, lo que hacía difícil integrar a un cacique del siglo XVIII —vivo, activo, comerciante, insurrecto— en un relato que prefería a los muiscas como antecedente arqueológico. Pisco cayó en el hueco: demasiado tardío para ser muisca de los cronistas, demasiado indígena para ser comunero de manual.

Y sin embargo, ya durante el propio ciclo revolucionario atlántico, la insurrección del 81 —y con ella, implícitamente, la coalición interétnica que Pisco había ayudado a encarnar— circuló como precedente. Francisco de Miranda, en sus gestiones ante gobiernos europeos para promover la emancipación de la América hispana, presentó a sus interlocutores una narración escrita por un protector general de los indios del Virreinato de Santa Fe sobre la sublevación iniciada en Socorro el 16 de marzo de 1781, como prueba de que los suramericanos estaban dispuestos a la revolución. Documentación sobre las Capitulaciones acompañó ese material. La memoria de los comuneros, aun sepultada oficialmente, viajó por Europa como argumento anticolonial.

Queda una lectura pendiente, y es la que la propia trayectoria de Pisco impone. Su participación en 1781 no puede entenderse solo como manipulación criolla de un símbolo indígena: fue también la respuesta política de un hombre concreto —cacique, comerciante, contribuyente forzado, testigo de la erosión del resguardo— a un régimen fiscal y jurídico que asfixiaba a la vez su comunidad y su negocio. La alianza comunera fue asimétrica desde el origen y las Capitulaciones lo confirmaron, pero eso no anula que Pisco haya actuado con motivos propios, ni que los pueblos de indios del altiplano hayan visto en el movimiento una ocasión real —aunque efímera— de negociar sus condiciones. La fractura étnica que atravesó al comunerismo fue real; también lo fue la agencia indígena que allí se ejerció, con todos sus límites.

La independencia posterior no cerró esa herida. Cuando en las décadas siguientes se proclamó la ciudadanía y se abolió jurídicamente la condición de "indio", las estructuras materiales que habían definido la vida de los tributarios de Chía —la erosión del resguardo, la presión latifundista, el trabajo por concierto en las haciendas— continuaron su curso con otros nombres. La suerte de Ambrosio Pisco, aliado convocado y desechado en el mismo movimiento, anunció con claridad ese patrón: la política criolla podía incorporar el símbolo indígena cuando le resultaba útil y devolverlo al olvido cuando el pacto de las élites se restablecía. Que su nombre haya sobrevivido, apenas, en los márgenes de la historia comunera, es en sí mismo un testimonio: el olvido ordenado desde Santafé se cumplió en gran medida, pero no del todo.