Memoria fundacional

La memoria fundacional en los Estados Unidos de Colombia

Entre 1863 y 1886, mientras el país se llamaba Estados Unidos de Colombia y se administraba como una confederación de nueve estados soberanos, el liberalismo radical intentó algo que hoy suena administrativo pero entonces era una operación política de primer orden: fabricar un pasado común. La memoria fundacional —esa práctica deliberada de fijar en fechas, retratos, mapas, manuales y ceremonias los orígenes de la nación— dejó de ser evocación erudita para volverse instrumento de gobierno. Con la Ley 60 de 1873 se decretó el 20 de julio como día festivo; con los tratados de José María Samper se litigó contra el orden colonial; con la prensa de Salvador Camacho Roldán se legitimó el nuevo orden federal; con los mapas heredados de la Comisión Corográfica se dibujó el territorio que ese Estado pretendía gobernar. Fue un esfuerzo enérgico y a la vez desprovisto de aparato: cuando la Regeneración clausuró el ciclo en 1886, buena parte de ese trabajo simbólico quedó desmontado, y la memoria conservadora-católica —con la Iglesia como red institucional, con el manual de Henao y Arrubla como catecismo escolar— fijó por casi un siglo las bases sobre las cuales los colombianos aprenderían a recordarse.

Qué se entiende por memoria fundacional

No es la historia académica ni el archivo. La memoria fundacional es el conjunto de operaciones —legales, editoriales, iconográficas, pedagógicas, ceremoniales— por las cuales un Estado joven fija sus orígenes, escoge sus héroes y consagra las fechas que lo autorizan a existir. En la Colombia del siglo XIX esa función fue asumida por hombres de letras que casi siempre eran también hombres de partido: la escritura de la historia se hizo de la mano de la política, y participó en la creación misma de la institucionalidad estatal incipiente. El pasado se convirtió en recurso simbólico para legitimar valores y proyectos, y esa doble condición —erudita y militante— define todo lo que se produjo entre la Independencia y la Regeneración.

El fenómeno tuvo función pragmática desde el comienzo. A los escritos históricos de las nacientes repúblicas latinoamericanas se les atribuyó la tarea de establecer la continuidad y autenticidad de una sociedad, es decir, de convertir un conjunto de regiones dispares en una nación con orígenes comunes. En Colombia esa tarea era particularmente ardua: un territorio quebrado por cordilleras, poblaciones que hablaban castellano con acentos irreconciliables, memorias locales que competían con la nacional, una Iglesia católica con arraigo antiguo y una elite letrada que pretendía inventar redes de pertenencia sobre una realidad plural. La memoria fundacional fue, entonces, un artefacto de homogeneización sobre una sociedad que no la tenía espontáneamente.

Durante los Estados Unidos de Colombia ese artefacto adquirió color partidista. El liberalismo radical, ganador de la guerra civil de 1860-1862 y arquitecto de la Constitución de Rionegro, entendió que necesitaba un relato del pasado congruente con su proyecto: federal, anticlerical, individualista, crítico del legado hispánico. Sus adversarios conservadores cultivaban una lectura contraria —positiva de la Colonia, favorable a la Iglesia, nostálgica del orden— que terminaría imponiéndose con la Regeneración. La disputa por la memoria fue una disputa por el Estado.

Los materiales heredados: de 1810 a 1863

Cuando los radicales llegaron al poder en 1863 no partían de cero. Existían ya varias capas de trabajo memorial acumuladas desde la Independencia.

La primera fue historiográfica. Las obras del siglo XIX habían utilizado la noción de pasado para consagrar los orígenes de la República y dar carácter fundacional a las acciones de los héroes epónimos de la Independencia. El general Joaquín Acosta publicó en París en 1848 su Compendio histórico del Descubrimiento y Colonización de la Nueva Granada en el siglo decimosexto, considerado el intento más esforzado por dar a conocer a Colombia en el exterior durante la primera mitad del siglo, y antes, en 1847, había dedicado al barón de Humboldt un nuevo mapa de la República. José María Samper preparaba su Ensayo sobre las revoluciones políticas, que aparecería en 1861 y sentaría los fundamentos del relato liberal sobre la Colonia. Por el flanco conservador, José Manuel Groot elaboraba su Historia eclesiástica y civil de la Nueva Granada, texto que se volvería el gran contramodelo: allí la Colonia aparece como época de paz y la vida republicana como sucesión de desórdenes, y de ese contraste se desprende, casi mecánicamente, la conclusión política de que solo un ejecutivo fuerte respaldado por la religión podía preservar el orden.

La segunda capa era institucional. El Museo Nacional había sido creado por ley del Congreso el 28 de julio de 1823 como Museo de Historia Natural y Escuela de Minería, y había abierto sus puertas el 4 de julio de 1824 en la antigua Casa de la Expedición Botánica. En 1868, durante la presidencia de Santos Gutiérrez, se actualizaron tanto la Biblioteca como el Museo Nacional. Eran depósitos pequeños, todavía sin la vocación panteónica que adquirirían después, pero constituían un embrión de infraestructura memorial.

La tercera capa —y quizá la más ambiciosa— fue cartográfica. La Comisión Corográfica, dirigida por el coronel Agustín Codazzi, levantó los mapas geográficos de la Nueva Granada y produjo la Geografía física y política de la Nueva Granada. Sus trabajos serían redesplegados durante el período federal para adaptarse a las transformaciones constitucionales, en particular las de 1858 y la creación de los estados. Manuel Ancízar produjo la Peregrinación de Alpha, obra vinculada a la Comisión que suscitó respuestas del Partido Conservador; Felipe Pérez publicó su Jeografía física i política del Estado de Santander —cuya tercera edición aparece fechada en 1863— y llevó la representación geográfica al nivel del estado federal. Describir el país era también inventariarlo como sujeto político.

Sobre estos cimientos operaría el radicalismo. Recibía una historiografía en disputa, un puñado de instituciones frágiles y una cartografía razonable. Le faltaba lo esencial: un dispositivo capaz de convertir esos materiales en experiencia común.

Rionegro y la legitimación por el pasado

La Convención de Rionegro se instaló el 4 de febrero de 1863, convocada por Tomás Cipriano de Mosquera tras la victoria liberal en la guerra civil. Sus delegados eran predominantemente liberales, pero la composición no era homogénea: Mosquera anticipaba tensiones con el radicalismo, y en efecto entre los convencionalistas figuraban las figuras clave del radicalismo liberal —Manuel Murillo Toro, Salvador Camacho Roldán— que impondrían un ejecutivo débil, un mandato presidencial corto y un federalismo de gran amplitud.

Lo que allí se firmó tuvo desde su primer día una dimensión memorial. Mosquera pronunció un discurso en la instalación —Discurso del presidente provisorio de los Estados Unidos de Colombia, en la instalación de la Convención Nacional, luego impreso y difundido— en el que ubicaba el momento como refundación. La Constitución dividió el país en nueve estados soberanos, autorizó a cada región a adoptar sus propios códigos y redujo drásticamente el poder del Ejecutivo. Garantizó amplias libertades individuales —religiosa, de expresión, de imprenta— y mantuvo la abolición de la pena de muerte. Prolongó, además, el conflicto con la Iglesia iniciado en la segunda presidencia de Mosquera desde julio de 1861: mantuvo las leyes que habían expropiado tierras, casas y edificios de comunidades religiosas, y avanzó en una reforma educativa destinada a eliminar la influencia de la religión católica.

Esa arquitectura constitucional necesitaba una arqueología. Si el nuevo orden era federal, individualista y laico, había que demostrar que la Colonia había sido lo contrario, y que la Independencia era el momento fundante que autorizaba el corte. La legitimación se produjo por dos vías simultáneas.

La primera fue historiográfica. Samper, en su Ensayo sobre las revoluciones políticas de 1861, había fijado los términos: la Colonia como Estado centralista, monopólico, fiscalista, intervencionista y omnipresente, encarnado en la doble máquina del Estado español y la Iglesia. Negó que en ese orden hubiera existido un verdadero Estado de derecho en sentido moderno, aunque reconoció, con honestidad de jurista, que los reyes y el Consejo de Indias dieron muestras de solicitud por el bienestar de las poblaciones coloniales. La crítica no era ingenua: Samper también advirtió que los hombres de la Independencia, faltos de educación política, se habían planteado programas basados en ideas absolutas y habían desarrollado un culto fetichista por los sistemas ideológicos, convirtiendo al caudillo en jefe de partido, magistrado y árbitro supremo. El liberalismo tenía, por así decirlo, autocrítica.

La segunda vía fue periodística. Camacho Roldán dirigió desde 1863 el periódico El Semanario, cuya primera entrega informó sobre la Convención de Rionegro y cuyo número 17 se dedicó a propiciar la campaña presidencial de Murillo Toro. La prensa liberal no cubría la política: la constituía. Y lo hacía con una economía de recursos que ilustra bien el modo radical de operar: la imprenta de El Mosaico funcionó como punto de recepción de suscripciones y avisos para el semanario de Camacho Roldán, articulando así un pequeño circuito letrado capitalino donde la memoria patriótica, la bibliografía nacional y la propaganda política se cruzaban en las mismas oficinas.

La institucionalización del 20 de julio

El acto memorial más duradero del período fue también el más silencioso. En 1872 se expidió un decreto que establecía que la fiesta nacional se celebraría el 20 de julio; un año después, la Ley 60 de 1873, promulgada en Bogotá, declaró esa fecha día festivo para la República como aniversario de la Independencia de 1810 y asignó dos mil pesos anuales para su celebración. Detrás de la ley estaba José María Quijano Otero, secretario de la Cámara de Representantes, quien en las páginas de La América había defendido con insistencia que el 20 de julio era el verdadero aniversario de la independencia nacional. Es probable que él mismo tramitara el proyecto.

La elección no era obvia. El calendario patriótico contaba con varios candidatos: la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819, la instalación del Congreso de Cúcuta en 1821, el 20 de julio bogotano de 1810. Al escoger este último, la ley fijó como origen no la victoria militar sino el pronunciamiento civil, no el momento bolivariano sino el momento neogranadino, no el ejército sino la ciudad. Es una decisión con carga: privilegia la deliberación urbana sobre el hecho de armas, y desplaza sutilmente el eje de Bolívar hacia los criollos ilustrados.

Ese mismo año de 1872, en un signo del momento cultural, se fundó la Academia Colombiana de la Lengua. Y en 1874 Quijano Otero publicó un Compendio de historia patria para uso de las escuelas primarias, testimonio de que el proyecto memorial buscaba llegar al aula. El pasado se decretaba día festivo, se academizaba y se llevaba al pupitre casi al mismo tiempo.

Con todo, la institucionalización fue tenue. La Ley 60 fijaba una fecha y un presupuesto modesto, pero no creaba una liturgia elaborada ni una corporación encargada de custodiar la memoria. Esa falta haría que los esfuerzos por preservar el pasado fueran aislados e insuficientes, y que testimonios y episodios notables se perdieran sin llegar a registrarse por escrito. El radicalismo confiaba en la libertad de imprenta, en las redes letradas y en la iniciativa individual; no construyó el aparato pesado —academia oficial de historia, sistema centralizado de manuales, ritual cívico obligatorio en todo el territorio— que sí construiría después la Regeneración.

La red letrada: bibliófilos, cartógrafos, publicistas

Para entender cómo funcionaba la memoria fundacional bajo los Estados Unidos de Colombia hay que mirar la red humana que la producía. No era un aparato: era una constelación.

En el centro, la revista El Mosaico articuló un grupo de letrados bibliógrafos dedicados a recuperar el patrimonio bibliográfico neogranadino: Ezequiel Uricoechea, José María Vergara y el propio Quijano Otero. Vergara publicó en El Mosaico avances de su investigación bibliográfica como primeras muestras de un empeño sistemático y de largo alcance. Recuperar los libros era también recuperar los orígenes: fijar qué se había escrito, quién lo había escrito y qué merecía sobrevivir.

En el flanco cartográfico, los trabajos derivados de la Comisión Corográfica se adaptaron a la nueva geografía federal: Felipe Pérez levantó geografías estatales, Ancízar circuló como texto y como referencia, los mapas de Codazzi se reeditaban conforme cambiaban las fronteras internas. La geografía funcionó como memoria territorial en un país donde la soberanía se había pluralizado: cada estado necesitaba conocerse a sí mismo, y el conjunto necesitaba una imagen que lo mantuviera imaginable como unidad.

En el flanco periodístico, El Semanario de Camacho Roldán, La América donde Quijano Otero hacía sus campañas, y una constelación de publicaciones estatales y capitalinas configuraron un espacio público efervescente. Durante el federalismo, los periódicos florecieron con una vitalidad iconoclasta que la Regeneración clausuraría con el principio de la "responsabilidad de la prensa". Esa vitalidad tenía costo: era dispersa, faccional, efímera. Pero era también, para la memoria fundacional, su medio natural: la libertad de imprenta permitía que cualquier grupo letrado propusiera su versión del pasado sin autorización previa.

En el flanco historiográfico, Samper era la figura tutelar liberal —crítico riguroso de la Colonia y a la vez capaz de reconocer sus complejidades—, mientras que del lado conservador Groot construía, con paciencia benedictina, el gran relato alternativo. Los mejores representantes del Partido Conservador en el siglo XIX —José Eusebio Caro, Miguel Antonio Caro, Sergio Arboleda, Rafael Núñez— no eran un grupo compacto todavía, pero sus escritos preparaban el terreno del giro que vendría en los años ochenta.

Los actores individuales del radicalismo —Murillo Toro, presidente en varios períodos y firme defensor del federalismo; Santiago Pérez Manosalbas, luego presidente en la segunda mitad de los setenta; Aquileo Parra, presidente al final del ciclo radical— no fueron historiadores. Fueron gobernantes que se apoyaron en el trabajo memorial de los letrados sin construir para él una casa propia. Esa asimetría —enorme energía intelectual, escaso aparato institucional— define al período.

La geografía como memoria y el problema del territorio

La Constitución de 1863 dividió el país en nueve estados soberanos. Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima podían dictar sus propios códigos, organizar sus elecciones y administrar amplias esferas de la vida pública. Esto planteó un problema memorial estructural que rara vez se nombra: si la soberanía se atomizaba, ¿desde dónde se producía el relato nacional?

La respuesta radical fue confiar en la circulación letrada. Los mapas de la Comisión, redesplegados en versiones estatales, permitían que cada estado se conociera y a la vez se supiera parte del conjunto. La prensa capitalina llegaba a las capitales de los estados. Los manuales, cuando existían, eran de uso local. Se apostaba a que la unidad simbólica se sostendría por convergencia espontánea de los letrados, no por imposición desde Bogotá.

Fue una apuesta coherente con el liberalismo pero frágil. Los lugares fundacionales —Cúcuta como sede del Congreso de 1821, el puente de Boyacá como escenario de la batalla decisiva, Cartagena como cuna del sitio de 1815, Popayán como ciudad bolivariana, la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta como lugar de la muerte del Libertador— quedaban repartidos entre estados que ahora los administraban con criterios propios. Bogotá conservaba centralidad simbólica por ser sede del gobierno general y del Museo, pero no era todavía la capital indiscutida de la memoria patriótica que sería a partir de 1910. Rionegro, en Antioquia, se sumó como lugar refundacional del orden federal, aunque su prestigio quedaría ligado a la suerte de la Constitución que allí se firmó.

La memoria fundacional del radicalismo dibujó un territorio disperso y policentro. Ese dibujo era coherente con el federalismo, pero difícilmente producía la experiencia común que las memorias fundacionales exitosas suelen producir. La Regeneración, con su recentralización, tendría campo abierto para reunificar el mapa simbólico.

Iconografía heroica: el rostro fijo del héroe

Uno de los rasgos más constantes de la memoria fundacional colombiana —anterior, contemporánea y posterior a los Estados Unidos de Colombia— fue la producción iconográfica del héroe. Esa producción cumplía una función precisa: disciplinar la memoria fijando de una vez por todas el rostro, el uniforme y la postura de quienes debían ser recordados. Antes que arte, era protocolo visual del panteón cívico.

El Museo Nacional albergó una colección de 151 retratos de militares y héroes de la Independencia, en los que los personajes aparecían con el uniforme del cuerpo y grado correspondiente. Las caras las dibujaron Eugenio Montoya y Julián Rubiano, alumnos de la Escuela de Bellas Artes; la indumentaria la pintó Constancio Franco; los grabados de Espinosa sirvieron, junto a miniaturas y óleos conservados por el Museo y por familiares de los próceres, como fuente iconográfica. La división del trabajo revela la lógica del conjunto: un pintor para el rostro, otro para el uniforme, y la biografía disuelta en la tipificación. No se buscaba retrato individual sino modelo heroico repetible. La calidad pictórica fue desigual y las imágenes tendieron al estereotipo, y precisamente por eso funcionaban: un panteón visual requiere identidad reconocible, no complejidad psicológica. El estereotipo no era defecto sino condición operativa.

Bolívar es el caso paradigmático de esa operación. El uniforme de gala con que lo retrataron los pintores de la naciente república era prenda de representación, no vestimenta funcional para la guerra; pero la insistencia en esa imagen la volvió constante iconográfica de la primera mitad del siglo XIX y terminó haciendo imposible concebir al héroe de otro modo. Ver a Bolívar en camisa, agotado, enfermo, ya no era posible: la iconografía había clausurado esas variantes. En un país sin liturgia cívica potente, la fijación visual hacía el trabajo que en otros sistemas hacían el rito y la escuela; el retrato oficiaba de misa laica, y el uniforme cumplía la función que en la Iglesia cumple la vestidura litúrgica: separar al personaje de su cuerpo histórico para elevarlo a signo.

Junto al panteón militar, el Museo conservaba y difundía escenas trágicas: Policarpa Salavarrieta marcha al suplicio, óleo de José María Espinosa Prieto —conocido como García Hevia—, que representa el camino al cadalso de la joven fusilada el 14 de noviembre de 1817; Muerte del general Francisco de Paula Santander y El asesinato de Sucre, de Figueroa. El repertorio combinaba gloria y martirio, victoria y sacrificio, y esa combinación no era casual: enseñaba a recordar al héroe simultáneamente por lo que había conquistado y por lo que había padecido. El cadalso funcionaba como reverso necesario del uniforme; sin sufrimiento, la gloria pierde crédito moral. Era una pedagogía sentimental de la nación, hecha de cadalsos y galones, capaz de sustituir al manual porque operaba sobre la afectividad antes que sobre el argumento.

La memoria material se extendía al detalle mínimo, y allí la operación semiótica se afinaba. Del período de la Reconquista de Morillo se conservaba —y aún se conserva en el Museo del 20 de Julio de Bogotá— una venera con retrato de Fernando VII que los monárquicos llevaban en el sombrero, contrapunto material de las cintas azules que usaban los patriotas en los cabellos. Esos objetos permitían tocar el pasado, o al menos ficcionar el contacto: pequeñas reliquias laicas que suplían la ausencia de reliquias religiosas en un proyecto memorial que quería prescindir de la Iglesia. La venera y la cinta funcionaban como emblemas portables de un bando, tal como el escapulario funciona como emblema portable de una devoción; el radicalismo, que rechazaba la mediación eclesial, no rechazaba la lógica material del signo.

Toda esta iconografía había sido producida antes de 1863 y se conservó durante los Estados Unidos de Colombia sin transformaciones mayores. El radicalismo la heredó y la mantuvo, pero no la potenció con nuevos monumentos, nuevas grandes obras o nuevos rituales públicos comparables al ceremonial que se desplegaría en 1910. En parte porque no era su prioridad; en parte porque su ideal individualista y anticlerical desconfiaba de las liturgias colectivas; en parte porque los recursos federales estaban dispersos entre nueve tesoros. El panteón siguió allí, pero nadie le construyó altar mayor.

Historiografías en pugna: dos pasados para dos proyectos

El debate historiográfico del período no era académico: era la guerra política por otros medios. La historiografía liberal construyó una visión crítica del pasado colonial como legitimación de sus proyectos revolucionarios del presente. Samper es su figura mayor, y su operación merece leerse más allá del inventario: al describir la Colonia como máquina fiscal e ideológica y no simplemente como tiranía, ofreció un argumento estructural, no sentimental, contra la restauración conservadora. Si la Colonia había sido sistema y no accidente, la crítica no podía limitarse a denunciar abusos: debía desmontar el sistema entero, y eso era exactamente lo que Rionegro pretendía. Junto a Samper hay que mencionar la línea abierta por Acosta, que combinó ciencia geográfica y erudición histórica; los publicistas del radicalismo que discutían el pasado en la prensa; y toda una generación de ilustrados y librepensadores cuya obra sería borrada durante la Regeneración.

La historiografía conservadora surgió en contexto de crisis e inestabilidad y tendió a revalorizar el pasado colonial como referente de orden y estabilidad frente a los desórdenes del período republicano. Groot fue su gran arquitecto, y su estrategia era el espejo invertido de la de Samper: donde el liberal veía sistema opresivo, el conservador veía continuidad institucional; donde el liberal denunciaba la fusión Iglesia-Estado, el conservador la celebraba como cimiento moral. La reformulación no era solo estética o cultural: contenía una tesis política dura. Si la Colonia era paz y la República desorden, el correctivo pasaba por un ejecutivo fuerte respaldado por la religión. La historia funcionaba como argumento constitucional, y la Constitución de 1886 sería, en buena medida, la ejecución legislativa de esa tesis historiográfica.

Conviene despejar aquí un equívoco frecuente: la asociación rígida entre centralismo y conservatismo, y entre federalismo y liberalismo, es una simplificación posterior. Fue una Constituyente de estirpe conservadora la que en 1858 promovió por primera vez el federalismo formal en Colombia, y ya en 1859 el Congreso aprobó leyes que restringían las facultades y autonomía de los estados federales. La memoria fundacional se producía, así, sobre una historia constitucional en curso, no sobre un pasado cerrado. Ese carácter abierto explica por qué el debate historiográfico tenía tanta temperatura: no se litigaba sobre eventos pretéritos, se litigaba sobre la Constitución del día siguiente.

El giro de la Regeneración

El 1 de abril de 1878 Rafael Núñez pronunció un discurso en el que planteó el dilema "regeneración administrativa fundamental o catástrofe". La frase dio nombre al período. Núñez entendía entonces la regeneración en términos administrativos, sin implicar aún un cambio constitucional profundo; pero en pocos años el proyecto se radicalizaría y culminaría con la Constitución de 1886.

Esa Constitución representó un giro completo respecto a Rionegro. Restringió el sufragio, limitó libertades civiles, estableció un estrecho vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica, y se apoyó en el pensamiento conservador católico e hispano en contraste con el liberalismo y federalismo de 1863. Fue obra sobre todo de Miguel Antonio Caro, principal pensador conservador de la época y firme defensor de la Iglesia. El Concordato de 1887, firmado por Núñez, estableció el catolicismo como religión oficial de Colombia, devolvió propiedades confiscadas a la Iglesia, ató la educación pública a los preceptos católicos y abolió el divorcio civil.

Para la memoria fundacional el cambio fue sísmico, y su clave no está solo en el contenido sino en el aparato. Donde el radicalismo había confiado en la red letrada, la Regeneración construyó una infraestructura: la Iglesia dirigía la educación pública con contenidos acordes a la fe; la caridad cristiana reemplazaba a la política social liberal; la educación primaria se declaraba gratuita pero no obligatoria —en contra de la visión liberal de universalizarla— y se favorecían las instituciones superiores confesionales en detrimento de la educación laica y científica. La memoria dejó de ser conversación entre letrados para convertirse en catecismo obligatorio, transmitido por una institución milenaria que el radicalismo había atacado sin desmantelar.

Simultáneamente, Núñez y Caro, provenientes ellos mismos de la república de las letras, cerraron la puerta por la que habían entrado. El principio de "responsabilidad de la prensa" clausuró el espacio público que el federalismo había mantenido abierto. Entre 1886 y 1903 la censura y el olvido cayeron sobre la obra de ilustrados y librepensadores al margen del poder, en una supresión efectiva de la memoria literaria e intelectual de la generación radical. Los periódicos vitales del federalismo fueron sustituidos por publicaciones obtusas y sectarias. El silencio no era efecto colateral: era el método por el cual se reescribía el pasado inmediato.

La Regeneración consagró también la lectura conservadora del pasado. Se revalorizó el periodo colonial, se cuestionó el alcance de la Independencia y se fortaleció una visión de la identidad nacional basada en el orden, la religión y la autoridad. Los regeneradores glorificaron a Bolívar como portaestandarte de la nacionalidad —operación significativa: recuperaban al Libertador como figura del orden, no del corte revolucionario, invirtiendo el sentido que los radicales le habían dado. Y las imágenes negativas construidas sobre el periodo liberal se mantuvieron vigentes durante buena parte del siglo XX, consolidando una visión de la historia nacional que marginó los valores del liberalismo radical.

La celebración del centenario y la fijación del canon

El proceso culminó en 1910. La celebración del primer centenario de la Independencia se hizo coincidir con el 20 de julio, desbordó las calles de Bogotá y se celebró en otras regiones, convirtiendo la historia de la Independencia en una historia común a todo el Estado. El 20 de julio significó la celebración unificada y colectiva de un Estado centralista y democrático nacido de la Constitución de 1886, y los principales actores del movimiento fueron presentados como padres fundadores.

La operación tiene una elegancia perversa que conviene subrayar. La fecha había sido escogida por el radicalismo precisamente por lo que tenía de civil, urbano y neogranadino frente a lo militar y bolivariano. La Regeneración conservó la fecha pero le devolvió el énfasis militar y el fervor bolivariano; conservó el envase y le cambió el contenido. Lo que en 1873 había sido gesto liberal se convirtió en 1910 en liturgia conservadora sin necesidad de tocar el calendario. El aparato hacía el trabajo que la letra ya no necesitaba hacer.

Ese mismo año fue premiado el manual escolar de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, que se convirtió en el texto con el que los colombianos aprenderían historia durante aproximadamente tres cuartos de siglo. El manual trazó una línea de continuidad con el proyecto regeneracionista: no repudió a España ni su papel en la Conquista y la Colonia, y cohesionó en su relato los períodos colonial y republicano. La lectura de Groot, no la de Samper, se convirtió en el catecismo cívico nacional. El manual único —eso que el radicalismo nunca había querido construir— hizo por la memoria conservadora lo que veintitrés años de prensa liberal no habían podido hacer por la memoria radical: instalarla en el cuerpo escolar de varias generaciones.

Aquí se cierra el círculo. La Ley 60 de 1873, decretada por el radicalismo para fijar el 20 de julio como día festivo, fue heredada por la Regeneración, que la llenó con contenidos ideológicos opuestos a los del legislador original. La fecha siguió siendo la misma; el relato adosado cambió por completo. La institución sobrevivió porque era mínima; el sentido cambió porque no había aparato liberal capaz de defenderlo. La ligereza institucional, que había sido virtud liberal —confianza en la sociedad, desconfianza del aparato—, se reveló, con el cambio de régimen, como vulnerabilidad decisiva.

Balance de un ciclo

Un ciclo de memoria puede juzgarse por su producción o por su duración, y el radicalismo obtiene notas opuestas en cada criterio. En veintitrés años el liberalismo radical produjo la historiografía crítica del pasado colonial más elaborada del siglo, articuló una red de letrados bibliófilos, cartógrafos y publicistas de notable calidad, institucionalizó la fecha fundacional por excelencia y sostuvo un espacio público donde el pasado se discutía con libertad. Pero produjo todo eso sobre andamios que no eran suyos: la Iglesia seguía siendo la única red capilar del territorio, la escuela seguía siendo débil, la corporación oficial no existía. Cuando el régimen cayó, cayó también el aparato improvisado que sostenía su memoria.

Lo que sobrevino no fue un debate perdido sino un reemplazo por ocupación. La memoria conservadora-católica no venció a la liberal-laica en un debate abierto: la reemplazó donde no había edificación previa suficiente. Y ese reemplazo tuvo la duración larga de las cosas que se enseñan en la escuela: la Constitución de 1886 duró 105 años, la de Rionegro apenas 23, y con las constituciones sobrevivieron o naufragaron sus memorias. La duración institucional decidió qué versión del pasado se hizo carne en los cuerpos escolares y qué versión quedó en los anaqueles como curiosidad de época. El manual de Henao y Arrubla enseñó a los colombianos que la Colonia había sido cimiento, no yugo; que la Independencia había sido gesta de próceres, no ruptura ideológica; que el orden requería autoridad y religión.

Pero un ciclo derrotado no es un ciclo extinguido. Del período radical sobrevivió, contra el pronóstico, un depósito que la Regeneración no logró clausurar: el 20 de julio como fecha fundacional, los mapas de la Comisión Corográfica como primera gran representación científica del territorio, la crítica de Samper como argumento disponible en debates historiográficos posteriores, la sospecha frente al monopolio simbólico de la Iglesia como posibilidad intelectual todavía activa. Sobre todo, sobrevivió el programa mismo: la idea de que era posible construir una memoria nacional laica, plural, respetuosa de la libertad individual. Ese programa quedó incompleto, y esa incompletud es su forma particular de permanencia. Cada vez que la historiografía colombiana ha querido revisar el relato conservador —en los años treinta, en los sesenta, en los debates constitucionales de 1991— ha tenido que volver, siquiera oblicuamente, sobre los materiales que el radicalismo dejó a medio construir. Perdió su batalla decisiva, pero legó una biblioteca en reserva.