Policarpa Salavarrieta

La modista que era otra cosa

Quien la hubiera visto pasar por las calles de Santafé habría reconocido a una joven de oficio: modista, cuya labor la llevaba de casa en casa, midiendo, cosiendo, entregando prendas. Ese oficio era la envoltura visible de otra ocupación. Policarpa funcionaba como enlace urbano de las guerrillas patriotas que, en los llanos y las tierras cálidas del norte, hostigaban a las tropas realistas. Su trabajo real se componía de tres tareas nítidas: averiguar secretos militares, ofrecer apoyo logístico a los guerrilleros e infiltrar los cuarteles del virrey.

Su destreza consistió en advertir, antes que muchos, que la costura era una tapadera perfecta. Ninguna otra actividad femenina daba acceso simultáneo a las habitaciones interiores de las familias de la alta aristocracia santafereña —así se designaba a las esposas de los empleados públicos españoles— y a las conversaciones que allí se dejaban caer sin cautela. Una modista podía escuchar en el probador lo que un espía embozado no habría oído nunca. Podía, además, moverse a horas y por calles en las que un hombre sospechoso habría sido detenido de inmediato. La aguja era coartada; la ciudad, su cuartel.

Su figura se recorta en el aire tenso del Régimen del Terror, entre finales de 1816 y noviembre de 1817. En ese lapso breve —apenas un año largo— cristalizaron su acción política, su captura, su condena y la muerte que la lanzó a la posteridad. Antes hay un origen provinciano; después, un mito que Colombia aún disputa.

Guaduas, la casa y los hermanos

Policarpa nació en Guaduas hacia 1795, en una familia numerosa de la clase media provinciana neogranadina. Sus padres, Joaquín Salavarrieta y Mariana Ríos, murieron durante su infancia, y la crianza recayó sobre los hermanos mayores. De ese núcleo doméstico salieron dos figuras que gravitarían sobre su trayectoria política: Bibiano y Catarina Salavarrieta, que la acompañarían en el traslado a Santafé y en los años clandestinos.

Guaduas no era, por entonces, un pueblo cualquiera. Sobre el camino real que unía a Honda con Santafé, era paso obligado del comercio, la correspondencia y los viajeros; también, más tarde, ruta de tropas. Crecer allí significaba ver pasar el mundo. Y significaba, para una familia sin gran fortuna pero con lectura y contactos, participar por proximidad de las discusiones políticas que agitaban al virreinato desde 1810: la Junta Suprema, la Patria Boba, las guerras entre centralistas y federalistas, el temblor prolongado de un orden colonial que se hacía trizas.

De la formación de Policarpa se sabe lo suficiente para entender su eficacia posterior: aprendió a coser con maestría, adquirió una alfabetización básica que en su medio era ya distinción, y absorbió los códigos de un mundo criollo que oscilaba entre la lealtad al rey y la creciente convicción independentista. Cuando la Reconquista de 1815-1816 barrió con lo que quedaba de las provincias unidas, la familia Salavarrieta tomó partido. Los hermanos se involucraron en la resistencia; Policarpa siguió el mismo camino, y hacia 1816 o 1817 se estableció en Santafé.

El traslado no fue un episodio menor. Significaba abandonar la relativa protección de un pueblo donde la familia era conocida y donde las lealtades se distribuían por parentesco, para instalarse en una ciudad ocupada, saturada de tropas y de vigilancia. Significaba, también, moverse hacia el centro operativo del poder virreinal, allí donde la información valía más y donde el riesgo se multiplicaba en la misma proporción. La decisión no se explica solo por circunstancias familiares o económicas: fue, en sí misma, un gesto político.

Santafé bajo la ocupación

La ciudad a la que llegó no era la Santafé pacífica de la vida colonial tardía. Cartagena había caído el 6 de diciembre de 1815, tras un asedio de más de cien días en el que murió más de un tercio de su población por hambre y epidemias. Con esa victoria terrible, Morillo aseguró el desembarco definitivo de la reconquista en la Nueva Granada. Al llegar a Santafé, el general instaló una arquitectura de represión que se sostenía sobre tres piezas: el Consejo Permanente de Guerra, con potestad para dictar penas capitales por rebelión; el Consejo de Purificación, encargado de procesar a los desleales al rey; y la Junta de Secuestros, que confiscaba los bienes de los acusados de traición o colaboración con los insurgentes. A la muerte física se sumaba, así, la ruina económica de las familias patriotas.

En 1816 cayeron los principales líderes ilustrados de la independencia neogranadina: Camilo Torres, Francisco José de Caldas y muchos otros nombres del pensamiento republicano fueron ejecutados a lo largo de meses. Rafael María Baralt y Diego Barros Arana describirían a Morillo como un gobernante cruel por sistema más que por inclinación: pese a haber hallado poca resistencia militar organizada en la Nueva Granada, ejerció una represión sistemática sobre las élites letradas, precisamente sobre aquellas cuya cabeza pensaba la república.

En 1817, con Morillo trasladado a Venezuela, el mando civil quedó en manos del virrey Juan Sámano, cuya dureza con los prisioneros combinaba amenazas constantes y vejaciones sistemáticas que superaban lo que los patriotas dispensaban a los suyos. El aparato represivo se había vuelto rutina administrativa: consejos de guerra, purificaciones, secuestros de bienes. Y algo más íntimo, más asfixiante: requisas domésticas en las que se exigía a los santafereños entregar hilas y camas para los hospitales militares sin posibilidad de disculpa ni réplica. La autoridad militar penetraba el espacio del hogar.

Sobre esa vida cotidiana estrangulada —paseos vespertinos por la Alameda o el Aserrío, rezo del rosario, visitas familiares los domingos a la casa de la alta aristocracia, cenas abundantes hacia las nueve o diez de la noche— se dibujaba también un mapa clandestino. Los patriotas que regresaban a la ciudad lo hacían de noche, en tal estado de deterioro que a veces ni sus familias los reconocían, y solían recibir el consejo de no comparecer ante la Audiencia. Había redes de refugio informal, casas seguras, funcionarios criollos que soplaban avisos. En esa doble ciudad —la visible del rosario y las visitas, la invisible de los mensajeros nocturnos— se movió Policarpa Salavarrieta.

La red

La conspiración patriota en la Santafé ocupada no era una organización unificada, sino un tejido de células, contactos y complicidades familiares. Su función era doble: sostener a las guerrillas rurales que hostigaban al ejército realista y preparar, desde adentro, cualquier futura ofensiva libertadora. Policarpa fue nodo activo de ese tejido.

Su primera fuente eran los soldados criollos que servían bajo las banderas del virrey. A ellos, en confidencias que aprovechaban el trato cercano del taller o de la casa donde cosía, sacaba informaciones sobre movimientos de tropas, planes de operaciones, guarniciones y relevos. La eficacia de esta labor descansaba en algo que el ejército realista nunca terminó de resolver: la mitad baja de sus filas era neogranadina, y esa mitad tenía dudas, familias, lealtades cruzadas. Policarpa las convirtió en oportunidad. Logró, además, algo más ambicioso que el simple soplo: convertir a la causa revolucionaria a varios soldados de las guarniciones de Sámano. La deserción individual se articuló con la inteligencia recogida; los conversos pasaban a formar parte, en distinto grado, de la propia red.

El otro extremo del hilo eran las guerrillas. Entre ellas figuraba la de los Almeydas, dirigida por Ambrosio Almeyda, que operaba en el ámbito rural bajo Santafé como uno de los focos irregulares que hostigaban a las columnas realistas. Estas partidas, descritas y cartografiadas después por Eduardo Pérez O., fueron parte del entramado que preparó el terreno para la campaña libertadora de 1819. La Pola les hacía llegar información, recursos y hombres. En sentido estricto, era enlace urbano de un teatro militar rural.

Y estaba, cruzando toda la red, la vida afectiva. Alejo Sabaraín, oficial patriota y su amante, fue figura decisiva en la conspiración; en él coincidían el vínculo íntimo y la operación política. La casa de Andrea Ricaurte de Lozano, otra patriota santafereña, funcionaba como uno de los puntos seguros donde los conjurados se reunían, cosían escarapelas y pasaban órdenes. En la sombra —y por eso mismo persistentes en la sombra de la historia— había artesanos, cocineras, aguadoras, criadas de casa grande. La red que Policarpa animaba no era una construcción de próceres barbados: era, en buena medida, un tejido femenino y popular que la posteridad reduciría, cómodamente, a una sola cara.

Aquí conviene una precisión sobria. No es posible medir con exactitud el peso relativo de la Pola dentro de esa red, ni cuántos soldados exactamente reclutó, ni qué operaciones concretas se ejecutaron gracias a su inteligencia. Pero fue agente real y funcional de la conspiración, y el aparato represivo la trató como pieza suficientemente peligrosa para merecer proceso sumario y ejecución pública. La ferocidad de Sámano fue, en este caso, medida de la eficacia de ella.

La captura y la muerte

En algún momento de 1817, la red se rompió. Los papeles que Alejo Sabaraín llevaba consigo cayeron en manos realistas y comprometieron a varios miembros de la conspiración; los nombres, las listas de contactos, las claves domésticas se convirtieron en cadena de detenciones. Policarpa fue apresada junto a Sabaraín y conducida a prisión.

El proceso siguió el patrón de las leyes excepcionales dictadas por Morillo y aplicadas por Sámano. Un consejo de guerra —con competencia para imponer la pena capital a los acusados de rebelión— dictó la sentencia. En el mismo procedimiento se produjo el episodio conocido como quintamiento del 18 de agosto, en el que fueron condenados a muerte varios patriotas, entre ellos el propio Alejo Sabaraín, José Hilario López, Rafael Cuervo y Mariano Posse. No todos fueron ejecutados: López sobreviviría y, con el tiempo, llegaría a ser una figura destacada de la vida republicana. Sabaraín, en cambio, murió en el paredón.

Policarpa Salavarrieta fue fusilada en la Plaza Mayor de Santafé durante el Régimen del Terror, en 1817. La tradición fijó la fecha en el 14 de noviembre; ese día, o muy cerca de él, se cerró la biografía y se abrió el mito. La ejecución tuvo la forma pública que el poder colonial reservaba para los escarmientos: procesión desde el lugar de reclusión hasta el paredón, presencia de tropas, público forzado a mirar. Sámano quería que Santafé mirara. Necesitaba que mirara.

El cálculo político se explica por sí mismo. Ejecutar a una mujer joven, de oficio popular, en pleno centro de la capital, era un mensaje dirigido a los sectores urbanos que sostenían logísticamente la resistencia. No se estaba castigando a una sola espía: se estaba diciendo a las modistas, a las cocineras, a las aguadoras, a los artesanos que también los alcanzaba la mano del virrey. La represión de las élites ilustradas en 1816 —Torres, Caldas y tantos otros— había apuntado a la cabeza pensante de la república. La ejecución de Policarpa, un año después, apuntaba a otro estrato: al que hacía funcionar la ciudad clandestina. Fue, en ese sentido, un acto ejemplarizante de política criminal antes que una respuesta calibrada a la peligrosidad de un individuo.

Se conservan versiones sobre sus palabras finales —imprecaciones a los verdugos, denuncias al pueblo indolente que asistía mudo a la ejecución—, muchas de ellas amplificadas y modeladas por la tradición patriótica del siglo XIX. Lo que puede sostenerse sin adorno es más importante que las frases exactas: murió a los veintidós años, con conciencia política plena, en un cadalso pensado para intimidar, y no dejó de comportarse hasta el final como conspiradora activa.

El terror y sus efectos inversos

La represión de Morillo y Sámano cumplió, al principio, sus fines. Descabezó buena parte del liderazgo ilustrado neogranadino, sembró el miedo, obligó a la resistencia a replegarse. Pero los métodos que rindieron resultados inmediatos empezaron a producir efectos contrarios: la población, lejos de aquietarse, se lanzó a la resistencia organizándose en guerrillas y conspiraciones. La ejecución de Policarpa formó parte de ese giro. Cada mártir realimentaba la red que el virrey pretendía extirpar.

Hay que añadir otra escala, la atlántica. Las noticias sobre los procedimientos sanguinarios de Morillo, en particular contra los hombres ilustrados de la Nueva Granada, circularon rápidamente a ambos lados del océano. Sobre los tropos preexistentes de la leyenda negra española, esas noticias contribuyeron a generar apoyo monetario y logístico para la independencia desde Gran Bretaña y Estados Unidos. El terror que había querido cerrar la disidencia terminó abriéndole financiamiento internacional. Y, en la escala más pequeña de la vida cotidiana, radicalizó a familias que hasta entonces vivían en el filo. La casa de Andrea Ricaurte, las guerrillas de los Almeydas, los soldados criollos que dudaban de sus banderas: todos leyeron el paredón de la Plaza Mayor a su modo.

Dos años después de la muerte de Policarpa, el ejército de Simón Bolívar cruzaba los Andes desde los Llanos y derrotaba al Nuevo Reino realista en la campaña de 1819. En esa campaña, las guerrillas colombianas —con las que la Pola había mantenido enlace— aportaron una contribución que la historiografía reconocería tardíamente. La Reconquista había preparado, con sus propios excesos, su liquidación.

Del cadalso al bronce

La Policarpa histórica murió el 14 de noviembre de 1817. La Policarpa simbólica empezó a nacer casi enseguida, y su construcción se extendió a lo largo del siglo XIX republicano. El punto de partida iconográfico fue la pintura histórica.

El óleo Policarpa Salavarrieta marcha al suplicio, del pintor García Hevia, hoy en el Museo Nacional de Colombia, fijó una de las imágenes canónicas de la escena: la joven caminando hacia el paredón entre tropas y curiosos, cabeza alta, mirada fija. La obra pertenece a un ciclo mayor de pintura histórica decimonónica —el mismo al que contribuyeron Pedro José Figueroa y Alberto Urdaneta— que produjo también piezas como Muerte del general Francisco de Paula Santander, El asesinato de Sucre o Caldas marchando al patíbulo. Esta última, obra de Urdaneta, muestra hasta qué punto la iconografía se estabilizó en torno al tropo del mártir camino al suplicio: la escena del cadalso como fundación moral de la república.

La pintura histórica colombiana del XIX no era decoración: era instrumento. A una terminología ideológica —la del republicanismo criollo triunfante— le correspondía una pintura ideológica, encargada de proveer los rostros y las escenas del panteón nacional. La élite criolla de la Gran Colombia había retomado tradiciones civilizatorias europeas y conservaba elementos del orden social y militar heredado; su proyecto necesitaba construir héroes propios que legitimaran el nuevo orden. Policarpa entró en esa maquinaria simbólica como pieza singular: la única mujer del cadalso republicano fundacional, la contraparte femenina de Caldas y Torres. Junto a ella circuló, como alegoría paralela, la figura de la joven indígena con gorro frigio, símbolo de la Libertad heredado de la Revolución Francesa. El siglo XIX colombiano compuso su imaginario nacional mezclando la mártir concreta con la alegoría abstracta.

Al bronce llegó después. En el inventario oficial de monumentos del centro de Bogotá figura, con el número 8, el monumento a Policarpa Salavarrieta, obra del escultor Dionisio Cortés, emplazado en la Carrera 3 con Calle 18. La estatua materializó en piedra pública el trabajo que la pintura había hecho en el óleo: convertir a la modista en columna.

En las primeras décadas del siglo XX, el centro histórico bogotano fue objeto de una campaña sistemática de reordenamiento simbólico. La Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá impulsó, en el marco de sus festejos de décimo aniversario en 1927, la remodelación del parque de Los Mártires. En paralelo intervino sobre la antigua Plaza de Las Cruces, donde en 1911 se había instalado una pila pública, y la rebautizó como Parque de Girardot. Dos operaciones distintas sobre dos espacios distintos, pero orientadas por la misma lógica: reescribir el espacio público del centro como texto patrio. La Pola ocupaba en ese texto un lugar propio.

Este proceso tuvo un costo. Al fijar a Policarpa en un solo gesto —el del cadalso—, la iconografía republicana la separó del tejido en el que operaba. Los soldados criollos convertidos, las guerrillas rurales, la casa de Andrea Ricaurte, los hermanos Salavarrieta, las artesanas anónimas: todos desaparecieron del cuadro para dejar sola a la mártir. La escena camino al patíbulo, tan eficaz como imagen, tapó la escena previa —la que importaba políticamente— del taller, la sastrería, el mensaje escrito en clave.

La Pola disputada

Policarpa Salavarrieta es una de las pocas mujeres de la historia colombiana que ha recibido atención historiográfica formal sostenida. Esa singularidad la convirtió, en el siglo XX y en lo que va del XXI, en símbolo movible. Distintas fuerzas la han invocado, cada una a su modo, y en la disputa se leen las transformaciones de la memoria política del país.

De un lado, la tradición patriótica oficial siguió tratándola como heroína individual, cima moral, ejemplo de valor femenino puesto al servicio de la patria. Esa lectura pertenece al circuito escolar, al discurso conmemorativo, a los actos del 20 de julio. Cumple una función legítima —dar nombre y rostro a una historia que sin ellos sería abstracta— pero a costa de mantener a la Pola en el bronce, es decir, quieta.

De otro lado, movimientos y organizaciones de mujeres colombianas la resignificaron a lo largo del siglo XX como símbolo de miles de mujeres anónimas y olvidadas que participaron en movimientos sociales sin recibir reconocimiento por parte de la historia oficial. En esta lectura, la Pola no es la excepción heroica, sino la punta visible de un iceberg de agencia femenina popular: modistas, aguadoras, campesinas, trabajadoras urbanas que sostuvieron luchas concretas y cuyos nombres no llegaron a los libros. La resignificación coincidió con procesos más amplios en los que organizaciones de mujeres, siguiendo el ejemplo de otras locales e internacionales, evolucionaron hacia agendas más amplias que incorporaron temas como la violencia doméstica y el control de la sexualidad. Recuperar a la Pola era, en ese marco, criticar la visión paternalista que consideraba a las mujeres de sectores populares carentes de conciencia política o de claridad en sus objetivos.

Hubo también invocaciones puntuales del símbolo en contextos de violencia política colombiana. La frase atribuida a Policarpa sobre la indolencia del pueblo —"pueblo indolente" que asiste sin reaccionar a la ejecución— fue evocada, entre otros, en el testimonio de un sobreviviente del asalto al Palacio de Justicia en 1985, como denuncia de la pasividad ciudadana ante la violencia y la impunidad. La operación de esa cita cruzada no es menor. El asalto guerrillero al Palacio, en pleno centro de Bogotá, y la respuesta militar que terminó con el edificio incendiado, con magistrados de la Corte Suprema muertos y con decenas de desapariciones que aún hoy pesan sobre la justicia colombiana, ocurrieron a pocas cuadras de la Plaza Mayor donde había sido fusilada la Pola. Que un sobreviviente de aquellos días echara mano de las palabras atribuidas a una modista guaduera de 1817 dice algo sobre la manera en que ciertos símbolos aguantan la traslación: no se leen como pieza de museo, sino como diagnóstico contemporáneo. En esa cita cruzada, dos siglos se tocan: el paredón de 1817 y el edificio en llamas de 1985 comparten, por un instante, la misma condena a la resignación colectiva.

Cada lectura tiene su plausibilidad. La Pola aguanta la interpretación heroica y la interpretación popular; aguanta la escuela y la marcha feminista; aguanta el bronce y su crítica. Lo que hay que evitar, en cualquier caso, es la conversión del símbolo en obstáculo: leerla como pura mártir hace difícil verla como conspiradora, y leerla como conspiradora hace difícil olvidar que fue ejecutada precisamente por eso. Las dos figuras se necesitan; separarlas empobrece a ambas.

Lo que queda

Doscientos años después de la Plaza Mayor, la figura de Policarpa Salavarrieta sigue circulando en la vida colombiana con una densidad que pocas biografías del país mantienen. Aparece en los billetes, en los nombres de escuelas y barrios —el más notorio en Bogotá, La Policarpa, tejido en la memoria popular—, en libros escolares, en placas conmemorativas. Su rostro reconocible es, en buena medida, el que el óleo de García Hevia y la estatua de Dionisio Cortés le imprimieron a la memoria nacional.

Detrás de ese rostro está la modista de Guaduas que a los veintidós años cosía en las casas de Santafé mientras averiguaba movimientos de tropas y convencía a soldados criollos de desertar. Está la conspiradora que amó a Alejo Sabaraín y que fue capturada por los mismos papeles que él llevaba encima. Está la agente urbana de las guerrillas de los Almeydas, la mujer que se movía en una ciudad estrangulada por requisas domésticas, ejecuciones ejemplarizantes y consejos de guerra sumarios. Está, sobre todo, la punta visible de una red femenina y popular que la historia oficial redujo a una sola cara y cuya recuperación completa —los nombres de las otras, los oficios, los recorridos— sigue siendo tarea pendiente.

Queda, entonces, una figura doble: la que camina hacia el paredón en el óleo de García Hevia y la que cruza Santafé con una prenda a medio coser bajo el brazo y una lista de nombres en la memoria. La primera ha tenido dos siglos para asentarse; la segunda apenas empieza a ganar espacio en la manera en que Colombia se cuenta a sí misma. Devolverle a Policarpa Salavarrieta el taller, los hermanos, la casa de Andrea Ricaurte, los soldados que convenció, las guerrillas con las que se comunicaba, no le resta heroísmo: le añade un mundo. Es en ese mundo, y no en la piedra de la Carrera 3 con Calle 18, donde la Pola sigue trabajando.