Independencia (1810–1831)

Independencia (1810–1831)

Entre el estallido juntista de 1810 y la disolución de la Gran Colombia en 1831 transcurren dos décadas en las que la Nueva Granada se separó de España, fundó una república continental y la vio desmoronarse. Ni fue un acto ni fue una guerra: fue un proceso largo en el que la ruptura con la monarquía resultó más veloz que la construcción de un orden nuevo. Cuando en 1810 los cabildos criollos crearon juntas de gobierno todavía en nombre de Fernando VII, casi nadie imaginaba que veintiún años después Bolívar habría muerto en Santa Marta y el proyecto de una sola república entre el Orinoco y Guayaquil sería un recuerdo reciente. En medio de esos años caben una guerra civil entre patriotas, una reconquista española sanguinaria, una campaña militar que cruzó los Andes por el páramo de Pisba, la fundación de una república que aspiró a ser continental y la fractura política que la partió en pedazos. Este es el período en que Colombia nació dos veces: primero como una posibilidad federal en 1811, después como un fragmento de la Gran Colombia en 1831.

El panorama: una ruptura larga

La independencia neogranadina no arrancó con una declaración sino con un vacío. En 1808, la invasión napoleónica a España y el cautiverio de Fernando VII abrieron una crisis de legitimidad que recorrió el imperio: si el rey estaba preso, ¿en quién residía la soberanía? La respuesta que los cabildos americanos ensayaron —juntas de gobierno provisionales, guardadoras de los derechos del monarca cautivo— era formalmente monárquica y prácticamente autonomista. En Santafé de Bogotá, Popayán, Socorro, Tunja y Loja se redactaron instrucciones para el delegado ante la Junta de Sevilla, entre ellas el célebre Memorial de Agravios firmado por Camilo Torres Tenorio, que exigía igualdad entre americanos y peninsulares dentro del imperio, no fuera de él.

Ese punto de partida importa: la independencia absoluta solo existía, en 1810, en la cabeza de unos pocos. Lo que sí existía era el descontento acumulado de las élites criollas contra el monopolio administrativo peninsular y una red de lecturas ilustradas que circulaba en tertulias como la del Observatorio Astronómico de Francisco José de Caldas. Cuando el 20 de julio de 1810 el cabildo de Santafé instaló su Junta Suprema de Gobierno, la maniobra estaba prefigurada por una cadena de pronunciamientos que había recorrido el virreinato desde mayo: Cartagena depuso a su gobernador el 22 de mayo y el 14 de junio, Cali instaló junta el 3 de julio, Pamplona destituyó al suyo el 4, Socorro se le adelantó a la capital el 10, y tras el 20 vinieron Tunja el 25, Neiva el 27, Girón el 30 y Mompós el 6 de agosto. Fue una revolución en cascada, coordinada por redes de correspondencia y por un cálculo compartido sobre el momento oportuno.

Lo que siguió no fue la construcción ordenada de una república, sino veinte años de tanteo violento entre proyectos incompatibles. Federalistas y centralistas se hicieron la guerra antes de que España volviera; cuando España volvió, en 1815, encontró un país dividido y lo aplastó; cuando Bolívar lo liberó en 1819, fundó una república continental sobre una base social estrecha y unas finanzas devastadas; cuando esa república se agrietó, en 1826, ya no había amenaza externa que obligara a la cooperación. La tensión que atraviesa todo el período es siempre la misma: la ruptura política con España fue posible porque las élites criollas coincidieron tácticamente, pero los proyectos de qué construir en su lugar —federal o central, civil o militar, bogotano o caraqueño— eran mutuamente excluyentes, y la guerra los pospuso sin resolverlos.

Las fuerzas en juego

La sociedad neogranadina en 1810 era una pirámide desigual apoyada en tres pilares regionales: el altiplano cundiboyacense, donde vivía la élite letrada y funcionaba el aparato virreinal; la costa Caribe, cuyo puerto de Cartagena concentraba comercio y una guarnición numerosa; y las provincias periféricas —Antioquia, Popayán, el Socorro, los Llanos— con élites propias y economías dispares. El virreinato producía oro, textiles artesanales, tabaco, ganado, aguardiente. Pero era ante todo una economía de circuitos regionales mal conectados, donde el transporte por mula y champán del Magdalena imponía distancias enormes.

Sobre esa base se movían las fuerzas del período. La primera fue política: la crisis de la monarquía obligó a las élites criollas a asumir funciones de gobierno para las que estaban formadas pero no autorizadas. La segunda fue militar: la guerra fabricó ejércitos donde antes había milicias, y los ejércitos, una vez fabricados, no se disolvieron con facilidad. Los llaneros que pelearon primero con José Tomás Boves y después con José Antonio Páez, los veteranos de Casanare que arrastró Santander, la Legión Británica que entró por el Orinoco: todos esos hombres armados quedaron como un peso político después de las batallas. La tercera fue social: la guerra removió jerarquías. Los mandos españoles ofrecieron libertad a esclavos que se enrolaran; los republicanos respondieron con ofertas equivalentes. Los indígenas de las misiones llaneras fueron reclutados y sus pueblos, saqueados. En 1821 solo quedaban cuatro misiones en pie de las que había antes de la guerra en los Llanos.

La cuarta fuerza fue geográfica y a la vez geopolítica. Nueva Granada estaba en la esquina noroccidental de un continente que Gran Bretaña quería abrir a su comercio. Londres no financió a España en su intento de recuperar América, no interceptó los envíos peninsulares pero tampoco los apuntaló, y permitió que capital y voluntarios fluyeran hacia los patriotas. Cuando las noticias sobre las tácticas de Pablo Morillo llegaron a Londres —ejecución de sabios como Caldas, ahorcamientos, decapitaciones de cadáveres— encajaron con la leyenda negra ya arraigada y facilitaron el reconocimiento moral de la causa. Los empréstitos ingleses posteriores tuvieron como contrapartida la apertura del mercado latinoamericano a las manufacturas británicas: la independencia política vino con una dependencia comercial nueva.

La quinta fuerza fue económica, y quizás la más subestimada. La guerra destruyó el aparato productivo. Entre 1802 y 1850 las exportaciones per cápita de la Nueva Granada cayeron un 42%, y el nivel bruto de exportaciones previo a 1810 no se recuperó hasta mediados de siglo. Los gobiernos patriotas practicaron el secuestro de bienes de sus adversarios desde 1814; las tropas destruyeron haciendas y ganados; los empréstitos internos fueron a menudo forzados; las tasas de interés se dispararon; en Cartagena se emitió papel moneda con resultados desastrosos; en Santa Marta y Popayán las autoridades adulteraron la moneda metálica; en julio de 1821 el gobierno tuvo que emitir vales pagaderos en sal en la salina de Zipaquirá. Este es el trasfondo material de la política de los años veinte: una república continental sin caja, gobernando sobre una economía arruinada.

La cronología vivida: 1810–1815, la Patria Boba

El 20 de julio de 1810 fue en la superficie un motín popular por un florero prestado, y en el fondo un plan calculado por un grupo reducido de criollos. La masa que salió a la Plaza Mayor de Santafé desconocía los detalles; se movía por antipatía a algunos españoles peninsulares recién llegados, con el comerciante José González Llorente como blanco simbólico. El virrey Antonio Amar y Borbón no dio la orden de reprimir: sabía que el ejército no obedecería. Al amanecer del 21, José Acevedo y Gómez había redactado un acta que fijaba lo esencial: la autoridad quedaba provisionalmente en la Junta Suprema hasta que se formara una constitución, las provincias enviarían representantes, y el sistema se basaría en la libertad y la independencia de las provincias unidas por un pacto federal.

Esa última cláusula fue una bomba de tiempo. Federal significaba que Santafé no mandaba sobre las demás provincias; independencia significaba que cada una podía negarse a lo que otra decidiera. En noviembre de 1811, las provincias de Antioquia, Cartagena, Pamplona, Neiva y Tunja se unieron en las Provincias Unidas de Nueva Granada bajo una constitución redactada por Camilo Torres con inspiración estadounidense. Pero Cundinamarca, bajo la influencia de Antonio Nariño —que había asumido la presidencia el 19 de septiembre de 1811 tras deponer a Jorge Tadeo Lozano—, se negó a adherirse. Nariño defendía un centralismo desde Bogotá; Torres, un federalismo desde Tunja. La discusión constitucional se convirtió en guerra.

Entre enero y agosto de 1812, Cundinamarca declaró la guerra a las Provincias Unidas. En marzo, el general Antonio Baraya, hasta entonces al servicio de Nariño, se pasó al bando del Congreso federalista. En agosto, Nariño renunció temporalmente en un gesto de conciliación; fue reemplazado por Manuel Benito de Castro entre el 20 de agosto y el 12 de septiembre; cuando Baraya exigió la rendición, una parte de la representación popular resolvió que Nariño reasumiera el mando. La guerra continuó. En 1814 estalló una segunda ronda: el presidente de Cundinamarca, Manuel Bernardo Álvarez, clausuró en uso de facultades dictatoriales las sesiones del Colegio Electoral que debía decidir la adhesión al pacto federal. El 12 de diciembre de 1814, tras el ataque de las tropas federales dirigidas por Simón Bolívar —que había llegado como refuerzo tras su primera campaña venezolana— la capital cayó y Álvarez renunció.

Este período recibió después el nombre de Patria Boba, y el mote es injusto solo a medias. Hubo una obra constitucional considerable: entre 1811 y 1815 se redactaron cartas en Cundinamarca, Tunja, Antioquia, Cartagena, Mariquita, Neiva y Pamplona. Ninguna rompió con la matriz institucional colonial; adaptaron sus instituciones con lenguaje liberal. Pero el precio de esa experimentación fue no organizar una defensa común. Bolívar, tras tomar Bogotá para el bando federal, marchó sobre Cartagena en 1815 para someterla; la falta de cooperación entre patriotas lo obligó a combatir compatriotas cuando España ya venía cruzando el Atlántico. Cuando Morillo desembarcó, encontró un país que se había gastado cinco años peleándose consigo mismo.

La reconquista: Morillo y el terror, 1815–1817

El ejército expedicionario de Pablo Morillo, veterano de la guerra contra Napoleón en la península, sitió Cartagena de Indias durante más de cien días. La ciudad cayó el 6 de diciembre de 1815, después de que un tercio de su población hubiera muerto de hambre y epidemias. Entre mil y dos mil habitantes evacuaron en trece embarcaciones corsarias antes de la entrada española; muchos murieron en el mar. Cartagena, la plaza fuerte del Caribe hispano, quedó reducida a un esqueleto.

Lo que siguió fue el episodio más oscuro del período. Morillo montó en los territorios reconquistados un aparato represivo institucional: el Consejo Permanente de Guerra, el Consejo de Purificación, la Junta de Secuestros y la Inquisición restaurada. En 1816 fueron fusilados los líderes independentistas de la primera generación: Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell, Antonio Villavicencio. En Cartagena cayó el grupo conocido como los Mártires, entre ellos Manuel del Castillo y Rada. La represión no se detuvo en los letrados: en 1817 fue ejecutada en Bogotá Policarpa Salavarrieta, joven que había servido como enlace de la resistencia clandestina. Las descripciones contemporáneas de Morillo lo pintaron como cruel por sistema, con ejecuciones que incluían la decapitación de cadáveres para exhibición pública.

El régimen del terror produjo un efecto que Madrid no había previsto. Amplios sectores que en 1810 habían mirado con simpatía —o al menos con indiferencia— la restauración del orden colonial se volvieron activamente contra España. La brutalidad radicalizó a la población; combatir a los realistas dejó de ser el proyecto de una minoría letrada y empezó a interesar a todas las capas. Al mismo tiempo, las noticias cruzaron el Atlántico. En Gran Bretaña y en Estados Unidos, la ejecución de un sabio como Caldas —figura conocida por su correspondencia científica— confirmó los estereotipos de la leyenda negra y ayudó a que la causa independentista recogiera apoyo monetario y logístico. Morillo pretendía cerrar el capítulo; lo abrió más ancho.

Mientras tanto, en los Llanos, un grupo de patriotas sobrevivientes reagrupaba fuerzas. Santander, un joven abogado de Cúcuta convertido en oficial, organizaba tropas en Casanare, cuyas milicias venían participando en levantamientos contra el orden colonial desde finales del siglo XVIII. En Angostura, sobre el Orinoco, Bolívar rearmaba un ejército con veteranos venezolanos, llaneros que se habían pasado del bando de Boves al de Páez, y voluntarios europeos. El virrey Juan de Sámano, nombrado en 1817, gobernaba desde Bogotá con la seguridad de quien ha ganado la guerra. En 1818 ordenó formar una comisión de moneda para ejecutar las instrucciones reales de reacuñar las monedas revolucionarias, que Madrid consideraba una amenaza a la soberanía. Era el gesto de un régimen que se creía instalado para durar.

La campaña libertadora: 1819

El 17 de julio de 1817 Bolívar había tomado control de Angostura, y el 24 se declaró Jefe Supremo del Ejército. Abrió el Orinoco a la Legión Británica, que reforzó con provisiones y hombres una posición patriota todavía precaria. El 15 de febrero de 1819 instaló el Congreso de Angostura, restableciendo formalmente la República y sentando el marco político de lo que vendría. El Congreso lo eligió presidente. Poco después, Bolívar se reunió con Santander en Tame, en los Llanos, y tomaron la decisión que definiría el curso de la guerra: cruzar los Andes por el páramo de Pisba en plena estación de lluvias, atacar la Nueva Granada por donde nadie esperaba y golpear al ejército realista de José María Barreiro antes de que pudiera concentrarse.

La campaña se inició el 15 de junio de 1819, con la vanguardia al mando de Santander y la retaguardia dirigida por José Antonio Anzoátegui. El paso del páramo de Pisba fue una prueba brutal para tropas de la llanura acostumbradas al calor; el frío mató caballos y hombres, dispersó equipos, redujo el ejército a una fracción de sus efectivos. Los primeros combates en territorio neogranadino ocurrieron en Paya el 27 de junio, y forzaron la retirada realista hacia Sogamoso. Siguieron el Pantano de Vargas, donde una carga de catorce lanceros al mando de Juan José Rondón evitó el desastre, y el 7 de agosto de 1819 la batalla del Puente de Boyacá, donde Barreiro fue capturado con el grueso de su ejército. El 10 de agosto Bolívar entró triunfante en Santafé de Bogotá; el virrey Sámano había huido disfrazado de campesino hacia el Magdalena y de ahí a España, dejando en la Casa de la Moneda una suma considerable que las tropas patriotas encontraron intacta.

La velocidad de la campaña —lo que los boletines llamaron los setenta y cinco días— tuvo un efecto político inmediato. En diciembre de 1819, el Congreso de Angostura aprobó la unión de Venezuela y Nueva Granada en una sola república bajo el nombre de Colombia. Era una propuesta de Bolívar y era también una apuesta: fundar el Estado antes de terminar la guerra, para que la unidad militar tuviera después un marco político donde durar. Bolívar organizó un gobierno provisional en Bogotá y puso al frente a Santander, quien desde 1819 ejerció el poder ejecutivo en Nueva Granada mientras el Libertador continuaba las campañas del sur.

Fundación de una república continental: 1821

En 1821 el proyecto se formalizó. El Congreso Constituyente reunido en la Villa del Rosario de Cúcuta aprobó la Constitución de la República de Colombia, uniendo Nueva Granada y Venezuela bajo un régimen republicano. Bolívar fue elegido presidente; Francisco Antonio Zea figuró como vicepresidente según algunas versiones, aunque en la práctica sería Santander quien ejercería el ejecutivo desde Bogotá durante las ausencias del Libertador. Nariño, que había sobrevivido a los años de prisión en España, llegó al Congreso con un lema que resumía su lectura del momento: "Centralismo primero, federalismo después". La Constitución de Cúcuta consagró el centralismo.

El Congreso reunía delegados de Nueva Granada y Venezuela. Quito no estaba: el sur seguía bajo dominio español, y solo se incorporaría tras la batalla de Pichincha en mayo de 1822, ganada por Antonio José de Sucre. Muchas provincias neogranadinas también carecían de representación plena, todavía en proceso de reintegración. Era, en rigor, una constitución hecha por una parte para regir sobre un todo aún incompleto. La incorporación posterior de Quito se produjo sin que sus élites hubieran participado en el pacto fundacional; la de Venezuela, sobre la base de un texto redactado en Cúcuta que los caraqueños percibieron como una imposición neogranadina.

Este es el punto en que la historia se bifurca. Entre 1821 y 1826, la Constitución de Cúcuta funcionó. Santander administró la república desde Bogotá con eficacia y legalismo; Bolívar libraba las campañas del sur y luego las de Perú y Alto Perú, coronadas por la victoria de Sucre en Ayacucho en diciembre de 1824. La república había sobrevivido a su fundación. Pero en 1826 empezó el desmoronamiento, y no lo empezó Venezuela: lo empezó Bolívar. En Lima, ese mismo año, redactó la Constitución boliviana, con un presidente vitalicio que designaba a su sucesor y poderes casi monárquicos. Pretendía que fuera adoptada en Colombia. Ese proyecto, más que la Constitución de Cúcuta, fue lo que activó la oposición interna. Hasta 1826 no había habido bandos definidos; a partir de 1826 los hubo.

Los actores encarnan las fuerzas

Simón Bolívar es el protagonista, pero no el único. Nacido en Caracas, formado en la Europa napoleónica, marcado por la muerte temprana de su esposa y luego acompañado por Manuela Sáenz —quien lo salvaría en Bogotá durante la conspiración septembrina—, Bolívar reunía en una sola figura la conducción militar, el proyecto continental y el instinto autoritario. Su grandeza fue diseñar la Gran Colombia; su límite, no entender que un país no se gobierna como se libera una batalla.

Francisco de Paula Santander es su contrapeso. Abogado, joven oficial en Casanare durante los años del desastre, jefe de la vanguardia en la campaña libertadora, encargado del ejecutivo en Bogotá durante las ausencias de Bolívar, Santander representó el legalismo, la administración civil y la Constitución de 1821 como pacto irrevocable. En noviembre de 1826 le escribió a Bolívar anticipando que la Nueva Granada podría declararse independiente si no era posible sostener la Constitución. En marzo de 1827 Bolívar le rompió la amistad por carta pidiéndole que se abstuviera de escribirle; Santander le respondió a fines de abril. La ruptura entre los dos hombres se convirtió en la ruptura de la república.

Antonio Nariño encarna la generación que hizo el puente entre la Ilustración y la Independencia. Traductor de los Derechos del Hombre en 1794, preso durante años en las cárceles españolas, presidente de Cundinamarca en la Patria Boba, delegado en Cúcuta en 1821, murió en 1823 sin haber alcanzado la culminación política que su carrera prometía. Camilo Torres Tenorio, autor del Memorial de Agravios y presidente de las Provincias Unidas, fue fusilado por Morillo en 1816: su ejecución cerró la generación federalista fundadora.

Los militares llenaron el vacío. Antonio José de Sucre, el más notable de los oficiales bolivarianos, ganó Pichincha en 1822 y Ayacucho en 1824; sería asesinado en Berruecos en 1830, dejando a Bolívar sin heredero. José Antonio Páez, el llanero devenido general, mandó el ejército de Apure con cerca de cuatro mil efectivos —tres mil de infantería, mil de caballería— y encabezó después la separación venezolana. José María Córdova, joven oficial antioqueño, brilló en Ayacucho antes de morir en 1829 rebelado contra Bolívar. Rafael Urdaneta, venezolano leal al Libertador, cerraría el ciclo como dictador provisional en 1830.

Los subalternos son más difíciles de nombrar porque el archivo los registró menos. Policarpa Salavarrieta y las otras mujeres que sirvieron de enlaces, mensajeras y espías; los esclavos negros que se enrolaron a un bando u otro esperando la libertad que solo llegaría décadas después; los indígenas de las misiones llaneras reclutados y desplazados; los llaneros que pelearon con Boves, con Páez y contra la propia república en los años del abigeato. La independencia se hizo sobre sus cuerpos y en gran medida sin ellos como sujetos políticos.

Las transformaciones y el nudo Bolívar-Santander

Entre 1826 y 1830 se decidió el destino de la Gran Colombia, y la decisión fue política antes que estructural. Bolívar volvió del Perú convencido de que Colombia necesitaba un ejecutivo vitalicio; Santander defendió la Constitución de 1821 como pacto que solo podía reformarse por sus vías. El Congreso de Ocaña, convocado en 1828 para dirimir la cuestión, fracasó: los bolivarianos se retiraron; los santanderistas quedaron declarándose fieles al texto de Cúcuta. La convención se disolvió sin acuerdo.

En el verano de 1828 —el 24 de junio se señala como fecha inicial— Bolívar asumió poderes dictatoriales. La noche del 25 de septiembre un grupo de conspiradores intentó asesinarlo en Bogotá; Manuela Sáenz lo ayudó a escapar por una ventana del Palacio de San Carlos. La conspiración septembrina profundizó la ruptura: Santander fue procesado, condenado a muerte y luego desterrado. La distinción entre conocimiento previo y participación directa en el atentado sigue debatida; lo que quedó claro es que la república se había partido en dos.

Mientras tanto, Venezuela se movía. Desde 1826, Páez y las élites caraqueñas veían con creciente desconfianza el centralismo bogotano y el proyecto vitalicio de Bolívar. El caudillo venezolano encabezó la separación. El Acta de Separación de Caracas formalizó la independencia de Venezuela de la Gran Colombia. En Quito, la separación siguió una lógica parecida: incorporación tardía, ausencia de pacto fundacional propio, distancia geográfica y política de Bogotá.

Bolívar renunció a la presidencia en mayo de 1830 y emprendió el camino hacia la costa con la intención de exiliarse. Murió en diciembre de ese año en la hacienda de San Pedro Alejandrino, cerca de Santa Marta. Antes había dicho, en carta amarga, que había arado en el mar. En Bogotá, tras la batalla de El Santuario en la que tropas venezolanas vencieron a la oposición, el Concejo municipal ratificó el 5 de septiembre de 1830 el nombramiento del general Rafael Urdaneta como gobernante, con la esperanza de que Bolívar regresara. La noticia de la muerte volvió esa expectativa imposible. Urdaneta tuvo que negociar la paz en las Juntas de Apulo; la Gran Colombia se disolvió; el territorio del antiguo Virreinato de Nueva Granada se convirtió en la República de la Nueva Granada, tras una breve guerra civil entre 1830 y 1831.

Lo que fracasó no fue solo un proyecto constitucional. Fracasó la posibilidad de que las incompatibilidades estructurales acumuladas durante veinte años se resolvieran dentro de un marco común. Mientras estuvo la amenaza española, la cooperación entre Caracas, Bogotá y Quito fue posible; cuando la amenaza desapareció, las élites regionales dejaron de tener razones para ceder. Sobre esa base estructural, la ruptura personal entre Bolívar y Santander determinó la velocidad y la forma del desmoronamiento. Sin la Constitución boliviana de 1826, sin la ruptura epistolar de 1827, sin el fracaso de Ocaña de 1828, sin la dictadura y el atentado de septiembre, quizás la Gran Colombia habría durado más. Pero las tensiones que Bolívar y Santander encarnaron no eran solo suyas: eran las de un continente que quería ser república sin haber decidido de qué tipo.

El legado

Lo que quedó vibrando después de 1831 no fue una república consolidada sino un conjunto de problemas heredados. El primero fue territorial: la Nueva Granada nació con lealtades regionales antes que nacionales. Durante las dos décadas siguientes la población se identificaría con su provincia antes que con el Estado central; el país funcionaría como una entidad abstracta sobre un mosaico regional. Este es el terreno en que se desarrollaría el federalismo del medio siglo.

El segundo legado fue militar. La independencia dejó un excedente de veteranos armados sin tierra ni ocupación. Cuando en 1824 se licenciaron las tropas llaneras, muchos hombres cayeron en el abigeato; la represión de los terratenientes fue tan violenta que hubo miedo de una guerra de castas en el Llano. Nueve años de combate habían diezmado el ganado, arruinado las haciendas y consolidado el caudillismo como forma de mando. En las regiones, caudillos, hacendados y curas armaban sus propias tropas paramilitares bajo mandos que obtenían su grado por padrinazgo, familia o vínculo con el potentado local. El desmantelamiento del ejército libertador centralizado dejó ese vacío. El 4 de septiembre de 1830 se registró el primer golpe de Estado; a lo largo del siglo XIX habría ocho grandes guerras civiles oficiales y al menos veintitrés contiendas regionales, con estimaciones que llegan a setenta conflictos.

El tercer legado fue político. La ruptura entre bolivarianos y santanderistas, y la posterior división entre santanderistas más conciliadores y más radicales, dibujó las líneas que después decantarían las alineaciones partidistas del siglo XIX. Los santanderistas se identificaron con el legalismo constitucional y con principios que se asociarían al liberalismo; los bolivarianos, con el ejecutivo fuerte y una tradición que después se acercaría al conservadurismo. La correspondencia entre estos bandos y los partidos posteriores es una simplificación, pero la matriz estaba puesta.

El cuarto legado fue económico. La república nació pobre, con exportaciones colapsadas, mercado financiero desorganizado, empréstitos forzados, tasas de interés elevadas y una moneda inelástica que había contribuido a la propia desintegración de la Gran Colombia. La deuda con Gran Bretaña, contratada durante la guerra para financiar los ejércitos, gravaría al nuevo Estado durante décadas. La apertura del mercado a las manufacturas inglesas, contrapartida de aquel apoyo, arruinó lo que quedaba de la manufactura textil doméstica.

El quinto legado fue simbólico y más difícil de medir. La Independencia entregó a Colombia un panteón de héroes —Bolívar, Santander, Nariño, Sucre, Torres, Policarpa— que las generaciones siguientes usaron para narrarse a sí mismas, a menudo enfrentándolos entre sí según la lectura política del momento. Bolívar sería reivindicado por unos y desconfiado por otros; Santander, celebrado como el hombre de las leyes o denunciado como el traidor septembrino. Esa disputa sobre los fundadores es también parte del legado: un país que sigue debatiendo si nació el 20 de julio de 1810, el 7 de agosto de 1819 o algún otro día que aún no ha llegado.

Al cabo de veintiún años, entre la Junta Suprema del 20 de julio y la disolución de la Gran Colombia, el territorio del antiguo Virreinato había cambiado de nombre tres veces, había sido escenario de dos guerras civiles entre patriotas, una reconquista, una campaña continental y una fundación republicana fallida. Había perdido población, ganado, capital y manufacturas. Había ganado independencia formal y una tradición de conflicto interno que marcaría el siglo entrante. La ruptura con España se logró; el orden nuevo, apenas empezaba.