Repertorio de protesta

En Colombia, el repertorio de protesta —el conjunto acotado de formas de acción colectiva que un pueblo aprende, ensaya y hereda— sufrió entre 1946 y 1958 la transformación más profunda de su historia moderna. La huelga, la manifestación estudiantil, el mitin de plaza y la ocupación de tierras, que habían madurado en las tres décadas anteriores, no desaparecieron: fueron cercadas. Junto a ellas, o en su lugar, se instaló un repertorio armado —guerrillas liberales, autodefensas campesinas de orientación comunista, guardias cívicas, chulavitas, Pájaros— que hizo de la violencia política una gramática ordinaria de la vida rural colombiana. Ese desplazamiento, ni total ni irreversible pero sí decisivo, es la marca que La Violencia imprimió sobre la manera en que se disputó desde entonces el poder, la tierra y la palabra pública.

Definición del concepto

La noción de repertorio proviene de Charles Tilly, quien la entendió como un conjunto limitado de rutinas aprendidas, compartidas y ejecutadas a través de un proceso de elección relativamente deliberado. Quienes protestan no improvisan desde cero: escogen dentro de un catálogo históricamente disponible. Se marcha porque se sabe marchar, se ocupa una hacienda porque otros la ocuparon antes, se llama a huelga porque el sindicato existe. El repertorio es memoria en acción.

Aplicado a Colombia, y en particular a la historia del conflicto armado, el concepto ha servido para nombrar las modalidades recurrentes que asumió la acción colectiva —también la insurgente— cuando los canales institucionales se estrecharon. Su virtud analítica es doble: permite ver que una huelga bananera, una marcha estudiantil y una emboscada guerrillera pertenecen todas a la historia de la protesta, y obliga a preguntar por qué, en determinados momentos, unas rutinas se marchitan y otras florecen. La Violencia colombiana es el laboratorio por excelencia de esa pregunta: allí, en un lapso de doce años, el repertorio no se amplió por acumulación sino que se bifurcó por cierre.

Antecedentes: huelgas, ligas y sindicatos (1924-1945)

El repertorio que llegó a 1946 no había nacido ayer. En la década de 1920, mientras el país completaba su tardía integración al mercado mundial del café y el petróleo, las ciudades vieron encadenarse formas de acción hasta entonces raras: la huelga de tranviarios de 1924 en Bogotá, la de obreros de la cervecería Bavaria en 1928 y, en el mismo año, la conmoción sangrienta de las bananeras. En varias de esas jornadas los estudiantes se sumaron en solidaridad con los obreros, ensayando una alianza intersectorial que sería recurrente en el siglo. La protesta urbana empezaba a tener rostro, prensa y liderazgos.

Al comenzar los años treinta, el movimiento campesino había ganado peso propio. Figuras como María Cano, Ignacio Torres Giraldo, Erasmo Valencia y José Gonzalo Sánchez —este último surgido del movimiento indígena del sur— mediaron entre las luchas rurales y las corrientes socialistas y comunistas emergentes. Las huelgas de las bananeras, la primera huelga petrolera en Barrancabermeja y las movilizaciones de braceros y marineros del río Magdalena agrupados en FEDENAL adquirieron por momentos un tono revolucionario, no solo reivindicativo. La huelga dejaba de ser un instrumento para pedir salarios y empezaba a ser también un pulso por el orden político.

Marco legal e institucional del período liberal

El Partido Liberal, que retomó el gobierno en 1930 tras casi medio siglo de hegemonía conservadora, comprendió el potencial de esa energía y decidió administrarla. Fomentó la organización sindical para ensanchar su base electoral y disponer de un contrapeso popular frente a la Iglesia y los gremios patronales. La Ley 83 de 1931 abrió el cauce legal. La Ley 200 de 1936, durante el gobierno reformista de Alfonso López Pumarejo, buscó apaciguar a los trabajadores rurales insurgentes reconociendo por primera vez que la tierra tenía una función social. La Ley 6ª de 1945 cerró el ciclo con carácter ambivalente: protegía la organización sindical, pero introducía mecanismos de injerencia y control estatal que ataban al sindicalismo al gobierno de turno.

El giro a la derecha de la política nacional entre 1938 y 1946 suspendió primero y revirtió después las reformas agrarias y laborales del lopismo. Cuando en 1947 se levantó el censo sindical, el país tenía 165.595 afiliados —el 85% varones— en 892 organizaciones activas de 1.610 censadas, una tasa de sindicalización que apenas rozaba el 5%. La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), ligada al liberalismo y con influencia comunista, era la fuerza mayoritaria. Ese era el repertorio urbano heredado: modesto en cobertura, pero con rutinas consolidadas de huelga, marcha, mitin y negociación.

La huelga fallida de 1947

En mayo de 1947, la CTC convocó una huelga general cuyos motivos declarados —el costo de vida y la persecución sindical— encubrían el propósito real de desestabilizar al recién estrenado gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. La huelga fracasó por completo. Su derrota desacreditó a la central y erosionó la confianza en el instrumento más ambicioso del repertorio obrero: la huelga política.

Los meses siguientes fueron una sucesión de conflictos localizados: paro de trabajadores municipales de Bogotá el 4 de febrero de 1948, conflicto laboral en el Magdalena el 11 de febrero, atentado dinamitero contra el gerente de la Tropical Oil Company el 14, sabotajes a redes telegráficas, oleoductos y líneas férreas. Un desgaste del orden público sin construcción de alternativa.

El 9 de abril de 1948 y el Bogotazo

El 9 de abril de 1948, cuando salía de su oficina hacia el almuerzo, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en pleno centro de Bogotá de un disparo de revólver. Era el jefe único del liberalismo, la esperanza populista de una reforma social que llevaba una década aplazándose y el único de los grandes caudillos populares latinoamericanos de la época —junto a Lázaro Cárdenas, Juan Domingo Perón, Getulio Vargas o Víctor Raúl Haya de la Torre— que murió asesinado antes de agotar su ciclo político.

La reacción fue inmediata y monumental. En horas, el centro de Bogotá ardía: el sistema de tranvías fue destruido, iglesias y archivos eclesiásticos incendiados, negocios asociados al conservatismo saqueados. La ciudad quedó por varios días en manos de una multitud sin dirección. Aunque hubo instigación de sectores conservadores y liberales, ninguna organización asumió el mando ni articuló un programa. Lo que pudo ser una revolución se disolvió en una explosión invertebrada de furia.

El Bogotazo coincidió con la instalación en la ciudad de la IX Conferencia Panamericana, cuyo objetivo era fundar la Organización de los Estados Americanos. La coincidencia dio al episodio proyección internacional inmediata: al día siguiente, buena parte de la prensa conservadora y la Iglesia atribuyeron el estallido al comunismo internacional; el diario caleño El Relator llegó a informar que Colombia había roto relaciones con la Unión Soviética.

Como forma de acción colectiva, el 9 de abril fue paradójico. Movilizó a decenas de miles de personas y demostró la fuerza latente de la rabia popular, pero al carecer de conducción se agotó en el saqueo y la destrucción. La multitud se diluyó sin haber tomado nada duradero. Varios jefes liberales se reunieron con Ospina Pérez y aceptaron colaborar con su gobierno; el gaitanismo perdió a su cabeza y con ella su capacidad de representación autónoma dentro del liberalismo. El repertorio urbano insurreccional —la toma de la ciudad por la multitud armada de lo que encuentra— quedó, en la memoria política colombiana, marcado por su propio fracaso: nunca más volvió a ensayarse con esa amplitud.

Mientras Bogotá se replegaba, el campo se encendía. En los Llanos, el 9 de abril mismo, Eliseo Velásquez atacó Puerto López al frente de una partida de guerrilleros liberales: uno de los primeros signos de que el conflicto tenía otro escenario y otras armas. En 1949, el ejecutivo clausuró el Congreso, poniendo fin al entendimiento mínimo entre los partidos tradicionales. Los canales institucionales de la protesta se cerraron. La Violencia, ya en curso desde antes del magnicidio, se aceleró e intensificó hasta arrojar más de doscientas mil muertes en la década siguiente.

Repertorio de contraprotesta: guardias cívicas, Pájaros y chulavitas

La violencia conservadora durante La Violencia no fue una respuesta espasmódica ni el simple abuso de una policía sectaria. Tuvo forma, actores y rutinas propias, y funcionó como un repertorio: aprendido, compartido, deliberado.

Las guardias cívicas fueron grupos de conservadores armados con fondos de gremios, ganaderos y hacendados que asumieron funciones correspondientes al Estado, desde la represión hasta la administración de justicia sumaria. Su acción se concentró en los liberales gaitanistas del campo y de los pueblos. Al lado, y con perfil más difuso, operaron los Pájaros: mercenarios que actuaban de forma individual, rápida, "volante" —de allí el nombre—, yendo de un centro a otro para realizar sus "trabajitos". Su geografía fue el norte del Valle, Risaralda, Caldas y el Quindío. Su jefe emblemático, León María Lozano, alias el Cóndor, ejerció control territorial sobre esa franja del país durante años, protegido por una red de complicidades que incluía notarios, jueces y miembros de la rama judicial. Los Pájaros fueron absueltos una y otra vez ante pruebas fehacientes; la impunidad no era falla del sistema sino parte del repertorio.

El tercer nombre —"chulavitas"— fue el mote con que los liberales bautizaron a las fuerzas de policía movilizadas contra ellos durante la primera ola de La Violencia. Venía de una vereda del municipio boyacense de Boavita, conservadora hasta la médula desde 1837, de donde se reclutaba a agentes de adhesión partidaria incondicional. En su nombre estaba condensado un diagnóstico: el aparato policial del Estado se había convertido en brazo armado del Partido Conservador.

Prácticas y simbología de la violencia

Las prácticas de este repertorio fueron distintivas y cargadas de simbolismo. En el Sumapaz y el Tolima, los cadáveres se transportaban en volquetas para arrojarlos por precipicios y ríos: el puente natural de Pandi sobre el Sumapaz, el sector de Profundos entre Villarrica y Cunday, se convirtieron en fosas comunes a cielo abierto. Las mutilaciones corporales adquirieron nombres propios —el "corte de mica" es el más recordado— y, como ha argumentado la antropóloga María Victoria Uribe, el rito de la masacre operaba bajo una lógica de matar, rematar y contramatar cuya función era simbólica antes que táctica: representar el dominio y acallar al adversario político no solo en el cuerpo sino en la memoria del sobreviviente.

A comienzos de 1952, la región de El Líbano en el Tolima fue escenario de una operación militar recordada como uno de los episodios más cruentos del período. El 2 de diciembre del mismo año, la Fuerza Aérea bombardeó la población liberal de Yacopí, en Cundinamarca, destruyendo sus dieciséis manzanas para cortar el apoyo civil a la guerrilla que operaba en la zona.

Este repertorio de contraprotesta se alimentaba del miedo, del ánimo de venganza y del fanatismo religioso, instrumentalizados desde la dirección del Partido Conservador. Sacerdotes del Tolima, Antioquia y los Llanos documentaron ante el gobierno que los ataques indiscriminados, los incendios de casas, el robo de animales, los asesinatos y las violaciones estaban produciendo, por sí solos, más combatientes que cualquier propaganda comunista.

Guerrillas liberales y autodefensas comunistas

La respuesta llegó por vías paralelas pero distintas. En los Llanos Orientales, en Santander, en Antioquia, en el Sumapaz y en el sur del Tolima se levantaron partidas armadas cuya composición, ideología y forma organizativa variaban tanto como la geografía. Hacia 1952, Colombia podía contar con hasta 20.000 hombres levantados en armas; aproximadamente la mitad se concentraba en los Llanos.

Las guerrillas liberales llaneras, bajo el mando de Guadalupe Salcedo, fueron la fuerza más numerosa y visible. Salcedo se convirtió en símbolo nacional de la resistencia armada, y bajo su liderazgo se expidieron dos "Leyes del Llano": textos normativos que buscaban regular los procesos agrarios, imponer disciplina interna, prohibir quemas y evitar los abusos de los comandantes sobre la población civil. Fue una innovación notable en el repertorio: la guerrilla no era solo un grupo armado sino un intento de gobierno paralelo con reglas escritas. La legitimidad se construía en el mismo gesto con que se peleaba.

En el sur del Tolima y zonas aledañas, la dinámica fue otra. Allí las guerrillas —de orientación comunista— tenían antecedentes claros en las Ligas Campesinas de los años treinta y en la organización paciente del Partido Comunista en Viotá, Tequendama y el Sumapaz, bajo la influencia de figuras como Juan de la Cruz Varela. La conformación de los grupos armados no fue una improvisación de 1948 sino la militarización de estructuras agrarias preexistentes, forzada por el desplazamiento y el reagrupamiento campesino en zonas montañosas. Cuando Ospina Pérez intentó imponer la ley marcial a fines de 1949, el Partido Comunista ordenó a sus miembros alzarse en armas para defenderse: fue el nacimiento formal del concepto de autodefensa, que después imitarían jefes liberales.

El 15 de agosto de 1952, la Conferencia Nacional Guerrillera —conocida como Conferencia Boyacá— reunió a delegados de los Llanos, Santander, Antioquia y Sumapaz en el primer intento formal de alianza entre las corrientes liberal y comunista. La convergencia fue frágil. El escepticismo de la élite liberal frente a cualquier convergencia con el comunismo, y las diferencias de proyecto entre guerrillas de defensa partidaria y guerrillas con vocación de transformación agraria, marcarían la historia posterior de la insurgencia colombiana.

Este repertorio armado rural tuvo rasgos característicos: territorialidad —control efectivo de zonas donde el Estado había desaparecido—, normatividad interna con códigos y prohibiciones, base social campesina extensa, combinación de acción militar con administración de justicia, y una densa relación con el desplazamiento forzado, que le proporcionó a la vez sus reclutas y sus refugios.

Desplazamiento y colonización armada

La otra cara del repertorio armado fue la huida masiva. Los bombardeos aéreos y las operaciones de "tierra arrasada" desplazaron a más de cinco mil personas hacia el Alto Sumapaz, el Duda, El Pato y las zonas aledañas a los ríos Ariari y Guayabero. El período entre 1947 y 1962 registró uno de los procesos migratorios más importantes hacia la Amazonia occidental, y su causa principal fue La Violencia. Campesinos expulsados de sus tierras buscaron refugio en las selvas del piedemonte, donde se organizaron bajo esquemas de autodefensa que regulaban desde la distribución de tierras hasta las disputas familiares.

Estas comunidades de colonos armados constituyeron un fenómeno nuevo en el repertorio colombiano: no eran ni guerrilla en el sentido convencional ni simples migrantes, sino sociedades enteras que se retiraban del alcance del Estado para reproducirse en sus márgenes. El Partido Comunista, con paciencia organizativa, tejió su influencia en esos enclaves. De esa trama —tras la Operación Marquetalia de 1964— nacerían las FARC.

Camilo Torres Restrepo caracterizó ese proceso como la formación de una subcultura rural de carácter revolucionario: no una masa amorfa sino un campesinado reconfigurado, con memoria de agravio, experiencia armada y organización propia.

Gobierno de Rojas Pinilla y política de amnistía

El 13 de junio de 1953, las Fuerzas Militares bajo el mando del teniente general Gustavo Rojas Pinilla derrocaron al gobierno de Laureano Gómez. Fue el único cuartelazo del siglo XX colombiano, y sus impulsores civiles —una coalición de sectores conservadores moderados y liberales— buscaban un árbitro capaz de cerrar el ciclo de La Violencia sin ceder el poder a la oposición.

La primera medida sustantiva fue la amnistía, lanzada hacia julio. Aviones militares sobrevolaron las zonas guerrilleras del Llano, Antioquia y Tolima lanzando panfletos con las condiciones del gobierno: garantías, perdón, tierras. En los Llanos se ofreció además un intercambio explícito de armas por tierras en el Ariari; Guadalupe Salcedo y sus principales lugartenientes se asentaron en Cubarral, San Antonio y San Martín. Entre julio y septiembre de 1953, más de diez mil guerrilleros de diversas regiones —no solo llaneros— aceptaron los términos. Salcedo, personalmente, persuadió a unos cinco mil hombres de deponer las armas confiando en la palabra del Estado.

Fue un episodio extraordinario dentro del repertorio: la desmovilización masiva como acción colectiva. Miles de combatientes eligieron simultáneamente pasar del alzamiento a la negociación, un gesto que solo se explica por el prestigio momentáneo del régimen y por el agotamiento profundo de la guerra.

La amnistía tuvo respuestas diferenciadas. Las guerrillas de autodefensa comunista en el Sumapaz, el Tequendama y el sur del Tolima no entregaron las armas. En Villarrica, la estructura de los grupos permaneció intacta. Y en septiembre de 1954, la Asamblea Constituyente convocada por Rojas ilegalizó al Partido Comunista de Colombia. La medida endureció la posición de las autodefensas y precipitó el escalamiento militar. A mediados de 1955, Villarrica y otros municipios del oriente tolimense fueron declarados por el gobierno "zonas de operaciones militares" —o "zonas rojas"—, donde se aplicó una política de tierra arrasada con bombardeos y ametrallamientos que desplazaron a nuevas oleadas de campesinos hacia las zonas de colonización.

El programa de rehabilitación funcionó a medias. Benefició a algunos jefes guerrilleros —liberales, conservadores y comunistas— y llevó obras a ciertas comunidades, pero los recursos fueron capturados con frecuencia por el gamonalismo político local, y los más pobres quedaron por fuera. Quienes no atendieron la amnistía, o fueron traicionados después de acogerse a ella, retomaron las armas.

Poco después de la caída de Rojas Pinilla, en mayo de 1957, y del retorno del bipartidismo al poder, Salcedo fue asesinado. Se convirtió así en el emblema del insurrecto amnistiado traicionado, y su muerte fijó en la memoria política una advertencia que atravesaría las décadas siguientes: la desmovilización, en Colombia, no siempre protege.

Protesta urbana bajo el estado de sitio

Mientras el conflicto armado se reconfiguraba en el campo, la ciudad quedó sometida a un régimen que hacía imposible el repertorio civil clásico. El estado de sitio, herramienta constitucional pensada como excepción, se volvió norma. Su uso prolongado militarizó el sistema penal y trasladó el manejo de los conflictos sociales a la autoridad castrense. La respuesta estatal a la protesta fue primordialmente policial, penal y militar, con una desconfianza estructural hacia toda forma de movilización civil que recordaba —sin ser su continuación directa— el trato dado al movimiento obrero a finales de los años veinte.

El 8 y 9 de junio de 1954 se realizaron manifestaciones estudiantiles contra el régimen de Rojas Pinilla: las primeras protestas urbanas de gran visibilidad desde el 9 de abril de 1948. En ellas murió el estudiante Uriel Gutiérrez, y al día siguiente, en una segunda jornada de represión, cayeron otros estudiantes cuyo número exacto ha variado en los recuentos posteriores. Las muertes desataron un descontento amplio, especialmente en la dirigencia política de los dos partidos tradicionales, que empezó a converger contra el gobierno militar.

Rojas respondió con gestos conciliatorios —el 13 de junio de 1954 firmó un decreto que extendía el indulto a presos por delitos vinculados a extralimitación en el apoyo o adhesión al gobierno— pero la marea se le vino encima. En agosto de 1955, el régimen clausuró El Tiempo, El Espectador y El Siglo, tres de los diarios más importantes del país, de filiaciones distintas —los dos primeros liberales, el tercero conservador laureanista. La clausura de la prensa completó el cuadro: sin partidos que compitieran libremente, sin Congreso, sin sindicatos autónomos, sin prensa, el repertorio urbano civil quedaba reducido a la manifestación estudiantil y al comunicado clandestino.

En julio y agosto de 1957, ya derrumbado Rojas, el país empezó a ensayar otras rutinas. El 31 de julio y el 1 de agosto se realizó en el caserío de El Carmen, en las montañas de Tierradentro (Cauca), un encuentro entre autoridades y grupos armados que la historiografía de la Violencia pasó por alto durante décadas. Era el primer signo de que la desmovilización volvía a estar sobre la mesa, ahora en otro contexto político.

Frente Nacional y continuidad del conflicto armado

El pacto bipartidista del Frente Nacional, acordado en 1958, se propuso reducir los sectarismos que habían alimentado La Violencia mediante la alternancia obligatoria de liberales y conservadores en la presidencia y la paridad en todos los cargos. Fue el mayor esfuerzo institucional del siglo XX colombiano por reconstruir el marco de la política pacífica.

También fue una amnistía política sin verdad ni justicia. Los líderes guardaron silencio sobre las responsabilidades pasadas, priorizando la paz partidaria sobre cualquier ajuste de cuentas, mientras las operaciones militares en ciertas regiones continuaban. Durante los años sesenta, La Violencia siguió siendo parte del acontecer diario y de la sustancia del discurso político pueblerino y veredal.

La mayor parte de las fuerzas guerrilleras liberales y conservadoras se desmovilizaron con la entrada en vigor del pacto. Las guerrillas comunistas, en cambio, permanecieron armadas: habían quedado excluidas del poder compartido, y con ellas quedó excluida la cuestión agraria, una de las causas de fondo del ciclo. Las autodefensas campesinas del Sumapaz rechazaron la amnistía frentenacionalista, lo que las expuso a una nueva ofensiva militar y precipitó su transformación en guerrillas revolucionarias. Algunos de los combatientes del sur del Tolima que habían formado parte de las autodefensas durante La Violencia —entre ellos Manuel Marulanda Vélez— serían miembros fundadores de las FARC en 1964, tras la Operación Marquetalia.

Entre 1958 y 1966 se computaron 18.481 víctimas de la violencia política, y tres de cada cuatro se ubicaron en los departamentos donde se concentraba la llamada "segunda Violencia": Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca y Viejo Caldas. El bandolerismo de los años sesenta, con raíces políticas profundas en la Violencia partidista, ocupó el vacío dejado entre las guerrillas desmovilizadas y las que seguían armadas.

El campesinado organizado en la ANUC recordaría durante los años setenta que el Frente Nacional había dejado sin resolver el problema agrario. La Violencia, mientras tanto, sería interpretada institucionalmente como una clave sociológica para examinar al campesinado —Camilo Torres, Orlando Fals Borda y Germán Guzmán inauguraron esa mirada— pero no para escrutar a los partidos, al Estado o a la Iglesia, como si estas instituciones hubieran sido entes separados sin interferencia mutua en la producción de la violencia. Ese sesgo interpretativo, del que Eric Hobsbawm no se sustrajo del todo al leer el bandolerismo colombiano como fenómeno prepolítico, ha sido revisado por la historiografía posterior.

Bifurcación del repertorio y proyección posterior

La Violencia no destruyó el repertorio de protesta colombiano ni lo reemplazó por otro: lo bifurcó. Por un lado, mantuvo o replegó las formas civiles urbanas —la huelga, la manifestación, el sindicato—, que sobrevivieron en condiciones difíciles bajo el estado de sitio y reaparecerían con fuerza en las décadas siguientes. Por otro, produjo o profundizó un repertorio armado rural con normatividad interna, territorialidad y continuidad generacional, capaz de transmitirse desde las Ligas Campesinas de los años treinta hasta las guerrillas de los sesenta a través de figuras concretas y de estructuras organizativas que nunca fueron desmanteladas del todo.

Esta bifurcación estuvo condicionada por decisiones concretas: el cierre del Congreso en 1949, la ilegalización del Partido Comunista en 1954, la exclusión frentenacionalista del comunismo, la traición a los pactos de desmovilización simbolizada en el asesinato de Salcedo, la respuesta militar en Marquetalia. Cada una de esas decisiones cerró una puerta institucional y abrió una salida armada. Sobre esa herencia bifurcada se sostiene la trayectoria posterior del conflicto colombiano, desde el surgimiento de las FARC y el ELN en los años sesenta hasta los ciclos de movilización campesina, sindical y estudiantil de las décadas siguientes.