Industrialización por sustitución de importaciones y modernización económica (1934–1945)

Industrialización por sustitución de importaciones y modernización económica (1934–1945)

Entre la posesión de Alfonso López Pumarejo en agosto de 1934 y el final abrupto de su segundo mandato en 1945, Colombia atravesó su primera transformación industrial sostenida. La producción manufacturera creció a una tasa promedio anual del 8,8% entre 1929 y 1939, la más alta de América Latina —por encima de Argentina, Brasil, Chile y México—, y el Estado se dotó de un andamiaje jurídico e institucional que rompía con el laissez faire de la Hegemonía Conservadora: reforma constitucional de 1936, Instituto de Fomento Industrial en 1940, Fondo Nacional del Café el mismo año, Instituto de Crédito Territorial en 1939, régimen de control de cambios, aranceles selectivos y tributación directa sobre las manufacturas. El período suele leerse como el nacimiento del Estado interventor y de la industrialización sustitutiva de importaciones. Pero mirado por dentro, lo que hubo no fue una ruptura industrialista sino una modernización conservadora, condicionada por shocks externos —la Gran Depresión primero, la Segunda Guerra Mundial después— y pactada entre una élite cafetera hegemónica, un Estado liberal reformista y una burguesía industrial naciente, en su mayoría antioqueña y conservadora. De esa alianza tensa, más reactiva que planificada, emergieron los cuadros técnicos y las instituciones que servirían de matriz al desarrollismo pleno de la posguerra.

El mundo del que brota: café, patrón oro y colapso

La Colombia que recibe el shock de 1929 era una economía agroexportadora estructurada en torno al café, con una industria manufacturera incipiente concentrada en Antioquia y el Valle del Cauca, y un Estado fiscalmente débil todavía anclado al patrón oro. Los precios del café habían alcanzado su punto más alto en 1925-1926 y se mantuvieron elevados en 1927-1928; el desplome de octubre de 1929 fue más pronunciado que el de los principales productos industriales que el país importaba, y los términos de intercambio cayeron un 23% entre 1925-1929 y 1930-1934. Al colapso cafetero se sumaron caídas del petróleo y el banano, apenas compensadas por el dinamismo aurífero.

Los primeros dos años de crisis fueron devastadores y las políticas fueron procíclicas: entre 1929 y 1932 las tasas de interés reales oscilaron entre el 30% y el 40%, se decretó moratoria de todas las deudas, se suspendieron los dividendos, cerraron bancos, unos 35.000 hombres quedaron en la calle por la parálisis de las obras públicas, y sueldos y salarios se contrajeron drásticamente. La ortodoxia del patrón oro, defendida por el ministro Esteban Jaramillo, agravaba la deflación. El giro llegó en 1931, cuando Colombia inició el abandono gradual del patrón oro y lo reemplazó por lo que el gobierno llamó, con eufemismo revelador, "patrón oro controlado". El Banco de la República comenzó a ampliar la emisión primaria y a prestar al Gobierno; en marzo de 1932 se concedió a los cafeteros una prima cambiaria del 10% financiada por el fisco, y un año después vino una devaluación temporal y discriminatoria: la tasa pasó de $1,05 por dólar a $1,13 para exportadores y a $1,16 para importadores. En septiembre de 1933 se instauró el régimen de certificados de cambio de negociación libre, embrión del control cambiario que sería, hasta 1951, el instrumento más potente de política industrial del país.

La Federación Nacional de Cafeteros —creada en 1927 con participación del gobierno para regular producción, precios y crédito— empujó ese cambio junto con la propia realidad de los mercados. Fedecafé había formalizado en 1927 un poder económico que los grandes exportadores venían construyendo desde 1903 a través de la Sociedad de Agricultores de Colombia; un año después de su fundación firmó con el gobierno un contrato para administrar el impuesto de exportación creado ese mismo año. Cuando estalló la crisis, el ingreso cafetero equivalía a cerca del 15% del ingreso nacional, y a la Federación se le habían conferido poderes especiales de regulación de precios internos y protección del exportador, consolidando su monopolio sobre las divisas del sector. Ese era el actor decisivo cuando López Pumarejo llegó al poder en 1934: no había política económica viable sin acuerdo con Fedecafé.

La Revolución en Marcha y la constitución de 1936: el nuevo marco jurídico

López Pumarejo pertenecía él mismo a esa élite cafetera. Su padre, Pedro A. López, había consolidado durante la Primera Guerra Mundial y la posguerra una casa exportadora de café que situó a la familia entre los prominentes empresarios-políticos del país. La osmosis entre política y negocios era un rasgo estructural de la clase dirigente colombiana: la mayoría de las figuras públicas eran simultáneamente hombres de negocios, y el paso entre ambos ámbitos era fluido. Alfonso López, Mariano Ospina Pérez, Carlos Lleras Restrepo, Eduardo Santos —los nombres que ordenan el período— pertenecían a esa misma malla. Carlos E. Restrepo, presidente entre 1910 y 1914, había sido gerente de la Compañía Antioqueña de Tejidos, directivo de la Compañía de Instalaciones Eléctricas, de la Naviera Colombiana, del Banco Alemán Antioqueño y de SCADTA, y presidente del Primer Congreso Cafetero. La República Liberal no traía outsiders al poder: traía una fracción distinta de la misma élite, con un programa reformista que buscaba encauzar los conflictos sociales sin desmontar las estructuras económicas.

El instrumento central de ese proyecto fue la reforma constitucional de 1936. Sus proyectos habían sido presentados al Congreso desde septiembre de 1934 por el ministro de Gobierno Darío Echandía, quien el 10 de ese mes introdujo al Senado los referidos a límites y derechos de extranjeros y, ante una Cámara de mayoría liberal, los proyectos sobre propiedad e intervención económica. Aprobada dos años después, la reforma consagró la función social de la propiedad —que "implica obligaciones" y deja de ser derecho absoluto—, autorizó al Estado a intervenir en la explotación de industrias y empresas públicas y privadas "para racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas", elevó a rango constitucional el derecho de huelga (exceptuando los servicios públicos) y estableció que el trabajo era una obligación social bajo la especial protección del Estado.

El alcance de la reforma se discutió desde el día siguiente de su sanción. El debate de los años treinta ya no giraba sobre si el Estado debía intervenir —eso lo aceptaban también las fuerzas conservadoras, herederas del proteccionismo comercial ejercido durante toda la Hegemonía (1886-1930)—, sino sobre la forma, intensidad, sentido y función de esa intervención. La constitucionalización del intervencionismo elevó a rango de norma superior ideas que llevaban dos décadas circulando entre pensadores intermedios entre el capitalismo y el socialismo; López Pumarejo fue su gran protagonista político e intelectual, aunque el diseño técnico corrió por cuenta de figuras como Echandía y Jaramillo. Lo que la reforma no hizo fue abolir la lógica agroexportadora: la función social de la propiedad convivió durante todo el período con la hegemonía cafetera, y la intervención del Estado sirvió tanto para proteger a la industria naciente como para estabilizar los precios del grano.

Que la industria no era el destinatario principal del programa lopista lo mostró la reforma tributaria de 1935. La manufactura fue gravada con más impuestos directos que cualquier otro sector, y los industriales de distintos partidos —agrupados alrededor del periódico liberal de derechas La Razón— se organizaron para combatirla y para presionar contra la legislación sindical y laboral, que calificaban de "bolchevique". Cuando el gobierno intentó desarrollar el precepto constitucional de intervención en actividades específicas —el 25 de agosto de 1937 los ministros de Industria y Agricultura, Antonio Rocha y Nicolás Llinás, presentaron al Senado un proyecto para intervenir en la industria bananera—, el debate se envenenó: aparecieron defensores de la United Fruit Company que tildaron la iniciativa de comunista. La modernización lopista avanzó, pero cada paso tuvo que negociarse.

El mecanismo real: devaluación, control de cambios, arancel

Mirado con distancia, el motor del crecimiento manufacturero de los años treinta no fue una política industrial deliberada sino la combinación de una devaluación forzada y un régimen cambiario selectivo. La Gran Depresión encareció los productos importados y los puso fuera del alcance de la mayoría, estimulando la demanda de sustitutos locales a precios más bajos. El efecto del arancel proteccionista fue mínimo comparado con el de la devaluación, que fue la que verdaderamente encareció las importaciones y volvió competitiva la industria nacional. La política proteccionista contó, pero el precio relativo pesó más.

El control de cambios fue, como instrumento de desarrollo industrial, más efectivo que el arancel al menos hasta 1951. Decidía la composición de importaciones, mejoraba la posición competitiva de la industria nacional y estableció tipos de cambio diferenciales particularmente favorables a los bienes de capital: se movilizaban divisas hacia su importación y se fortalecía la formación interna de capital fijo. El régimen operaba como un mecanismo selectivo: liberalizaba las importaciones cuando la balanza de pagos era favorable y las restringía cuando el fondo de divisas se deterioraba. Esa flexibilidad —marca de fábrica de la ISI colombiana durante cuatro décadas— nació en la crisis de los treinta como respuesta pragmática a la escasez de dólares, no como parte de un plan.

La lógica de la sustitución seguía un patrón reconocible: las restricciones del sector externo reducían las importaciones de bienes de consumo, la producción nacional se expandía para satisfacer una demanda preexistente, y esa expansión elevaba a su vez los requerimientos de importación de bienes intermedios y de capital. El sector industrial creció sobre la base de las divisas cafeteras. Fueron las exportaciones de café las que proveyeron la maquinaria y las materias primas industriales, y esa dependencia estructural —donde la sustitución del consumo dependía del dinamismo agroexportador— quedó fijada como matriz del modelo. No había industria posible sin café, y el poder de Fedecafé sobre las divisas era también, indirectamente, poder sobre el ritmo de la industrialización.

Frente a la crisis, el Estado colombiano intervino con instrumentos de regulación macroeconómica en moneda, crédito, comercio, industria, frente fiscal y cambiario. La ampliación de las funciones económicas del Estado fue el hecho estructural del período, más allá de los debates ideológicos que la acompañaron. Y sin embargo, el sector industrial que emergió en esos años fue resultado de una combinación de factores que ninguna política deliberada habría podido orquestar: experiencia empresarial acumulada desde principios de siglo, devaluación que encareció las importaciones, algún impacto proteccionista, aumento de la demanda urbana, bajos costos de producción industrial y, más tarde, la interrupción del comercio internacional por la guerra.

El primer ciclo fabril: ramas, ritmos y límites

El crecimiento manufacturero colombiano del 8,8% anual entre 1929 y 1939 desbordó al de sus pares latinoamericanos: 3,1% argentino, 5,0% brasileño, 3,3% chileno, 4,3% mexicano. Pero fue un crecimiento concentrado en bienes de consumo corriente —textiles, calzado, bebidas, tabaco, alimentos—, mientras los bienes intermedios y de capital tuvieron un protagonismo mucho menor y solo hacia mediados de los cuarenta empezaron a ganar peso relativo. La sustitución fue "fácil" en el sentido técnico: reemplazó lo que era técnicamente reemplazable con las capacidades existentes, no lo que habría hecho a Colombia menos dependiente.

El segundo tramo, entre 1939 y 1945, fue menos dinámico. La CEPAL estimaría después una tasa del 8,1% anual para 1940-1945, pero otras estimaciones la sitúan en apenas 3% para 1939-1945; incluso la lectura más generosa reconoce retrocesos claros en 1940 y 1941, subsanados después con la fundación de nuevas empresas en cemento, textiles, cerveza, alimentos, fibras artificiales, vidrio y química básica. En 1945 se realizó el Primer Censo Industrial de Colombia, ejercicio imperfecto pero pionero: por primera vez se disponía de una medición sistemática de la industria fabril, superando los datos parciales y heterogéneos de años anteriores.

Estructuralmente, el efecto sobre el empleo fue significativo. Entre 1930 y 1945 la población empleada en manufacturas creció un 65%, frente al 33% de la población activa total y solo un 20,5% en agricultura; la manufactura pasó de absorber el 4,2% al 5,2% de la población activa. Son cifras modestas comparadas con el discurso industrialista posterior, pero marcan un desplazamiento real de trabajadores hacia la ciudad y la fábrica. La industria pasó del 8,9% del PIB en 1929 a una participación notablemente mayor a mediados de los cuarenta, aunque el verdadero salto vendría después: entre 1945 y 1950 la manufactura crecería a un 11,5% anual, la tasa más alta jamás registrada, impulsada por la inversión acumulada durante la guerra.

Los grandes industriales del período eran mayoritariamente antioqueños, y en su mayoría conservadores y antiliberales durante la pugnacidad política de los años treinta. Esto desmiente uno de los lugares comunes más persistentes: que industrialismo y liberalismo político fueron sinónimos. No lo fueron. Mariano Ospina Pérez, empresario cafetero y sobrino de Pedro Nel Ospina, encarnaba al conservador moderno que combinaba dirección de la Federación Nacional de Cafeteros con actividad industrial y hostilidad al lopismo. Los industriales solo se organizaron gremialmente en 1944, cuando la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) fue fundada en Medellín. Y la fundación fue paradójica: se hizo a sugerencia del propio López Pumarejo, y respondió al malestar de los industrialistas por el acuerdo comercial con Estados Unidos —acuerdo que había otorgado una cuota para las exportaciones colombianas de café a cambio de reducciones en aranceles textiles y en impuestos a cigarrillos estadounidenses. Los cafeteros conservadores de Fedecafé también se opusieron, aunque su rechazo obedeció más a la reticencia de suscribirlo bajo una presidencia liberal que a razones estrictamente económicas. Ospina Pérez, director de la FNC, se declaró en contra; el acuerdo se firmó tras su renuncia al cargo.

Ese episodio —industriales conservadores organizándose gremialmente en 1944, tarde y por sugerencia del presidente liberal saliente, contra un acuerdo que sacrificaba protección industrial en favor de la cuota cafetera— resume la asimetría estructural del período: la industria fue socia menor de un pacto de élites en el que el café mantenía la primacía.

La guerra: reservas que no se pudieron gastar

La Segunda Guerra Mundial reordenó el mecanismo. En 1940, aún antes de la entrada de Estados Unidos en el conflicto, Colombia firmó el Pacto Interamericano de Cuotas Cafeteras, que contribuyó a estabilizar los precios del grano tras el colapso provocado por el inicio de la guerra europea —las exportaciones de café habían caído de 88 a 74 millones de pesos en un año—, y creó, bajo el gobierno de Eduardo Santos, el Fondo Nacional del Café para aliviar los problemas de los cafeteros ante las fluctuaciones. Ese mismo año se fundó el Instituto de Fomento Industrial (IFI), en un contexto en que las dificultades del comercio exterior obligaban a producir internamente lo que antes se importaba. El café representaba aún cerca del 54% de las exportaciones totales, y toda la política macroeconómica giraba en torno a defender su ingreso en divisas.

Tras la entrada de Estados Unidos en la guerra a fines de 1941, la escasez de bienes importables se agudizó. Las reservas internacionales colombianas se quintuplicaron en dos años, y hacia 1945 el país acumulaba más de 250 millones de dólares en dólares y oro gracias a los contratos de compra estadounidense de materias primas estratégicas. Fue un pico histórico. Pero fue también una acumulación estéril: los bienes de capital escaseaban porque la producción industrial mundial estaba destinada al esfuerzo bélico y, después, a la reconstrucción de Japón y Europa Occidental. Colombia tenía dólares pero no podía comprar máquinas. En la posguerra, los déficits comerciales comenzaron a consumir el capital acumulado sin haberlo convertido en capacidad productiva.

La expansión de reservas y medios de pago generó, además, inflación, lo que llevó al gobierno a aplicar un plan de estabilización entre 1942 y 1945. En paralelo, la industria bananera se derrumbó —la United Fruit Company prácticamente cerró sus operaciones en el país—, mientras que las dificultades de importación fortalecieron la producción manufacturera local y aumentaron el poder político de los industrialistas. Ese doble movimiento —café protegido por acuerdos internacionales y por el Fondo Nacional, industria beneficiada por la escasez involuntaria— definió el equilibrio del segundo mandato de López Pumarejo, iniciado en 1942 y truncado en 1945 antes de completar su período.

La arquitectura institucional: fomento, crédito, planificación embrionaria

Lo más duradero del período no fueron las cifras de crecimiento sino las instituciones. Entre 1931 y 1944 Colombia se dotó de una infraestructura de fomento y crédito que sostendría el desarrollismo hasta bien entrada la segunda mitad del siglo. La Caja Colombiana de Crédito Agrario, Industrial y Minero comenzó a operar en 1931. El Instituto de Crédito Territorial nació en 1939, bajo Santos, orientado al crédito para vivienda. A finales de esa década se sumaron dos piezas complementarias: el Fondo de Fomento Municipal, creado para racionalizar los aportes del presupuesto nacional a los municipios y fortalecer sus ingresos, y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, encargado de dotar al país de cartografía y catastro modernos. En 1940 llegaron el Instituto de Fomento Industrial y el Fondo Nacional del Café, y cuatro años después la fundación de la ANDI cerraría el ciclo con la organización gremial de los industriales. El Banco de la República, creado en 1923, fue ganando capacidad efectiva de política monetaria a medida que el abandono del patrón oro liberó su margen de acción: tras 1931 aumentó la emisión primaria, prestó al Gobierno para contrarrestar la contracción monetaria, contribuyó a detener la deflación y a reducir tasas de interés reales que habían llegado al 30-40% en los años más duros de la crisis.

Estas instituciones no obedecían a un plan maestro. Fueron respuestas puntuales a problemas puntuales: la crisis del café que se generalizó al conjunto del agro, obligando al Estado a invertir; las dificultades del comercio exterior, que reclamaron fomento industrial; la debilidad fiscal municipal, que exigió transferencias racionalizadas; la ausencia de crédito hipotecario, que motivó el ICT. Pero acumuladas, configuraron un Estado con mayores funciones económicas, capaz de intervenir de manera sostenida en sectores estratégicos y de generar, para operarlas, un cuerpo de funcionarios técnicos especializados. Ese fue el nacimiento silencioso de la tecnocracia colombiana.

Los cuadros: del déficit técnico al pensamiento económico

Ese Estado en expansión chocó de inmediato con un problema de personal. Hasta bien entrados los años treinta, la clase alta colombiana, aunque progresivamente capacitada en formación técnica, persistía en valores aristocráticos que debilitaban la cultura técnica en los niveles medios e inferiores de la administración y la industria. Muchas empresas manufactureras estaban dirigidas de manera distante por administradores que eran más burócratas que hombres de taller. La brecha entre las capacidades técnicas requeridas por la nueva economía y las que efectivamente producía el sistema educativo era considerable.

Ese diagnóstico venía formulándose desde antes. El ingeniero antioqueño Alejandro López había hecho confluir, en Problemas colombianos, los asuntos agrarios, de transporte y de salarios en un problema central: la educación. Su propósito era proponer una organización del trabajo capaz de aumentar la productividad —tomando probablemente la región antioqueña como base de estudio— y anticipaba la consolidación de condiciones para atraer inversiones, con el fortalecimiento del Estado como uno de sus pilares. En López, la cuestión educativa no era social sino económica: sin cuadros formados no habría productividad, y sin productividad no habría industrialización sostenida. Ese giro —tratar la educación como insumo del desarrollo, no como bien cultural— prefiguraba la agenda tecnocrática que despuntaría en los años treinta y cuarenta.

En su discurso de posesión de 1934, López Pumarejo recogió y radicalizó ese diagnóstico. Denunció el sistema educativo heredado con dureza: falta de maestros formados, universidades convertidas en "escuelas académicas desconectadas de los problemas colombianos", aprendizaje rutinario de obreros y campesinos. El país, dijo, se veía obligado a recurrir a profesionales extranjeros para su progreso material y científico. La misión Kemmerer, hacia 1923, había sido el precedente más claro de esa dependencia: elaboró un proyecto de reforma del impuesto sobre la renta con tarifa progresiva, renta global única y retención en la fuente; el Congreso no lo aprobó, pero dejó plantada la semilla del pensamiento fiscal técnico y del recurso sistemático a la asesoría extranjera.

La profesionalización de la economía como disciplina supondría después una ruptura de fondo. El aparato conceptual anterior, dominado por los introductores de la escuela histórica alemana —que privilegiaba el análisis institucional y descriptivo sobre el modelado formal—, resultaba insuficiente para operar el nuevo Estado interventor. Un régimen que fijaba tipos de cambio diferenciales, administraba cuotas de importación, calculaba primas cambiarias y regulaba precios internos requería otras herramientas: teoría marginalista para pensar la asignación, modelos de equilibrio general, álgebra matricial, tablas insumo-producto, estadísticas refinadas, econometría. El déficit no era solo de cuadros, sino de lenguaje conceptual.

Los operadores que emergieron en las décadas siguientes —Carlos Lleras Restrepo, Alfonso Palacio Rudas, Antonio García Nossa, y una segunda generación que pasaría por el Banco de la República, el IFI y el Ministerio de Hacienda— serían los que darían forma técnica al desarrollismo pleno de la posguerra. Fueron ellos quienes recibirían a las misiones internacionales, dialogarían con la CEPAL, diseñarían la planeación indicativa y traducirían en instrumentos precisos políticas que hasta entonces habían sido, más que nada, reacciones a shocks externos. El período 1934-1945 no produjo aún ese cuerpo consolidado, pero sí sembró sus condiciones de posibilidad: instituciones que requerían operadores, universidades que empezaban a modernizarse, un Estado que reconocía su déficit técnico.

Un pacto tenso y sus herederos

Cuando López Pumarejo renunció en 1945, dejando el poder en manos de Alberto Lleras Camargo hasta la elección de Ospina Pérez en 1946, el modelo económico colombiano tenía perfil propio: una economía agroexportadora dominada por el café, una industria manufacturera en crecimiento pero concentrada en bienes de consumo y dependiente de las divisas cafeteras para importar sus insumos, un régimen cambiario selectivo que era el verdadero instrumento de política industrial, una arquitectura institucional de fomento razonablemente completa, una tecnocracia embrionaria en formación, y una constitución que autorizaba —aunque no obligaba— al Estado a intervenir.

Ninguno de los actores lo había diseñado. Los cafeteros habrían preferido no compartir su hegemonía, pero la crisis de los treinta les obligó a aceptar la devaluación y el control de cambios, que también favorecían a la industria. Los industriales antioqueños habrían preferido no pagar los impuestos directos de 1935 ni negociar el acuerdo comercial con Estados Unidos, pero necesitaban del Estado para protegerse. El Estado liberal lopista habría querido reformas más profundas —agraria, tributaria, educativa—, pero cada iniciativa chocaba con las resistencias de las fracciones económicas y políticas del bloque en el poder. Lo que hubo fue un pacto sin firma, un equilibrio inestable entre intereses no idénticos que la Depresión y la guerra hicieron convergentes por necesidad.

Ese pacto tenso produjo un modelo. La industrialización sustitutiva colombiana nació subordinada al café, mediada por instrumentos macroeconómicos más que por planificación, protegida por controles cambiarios más que por aranceles, operada por una tecnocracia estatal en gestación, y sostenida sobre un consenso mínimo entre élites que se pelearon por muchas cosas pero coincidieron en la lógica general del sistema. Cuando el desarrollismo pleno de la posguerra llegó —con la misión Currie de 1949-1950, con la CEPAL de Prebisch, con la planeación indicativa de los años sesenta—, encontró un terreno preparado: un IFI que ya funcionaba, un Banco de la República autónomo, una FNC hegemónica, un régimen de control de cambios probado, una ANDI organizada, y una idea de Estado interventor constitucionalizada desde 1936.

También encontró los límites de ese modelo. La subordinación estructural de la industria al café —divisas cafeteras para importar bienes de capital industriales— convertía cada crisis cafetera en crisis industrial. La sustitución fácil de bienes de consumo dejaba pendiente la sustitución difícil de bienes intermedios y de capital, que solo podría abordarse con inversión sostenida en un país sin ahorro interno suficiente. La alianza entre agroexportación e industria naciente bloqueaba la reforma agraria que habría ampliado el mercado interno. Y la tecnocracia estatal, formada para operar un modelo, difícilmente estaría en condiciones de transformarlo.

Por eso el período 1934-1945 pesa. No porque haya sido una ruptura industrialista —no lo fue—, sino porque instaló la matriz sobre la cual se desplegaría el desarrollismo colombiano durante las cuatro décadas siguientes: un modelo pactado entre élites, condicionado por el sector externo, operado por técnicos, protegido por controles cambiarios, dependiente del café. Todos sus rasgos aparecen ya en esos once años. También aparecen sus contradicciones. La historia posterior —la crisis del modelo en los años setenta, la apertura de 1990, el desmonte del proteccionismo— es la historia de cómo esa matriz llegó a sus límites. Pero para entender por qué la industrialización colombiana fue lo que fue, y por qué nunca terminó de ser lo que sus defensores prometían, hay que volver a esos años en que la Revolución en Marcha dibujó el mapa.