Francisco Antonio Moreno y Escandón

La semblanza

Moreno y Escandón pertenece a esa franja estrecha del funcionariado criollo dieciochesco que ocupó cargos de asesoría técnica sin llegar nunca a los mandos supremos. No fue virrey ni oidor de primera fila; fue el jurista que redactaba dictámenes, el fiscal que proponía cédulas, el comisionado que traducía la voluntad borbónica en instrucciones ejecutables. Esa posición —bisagra entre la Corona y el territorio— explica su influencia real y también su fragilidad política: dependía del respaldo del virrey de turno y de la tolerancia de las corporaciones locales, y cuando ambos flaquearon, su obra quedó suspendida en el aire.

Su figura ha oscilado en la memoria historiográfica colombiana entre el elogio y la incomodidad. Los historiadores del siglo XIX que rescataron su Estado del Virreinato de Santa Fe —publicado en los Anales de la Universidad de Bogotá en 1870— lo trataron como un ilustrado pionero, un precursor de la modernización educativa. José Manuel Marroquín le dedicó una biografía en el Boletín de Historia y Antigüedades en 1936, y Carlos Cortés Vargas volvió sobre él en la misma revista; John Tate Lanning, desde 1944, reordenó la lectura al vincular su plan de estudios con el conflicto en torno al copernicanismo de José Celestino Mutis. Más recientemente, la historiografía sobre resguardos indígenas ha puesto el acento en su otro rostro: el del comisionado que interpretó una cédula real hasta convertirla en instrumento de despojo. Ninguna de esas lecturas basta por separado. Moreno y Escandón fue, simultáneamente, el hombre que quiso enseñar a los jóvenes santafereños a razonar con libertad entre autores católicos y el que firmó las instrucciones para extinguir pueblos de indios en la sabana de Tunja.

Los orígenes

Nació en Mariquita en 1736, en la gobernación del mismo nombre, en el corazón de una región minera y agrícola del Nuevo Reino. Su formación siguió el itinerario típico del criollo con vocación letrada: estudios en Santafé de Bogotá, grado en jurisprudencia y entrada temprana en la carrera de las asesorías jurídicas. Hacia 1764 aparece ya en la administración virreinal, en un momento en que la Corona española, bajo Carlos III, había decidido acelerar la reforma de sus dominios americanos. El Virreinato de Nueva Granada, creado en definitiva en 1739 tras un primer ensayo en 1717, era todavía una construcción administrativa joven, y Santafé de Bogotá —capital lejana del mar, encaramada en la cordillera— buscaba consolidar su jurisdicción sobre un territorio dispar que iba de Panamá a Quito y de Cartagena al alto Orinoco.

En ese escenario, Moreno se colocó del lado del reformismo. Fue nombrado defensor de indios y asesor del virrey, cargos que le dieron acceso a los expedientes más sensibles de la administración: rentas, resguardos, órdenes religiosas, universidades. Su formación jurídica le permitía moverse entre el derecho indiano, el regalismo borbónico y la casuística de la Real Audiencia. Bajo el virreinato de Pedro Messía de la Cerda (1761-1772), Moreno se consolidó como pluma técnica del gobierno; con Manuel de Guirior (1772-1776) alcanzó su momento de mayor influencia; y bajo Manuel Antonio Flórez (1776-1782) desempeñó las tareas más comprometidas, incluida la comisión para reorganizar los pueblos de indios. Los tres virreyes representaron matices del mismo programa borbónico, y Moreno les sirvió con la fidelidad ambigua del criollo que conoce el terreno mejor que el peninsular al que asesora.

La trayectoria

El diagnóstico: el Estado del Virreinato de Santa Fe (1772)

En 1772 —el mismo año en que el virrey Messía de la Cerda redactaba su Relación de mando— Moreno y Escandón produjo el documento que sostendría buena parte de su reputación póstuma: el Estado del Virreinato de Santa Fe. No era una obra literaria ni un ensayo, sino un informe administrativo en la tradición de las relaciones y visitas que la Corona pedía a sus funcionarios para gobernar a distancia. Su valor está en la mirada: un criollo describía el virreinato desde adentro, con acceso a datos que un visitador peninsular tardaría años en reunir.

El Estado consignó, entre otras cosas, la mezcla racial y la relajación de la segregación étnica que definían al Nuevo Reino en su fase tardía —el desdibujamiento de las castas legales frente a la realidad social del mestizaje— y registró concesiones recientes al comercio, entre ellas la facultad de que barcos de criollos comerciaran entre puertos españoles, otorgada poco antes de 1772. Ese detalle, aparentemente menor, revela lo que Moreno quería mostrar a Madrid: que el virreinato tenía capacidad económica latente y que la política comercial debía acompañar la reforma administrativa. Publicado casi un siglo después en los Anales de la Universidad, el documento se convertiría en una de las fuentes primarias más citadas para reconstruir la sociedad neogranadina del último tercio del siglo XVIII, junto a la propia relación de Messía de la Cerda.

En paralelo, Moreno redactó otros papeles menos célebres pero reveladores. Uno de 1771, conservado en la Biblioteca Luis Ángel Arango, se ocupaba del exceso de abogados en el virreinato: un problema aparentemente gremial que, en manos de Moreno, se convertía en argumento para pensar los estándares académicos, los grados universitarios y la relación entre educación superior y utilidad social. Ese texto —modesto, técnico— prefiguraba el gran proyecto que ocuparía sus años siguientes.

La reforma universitaria: el plan de estudios de 1774

La expulsión de la Compañía de Jesús de los dominios españoles en 1767 dejó en el Nuevo Reino un vacío que ninguna otra institución podía llenar sin fricción. Los jesuitas controlaban colegios y cátedras, y su salida abrió una lucha inmediata por sus bienes, sus edificios y —sobre todo— por el privilegio de otorgar grados universitarios. La política borbónica había concebido a las órdenes religiosas como cuerpos díscolos: independientes durante los Habsburgo, dirigidos por autoridades internacionales fuera de España, con reducciones imposibles de vigilar y con doctrinas jurídicas que, en plena época absolutista, sonaban a subversión. Los jesuitas fueron el caso extremo, pero la desconfianza se extendía a todas las corporaciones regulares. La expulsión de 1767 abrió, entonces, una ventana estrecha para reorganizar la enseñanza bajo control regio.

Moreno y Escandón se propuso aprovecharla. Con el respaldo del virrey Guirior, elaboró un plan de estudios para los colegios de San Bartolomé, del Rosario y la Universidad Tomística de Santafé, presentado hacia 1774. Su contenido rompía con la enseñanza escolástica dominante en varios puntos concretos. Prescribía que los estudiantes pudieran comparar la doctrina de varios autores católicos "para que la elección sea libre y gobernada por la razón" —una fórmula que, sin abandonar la ortodoxia, desmontaba el criterio de autoridad única sobre el que se apoyaba la enseñanza tradicional. Introducía normas pedagógicas modernas: examen previo para los maestros, continuidad del mismo profesor con sus discípulos durante todo el ciclo, exámenes anuales rigurosos, y hasta la prohibición de trajes lujosos que igualaba materialmente a los estudiantes. El horizonte era claro: sustituir la dialéctica especulativa por las ciencias útiles.

El virrey Guirior compartía la orientación. En su Relación de mando aludió a la resistencia encontrada —"No obstante la repugnancia…"— y sostuvo explícitamente que la ilustración de la juventud y el fomento de las ciencias útiles eran principios fundamentales del buen gobierno, criticando el "antiguo letargo" en que el Nuevo Reino permanecía mientras el resto de la monarquía había abandonado la adoración del escolasticismo. La retórica es reveladora: virrey y fiscal coincidían en presentar la reforma no como una novedad, sino como una puesta al día con la propia España borbónica.

La resistencia fue inmediata. Los dominicos de Santafé, que veían amenazado su papel en la enseñanza superior, se convirtieron en el frente más activo de la oposición. En 1774 organizaron una disputación pública para atacar las doctrinas copernicanas como contrarias a las Sagradas Escrituras y a las prohibiciones inquisitoriales, en respuesta directa a las tesis que los estudiantes de José Celestino Mutis habían defendido en público. Mutis, médico del virrey desde su llegada a Santafé en 1761 y agente central de la ilustración científica neogranadina, se quejó ante Guirior; los dominicos lo denunciaron a su vez ante la Inquisición. El conflicto, en apariencia doctrinal, era en realidad un desplazamiento del combate por el plan de estudios: como sugirió Lanning, los dominicos estaban menos preocupados por Copérnico que por la reforma de Moreno, y el ataque a Mutis funcionó como táctica para poner a los modernistas a la defensiva.

La reforma no sobrevivió. La Junta de Estudios reunida el 13 de octubre de 1779, en pleno cambio de coyuntura política —Guirior había sido reemplazado por Flórez, y la visita general de Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres redibujaba el equilibrio de poderes en Santafé—, respondió a los interrogantes de una cédula real sobre el estado de la enseñanza y concluyó que el plan Moreno no había tenido aplicación efectiva. Restableció la filosofía peripatética y el método escolástico. El "sabio plan" —así lo llamaría décadas después el virrey Pedro Mendinueta— había estado vigente apenas cinco años, y en algún sentido nunca del todo. A comienzos del siglo XIX, Mendinueta lamentaba que la enseñanza en los colegios neogranadinos siguiera limitada a "una mediana latinidad, la filosofía peripatética de Gaudin, la teología y el derecho canónico", según lo prescrito por aquella Junta de 1779 que había derogado la reforma de Moreno.

La comisión de resguardos (1776-1778)

Mientras el plan de estudios se debatía y desmontaba, Moreno asumía otra tarea que definiría, más aún, su lugar en la historia colombiana. La Cédula Real de 1774 había ordenado reorganizar corregimientos y resguardos de indios en Nueva Granada, y Moreno fue comisionado para ejecutarla. Impedido para desplazarse personalmente al altiplano, redactó en agosto de 1776 instrucciones precisas y las entregó a José María Campuzano y Lanz, corregidor interino de Tunja, para que llevara a cabo materialmente las diligencias.

Aquí aparece el trazo más discutido de su carrera. La Cédula de 1774 hablaba de reorganizar corregimientos pequeños; no mencionaba explícitamente la extinción de pueblos de indios. Moreno la interpretó en sentido amplio: entendió que autorizaba también a disolver pueblos indígenas considerados insuficientes, agregando sus poblaciones a otros y liberando así las tierras de resguardo. Bajo esa lectura extensiva, Campuzano recorrió la provincia de Tunja aplicando la extinción y la agregación. Los indígenas cuyos resguardos desaparecieron fueron desplazados, en general, hacia tierras más distantes y menos fértiles; la descomposición del régimen de resguardos favoreció a los terratenientes vecinos, a los mestizos y colonos que presionaban por acceder a la tierra, y al fisco, que veía simplificarse la administración tributaria. No hubo un único móvil —voracidad latifundista, presión mestiza, cálculo fiscal, todos operaron a la vez— y por eso mismo la operación tuvo pocos frenos.

El 18 de noviembre de 1778, Moreno presentó su informe general sobre los resultados de la comisión. Apenas un mes después, el oidor Joaquín Vasco y Vargas, recién nombrado fiscal de la Audiencia, presentó la primera oposición seria. Vasco y Vargas expresó su conmiseración por los indios sometidos a los vejámenes de otras castas y cuestionó los alcances de la comisión de Moreno: la interpretación extensiva de la Cédula de 1774, la subyugación efectiva de los indios agregados, la pérdida de tierras fértiles. La discusión abrió una grieta jurídica que no cerraría de inmediato, pero para entonces buena parte del daño estaba consumado: los pueblos extinguidos no se restablecieron, y el mapa del altiplano cundiboyacense quedó reconfigurado.

El episodio revela la contradicción interna del reformismo borbónico criollo. El mismo Moreno que en el plan de estudios invocaba la libertad de razón entre autores católicos, que en el Estado del Virreinato describía con lucidez la mezcla racial del reino, y que ocupaba nominalmente el cargo de defensor de indios, aplicó a los resguardos una lectura que privilegió la lógica fiscal y agraria del Estado colonial sobre la protección de las comunidades. No fue cinismo; fue coherencia interna del programa borbónico, que veía en el resguardo un obstáculo a la circulación de tierras y trabajo, y que consideraba la agregación como una forma —dura pero racional— de integración administrativa. Moreno pensaba, con seguridad, que servía a los intereses del Rey y, en última instancia, a los propios indios; los indios pensaban, con más razón, que perdían la tierra.

Su red

Ninguna de las empresas de Moreno se explica sin la red de virreyes, letrados y sabios ilustrados que integró. Pedro Messía de la Cerda le dio el marco institucional inicial y, sobre todo, trajo a Santafé a José Celestino Mutis, cuya presencia científica sería determinante para la agenda cultural del reformismo. Manuel de Guirior fue su aliado más comprometido: sin el respaldo virreinal, el plan de estudios no habría existido, y la retórica de Guirior sobre el "antiguo letargo" del Nuevo Reino da la temperatura ideológica en la que Moreno operaba. Manuel Antonio Flórez, en cambio, gobernó en un tiempo más difícil —el de la visita general de Gutiérrez de Piñeres, con sus alzas de impuestos y la reactivación de la alcabala y de la armada de Barlovento, medidas que preparaban el terreno para la Rebelión de los Comuneros de 1781—, y bajo su virreinato Moreno ejecutó la comisión de resguardos.

Con Mutis compartió el frente ilustrado contra la escolástica. La defensa del copernicanismo por parte de Mutis y el plan de estudios de Moreno fueron dos operaciones distintas contra el mismo adversario doctrinal, y por eso los dominicos las atacaron como una sola. Ambos representaban la vertiente santafereña del ideal de las "ciencias útiles" que la política borbónica patrocinaba en toda la monarquía: astronomía moderna, botánica, química, matemáticas aplicadas, en lugar de la dialéctica especulativa. La Expedición Botánica, que despegaría plenamente bajo el virreinato del arzobispo Antonio Caballero y Góngora en la década de 1780, prolongó ese mismo espíritu en clave más pragmática: la ciencia como instrumento de explotación racional de las riquezas naturales del virreinato. Caballero y Góngora, además, impulsó cambios en la orientación cultural de los establecimientos de enseñanza, retomando —sin nombrarla— parte de la agenda que la Junta de 1779 había desmontado.

Del otro lado estaban los dominicos de Santafé, la Inquisición como amenaza siempre disponible, y una parte del clero secular apegado al método tradicional. La disputa, sin embargo, no fue simplemente entre "modernos" y "tradicionales": fue una lucha por el control institucional de la educación superior en un vacío abierto por la expulsión jesuita. Los dominicos defendían un espacio corporativo; Moreno y Guirior querían transferir ese espacio al Estado regio y a un cuerpo docente laico o al menos no monopolizado por una orden. Que el debate se librara en el terreno de Copérnico y las Sagradas Escrituras era, en buena medida, un desplazamiento retórico.

Detrás de todos ellos operaba el marco borbónico: Carlos III y sus ministros regalistas, que veían en las órdenes religiosas y en las corporaciones locales obstáculos a la centralización del poder regio, y que patrocinaban la formación de una élite ilustrada capaz de administrar mejor los dominios americanos. Esa política, sin embargo, tenía un efecto paradójico. Los criollos formados en las expediciones científicas, las tertulias y los nuevos planes de estudio —Moreno mismo, y detrás de él toda una generación— desarrollaron simultáneamente la capacidad técnica para servir a la monarquía y la conciencia intelectual para cuestionar el orden colonial. Al mismo tiempo, las reformas los desplazaban de los cargos de mando: para 1794, casi todos los gobernadores del virreinato eran peninsulares, aunque los cabildos seguían en manos criollas. Moreno pertenece al final del ciclo en que un criollo podía aún ocupar una asesoría central del virrey. La generación siguiente, la de Nariño y Camilo Torres, ya no tendría ese espacio; y ese cierre está entre las condiciones estructurales de 1810.

La huella

Moreno y Escandón murió en 1792, cuando el ciclo reformista borbónico había perdido buena parte de su impulso original y las tensiones que estallarían en 1810 empezaban a insinuarse. Su obra, evaluada en la corta duración, había fracasado en varios frentes. El plan de estudios de 1774 llevaba trece años derogado. La comisión de resguardos había sido cuestionada jurídicamente aunque no revertida en el terreno. La reforma de los hospicios y de la renta de salinas, en la que también intervino, no alcanzó la resonancia de los otros proyectos. Y sin embargo, evaluada en la larga duración, esa obra pesa.

El Estado del Virreinato de Santa Fe se convirtió, tras su publicación en 1870, en fuente obligada para cualquier historia económica y social del Nuevo Reino en el siglo XVIII: allí se documentó la relajación de la segregación étnica, la mezcla racial que la retórica de las castas seguía negando, la concesión reciente al comercio de barcos criollos entre puertos españoles. La historiografía colombiana lo utiliza aún hoy como testimonio de cómo un funcionario del régimen veía el país que administraba.

El plan de estudios, aunque suspendido, dejó huella conceptual. La idea de una educación superior orientada a las ciencias útiles, la crítica al criterio de autoridad única, la aspiración a comparar autores y a "gobernar la elección por la razón": todo eso reaparecería en el temario ilustrado neogranadino de las décadas siguientes, en la Expedición Botánica, en las tertulias, en el modo mismo en que la generación de 1810 concibió su tarea intelectual. Al menos una corriente historiográfica colombiana ha situado el plan educativo de Moreno como un hito cultural comparable al de la Expedición Botánica, presentando ambos como expresiones de un nuevo estilo cultural que contrastaba con la cultura colonial religiosa. La comparación es exigente y no reúne consenso general, pero indica cómo se ha inscrito su figura en el relato de los orígenes intelectuales de la Independencia.

Más difícil ha sido asimilar el otro Moreno: el de las instrucciones de agosto de 1776, el de la interpretación extensiva de la Cédula de 1774, el de la extinción de pueblos indígenas en Tunja. La historiografía sobre resguardos y sobre poblaciones indígenas coloniales ha rescatado esa dimensión con mayor atención en las últimas décadas, y con ella ha vuelto a plantear la pregunta de fondo: ¿a quién servía el reformismo borbónico criollo? La respuesta, si el material de la propia trayectoria de Moreno vale como evidencia, es incómoda. Servía a un proyecto de racionalización estatal que consideraba ilustrado tanto reformar la universidad como disolver un resguardo, y que veía en ambas operaciones aplicaciones coherentes del mismo principio de utilidad y buen gobierno. La contradicción no era de Moreno solamente; era del programa.

De ahí que su fracaso relativo tenga significado más allá de la biografía. El plan de estudios cayó porque los dominicos y las corporaciones religiosas conservaron poder suficiente para bloquear la reforma cuando el respaldo virreinal flaqueó, y porque el aparato borbónico —capaz de expulsar a los jesuitas en 1767, pero no de suprimir la enseñanza escolástica en 1779— carecía de aliados locales suficientes para imponer desde arriba una transformación cultural. La comisión de resguardos, en cambio, se ejecutó plenamente porque el Estado sí tenía capacidad para reorganizar la propiedad indígena, y porque en esa operación coincidían los intereses de terratenientes, colonos mestizos y fisco real. El reformismo pudo con los indios; no pudo con los frailes. Esa asimetría, más que cualquier ideología, define el alcance real de la Colonia Madura neogranadina.

Moreno y Escandón encarna esa asimetría sin resolverla. Fue un criollo ilustrado que creyó en la ciencia útil, en la libertad de razón dentro de la ortodoxia, en el diagnóstico administrativo del virreinato como base del buen gobierno; y fue, al mismo tiempo, el fiscal que firmó las instrucciones para desmontar pueblos de indios. Ni las hagiografías del siglo XIX que lo pintaron como precursor, ni las lecturas críticas contemporáneas que subrayan su papel en el despojo, capturan por separado su figura. Solo tenidas a la vez —el plan y la comisión, el Estado y las instrucciones a Campuzano— empiezan a explicar el momento en que un virreinato criollo intentó racionalizarse y descubrió que la razón de Estado no era neutral. En ese descubrimiento, más que en ninguno de sus éxitos o fracasos particulares, está el legado histórico de Francisco Antonio Moreno y Escandón.