Carlos III de España

La semblanza

Carlos III no fue, en rigor, un rey español desde su cuna. Hijo de Felipe V —el primer Borbón español, llegado al trono tras la Guerra de Sucesión de 1700-1713— y de su segunda esposa, Isabel de Farnesio, nació en el Alcázar Real de Madrid en 1716, cuando la dinastía apenas terminaba de asentarse sobre una monarquía golpeada por la decadencia del último Habsburgo, Carlos II el Hechizado, cuya incapacidad para dejar sucesor había desatado el conflicto europeo que llevó a los Borbones al trono. La ambición territorial de Isabel de Farnesio le abrió a Carlos, siendo aún adolescente, un camino italiano: en 1731 asumió los ducados de Parma y Piacenza, y en 1734 conquistó por las armas el Reino de las Dos Sicilias, donde reinaría durante veinticinco años como Carlos VII de Nápoles y V de Sicilia. Ese cuarto de siglo napolitano no fue un pasatiempo dinástico: allí aprendió a gobernar con ministros ilustrados, a domesticar poderes eclesiásticos, a impulsar obras públicas y a manejar cortes barrocas con una disciplina metódica que traería a Madrid en 1759, cuando la muerte sin descendencia de su medio hermano Fernando VI lo llamó a suceder en la corona española.

Llegó a España con oficio, con equipaje humano —incluido el gusto por la caza que le ocupaba las mañanas y una devoción algo hosca por el trabajo despachado— y con una convicción: la de que el poder real debía ejercerse sin competidores. Viudo desde 1760 de María Amalia de Sajonia, con quien había tenido trece hijos, no volvió a casarse. Vivió los veintinueve años de su reinado español entre Madrid, Aranjuez, El Escorial y La Granja, rodeado de un gabinete que se convirtió en el núcleo intelectual del despotismo ilustrado hispánico: Pedro Rodríguez de Campomanes en Hacienda y en el Consejo de Castilla, el conde de Aranda en la presidencia del mismo Consejo, más tarde el conde de Floridablanca en la Secretaría de Estado, y en el ramo indiano el visitador y ministro José de Gálvez, cuya familia extendería sus tentáculos por América. Fue con ellos —no solo, pero sí a través de ellos— que Carlos III intentó rehacer un imperio.

Los orígenes de un programa

El reformismo borbónico no nació con Carlos III. Se venía cocinando desde Felipe V, en la primera mitad del siglo XVIII, cuando la nueva dinastía comprendió que la maquinaria heredada de los Austrias —audiencias autónomas, cabildos poderosos, Iglesia enredada en la administración, sistema fiscal opaco— no bastaba para sostener una monarquía en competencia con Francia, Inglaterra y las Provincias Unidas. Pero fue en el reinado de Carlos III cuando ese programa acumulado adquirió coherencia doctrinaria, cuadros ejecutores y músculo aplicativo.

El diagnóstico intelectual venía dado por una generación previa de arbitristas ilustrados. José del Campillo y Cossío, cuyos escritos originales datan de 1743, había señalado los errores e inadvertencias del gobierno colonial y aportado una cifra desoladora: apenas la vigésima parte de lo que consumían las Indias procedía de productos de España. El resto entraba por contrabando inglés, francés y holandés, o se producía en las propias colonias al margen del sistema imperial. Para los reformistas peninsulares, el siglo XVIII español era un siglo de desgracias y pérdidas, mientras otras naciones europeas lo vivían como siglo de oro de las luces de gobierno y la prosperidad. La cifra de Campillo condensaba el problema: España había dejado de ser la metrópoli económica de sus propias colonias.

El programa carolino se propuso invertir esa proporción, y desplegó cuatro ejes simultáneos. Racionalizar la administración mediante funcionarios especializados, censos y control central. Reformar la fiscalidad para financiar la defensa imperial y aumentar la remesa a la metrópoli. Disciplinar a la Iglesia bajo el regalismo, restando poder a las órdenes religiosas —especialmente a la Compañía de Jesús— y sujetando a los episcopados americanos a la Corona antes que a Roma. Y fomentar el conocimiento científico útil, capaz de identificar y explotar los recursos naturales americanos. Los cuatro ejes coincidieron en el Virreinato de la Nueva Granada durante las décadas de 1770 y 1780, y en su cruce se jugó buena parte de la historia colonial tardía del territorio que sería Colombia.

La trayectoria neogranadina: consolidación del virreinato

La Nueva Granada había sido, durante el primer tercio del siglo XVIII, un experimento administrativo fallido. El Virreinato se creó por primera vez en 1717, se ensayó con el nombramiento del primer virrey, Jorge de Villalonga, en 1719, y fue suprimido en 1724, con Antonio Manso Maldonado a cargo como presidente. La justificación de la supresión apuntaba a la escasa infraestructura del territorio y a que la colonia era descrita como la más pobre del imperio español —una descripción que decía tanto de la percepción metropolitana como de la realidad económica—. El virreinato quedó en suspenso hasta que en 1739 se restableció con carácter definitivo, en un contexto en que la amenaza inglesa sobre el Caribe se volvía apremiante. El intento de la armada inglesa de tomar Cartagena en 1741 —el sitio del almirante Vernon, repelido por Blas de Lezo— coincidió con el refuerzo de las defensas y el envío de virreyes a Santa Fe de Bogotá, y fijó en el mapa geopolítico borbónico la centralidad del Caribe neogranadino.

Cuando Carlos III subió al trono en 1759, el andamiaje virreinal ya existía, pero requería la remodelación que él impuso. En 1777, el rey ordenó una operación de rediseño territorial mayor: la creación de la Capitanía General de Venezuela, que separaba del Virreinato de la Nueva Granada las provincias de Caracas, Cumaná, Guayana, Maracaibo y la isla Margarita. La medida —parte de una política más amplia que también reordenó el Río de la Plata en 1776 con la creación del virreinato rioplatense— buscaba una administración más manejable, un control fiscal más estrecho y una defensa costera más eficaz, pero fragmentaba la unidad territorial que después reclamarían los proyectos bolivarianos. Bajo Carlos III las audiencias y cabildos, que durante los Habsburgo habían gozado de excesiva autonomía, fueron sometidos a un mayor control real; la Corona insistió en fortalecer su autoridad sobre el territorio colonial mediante visitadores, regentes y funcionarios peninsulares.

La trayectoria neogranadina: el apretón fiscal

El eje más consecuente —y más explosivo— de las reformas carolinas en la Nueva Granada fue el fiscal. La lógica era sencilla y despiadada: la Corona necesitaba financiar la guerra imperial, especialmente contra Inglaterra en el contexto de la independencia norteamericana —España declaró la guerra a Gran Bretaña en apoyo a los rebeldes, y el gobernador Bernardo de Gálvez operó desde Nueva Orleans en esa campaña—, y la Nueva Granada debía aportar más de lo que aportaba. La operación se encomendó a partir de 1778 al regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, cuyo nombre quedaría inscrito con tinta hostil en la memoria neogranadina.

Gutiérrez de Piñeres desplegó un paquete de medidas simultáneas de una torpeza política notable. Restableció el impuesto de la armada de Barlovento, destinado a financiar la defensa del Caribe. Extendió la alcabala, el gravamen sobre las transacciones comerciales. Reorganizó el estanco del tabaco —monopolio estatal sobre la producción y venta— concentrando el cultivo en cuatro zonas (Ambalema, Girón, Pore-Nunchía y Palmira) y seis administraciones de distribución, con normas técnicas estrictas y resguardos policiales encargados de reprimir la siembra por fuera del sistema. La reorganización excluyó de la producción a numerosos pueblos y regiones que antes cultivaban tabaco, redujo los precios de compra al campesino y aumentó los precios de venta al consumidor. Sumó a ello el refuerzo del estanco del aguardiente de caña —establecido por Real Cédula del 23 de septiembre de 1700—, cuyas reformas permitieron un aumento continuo de los ingresos entre 1760 y la década de 1790.

Los números miden el apretón. En la última década del dominio colonial, la Corona recaudaba en la Nueva Granada un promedio de 2,4 millones de pesos anuales, y cerca de un tercio de esa cifra —unos 770.000 pesos— salía solo de los estancos de tabaco y aguardiente. La carga tributaria sobre el PIB colonial, que rondaba el 2,9%, trepó a un pico cercano al 10,4% y se asentó luego en 8,4%: en pocos años la relación fiscal entre metrópoli y territorio quedó rehecha. El reformismo comercial ilustrado había producido, en la otra cara, sus propios resultados: el reglamento de aranceles de 1778 y la rebaja general de 1776 cuadruplicaron el comercio entre España y América entre 1778 y 1788. Pero esa liberalización tenía límites férreos: España prohibía la producción neogranadina de textiles competidores, monopolizaba tabaco y aguardiente, restringía el comercio intercolonial y perseguía el contrabando en que se habían enriquecido comerciantes criollos del Caribe. La modernización comercial y el monopolio protector eran, otra vez, dos caras de la misma política.

La trayectoria neogranadina: la insurrección comunera

El 16 de marzo de 1781, en la oficina de impuestos de la villa de El Socorro, en la provincia oriental del virreinato, una comerciante llamada Manuela Beltrán arrancó de la pared el bando que informaba sobre los nuevos tributos y lo rompió. Ese gesto —solitario y colectivo a un tiempo, pues estalló en el momento preciso en que la acumulación de resentimientos fiscales, monopolistas y administrativos había saturado la paciencia local— detonó la Revolución de los Comuneros. En pocas semanas, la insurrección se extendió a Pamplona, Vélez, Cúcuta y otras localidades del norte del virreinato, involucrando a criollos, mestizos, indígenas y sectores populares en una coalición inusualmente amplia.

Los comuneros marcharon sobre Santa Fe de Bogotá. Una estimación sitúa en cerca de cuatro mil los sublevados que avanzaban hacia la capital cuando llegaron a Zipaquirá, a un día de la sede virreinal. La coyuntura era favorable: el virrey Manuel Antonio Flórez se encontraba en Cartagena supervisando las defensas contra corsarios ingleses, y la Real Audiencia carecía de tropas suficientes para enfrentar el avance. Ante la emergencia, se envió al arzobispo Antonio Caballero y Góngora a negociar. En Zipaquirá se firmaron las célebres Capitulaciones, en las que la corona —representada por el arzobispo— aceptaba revertir buena parte de las medidas fiscales: reducción o eliminación de la alcabala, del tributo indígena y del gravamen sobre mulatos, fijación de precios del aguardiente, y —cláusula políticamente cargada— la exigencia de que los cargos oficiales fueran ocupados preferentemente por criollos nacidos en el reino.

El líder negociador fue Juan Francisco Berbeo, criollo de El Socorro, quien tras el acuerdo aceptó disolver el ejército comunero. Recibió a cambio el nombramiento como corregidor con un sueldo anual de mil pesos. No todos aceptaron los términos: José Antonio Galán, cabecilla de sectores más radicales, rechazó las capitulaciones por considerarlas aprobadas demasiado rápido y continuó el alzamiento. La suerte de ambos hombres marcó la fractura interna del movimiento y anticipó lo que sería el patrón de los procesos revolucionarios neogranadinos: el criollo negociador cooptado por la Corona, el líder popular ejecutado con espectáculo aleccionador.

La respuesta virreinal, una vez reforzada militarmente la capital, fue inequívoca. El virrey Flórez anuló las Capitulaciones argumentando que tenían un "defecto incorregible": haber sido negociadas bajo amenaza de violencia. Galán fue apresado, juzgado y ejecutado el 1 de febrero de 1782 en Santa Fe de Bogotá. La sentencia fue una liturgia de terror: ahorcamiento, decapitación y descuartizamiento. Su cabeza fue enviada a Guaduas, la mano derecha a El Socorro, la izquierda a San Gil, el pie derecho a Charalá y el pie izquierdo a Mogotes; su descendencia fue declarada infame y se ordenó arrasar su casa y sembrarla de sal. Junto a él fueron ejecutados con penas similares los cabecillas Molina, Alcantuz y Ortiz. Caballero y Góngora, que había firmado las capitulaciones repudiadas, fue recompensado por el rey con el nombramiento como virrey de la Nueva Granada, cargo que ocuparía entre 1782 y 1789.

Los comuneros no proclamaron la independencia. Su lealtad formal a la Corona era intacta —querían un buen gobierno del rey, no la ausencia del rey— y sus demandas fueron fiscales y administrativas antes que ideológicas. Pero la exigencia de que los cargos fueran ocupados por criollos nacidos en el reino apuntaba a una aspiración de participación política que la Corona no podía conceder sin desmontar la lógica misma del pacto imperial. Y la manera en que la revuelta se resolvió —con capitulaciones firmadas de buena fe por un arzobispo, anuladas después por razón de Estado, y ejecuciones aleccionadoras para los radicales— dejó una lección política que circularía durante décadas. Francisco de Miranda, años más tarde, utilizaría ante potencias extranjeras la narración de la sublevación comunera de 1781 como evidencia de que los suramericanos estaban dispuestos a la revolución contra el dominio español.

La trayectoria neogranadina: regalismo, ciencia y defensa

Mientras el apretón fiscal producía sus efectos, el reformismo carolino avanzaba en tres frentes simultáneos que también dejarían huella en la Nueva Granada. El primero fue el regalista. Los Borbones intensificaron el control real sobre la Iglesia: intervinieron en la educación, limitaron la comunicación entre los episcopados americanos y la Santa Sede —prohibieron las visitas ad limina y las informaciones sobre el estado de las diócesis—, y consideraron a las órdenes religiosas, especialmente a los jesuitas, como entidades díscolas incompatibles con el absolutismo. La Compañía de Jesús fue expulsada de todos los dominios españoles por Carlos III en 1767, por doctrinas jurídicas peligrosas y por administrar reducciones imposibles de vigilar. En la Nueva Granada, las haciendas jesuíticas fueron incautadas y redistribuidas, aunque su tasación nunca superó los 100.000 pesos, muy por debajo de los 200.000 del Perú o de los 500.000 a 700.000 de México. La enajenación de capitales de cofradías, conventos y clero secular, en el marco más amplio de las reformas, afectó gravemente la base económica de las órdenes.

El vacío educativo dejado por la salida de los jesuitas abrió un conflicto por el control de la enseñanza superior en el que los dominicos jugaron un papel de resistencia frente a los proyectos de reforma impulsados por las autoridades virreinales. En ese cruce se plantó la figura decisiva de la ilustración científica neogranadina: José Celestino Mutis, gaditano nacido el 6 de abril de 1732, médico, sacerdote y botánico, llegado a Santa Fe en 1761 como médico personal del virrey Pedro Messía de la Zerda. Mutis sostenía correspondencia con Linneo, quien le dedicó varias plantas —entre ellas la mutisia— y difundió sus trabajos en el mundo científico europeo, abriéndole las puertas de las Universidades de Upsala y de la Academia de Estocolmo.

En 1774, los estudiantes de Mutis expusieron públicamente las tesis heliocéntricas de Copérnico en Santa Fe. Los dominicos reaccionaron con una disputación pública contra las doctrinas copernicanas y denunciaron a Mutis ante la Inquisición. El conflicto —teológico, disciplinar y político a un tiempo— se resolvió con el apoyo del virrey Manuel Guirior a Mutis, en línea con la política borbónica de proteger las ciencias útiles frente a la escolástica. Más tarde, el arzobispo-virrey Caballero y Góngora —el mismo firmante de las capitulaciones de Zipaquirá— brindaría protección sistemática a Mutis y a su gran proyecto: la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, organizada bajo patrocinio borbónico como parte de la política ilustrada de identificar y explotar los recursos naturales del virreinato. La expedición se convertiría en la escuela informal de una generación entera de científicos y letrados criollos —entre ellos Francisco José de Caldas— que aprenderían a leer el territorio como un objeto de conocimiento y de riqueza propios. Alexander von Humboldt, en su paso por Bogotá, visitó a Mutis durante dos meses e intercambió con él conocimientos sobre botánica, geografía, astronomía, física y medicina; Humboldt y Bonpland ofrecieron su amistad al sabio gaditano, reconocido ya como una figura destacada de la ilustración americana.

El tercer frente fue el militar. Las reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII buscaron crear en América una milicia disciplinada y bien entrenada que compartiera la carga de la defensa imperial. En regiones como Cartagena, donde los pardos constituían el grupo demográfico más numeroso, cualquier reorganización efectiva de la milicia requería incorporarlos y extenderles el fuero militar —el privilegio jurídico especial que sustraía a los milicianos de la justicia ordinaria—. Esa incorporación produjo un efecto social significativo: los pardos obtenían un reconocimiento institucional dentro del orden colonial, un orgullo corporativo, un lugar en la estructura de honor. Las obras defensivas se intensificaron: antes de 1760, en guerra con Inglaterra, la Corona mandó obstruir el estrecho de Bocagrande en Cartagena con piedras y arena, cerrando un canal antes navegable por los mayores navíos. La preocupación por el Caribe —donde España había concedido a Inglaterra en 1713 el asiento de esclavos, aprovechado por los ingleses para introducir contrabando— nunca se disipó durante el reinado carolino.

Su red

Carlos III gobernó a través de una red densa de ministros, virreyes y funcionarios que constituyeron la columna vertebral del despotismo ilustrado hispánico, y su reparto de papeles se lee mejor como un teatro de dos escenarios enlazados: el gabinete madrileño y la sucesión virreinal en Santa Fe. En Madrid, Aranda ejecutó la expulsión jesuítica desde la presidencia del Consejo de Castilla, con la frialdad procedimental que exigía deshacer en semanas una presencia de dos siglos; Campomanes, desde Hacienda y desde el mismo Consejo, aportó el cerebro económico —los informes sobre la ley agraria, el discurso sobre la industria popular, la doctrina regalista— que dio a las medidas una arquitectura intelectual; Floridablanca, en la Secretaría de Estado, cerró la última fase con el sentido diplomático de quien había ganado prestigio negociando en Roma la disolución de la Compañía. Los tres se relevaban en el favor real sin llegar nunca a competir de frente, disciplinados por un rey que despachaba temprano y no admitía facciones dentro de su gabinete.

Para los asuntos indianos, la pieza clave fue José de Gálvez. Visitador de Nueva España entre 1765 y 1771, aplicó allí el laboratorio de reformas que después, ya como ministro general de las Indias desde 1776, extendería al resto del imperio: intendencias, estancos, milicias disciplinadas, subordinación de audiencias. Alrededor suyo se organizó un clan que colonizó cargos: un hermano gobernó Guatemala; su sobrino Bernardo se distinguió militarmente en las campañas contra Inglaterra desde Nueva Orleans durante la guerra por la independencia norteamericana. El nombramiento del regente visitador Gutiérrez de Piñeres para la Nueva Granada, en 1778, salió de esa órbita, y su fracaso político no puede leerse sin ella: era un hombre de Gálvez ejecutando un programa de Gálvez.

En el Virreinato de la Nueva Granada la cadena virreinal dibuja mejor que cualquier organigrama la doble cara del proyecto carolino. Messía de la Zerda trajo consigo a Mutis y abrió el pequeño círculo de tertulia científica que a la larga sería semillero de la Expedición Botánica; Guirior amparó al botánico frente a la denuncia inquisitorial de los dominicos y templó la aplicación de las medidas fiscales que empezaban a llegar de Madrid, ganándose el desafecto del regente entrante; Flórez dejó que Gutiérrez de Piñeres desplegara el paquete impositivo y presidió desde Cartagena, absorto en las defensas contra corsarios ingleses, la crisis comunera de 1781 —una ausencia física que fue también una ausencia política—. Caballero y Góngora, arzobispo firmante en Zipaquirá y luego virrey, encarnó los tres papeles a la vez: pacificador político, protector de la Expedición Botánica y ejecutor del regalismo. Bajo su mando, la Nueva Granada vivió los años más intensos de convivencia entre reforma científica y disciplinamiento poscomunero, en un equilibrio que sólo un arzobispo con vocación de estadista podía sostener sin romperse.

Del lado neogranadino, la red se completó con figuras opuestas y complementarias que la propia reforma había convocado al escenario. Gutiérrez de Piñeres puso la cara antipática del proyecto, con una torpeza de trato que en pocos meses convirtió su nombre en cifra del rechazo popular. Los líderes comuneros —Berbeo, Galán, Molina, Alcantuz, Ortiz— encarnaron la respuesta desde abajo, con destinos que fueron del corregimiento remunerado al descuartizamiento y que, en su misma disparidad, prefiguraron las fracturas de clase y color de las guerras posteriores. Y en un tercer plano se formó la élite criolla ilustrada que entre 1760 y 1800 compartía con los reformistas peninsulares —Feijoo, Jovellanos, Campomanes— el rechazo a la escolástica, el entusiasmo por la ciencia moderna y la fe en la educación técnica como instrumento de progreso económico. Esa élite se formó, en buena medida, gracias a las mismas políticas de la Corona que buscaban modernizarla sin cambiarla; era, sin saberlo aún, el producto más peligroso del reformismo carolino.

Su huella

Carlos III murió en Madrid el 14 de diciembre de 1788, poco antes de que la Revolución Francesa iniciara la crisis definitiva del Antiguo Régimen europeo. Lo sucedió su hijo Carlos IV, monarca de temple incomparablemente menor, bajo cuyo reinado el edificio ilustrado empezaría a agrietarse por dentro. La huella carolina en la Nueva Granada, sin embargo, ya estaba echada, y admite una doble contabilidad.

Del lado del debe, las reformas produjeron efectos que sus ejecutores no pudieron —o no quisieron— prever. La presión fiscal sobre una economía deliberadamente subdesarrollada por los propios monopolios metropolitanos generó, en la Nueva Granada, condiciones cada vez más difíciles para los pequeños productores y desencadenó no solo la Revolución de los Comuneros de 1781 sino posteriores revueltas menores. La contradicción era estructural: modernizar la administración exigía más ingresos, y esos ingresos solo podían salir de una economía a la que simultáneamente se le prohibía producir textiles competidores, se le monopolizaban los productos rentables y se le restringía el comercio intercolonial. El regalismo, al debilitar a las órdenes religiosas y abrir el conflicto por la educación superior, erosionó uno de los pilares tradicionales del orden colonial sin construir, en su lugar, una estructura educativa que la Corona pudiera controlar plenamente.

Del lado del haber ilustrado, el legado es más matizado. La Expedición Botánica, la protección a Mutis y sus discípulos, la disputa copernicana ganada frente a los dominicos, el patrocinio de las ciencias útiles: todo ese aparato produjo una élite criolla ilustrada que a fines del siglo XVIII sabía leer el territorio con instrumentos modernos, había asimilado las corrientes europeas del pensamiento y compartía —con la generación reformista peninsular— un marco intelectual común. El Semanario del Nuevo Reino de Granada (1808-1811) sería el escenario en que esa ideología criolla, gestada durante décadas, alcanzaría su expresión más articulada.

Ahí está la paradoja del reinado. Las mismas reformas que educaron a esa élite la expusieron a ideas filosóficas y políticas que apuntaban a cambios más profundos que los buscados por la Corona. Los hijos bien educados de inmigrantes peninsulares, integrados en redes criollas, empezaron a manifestar resentimientos hacia fines del siglo. La alianza tradicional entre la Corona y las élites locales entró en crisis. El predominio latifundista dificultaba el acceso a la tierra de sectores populares, generaba vagos y desposeídos, tensionaba el campo. La conciencia de habitar un territorio distinto de la metrópoli, la apropiación paulatina de una ideología diferente al absolutismo monárquico y el desarrollo de las ciencias útiles crearon —involuntariamente, indirectamente— las condiciones para madurar el proceso de independencia. Humboldt lo formuló años después con una imagen dura: durante su estancia en América había creído percibir conformidad con el régimen, y solo más tarde comprendió que le habían ocultado la verdad y que existía un odio profundo hacia España. El comentario mide la distancia entre la superficie política del reformismo carolino y las corrientes subterráneas que iba abriendo.

Nada de esto convierte a Carlos III en padre involuntario de la independencia colombiana. La Ilustración no produjo por sí misma un concepto de liberación colonial ni una guerra de independencia; fueron los actores americanos quienes tuvieron que diseñar su teoría de autodeterminación nacional en el curso mismo de la lucha, décadas después, con la crisis de la monarquía española de 1808 —la intervención napoleónica— como detonante inmediato. Pero sin las reformas carolinas —sin la Expedición Botánica, sin la formación científica de los criollos, sin el resentimiento fiscal acumulado, sin la memoria de las capitulaciones traicionadas de Zipaquirá y del descuartizamiento aleccionador de Galán— el material combustible que ardió a partir de 1810 no habría tenido ni la misma composición ni la misma densidad.

El "mejor alcalde de Madrid" fue, en la Nueva Granada, un reformador cuya lucidez administrativa y patrocinio científico convivieron con una miopía política que convirtió a la fiscalidad en el problema irresoluble de su reinado. Emprendió con inteligencia un proyecto imperial cuya lógica interna llevaba, sin que él lo supiera, a la disolución de aquello que pretendía salvar.