Pedro Mesía de la Cerda

Un marino en la corte borbónica

Los orígenes familiares de Mesía de la Cerda pertenecen a la baja nobleza andaluza que sirvió con constancia a los primeros Borbones. El título de marqués de la Vega de Armijo lo ancla a esa capa de aristocracia militar y burocrática que Felipe V y Fernando VI ascendieron sistemáticamente en detrimento de los grandes linajes castellanos vinculados a los Austrias. Su carrera fue naval, no cortesana: se formó en la marina real cuando España intentaba, bajo el impulso reformista del marqués de la Ensenada, recuperar el poder marítimo perdido en las guerras del siglo anterior. Esa procedencia importa. Los virreyes de Nueva Granada del siglo XVIII fueron casi todos hombres del mar o del ejército —Sebastián de Eslava, José Solís Folch de Cardona, el propio Mesía— porque la Corona entendía el virreinato ante todo como una plaza de defensa continental, expuesta al Caribe británico, más que como una unidad de gobierno civil.

Cuando Carlos III lo designó virrey del Nuevo Reino de Granada, alrededor de 1760, Mesía de la Cerda era un funcionario probado del sistema borbónico, no un aventurero ni un cortesano. La designación se inscribía en el diseño imperial que el nuevo rey traía desde Nápoles: fortalecer las periferias americanas, racionalizar la hacienda, someter las órdenes religiosas al regalismo y preparar el terreno para las intendencias que Gálvez impondría más tarde en Nueva España. Mesía partió hacia América en el mismo movimiento con el que Madrid comenzaba a girar hacia una política imperial más agresiva, y viajó acompañado —detalle nada menor— por un joven médico gaditano formado en el recién creado Jardín Botánico de Madrid: José Celestino Mutis, que salió de la capital el 28 de julio de 1760 con destino a Cartagena de Indias.

El virreinato que heredó

Para entender lo que Mesía de la Cerda hizo y lo que no pudo hacer, hay que recordar en qué consistía el cargo que asumió en 1761. El Virreinato del Nuevo Reino de Granada era una creación reciente y accidentada. Los Borbones lo habían fundado en 1717 como primera manifestación de su voluntad de reordenar la administración colonial, empujados por el temor a la amenaza inglesa en el Caribe y por la convicción de que la Audiencia de Santafé, gobernada por un simple presidente, no bastaba para articular un territorio tan vasto como pobre. El primer virrey, Jorge de Villalonga, nombrado en 1719, tardó poco en concluir que el experimento era inviable: recomendó su supresión argumentando que Nueva Granada era la colonia más pobre del imperio, incapaz de sostener el aparato virreinal. En 1724 la Corona aceptó el diagnóstico y devolvió el mando al presidente de la Audiencia, Antonio Manso Maldonado.

La restauración vino con la guerra. El asalto inglés a Cartagena de 1741, comandado por el almirante Vernon con una fuerza que superaba en más de siete a uno a los cuatro mil defensores de don Blas de Lezo —aquel marino tuerto y mutilado, "el hombre más averiado de todas las milicias del mundo", que había combatido contra Vernon ya en Gibraltar en 1704—, demostró que la costa neogranadina era el flanco más vulnerable del imperio en el Caribe. La Corona reforzó las murallas de Cartagena, mandó obstruir con piedras y arena el canal de Bocagrande para forzar el paso enemigo por Bocachica, y envió virreyes de nuevo a Santafé. Cuando Mesía de la Cerda llegó, el virreinato llevaba dos décadas de existencia consolidada, pero seguía siendo un cuerpo institucional en construcción: una capital andina alejada del puerto militar, un debate no cerrado sobre si Cartagena no debería haber sido la sede, y una fiscalidad dispersa entre arrendamientos, asientos y remates que apenas sostenían la maquinaria.

Ese era el escenario. Un territorio inmenso —que abarcaba las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá—, una sociedad mestiza en expansión que ya para el censo de 1778 rondaría el 46 % de la población, una economía dependiente del oro cuyos productores evadían sistemáticamente el quinto real, y una frontera indígena en el Darién que se negaba a la vasallía y comerciaba abiertamente con los británicos.

Los años de gobierno: fiscalidad y método

El período 1761-1773 puede leerse como el momento en que las reformas borbónicas alcanzaron masa crítica en Nueva Granada. Mesía de la Cerda no diseñó esa política: la ejecutó. Su virtud —si se le puede llamar así— consistió en aplicar con paciencia administrativa las directrices que llegaban de Madrid, y en dejar constancia detallada de lo hecho en una relación de mando presentada en 1772 que hoy figura entre los documentos más valiosos que produjo el gobierno colonial. Junto a las relaciones de Eslava, Solís, Guirior, Caballero y Góngora, Ezpeleta, Mendinueta y Montalvo, la de Mesía de la Cerda constituye una de las fuentes centrales para reconstruir la última centuria del dominio español.

En esa relación el virrey identificó, con una lucidez que sus sucesores refrendarían casi al pie de la letra, cuál era el nervio fiscal del virreinato: la renta del aguardiente de caña, a la que llamó "la más útil y pingüe" de todas. La frase no era retórica. Bajo su gobierno se profundizó el tránsito del sistema de arrendamientos y asientos por remate hacia el monopolio directo de la Corona sobre la producción y venta del aguardiente, en un proceso que se extendió entre 1760 y la década de 1790 y que multiplicó los ingresos fiscales. El estanco estimuló, como efecto colateral, el crecimiento de haciendas cañeras y trapiches en las tierras cálidas del valle del Magdalena y del Cauca, mientras concentraba en manos reales el control de un producto de consumo masivo. Sumado al estanco del tabaco, el aguardiente llegaría a representar en la última década colonial un 32 % de los ingresos de la Corona en Nueva Granada —unos 770.000 pesos sobre un promedio anual de 2,4 millones—. La afirmación de Mesía sobre el aguardiente sería repetida casi textualmente por Manuel Guirior en 1776 y por el virrey de 1789: una continuidad diagnóstica que revela hasta qué punto la estructura fiscal impuesta bajo su gobierno se convirtió en el esqueleto financiero del virreinato tardío.

La misma relación de 1772 muestra a un virrey atento al detalle económico: la producción real de oro era entre un tercio y la mitad mayor que la registrada oficialmente, por la evasión sistemática del quinto y por el financiamiento del contrabando; la reducción progresiva del impuesto minero —que llegaría al 3 % en 1777, ya bajo sus sucesores— era una concesión inevitable al peso del fraude. En el mismo período, según se deduce del Estado del Virreinato redactado por Francisco Antonio Moreno y Escandón, se concedió a los barcos criollos la facultad de comerciar entre puertos españoles, un gesto de apertura mercantil que anunciaba el reglamento de comercio libre de 1778.

Nada de esto era obra personal de Mesía de la Cerda. Todo llevaba su firma.

La expulsión de los jesuitas

El 27 de febrero de 1767, Carlos III firmó la pragmática sanción que expulsaba a la Compañía de Jesús de todos los dominios españoles y prohibía expresamente el regreso de sus miembros "en cuerpo de comunidad ni individualmente, bajo ningún pretexto". La ejecución en Nueva Granada correspondió a Mesía de la Cerda. Fue, con distancia, la decisión política más consecuente de su virreinato, aunque él mismo apenas hubiera podido calibrar su alcance.

El regalismo borbónico veía en los jesuitas un peligro sistémico: obedecían al papa y no al rey, mantenían reducciones fronterizas —en los Llanos, en el Casanare, en las márgenes del Orinoco— que escapaban al control civil, enseñaban en sus colegios doctrinas jurídicas sospechosas de subversión en un régimen absolutista, y administraban una fortuna considerable. Las haciendas jesuíticas en Nueva Granada no alcanzaban el valor de las peruanas o mexicanas —las más costosas no superaban los 100.000 pesos, frente a los 200.000 del Perú y los 500.000 a 700.000 de Nueva España—, pero constituían un patrimonio significativo en el contexto local, y sus utilidades sostenían la red de colegios de la orden. Al desmantelar la Compañía, el virrey no solo confiscó tierras y edificios: rompió la interrelación económica que financiaba la enseñanza jesuítica y dejó un vacío educativo que la Corona se apresuró a llenar en términos ilustrados.

Lo que siguió fue tal vez la consecuencia más importante y menos calculada de toda la reforma borbónica en Nueva Granada. El gobierno ocupó los colegios y promovió en ellos la enseñanza de matemáticas y ciencias naturales según los principios de la nueva filosofía; sobre las bibliotecas confiscadas, enriquecidas con libros modernos, empezaron a formarse las primeras bibliotecas públicas del reino. Francisco Antonio Moreno y Escandón, criollo, defensor de indios y asesor del virrey, se convirtió entre 1764 y 1780 en el principal promotor de la reforma educativa y articuló buena parte del reordenamiento posterior a la expulsión. La red material del reformismo ilustrado —edificios, rentas, cátedras, libros— nació sobre las ruinas de la Compañía. Cuando Mutis intentó, poco después de su llegada, enseñar la cosmología heliocéntrica de Copérnico y chocó con la resistencia cerrada de los dominicos, la disputa se libraba sobre un terreno que la expulsión había dejado disponible. Sin 1767 no hubiera habido, probablemente, Expedición Botánica en 1783.

Mutis en el séquito del virrey

Que un naturalista de veintiocho años viajara desde Madrid en 1760 como médico personal del virrey es un hecho que, visto en retrospectiva, adquiere la fuerza de un acontecimiento fundacional. José Celestino Mutis había estudiado botánica en el Jardín Botánico de Madrid, había leído la Philosophia Botanica de Linneo gracias a un ejemplar que le cedió el naturalista Frédrik K. Logié, y traía consigo el aparato conceptual de la nueva historia natural europea. Llegó a Santafé en 1761 amparado por el patronazgo del virrey, y al año de su llegada expuso los principios del heliocentrismo copernicano en la capital, introduciendo una metodología de conocimiento que colisionaba frontalmente con el aristotelismo escolástico dominante en las cátedras dominicas.

El enfrentamiento fue largo y ruidoso. Mutis representaba lo que los sectores tradicionales del clero neogranadino más temían: un experimentalismo que sometía la autoridad de los textos antiguos a la observación y al cálculo. Su presencia, sin embargo, era intocable mientras el virrey lo protegiera, y bajo Mesía de la Cerda esa protección fue completa. Alrededor de Mutis empezó a agruparse una generación de criollos interesados en las nuevas ideas —la misma que, décadas después, sería la de la independencia—, y comenzó a formarse una nueva imagen del territorio neogranadino: no ya como periferia pobre del imperio, sino como espacio rico en recursos naturales aprovechables mediante el conocimiento científico. Esa reimaginación del territorio encajaba, sin coincidencia, con la insistencia borbónica en fortalecer el control efectivo de los dominios y en incrementar su rendimiento fiscal.

La Expedición Botánica que Mutis dirigiría a partir del 27 de abril de 1783 —con primera sede en la Mesa de Juan Díaz, luego trasladada— y que se mantendría activa hasta la Reconquista de 1816 es hija tardía de aquel patronazgo. Sin la decisión de Mesía de la Cerda de traer consigo al médico gaditano, la Ilustración científica neogranadina habría carecido del vector institucional que la hizo posible. Es probablemente el legado más limpio y menos ambiguo de su virreinato.

Frontera, defensa, población

Mientras en Santafé Mesía de la Cerda administraba estancos y protegía a Mutis, en las fronteras del virreinato la Corona empujaba una política más agresiva. Bajo el impulso de José de Gálvez, nombrado ministro de Indias en el reinado de Carlos III, la nueva doctrina borbónica de fronteras apuntó en Nueva Granada al Darién y, en menor medida, a la península de la Guajira: expediciones militares, intentos de reducir a las comunidades indígenas en pueblos de indios, esfuerzos por cortar el comercio con los británicos que operaban desde Jamaica y desde los cayos centroamericanos. Los resultados fueron pobres. En el Darién varios caciques kuna aceptaron títulos de capitanías asalariadas —cobraban de la Corona sin dejar de comerciar con sus enemigos—, pero rechazaron abiertamente la vasallía y continuaron sus tratos con los ingleses. La frontera occidental caribeña permaneció, hasta el fin del régimen colonial, como un territorio abierto y hostil.

En el interior, la sociedad que Mesía de la Cerda gobernaba era ya profundamente mestiza. El censo de 1778, levantado pocos años después de su retiro, arrojaría una composición demográfica en la que los mestizos y castas alcanzaban el 46 %, los blancos el 26 %, los indígenas el 20 % y los esclavos el 8 %. La sociedad seguía siendo formalmente estamental —los blancos se dividían en "primera clase" y "segunda clase", los mestizos ocupaban categorías inferiores, los indios estaban sujetos al resguardo, los esclavos al amo—, pero la línea entre las castas se erosionaba por debajo. La negación del mestizaje era una práctica común entre quienes aspiraban a subir de estamento, y las tensiones en torno al estatus alimentaban una conflictividad social que los visitadores reales, actuando en el oriente del virreinato desde 1755, ya registraban como fenómeno estructural. La población indígena era estática o disminuía; la criolla crecía y ganaba una conciencia política más aguda, capaz de producir una actitud crítica frente a la administración colonial. Mesía de la Cerda gobernó una sociedad en tránsito, y los censos que su administración impulsó son el mejor testimonio de ese tránsito.

La economía interior articulaba regiones especializadas cuya circulación mercantil pasaba por Santafé sin depender de ella. La región de Santander —Girón, Socorro, San Gil— presentaba la división del trabajo más avanzada del virreinato, con especialización incipiente entre artesanía y agricultura: el Socorro exportaba lienzos, bayetas y algodón; Girón enviaba tabaco hacia San Faustino, en los límites de Venezuela; Neiva remitía ganado a Santafé, Popayán, Cali y Cartago; Pamplona y Cúcuta comerciaban cacao con Maracaibo y Cartagena. Sobre esta trama de economías regionales cayó, primero, el estanco del aguardiente y del tabaco impuesto por Mesía; y sobre ella caería, una década después de su retiro, la ofensiva fiscal de Gutiérrez de Piñeres. No es casualidad que la revuelta comunera de 1781 estallara precisamente en el Socorro.

La red humana del virreinato

Mesía de la Cerda no gobernó solo. Su virreinato descansó sobre una red de funcionarios criollos y peninsulares que ejecutaron la política borbónica en el terreno. Francisco Antonio Moreno y Escandón fue la figura civil más influyente del período: asesor del virrey, defensor de indios, redactor del Estado del Virreinato, promotor de la reforma educativa posterior a la expulsión jesuita. Andrés Berdugo y Oquendo desempeñó tareas de visita y reordenamiento fiscal en las provincias. En Cartagena, la comandancia militar seguía siendo la pieza defensiva más costosa de la Corona en el norte de Sudamérica. Manuel de Amat y Junyent, con quien Mesía compartió trayectoria en el aparato virreinal americano, ejercía por entonces el virreinato del Perú.

Con Madrid, la comunicación era constante: instrucciones de la Secretaría de Indias, órdenes del rey, correspondencia con el marqués de la Ensenada primero y con José de Gálvez después. El virrey era un ejecutor situado en el extremo largo de una cadena de mando cuyo centro estaba en el palacio real. Su margen personal de decisión, en las materias verdaderamente importantes —expulsión jesuita, política fiscal, estancos, frontera—, era estrecho. Su margen en las materias secundarias —patronazgo cultural, gestión cotidiana, tono del gobierno— fue el que permitió que Mutis se estableciera en Santafé y que la Ilustración echara raíz.

Manuel Guirior, su sucesor a partir de 1773, heredó una maquinaria fiscal en pleno funcionamiento y una relación de mando de 1772 que le sirvió de manual. La continuidad entre ambos virreinatos es tan estrecha que la afirmación de Mesía sobre el aguardiente reaparece casi literal en la relación de Guirior de 1776. No hubo ruptura: hubo aceleración.

La sombra larga: hacia los Comuneros

Si el virreinato de Mesía de la Cerda es la bisagra del reformismo borbónico en Nueva Granada, la Revolución de los Comuneros de 1781 es su consecuencia diferida. Cuando Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres llegó a Santafé como regente visitador en 1778 —cinco años después de la partida de Mesía—, la maquinaria fiscal que encontró era la que su antecesor había institucionalizado. Gutiérrez de Piñeres restableció el impuesto de la armada de Barlovento, extendió la alcabala a nuevos productos y ejecutó los aumentos sobre la sal, el tabaco, los textiles y el algodón. El 16 de marzo de 1781, en la oficina de impuestos del Socorro, Manuela Beltrán arrancó el bando de los nuevos tributos, y en cuestión de semanas criollos, mestizos e indígenas de Socorro, Pamplona, Vélez y Cúcuta marchaban hacia Santafé.

La revuelta no fue un rayo en cielo sereno. Ya en 1752, 1764 y 1767 habían estallado motines contra la Corona, y en 1779 se había producido una sublevación indígena. La ofensiva fiscal borbónica —cuyo diseño básico había sido puesto en pie bajo Mesía de la Cerda con los estancos de aguardiente y tabaco, y cuya lógica Gutiérrez de Piñeres solo profundizó— venía acumulando resistencias por casi tres décadas. La aceleración del reformismo en la década de 1770 alcanzó un umbral que la sociedad neogranadina no podía absorber. La institución de la Regencia, creada bajo Carlos III como sustituto funcional del régimen de intendencias, y la Real Orden del 25 de marzo de 1783 sobre la Audiencia de Quito, muestran hasta qué punto la Corona insistía en el mismo diseño incluso después de que el estallido comunero hubiera revelado sus costos.

Mesía de la Cerda no vio el estallido —murió en 1783, el mismo año en que Mutis inauguró la Expedición Botánica—, pero contribuyó a fabricar sus condiciones. No por malicia ni por incompetencia, sino por obediencia sistemática a una política imperial que, al pretender racionalizar la extracción colonial, minó las bases del pacto que la había hecho posible durante dos siglos.

Balance

Retirado del virreinato en 1773 y de vuelta en España, Pedro Mesía de la Cerda vivió sus últimos años como un miembro discreto de la nobleza borbónica que había servido bien al rey. Su relación de mando de 1772 quedó como su testimonio principal: un documento denso, minucioso, sin literatura, en el que se percibe al administrador antes que al hombre. En él identificó con precisión el nervio fiscal del virreinato —el aguardiente—, describió el estado de las rentas, expuso los avances y los límites de su gestión, y sentó el diagnóstico que sus sucesores confirmarían.

Juzgar su virreinato exige salirse tanto de la hagiografía —no fue un ilustrado visionario ni un reformador audaz— como de la fiscalía —no fue un tirano ni un extractor especialmente cruel—. Fue el ejecutor eficiente de un giro imperial diseñado en Madrid, y su eficiencia tuvo consecuencias que él no eligió: sembró la Ilustración científica al patrocinar a Mutis, abrió el vacío institucional que la reforma educativa criolla llenaría al expulsar a los jesuitas, e institucionalizó una fiscalidad centralizada que años más tarde detonaría en el Socorro. La historia rara vez concede a sus agentes intermedios el papel que merecen; los libros de historia colombiana se detienen en los conquistadores, en los libertadores, en los presidentes decimonónicos, y pasan sobre los virreyes con un guarismo. Pero fue en los doce años de Mesía de la Cerda cuando Nueva Granada dejó de ser la colonia periférica que Villalonga había querido suprimir y se convirtió en el laboratorio del reformismo borbónico tardío: un laboratorio cuyos experimentos generarían, en menos de medio siglo, la ruptura misma del vínculo colonial.

Su nombre pesa en la historia de Colombia no por lo que hizo con brillantez, sino por lo que su gestión desencadenó sin proponérselo. Es el retrato exacto de un tipo de poder que la modernidad borbónica prefirió: sereno, obediente, metódico, y por eso mismo profundamente transformador.