José Solís Folch de Cardona

La figura y su lugar

Solís desembarcó en Cartagena de Indias el 23 de agosto de 1753, pero no asumió allí mismo el gobierno: tomó posesión en Santafé el 24 de noviembre. Pedro Messía de la Cerda entró como sucesor el 25 de febrero de 1761 y Solís tomó el hábito tres días después. El virreinato había sido creado en 1717, suspendido por decisión de 1723 —ejecutada en 1724— y restablecido por la real cédula del 20 de agosto de 1739, con la Audiencia de Quito dentro de su jurisdicción. Por eso la numeración varía según se cuente sólo la segunda etapa o toda la historia de la institución. Sus antecesores inmediatos fueron Sebastián de Eslava y José Alfonso Pizarro; Solís heredó de ellos buena parte de los problemas y marcos de gobierno.

Su gobierno se inscribe en las prioridades borbónicas de defensa, aumento de los ingresos y mayor supervisión de los dominios americanos. Sin embargo, no recibió un programa personal completamente elaborado. Margarita Restrepo Olano concluyó, tras revisar los archivos de Indias y de la Nación, que su nombramiento fue precipitado, que no se redactaron instrucciones propias para él y que gobernó con las instrucciones reservadas de Pizarro y las generales preparadas para Güemes de Horcasitas. Ese dato permite hablar de continuidad administrativa, pero no de una ejecución mecánica: las grandes distancias, la autonomía de los gobernadores y las disputas entre autoridades limitaron la capacidad efectiva del virrey.

Su imagen pública fue moldeada por el retiro religioso y por los retratos virreinales. El Museo Colonial atribuye a Joaquín Gutiérrez —sin dar la autoría por definitiva— el óleo que representa a Solís con bastón de mando, tricornio, guantes, escudos de la Orden de Montesa y armas familiares. La lectura curatorial vincula esos elementos con su autoridad, prestigio y pertenencia a la nobleza española. Es una interpretación fundada de la iconografía, no una prueba de que el pintor buscara producir obediencia de una manera exacta ni de cómo reaccionó cada espectador colonial.

Los orígenes de un virrey borbónico

Antes del virreinato, Solís había desarrollado una carrera militar: comandó el regimiento de caballería Lanceros de Farnesio entre 1736 y 1747 y en 1752 fue nombrado mariscal de campo de los Reales Ejércitos. Llegó a gobernar con treinta y siete años y sin experiencia anterior comparable en la administración americana. El contrapeso institucional más visible llegó al final: su juicio de residencia produjo una sentencia de primera instancia con veintidós cargos el 25 de agosto de 1762. Solís apeló y el Consejo de Indias lo exoneró de todos ellos el 29 de agosto de 1764. El resultado final impide tratar el proceso como prueba de corrupción, pero su extensión y severidad tampoco permiten presentarlo como un control puramente nominal.

La ausencia de una gran guerra exterior como la que enfrentó Eslava y la distancia temporal respecto de la rebelión comunera no equivalen a “paz administrativa”. Desde el cuarto año, Solís mantuvo enfrentamientos con ministros de la Real Audiencia, aunque conservó una relación más favorable con el cabildo de Santafé. La investigación de Restrepo documenta además una sublevación en Riohacha, denuncias indígenas por malos tratos en el Sinú y una conspiración atribuida a “indios bravos” de Chita. Su mandato combinó estabilidad relativa en algunos frentes con conflictos de jurisdicción, resistencias locales y dificultades de control territorial.

La trayectoria del gobierno

Fronteras y jurisdicciones. La delimitación con Portugal provenía del Tratado de Madrid de 1750 y se ejecutó mediante la Expedición de Límites del Orinoco de 1754–1761, dirigida por José de Iturriaga. Solís no encabezó personalmente la demarcación. Su intervención mejor documentada fue de apoyo: cuando el comisario José Solano viajó a Santafé en 1757, obtuvo del virrey recursos para los puestos que organizaba. La expedición fue una empresa interterritorial de la monarquía, con mandos, científicos y oficiales propios; reducirla a una iniciativa individual de Solís sobredimensiona su papel.

Cajas reales y aduana. La política fiscal fue importante, pero las instituciones no surgieron todas desde cero. Solís dio autonomía a la caja de Cartago respecto de Uvernia y a la de Ocaña respecto de Santa Marta; por decreto del 13 de julio de 1755 separó la de Barbacoas de Popayán. En 1756 encargó a Juan Martín de Sarratea visitar las cajas de Guayaquil: la pesquisa detectó fraudes y el visitador inició la construcción de un edificio de aduana. En Antioquia, las providencias del gobierno y la actuación del teniente de Medellín elevaron el ingreso del aguardiente; la fuente no sustenta que Solís creara entonces una nueva “tenencia real”. Hubo mejoras de recaudación, pero también abusos locales y medidas impopulares, como el arancel de Ocaña.

Caminos y correos. La investigación especializada confirma el interés del gobierno en caminos y puentes, pero muestra proyectos distintos y con fuerte iniciativa local, no una red diseñada enteramente desde Santafé. Entre los casos mejor documentados están el camino de Girón, patrocinado por su gobernador, y el de Carare-Vélez, defendido por su utilidad para llevar harinas hacia el Magdalena. También se reorganizó la comunicación postal entre Santafé y Cartagena. Los resultados no fueron uniformes: el cambio del camino de Opón redujo tráfico e ingresos en la caja de Honda. Conviene, por ello, hablar de intervenciones específicas y negociadas, no de una política lineal hacia Chocó, Antioquia, Llanos y Opón con una función económica idéntica.

Los efectos de esas vías dependieron de cada lugar. Algunas facilitaron el correo, el abasto o el comercio interregional; otras podían favorecer nuevas ocupaciones de tierra y aumentar la presión sobre poblaciones indígenas. El caso costeño estudiado por Orlando Fals Borda permite analizar esa relación entre caminos, poblamiento y expansión de haciendas, pero no autoriza a atribuir el mismo efecto automático a toda obra de comunicación del virreinato.

Comercio, minería y misiones. La minería de oro siguió siendo central para la Hacienda y Solís intentó mejorar su recaudo, aunque en cajas como Nóvita y Citará persistieron descensos, mala gestión y conflictos de interés. En el ámbito religioso respaldó a franciscanos, dominicos y misiones, y prestó especial atención al estado de las doctrinas indígenas. Los colegios franciscanos de misiones de Popayán, las misiones del obispado de Santa Marta y el trabajo jesuita en los Llanos tenían autoridades, recursos y problemas propios. Presentar a las órdenes como simples brazos obedientes del virrey borra esas autonomías y los conflictos entre autoridades civiles, obispos y religiosos que la documentación también registra.

Política indígena: el otro rostro del gobierno

La documentación no permite fundir a motilones, chimilas y guajiros en una sola campaña dirigida de igual manera desde Santafé. Bajo Solís coexistieron misiones, expediciones armadas, negociaciones locales, visitas de tierras y proyectos de poblamiento, con actores y resultados diferentes según la región. Restrepo documenta, entre otros episodios, la sublevación de Riohacha, los memoriales indígenas del Sinú por malos tratos y la conspiración de Chita. “Reducción” era una categoría colonial que podía abarcar evangelización, concentración en pueblos y sujeción política; usarla no significa que todas esas poblaciones fueran efectivamente sometidas ni que cada operación tuviera el mismo propósito.

La campaña sobre el territorio chimila es anterior al mandato de Solís: la impulsaron Sebastián de Eslava en 1743 y José Alfonso Pizarro en 1752, encomendándola al maestre de campo José Fernando de Mier y Guerra, nombrado en octubre de 1743 con mando en toda la provincia de Santa Marta y confirmado por Pizarro el 13 de octubre de 1752. Entre 1744 y 1751, Mier y Guerra fundó una serie de pueblos que redibujaron el mapa de la banda oriental del río: Nuestra Señora de la Candelaria del Banco el 2 de febrero de 1744 —donde congregó a 134 vecinos que sumaban 623 almas—, San Sebastián de Buenavista el 20 de enero de 1745, San Vicente Ferrer de Cascajal el 5 de abril de 1749, Chimichagua el 15 de agosto de 1749, San Sebastián de Menchiquejo el 20 de enero de 1750, San Zenón el 12 de abril de 1750, San Fernando de Oriente el 30 de mayo de 1750 y Santa Ana el 26 de julio de 1750, entre otras. Estos pueblos no se fundaban en el vacío: reunían vecinos libres dispersos, familias que habitaban montes y ciénagas, y trazaban una línea de avance sobre el hábitat chimila.

Cuando Solís llegó al gobierno en 1753, la campaña de Mier y Guerra ya estaba en marcha. El vínculo más preciso con su administración es una orden sobre la “legua de los indios” de Ciénaga: cinco caballerías y cuarenta y cuatro fanegas —2.326 hectáreas según el cálculo de Fals Borda—, ejecutada por el agrimensor Antonio Galindo el 9 de diciembre de 1756. Fals Borda inserta el episodio en una expansión señorial que combinó caminos, poblamiento y apropiación de tierras. Esa es una interpretación regional explícita, no una conclusión automática del vocabulario jurídico: fijar linderos podía reconocer una propiedad indígena y, al mismo tiempo, facilitar la identificación y adjudicación de terrenos exteriores. La aplicación dependía de agrimensores, autoridades locales, vecinos y comunidades, no sólo de una orden virreinal.

Los frentes motilón y guajiro tampoco fueron equivalentes al chimila. En el Catatumbo y el Perijá continuaron incursiones y proyectos de misión que no eliminaron la autonomía indígena; en La Guajira, el comercio caribeño, las armas y una organización política descentralizada limitaron el control español. El gran levantamiento guajiro de 1769 ocurrió ocho años después de que Solís dejara el gobierno. Las fuentes permiten hablar de combinación variable de religiosos, fuerzas armadas y funcionarios de tierras, pero no prueban que fraile, soldado y agrimensor formaran siempre un único dispositivo coordinado ni que Solís dirigiera personalmente cada frente.

Hacienda, tabaco y los límites cronológicos

El estanco del tabaco no fue una obra del gobierno de Solís. La reconstrucción archivística más reciente sitúa su establecimiento efectivo en las reales cédulas de 1764 y 1766, ya bajo Pedro Messía de la Cerda, y muestra que inicialmente coexistieron arrendamientos privados y administraciones de la Real Hacienda. Manuel de Guirior inició en Honda la gestión directa en marzo de 1774; Antonio Flórez y el regente visitador Francisco Gutiérrez de Piñeres ampliaron y reorganizaron el sistema entre 1776 y 1780. José Mesa y Armero aparece como asentista en los primeros años de la década de 1770, no como primer rematador conocido, y la cifra de 50.000 pesos anuales que repetía el artículo no coincide con las cuentas conservadas.

Las cifras más altas de los estancos pertenecen a décadas posteriores. Hacia la última década del dominio colonial, tabaco y aguardiente aportaban en conjunto unos 770.000 pesos de ingresos sobre 2,4 millones, cerca del 32 %. Las estimaciones de carga fiscal sobre el producto pasan de 2,9 % en el primer quinquenio de la serie, iniciado en 1761, a un máximo posterior de 10,4 %. Esos datos describen la expansión fiscal de la segunda mitad del siglo, no el rendimiento personal de Solís. Las restricciones sobre cultivos y comercio estuvieron entre los agravios de 1781, pero el movimiento comunero tuvo causas fiscales y sociales múltiples y no debe derivarse de una sola renta.

La gestión de Solís en la Real Hacienda debe evaluarse por sus propias medidas. La autonomía de varias cajas, la recuperación de deudas y el aumento de algunos ramos convivieron con mayores gastos, descensos en distritos mineros, fraudes de oficiales y fuerte malestar por el arancel de Ocaña. Es válido situarla como una fase anterior a las reformas de la década de 1770; no hay base suficiente para afirmar que construyó de manera directa el “cimiento” del estanco del tabaco ni que sus sucesores ejecutaron un plan fiscal suyo.

La relación de mando de 1760 y el archivo del gobierno

La fuente principal dejada por el propio Solís es la Relación del estado del virreinato de Santa Fe, firmada en Santafé el 25 de noviembre de 1760 y dirigida a Pedro Messía de la Cerda. Resume asuntos de religión, Hacienda, gobierno y guerra, registra medidas pendientes y remite al sucesor a los expedientes de la Secretaría de Cámara y la Escribanía de Gobierno. Su valor es indudable, pero no constituye un inventario neutral ni suficiente de todo el mandato. Como advirtió Germán Colmenares al editar las relaciones de gobernantes, estos informes dejan ver mucho menos los conflictos que la correspondencia ordinaria. Por eso la relación debe cruzarse con el juicio de residencia, las visitas, las cuentas y las cartas de las autoridades locales.

La red: personas, lugares, instituciones

El gobierno de Solís dependió de una red de agentes. José Fernando de Mier y Guerra había organizado antes de 1753 buena parte del poblamiento en la franja chimila; Antonio Galindo ejecutó la mensura de Ciénaga en 1756. Juan Martín de Sarratea, contador mayor y visitador de las cajas de Guayaquil, investigó fraudes, ordenó medidas fiscales y fue después apoderado y albacea del exvirrey. Pedro Messía de la Cerda recibió la relación de mando y asumió el gobierno el 25 de febrero de 1761. El retrato conservado, atribuido a Joaquín Gutiérrez, fijó una imagen de autoridad y linaje, pero su autoría no debe presentarse como certeza documental.

Los lugares muestran escalas distintas de gobierno: Cartagena fue la entrada al virreinato y Santafé su sede; Ocaña, Cartago y Barbacoas recibieron cajas con mayor autonomía; Guayaquil fue objeto de una visita fiscal y de un proyecto de aduana ejecutado por Sarratea. Girón y Carare-Vélez concentran algunos de los proyectos de caminos mejor documentados, mientras la ruta de Opón produjo efectos comerciales adversos para Honda. Ciénaga permite observar la mensura de tierras indígenas; Riohacha, Sinú y Chita, conflictos que impiden reducir las periferias a un solo frente de “pacificación”.

El entramado institucional incluía al virrey, la Audiencia, los cabildos, gobernadores, cajas reales, Tribunal de Cuentas, órdenes religiosas y autoridades indígenas y locales. Solís no actuó sobre una maquinaria sin fricciones: chocó con la Audiencia, cooperó mejor con el cabildo de Santafé y dependió de funcionarios que podían ejecutar, demorar o distorsionar sus órdenes. Su gobierno fortaleció ciertos mecanismos de recaudo y comunicación sin eliminar la autonomía de las provincias ni los conflictos entre jurisdicciones.

El retiro franciscano y la muerte

Pedro Messía de la Cerda entró como virrey el 25 de febrero de 1761. El 28 de febrero Solís tomó en secreto el hábito de lego franciscano con el nombre de fray José de Jesús María; profesó el 19 de marzo de 1762. No entregó simplemente todos sus bienes a los pobres: dio 30.000 ducados al hospital de San Juan de Dios y dejó mandas para familiares, instituciones de beneficencia, criados y personas esclavizadas, además de objetos particulares a sus allegados. Fue ordenado sacerdote en 1769 y celebró su primera misa el 19 de marzo. Nombrado guardián del convento de San Francisco el 21 de enero de 1770, murió allí el 27 de abril, a los cincuenta y cuatro años.

Las fuentes permiten documentar su devoción franciscana anterior, sus donaciones y una vida conventual prolongada, pero no resolver con certeza todos los motivos de la decisión. Permanecer en Santafé inquietó a su sucesor porque quebraba la expectativa de que el virrey saliente abandonara el territorio, y el juicio de residencia siguió su curso mientras Solís era fraile. El retiro fue una ruptura real en rango, vestido y régimen de vida; al mismo tiempo, conservó relaciones con antiguos colaboradores y participó en su propia defensa. Presentarlo sólo como conversión ejemplar o sólo como otra puerta del mismo poder colonial convierte una biografía compleja en una explicación única.

La memoria material también siguió trayectorias cambiantes. El cráneo atribuido al virrey figuró entre los “monumentos históricos y objetos notables” del Museo Nacional en las clasificaciones de fines del siglo XIX y comienzos del XX; la tradición posterior lo sitúa en la sacristía del templo de San Francisco. Este recorrido muestra la transformación de sus restos en reliquia histórica y religiosa, pero no demuestra por sí solo que la República recordara a Solís únicamente como autoridad piadosa.

La huella

El balance verificable incluye la autonomía de las cajas de Cartago, Ocaña y Barbacoas; la visita de Sarratea a Guayaquil; el apoyo a la Expedición de Límites; caminos, puentes y correos específicos; la colaboración con misiones y la relación de mando de 1760. También incluye medidas controvertidas y resultados desiguales. Solís fue el tercer virrey de la etapa restablecida y ayudó a consolidar la institución, pero no creó por sí solo una red fiscal y territorial enteramente nueva ni preparó de forma lineal todas las reformas de la década de 1770.

Sus límites fueron igualmente concretos: no logró someter la autonomía de varios gobernadores, se enfrentó a la Audiencia, recibió noticias de levantamientos y malos tratos contra comunidades indígenas, y no corrigió todos los fraudes o abusos de los oficiales fiscales. Las comunicaciones siguieron siendo costosas y algunos cambios de ruta perjudicaron circuitos existentes. Estas dificultades no anulan las reformas que sí funcionaron; impiden, más bien, medir todo el mandato con una sola etiqueta de eficacia o fracaso.

La historiografía ofrece escalas complementarias. El estudio archivístico de Restrepo Olano reconstruye las relaciones de poder, la Hacienda, las comunicaciones y la Iglesia; Domínguez Ortega permite observar resultados fiscales y el juicio de residencia; Fals Borda interpreta para la Costa la relación entre poblamiento, mensuras y expansión señorial. Leídas juntas, esas obras permiten conservar los logros administrativos y hacer visibles sus costos coloniales sin convertir todas las decisiones en un dispositivo único. El retiro franciscano pertenece a esa historia, pero no prueba por sí mismo continuidad moral con cada política del virrey ni arrepentimiento por ellas.

Queda así una figura menos uniforme: un aristócrata y militar madrileño que gobernó la Nueva Granada entre 1753 y 1761 con instrucciones heredadas; un virrey que obtuvo mejoras en varias cajas y promovió comunicaciones y misiones, pero chocó con la Audiencia y dependió de agentes locales; un funcionario sometido a un extenso juicio de residencia, condenado en primera instancia y exonerado por el Consejo de Indias; y un religioso que pasó del hábito de lego en 1761 al sacerdocio y a la dirección del convento poco antes de morir en 1770. Su relación de mando es indispensable, siempre que se lea junto con las cuentas, las visitas y la correspondencia que revelan lo que el informe oficial dejó fuera.