José Solís Folch de Cardona

La figura y su lugar

Solís llegó a Cartagena de Indias el 23 de agosto de 1753 y entregó el mando el 28 de febrero de 1761. Gobernó un virreinato joven: la institución había sido creada en 1717, suprimida en 1724 y restablecida apenas en 1739 mediante la Real Cédula de San Ildefonso del 20 de agosto, que anexó además la Audiencia de Quito a la jurisdicción de Santafé de Bogotá. Antes de los Borbones, la Nueva Granada no había tenido virreyes, a diferencia de México y Perú; Solís pertenece, por tanto, a la primera generación de virreyes que consolidaron el andamiaje administrativo del Nuevo Reino. Su antecesor inmediato, José Alfonso Pizarro, y antes de él Sebastián de Eslava —virrey entre 1739 y 1749, defensor de Cartagena frente al ataque inglés de 1741— habían fijado las líneas maestras que Solís heredó y prolongó.

Su gobierno se inscribe en el proyecto borbónico de fortalecimiento del Estado y ampliación de sus funciones sobre los dominios de ultramar. Ese programa —motivado en buena parte por la guerra y el temor a la guerra contra Inglaterra— implicó mayor control sobre los recursos naturales, racionalización de la administración con funcionarios especializados, censos de población y modernización productiva. En el Nuevo Reino, ese impulso encontró un territorio marcado por el crecimiento demográfico del siglo XVII, el mestizaje como fenómeno mayoritario, la apertura de espacios de colonización interior y una élite criolla con aspiraciones políticas. Sobre ese escenario Solís actuó como ejecutor: no como arquitecto de una doctrina reformista, sino como el funcionario que dio forma administrativa a lo que ya estaba en marcha.

La imagen que quedó de él —el virrey devoto, culto, benefactor de misiones— es en buena medida una construcción posterior, alimentada por su retiro franciscano y luego por la costumbre republicana de canonizar a los administradores coloniales que dejaban obra. El retrato que le pintó Joaquín Gutiérrez en el siglo XVIII, dentro de una serie donde el mismo pintor fijó los rostros de los virreyes del Nuevo Reino, cumple exactamente esa función: fijar la jerarquía virreinal en un lenguaje visual reconocible, con sus insignias, sus telas, su compostura, para que la autoridad quedara instalada en la mirada del súbdito. Esa iconografía no es un accesorio: es parte del dispositivo por el cual el poder colonial se hacía ver y se hacía obedecer.

Los orígenes de un virrey borbónico

Su lugar institucional se puede afirmar con precisión: fue nombrado virrey del Nuevo Reino de Granada dentro del sistema de designaciones borbónicas que buscaba colocar hombres de confianza de la Corona en los puestos clave de ultramar. Ese sistema tenía como contrapeso el juicio de residencia y las visitas —el segundo instrumento de control e información con que la Corona supervisaba a sus funcionarios—, aunque uno y otro dispositivo funcionaban con notorias fallas: muchos juicios no concluían con sentencia, podían prolongarse indefinidamente y era posible eludir sus consecuencias mediante influencias. Alejandro de Humboldt observaría más tarde, ya a fines del siglo, que un virrey rico, astuto y con apoyos podía sortear los mecanismos de control institucional.

Solís entró en ese engranaje con la ventaja de una época relativamente estable en el interior del Virreinato. No enfrentó, como Eslava, un ataque de escuadra inglesa; no le tocó, como a los virreyes posteriores, la insurrección comunera. Su gestión transcurrió en un tiempo de paz administrativa que le permitió dedicar recursos a obras internas: caminos, cajas reales, misiones, límites, ordenamiento comercial.

La trayectoria del gobierno

Fronteras y jurisdicciones. Uno de los primeros asuntos que lo ocuparon fue la demarcación de límites con Portugal, tarea heredada del Tratado de Madrid y de las tensiones fronterizas en la Amazonía y el Orinoco. Esa gestión, técnica y diplomática, formaba parte de la agenda imperial de fijación de soberanías territoriales que los Borbones consideraban prioritaria, en un contexto donde las fronteras internas de América habían sido durante siglos zonas de indefinición.

Cajas reales y aduanas. Solís impulsó el establecimiento de cajas reales en Ocaña, Cartago y Barbacoas, y creó la aduana de Guayaquil —jurisdicción que dependía entonces del Virreinato de Santafé—. Estas medidas eran capilares del programa borbónico: multiplicar los puntos de recaudación, acercar el fisco a las regiones productoras, reducir el margen del contrabando y de la evasión. La caja de Cartago vigilaba la circulación del oro del Chocó; la de Barbacoas hacía lo propio con la minería del suroccidente; la de Ocaña se anclaba en el corredor entre el Magdalena y el nororiente. La aduana de Guayaquil ordenaba el tráfico del Pacífico. También nombró teniente real en Medellín, señal del creciente peso administrativo y minero de la villa antioqueña, todavía lejos de la centralidad económica que alcanzaría un siglo después.

Caminos. El gobierno de Solís se identifica de manera especial con la política de caminos: hacia el Chocó, hacia Antioquia, hacia los Llanos, hacia el Opón. Cada una de estas rutas obedecía a una lógica precisa. El del Chocó atendía a la circulación del oro y a la conexión de las cuadrillas mineras con los centros de fundición y tributación. El de Antioquia respondía a la misma lógica minera. Los Llanos —vastísimos y débilmente incorporados— demandaban vías de salida para el ganado y los productos misionales, en un territorio donde el brazo administrativo del virrey pesaba menos que el de las órdenes religiosas. El del Opón conectaba el interior santafereño con el río Magdalena, arteria vertebral de la colonia. A ese conjunto se suma el impulso al camino de Carare, pensado específicamente para sacar harinas del altiplano hacia el Magdalena: obra que revela con claridad la orientación productiva del proyecto, no la simple facilitación del tránsito, sino la construcción de una infraestructura orientada a la exportación interna de excedentes agrícolas hacia los circuitos fluviales.

Estos caminos, sin embargo, no eran obras neutrales de ingeniería. Cada trazado abría una franja de colonización, autorizaba fundaciones de pueblos, permitía la entrada de vecinos libres a territorios donde antes solo circulaban misioneros y comerciantes, y desplazaba —o presionaba— a las poblaciones indígenas de sus áreas de asentamiento y refugio.

Comercio, minería y misiones. Solís dictó medidas comerciales de detalle y atendió el fomento de la minería, en un virreinato cuya economía descansaba todavía en la extracción aurífera y en el tráfico atlántico por Cartagena. Al mismo tiempo, fomentó las misiones jesuitas y franciscanas, dos brazos religiosos con presencia notable en las periferias del Virreinato. Las órdenes religiosas —junto con los obispados— constituían el eje de la Iglesia neogranadina, con un grado de poder e influencia social, política y cultural que hace imposible entender la sociedad colonial sin considerarlas. En 1761, la localidad de Salazar contaba con un curato doctrinero administrado por la religión de San Francisco: signo de una red parroquial franciscana activa en los territorios de frontera. Los jesuitas, por su parte, sostenían el eje misional de los Llanos hasta su expulsión en 1767, ya bajo un virrey posterior.

Política indígena: el otro rostro del gobierno

Aquí está la zona más incómoda —y más reveladora— del virreinato de Solís. Sobre motilones (en la Serranía del Perijá y las montañas nororientales), chimilas (en la banda oriental del bajo Magdalena y las estribaciones de la Sierra Nevada) y guajiros (en la península de La Guajira), la administración virreinal aplicó una combinación de misiones y escoltas militares que no cabe llamar pacificación —término que la historiografía crítica ha aprendido a desconfiar— sino campaña de reducción, entendida a la vez como sometimiento territorial, concentración forzada en pueblos y liberación de tierras para el avance de colonos y hacendados.

La campaña sobre el territorio chimila es anterior al mandato de Solís: la impulsaron Sebastián de Eslava en 1743 y José Alfonso Pizarro en 1752, encomendándola al maestre de campo José Fernando de Mier y Guerra, nombrado en octubre de 1743 con mando en toda la provincia de Santa Marta y confirmado por Pizarro el 13 de octubre de 1752. Entre 1744 y 1751, Mier y Guerra fundó una serie de pueblos que redibujaron el mapa de la banda oriental del río: Nuestra Señora de la Candelaria del Banco el 2 de febrero de 1744 —donde congregó a 134 vecinos que sumaban 623 almas—, San Sebastián de Buenavista el 20 de enero de 1745, San Vicente Ferrer de Cascajal el 5 de abril de 1749, Chimichagua el 15 de agosto de 1749, San Sebastián de Menchiquejo el 20 de enero de 1750, San Zenón el 12 de abril de 1750, San Fernando de Oriente el 30 de mayo de 1750 y Santa Ana el 26 de julio de 1750, entre otras. Estos pueblos no se fundaban en el vacío: reunían vecinos libres dispersos, familias que habitaban montes y ciénagas, y trazaban una línea de avance sobre el hábitat chimila.

Cuando Solís llegó al gobierno en 1753, la campaña ya tenía su lógica montada. Su administración la consolidó y le dio continuidad. El caso más nítido es el reparto de la legua de los indios —cinco caballerías y cuarenta y cuatro fanegas, equivalentes a 2.326 hectáreas—, orden ejecutada el 9 de diciembre de 1756 por el agrimensor barranquillero Antonio Galindo sobre el resguardo chimila de Ciénaga. La medida, formalmente proteccionista en el lenguaje jurídico de los resguardos, tenía en la práctica el efecto inverso: fijar los límites de la tierra indígena servía también, y sobre todo, para delimitar cuánto quedaba disponible para mercedes, para hacendados criollos y para nuevas fundaciones. Orlando Fals Borda ha leído este proceso como parte de una expansión señorial que combinó licencia de caminos, colonización de vecinos libres y reducción de resguardos, y ha mostrado cómo la presión criolla sobre las tierras indígenas encontraba en las instituciones virreinales, más que un freno, un mecanismo de reglamentación de su propio avance. Los agrimensores, los encomenderos, los fundadores de pueblos actuaban desde abajo modelando la aplicación de las órdenes que venían de Santafé: la política indígena era, en la práctica, un campo de negociación entre la Corona y los intereses locales, y Solís gobernó reconociendo esa negociación más que dirigiéndola.

En los frentes motilón y guajiro, los patrones fueron análogos aunque con resultados distintos. Los motilones opusieron una resistencia armada tenaz que hizo de la Serranía del Perijá una frontera abierta durante todo el siglo. Los guajiros —bien armados, con acceso al contrabando por el Caribe y una organización política descentralizada— jamás fueron reducidos: sostuvieron rebeliones intermitentes que culminarían en el gran levantamiento de 1769, ya con Solís en el convento. La combinación de misión y escolta militar revela con claridad su estructura: el fraile abría el terreno con la persuasión y el bautismo; el soldado lo sostenía cuando la persuasión no bastaba; el agrimensor lo cerraba fijando los linderos. Los tres oficios formaban un solo dispositivo.

Hacienda, tabaco y los límites cronológicos

Al gobierno de Solís se atribuye a veces la política de administración directa del tabaco. La cronología es más precisa: la administración directa por las autoridades virreinales, que reemplazó el sistema de arrendamiento privado por remate —cuyo primer rematador había sido el comerciante de Honda José Mesa Armero, con un canon de 50.000 pesos anuales—, se estableció en 1774, más de una década después de que Solís dejara el mando. Fue el visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres quien reorganizó minuciosamente el sistema mediante ordenanzas, fijó cuatro zonas de cultivo —Ambalema, Girón, Pore-Nunchía y Palmira—, seis administraciones y factorías de distribución, normas técnicas estrictas para la elaboración y el empaque de la hoja, y un sistema de resguardos policiales para controlar la comercialización.

Esa reorganización, junto con el estanco del aguardiente —cuya renta creció de manera continua entre 1760 y la década de 1790—, transformó la estructura fiscal del virreinato. Hacia la última década colonial, los dos estancos representaban en conjunto alrededor del 32 % de los ingresos de la Corona en la Nueva Granada, con un promedio de 770.000 pesos sobre 2,4 millones totales. La carga tributaria como porcentaje del producto pasó de aproximadamente 2,9 % en el primer quinquenio registrado a un pico cercano al 10,4 % durante las reformas. La administración directa excluyó a numerosos pueblos y regiones de la producción, redujo los precios de compra a los campesinos, elevó los precios de venta y reprimió las siembras consideradas ilegales; ese descontento alimentaría el movimiento comunero de 1781, que casi tomó Santafé de Bogotá.

Solís no vio ese desenlace ni impulsó las medidas de 1774. Su papel, en el terreno fiscal, fue el de reforzar las bases: cajas reales, aduanas, ordenamiento comercial. Sobre ese cimiento operarían los visitadores posteriores. Insistir en esta cronología no diluye su importancia; la sitúa. Solís gobernó en una etapa preparatoria, no en la del choque.

La relación de mando de 1760 y el archivo del gobierno

De su gestión quedó un documento decisivo: la Relación de Mando de 1760, redactada al filo del cambio de gobierno y destinada a orientar al sucesor. Las relaciones de mando del siglo XVIII —la de Eslava, escrita en 1751 por el oidor Berástegui; la de Solís de 1760; y luego las de Messía de la Zerda en 1772, Guirior en 1776, Caballero y Góngora en 1789, Ezpeleta en 1796, Mendinueta en 1803 y Montalvo en 1818— se cuentan entre los documentos más valiosos que dejó el gobierno colonial para el estudio de la situación social, económica y política del Virreinato en su última centuria. La de Solís es un balance administrativo detallado del estado de la hacienda, de los caminos, de las misiones, de los territorios indígenas y de las jurisdicciones, y constituye la fuente principal para reconstruir qué se hizo entre 1753 y 1761 y qué quedaba pendiente. Ese documento debía cruzarse, en el sistema colonial, con el juicio de residencia y con las eventuales visitas; en última instancia, el Consejo de Indias era el organismo supremo guardián y supervisor de la memoria colonial, con facultad para determinar quiénes podían leer la documentación estatal y bajo qué condiciones.

La red: personas, lugares, instituciones

El gobierno de Solís se articuló con figuras concretas. José Fernando de Mier y Guerra encarnó, desde Santa Marta, la política de fundaciones y avance sobre el territorio chimila que Solís continuó. Antonio Galindo, agrimensor barranquillero, ejecutó el reparto de la legua de indios en Ciénaga en 1756: representa esa capa intermedia de funcionarios técnicos —agrimensores, escribanos, jueces poblados— sin la cual la política virreinal no se convertía en realidad territorial. Joaquín Gutiérrez, pintor activo en Santafé, fijó su rostro en el retrato que hoy permite reconocerlo, dentro de una serie visual que ordenaba la memoria de los virreyes y reproducía, en la imagen, la jerarquía del gobierno.

Los lugares dibujan otro mapa: Cartagena como puerta de entrada; Santafé de Bogotá como capital; Guayaquil como avanzada del Pacífico bajo su aduana; Ocaña, Cartago y Barbacoas como puntos fiscales; Medellín como bisagra minera; el Chocó, Antioquia, los Llanos, el Opón y el Carare como redes de caminos; Ciénaga y la banda oriental del Magdalena como escenario de la política indígena; el territorio motilón, el chimila y La Guajira como frentes de reducción incompletos. Ese mapa administrativo es el legado más concreto de su virreinato.

Y las instituciones: el Virreinato mismo, todavía joven; las cajas reales; las aduanas; las órdenes jesuita y franciscana; la Audiencia de Santafé; el sistema de resguardos indígenas; el estanco del tabaco en su forma previa a 1774. Solís operó dentro de ese entramado sin fracturarlo.

El retiro franciscano y la muerte

El 28 de febrero de 1761 Solís entregó el mando. Dejó sus bienes a los pobres y tomó el hábito franciscano. Vivió como fraile en el convento de San Francisco de Santafé hasta su muerte en 1770. Nueve años de vida religiosa cerraron una biografía que la memoria devocional se apresuró a leer como conversión ejemplar: el virrey que renuncia al mundo y abraza la pobreza.

Conviene situar el gesto en su contexto institucional. El paso de un alto funcionario a una orden religiosa era una salida disponible y honorable en la sociedad colonial; no rompía con el orden establecido sino que lo confirmaba, mostrando la porosidad entre las dos grandes jerarquías —la virreinal y la eclesiástica— como espacios comunicantes de reproducción del poder. La orden franciscana mantenía en la Nueva Granada una red parroquial activa, y sus frailes cumplían funciones que iban de la doctrina a la mediación política: en 1745, el padre Barrutieta había logrado la rendición de un grupo de esclavos fugitivos mediante buenos oficios religiosos. Entrar a esa orden después de haber gobernado no era retirarse del poder colonial: era permanecer en él por otra puerta.

La memoria posterior amplificó el retiro hasta convertirlo casi en el rasgo distintivo de Solís. El cráneo del virrey llegó a formar parte, hacia fines del siglo XIX, de la colección de monumentos históricos y objetos notables del Museo Nacional de Colombia, catalogado entre piezas de conquistadores y próceres. Esa musealización del cráneo condensa con precisión el modo en que la República heredó su figura: como reliquia de una autoridad piadosa, no como funcionario de un sistema colonial complejo.

La huella

Al inventario administrativo —cajas reales, aduana, caminos, teniente real, límites, misiones, resguardos— hay que añadir lo que su gobierno consolidó en términos estructurales: el afianzamiento de la primera generación estable del Virreinato restablecido, la continuación de la política de fundaciones en la banda oriental del Magdalena, la preparación fiscal del terreno sobre el que operarían las reformas de la década de 1770 y la extensión de una red de caminos que reorganizó la circulación interior del Nuevo Reino.

También quedó lo que su gobierno no resolvió y que en muchos casos ni siquiera se propuso resolver: la resistencia motilona y guajira, la conflictividad latente de los pueblos indígenas reducidos, la dependencia extrema del oro, la debilidad urbana del interior, la fragilidad administrativa de vastas regiones apenas cartografiadas. Entre 1750 y 1800 —el arco largo dentro del cual se inscribe su virreinato— se fundó el 20 % de los municipios colombianos, gran parte de ellos en climas medios y poblados por mestizos, en un movimiento que las autoridades impulsaron por temor a que esa población viviera arrochelada, sin Dios ni ley, fuera de todo control. Solís gobernó en pleno interior de ese impulso, no lo inauguró ni lo cerró; lo aceleró donde pudo.

La historiografía crítica —con Fals Borda a la cabeza en lo referido a la Costa— ha desmontado la lectura hagiográfica y ha puesto en el centro lo que la piedad devocional ocultaba: que las obras de infraestructura y ordenamiento fiscal fueron inseparables de un dispositivo colonial que combinó misiones, escoltas militares y expansión señorial sobre territorios indígenas. Ese es el hilo que atraviesa el virreinato de Solís de punta a punta. Su retiro franciscano no lo cancela: lo enmarca. Un virrey que había ordenado repartir la legua de los chimilas en 1756 y había firmado licencias que abrieron caminos a colonos por tierras indígenas terminó vistiendo el hábito de una orden cuyos frailes acompañaban las mismas fronteras que su administración empujaba. La coherencia entre gobierno y retiro es mayor que la aparente ruptura entre uno y otro.

Queda, pues, una figura precisa: un virrey borbónico, ejecutor eficaz de un programa que no diseñó, autor de una relación de mando indispensable para entender el Nuevo Reino a mediados del siglo XVIII, protagonista de decisiones concretas —el reparto de 1756, la aduana de Guayaquil, las cajas de Ocaña, Cartago y Barbacoas, los caminos del Chocó, los Llanos, el Opón y Carare— cuyo retiro religioso, más que negar el gobierno, lo selló como imagen legítima de una autoridad que se pensaba a sí misma en clave católica. La República heredó de él la iconografía del virrey piadoso; la historia crítica ha recuperado, debajo, al administrador colonial en toda su ambivalencia.