José Manuel Marroquín

El hidalgo de la Sabana

Marroquín pertenecía a una ilustre familia terrateniente de la Sabana de Bogotá, esa aristocracia de origen colonial que confundía sin dificultad la posesión de tierras con el ejercicio de las letras y la piedad religiosa. Cursó literatura y filosofía en el seminario de Bogotá, formación que lo acercó a la Iglesia y al latín tanto como al canon literario español, y que marcaría un temperamento estable durante ocho décadas: profundamente católico, de modales antiguos, más cómodo en la conversación erudita y en la administración de una hacienda que en las asambleas partidistas. Sus contemporáneos —y él mismo, con ese humor suyo que casi nunca falla— cultivaron la imagen del "prototipo del antiguo hidalgo castellano" trasplantado al altiplano y a la vida de gentleman farmer. Nunca salió del interior de Colombia. La República, para él, se agotaba en la geografía que iba de Bogotá a sus tierras cundinamarquesas.

Ese perfil no era excéntrico en la élite letrada del siglo XIX bogotano: era, en muchos sentidos, la norma. Rufino José Cuervo publicaba en 1872 sus Apuntaciones sobre el lenguaje bogotano, obra fundacional de la filología colombiana, el mismo año en que Marroquín concurría a la fundación de la Academia Colombiana de la Lengua y era designado su primer director. La ciudad producía gramáticos, poetas latinistas y filólogos con una intensidad que asombraba a los viajeros y que Miguel Antonio Caro llevaría hasta el poder político. Marroquín se insertó en esa cultura letrada sin estridencia. Su facilidad para el magisterio —notable, según le reconocían todos— explica su paso por la rectoría del Rosario y por el Ministerio de Instrucción Pública, cargos que asumió como quien continúa una vocación pedagógica ejercida desde joven, y no como escalones de una carrera política.

Porque de política, en el sentido activo, se mantuvo relativamente al margen. Ocupó cargos de representación en asambleas y congresos, sí, pero su reputación pública hacia la última década del siglo era otra: la del maestro respetado, el novelista costumbrista, el hacendado piadoso. Cuando en 1898 los nacionalistas conservadores fueron a buscarlo para acompañar a Manuel Antonio Sanclemente en la fórmula presidencial, escogían precisamente a un hombre cuyo prestigio moral estaba fuera de la refriega y cuya inclinación por el poder era —o parecía— nula.

Un costumbrista con humor

La obra novelística de Marroquín se concentra en tres títulos aparecidos en el ocaso del siglo: Blas Gil (1896), El Moro y Entre primos (ambas de 1897). El Moro, la más recordada, es la autobiografía ficticia de un caballo de la Sabana, artefacto costumbrista que le permitió deslizar, desde la mirada supuestamente ecuánime del animal, una crónica humorística de amos, cuadras, caminos y jerarquías rurales del altiplano. De las tres, es la única que conserva algún atractivo literario, y aún así no sobrepasa los límites del costumbrismo de la época: género que ya en tiempos de Marroquín competía con una narrativa más ambiciosa —la de Tomás Carrasquilla, en Antioquia, presentado por la crítica posterior como el primer gran narrador auténtico del período.

Marroquín publicó también artículos de costumbres —"La carrera de mi sobrino" entre ellos— recogidos en las antologías del género, donde figura junto a José María Samper y Felipe Pérez como una de las voces del costumbrismo colombiano del XIX. Su marca personal era el humor: una ironía apacible, más bogotana que satírica, atenta al detalle doméstico y al ridículo de las pretensiones sociales, sin virulencia ni desengaño. Escribía como conversaba: con gracia contenida y una cortesía que no renunciaba al filo.

Hay un texto suyo de 1893 que ilumina esa sensibilidad. Allí Marroquín formuló una concepción de la historia inusual para su medio: no la crónica de batallas y presidentes, sino el conocimiento de la vida cotidiana de todos los grupos sociales, incluidos aquellos a los que la historia tradicional no mencionaba. La crítica posterior le ha señalado que esa intuición pudo derivar en un anecdotario menor, pero también permite entenderlo mejor: su costumbrismo no era mera afición pintoresca, sino una manera —limitada, sí, pero deliberada— de mirar el país desde abajo y desde los márgenes, aunque el mirador fuese la hacienda.

Su hijo Lorenzo, novelista y autor de Pax (1907), se burlaría de esa obra paterna: en su novela llama "tío Manuel" al autor de El Moro y toma distancia de las costumbres sabaneras del padre con un guiño europeísta que anuncia otra época. La broma familiar tiene su gravedad: Lorenzo ya no era santafereño de pura cepa, y su distancia respecto al legado costumbrista del padre es también la distancia de una generación de la élite bogotana que se estaba desprendiendo, sin drama pero sin retorno, del mundo que José Manuel había pintado.

La República de las Letras y el escenario regeneracionista

Para entender el paso de Marroquín al poder hay que situarlo en el régimen de la Regeneración, inaugurado en 1886 con la Constitución redactada en gran medida por Miguel Antonio Caro, principal pensador conservador de la época. Rafael Núñez, cuatro veces elegido presidente —1880, 1884, 1886 y 1892—, había pactado con el conservatismo un retorno al centralismo político, un énfasis explícito en la cultura y la tradición católica e hispánica de Colombia y la superación, según su propio programa, de lo que consideraba una constitución "obra de imaginación" antes que de estadistas. Un año después de promulgada la Carta, Colombia firmó el Concordato con la Santa Sede, sellando una relación de privilegio con la Iglesia que atravesaría todo el período.

Núñez murió en 1894 sin haber ejercido su último mandato. Caro, vicepresidente, había venido gobernando de hecho durante las ausencias del titular —notoriamente desde la enfermedad de Núñez en 1892— y consolidó una visión de país basada en la herencia española, el catolicismo militante y la autoridad centralizada. Su intransigencia excluía a los liberales de los puestos de mando y fue tejiendo, año tras año, las condiciones de la guerra que estallaría en 1899. Dentro del propio conservatismo se fue abriendo una fractura: los nacionalistas, leales al proyecto cariano, frente a los históricos, críticos de la Regeneración desde el Manifiesto de los 21 y Las bases de 1896, partidarios de reformas y de una apertura al liberalismo. Carlos Martínez Silva encabezaba a los históricos; Caro seguía siendo el eje nacionalista.

En ese tablero, los nacionalistas necesitaban para las elecciones de 1898 una fórmula que sostuviera el proyecto regeneracionista frente a históricos y liberales. Escogieron a Manuel Antonio Sanclemente para la presidencia y a Marroquín para la vicepresidencia. Sanclemente pasaba de los ochenta años y padecía mala salud; el arreglo, según lo entendieron todos, permitía a Caro seguir ejerciendo el poder efectivo mediante la figura del designado. Marroquín, septuagenario, retirado de la política activa, cultivador de novelas y latines, fue calculado como pieza decorativa: un patricio letrado cuyo prestigio moral daba lustre a la fórmula sin amenazar con protagonismo. Ganaron.

El golpe del 31 de julio

El cálculo empezó a fallar rápido. Sanclemente, físicamente disminuido, no lograba imponer autoridad; Caro pretendía perpetuarse en el mando; los históricos, marginados del gabinete y convencidos de que la Regeneración se había vuelto incompatible con la paz, planearon una salida por la fuerza. El 31 de julio de 1900, en plena Guerra de los Mil Días —que había estallado meses antes—, un golpe de Estado depuso a Sanclemente y llevó a Marroquín a la presidencia. Los conservadores históricos ejecutaron la operación con un objetivo declarado: negociar la paz con los liberales rebeldes. Carlos Martínez Silva figuraba entre sus cabecillas.

El golpe fue ilegal e inconstitucional, y ninguna gimnasia jurídica posterior podía disfrazarlo: se había derrocado a un presidente en ejercicio para reemplazarlo por su vicepresidente al margen del mecanismo previsto. Marroquín aceptó el cargo. Ese acto, decisivo, marca el primer momento de su presidencia como ejercicio de voluntad política y no como accidente pasivo: podía haberse negado; no lo hizo.

La segunda decisión llegó enseguida y fue la que selló el rumbo del cuatrienio. Los conservadores guerreristas —el sector duro del partido en el gobierno, empeñado en derrotar militarmente a los liberales— presionaron al nuevo presidente para que desautorizara las negociaciones que sus propios ministros históricos habían empezado a adelantar. Marroquín se plegó. Nombró a hombres como Aristides Fernández gobernador de Cundinamarca, desconoció las conversaciones de paz y continuó la guerra. Los históricos que habían dado el golpe para pacificar el país descubrieron, en cuestión de semanas, que su golpe había servido para intensificar la línea contraria.

La reacción no se hizo esperar. En agosto de 1901 se produjo un intento de contragolpe: un sector de los históricos, ya desengañado, se alió con los nacionalistas —deseosos de recuperar el poder— para tumbar a Marroquín. Participaron el general Pedro Nel Ospina y algún pariente suyo. Martínez Silva, el mismo que había fraguado el golpe exitoso del año anterior, fue identificado como cabecilla del intento fallido. La conspiración se deshizo; Marroquín siguió en el poder hasta 1904.

La guerra sin salida

La Guerra de los Mil Días (1899-1902) fue el ambiente en que se desenvolvió toda la presidencia de Marroquín, y también su fracaso mayor. Ya el 26 de mayo de 1900 —antes del golpe— había concluido la batalla de Palonegro, dieciséis días de combate en los que las fuerzas conservadoras derrotaron al ejército liberal, con el general Próspero Pinzón entre los principales jefes militares del gobierno. Militarmente, la guerra estaba prácticamente decidida a favor del oficialismo desde ese momento; políticamente, sin embargo, arrastró dos años más de destrucción porque el gobierno de Marroquín no ofreció términos negociables que permitieran a los liberales deponer las armas con dignidad.

Ese fue el corazón del reproche a Marroquín, y con razón: su desautorización de las conversaciones de paz prolongó una guerra que no podía ganar más de lo que ya había ganado. La devastación económica del país se hizo profunda; los ejércitos irregulares, los reclutamientos forzosos y las represalias entre facciones dejaron una huella de la que Colombia tardaría décadas en recuperarse.

La misión diplomática ante Washington para negociar el canal interoceánico —el otro asunto capital del período— se manejó con una discontinuidad reveladora. Marroquín nombró a Carlos Martínez Silva al frente de la delegación, pero lo relevó al enterarse de que había entablado contactos no autorizados con el general Rafael Uribe Uribe en Nueva York. Lo reemplazó José Vicente Concha, quien llegó al cargo sin conocer los antecedentes de la negociación y sin hablar inglés; presentó su renuncia. El asunto quedó en manos del secretario Tomás Herrán, hombre apocado, sin autoridad suficiente y sin instrucciones claras de Bogotá, a las que —según él mismo reclamó— no se le respondía.

Entre esas manos se firmó el tratado. El 21 de noviembre de 1902, a bordo del buque de guerra estadounidense Wisconsin anclado frente a la costa panameña, se selló el acuerdo que puso fin a la Guerra de los Mil Días: los generales Víctor Manuel Salazar y Alfredo Vásquez Cobo suscribieron por el gobierno, y Lucas Caballero y Eusebio A. Morales por la revolución liberal. Que la paz se firmara sobre un barco norteamericano no era detalle protocolar: los buques de Estados Unidos, presentes para defender el ferrocarril del istmo, habían estado ejerciendo una presión militar cuyo peso sobre el general Benjamín Herrera, comandante liberal en Panamá, fue decisivo. El istmo, cinco meses antes del golpe final, ya era territorio custodiado por una potencia extranjera.

El 3 de noviembre de 1903

El tratado Herrán-Hay se firmó el 13 de enero de 1903 entre el secretario colombiano Tomás Herrán y el secretario de Estado estadounidense John Hay. Cedía a Estados Unidos una franja de tierra a lado y lado del futuro canal en territorio colombiano y establecía las condiciones para la construcción y explotación de la obra. En agosto de ese año, el Senado colombiano lo rechazó por unanimidad. Las razones, complejas, incluían preocupaciones legítimas sobre soberanía y sobre el monto de la compensación, y también cálculos políticos internos que apostaban a renegociar en mejores términos.

Theodore Roosevelt no estaba para renegociaciones. Reaccionó con un desprecio abierto —llamó a los colombianos contemptible little creatures, "despreciables criaturas"— y decidió respaldar el movimiento separatista que ya se había venido gestando en el istmo. Posicionó el destructor Nashville frente a Colón, y en cuestión de días la operación estaba montada. El 3 de noviembre de 1903, Panamá declaró su independencia de Colombia con respaldo militar estadounidense. Los buques norteamericanos impidieron el desembarco de tropas colombianas; a Bogotá le llegó el consejo diplomático de que no era oportuno intentar recuperar la provincia por la fuerza.

Philippe Bunau-Varilla, promotor francés del canal, actuó como representante oficial de la flamante república panameña y negoció con Hay el tratado del canal, ratificado por el Senado de Washington a comienzos de 1904. Colombia no reconocería la soberanía panameña hasta el tratado Urrutia-Thomson, firmado en Bogotá en abril de 1914.

La pérdida del istmo consumió a Marroquín en el juicio histórico. Buena parte de la responsabilidad, ciertamente, le corresponde: la desarticulación de la misión diplomática —tres jefes en poco tiempo, uno relevado por indisciplina, otro que renunció por incompetencia técnica, un tercero abandonado sin instrucciones— fue un fracaso operativo del ejecutivo colombiano, y la negativa a ofrecer una paz negociable en tiempo prolongó la guerra que dejó al país sin capacidad de respuesta militar en el momento del zarpazo. Pero atribuir a Marroquín la pérdida de Panamá como acto personal es un error de escala. Sobre el istmo pesaban factores que ningún gobierno bogotano de la época habría gobernado con facilidad: una tradición autonomista panameña de larga data, el alejamiento geográfico y político del istmo respecto a Bogotá, la ausencia sistemática de servicios del gobierno central hacia la región, y unos intereses estratégicos estadounidenses que ya habían decidido el canal antes de que Herrán pusiera la pluma sobre el papel. El propio Marroquín, además, argumentó haber sido víctima de las acciones indiscretas de sus propios delegados, que sobrepasaron su autoridad en momentos críticos.

La historiografía colombiana simplificó por décadas. Convirtió al septuagenario letrado en responsable único de una catástrofe estructural, en parte porque su figura —hidalgo, humorista, hacendado— era demasiado fácil de convertir en emblema de una élite bogotana desconectada del país real. Había algo justo en el reproche: Marroquín encarnaba, sí, la desconexión. Y algo injusto: no la había fabricado él, ni la había gobernado él solo.

Una red de patricios

Alrededor de Marroquín se dibuja el mapa completo de la élite conservadora en el ocaso del siglo XIX. Miguel Antonio Caro, ideólogo de la Regeneración, gramático y filólogo, fue simultáneamente su afinidad y su contraste: los dos venidos de la cultura letrada bogotana, los dos hispanistas y católicos militantes, pero Caro con vocación política total y Marroquín con vocación política intermitente. Manuel Antonio Sanclemente fue la figura a la que reemplazó por golpe y en cuyo silencio posterior se sostuvo la ficción legal del gobierno. Rafael Núñez —el liberal reciclado en pactos conservadores, arquitecto político de la Regeneración— definía el marco ideológico dentro del cual Marroquín se movió sin haberlo construido.

En la vertiente cultural, Rufino José Cuervo ancla el otro polo: la Colombia filológica que producía obras de referencia continental mientras el país se desangraba en guerras civiles. Marroquín pertenecía a esa Colombia por temperamento, aunque su producción propia no alcanzara la profundidad filológica de Cuervo ni la ambición ideológica de Caro. Su registro era otro: el costumbrismo cotidiano, la humorada bogotana, la anécdota de hacienda.

En la vertiente diplomática y política del canal aparecen Tomás Herrán, José Vicente Concha, Carlos Martínez Silva, John Hay, Theodore Roosevelt y Philippe Bunau-Varilla: cadena que va del secretario apocado en Washington hasta el presidente que llamó "despreciables criaturas" a los colombianos, con el francés promotor del canal actuando como pieza bisagra. Rafael Reyes, que había intentado sin éxito sofocar la revuelta panameña, sucedió a Marroquín en la presidencia en 1904 con un programa de restauración nacional y estableció una dictadura —el Quinquenio— que se prolongaría hasta 1909.

Y en el fuero íntimo, Lorenzo Marroquín (Bogotá, 1856 – Londres, 1918), hijo del expresidente, novelista y autor de Pax (1907). La novela, escrita cuando su padre ya había salido del poder y el país procesaba la derrota conservadora, retrata el ambiente político e intelectual bogotano con audacia crítica: contrapone a los estetas aristocráticos —de refinamiento e iniciativa empresarial— con los burgueses recién enriquecidos, como el personaje Montellano, cuya vulgaridad y codicia denuncia. Que Lorenzo pudiese publicar sin temor a la censura del gobierno de Reyes se atribuye, entre otras razones, a su condición de hijo del expresidente. Que en Pax llamase "tío Manuel" al padre y se burlase de El Moro es el signo íntimo de una fractura mayor: el santafereño de pura cepa dando paso al europeísta escéptico. La élite bogotana se estaba disolviendo por dentro, y la disolución pasaba por las mesas familiares.

Un cuatrienio, un estigma

Marroquín entregó la presidencia el 7 de agosto de 1904 a Rafael Reyes. En un balance de fin de mandato reconoció que los males del país incluían odios, envidias y ambiciones políticas, que las instituciones del Estado se hallaban deshechas o en disolución, y que el comercio y las industrias carecían del sosiego necesario para progresar. No propuso soluciones: describía un paisaje. Cuatro años antes había llegado al poder por un golpe cuyos autores buscaban la paz; se iba dejando un país en escombros y sin Panamá.

Volvió a sus libros y a su hacienda, y murió en Bogotá el 19 de septiembre de 1908, a los 81 años. Le sobrevivió el estigma. Durante décadas, Marroquín fue en Colombia sinónimo de negligencia patricia, de gobernante que dejó perder una provincia por indolencia o incapacidad. Anécdotas apócrifas se le adhirieron —la del hombre que nunca vio el mar, la del presidente que gobernaba escribiendo versos— y prosperaron precisamente porque la figura se prestaba a la caricatura moral.

La revisión posterior ha ido matizando esa lectura. Marroquín fue, por un lado, agente político real: aceptó un golpe inconstitucional que podía haber rechazado; desautorizó activamente las negociaciones de paz de sus ministros históricos, prolongando una guerra ya militarmente decidida; permitió la desarticulación de la misión diplomática del canal en el peor momento posible. En esas decisiones —no en su desconocimiento del mar ni en su afición a las novelas de caballos— radica su responsabilidad histórica, y es considerable.

Por otro lado, fue pieza de un régimen diseñado para prescindir del vicepresidente y que se descompuso justo cuando este tuvo que ejercer. La Regeneración tardía necesitaba figuras de legitimidad cultural —hidalgos letrados, patricios piadosos— para sostener un pacto ideológico centralista y católico, pero carecía de mecanismos para convertir esa legitimidad en capacidad de gobierno cuando las circunstancias exigían mando. La división entre históricos y nacionalistas se libró en buena medida sobre Marroquín, no a través de él: fue el terreno de una pugna interna del conservatismo que él no había fabricado y que no supo, o no quiso, arbitrar. Y sobre el istmo pesaron factores estructurales —autonomismo panameño, ausencia estatal en la región, ambición imperial estadounidense— cuya combinación habría desafiado a cualquier gobierno de la época.

Queda, después de todo, el otro Marroquín: el costumbrista de la Sabana, el rector del Rosario, el primer director de la Academia Colombiana de la Lengua, el hombre que en 1893 propuso mirar la historia desde la vida cotidiana de todos los grupos sociales y no solo desde los generales y presidentes. Ese Marroquín documentó, con humor y desde la hacienda, un mundo sabanero que su propia clase estaba disolviendo, y lo hizo con una gracia que la crítica todavía le reconoce en El Moro. Es un relieve menor comparado con los grandes narradores de la modernidad colombiana que empezaban a asomar —Carrasquilla el primero—, pero es un relieve. Y ha quedado sepultado, quizás injustamente, bajo el peso de un cuatrienio de gobierno que se llevó consigo una guerra terminada mal, una provincia perdida y una república que salió del siglo XIX sin haber terminado de nacer al XX.

Marroquín encarna la paradoja de un país que confundía el prestigio cultural con la aptitud para gobernar y que pagó caro el error. No fue un mal hombre; fue un hombre insuficiente para lo que la historia le pidió. Que la historia luego le pidiera además cargar solo con la culpa —cuando había fuerzas mayores y facciones enteras compartiendo la mesa donde se decidió la pérdida— es una segunda injusticia, más silenciosa. Devolverle su escala, sin absolverlo, es reconocerlo como lo que fue: un hidalgo de la Sabana que llegó a vicepresidente por conveniencia ajena, a presidente por golpe y a villano por decantación, cuando lo suyo, hasta 1898, había sido escribir con humor sobre caballos.